Capítulo V. Análisis de las necesidades socioeconómicas de la población víctima del conflicto armado residente en el municipio de Pamplona (Norte de Santander)
Analysis of the socioeconomic needs of the victim population of the armed conflict living in the municipality of pamplona, norte de santander
p. 115-149
Résumés
En este capítulo se presentan los resultados de un proceso investigativo cuyo objetivo general se basaba en analizar las necesidades socioeconómicas de la población víctima del conflicto armado residente en el municipio de Pamplona (Norte de Santander), a fin de conocer y comprender las necesidades de la población víctima que actualmente tiene como lugar de residencia el municipio de Pamplona. Se espera que este proyecto sea considerado en el momento de plantear estrategias y que sirvan de instrumento en la formulación de políticas publicas enfocadas en esta parte de la población, teniendo en cuenta su realidad, es decir, su contexto y condición.
Se exponen las bases teóricas de Johan Galtung, John Rawls, Amartya Sen y Francisco Muñoz, entre otros, así como la importancia de la formulación de políticas públicas y su interacción con el Estado para superar las distintas situaciones que afectan el desempeño y libre desarrollo de una comunidad general. Concretamente, se resaltan los objetivos y ejes transversales de la Ley 1448 de 2011, enfocada en la atención y reparación de víctimas del conflicto armado a nivel nacional.
La metodología empleada fue de carácter mixto y se aplicaron instrumentos de tipo cuantitativo –encuesta– y cualitativo –grupos focales–, trabajando diversos talleres que develaron carencias a nivel económico y social que enfrentan la población víctima residente en el municipio. Finalmente, se exponen los factores y enfoques adecuados, para la formulación de políticas públicas y el fomento de actos de desarrollo que conlleven la mejora de la calidad de vida de la población objeto de estudio.
This chapter presents the results of an investigative process whose general objective was based on analyzing the socioeconomic needs of the population victim of the armed conflict resident in the municipality of Pamplona Norte de Santander in order to know and understand the needs of the victim population who Currently has its place of residence to municipality of Pamplona. It is expected that this project will be considered when proposing strategies that serve as an instrument in the formulation of public policies focused on this part of the population, taking into account its reality, that is, its context and condition.
The theoretical bases of Johan Galtung, John Rawls, Amartya Sen, Francisco Muñoz, among others, as well as the importance of the formulation of public policies and their interaction with the State to overcome the different situations that affect the performance and free development of a general community. Specifically, the objectives and transversal axes of Law 1448 of 2011, focused on the care and reparation of victims of the armed conflict at the national level, are highlighted.
The methodology used was of a mixed nature, where quantitative instruments were applied: survey and qualitative: focus groups, where various work-shops were held that revealed economic and social deficiencies faced by the victim population residing in the municipality. Finally, the appropriate factors and approaches are exposed for the formulation of public policies and the promotion of acts of development that lead to improving the quality of life of the population under study.
Entrées d’index
Keywords : victim, development, capacities, freedoms, needs, peace, social justice, welfare
Palabras claves : víctima, desarrollo, capacidades, libertades, necesidades, paz, justicia social, bienestar
Texte intégral
1. Introducción
1En el presente estudio se lleva a cabo un análisis de las necesidades socioeconómicas de la población víctima del conflicto armado en el país, que actualmente reside en el municipio de Pamplona, localizado en el departamento de Norte de Santander. Esto, con el fin de comprender las dificultades que poseen y, a partir de los resultados obtenidos, plantear una serie de estrategias que puedan servir de instrumentos en la formulación de políticas públicas, enfocadas en favorecer a este grupo tomando como referencia su contexto, su realidad.
2Para desarrollar lo propuesto se tienen en cuenta los conceptos de desarrollo humano, violencia estructural y justicia social, que se desempeñan como ejes articuladores de un discurso, cuyo fin no es problematizar sino dejar en claro una serie de alternativas que pueden ser consideradas por un orden territorial y colectivo. En el caso del municipio, aunque no ha sido escenario de enfrentamientos generados por el conflicto armado, su posición geográfica lo hace ser un receptor de víctimas de desplazamiento forzoso de las diferentes regiones.
3Según los datos proporcionados por la Red Nacional de Información (rni), la cual se nutre con los valores suministrados por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas mediante el Registro Único de Víctimas (ruv), en 2019 se tenían registradas 1.931 víctimas por ubicación, es decir, aquellos habitantes que reportaron como último lugar de residencia el municipio de Pamplona y que se ciñen al marco de la Ley 1448 de 2011. Dicha cifra, se divide en dos categorías: a) 41 víctimas de sentencias1; y b) 1.890 víctimas del conflicto armado2 (Red Nacional de Información, 2020a).
4En este orden de ideas, se hace énfasis en la segunda subdivisión, en la que se destacan dos clasificaciones más. La primera corresponde a 1.661 personas consideradas sujeto de atención3 o reparación4, según lo estipulado en la ley citada anteriormente. La segunda hace referencia a 229 víctimas directas de desaparición forzada, homicidio, fallecidas y no activas para la atención, es decir, por diferentes motivos o distintas circunstancias no pueden acceder a los diferentes planes o programas definidos por el Gobierno Nacional en materia de ayuda humanitaria (Red Nacional de Información, 2020a).
5Es importante mencionar que para la realización de este trabajo de investigación se entró en contacto con las 229 víctimas directas de desaparición forzada, homicidio, fallecidas y no activas para la atención, quienes según la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario adscrita la Alcaldía del Municipio de Pamplona se han organizado mediante asociaciones para facilitar su participación en los planes y programas de orden departamental y estatal. A partir de esto, se seleccionó una muestra por conveniencia definida por una serie de criterios de inclusión como: a) estar inscrito en el ruv; b) ser habitante del casco urbano o rural de este municipio; y c) contar con un núcleo familiar.
6Sumado a esto, en Pamplona se destacan factores que dan continuidad a la violencia estructural. Uno de ellos es la falta de un modelo de desarrollo económico local, que se origina por las fallas existentes en los mercados, las cuales pueden ser corregidas mediante la acción eficiente de las instituciones a través de la implementación de políticas gubernamentales encaminadas en superar la posición de subdesarrollo y basadas en la interacción entre los diferentes actores económicos, a fin de mejorar en aspectos como: ingreso territorial, productividad y bienestar social, entre otras (Alburquerque, 2004). De hecho, la economía pamplonesa se ha caracterizado en los últimos años por depender directamente de la dinámica generada por la comunidad universitaria, debilitando el aparato productivo del municipio y afectando la calidad de vida de todos sus habitantes, incluyendo a las víctimas del conflicto armado.
7Siendo así, en este capítulo se toman como referencias los argumentos expuestos por Johan Galtung, John Rawls, Amartya Sen y Francisco Muñoz, a fin de lograr una articulación entre las diferentes bases teóricas y el día a día al que se enfrentan las víctimas del conflicto armado en Pamplona, logrando comprender sus necesidades socioeconómicas y contribuir en el largo plazo con este análisis, que puede ser tomado como referente para formulación de estrategias y políticas públicas direccionadas a mejorar la satisfacción de sus necesidades.
2. El problema
8Según el último censo poblacional realizado por el dane, para Norte de Santander, en 2018 se cuenta con 1.491.689 habitantes, siendo la población femenina mayor, con un valor cercano 793.627 personas, frente al género masculino, cuya cifra asciende a 698.062 (dane, 2018). Con respecto a su ubicación, el 79,17 % de los nortesantandereanos se localiza en los diferentes cascos urbanos y el restante 20,83 % en las zonas rurales (pnud, 2020). Las víctimas del conflicto armado, para 2019, totalizan 252.607, lo que representa un 16,9 % del censo demográfico (Registro Nacional de Información, 2020).
9Una de las principales fuentes de ingreso en Norte de Santander se centraba en las relaciones comerciales con Venezuela, que se vieron seriamente afectadas a raíz de la crisis fronteriza producto de los ambientes de incerteza e inestabilidad política que aún está viviendo el país vecino. Por esta razón, se produjo un desequilibrio cambiario afectando notablemente los sectores reales de la economía departamental (Sánchez, 2014).
10Para 2018, actividades como la construcción, la Administración pública, los servicios financieros y la agricultura impulsaron la leve recuperación económica, que se reflejó en el nivel de crecimiento cercano al 3,1 %, en comparación al resultado de 2017 equivalente al -0,7 %. Se estimó que el pib ascendió a 15 billones de pesos, a diferencia de los 14,3 billones del año inmediatamente anterior (dane, 2019b).
11No obstante, tal mejoría no se reflejó en los índices de crecimiento de la economía pamplonesa, que, como se enunció anteriormente, carece de un modelo de desarrollo económico local. A la par, sus actividades se centran en el turismo religioso y la prestación de servicios a la comunidad universitaria5. En menor proporción se destacan el agro6, la cría de ganado7, las microempresas dedicadas a la elaboración y comercialización de productos y las industrias8 pequeñas, cuya característica es la baja concentración de capital (Cámara de Comercio de Pamplona, 2019).
12Dicho escenario conlleva altos niveles de desempleo en el municipio, que, según las últimas cifras disponibles, asciende al 9,85 %, y al fomento de la economía informal, ya que en la actualidad solo el 20 % de las empresas cuenta con licencia de funcionamiento (Cámara de Comercio de Pamplona, 2019). Por tanto, la población de Pamplona, que en 2019 era cercana a 50.025 habitantes9, se ha visto seriamente afectada tanto en términos monetarios como en satisfacción de necesidades básicas. En este reglón también debe incluirse a las personas víctimas del conflicto armado, que representa un 4 % del total (Red Nacional de Información, 2020b).
13La última cifra es de especial atención, pues se sugiere que tanto los agentes del sector público como privado deben centrar su atención a dicho grupo poblacional a través de la elaboración de diversos análisis de tipo socioeconómico, en los que se identifiquen sus múltiples necesidades y se puedan formular, tanto en el mediano como largo plazo, planes, programas y proyectos que aborden dichos problemas e incentiven su reconciliación y reincorporación a la sociedad, tal y como se define en la Ley 1448 de 2011.
14En efecto, en el municipio, hasta el momento, no se cuenta con la infraestructura ni con el conocimiento de la realidad a la que se enfrenta esta parte de la población colombiana que habita en Pamplona y requiere de acciones concretas que propendan al mejoramiento de su calidad de vida. Siendo así, para dar respuesta al problema descrito, se estableció este proyecto de investigación, que tiene como objetivo general analizar las necesidades socioeconómicas de la población víctima del conflicto armado residente en el municipio de Pamplona (Norte de Santander).
15Para lograr su consecución se establecieron tres objetivos específicos: a) identificar las necesidades de la población víctima del conflicto armado residente en Pamplona; b) determinar los factores económicos y sociales necesarios para la satisfacción de necesidades básicas de la población víctima del conflicto armado residente en Pamplona; y c) establecer los componentes que permiten el diseño del programa de desarrollo económico y social.
3. Sustento teórico
16Dentro del referente teórico base para dar soporte a los objetivos planteados, se tuvieron en cuenta las consideraciones respecto a la violencia estructural, el concepto de paz, la formalmente paz positiva y la perspectiva del desarrollo humano para comprender nociones de bienestar, así como la formulación de las políticas públicas y la interdependencia que existe con el Estado a fin de garantizar los derechos de los ciudadanos. Esto, por último, teniendo la teoría de la justicia social como eje articulador de los argumentos del estudio.
17En la investigación para la paz es conveniente enfatizar en las determinaciones de la violencia, ya que es común identificar los actos violentos como el enfrentamiento entre grupos insurgentes y las fuerzas militares. En el caso colombiano suele ser entre el Ejercito, la Policía Nacional y la insurgencia. Del mismo modo, otras corrientes se refieren a la violencia como conflictos que no se gestionan o se trasforman positivamente, lo que permite subrayar que el conflicto no es negativo en sí mismo, pues ocasionó un cambio en las estructuras sociales.
18Tal como lo menciona Galtung (1990), la violencia es un aspecto que está presente cuando los participantes de una sociedad se ven influidos de tal manera que sus realizaciones efectivas, somáticas y mentales están por debajo de sus realizaciones potenciales. Por ende, para desarrollar este análisis, se utiliza la definición con sentido de violencia estructural y el autor la define como aquella que se produce a través de mediaciones institucionales o estructurales, también identificada como la injusticia social.
19La violencia estructural podría ser entendida como un tipo de violencia indirecta que se hace palpable en las fallas institucionales, cuando aumenta la insatisfacción de necesidades del grueso de la población y las brechas de pobreza se hacen cada vez mayores. La violencia estructural no solo describe la violencia generada por los sistemas, sino, lo que es aún más importante, las interacciones entre unos y otros, y los espacios donde esta se produce (Galtung, 1990).
20De hecho, esta cualidad de la violencia ha ido apareciendo conforme avanzaban las investigaciones, ya que al estudiar la guerra se observó cómo esta se encuentra condicionada por las ambiciones de los políticos y los empresarios, también por los nacionalismos, las actitudes de los militares, de los soldados, etc. (Molina & Muñoz, 2004).
21Entonces, la violencia estructural puede ser entendida como un tipo de violencia presente en el fallo de lo que significa la justicia social, y otras circunstancias que la apoyan han permitido hallar las formas ocultas y estáticas de la violencia, que es considerada la violencia de los sistemas (miseria, dependencia, hambre y desigualdades de género, entre otras.) y de las posibles interacciones que se suscitan (Jiménez, 2012).
22De acuerdo con lo anterior, esta puede ser ejercida por la jerarquía existente en las naciones, su mayor efecto es la inequidad social y quienes la promueven son las instituciones (representadas por los gobiernos) y las diversas organizaciones de los diferentes sectores. Estas tienen por objetivo la satisfacción de intereses particulares, los cuales no afectan a la población de forma directa, pero sí desencadenan otro tipo de violencia, impidiendo que la sociedad pueda superar los obstáculos fácilmente.
23Siendo así, se puede entender como una violencia indirecta que está presente en la injusticia social y en otras circunstancias de la población, como en las necesidades que no son satisfechas, que en otros escenarios y bajo diferentes criterios de organización y funcionamiento serían fácilmente cubiertas (Galtung, 1990).
24Una vez expuesta la descripción de violencia estructural es conveniente revisar las definiciones de paz y el tipo que, en la práctica, permite proporcionar escenarios adecuados para el desarrollo de los individuos. En palabras de Francisco Muñoz (2004), cuando no existe la guerra tampoco existe la paz, pues su conceptualización obedece a la necesidad de frenar la guerra, la cual surge como práctica y probablemente también como significado. De hecho, el autor afirma que el horror de la última debía ser explicado y relacionado con un horizonte de esperanza en que aquella no existiera.
25Puntualmente, la explicación de paz que se ajusta a la perspectiva de la corrección de las problemáticas sociales producto de la ineficiencia institucional es el de la paz positiva, que acepta al conflicto como un puente de cambio que se puede solucionar de forma pacífica y justa. A través de ella se busca justicia, equidad social, armonía y la eliminación de la violencia estructural.
26La paz positiva se transformó en una imposición a los Estados de dar incentivos a los derechos primordiales que faciliten el desarrollo de las personas en la sociedad, dándole garantías en derechos humanos como la salud, educación, acceso a recursos culturales, asistencia a grupos vulnerables, inclusión social y protección del medio ambiente. A su vez, da paso a la paz neutra que elimina las violencias culturales que justifican la violencia directa y estructura (Dubbois, 2000).
27Continuando con la fundamentación de las bases teóricas, en el contexto social y económico en el que se planteó este trabajo, es clave la inclusión del concepto de desarrollo humano, que hace referencia a las oportunidades que tienen las personas para desenvolverse en cualquier entorno sin alterar sus condiciones de vida. Vale la pena mencionar el manejado Helen Clark (2017), administradora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), quien lo define como el proceso ligado a la expansión de libertades reales que pueden disfrutar los individuos, lo que a su vez se traduce en la libertad general que pueden tener ellos para vivir como les gustaría.
28En tal sentido, no se tiene en cuenta a la riqueza que poseen las personas, el ingreso que devengan o los bienes y servicios que consumen (Clark, 2017). De igual forma, la argumentación de Sen (2012) complementa este referente teórico. Sen propone que existen una serie de capacidades que les facilitan a las personas estar bien nutridas, saber leer, escribir, comunicarse, formar parte de una comunidad y desarrollar sus libertades.
29Otro aspecto a resaltar es la visión que comparten tanto el desarrollo como los derechos humanos mediante la libertad. Las personas pueden hacer uso de ella para evaluar diferentes opciones, tomar decisiones y participar de aquellas que hacen parte de un conjunto y que en cierto grado afectan sus vidas. Es así que estos dos aspectos se refuerzan mutuamente, ayudando a garantizar tanto el bienestar como la dignidad de las personas, junto con el fomento por el respeto por sí mismo y los demás.
30Para complementar este referencial, se debe hablar del bienestar, cuyo enfoque abarca aspectos materiales e inmateriales. Peña (1977) lo propone como el resultado de un conjunto de situaciones objetivas en las que se destacan el acceso a la educación, salud y vivienda, además de recibir determinado nivel de ingreso y que se conjugan al mismo tiempo con una serie de percepciones, actitudes, decepciones y satisfacciones que conllevan la realización de los individuos.
31Dentro de lo que concierne al tema de bienestar se deben incluir parámetros de tipo social, destacando a la seguridad física. En este sentido, las personas delimitan sus normas morales y valores para lograr desarrollarse a plenitud. Autores como Inglehart (1997) establecen que la seguridad es de las condiciones mentales más importantes para las personas. Un ejemplo de ello es la percepción de los habitantes de una ciudad con respecto a la inseguridad de esta, dadas las condiciones propias y externas del entorno.
32Igualmente, para que en las sociedades se alcance un grado de bienestar, se hace necesaria la formulación de políticas públicas que se definen como la expresión del ejercicio del poder político, a fin de dirigir a una población mediante autoridades reconocidas legítimamente y así tomar decisiones colectivas enfocadas en la satisfacción de necesidades y mejorar las condiciones de vida (Betancourt & Ramírez, 2008).
33Es por esto, que autores como Torres Melo y Santander (2013) consideran que las políticas públicas reflejan el anhelo y los ideales de una sociedad, recopilando los objetivos del bienestar colectivo y distribuyendo las responsabilidades y recursos entre los actores sociales. Esta descripción se ajusta a lo enmarcado en la Ley 1448 de 2011, cuyo objetivo es la atención y reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia. En dicho estatuto se incorporan aspectos sociopolíticos que buscan resolver los problemas públicos concretos y las necesidades tanto individuales como colectivas, derivadas de los constantes enfrentamientos entre las fuerzas militares y grupos insurgentes que afectaron a una gran parte de la población nacional.
34El objeto de esta ley es ser una política de Estado que repare integralmente a las víctimas de las violaciones descritas en las normas internacionales de derechos humanos, a través de diversos mecanismos como son: a) asistencia; b) atención; c) prevención; d) protección; e) enfoque diferencial; f) acceso a la justicia; y g) conocimiento de la verdad. De esta manera, se espera que esta parte de la población desarrolle su modelo de vida (Cristo, 2012).
35Su implementación se realiza mediante el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctimas (snariv), el cual se compone por las diferentes entidades públicas10 de carácter nacional y territorial que, año a año y reportando en los tiempos señalados, formulan planes de acción, programas y proyectos encaminados a la atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado. (snariv, 2015). A la par, el plan de ejecución de metas, así como el manejo del presupuesto y los diferentes mecanismos de seguimiento para el Plan de Atención y Reparación Integral a Víctimas (pnavir) quedan registrados en el documento Conpes 3726 (2012).
36En el documento se identifica el alcance de los cuatro ejes transversales de la política pública encaminada en la atención y reparación de esta parte de la población nacional. Dichos ejes son: a) Registro Único de Víctimas y Red Nacional de Información; b) retornos y reubicaciones; c) articulación Nación-territorio y en el interior del Gobierno Nacional; y d) lineamientos de participación. Es importante mencionar que en este proceso se han tenido en cuenta los enfoques diferenciales para la población infantil, adolescentes, mujeres, personas con algún tipo de discapacidad y grupos étnicos. Asimismo, se establecen las rutas para que las viítimas puedan acceder a las medidas contempladas en la Ley 1448 de 2011 (Conpes, 2012).
37Dicha percepción y las condiciones existentes se enlazan con el concepto de justicia social, cuya finalidad es propender a la consolidación de una mejor sociedad con oportunidades para desarrollar el potencial de las capacidades de los individuos, y para que estos puedan ser lo que en realidad desean ser, experimentando una convivencia en paz.
38Argumentos como el de Nussbaum (2002) se ajustan a lo propuesto en este trabajo, pues considera que son las instituciones las encargadas de propender por el cumplimiento de los entornos y escenarios para desarrollar el potencial de la sociedad y por ende lograr la tan anhelada justicia social, la cual parte de la definición hecha por John Rawls (1997). Sus postulados se resumen en la necesidad de crear pautas encausadas en reducir la desigualdad social sin perjudicar la libertad individual, distribuyendo bienes primarios bajo principios racionales. En sí, se busca un marco de cooperación equitativo, en el que los sujetos desinteresados conformen asociaciones amparadas bajo el sentido de la justicia.
39Se puede concluir que el identificar las necesidades de los habitantes del municipio de Pamplona víctima del conflicto armado requiere de un análisis en el que se contemplen los argumentos expuestos. Su objetivo principal es el mejoramiento de la calidad de vida, la transformación de la sociedad y el libre desarrollo de las capacidades sugerido por Sen (2012), así como el acceso a oportunidades presentes en el entono donde se desenvuelve cada individuo y de esta manera complementar lo establecido en la Ley 1448 de 2011.
4. Metodología
40Para efectos de esta investigación que busca analizar una realidad de carácter objetivo, como lo son las necesidades socioeconómicas de la población víctima, con las perspectivas de la población objeto de estudio, ser víctimas del conflicto armado ubicadas en el municipio de Pamplona, se ha seleccionado un método de investigación mixto. La parte cualitativa se realiza por medio de grupos de enfoque y la parte cuantitativa se sustenta en un análisis descriptivo, por lo que la investigación es de tipo multimetódico.
41Aunque el estudio es de carácter mixto, predomina la parte cuantitativa, por lo que la investigación es un proceso descriptivo. Con este tipo de enfoque (Hernández Sampieri & Mendoza, 2010) se concretan tres aspectos a resaltar:
Triangulación (corroboración): Busca integrar y correlacionar los métodos cuantitativos y cualitativos.
Complementación: Compresión, clarificación y contraste de los resultados del método cuantitativo sobre el cualitativo, o en sentido contrario.
Visión holística: Es la capacidad de tener una perspectiva amplia e integral del fenómeno objeto de estudio, tomando como base información cualitativa y cuantitativa.
42El espacio territorial donde se desarrolló la investigación es el municipio de Pamplona, trabajando con las víctimas del conflicto armando que reportaron ser habitantes en el último año. Por esta razón se definen como víctimas por ubicación, según lo estipulado en la Ley 1448 de 2011. De las 1.931 personas registradas, se estableció contacto con 229 víctimas que se organizaron en asociaciones para garantizar el acceso a los programas y planes de reparación integral y reinserción liderados por el Gobierno Nacional.
43Se debe enfatizar que, al ser un estudio de tipo mixto, se seleccionó una muestra por conveniencia, lo que permitió trabajar con 70 familias, quienes, a través de un representante, participaron del análisis estadístico bajo el criterio de accesibilidad, es decir, existió una proximidad de los sujetos con el investigador (Otzen & Manterola, 2017).
44Los criterios de inclusión trazados en este proceso fueron: a) estar inscrito en el ruv; b) ser habitante del casco urbano o rural de este municipio; y c) contar con un núcleo familiar. Al mismo tiempo se manejaron dos criterios de exclusión: a) no tener ninguna persona a su cargo; y b) tener como lugar de residencia un municipio diferente de Pamplona.
45Para dar respuesta a los objetivos planteados, dentro de los parámetros de la investigación descriptiva, se llevó a cabo la recolección de información de fuentes primarias mediante la aplicación de un cuestionario organizado por secciones. El desarrollo del enfoque cualitativo se basó en el diseño de una acción en campo por medio del trabajo de grupos de enfoque con la muestra seleccionada.
5. Discusión de resultados
46Dentro de los resultados del estudio se refleja claramente el concepto de injusticia social y se representa la violencia de tipo estructural que vive la comunidad, reconociendo aspectos como: a) la ausencia de programas integrales de salud; b) el escaso fortalecimiento social por parte de los entes locales; c) el sesgo de acceso a educación superior; y d) las irrisorias condiciones de empleabilidad en la región. Del mismo modo, la población de estudio es consciente de que experimenta ciertas desigualdades, que deben ser superadas y minimizadas para conseguir niveles de bienestar económico y social.
47Inicialmente se identificó que el entorno de los participantes está marcado por la escasez de recursos económicos y discriminación social, lo que a su vez refleja en un difícil acceso a los diversos planes y programas de salud, educación y reparación integral, entre otros; así como un latente escenario de la informalidad y exclusión social en el empleo, situación que margina a las víctimas del conflicto por temor a sufrir retaliaciones por parte de la insurgencia (grupos al margen de la ley).
48Durante este proceso, las víctimas determinaron una serie de causas ligadas a las problemáticas planteadas entre las que se destacan tres: a) la ausencia de intervención significativa de la institucionalidad pública; b) la violencia y consecuente humanización de la guerra; y, por último, c) un contexto social excluyente, tal como se explica en la gráfica 1:
gráfica 1. diagrama de árbol elaborado por las víctimas del conflicto armado residentes en el municipio de pamplona

Fuente: Elaboración propia a partir de las jornadas de sensibilización (18 de mayo de 2019).
49Asimismo, una parte de la comunidad participante del estudio desconoce la Ley 1448 de 2011, en la que se establecen las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Por tanto, consideran que no se les ha brindado una reparación integral al manifestar que carecen de un acompañamiento de tipo psicológico, formativo, legal y social de forma recurrente. De hecho, manifiestan temores por la seguridad física de su vida, en parte por los escenarios de discriminación social al igual que por la presencia de grupos de la insurgencia en el departamento de Note de Santander. Consecuentemente, dentro del análisis de las necesidades de la población víctima, se aprecia la perspectiva de los participantes en torno a dos categorías de información, bienestar social y bienestar económico, pilares para desarrollar el comparativo de estas realidades de estudio.
50En primera instancia, se describen las características de los participantes del estudio, donde se destaca que el 50 % es oriunda del departamento de Norte de Santander, puntualmente de municipios como: El Tarra, Tibú, Chitagá, Silos, Labateca, Sardinata y San Bernardo, y el 50 % restante provienen de departamentos de Arauca y Santander (gráfica 2).
gráfica 2. departamento de origen de la población víctima del conflicto armado

Fuente: Elaboración propia a partir de las jornadas de sensibilización (8 de junio de 2019).
51Dado que la participación de las mujeres dentro de los informantes clave es preponderante, se resalta que 37 son madres cabeza de hogar11, quienes en promedio tienen 2,4 hijos12 con edades entre los 0 y 24 años (gráficas 3 y 4). Los rangos más representativos están entre los 5-9 años (25) y 10-14 años (35), respectivamente. Algunos de ellos tienen situación de discapacidad; en total 12 presentan algún tipo de condición como: a) piel de cristal; b) amputación de miembros; y c) problemas de aprendizaje, entre otros. Complementando esta recolección de datos, de los 70 informantes clave que referenciaron a sus familias en el estudio13 se logró identificar que es una población distribuida por edad según la gráfica 5.
gráfica 3. mujeres cabeza de hogar

Fuente: Elaboración propia a partir de las jornadas sensibilización (8 de junio de 2019).
gráfica 4. hijos pertenecientes a la poblacón de estudio

Fuente: Elaboración propia a partir de las jornadas de sensibilización (8 de junio de 2019).
gráfica 5. personas pertenecientes a la población de estudio

Fuente: Elaboración propia a partir de las jornada de sensibilización (8 de junio de 2019).
52A continuación, se desarrolla la descripción de las necesidades básicas, bajo los criterios de acceso a salud, educación, vivienda y reparación integral de las víctimas. Posterior a ello se realiza la descripción de los hallazgos con el instrumento cuantitativo, seguido de la interpretación de lo recolectado con las técnicas de tipo cualitativo, cerrando con el contraste de autores y conclusión de la comparación.
5.1. Hallazgos cuantitativos
53Respecto al criterio de salud, de las 70 familias encuestadas, 38 no están registradas en el Sisbén14, lo que imposibilita su acceso a ciertos programas y sistemas de atención. También se resalta que, aunque 52 familias tienen conocimiento sobre algún programa de salud, este no se puede tomar como indicador para esta categoría, dado que no necesariamente están afiliadas a un régimen de tipo contributivo o subsidiado. Esta situación se debe a que: a) los integrantes del núcleo familiar no cuentan con un empleo formal que los afilie al primer régimen; b) al no estar registrados en el Sisbén no pueden pertenecer al segundo régimen; y c) desconocimiento del proceso de afiliación a cualquier tipo de programa (gráficas 6 y 7).
54En relación al grado de educación, el 39 % de los miembros de las familias cursaron la primaria mientras que el 26 % no posee ningún tipo de curso. A la par, el 16 % cuenta con formación en básica secundaria y solo el 1 % con estudios universitarios. En cuanto a la tenencia de vivienda, el 34 % es de tipo familiar, o sea, dentro de una casa convive más de una familia, conformando así un hogar representativo. Solo un 6 % posee una vivienda propia y restante el 60 % pagan arriendo (gráficas 8 y 9).
gráfica 6. familias registradas en el sisbén

Fuente: Elaboración propia a partir de las jornada de sensibilización (8 de junio de 2019).
gráfica 7. familias que conocen algún programa de salud

Fuente: Elaboración propia a partir de las jornada de sensibilización (8 de junio de 2019).
gráfica 8. nivel educativo de las familias

Fuente: Elaboración propia a partir de las jornadas de sensibilización (8 de junio de 2019).
gráfica 9. tipo de vivienda de las familias

Fuente: Elaboración propia a partir de las jornada de sensibilización (8 de junio de 2019).
55Finalmente, el 79 % de las familias participantes consideró que el proceso de reparación que han recibido por parte de los diferentes entes gubernamentales como víctimas del conflicto armado no ha sido integral. Esto se debe, en parte, al desconocimiento de los componentes de la Ley 1448 de 2011. El 11 % se abstuvo de opinar y solo el 10 % afirmó que es aceptable (gráfica 10).
gráfica 10. percepción de las familias respecto a los procesos de reparación integral por parte de los entes gubernamentales

Fuente: Elaboración propia a partir de las jornada de sensibilización (18 de mayo de 2019).
56Siendo así, se concluye que, en términos de necesidades básicas, los resultados obtenidos en materia de salud y educación son bajos, lo que refleja una ausencia en términos económicos para esta parte de la población, que se puede interpretar como un grado de exclusión a nivel económico, lo que a su vez dificulta su proceso de adaptación en el medio donde se desenvuelven. En este orden de ideas se ha desarrollado un proceso de triangulación de información para las categorías determinadas en el estudio.
5.2. Triangulación de la dimensión de bienestar social
tabla 1. triangulación de la dimensión de bienestar social
Hallazgos en el estudio cualitativo | Hallazgos en el estudio cuantitativo | Afirmaciones de los autores |
Resiliencia: Las familias desconocen el potencial que poseen como individuos íntegros dentro de la comunidad; parte de ellos no tienen idea al respecto y de igual forma consideran que es un sinónimo de: | Resiliencia: En cuanto a la consideración de espacios tanto físicos como intangibles para especificar los lugares en que una víctima puede ser resiliente, se tiene que solo el 26 % cuenta con espacios como asambleas abiertas para alcanzar acuerdos o compartir sus experiencias vividas, por lo que el 74 % no tiene de manera directa una forma de canalizar o superar las malas experiencias vividas. | Edith Grotberg (1995): La resiliencia hace referencia a la dinámica inherente a los seres humanos para hacer frente las adversidades, cómo las supera y, a su vez, es transformado por ellas. Paulette Dieterlen (1988): |
Fuente: Elaboración propia a partir de las jornada de Sensibilización (8 de junio de 2019) y de la información de los autores referenciados.
5.3. Triangulación de la dimensión de bienestar económico
tabla 2. triangulación de la dimensión de bienestar económico
Hallazgos en el estudio cualitativo | Hallazgos en el estudio cuantitativo | Afirmaciones de los autores |
Bienestar es que: | Se tuvieron en cuenta aspectos | El estado de bienestar: Parecería |
Fuente: Elaboración propia a partir de las jornadas de sensibilización (8 de junio de 2019) y de la información de los autores referenciados.
57A partir de esto, se concluye que las familias perciben lo que es la violencia estructural, representada en las privaciones de las cuales es responsable el Estado, que, en lugar de propender por disminuirlas, incentiva cada vez más a abrir las brechas de desigualdad económica. Se identifica que en las familias se presentan situaciones de subempleo, ingresos familiares iguales e inferiores15 al salario mínimo legal vigente y una carencia de seguridad económica que se representa en el tipo de vivienda donde habitan. Además, la falta de escenarios para esparcimiento y el difícil acceso a un centro de salud impide el desarrollo de capacidades que les permiten satisfaces sus necesidades económicas y sociales a plenitud.
58Teniendo presente el concepto de violencia estructural atado al concepto de justicia social, que tiene como premisa la solución o eliminación de las injusticias y desigualdades sociales, es claro que en la comunidad se perciben aún problemas en la satisfacción de necesidades básicas, lo que imposibilita alcanzar el bienestar, la libertad, la identidad y la sobrevivencia. De esta manera, se afirma que la población víctima que habita en el municipio de Pamplona no cuenta con un bienestar económico en términos de empleo, educación, salud, vivienda y un nivel de ingresos, lo que imposibilita que este grupo social alcance algún grado de desarrollo humano, es decir, que puedan ser en su vida lo que realmente desean alcanzar.
59Con lo descrito hasta el momento, es claro que en el municipio de Pamplona se hace necesario la formulación de programas y proyectos que incluyan beneficios para la población víctima a partir de las realidades y deseos de estas, a fin de mejorar sus condiciones, en términos de satisfacción de necesidades básicas en el ámbito económico, y los espacios, en términos sociales que permitan desarrollar rutas resilientes donde cada miembro de las familias víctimas pueda desarrollar sus capacidades para participar activamente en niveles económicos y sociales.
60Es por ello que se ha determinado que los factores que son necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de la población víctima del conflicto armado residente en el municipio de Pamplona se pueden resumir en cuatro ejes importantes, tal como se encuentran en la gráfica 11:
gráfica 11. factores para la satisfacción de necesidades básicas

Fuente: Elaboración propia a partir de las jornada de sensibilización (18 de mayo de 2019).
61a. Programas de prevención de salud: La cobertura del servicio de salud es un derecho consignado en el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, en el que se estipula que: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”.
62Teniendo en cuenta lo anterior y dado que una parte de la población víctima del conflicto armado habitante del municipio de Pamplona está conformada por adultos y adultos mayores, se encontró que desde la Administración local se pueden generar y poner en práctica programas de prevención en hipertensión, diabetes, agudeza visual y detección de cáncer de mama, entre otros; así como ampliar la cobertura de salud subsidiada (esto dependiendo de un nuevo proceso de registro y puntaje en el Sisbén). De igual forma, es necesario atender una demanda de la población objeto de estudio, como lo es un seguimiento de atención psicológica, el cual se considera un mecanismo dentro de los programas de salud preventiva, pues facilita el proceso de superación y una consecuente mejor la calidad de vida de la población víctima.
63b. Atención jurídica: En la Ley 1448 de 2011 se contemplan las diferentes medidas y disposiciones en términos de reparación de las víctimas del conflicto armado, pero durante la realización del estudio se observó que las familias habitantes del municipio desconocen en forma parcial esta ley, asimismo no tienen conocimiento sobre los mecanismos de participación ciudadana y el empoderamiento que pueden conseguir con la participación activa ante los entes de gobierno. Igualmente, las víctimas no reconocen el tipo de reparación recibida hasta el momento, y en una gran medida teniendo al alcance instituciones académicas de tipo público, no sabe que cuentan con un servicio de consultoría jurídica totalmente gratuito. La atención jurídica, así como la orientación de los procesos que debe realizar una víctima en pro de su reparación y demás disposiciones de tipo legal, tendrá como efectos en el mediano y largo plazo el hecho de que las víctimas desarrollen conocimiento pleno de sus derechos y compromisos con la sociedad y el Estado colombiano.
64c. Capacitación para el trabajo: Desde el concepto de desarrollo humano y el índice de desarrollo humano, la percepción de ingresos procede de la fuerza laboral, y la participación de los individuos en el mercado de trabajo no solo contribuye al producto nacional, sino que permite la dignificación de este como ser humano; es por esto que la oit describe el empleo como el trabajo que efectúan las personas a cambio de un pago que puede ser un salario, sueldo, comisión, propinas, pagos a destajo en especie, sin importar la relación de dependencia y cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de una comunidad o proveer medios de sustento para los individuos (oit, 2002).
65Dentro de los resultados obtenidos es posible identificar que las víctimas han cambiado su lugar de residencia en gran parte por causa de los desplazamientos forzosos, lo que ocasionó que se alejaran de sus unidades productivas (fincas), haciendo evidente la falta de un adiestramiento para desempeñarse en empleos que les permitan tener mejores ingresos y una mejor calidad de vida. Es por ello que la capacitación para el trabajo juega un rol indispensable en la percepción de bienestar económico, no solo para los adultos, sino para los adultos jóvenes (hijos de las víctimas) que en la actualidad se encuentran en situación de subempleo, la mayoría de ellos en por tiempo y salarios.
66La capacitación para el trabajo debería orientarse a una mayor oportunidad de acceso para la población víctima. El hecho de establecer convenios de beneficio con las instituciones de educación superior presentes en el municipio desarrollará en la población víctima que habita en el municipio de Pamplona competencias y habilidades para alcanzar libertad económica.
67d. Proyectos en planes de gobierno: En la declaración final de la Cumbre de las Américas de 1994 se estableció que una sociedad civil y diversa se organiza en diferentes modos y actores. Se incluyen a los individuos, el sector privado, el sector laboral, los partidos políticos, los académicos, otros actores y ong, logrando así un mayor grado de compromiso, profundidad y permanencia de la democracia (Primera Cumbre de las Américas, 1994).
68De igual forma, Barreto (2016) propone que la participación política sea una herramienta fundamental para la organización y participación ciudadana, ya que, a través de proyectos estratégicos enfocados tanto en la vida social como económica de los municipios, se pueden priorizar las iniciativas comunitarias, canalizar los recursos y establecer una interacción y articulación con las Administraciones locales.
69Es claro que la población víctima que habita en Pamplona carece de una representación política activa que incluya proyectos que les beneficien puntualmente en el proceso de satisfacción de sus necesidades, a pesar de que las políticas públicas de carácter municipal están enfocadas en garantizar los derechos de las víctimas.
70Una muestra de ello es lo consignado en el Plan de Desarrollo 2016-2019, denominado El Cambio en Nuestra Manos. En él se contempló la atención a la población víctima, acogiendo de forma trasversal los aspectos establecidos en política pública a nivel nacional (Ley 1448 de 2011) en materia de prestación de servicios básicos, generación de ingresos, infraestructura, protección y prevención, atención o ayuda humanitaria, reparación integral individual, acciones para la verdad y la justicia, entre otros. Igualmente se definieron tres objetivos concretos para garantizar una mejor calidad de vida a estas personas. Estos fueron: a) mejorar la gestión humanitaria de la población víctimas; b) gestionar la estabilización social de la población víctimas; y c) garantizar una reparación individual de la población víctimas (Alcaldía de Pamplona, 2016).
71En la misma dirección y como se explicó en secciones anteriores, en el Conpes 3726 de 2012 se determinaron las medidas para la reparación individual en la que se incluyeron mecanismos como: a) acceso a créditos; b) restitución de tierras; y c) programa de generación de empleo rural y urbano (Conpes, 2012). No obstante, por razones como el grado de desconocimiento, la falta de un apoyo de tipo institucional más directo o el miedo mismo, se dificultan estos procesos de reparación y atención integral a las víctimas del conflicto armado habitantes en el municipio de Pamplona.
72Por esto es clave incluir aspectos que mejoren la calidad de vida de las víctimas desde la perspectiva social y económica que abarca el concepto del desarrollo humano. La tabla 3 plantea una forma de trabajar con los mecanismos descritos. Desarrollar e implementar los factores explicados anteriormente requiere de la aplicación del enfoque de desarrollo humano y la perspectiva de Amartya Sen (2912) sobre las libertades, que permiten desarrollar las capacidades de los individuos; es así como en el municipio de Pamplona debe realizarse un proceso de apropiación del enfoque de desarrollo, donde se realice trabajo mancomunado que tenga como fin promover las libertades políticas, económicas y sociales de los habitantes del municipio. A partir de la comunicación entre el Estado, la academia y los líderes de la comunidad víctima que habita en el municipio es posible asegurar la satisfacción adecuada de las necesidades económicas y sociales de la población de interés, tal como se expresa en la gráfica 12.
73Estas libertades pueden entenderse como un mecanismo complementario e interconectado, dado que cuando un individuo cuenta con libertad económica, es decir con los ingresos que le permiten satisfacer adecuadamente sus necesidades y proveer a su entorno familiar de las herramientas para desenvolverse en su entorno, este puede contar con libertad política para decidir y exigir a los entes de gobierno el desenvolvimiento idóneo de sus funciones, y en la misma perspectiva contar con libertad social, es decir, desempeñarse activamente en el ámbito dónde se desenvuelve; conectando así los engranajes que permiten el desarrollo máximo de capacidades y habilidades necesarias para alcanzar las metas que logran dignificar a un ser humano. La existencia de cada libertad por separado permite que se alcancen las demás en forma conjunta, por tanto, para el desarrollo de programas y planes que permitan mejorar las condiciones de la población víctima, es indispensable que en el municipio se adopte el modelo de desarrollo humano.
tabla 3. estrategias para mejorar la calidad de las víctimas del conflicto armado
Estrategia | ¿Qué se busca? | Requerimientos | Fuentes de financiación |
Programas de prevención de salud | Mejorar condiciones de salud. | Establecer convenios de cooperación. | Cofinanciación del sector privado y público. |
Atención jurídica | Dignificar las víctimas. | Integración de la comunidad. | Acción gubernamental. |
Capacitación para el trabajo | Fortalecer y crear talento humano calificado. | Promover la participación de la población víctimas en programas de capacitación laboral. | Sector público, gobernación y alcaldía municipal. |
Proyectos en planes de gobierno | Mejorar la calidad de vida de las víctimas. | Participación activa de la comunidad. | Cofinanciados con recursos de gobierno y ong, entre otros. |
Fuente: Elaboración propia a partir de las jornada de sensibilización (8 de junio de 2019).
74Finalmente, para formular una política pública que beneficie a las víctimas, a partir de la participación de estas, y que contenga las necesidades puntuales, se recomienda el uso de la andragogía y de enfoques de trabajo directivo y participativo, así como un proceso de desarrollo de prácticas y talleres de participación de la población.
gráfica 12. determinantes para el diseño de programas de desarrollo económico y social

Fuente: Elaboración propia a partir de las jornada de sensibilización (18 de mayo de 2019) y el concepto de desarrollo humano.
gráfica 13. diseño metodológico para la elaboración de una política pública

Fuente: Elaboración propia a partir de las jornadas de sensibilización (18 de mayo de 2019).
75Tomando la andragogía como herramienta para el desarrollo de políticas públicas, en primera instancia debe resaltarse el reconocimiento que la Unesco realiza del concepto al designarlo una ciencia de formación del ser humano de manera permanente (Martínez de Morentin, J., 2005). Del mismo modo, Pablo Cazau (2003) puntualiza que la andragogía reúne los aspectos del conocimiento, el comportamiento a nivel psicológico y la experiencia de individuo adulto en el contexto donde se desenvuelve, como instrumentos orientadores al trabajo interdisciplinar y la posibilidad de generalizar ideas y productos.
76Bajo este contexto, la gestión de un proceso de trabajo de común acuerdo entre la población víctima y los actores de gobierno podrá tener como resultado la elaboración de políticas públicas que gestionen y provean mejores condiciones de calidad de vida, tanto en los aspectos económicos como sociales. La gráfica 13 describe un diseño metodológico que consta de una ruta de seis pasos, que conllevan la planificación de políticas. Las tres primeras etapas se consolidan de forma coherente con la participación de la comunidad en el desarrollo de talleres, grupos de enfoque y desarrollo de árbol de problemas y objetivos, entre otros instrumentos; insumo que son importantes para las siguientes tres etapa, que deberá contar con un seguimiento de indicadores de impacto en la comunidad.
6. Conclusiones
77Luego de realizar el estudio con la participación de la población víctima que habita en el municipio de Pamplona, se concluye que esta cuenta con una categorización multicultural dado que provienen de diversas regiones, con diversas costumbres y capacidades laborales diferentes que no consiguen desempeñar a plenitud en un mercado laboral bastante restringido.
78De la misma forma, se encuentra una clara ambivalencia entre las percepciones reales y las subjetivas que tienen las familias de la población víctima respecto el bienestar social y económico, puesto que las familias cuentan con ideales de bienestar social y económico que consideran sinónimo de vivir bien dentro de una comunidad y desarrollar su vida satisfaciendo sus necesidades mediante un ingreso estable y el acceso a diversos servicios que permiten un desarrollo integral de la personalidad. En cuanto a la percepción económica y social real de las familias, se identifica que están expuestas a: a) situaciones de subempleo; b) ingresos familiares iguales e inferiores al smmlv; c) falta de escenarios para esparcimiento; y d) difícil acceso a un centro de salud. Esto impide el desarrollo de capacidades que les permiten satisfaces sus necesidades económicas y sociales a plenitud.
79Dentro de las carencias entorno al bienestar social, se destaca que la población participante en el estudio como representantes de la población víctima que habita en el municipio de Pamplona desconoce lo que es la resiliencia, y por tanto una parte significativa de estas afirman no tener evolución en los ámbitos laborales, sociales y afectivos luego del hecho victimizante. De igual forma, las víctimas demuestran la necesidad de tener reparación integral, así como atención psicológica permanente, puesto que el acompañamiento ha sido temporal mientras se desarrolla el registro como víctima y el proceso de reparación, más no se extiende en el largo plazo.
80La percepción económica y social que tiene la población víctima que habita en el municipio de Pamplona es de carácter débil; es decir, carecen del conjunto de libertades que plantea Amartya Sen, base del concepto de desarrollo humano tenido en cuenta en el estudio. Por ello se destaca que la libertad económica no es un hecho pleno para la población objeto de estudio, dado que el bajo nivel de los ingresos en el núcleo familiar devela inseguridad economía en la medida que la satisfacción de necesidades y las decisiones de consumo se limitan dada la restricción presupuestaria de la familia, situación que dificulta el poder potencializar las capacidades de cada miembro del hogar.
81Asimismo, la percepción de libertad social es limitada. Parte de esta realidad se sustenta en la ausencia de participación de la comunidad que, en palabras de Mario Bunge (2010), es una actividad colectiva que modifica la ideación y la emoción: una sociedad buena necesita más que democracia política. Otra causa de escasa libertad social radica en la imposibilidad de la población víctima para perseguir objetivos comunes, es decir, falta de cooperación y sinergia entre la población. Lo que repercute en la ausencia de libertad política y la intervención clara en los procesos de planeación local que impactan la población víctima, evidenciándose aquí la reciprocidad explicada de las libertades expuestas por Amartya Sen, donde la una complementa y permite que se desarrolle la siguiente.
82Las carencias de estas libertades develan la percepción de un tipo de violencia que vuelve de cierta forma a revictimizar a la población sin que esta lo tenga presente, puesto que la insatisfacción de necesidades de esta población tiene lugar en los fallos de la institucionalidad pública; es decir, en los fallos en que incurre el Estado cuando la Administración gubernamental olvida aspectos importantes de la población. Esto es la violencia estructural, que bien como lo explica Johan Galtung (1990), cada vez que existan desigualdades e injusticias, sin la atención plena de necesidades humanas básicas (bienestar, libertad, identidad y sobrevivencia) no existirá la paz, aunque no exista agresión directa.
83A partir de lo expuesto anteriormente, se han destacado cuatro factores significativos a nivel económico y social necesarios para la satisfacción de necesidades básicas de la población víctima que habita en el municipio de Pamplona. Estos surgen de las inquietudes expuestas por una población que consigue darse a entender cuando se les permite expresarse de forma abierta; por tanto, las estrategias planteadas en torno a programas de prevención de salud, atención jurídica y capacitación para el trabajo, y proyectos en planes de gobierno tienen propósitos de impacto positivo en el mediano y largo plazo.
84Finalmente, los resultados del proceso con las víctimas que habitan en el municipio de Pamplona permite enmarcar como alternativa el papel de las instituciones de educación superior presentes en el municipio, como lo son la Universidad de Pamplona y el Instituto Superior de Educación Rural (iser), actores claves que pueden generar en el mediano y largo plazo mejores espacios para las víctimas y su calidad de vida, y el liderazgo en procesos como la formación en gobernanza y cultura ciudadana; así mismo, es necesario propiciar, por parte del sector productivo, la inclusión laboral y el desarrollo de empresas.
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Notes de bas de page
1 Se entiende por aquellas víctimas de sentencia las incluidas en el marco del cumplimiento de la Sentencia C-280 y Auto 119 de 2013 (Red Nacional de Informacion, 2020).
2 Son aquellas personas que en su declaración manifestaron ser víctimas por cualquier hecho que se enmarca en el conflicto armado en Colombia, en el marco de la Ley 1448.
3 Según lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, las víctimas recibirán atención humanitaria de acuerdo con sus necesidades inmediatas, las cuales deben guardar relación directa con el hecho victimizante. Esto con el fin de proteger y atender sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia (Oficina Asesora de Comunicaciones de la Unidad de Víctimas, 2015).
4 En términos de reparación, esta no solo representa una indemnización monetaria o restitución de bienes, hace referencia al acompañamiento por parte del Estado y de esta manera mejorar su calidad de vida (educación, salud, vivienda, programas de empleo y generación de ingresos), recuperar su dignidad y crear las condiciones necesarias para que no se repitan los hechos que los hicieron víctimas (Unidad en Línea, 2019).
5 Servicios como vivienda, alimentación y ocio, entre otros.
6 Cultivos de papa, fresa, ajo, trigo, morón, maíz, fríjol, arveja y zanahoria.
7 Lácteos, dulces, salsamentaria, pan y artesanías.
8 Productos minerales no metálicos (tejas, baldosines y artesanías), maderas y muebles (carpinterías y ebanisterías).
9 El 95 % se ubica en la cabecera municipal y el 5 % restante en la zona rural.
10 Entidades descritas en el Decreto 1725 de 2012.
11 Definidas como aquellas mujeres que responden económicamente por las personas que están bajo su cargo.
12 Este cálculo sale de dividir 92 hijos entre 41 madres, es decir 2,4.
13 En promedio, los hogares cuentan con 4,9 integrantes, que es el cociente entre 345 personas sobre 70 informantes clave.
14 Es el sistema de identificación de posibles beneficiarios de programas sociales. Su determinación depende de un puntaje asignado, el cual clasifica a la población según sus condiciones socioeconómicas (dnp, 2020).
15 Sin superar la línea de pobreza monetaria a nivel nacional, que para 2018, según las últimas cifras presentadas por el dane, equivalía a $257.433 (dane, 2019a).
Auteurs
Economista de Universidad Industrial de Santander (uis). Maestría en Economía, Universidade Federal do Rio de Janeiro.. Enlace orcid: https://orcid.org/0000-0001-7356-3179.
Economista de la Universidad de Pamplona. Magíster en Paz, Desarrollo y Resolución de Conflictos de la Universidad de Pamplona.. Enlace orcid: https://orcid.org/0000-0001-8405-7917.
Estudiante de Economía y Derecho de la Universidad de Pamplona.. Enlace orcid: https://orcid.org/0000-0002-1667-9543.
Estudiante de Derecho de la Universidad de Pamplona.. Enlace orcid: https://orcid.org/0000-0003-4555-3146.
Estudiante de Derecho de la Universidad de Pamplona. . Enlace orcid: https://orcid.org/0000-0002-0596-4242.
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