Justicia retributiva y justicia restaurativa (reconstructiva). Los derechos de las víctimas en los procesos de reconstrucción1
p. 115-138
Résumé
En este artículo se aborda una caracterización general de la justicia reconstructiva y de los derechos de las víctimas en los procesos de reconstrucción, y se analiza la relevancia que tiene el modelo de justicia reconstructiva, en primer lugar, en orden al reconocimiento del estatus moral de la víctima y la salvaguarda de sus derechos, y, en segundo lugar, por lo que hace a su potencial crítico frente a la concepción clásica-liberal de los derechos humanos.
Entrées d’index
Palabras claves : víctimas del terrorismo, justicia reconstructiva, fractura social, solidaridad, derecho a la verdad, la memoria y la reparación.
Texte intégral
1Sumario. i. Algunos puntos de partida. ii. Marco introductorio. Una primera aproximación a la justicia reconstructiva. iii. El paradigma de la justicia reconstructiva según McCold y Wachtel. iv. Un cuadro-resumen para comprender algunas aportaciones de la justicia reconstructiva al modelo de justicia retributiva. v. Víctimas del terrorismo y justicia reconstructiva. ¿Cómo entender el significado de la víctima en los procesos de justicia reconstructiva que se originan a partir del terrorismo? vi. Salvar la fractura social. La ética de la reconstrucción y la exigencia de solidaridad. vii. Orientar nuestra memoria hacia la reconstrucción. Para qué y por qué recordar. viii. Los derechos de las víctimas en el marco de una justicia reconstructiva post-terrorismo. Bibliografía.
I. ALGUNOS PUNTOS DE PARTIDA
2La pretensión de este artículo es abordar una caracterización general de la justicia reconstructiva y de los derechos de las víctimas en los procesos de reconstrucción, excluyendo, a pesar de su indudable interés:
Las perspectivas psicológica, sociológica y pedagógica, todas ellas relevantes en el estudio de la justicia reconstructiva;
La perspectiva jurídica (penal/penitenciaria) y la problemática sobre la mediación y la articulación jurídica de la justicia restaurativa (aunque aludiré a ella);
Una preconcepción del terrorismo y de sus víctimas. A los efectos de esta exposición, y por lo que hace a las víctimas, identificaré terrorismo y violación grave y sistemática de derechos humanos.
II. MARCO INTRODUCTORIO. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A LA JUSTICIA RECONSTRUCTIVA
3Brevemente, y solo con carácter introductorio, puede decirse que en el paradigma de la justicia reconstructiva el delito es entendido, sobre todo, como un conflicto humano que provoca la ruptura de las expectativas sociales simbólicamente compartidas. De esta manera, la justicia reconstructiva trata de trascender la lógica del castigo y pasar a una lectura relacional del fenómeno criminal, buscando precisar simultáneamente la responsabilidad del autor, la reparación a la víctima y la reintegración del victimario (su vinculación a la comunidad a la que también ha dañado1). Todo ello sin olvidar que en los procesos de justicia reconstructiva debe predominar una visión de la justicia desde y hacia las víctimas, es decir, una visión que ponga el énfasis tanto en su singularidad como en el deber de la memoria2.
4Vista así, puede decirse que la justicia reconstructiva se orienta a la pacificación social y exige que se reconozca colectivamente la legitimidad del encuentro. Este encuentro ha de ser fruto de un proceso que consiga superar las siguientes etapas cronológicamente ordenadas:
El cese de la violencia;
La superación de la polarización y la deshumanización del “otro”;
El manejo de las contradicciones;
La aceptación de la diferencia: el reconocimiento del “otro”.
5En este movimiento, al Estado le corresponde deslegitimar la violencia (lo cual exige, p. ej., no violar derechos humanos en la lucha antiterrorista, y gozar de un alto grado de legitimidad y legitimación); denunciar la pasividad; potenciar la reacción cívica; escuchar a las víctimas en la articulación de una política orientada a la reconstrucción, y, además, propiciar el encuentro entre víctimas y victimarios. Todo ello bajo la consideración de que el Derecho, siendo un instrumento esencial del Estado, resulta insuficiente en un terreno como este: el Derecho garantiza el orden, pero aquí no se pretende alcanzar un orden cualquiera sino uno que esté sometido a determinados requisitos y criterios.
6Evidentemente, la pacificación de la que hablamos puede entenderse de formas distintas como:
Conformidad y aceptación voluntaria de lo inesperado;
Comparación y correlación de historias a fin de evitar versiones irreconciliables;
Puente entre diversidades, al objeto de crear una comunidad de intereses (la pacificación se presenta como una estrategia común de negociación).
7Sin embargo, la justicia reconstructiva exige mucho más: exige el ocaso del enfrentamiento entre contrarios y el reconocimiento de la común interdependencia.
8¿Requiere este reconocimiento del perdón por parte de la víctima y/o del arrepentimiento por parte del victimario?
9Aunque no me voy a detener en este punto, sí quisiera señalar que el perdón no es exigible en ningún caso, dado que ha de ser fruto de un proceso voluntario y libre por parte de la víctima. Esto no significa que se trate de un asunto personal o privado puesto que es indudable su relevancia y su proyección pública. Tampoco significa que la víctima “entienda” o tolere lo que ha pasado, y, por supuesto, no puede ser una forma de olvido3. El perdón ha de verse como una oportunidad para la víctima, que consigue, de este modo, trascender la subjetividad y la literalidad de su dolor.
10Por supuesto, podría pensarse tanto en una oferta de perdón condicionada al arrepentimiento, como en una que lo espere sin exigirlo, pero, en todo caso, insisto, es una opción de la víctima. Fuere como fuere, lo cierto es que desde la perspectiva política solo puede exigirse al victimario que reconozca públicamente el daño causado y que asuma sus responsabilidades. Y entre nosotros, asumir responsabilidades incluye el cumplimiento del castigo, pues, como señala acertadamente X. Etxeberría, en nuestra sensibilidad cultural el castigo al victimario se percibe como parte de la reparación que se debe a la víctima4. Seguramente, es por esta razón por la que dice Tamarit Sumalla que, en nuestro entorno, la inserción de la justicia restaurativa genera menos suspicacias en la fase de ejecución de las penas, una vez se ha dado el pronunciamiento formal y definitivo de culpabilidad5.
11Lo que creo que no puede negarse es que la convivencia pacífica requiere de una determinada sinergia social, y en esta sinergia el perdón y, en su caso, el arrepentimiento, juegan un papel de vital importancia.
12Pero, veamos: ¿cómo se alcanza la pacificación social? ¿Cómo se articula el encuentro entre víctimas, victimario y comunidad? ¿De qué manera se propicia el encuentro desde el paradigma de la justicia reconstructiva?
III. EL PARADIGMA DE LA JUSTICIA RECONSTRUCTIVA SEGÚN MCCOLD Y WACHTEL
13Siguiendo literalmente el cuadro ya clásico de Paul McCold y Ted Wachtel, para entender el paradigma de la justicia reconstructiva hay que tener en cuenta tres factores: a. La ventana de la disciplina social, que describe la manera en que el conflicto se puede transformar en colaboración; b. La estructura de las funciones de las partes interesadas, que demuestra que la reparación del daño emocional y relacional requiere que las personas afectadas de forma más directa consigan controlar la situación, y c. La tipología de las prácticas restaurativas, que muestra el motivo por el cual la participación de las víctimas, los delincuentes y sus comunidades de apoyo, es necesaria para reparar el daño causado por el acto delictivo6.
14En la ventana de la disciplina social se observa que la justicia retributiva, que se apoya en fuertes mecanismos de control, independientemente de su legitimación social, tiende a estigmatizar al victimario, marcándole indeleblemente con una etiqueta negativa. La que los citados autores llaman “justicia rehabilitadota”, con escasos mecanismos de control pero muy legitimada, tiende a proteger al victimario para que no sufra las consecuencias de sus delitos, por lo que resulta excesivamente permisiva. Excluido el modelo del bajo control y la pasividad social, que resulta simplemente negligente, por su indiferencia, nos quedaría el enfoque restaurativo, la justicia reconstructiva/ restaurativa, que no renuncia a los mecanismos de control pero que busca también el apoyo social; o sea, que confronta y desaprueba los delitos al tiempo que ratifica el valor intrínseco de los delincuentes. Lo que hace la justicia restaurativa es ofrecer una forma de colaboración para solucionar un problema que se considera social.
15La estructura de las funciones de las partes interesadas distingue, por un lado, a las partes interesadas primarias, las directamente afectadas: las víctimas y los delincuentes; y, por otro, a las partes interesadas secundarias, que tienen una conexión afectiva importante con la víctima o el delincuente, y cuya afectación es indirecta o, incluso, impersonal. Las partes interesadas primarias necesitan una oportunidad para expresar sus sentimientos y participar en la decisión sobre la manera en que ha repararse el daño. En el caso de las víctimas, porque se ven perjudicadas por el daño que sufren como consecuencia del delito y necesitan superar su literalidad. En el caso de los delincuentes, porque dañan sus relaciones con sus propias comunidades de apoyo, y para recobrar su confianza necesitan asumir sus responsabilidades. Finalmente, las necesidades de las partes secundarias son colectivas e inespecíficas, y su mayor respuesta restaurativa es la de apoyar los procedimientos restaurativos en general.
16La tipología de las prácticas restaurativas varía según el grado en que las tres partes, víctimas, victimarios y comunidad, participen en intercambios emocionales significativos y en la toma de decisiones. Cuando las prácticas de la justicia incluyen solo a un grupo de partes interesadas primarias, el proceso solo puede llamarse parcialmente restaurativo; cuando se incluye a las partes interesadas principales pero se excluye a las comunidades de apoyo, el proceso es mayormente restaurativo; el proceso es plenamente restaurativo solo cuando las tres partes interesadas participan activamente, es decir, cuando es íntegramente comunicativo.
17Por consiguiente, en un programa plenamente restaurativo han de considerarse cuatro valores clave:
Encuentro: se crean oportunidades con el propósito de que tanto víctimas, como delincuentes y miembros de la comunidad (que deseen hacerlo) se reúnan a conversar acerca del delito y sus consecuencias.
Reparación: se espera que los delincuentes tomen medidas a fin de reparar el daño que han causado.
Reintegración: se intenta situar a víctimas y delincuentes en un contexto social al que pueden enriquecer con su encuentro.
Inclusión: se ofrece la posibilidad de que las partes interesadas en un delito específico participen en su resolución7.
18Así pues, parece claro que el paradigma de la justicia restaurativa requiere mecanismos de control por parte de las instituciones, pero exige también un fuerte apoyo social al proceso restaurativo. Un proceso cuyo mayor o menor éxito va a depender tanto del grado en el que se impliquen los afectados por el delito como de la percepción social que se tenga de la eventual reintegración del victimario y del nuevo rol ejercido por la víctima.
19En la práctica, no obstante, la puesta en marcha de un proceso de justicia restaurativa plantea graves dificultades. Entre otras, y por mencionar solo las más subrayadas:
El peligro que supone el uso del Derecho como instrumento terapéutico;
La ausencia de mecanismos de prevención, dado que no se reconoce prioritariamente la autoridad de la norma/Estado;
El exceso de flexibilidad en las soluciones y la falta de seguridad jurídica (justicia desformalizada);
El posible incumplimiento del principio de proporcionalidad y culpabilidad del Derecho penal;
El debilitamiento de ciertas garantías procesales (debido proceso, presunción de inocencia, asistencia de letrado, confesiones eventuales obtenidas de forma irregular y sin esclarecimiento adecuado de los hechos, etc.);
La apuesta por un compromiso poco fiable, que podría haberse alcanzado por razones económicas, por ejemplo, o, simplemente, bajo presión social (hay grupos más vulnerables a estas cuestiones);
La contaminación del proceso con elementos discriminatorios y desiguales propios de la sociedad en la que se da el conflicto (prejuicios sociales);
La privacidad del proceso restaurativo, con la que podría violarse el principio de publicidad y transparencia del sistema penal;
La posible privatización del proceso, si queda exclusivamente en manos de las víctimas (consuelo acomodaticio8), y
La utilización de técnicas todavía inmaduras y precarias, así como la falta de profesionalización de la que aún se adolece en estos procesos.
20No quiero detenerme en estos puntos, pero parece claro que, con objeto de mitigar el impacto de estos inconvenientes, los programas de justicia restaurativa han de aplicarse cuando no existen dudas sobre los hechos (después de un esclarecimiento) y siempre que el Estado pueda monitorear tanto el proceso como el resultado, considerando, eso sí, la percepción que del mismo tengan los implicados.
21De hecho, en esta idea parecen moverse algunos de los principios que se definieron en la Conferencia Internacional de Brasilia sobre justicia restaurativa (junio de 2005), y que se recogen en la Carta de Brasilia:
Dar a conocer a los operadores del sistema judicial y a la opinión pública los procedimientos de justicia restaurativa, asumiendo que el sistema judicial no puede iniciarlos por sí solo, sino que necesita de una red de agentes sociales preparados y de la articulación de políticas públicas en esta línea. Evidentemente, todos estos agentes han de actuar coordinadamente, dado que a la víctima no se la debe revictimizar haciéndole pasar por una multitud de filtros que actúen desordenadamente. También sería deseable que no hubiera una jerarquización entre los agentes sociales, de modo que al juez se le vea como última instancia (aunque siempre ha de homologar su actuación considerando el resultado del proceso restaurativo);
Respetar la voluntariedad de las partes a lo largo de todo el proceso, fortaleciendo su corresponsabilidad activa y satisfaciendo sus necesidades;
Desarrollar el carácter interdisciplinario de la intervención, con facilitadores imparciales y capacitados, y con el apoyo de una asesoría jurídica para las partes. La necesidad de profesionalización en este campo es evidente, pero ello no significa que hagan falta profesionales fagocitados por las estructuras burocráticas. Hablamos de personas que han de mostrar una cierta sensibilidad hacia los problemas, así como controlar buenas técnicas y tener un entrenamiento;
Atender a las particularidades socioeconómicas y culturales de las partes, evitando las relaciones jerárquicas y promoviendo el respeto de los derechos humanos;
Fomentar la transformación de patrones culturales y la inserción social de las partes;
Controlar que los acuerdos alcanzados contengan obligaciones proporcionales y razonables, así como monitorearlos y evaluarlos continuamente9.
22Por último, hay que considerar que no todos los casos pueden ser abordados con la técnica de la justicia restaurativa, ni todas las sociedades están preparadas para este proceso. La justicia restaurativa ha de surgir de las necesidades de una sociedad en particular y funcionar de la manera en la que le resulte más útil y oportuno. Es decir, que cada sociedad ha de encontrar su propio camino en la resolución de los conflictos que la aquejan. Es por esto precisamente por lo que, como se ha dicho, no puede eludirse la importancia de la comunidad en los procesos restaurativos.
IV. UN CUADRO-RESUMEN PARA COMPRENDER ALGUNAS APORTACIONES DE LA JUSTICIA RECONSTRUCTIVA AL MODELO DE JUSTICIA RETRIBUTIVA
23- Infracción de la norma / Conflicto social.
Responsabilidad individual descontextualizada / Responsabilidad individual contextualizada / Responsabilidad colectiva o ampliada.
Protagonismo del Estado y el infractor / Protagonismo del infractor, la víctima y la comunidad.
Proceso interaccional agónico en el que predominan la agresividad y la contraposición a fin de lograr los objetivos / Proceso relacional, dialógico, dinámico e integrador, con el que se pretende conseguir el reconocimiento del daño por parte del infractor, el perdón voluntario de la víctima y la reconciliación (reintegración social de ambos).
Deshumanización del otro / Humanización del proceso y atención a las necesidades e intereses de las partes.
Mirada hacia el pasado (la comunidad rota) / Mirada hacia el futuro (la comunidad que se pretende (re)construir).
Pasividad / Actividad e interactividad institucional y social.
24Con este cuadro no pretendo sugerir que exista, o pueda existir, una rígida dicotomía entre el sistema punitivo y el reparador, sino solo subrayar las aportaciones con las que el segundo podría enriquecer al primero. De hecho, en el modelo de justicia reconstructiva no se elude la idea de retribución-expiación (retribucionismo) ni tampoco el prevencionismo general y/o especial. Y ello, entre otras cosas, porque a. El Estado no puede quedar al margen del proceso y tiene que controlarlo para evitar abusos (el resultado debe ser confirmado institucionalmente), y b. El hecho delictivo no solo compromete un bien jurídico personal, por lo que la reparación no puede ser privatizada sino que en ella ha de considerarse también el mal causado al colectivo social (prevención general).
V. VÍCTIMAS DEL TERRORISMO Y JUSTICIA RECONSTRUCTIVA. ¿CÓMO ENTENDER EL SIGNIFICADO DE LA VÍCTIMA EN LOS PROCESOS DE JUSTICIA RECONSTRUCTIVA QUE SE ORIGINAN A PARTIR DEL TERRORISMO?
25Partamos de la idea de que lo que concede a la víctima su condición de tal no son las razones que la amparan sino los agravios de que ha sido objeto. O sea, que lo importante para su definición no es el papel argumentativo de la víctima sino el hecho de ser víctima.
26Como señala Reyes Mate, con la victimización el victimario busca provocar un daño personal, pero también un daño político y un daño social, por lo que el modelo de justicia reconstructiva habría de atender a todos ellos, al menos, en la medida en que fueran reparables.
27Frente al daño personal, solo cabe una política de reparación, en la que, por ser de todos conocida y encajar a la perfección en el modelo jurídico tradicional, no me voy a detener.
28El daño político se ha de subsanar con su reconocimiento público, social e institucional, de modo que pueda evitarse la privatización del dolor por parte de la víctima. Y ello porque el terror no solo quiere matar impunemente sino hacer política con las muertes que provoca, interpretar el sentido de lo que hace10, y es en la interpretación de estos hechos donde realmente nos jugamos la partida. Esto es lo que explica que el proyecto terrorista pretenda ser un proyecto de olvido en el que desaparezca la conciencia o llegue incluso a justificarse la injusticia que se está cometiendo.
29Frente a semejante despropósito, es para nosotros una exigencia moral y política evitar la revictimización que supone pasar de largo ante la cercanía de las víctimas. Tenemos el deber de recordar tanto a las víctimas que ha causado el terror como a las que ha ocasionado el olvido. Y no solo de recordar sino, como digo, de reconocer pública, social e institucionalmente su dolor.
30Finalmente, hemos de afrontar el daño social, la fractura social, que provoca el terrorismo, desterrando la violencia, y apostando por una ética de la reconstrucción y un modelo de justicia reconstructiva; apostando por la pacificación social.
31Ya hemos visto que la justicia reconstructiva exige, entre otras cosas, el encuentro de la víctima y el victimario. Un encuentro que requiere por parte del victimario un acto de reconocimiento del daño y de acercamiento a la víctima, y que exige de la víctima una cierta fortaleza moral con la que puede abrirse a la reconstrucción de su futuro. En este proceso, la víctima ha de hacer un esfuerzo por superar el pasado, racionalizar su experiencia y compartirla, porque solo de este modo será protagonista de su propia historia.
32En definitiva, con su acción el victimario-terrorista pretende:
Atacar la autoestima de la víctima;
Romper sus lazos con la comunidad;
Subjetivizar su relato (aislar a la víctima), y
Propiciar el olvido (revictimización).
33Y frente a estas pretensiones, hemos de responder con reparación, reconocimiento y reconstrucción.
34Dado que el objetivo de este artículo es trabajar la resignificación de los derechos de las víctimas a la luz de la justicia reconstructiva, me centraré sobre todo en la fractura social que ocasiona el victimario, y en la importancia que tiene la presencia y el rol de la víctima en la reconstrucción de una sociedad rota. Todo ello sin olvidar que, aunque su virtualidad es mayor por lo que hace al daño social, insisto, la justicia reconstructiva pasa, necesariamente, por previa reparación a la víctima y el reconocimiento público de su dolor.
VI. SALVAR LA FRACTURA SOCIAL. LA ÉTICA DE LA RECONSTRUCCIÓN Y LA EXIGENCIA DE SOLIDARIDAD
35Puede decirse que la articulación de una ética de la reconstrucción, una justicia reconstructiva, se apoya en la solidaridad: a. Sincrónica, con los que están, y b. Diacrónica, con los que no están o con aquellos cuyas voces han sido definitivamente silenciadas (de ahí la relevancia de una política de la memoria y su conexión con el modelo de justicia reconstructiva). En un proceso reconstructivo la solidaridad nos invita a encontrar razones (buenas razones) para ampliar constantemente el círculo del “nosotros”11 a los que no están; nos invita a considerar los intereses de todos los afectados por nuestras decisiones y políticas aunque no estén tomando con nosotros tales decisiones, ni orientando tales políticas12.
36Por si esto fuera poco, la ética de la reconstrucción nos exige también comprender la situación conflictiva tanto desde el punto de vista subjetivo de los actores inmersos en el drama como desde el punto de vista objetivo, el que nos informa de las relaciones desgarradas que ponen en peligro una forma de vida13. La reconstrucción se apoya, pues, en la adopción de un punto de vista intersubjetivo que oriente tanto la comprensión de lo que ocurrió como la reunión de aquello que fue separado. Y es que solo de esta manera es posible apostar por una identidad reconstructiva14: una identidad que no sea el fruto únicamente de la narración de la propia historia sino de la asunción de la historia ajena como propia. Lejos de perseguir la autoafirmación a través de un relato narrativo de la historia singular, la identidad reconstructiva se abre a la reivindicación de las víctimas, empezando por las que no pueden o nunca han podido hacer escuchar su voz15.
37En definitiva, la reconstrucción así entendida es un antídoto contra la indiferencia que solemos mostrar frente a los que no nos resultan significativos16, pero, sobre todo, nos responsabiliza por tal indiferencia y nos obliga a “hacernos cargo” del daño causado y del silencio perpetuado. Todo ello, obviamente, bajo la consideración de que las responsabilidades son comunes pero diferenciadas y de que, por tanto, el grado en que han de ser exigidas varía sustancialmente en cada caso. No es este un asunto fácil. A nadie se le escapa la dificultad que presenta este proceso de rendición de cuentas “colectivo”, así como la manera en que habrían de adjudicarse estas macroresponsabilidades.
38Lo cierto es que la ética de la reconstrucción parece exigir, por vía de la solidaridad, una teoría de la causación y de la responsabilidad colectiva, una responsabilidad compartida y ampliada, que no puede ser el resultado de una pura yuxtaposición de responsabilidades individuales. Parece claro que esta nueva fórmula para la responsabilidad da por sentado la existencia de lazos comunitarios y subraya nuestra eventual interdependencia, y esto es algo que, al margen ahora de los problemas prácticos que pudiera presentar, no puede asumirse desde un código moral que se apoye en el egoísmo como presupuesto, y en la racionalidad instrumental como estrategia. No puedo detenerme en este tema, pero, así las cosas, cabe pensar que la ética reconstructiva supone para nosotros un reto de tal trascendencia que no podremos asumirla si no nos abrimos a una nueva forma de sensibilidad moral17.
39En fin, de momento, diremos que frente a las víctimas y junto a ellas, la ética de la reconstrucción exige, como mínimo:
El deber de reconocer y reparar el daño;
El deber de asumir nuestras responsabilidades;
El deber de no provocar más dolor;
El deber de no apoyar un sistema violento y de actuar para erradicar la violencia, propiciar el encuentro y reconstruir una comunidad rota, y
El deber de recordar, orientando nuestra memoria hacia la reconstrucción.
VII. ORIENTAR NUESTRA MEMORIA HACIA LA RECONSTRUCCIÓN. PARA QUÉ Y POR QUÉ RECORDAR
40Dado que, como se ha señalado, con la reconstrucción traemos al presente las voces de quienes no han sido escuchados, no es extraño que la memoria se presente como un elemento esencial del discurso reconstructivo.
41Esto no significa que recordar sea un fin en sí mismo o un valor supremo, ya que el mero uso de la memoria no garantiza nada todavía. De hecho, sabemos ya que puede haber variantes del olvido más que saludables18, así como recuerdos enfermizos (la conmemoración del pasado también se ha dado en regímenes autoritarios y dictatoriales19). La cuestión es, pues, saber cuáles son los criterios que nos permiten seleccionar aquello que hay que recordar; cómo distinguir, parafraseando a Todorov, el uso y el abuso de la memoria20.
42Hay que empezar por asumir que no se trata de reivindicar más dosis de memoria porque lo importante no es recordar mucho o poco sino recordar “bien”; es decir, recordar orientándonos a la reconstrucción social y hacerlo de manera autónoma21. La búsqueda de la justicia, y no únicamente de la verdad, es lo que debe mover a cualquier política de la memoria. Como señala Mate, una justicia:
Anamnética: que tenga en cuenta el pasado;
Que no pueda concebirse sin la mirada de la víctima, que sin ella no pueda siquiera entenderse, y
Que responda simultáneamente al sufrimiento subjetivo y a la injusticia objetiva22.
43Hablamos, pues, de una justicia de la memoria que no neutralice a la víctima (bajo la idea, p. ej., de que la justicia es una cuestión suscitada, únicamente, entre el Estado y el victimario), aunque sin recurrir a ninguna forma de justicia particular ni a manera alguna de privatizar la acción justiciera. Una vez más, con Reyes Mate, “no se pretende ni se quiere subsumir bajo la reflexión sobre la justicia, exigencias morales ligadas a destinos absolutamente singulares”23. Se trata, en fin, de optar por la memoria ejemplar frente a la memoria literal. ¿Qué significa esto?
44Siguiendo a Ferry, puede decirse que la memoria presenta tres niveles24:
La experiencia directa o indirecta, que es un registro de la memoria viva anclada en el recuerdo de las víctimas y comunicada mediante el testimonio personal (lo que se ha llamado la “memoria literal”). En este nivel es donde cobra importancia la figura del testigo que habla, en primera persona, del mal que sufre o del dolor que provoca25.
La historiografía positiva destinada a establecer los hechos y su objetividad (la verdad “oficial”), eludiendo elementos emocionales y evaluativos26. Y ello, sin olvidar que el recuerdo compartido al que da lugar el análisis histórico es, como el mismo análisis, el fruto de una construcción social.
El nivel simbólico que no es ni el nivel subjetivo del recuerdo afectivo, ni el objetivo de la descripción fáctica, sino un nivel intersubjetivo. Su carácter es el de la singularidad pero entendida en la dimensión colectiva que representa un símbolo. Aquí, el mayor valor de los casos individuales es subrayar que el horror es una experiencia colectiva, y el de advertir sobre el futuro.
45En este nivel la reconstrucción se alía con el descentramiento, con la apertura recíproca a los relatos de vida, con la relectura profunda del relato propio, es decir, la actitud autorreflexiva y autocrítica, cuya finalidad es la de lograr una convivencia pacífica, la consecución de la identidad reconstructiva de la que hablábamos antes27.
46Como es fácil apreciar, este último nivel de la memoria es el más importante pues evita la individualización y la privatización de la memoria, tanto por parte de las personas o los grupos que luchan por su reconocimiento, como por parte del Estado. En estos casos lo que se da, sobre todo, es una memoria narrativa y particularizante (nivel subjetivo) que se orienta:
Al fortalecimiento de la homogeneidad y de las identidades colectivas rígidas28;
A la creación de una estructura de dominación (el exceso de pasado funciona como un obstáculo al juicio y a la crítica);
A la exoneración de las preocupaciones actuales mediante la memoria del pasado, si bien la repetición ritual “no hay que olvidar” no repercute visiblemente en los procesos violentos del presente ni del futuro29.
47Cuando es asumida por la víctima, además, esta forma de memoria literal puede llegar a convertir el acontecimiento doloroso en un hecho insuperable y a sacralizar estérilmente la memoria por la memoria. Sin embargo, cuando se logra construir una memoria ejemplar, el recuerdo se transforma en un principio de acción para el presente, en una lección acerca de cuya bondad es posible discutir mediante el diálogo. Es en el transcurso de este proceso discursivo, en el paso de la literalidad de la memoria a su ejemplaridad, en el que se abre la puerta a una justicia anamnética e intersubjetiva, aunque el precio que haya que pagar sea el del dolor que a la víctima le causa la necesidad de trascender su propia historia. Pero, bien puede merecer la pena, porque superar la singularidad de la historia propia no supone postergar el punto de vista subjetivo sino todo lo contrario; supone darle su lugar en un contexto público para que todos podamos “hacernos cargo” del pasado30 y, de esta manera, levantar una política de la memoria desde la que podamos observarlo como un problema colectivo31. De hecho, es la memoria ejemplar la que puede ayudarnos a mirar al futuro enfrentándonos críticamente con la injusticia causada y asumiendo, en definitiva, la ética de reconstrucción y la responsabilidad.
VIII. LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMES EN EL MARCO DE UNA JUSTICIA RECONSTRUCTIVA POST-TERRORISMO
48Cuando se habla de hacer justicia a las víctimas, se habla de su reparación integral, y tal reparación pasa por el reconocimiento del derecho a la verdad, a la memoria, a la reparación y a la justicia. Todas estas reivindicaciones están relacionadas porque el conocimiento de la verdad es una forma de memoria y reparación, y la reparación es una forma de justicia que no puede ser sino justicia anamnética.
491. El derecho a la verdad se orienta al (re)conocimiento del mal sufrido. Exige conocer los hechos, las causas y la identidad del victimario, y está íntimamente relacionado con ciertos derechos fundamentales que no pueden ser objeto de suspensión (derivados del derecho a solicitar y a obtener información). El interés de la justicia, escribe J. B. Metz, pertenece a la premisa de búsqueda de la verdad, y en tal interés tiene el conocimiento de la verdad su fundamento práctico; en él radica el poder crítico y liberador de la verdad32.
50El ocultamiento de la verdad es una forma de injusticia y puede adoptar diversas modalidades que van desde la creación de una versión oficial o una mentira institucionalizada, hasta el silencio general con el que se pretende reconstruir la verdad sobre el olvido forzado. De hecho, el intento (activo) de olvidar o de “no recordar” o, simplemente, la negación metafórica de los hechos (amnesia social) son estrategias de “verdad” y de (des)memoria que se han usado frecuentemente33.
512. La memoria exige la validación de las experiencias y las pérdidas dolorosas. Exige desvelar, reconocer, validar, reconstruir y socializar. Con la memoria otorgamos significación al pasado, seleccionamos e interpretamos a fin de articular un consenso sobre lo intolerable que abra el camino de una reconstrucción colectiva, democrática y crítica. Nos referimos aquí a la memoria ejemplar, a reconocer el daño para integrar a la víctima y evitar la repetición.
52Evidentemente, existen tantos modos de recordar como de narrar, ya que los recuerdos toman la forma de historias que nos contamos a nosotros mismos y también a otras personas34; y cabe pensar que el proceso social de construcción de la memoria no puede desconectarse, por completo, del repertorio cultural local35. Sobre este asunto ya nos hemos extendido más arriba.
533. El derecho a la justicia se concreta en la posibilidad para todas las víctimas de hacer valer sus derechos, beneficiándose de un recurso equitativo y eficaz.
54El derecho a la justicia impone al Estado la obligación de investigar los hechos delictivos, perseguir a sus autores y asegurar su sanción una vez establecida la culpabilidad en orden a la prevención, es decir, a la no repetición. Por esta razón, la amnistía no puede ser concedida, en tanto no se haya obtenido justicia por la vía de un recurso eficaz. Es importante insistir en que, en nuestro contexto, el acto de juzgar, más que la seguridad que genera el impedir a los individuos el ejercicio directo de la justicia (venganza), tiene como finalidad la paz social, la reconciliación y el encuentro36.
55Por último, cabe señalar que el derecho a la justicia se traduce en la reivindicación simultánea de la justicia retributiva, correctiva, distributiva y reconstructiva. La justicia retributiva se basa en el castigo a los culpables, en la sanción, buscando reforzar el orden jurídico. Con la justicia correctiva se busca la compensación a las víctimas, la reparación integral y la adjudicación de responsabilidades. La justicia distributiva facilita la adjudicación de recursos, evitando la injusticia estructural mediante la articulación de la asistencia económica, jurídica, técnica y psicológica que las víctimas necesitan. Finalmente, la justicia reconstructiva se orienta, como hemos visto, a la búsqueda de la paz, a una forma concreta de pacificación social.
564. Finalmente, el derecho a la reparación conlleva tanto medidas individuales como medidas generales y colectivas. Tiene un efecto resocializador, pues obliga al autor a enfrentarse con las consecuencias de sus hechos y a conocer los intereses legítimos de sus víctimas. De hecho, la reparación puede ser experimentada por él como algo necesario y justo, además de fomentar un reconocimiento de las normas, conducir a su reconciliación con la víctima, y facilitar su reintegración.
57El fundamento político-criminal de la reparación tiene como punto de partida el reconocimiento positivo de la disposición del autor en la asunción de su responsabilidad ante las víctimas y ante la sociedad. Por ello, su contenido es amplio y puede o no coincidir con los elementos propios de la responsabilidad en términos legales. De hecho, la reparación a las victimas constituye uno de los aspectos de mayor relevancia en la medida en que supera los criterios tradicionales del Derecho penal vindicativo para aportar una respuesta creativa al delito, y en la que se presenta como un instrumento para las negociaciones de paz en casos de macrovictimación37.
58En su puesta en práctica el derecho a la reparación exige la reestructuración social y la restitución. Su reconocimiento pasa, o bien por la utilización clásica del sistema judicial, o bien por la aplicación de programas de reparación global o integral, que han de ser completos, amplios, coherentes y constantes. Estos programas se pueden coordinar con los procedimientos judiciales, y suelen ofrecer mayor flexibilidad y adaptabilidad, permitiendo la participación activa de la víctima, sin que ello suponga ninguna forma de protagonismo monopólico.
59Como es fácil apreciar, y siguiendo la descripción que he ofrecido más arriba, en el marco de la justicia reconstructiva tienen especial relevancia tanto el derecho a la memoria como los programas de reparación integral a las víctimas. Pero esto no es lo único destacable. Lo más importante es, a mi juicio, que los derechos de las víctimas en un marco reconstructivo aparecen vinculados a un proyecto comunitario, por lo que no pueden conceptualizarse al modo de los derechos clásicos. O, dicho más claramente, los derechos de las víctimas no pueden entenderse si no se hace una revisión de la concepción protoliberal de los derechos como triunfos, basada, como nuestra moral convencional, en el individualismo posesivo y en el egoísmo como presupuesto racional.
Bibliographie
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Notes de bas de page
1 Dado que la victimización de la que hablamos se produce en un contexto de conflictividad social y política, lo lógico es utilizar como referente de este proceso una comunidad política compleja y fragmentada, en la que no predomina una única visión de los hechos conflictivos, de sus causas y de sus consecuencias.
2 Como señala Tamarit Sumalla. “Justicia restaurativa y delitos de terrorismo: la respuesta del Derecho vigente”, en aa.vv. Justicia para la convivencia, Bilbao, Universidad de Deusto, 2012, la víctima tiene un rol protagónico en los procesos de justicia restaurativa. Atender a sus necesidades, intereses y derechos, satisfacer las exigencias de justicia que demandan las víctimas, evitando cualquier forma de equidistancia, es un criterio que ha de marcar cualquier intervención en este terreno. Cfr. a este respecto, G. Bilbao Alberdi. Por una reconciliación asimétrica. De la geometría del terror a la de su superación, Bakeaz, Serie Escuela de Paz, n.° 15, Bilbao, 2008. Como señala R. Mate. Justicia de las víctimas. Terrorismo, memoria, reconciliación, Barcelona, Anthropos, 2008, p. 83, “el término ‘sufrimiento plural’ no puede traducirse […] en ‘todos los sufrimientos son iguales’”.
3 Cfr. sobre este asunto X. Etxeberría. “Impunidad y perdón”, Conferencia impartida en Lima el 15 de octubre de 2000. Disponible en [http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Impunidad%20y%20perdon%20en%20la%20politica.pdf]; y, más extensamente, en G. Bilbao Alberdi et al. El perdón en la vida pública, Bilbao, Universidad de Deusto, 1999, pp. 53 a 106.
4 Cfr. X. Etxeberría. “Impunidad y perdón”, cit. Y es que, como señala el autor, frente a la alternativa juicio-castigo o perdón-olvido habría que explorar la vía que nos abre el juicio-perdón. Con esta vía se completaría la verdad judicial con la verdad histórica, que pasaría a formar parte de la socialización de los ciudadanos.
5 Cfr. J. M. Tamarit Sumalla. “La justicia reparadora en la ejecución penal ante las reformas penales”. Disponible en [http://www.victimologia.cat/Justrepiustel04-tamarit.pdf]. En esta fase la justicia restaurativa (reparadora, según el autor) ofrece no pocas ventajas, tanto para el sistema penitenciario como para el penado. Sin detenerme en este asunto, entre tales ventajas pueden mencionarse: a. Se recoge la preocupación por la restauración del orden social; b. Se favorece la resocialización del delincuente y se le sensibiliza en relación a las consecuencias de su delito; c. Se implica a la sociedad en el proceso restaurativo reduciendo la llamada “victimización terciaria” y facilitando la vuelta del delincuente a la comunidad; d. Se fomentan los efectos disuasorios del sistema penal (Ob. cit., pp. 18 a 20). De hecho, algunos dirían que con la aplicación de la justicia restaurativa en este momento se cumplen las tres finalidades de la pena: retribución, reafirmación de la vigencia de la norma (prevención general) y reinserción (prevención especial). Por supuesto, lo ideal es que el modelo de la justicia restaurativa no se ponga en marcha ni de forma tan temprana que haga imposible la aplicación de las garantías del debido proceso, ni tan tardía que perjudique definitivamente la relación entre las partes.
6 P. McCold y T. Wachtel. “En busca de un paradigma: una teoría sobre Justicia Restaurativa”, International Institute for Restorative Practices. Disponible en [http://www.iirp.edu/iirpWebsites/web/uploads/article_pdfs/paradigm_span.pdf].
7 D. W. Van Ness y K. H. Strong. Restoring Justice, 2.ª ed., Buenos Aires, Editorial Rústica, 2001, pp. 14 y ss.
8 J. M. Tamarit Sumalla. La reparación a la víctima en el derecho penal: estudio y crítica de las nuevas tendencias político-criminales, Barcelona, Fundación Jaume Callis, Fundación Jaume Callis, 1994, pp. 180 y ss.
9 Sería interesante considerar aquí, junto a otros documentos internacionales, tanto la Resolución ecosoc 1999/26, del 28 de julio, sobre “Desarrollo y aplicación de medidas de mediación y justicia restitutiva en materia de justicia penal” (“Consejo Económico y Social: Documentos Oficiales, 1999, Suplemento n.° 1 (E/1999/99 [supp]), como el Informe de Naciones Unidas sobre “Principios básicos de la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal”, de la reunión del grupo de expertos sobre justicia restaurativa, Comisión de Prevención del delito y justicia penal, 11 periodo de sesiones, Viena 16 a 25 de abril de 2002. Disponible en [http://www.unodc.org/pdf/crime/commissions/11comm/sadd1s.pdf]. En este último documento se afirma que un proceso restaurativo es todo aquel en el que las víctimas, el delincuente y, cuando proceda, cualesquiera otras personas o miembros de la comunidad afectados por un delito, participen conjuntamente de forma activa en la resolución de los conflictos, por lo general, con la ayuda de un facilitador. Por resultado restaurativo se entiende un acuerdo alcanzado como consecuencia de un proceso restaurativo cuyo contenido sea la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad, encaminados a atender a las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes en conflicto, y a lograr la reintegración de la víctima y el delincuente.
10 R. Mate. “Tratado de la injusticia. xx Conferencias Aranguren”, Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política, n° 45, julio-diciembre, 2011, p. 478, se refiere en estos casos a una muerte hermenéutica: “Hay que borrar las huellas del crimen, no con un burdo negacionismo, sino privando de significado al crimen”.
11 Utilizando una expresión de R. Rorty. Contingencia, ironía y solidaridad, A. E. Sinnot (trad.), Barcelona, Paidós, 1991, p. 214. En el proceso de ampliación del “nosotros” hemos de crear un sentimiento de solidaridad más amplio que el que tenemos ahora y no ver en la solidaridad algo que existía ya con anterioridad al reconocimiento que hacemos de ella.
12 Cfr. al respecto, J. M. Ferry. La ética reconstructiva, D. M. Múñoz González (trad.), Bogotá, Siglo de Hombre, 2001. A esto se refiere, probablemente, R. Mate. “En torno a una Justicia Anamnética”, J. M. Mardones y R. Mate (eds.). La ética ante las víctimas, Barcelona, Anthropos, 2003, pp. 107 y ss., cuando reivindica una sensibilidad nueva para abordar los conflictos; una sensibilidad que desborde los estrechos límites del tiempo y del espacio en los que permanecemos encerrados.
13 Cfr. J. M. Ferry. La ética reconstructiva, cit., pp. 16 y 17.
14 Ob. cit., p. 19.
15 Ob. cit., p. 29.
16 Así lo afirma, por ejemplo, A. Margalit. Ética del recuerdo, versión de R. Bernet, Barcelona, Herder, 2002, p. 29.
17 Sobre este asunto puede consultarse mi artículo: “La sinrazón de la razón como estrategia. Razones a favor de la racionalidad de los agentes morales”, Derechos y Libertades, n.° 27, 2012, pp. 175 a 206.
18 Algunos como, por ejemplo, M. Kundera. La broma, Barcelona, Seix Barral, 2001, p. 303, consideran que el olvido es la única forma posible de reparación: “El papel de la reparación (de la venganza y el perdón) lo lleva a cabo el olvido. Nadie reparará las injusticias que se cometieron, pero todas las injusticias serán olvidadas”. En una línea más matizada, pero no muy diferente, se sitúa hoy el libro de D. Rieff. Contra la memoria, A. Major (trad.), Madrid, Debate, 2012, pp. 63 a 85.
19 Cfr. M. Cruz. Cómo hacer cosas con recuerdos. Sobre la utilidad de la memoria y la conveniencia de rendir cuentas, Buenos Aires, Katz Editores, 2007, p. 81.
20 Cfr. T. Todorov. Los abusos de la memoria, M. Salazar (trad.), Barcelona, Paidós, 2000.
21 Cfr. M. Cruz. Cómo hacer cosas con recuerdos…, cit., p. 85.
22 Cfr. al respecto, R. Mate. “En torno a una justicia anamnética”, J. M. Mardones y R. Mate (eds.). La ética ante las víctimas, cit., pp. 100 a 126, y T. Valladolid Bueno. “Los derechos de las víctimas”, J. M. Mardones y R. Mate (eds.). La ética ante las víctimas, cit., p. 163.
23 R. Mate. “Tratado de la injusticia. xx Conferencias Aranguren”, cit., p. 454.
24 Así lo expone, siguiendo a Pierre Nora, J. M. Ferry. La ética reconstructiva, cit., pp. 32 y 33.
25 Cfr. A. Margalit. Ética del recuerdo, cit., pp. 75 a 110. Sobre la importancia del testimonio como puente entre el pasado, el presente y el futuro, cfr. J. C. Mêlich. Filosofía de la Finitud, Barcelona, Herder, 2002, p. 109.
26 Quizá, como señala R. Mate. “Tratado de la injusticia. xx Conferencias Aranguren”, cit., pp. 474 y 475, es la desconfianza ante esta historiografía con pretensiones científicas lo que lleva a García Márquez a decir en Los funerales de la Mamá Grande: “Es hora de contar los pormenores de esta conmoción nacional antes de que lleguen los historiadores”.
27 Acerca de esta cuestión, cfr. J. M. Ferry, siguiendo a Pierre Nora, en La ética reconstructiva, cit., pp. 36 a 41.
28 A la peligrosa vinculación entre violencia y conflicto identitario se ha referido, en relación al País Vasco, M. Alonso. La razón desposeída de la víctima: la violencia en el País Vasco al hilo de Jean Améry, Bakeaz, Serie Escuela de Paz, n.° 18, Bilbao, 2009: “En tanto en cuanto se asocia la violencia con el conflicto identitario –señala el autor–, la solución al segundo –normalización– se postula como condición para la resolución del primero en un razonamiento muy vulnerable a la circularidad. Este argumento equivale en el terreno de la lucha por el sentido a un circuito de contrarrecusación que trasvasa o externaliza a terceros la responsabilidad por las víctimas” (p. 17).
29 Cfr. T. Todorov. Los abusos de la memoria, cit., pp. 49 a 59 y F. Birulés. “La crítica de lo que hay: entre memoria y olvido”, en M. Cruz (comp.). Hacia dónde va el pasado. El porvenir de la memoria en el mundo contemporáneo, Barcelona, Paidós, 2002, pp. 144 a 148. A todos estos riesgos, y a la forma en la que se convierten en realidades peligrosas, se refiere D. Rieff. Contra la memoria, cit., pp. 43 a 60. Lo cierto es que, como señala R. Mate. “Tratado de la injusticia. xx Conferencias Aranguren”, cit., p. 24, ninguna disciplina, ni siquiera la historia, puede pretender tener el monopolio del pasado, ni por tanto, el de la significación de la memoria, que se “dice” de muchas maneras.
30 Cfr. T. Todorov. Los abusos de la memoria, cit., pp. 30 a 39.
31 Cfr. F. Birulés. “La crítica de lo que hay: entre memoria y olvido”, en M. Cruz (comp.). Hacia dónde va el pasado…, cit., p. 147.
32 J. B. Metz. Por una cultura de la memoria, Barcelona, Anthropos, 1999, p. 105.
33 Cfr. P. Burke. “Historias y memorias: un enfoque comparativo”, J. M. González García (trad.). Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política, n.° 45, julio-diciembre de 2011, pp. 492 a 495.
34 Ob. cit., pp. 490 y 491.
35 Cfr. P. Nora (ed.). Les lieux de mémoire, 7 vols., Paris, 1984-1993.
36 Cfr. J. A. Sampedro. “Qué es y para qué sirve la Justicia Restaurativa”. Disponible en [http://www.justiciarestaurativa.com/Documentos/QueEs_ParaQueSirve_JR.pdf]. A “La verdadera otredad hecha de delicados contactos –dice Cortázar–, de maravillosos ajustes con el mundo, no podía cumplirse desde un solo término, a la mano tendida debía responder otra mano desde el afuera, desde lo otro” (Rayuela, Alfaguara, 1993, p. 119).
37 Así lo afirma J. A. Sampedro. “Qué es y para qué sirve la Justicia Restaurativa”, cit.
Notes de fin
1 Este artículo es una versión reducida del que publiqué bajo el mismo título en el libro colectivo Justicia para la convivencia, Bilbao, Universidad de Deusto, 2012, pp. 21 a 47. A lo largo de la exposición usaré la expresión “justicia reconstructiva” en el plano moral y “justicia restaurativa” en el político-jurídico, aunque en el espacio jurídico podría hablarse también, como proponen algunos autores, de “justicia reparadora”.
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