Introducción

1Aunque Colombia ha asumido un compromiso legal por el respeto y la protección de los derechos de las mujeres, uno de los graves inconvenientes ha sido su aplicación (Comisión Asesora de Política Criminal, 2012, p. 23). Los factores sociales y culturales que demarcan un escenario patriarcal prevalecen en el país. Como lo señalan Janet Saltzman (1992)2, Alda Facio y Lorena Fries3 (2005), persisten los siguientes elementos patriarcales que devalúan a la mujer en esta y otras culturas: el uso del lenguaje que menosprecia el rol de la mujer, sus labores, sus productos, etc.; los significados negativos atribuidos a las mujeres, su trabajo y actividades a través de símbolos y mitos, muchos con contenido religioso; las estructuras que excluyen a las mujeres de la participación política y económica; y el pensamiento dicotómico y jerarquizado:

[…] que lo divide todo en cosas o hechos de la naturaleza o de la cultura […] que erigen al hombre en el parámetro o paradigma de lo humano, al tiempo que justifica la subordinación de las mujeres en función de sus pretendidos ´ roles naturales” (Facio y Fries, 2005, p. 260).

2La percepción de menor valor o inferioridad de la mujer que generan estos elementos hacen que ésta continúe siendo discriminada por su condición de género. Esta situación se acrecienta cuando por diversas circunstancias tiene que asumir el rol de infractora de la norma durante un proceso penal, el cual se mantiene en la prisión y fuera de ella. En estos escenarios, el reproche social por la infracción de la norma y por el hecho de ser considerada por su rol de madre, cuidadora y protectora resulta desproporcionado. La creación y mantenimiento de prejuicios sociales hacen que las mujeres tengan que soportar, además de la condena judicial, un rechazo social mayor que dificulta aún más su reintegración.

3De ahí la necesidad de establecer si el programa de preparación para la libertad ofrecido por el Inpec a las mujeres privadas de la libertad reconoce el impacto diferencial de las mujeres en la cárcel y les permite su reintegración.

4El objetivo general de esta investigación es identificar algunos de los elementos esenciales para una política pospenitenciaria que reconozca la situación de vulnerabilidad de las mujeres privadas de la libertad. Entre los objetivos específicos que se propone este trabajo están: visibilizar la permanencia del estigma y su refuerzo en la mujer infractora de la ley penal; conocer el programa Preparación para la Libertad que ofrece el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para las mujeres privadas de la libertad; identificar algunos problemas de aplicación del programa Preparación para la Libertad en la reintegración social de estas mujeres e identificar algunos elementos determinantes en la reintegración social de las mujeres privadas de la libertad, con el fin de lograr transformaciones en su beneficio.

5Esta es una investigación con un enfoque cualitativo que busca conocer las dinámicas existentes sobre el proceso de reintegración de las mujeres que se encuentran cumpliendo una pena privativa de la libertad. Para ello, se acudió al análisis de fuentes primarias y secundarias. Entre las primarias, se hizo uso de la observación, en especial en la cárcel de mujeres El Pedregal de Medellín, y de la entrevista semiestructurada, como estrategia de recolección de información a funcionarios del Inpec de la Regional Noreste y de la Casa Libertad en Bogotá4. Entre las fuentes secundarias o bibliográficas se encuentran: normas, doctrina, informes y jurisprudencia nacional e internacional, que con su análisis permitieron conocer algunos conceptos como los de reintegración, vulnerabilidad y estigmatización, entre otros. Así mismo, estas últimas fuentes determinaron el contenido del programa Preparación para la Libertad y ampliaron el marco de las problemáticas existentes en su aplicación.

6En la primera parte del capítulo se expone brevemente el concepto de pospenada y el estigma reforzado por la condición de mujer infractora de la ley penal, asumida por la sociedad como madre y cuidadora. En una segunda parte, se analiza la normativa internacional y la nacional que legitiman la reintegración de las mujeres privadas de la Libertad. En una tercera parte se identifica el programa Preparación para la Libertad que ofrece el Inpec en sus dos fases: preegreso y posegreso y relaciona las problemáticas y obstáculos de la aplicación del mismo. Por último, se identifican algunos elementos importantes para el surgimiento de una política pública pospenitenciaria que incluya un enfoque de género.

La cárcel, una institución que refuerza la desigualdad y la exclusión de género

7Como lo señala la Comisión Asesora de Política Criminal, resulta fundamental que de conformidad con el principio de no discriminación, la formulación e implementación de la política criminal tenga en cuenta una perspectiva de género, protección y respeto de los derechos humanos de las mujeres (Comisión Asesora de Política Criminal, 2012, p. 23). Esta es una obligación que en lo jurídico se deriva de las obligaciones internacionales5 suscritas por Colombia a través de diversos instrumentos internacionales de protección de los derechos de las mujeres.

8De ahí que la Corte Constitucional, en la Sentencia T-388 de 2013, que declaró el estado de cosas inconstitucional carcelario, confirmara que las mujeres son sujetos de especial protección constitucional y, por ello, se requiere la aplicación de un enfoque diferencial en el escenario de la política penitenciaria y carcelaria. En el mismo sentido, la Comisión Asesora de Política Criminal señaló que “las prisiones no han sido diseñadas pensando en las diferencias de género ni en las particularidades de las mujeres” (2012, p. 71). Entre otras razones, porque el número de internas en prisión es ostensiblemente menor que el número de hombres. Por ejemplo, en Colombia, el número de mujeres que se encuentran en cárceles es 7.830 y el de hombres es 110.356. El porcentaje de mujeres solo corresponde a 6,6% de la población reclusa intramural registrada en el Inpec y, por ello, este instituto solo dispone de seis reclusiones de mujeres en el país, en contraste con las 130 de hombres (Inpec, marzo, 2017).

9Estas cifras, más allá de lo cuantitativo, que es relevante en tanto demuestran una menor relación de la mujer con el delito y la prisión, en lo cualitativo evidencian que la cárcel y, en general, el sistema penal, invisibilizan a la mujer y acentúan la desigualdad en su contra. Como señala un estudio de Wola y Dejusticia: “la cárcel no está pensada ni construida para atender las necesidades específicas de las mujeres” (Uprimny, Martínez, Cruz, Chaparro y Chaparro, 2016, p. 22).

10Los mencionados estudios han evidenciado que las mujeres privadas de la libertad, en especial por delitos relacionados con drogas, se encuentran en una situación de desventaja social y presentan una vulnerabilidad acentuada por estar expuestas a diversos riesgos y ser sometidas a un permanente estado de indefensión en el sistema judicial y penitenciario (Moncayo Albornoz, 2016). Entre los riesgos que enfrentan estas mujeres se han visibilizado los siguientes:

• Un mayor reproche social generado por el estigma reforzado como consecuencia del control social formal e informal que clasifica a las mujeres sólo en el papel de madres y “cuidadoras” dentro de la sociedad.

• La pérdida de oportunidades por carecer de capital simbólico y de la garantía de derechos económicos sociales y culturales.

• La imposibilidad de tomar las medidas necesarias para salir adelante en los distintos escenarios. Un estado de vulnerabilidad que inicia fuera de prisión ante la ausencia de garantías económicas, sociales y culturales; continúa de manera reforzada en el ámbito penitenciario y carcelario, patriarcal por excelencia y subsiste una vez las mujeres salen de prisión.

11Sin duda, el deterioro de la identidad individual por la comisión del ilícito, incrementado por el control social y cultural al que están expuestas las mujeres privadas de la libertad, es un factor determinante en la creación de los riesgos que estas deben afrontar. Para Goffman (2010), el estigma afecta de manera negativa la identidad de la persona que lo sufre, sea porque siente temor de ser desacreditada o porque efectivamente lo ha sido, y soporta las consecuencias. Tal situación le genera a quien lo padece una menor valoración, que se traduce en un rechazo social permanente en los distintos ámbitos: social, económico y político.

12El estigma persiste aunque las mujeres hayan recobrado su libertad y se convierte en un factor que incrementa la imposibilidad de elegir los medios y herramientas para salir de ese estado. Esta pérdida de autonomía hace que la condición de vulnerabilidad permanezca y se afinque en la categoría de pospenada. De tal suerte que la brecha de desigualdad será cada vez más amplia para estas mujeres y será cada vez más difícil que estas se integren a la sociedad.

La reintegración y los programas de preparación para la libertad6

Reconocimiento internacional

13La reintegración, como lo señala Naciones Unidas, es un proceso de incorporación social y psicológica en la sociedad, que en el ámbito de la prevención del delito y de la justicia se centra en los programas que buscan evitar que quien infringió la ley penal vuelva a hacerlo (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2013, p. 6).

14Esta misma organización considera que los programas de integración social lograrán su propósito en el ámbito judicial si los diversos actores del sistema judicial y los “organismos sociales, ong, instituciones educativas, comunidades y familia de los infractores delincuentes” apoyan la integración social de quienes cometieron un delito. Lo anterior, ya que quienes han sido condenados7, según la Organización de las Naciones Unidas, tienen un mayor riesgo de reincidencia (2013, p. 1).

15Y es que facilitar el regreso de los reclusos a la sociedad es un deber de la sociedad “que no termina con la liberación del recluso”8. Como lo establece el artículo 64 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, es necesario para el cumplimiento del tratamiento penitenciario y la organización del sistema penitenciario que el Estado ofrezca al recluso una ayuda pospenitenciaria por parte de organismos gubernamentales o privados9.

16A su turno, la Observación General n.^o 21 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su artículo 10, establece el interés del Comité de Derechos Humanos de recibir información sobre el funcionamiento del régimen penitenciario y de la asistencia pospenitenciaria. De manera específica, el artículo 11 de esta Observación considera que el Comité de Derechos Humanos debe tener conocimiento de “las medidas adoptadas para impartir enseñanza, educación y reeducación, orientación y formación profesionales y de los programas de trabajo para presos dentro de los establecimientos penitenciarios o fuera de ellos” (1992).

17En el mismo sentido van las Directrices para la Prevención del Delito de Naciones Unidas10, que consagran, entre los enfoques de prevención, evitar la reincidencia. Para ello, este instrumento establece la necesidad de proporcionar “asistencia para la reintegración social de los delincuentes y otros mecanismos preventivos (programas de reintegración)”11. También, las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) consideran que la socialización e integración de todos los niños y personas jóvenes es fundamental en la prevención del delito12.

18Sobre este particular, más que una “ayuda” al pospenado, que es la propuesta de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, es un deber del Estado promover programas pospenitenciarios que reivindiquen el derecho que tiene el interno de contar con tal garantía para disminuir los perjuicios que el encierro le genera y permitir su readaptación a la comunidad. Las reglas mínimas citadas, en general, consagran la importancia del porvenir del recluso a través de la materialización del proyecto de vida.

19Así mismo, estas reglas consideran necesario promover distintos factores para lograr la reintegración del interno a la sociedad, como alentarlo y ayudarlo a que mantenga o establezca relaciones con personas u organismos externos que puedan favorecer su reinserción social y el interés superior de su familia13.

20Con relación a las mujeres privadas de la libertad, resulta importante citar la regla 46 de Bangkok14, que establece la necesidad de “elaborar y ejecutar programas de reinserción amplios para el período anterior y posterior a la puesta en libertad, en los que se tengan en cuenta las necesidades específicas de las mujeres”. Estos programas deben ser llevados a cabo por las autoridades penitenciarias en cooperación con los grupos comunitarios locales y las organizaciones no gubernamentales.

21Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos15 y las Reglas de Bangkok16 establecen que una vez el interno o interna sale de prisión, es necesario apoyar la prestación de los servicios psiquiátricos17 y psicológicos para garantizar la salud mental de los mismos. Incluso, las Reglas de Bangkok reconocen la necesidad de prestar apoyo jurídico y práctico a las mujeres que son liberadas, en cooperación con los servicios comunitarios, con el fin de lograr que su reinserción social tenga éxito.

22No solo los instrumentos internacionales reconocen la necesidad de adecuar programas pospenitenciarios para garantizar el cumplimiento del proyecto de vida del interno o interna para lograr su reintegración en la sociedad, en el ámbito nacional también hay normatividad que confirma el deber del Estado de reintegrar al que fuera privado de la libertad por la comisión de un delito.

Reconocimiento nacional

23El Código Penitenciario y Carcelario (Ley 1709 de 2014), en el artículo 142, establece que el objetivo del tratamiento penitenciario es “preparar al condenado, mediante su resocialización para la vida en libertad”. Tratamiento que, según el artículo 143 de la misma ley, “debe realizarse conforme a la dignidad humana y las necesidades particulares de la personalidad de cada sujeto” y materializarse “a través de la educación, la instrucción, el trabajo, la actividad cultural, recreativa y deportiva y las relaciones de familia”. Así mismo, este artículo establece que el tratamiento debe partir del “estudio científico de la personalidad del interno” y debe ser progresivo, programado e individualizado (Artículo 143). Lo anterior, con el fin de cumplir con los principios de dignidad humana; prohibición de penas crueles, inhumanas o degradantes; prohibición de penas o medidas de seguridad imprescriptibles consagradas en la Constitución (Ministerio de Justicia y del Derecho. Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, 2014, p. 40).

24Específicamente, la Ley 1709 de 2014, en el artículo 159, establece que el tratamiento pospenitenciario es una función del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) con el fin de integrar al liberado a la familia y a la sociedad18. En desarrollo de esta función, el mismo artículo propone las denominadas “casas del pospenado”, que “podrán ser organizadas y atendidas por fundaciones, mediante contratos celebrados y controlados por la Dirección del Inpec. Los liberados podrán solicitar o ser enviados a la casa del pospenado de su localidad, siempre y cuando hayan observado conducta ejemplar en el establecimiento de reclusión” (Resaltado fuera del texto). El artículo 161 de la citada ley consagra un “fondo para proveer gastos de transporte a los reclusos puestos en libertad, para trasladarse al lugar donde fijaren su residencia, dentro del país, siempre y cuando carecieren de medios económicos para afrontar este gasto”.

25El Ministerio de Justicia y del Derecho ha expedido una normativa sobre el servicio pospenitenciario, como el Decreto 4151 de 2011, que en el Artículo 2, Numeral 13, establece como función del Inpec “definir y gestionar estrategias para la asistencia post-penitenciaria en colaboración con otras entidades públicas o privadas”. Es importante señalar que en desarrollo de esta función, el Inpec, a través de resoluciones y directivas19, ha implementado casi que cada año algunas pautas sobre el servicio pospenitenciario20. A continuación, y a manera de ejemplo, se resaltan las siguientes:

• La Resolución 09456 del 31 de julio de 2008 estableció que “el término para el ingreso al servicio será máximo de 30 días a partir de la fecha de liberación y su vinculación activa será de un mes, hasta máximo 6 meses”21. Es decir, para este momento, el servicio pospenitenciario se prestaba con posterioridad a la fecha de liberación. A partir de 2011, la Dirección de Atención y Tratamiento del Inpec dictó las Pautas del Servicio Pospenitenciario, con el objetivo de implementar la metodología Plan de Acción y Sistema de Oportunidades (Paso), a través de la implementación del programa Preparación para la libertad, dirigido a internos que están próximos a recuperar la libertad. Es decir, desde 2011, la ejecución del programa pospenitenciario incluyó a personas privadas efectivamente de la libertad que se encontraban en la fase final de la metodología Paso (Inpec, 2016)22.

• En el año 2012, el Inpec expidió las Pautas del Servicio Pospenitenciario para las direcciones regionales y determinó que el desarrollo del programa Preparación para la libertad se desarrollara en tres fases: primera, adaptación a la vida en libertad o preliberados; segunda, incorporación al programa de pospenados y tercera, seguimiento y evaluación.

• En el año 2014, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Inpec contrataron a la Universidad Nacional de Colombia para la elaboración de un estudio del programa de Preparación para la libertad y servicio pospenitenciario con el fin de “facilitar la integración social positiva del liberado, mediante la potencialización de habilidades y competencias durante dos fases: 1) fase de egreso o preparación de la libertad y 2) fase de posegreso o de acompañamiento al liberado”.

26Este planteó que el programa de Preparación para la libertad se abordara en cuatro áreas de actuación básica: individual, familiar, laboral/educativa y social/comunitaria; y en dos momentos: antes de salir en libertad: fase de preegreso con una duración de cinco meses, y después de salir en libertad o fase de posegreso, con una duración de dos meses (Universidad Nacional de Colombia, 2014, p. 40).

• • El 27 de abril de 2015, el Inpec y el Ministerio de Justicia y del Derecho suscribieron el Convenio 0543, que tuvo como objetivo unir esfuerzos con Colsubsidio y la Fundación Teatro Interno para la “implementación y operación de la Casa Libertad” en Bogotá, con el fin de “construir una red de apoyo y orientación exclusiva para el Pospenado”.

  • En enero 2016, el Inpec, a través de los Lineamientos de Tratamiento Penitenciario, estableció el contenido y metodología del programa Preparación para la libertad y determinó dos fases: preegreso (cuatro meses aproximadamente) o posegreso (tres meses).

  • De otra parte, resulta importante citar la Sentencia T-762 de 2015, en la que la Corte Constitucional hizo una mención expresa a la atención pospenitenciaria. En ella, la Corte le ordenó al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, la construcción de una base de datos y un sistema de información sólido que recoja información de política criminal en general, y en particular, de la vida en libertad de quienes estuvieron en prisión. Lo anterior, con el fin de medir los avances y los retrocesos de la política criminal. Sobre el sistema pospenitenciario, la Corte Constitucional señaló de manera expresa:

Con el fin de evaluar la capacidad y el impacto de los programas de resocialización que se desarrollan en los establecimientos penitenciarios, y de conformidad con la necesidad de readecuación de los mismos en el plano nacional, a través del protagonismo que se les pueda dar como alternativa penal en la fase de criminalización secundaria o de la importancia que puedan adquirir ciertos programas para la formulación de la política criminal, deberá efectuarse el registro de información sobre la vida en libertad de la persona que estuvo recluida. Para ello deberá establecerse, en primer lugar, y también de conformidad con las Reglas mínimas de tratamiento de reclusos, la fecha y la hora de puesta en libertad.

En consecuencia, durante un lapso de dos años se hará un proceso de acompañamiento y seguimiento, mensual durante el primero y trimestral durante el segundo, estableciendo el término que tarda la persona recién liberada en conseguir una fuente de generación de ingresos, para reestructurar su proyecto de vida. Deberá identificarse la reincidencia, y efectuarse un análisis sobre las causas de la misma, para retroalimentar el Sistema.

En la base de datos se incorporará toda aquella información, establecida preliminarmente por el Grupo de Seguimiento, para determinar el éxito o la necesidad de reformulación de los programas de resocialización en el país (Resaltado fuera del texto).

Programa Preparación para la libertad

27De la normatividad anterior, se evidencia que en la actualidad el programa Preparación para la libertad desarrollado por el Inpec, en términos generales, es decir, para hombres y mujeres, se ejecuta en dos fases: preegreso y posegreso. Aunque el tiempo de duración para cada una de las etapas ha variado, éste no supera los siete meses para las dos etapas. Sin embargo, la multiplicidad de directivas del Inpec ha generado en los funcionarios de los distintos establecimientos carcelarios confusión sobre el tiempo de duración de cada etapa.

28Este programa es financiado por el Inpec. En 2017, esta entidad destinó del total presupuestal para funcionamiento ($950.395.741.07123) un rubro de $ 157.816.907 para las cinco regionales del país. Es decir, 0,001% del presupuesto de esta entidad está destinado para el funcionamiento del servicio pospenitenciario. Un porcentaje irrisorio, como también lo es la destinación de 2,7% del total presupuestal mencionado para la “implementación y desarrollo del sistema integral de tratamiento progresivo penitenciario” ($1.451.772.947) y la “Atención y rehabilitación al recluso” ($24.406.161.476).

Fase de preegreso

29Según los Lineamientos de Tratamiento Penitenciario de 2016, la fase de preegreso del programa Preparación para la libertad tiene un término de duración de cuatro meses y se cumple en la fase final de la metodología del Plan de Acción y Sistema de Oportunidades (paso) (Inpec, 2016). Esta fase corresponde a los periodos de mínima seguridad o período abierto y/o de confianza del sistema progresivo.

30Según los mismos Lineamientos de Tratamiento Penitenciario de 2016, los destinatarios del programa de Preparación para la libertad son:

• Internos(as) condenados(as) con sentencia ejecutoriada.

  • Que les falte mínimo cinco meses y máximo siete para solicitar la libertad por pena cumplida, condicional (3/5) o domiciliaria.

  • En caso de no completar el cupo basado en el anterior criterio, se contempla la inclusión de participantes que cuenten con el beneficio permiso de hasta 72 horas, y que estén a máximo 12 meses de la libertad por pena cumplida, condicional o domiciliaria.

  • Que no tengan ningún otro requerimiento judicial.

  • Que se encuentre en fase de tratamiento de mediana (1/3) o mínima (4/5) seguridad.

  • Que sea remitido por el Consejo de Evaluación y Tratamiento evidenciando adhesión al tratamiento penitenciario o como última oportunidad de tratamiento.

31Según lo establecido por la Universidad Nacional, y lo consagrado en los Lineamientos de Tratamiento Penitenciario (Inpec, 2016, pp. 161-163), el programa Preparación para la libertad está conformado por cuatro áreas: la individual, la familiar, la laboral-educativa y la social comunitaria. Sin embargo, en la práctica24, este programa se ha centrado en el desarrollo del enfoque individual, en especial del área emocional. Así, por ejemplo, se ofrece a las internas que están próximas a salir de prisión talleres psicosociales de control de las emociones (autocontrol, autoestima, afrontamiento de crisis) ante la incertidumbre de la libertad25.

32También, los establecimientos carcelarios les ofrecen a las internas, de acuerdo con la disponibilidad de plazas en los programas de redención por trabajo, la posibilidad de ocuparse en un taller de modistería o en un proyecto productivo. Entre estos últimos, se encuentran algunas empresas del sector privado que han establecido satélites de producción dentro de la prisión. Es el caso de Casa Real, que elabora lencería; la industria de acero (Ideace), que produce cerraduras y la empresa Sarai Clothing, que confecciona prendas de vestir, las cuales hacen presencia en la cárcel de mujeres “El Pedregal”. Situación similar ocurre en el Establecimiento de Reclusión de Mujeres de Bogotá, en donde la empresa de confecciones Comercializadora Ranggers emplea a las reclusas para surtir su producción, y en la Reclusión de Mujeres de Manizales, con el proyecto26 Red de Amigos de Oportunidades de Servicios Sociales (Ramos).

33Estos proyectos productivos hacen parte de las actividades laborales disponibles en el tratamiento penitenciario, es decir, no son proyectos propios del programa Preparación para la libertad, por lo que no existe discriminación entre las internas destinatarias de las actividades laborales incluidas en el tratamiento penitenciario y las que hacen parte de manera específica del programa. En todo caso, en la fase intramural, la vinculación a las mencionadas empresas depende de los pocos cupos que el establecimiento carcelario ofrece a las internas para redención de la pena en estas actividades. Por ejemplo, en la cárcel de mujeres “El Pedregal” 80 reclusas están vinculadas a la empresa Casa Real; 98 a la empresa Ideace y 12 a Sarai Clothing27; por su parte, en la cárcel” El Buen Pastor” de Bogotá son seis las internas que laboran en la Comercializadora Ranggers Ltda. (Ramos Guevara, 2017).

34La modalidad de pago que las empresas practican con las internas es trabajo a destajo, es decir, por unidad terminada. Sin embargo, este pago no se ejecuta en virtud de un contrato de trabajo, ya que las internas no tienen una relación directa con la empresa, sino con el Inpec. Es decir, no son vinculadas por un contrato laboral, por lo que carecen de las garantías propias de éste. Esta precaria situación laboral, aunada a la privación de la libertad y al hecho de que la mayoría son madres cabeza de familia, hace que se acentúe la vulnerabilidad. Esta situación beneficia al sector empresarial, que incluso se ha abierto a otros sectores de la producción diferentes al de la confección, como el de la construcción y el de la cerrajería. Ahora bien, tal apertura no obedece a un cambio sociocultural del empresario sobre el rol laboral tradicional de la mujer, sino al aprovechamiento que hace de esas vulnerabilidades para maximizar sus rendimientos económicos. Así, en los establecimientos carcelarios es frecuente escuchar que a los empresarios les gusta trabajar más con mujeres que con hombres, porque, según ellos, las mujeres son “más disciplinadas”, tienen hijos y les rinde más el trabajo28.

35Ahora bien, aunque el enfoque educativo ha sido también considerado dentro del programa Preparación para la libertad, en la práctica, en la mayoría de cárceles, éste hace parte del tratamiento penitenciario. Es decir, no es un programa autónomo de la fase de preegreso, ya que son pocos los establecimientos carcelarios que ofrecen alguna actividad de capacitación a las internas y los que la ofertan en su mayoría dictan cursos de belleza y elaboración de manualidades, como sucede en la Reclusión de Mujeres de Manizales29. No obstante, el contenido de estas capacitaciones evidencia una continua reproducción de contenidos sexistas, que refuerzan el rol de la mujer en virtud de la feminidad durante el “tratamiento” penitenciario.

36De otra parte, los enfoques familiar y social/comunitario, indispensables para la reintegración de las internas, son dejados de lado en la fase de preegreso30. En algunos establecimientos carcelarios no se promueven los encuentros con familiares y en otros, aunque sí se presentan, son muy escasos: uno o dos al año. En consecuencia, y de manera excepcional, se encuentran programas que fortalecen el enfoque familiar, como el implementado en el modelo de Asociación para la Protección y Asistencia a los Condenados (Apac), propuesto por la Confraternidad Carcelaria en el patio de mujeres de la cárcel “El Pedregal” de Medellín31.

37Con relación a los actores y promotores del programa Preparación para la libertad, este se promueve con el apoyo de organizaciones en su mayoría privadas como fundaciones, organizaciones no gubernamentales, empresas, etc., que deciden vincularse de manera voluntaria al tratamiento penitenciario de acuerdo con sus propósitos y objetivos. De manera específica, en cuanto al enfoque laboral del programa, los convenios entre los establecimientos carcelarios y el sector privado son escasos. Sin embargo, existe mayor oferta ocupacional con organizaciones e instituciones religiosas. Los convenios relacionados en el ámbito laboral son insuficientes, y por lo general la suscripción de ellos depende de la gestión que hagan los funcionarios de cada una de las regionales del Inpec y, en particular, de cada una de las cárceles adscritas. Por ejemplo, en la cárcel de mujeres “El Pedregal” de Medellín32 la alianza con el sector empresarial se ha hecho visible a través de los convenios con las empresas: Casa Real, Industria de Acero Ideace y Sarai Clothing.

38Así mismo, las alianzas con instituciones de educación técnica, tecnológica y profesional que promueven el enfoque educativo del programa son insuficientes. Los convenios entre el Inpec y las universidades e instituciones públicas en esta área son casi que inexistentes, excepto por el pactado con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) para la capacitación técnica de las internas. En cuanto a las alianzas con instituciones privadas de educación, estas también son escasas y, como sucede con el Sena, presentan dificultades en la continuidad de los programas ofrecidos debido a la alta rotación de los practicantes y a los periodos de vacaciones de esas instituciones.

39En síntesis, la fase de preegreso del programa de Preparación para la libertad carece de un enfoque diferencial por la condición de género. Además, este programa no contempla ninguna especificidad según la edad de las internas, ya que el grueso de las mujeres privadas de la libertad está entre 18 y 44 años de edad, lo que significa un porcentaje de 78,4% (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, julio de 2017). El programa tampoco está estructurado por el tipo de delito33, sobre todo si se tiene en cuenta que 30% de las mujeres están recluidas por delitos de drogas (Instituto Penitenciario y Carcelario, 2017, p. 46).

Fase de posegreso

40Lo primero es advertir que los programas de Preparación para la libertad en la fase de posegreso son escasos. Las mujeres y hombres en general que hacen parte de esta etapa son los que salen de prisión por pena cumplida. También las internas e internos que están en libertad condicional de conformidad con lo estipulado en el Artículo 64 del Código Penal, Ley 599 de 2000 o quienes detentan el subrogado penal (Art. 65 del mencionado código). Sin embargo, en las diversas regionales del Inpec existen experiencias de apoyo a mujeres y hombres pospenados que obedecen a distintos procedimientos:

Procedimiento para el servicio pospenitenciario en general en las regionales del Inpec diferentes a la central

41En estas regionales se presentan algunos intentos de colaboración con las pospenadas, pero estos no alcanzan a ser programas institucionales sólidos y sostenibles. Así, por ejemplo, las pocas empresas que desean “vincular” a pospenadas lo hacen de manera aislada ya sea contactando a estas mujeres de manera directa o a través de los funcionarios de la respectiva regional, e incluso en los casos en los que se presenta una incipiente organización, a través de ella, como sucede en la Casa del Pospenado de Manizales34.

42También existen organizaciones religiosas y organizaciones no gubernamentales que brindan apoyo a un número limitado de pospenadas y las vinculan a actividades de voluntariado dentro de las mismas organizaciones, como sucede con la Confraternidad Carcelaria en el programa Apac35.

43En cuanto al sector empresarial, su participación en las regionales del Inpec distintas a la central es mínima. Se presentan contados casos en los que los empresarios ocupan a las pospenadas en el sector de las confecciones, bajo la modalidad a destajo. En este evento, las pospenadas no son vinculadas a la empresa con contrato laboral sino por unidad confeccionada o “pieza” terminada, que elaboran en su casa. Lo usual es que al salir la interna de prisión, el empresario le entrega los materiales y una máquina de coser para que continúe con la confección desde el lugar en donde resida y le paga de conformidad con el número de unidades terminadas, como sucede al interior de la cárcel. Es decir, las empresas continúan con esta precaria forma de empleabilidad, que perciben como “legal”, ya que es la misma que han utilizado al interior de la cárcel con la aquiescencia del Estado, en este caso, del Inpec.

44Así mismo, existen otros programas a cargo de particulares, que tienen como función la atención inmediata de las mujeres al momento de salir de prisión, ya que estas se encargan de cubrir el hospedaje (máximo por tres días), el transporte, la alimentación y le facilitan a la interna el encuentro con su familia, entre otros aspectos. Este es el caso de la Fundación Caminos de Libertad36.

Procedimiento para el servicio pospenitenciario en la regional central

45A diferencia de lo que ocurre en las otras regionales, en Bogotá, desde abril de 2015, se creó la Casa Libertad, a través del Convenio n.^o 0543 entre el Inpec y el Ministerio de Justicia, con el propósito de unir esfuerzos con Colsubsidio y la Fundación Teatro Interno para crear una red de apoyo para pospenadas y pospenados. En este sentido, esta institución ofrece atención multidisciplinar a estas mujeres, en las áreas: psicosocial, orientación laboral, programas de capacitación e intermediación laboral, arte y emprendimiento, entre otras.

46Desde la apertura de la Casa Libertad se han ofrecido servicios pospenitenciarios a 737 (hombres y mujeres) pospenados37. De este total, 70% (511) son hombres y 30% (226) son mujeres. De estas mujeres: 119 están activas, es decir, inscritas en alguna actividad que realiza Casa Libertad; nueve están inactivas, esto es que han suspendido actividades con la Casa Libertad durante dos o tres meses, por diversos motivos, como viajes a lugares cercanos, parto, etc., y 98 están con cierre, es decir, aquellas que se inscribieron a las actividades de la Casa Libertad, pero renuncian a estas de manera definitiva, ya sea por cambio de ciudad, atención de sus hijos, reincidencia u otras causas38.

47Según Casa Libertad, el promedio de edad de las mujeres que llegan a solicitar su ayuda es de 37 años, la mayoría solteras (187). De las 226 mujeres, 191 (84,5%) tienen hijos. Son mujeres con bajo nivel de escolaridad, ya que de las 226 mujeres: 39 (17,2%) tienen estudios de primaria; 40 (17,6%), bachillerato básico, 57 (25,2%) han terminado bachillerato39; 29 (12,8%), educación técnica; 3 (1,3%) cuentan con educación tecnológica y 5 son profesionales (2,2%).

48Para agosto de 2017^[40^], del total de personas activas en Casa Libertad, 93 laboraban por autogestión (formal e informal). De este número, 31 eran mujeres y 62 hombres. 54 personas laboraban por intermediación de Casa Libertad, 24 mujeres y 30 hombres. El número de mujeres se incrementó en el doble (12 mujeres más) para los meses de agosto, septiembre y octubre, porque un empresario requería solo por esos meses apoyo de las mujeres para la venta de su producto.

49Desde que se abrió Casa Libertad en 2015, y con el limitado presupuesto destinado al servicio pospenitenciario, ha prestado orientación a 737 personas y ayuda psicosocial a 201 hombres y mujeres con la colaboración de profesionales voluntarios y algunos pertenecientes a instituciones universitarias41. También en Casa Libertad, 151 pospenados se inscribieron en la Corporación de Educación Tecnológica (cet) de Colsubsidio y 87 han participado en talleres de búsqueda de empleo, fortalecimiento de perfiles y refuerzo de hábitos laborales.

50Así mismo, Colsubsidio ha brindado orientación y capacitación laboral a 466 personas y la Fundación Teatro Interno ha ofrecido atención a hombres y mujeres pospenados en artes plásticas, teatro, creación de empresa y capacitación en ventas, educación financiera, entre otros. Casa libertad también ha prestado atención en salud42 y asesoría jurídica43.

51Pese a los esfuerzos realizados por Casa Libertad, aún son pocas las empresas e instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias que apoyan el programa pospenitenciario (14 en total). Así mismo, se evidencia ausencia de entidades públicas distritales para el apoyo a las mujeres en la atención en salud física y mental. Por ejemplo, Casa Libertad no cuenta con el personal ni con el establecimiento para tratar a mujeres que presentan un consumo problemático de sustancias psicoactivas.

52En consecuencia, todavía son pocas las mujeres vinculadas laboralmente a través de la Casa Libertad (24). Algunas de estas mujeres deben abandonar sus trabajos por dedicarse al cuidado de sus hijos y por la carencia de recursos económicos para el pago del transporte hacia el lugar de trabajo44.

53De otra parte, la información de Casa Libertad no incluye la variable de género de manera transversal, por lo que no es posible tener datos sólidos sobre el número de mujeres que se encuentran vinculadas a las distintas actividades laborales y educativas. Tampoco se tiene certeza del número de mujeres que son atendidas en salud (física y mental).

Algunos obstáculos encontrados45

Desconexión entre el programa Preparación para la libertad y el tratamiento penitenciario

54A partir de las experiencias mencionadas sobre el programa Preparación para la libertad (preegreso y posegreso) se puede concluir que en general la política pública de reintegración está ausente. Esta ausencia va de la mano de la política de resocialización al interior de las cárceles, que se concreta en la desarticulación del programa Preparación para la libertad y, en consecuencia, en la dificultad de garantizar la finalidad del mismo.

55En la práctica, tal desconexión se evidencia en la imposibilidad de que las internas desde el primer día de ingreso en la cárcel desarrollen su potencial de manera continua y gradual. Como se mencionó, son pocas las actividades de trabajo, estudio y enseñanza disponibles para las mujeres en su reclusión, y a su vez son pocos los cupos para el ingreso a esas actividades. Como resultado, es difícil que las internas que ingresaron, al inicio del tratamiento penitenciario, a alguna de las actividades mencionadas, continúen de manera progresiva en el mismo sector o área en la fase de preparación para la libertad. Lo que redunda de manera indefectible en el fracaso de su reintegración. Al respecto, Unifem y la Procuraduría General de la Nación señalan que:

[En general] las actividades de educación no formal, informal, culturales y deportivas, no se realizan con carácter permanente, con periodicidad o proyecciones determinadas, por lo que, de hecho, uno de los reclamos más frecuentes de las personas privadas de libertad se relacionan con las expectativas generadas frente a determinados programas que se iniciaron y fueron interrumpidos, o los docentes responsables no regresaron, o bien, fases posteriores anunciadas para ciertas actividades nunca se materializaron (Procuraduría General de la Nación y Unifem, 2006, p. 50)46.

56Esta desarticulación también se presenta en las dos fases del programa Preparación para la libertad. Dicho en otras palabras: las actividades que se ofrecen fuera de prisión para las internas no corresponden a los enfoques contenidos en el programa de Preparación para la libertad, salvo por el esfuerzo único y particular de Casa Libertad que, en todo caso, de acuerdo con la demanda existente, es insuficiente.

57En la práctica, cada regional del Inpec y establecimiento carcelario están desarrollando sin mayor reparo el contenido del programa Preparación para la libertad en la fase de preegreso y posegreso. Situación que ya se advertía desde 2006 en el estudio realizado por la Procuraduría General de la Nación y Unifem, al señalar, con relación al tema pospenitenciario, que “la adopción de políticas o líneas de acción específicas, responden a la iniciativa individual de las directivas de los establecimientos y no a la definición de éstas desde el nivel central” (p. 61).

Refuerzo patriarcal en el contenido de las actividades de preparación para la libertad

58De acuerdo con los datos del Departamento Nacional de Planeación47 (2016), la oferta de programas para la reinserción laboral y social en las cárceles es insuficiente por cuanto “solo 1 de cada 2 personas privadas de la libertad puede acceder a un programa de resocialización” (2017). De la oferta existente, “solo el 11% de los programas de trabajo es financiada por el Estado”. Y solo “2,5% de la población carcelaria está vinculada a programas de trabajo promovidos por el sector privado, que tiene presencia en 12 de los 136 establecimientos de reclusión del orden nacional” (2017).

59La ausencia de cupos o plazas para la vinculación de las internas a las actividades de enseñanza, trabajo y educación se hace evidente durante el “tratamiento” penitenciario y más notoria en el programa específico de atención y preparación para la libertad, ya que a las internas que están próximas a salir les preocupa la incertidumbre de su libertad y el rechazo social, por lo que la exigencia de una plaza se hace mayor.

60También el contenido de los mencionados programas está en entredicho, ya que estos refuerzan las estructuras patriarcales de poder y discriminación en contra de las mujeres. Como lo han señalado la Procuraduría General de la Nación y Unifem (2006), así como otros autores48, en las cárceles de mujeres se continúa reforzando el trabajo socialmente considerado como femenino. Así, la oferta de actividades se reduce a la confección (de ropa, muñecos, ropa de cama), elaboración de telares, realización de manualidades (tarjetería, floristería), preparación de alimentos (ranchería), actividades de belleza y aseo, entre otras. Aunque algunos empresarios, como en la cárcel de mujeres “El Pedregal” de Medellín, emplean a estas mujeres en otros campos de la producción diferentes a los mencionados, como el de cerrajería, el cambio del área laboral, no de la actividad, ni del rol realizado, se debe más a un aprovechamiento del empresario de la vulnerabilidad acentuada por las precarias condiciones de empleabilidad ofrecidas, que a un cambio cultural. En consecuencia, se observa en la fase intramuros pocos programas de educación, enseñanza y sobre todo actividades de trabajo que les permita a las mujeres mejorar las condiciones laborales a su salida de prisión. Es decir, acceder a puestos productivos y estables que les brinde la oportunidad de lograr una independencia económica (Uprimny, Martínez, Cruz, Chaparro y Chaparro, 2016)49.

61Así mismo, aunque este programa en la fase intramuros cuenta con un componente familiar esencial para la reintegración, en la práctica pareciera no ser primordial. En las cárceles en general, durante el “tratamiento penitenciario”, los espacios de interacción familiar, más allá de las visitas dominicales, son reducidos. Esta reducción se transforma en crítica en un programa de reintegración intramuros en el que las internas están próximas a salir en libertad y en el que la mayoría son madres, muchas a temprana edad y cabeza de hogar “con niveles de educación muy bajos, pobres, algunas de ellas incluso en la indigencia”50 (Equis Justicia para las Mujeres de México, Corporación Humanas de Colombia y Corporación Humanas de Chile, 2015, p. 17). Tal vulnerabilidad requiere en el programa de Preparación para la libertad un esfuerzo mayor para reanudar y mantener la red de apoyo para que logren sobrevivir, reintegrarse y evitar reincidir. Como casos excepcionales en los que se observó un contacto con la familia, se encuentra el programa Apac de la Confraternidad Carcelaria en uno de los patios de la cárcel de mujeres “El Pedregal” de Medellín51 y las comunidades terapéuticas del Inpec52 en desarrollo del programa de desintoxicación de sustancias psicoactivas para mujeres. Sin embargo, estos programas tienen una reducida cobertura, por ejemplo, las comunidades terapéuticas solo les dan cabida a 30 internas en los establecimientos de reclusión del orden nacional.

Insuficiente inversión presupuestal

62En general, de acuerdo con los datos del Departamento Nacional de Planeación (2016, p. 7), el presupuesto destinado para el tratamiento penitenciario es mínimo, “el sector justicia solo invierte $ 4,3 en resocialización por cada $ 1.000 que invierten en programas de infraestructura”53 y resocialización. También señala que aunque “en el 2017 el Inpec aumentará el presupuesto de resocialización al 37%, la inversión sigue siendo insuficiente” (2016).

63También es insuficiente el presupuesto del Inpec para el desarrollo nacional del programa específico de Preparación para la libertad (preegreso y posegreso). Sorprende el mínimo aumento en el presupuesto durante once años, desde la primera vez que se destinó una partida para el servicio pospenitenciario. Se pasó en once años de un rubro de $ 120.000.000^[54^] en 2006 a uno de $ 157.816.907 en 2017, es decir, un incremento de $ 37.816.907 para todos los establecimientos carcelarios del ámbito nacional. Suma de dinero que no alcanza para cubrir todas las necesidades que demanda una adecuada implementación y desarrollo del programa Preparación para la libertad. Por ejemplo, la contratación de personal capacitado para la ejecución del programa.

64En general, son pocos los funcionarios del Inpec destinados al tratamiento penitenciario desde la caracterización de las internas al momento del ingreso hasta la identificación y posterior avance del proyecto de vida en las distintas fases del sistema progresivo55. En consecuencia, esta falencia se concreta en el programa Preparación para la libertad, ya que ciertas actividades ofrecidas no corresponden con la caracterización ni con el proyecto de vida de las internas en la fase de preegreso56. Desarticulación que continúa en la fase de posegreso. Más cuando en el ámbito nacional no existe un programa estructurado y sostenible para esta fase, salvo la experiencia de Casa Libertad.

65Los programas productivos encontrados en la fase de preegreso obedecen a ejercicios particulares, más que a un lineamiento de política pública existente. Esta fase requiere una institucionalidad, funcionarios capacitados en enfoque diferencial para crear y mantener una red, no solo con la familia de las internas sino con las organizaciones no gubernamentales, las instituciones públicas, las empresas e institutos técnicos, tecnológicos y universitarios y en general con la sociedad civil. Los proyectos productivos existentes, por ejemplo, en Medellín y en Bogotá, responden más a un esfuerzo particular de los funcionarios de la región y a la sensibilidad de algunos empresarios, que a una respuesta institucional articulada y coordinada en este tema. En la mayoría de los establecimientos carcelarios, las mujeres no tienen un “cupo” para realizar alguna actividad productiva. Lo que además de afectar su “tratamiento” impiden la redención de la pena por trabajo, educación o enseñanza.

66También la falta de presupuesto afecta los recursos físicos y técnicos (informáticos) básicos para lograr la efectividad del programa en las dos fases. En cuanto a la fase de preegreso, la carencia de espacio físico es manifiesta sobre todo para encuentros familiares, atención psicosocial, desarrollo de actividades de empleabilidad con empresarios, etc. Esta última actividad, por ejemplo, requiere un espacio físico para la instalación de maquinaria y el depósito de materiales, como sucede en la cárcel de mujeres “El Pedregal” con el taller Casa Real (elaboración de lencería), la industria de Acero Ideace (producción de cerraduras) y Sarai Clothing (confección) y en la Reclusión de Mujeres de Bogotá, con la Comercializadora Ranggers (confección).

67La poca inversión en el tratamiento también se materializa en la ausencia de un adecuado sistema de información que además de actualizar la información relativa al tratamiento de las internas contenga el número de inscritas en el programa Preparación para la libertad (preegreso y posegreso), con el fin de que el Inpec conozca el proyecto de vida de la interna, ofrezca actividades consecuentes con el tratamiento y la redención teniendo en cuenta la perspectiva de género. De lo contrario, no es posible potenciar la empleabilidad de las internas al salir de prisión, atender las problemáticas psicosociales, ofrecer tratamientos de desintoxicación de sustancias psicoactivas, entre otros.

68Además, un adecuado sistema de información permitiría hacer seguimiento y efectuar una evaluación del tratamiento penitenciario y en especial del programa pospenitenciario con enfoque de género.

Ausencia de programas que traten el consumo problemático de drogas ilícitas

69El Departamento Nacional de Planeación, en el informe técnico de la política de resocialización y segundas oportunidades (2016), con base en los cálculos realizados en el estudio Narcomenudeo en Colombia: una transformación de la económica criminal (2016), afirmó que:

[…] el mercado de las drogas en los centros penitenciarios puede llegar a representar el 0,018% del pib. Así mismo, el tamaño estimado del mercado de drogas en los centros penitenciarios es superior al de ciudades como Medellín o Barranquilla”. [Lo que] equivale a la suma de los mercados de drogas (marihuana, cocaína y bazuco) de los departamentos de Huila, Bolívar y Arauca (p. 10).

70El mismo estudio confirmó que se estima que 30% de los reclusos consumen estupefacientes.

71Pues bien, esta situación no es ajena a las mujeres privadas de la libertad. El consumo problemático de sustancias estupefacientes es un factor determinante en la afectación de la salud de estas mujeres (Uprimny, Martínez, Cruz, Chaparro y Chaparro, 2016, p. 36). Y también ha sido considerado un factor de reincidencia y de reintegración social (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2013, p. 80).

72En la actualidad, los programas del Inpec para la atención y tratamiento de consumo problemático de drogas en las mujeres son casi que inexistentes. Según esta institución, las comunidades terapéuticas que tienen como finalidad el tratamiento de esta problemática dentro de la carcel solo cubren a 30 mujeres en el ámbito nacional (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 2016)57.

73De otra parte, en la fase de posegreso, no existe un programa nacional de desintoxicación para las pospenadas y pospenados. Casa Libertad no cuenta con la infraestructura ni con el apoyo humano idóneo para el tratamiento de esta problemática58.

Insensibilidad social

74La cárcel genera un estigma en quien la padece que hace que la persona se sienta con un menor valor, ya sea porque ha sido desacreditada o potencialmente desacreditable (Goffman, 2010). De ahí que modificar esas percepciones contra las mujeres que ingresaron en la cárcel sea una labor ardua que requiere un constante esfuerzo cultural, social e institucional.

75Según lo analizado en el programa Preparación para la libertad, son incipientes los contactos efectuados por el Inpec para vincular a empresas y organizaciones privadas e instituciones públicas a proyectos educativos y productivos que logren generar sostenibilidad en las mujeres que están próximas a salir en libertad. Resulta paradigmático buscar la reintegración, como fin de la pena, sin la apertura de la cárcel a la familia y a las organizaciones comunitarias y sociales. La insensibilidad y la desidia de ciertos funcionarios del Inpec y de otros funcionarios públicos del sistema penal como jueces, fiscales, etc., que sostienen el sistema, se hace manifiesta; así como la indiferencia de empresarios, docentes, estudiantes y en general de las universidades e institutos de educación superior frente a las mujeres privadas de la libertad.

Conclusiones

• Es difícil lograr la reintegración de las pospenadas cuando el sistema penitenciario carece de un programa de tratamiento penitenciario que permita desarrollar un proyecto de vida desde el momento de llegada de las internas a prisión. Esta situación genera una desarticulación en la aplicación de conceptos, normativas, dinámicas y programas, etc. entre las distintas regionales del Inpec y en el interior de los distintos establecimientos carcelarios.

• De manera específica, la mencionada desarticulación genera una ruptura en el contenido y el alcance del programa Preparación para la libertad entre las dos fases: preegreso y posegreso.

• Sin una mínima inversión presupuestal en el tratamiento penitenciario intramuros y sin inversión en un programa posegreso sostenible, la reintegración de las internas a la sociedad, en la práctica, es imposible.

• Los actuales programas de trabajo y educación en la cárcel reiteran el papel de la mujer de madre, cuidadora y protectora. Es decir, refuerzan los estereotipos patriarcales y obstaculizan la inclusión social de estas mujeres al tiempo que restringen las oportunidades para lograr independencia económica y empoderamiento.

• Existe demasiada insensibilidad en el enfoque de género por parte de los funcionarios que integran el sistema judicial y penitenciario (fiscales, jueces, investigadores, guardias, etc). De manera específica, en prisión, se presenta un desconocimiento de este enfoque por parte de los empleados y la guardia que desarrollan los actuales programas de tratamiento penitenciario (intramuros) y de los que intentan hacerlo en la fase posegreso.

• La insensibilidad de todos los actores sociales (universidades, empresas, organizaciones no gubernamentales, etc.) con relación a las problemáticas de las mujeres privadas de la libertad es enorme. La oferta de programas de trabajo y educación para mujeres provista por el Inpec y el sector privado hoy es insuficiente. Los programas laborales existentes financiados por el sector empresarial son mínimos y es reducido el campo de producción. Es decir, la mayoría de ellos se queda en el sector de la confección. Pero además, tales programas carecen de las garantías mínimas laborales para estas mujeres, que en su mayoría son madres cabeza de familia de escasos recursos económicos.

Algunas recomendaciones

76A continuación, se presentan algunos elementos a tener en cuenta para una política pospenitenciaria con un enfoque de género:

77• Se requiere un compromiso de responsabilidad institucional para la reintegración de mujeres privadas de la libertad por parte de las entidades públicas del orden nacional que articulan y nutren el sistema carcelario (Ministerio de Justicia, Fiscalía General de la Nación, Inpec, jueces, etc.), ya que el Inpec no debe ser la única entidad estatal responsable de la inclusión social de las mujeres privadas de la libertad.

78• En particular, también es necesario que haya una adecuada articulación al interior del Inpec para que el programa de Preparación para la libertad en sus dos fases se implemente a escala nacional, de manera que no exista contradicción entre la normatividad, los conceptos y las prácticas implementadas en los ámbitos central y regional. En tanto, un programa de atención y preparación para la libertad con enfoque de género debe tener identificado y socializado su contenido y sus prioridades para lograr legitimidad en la aplicación por parte de los funcionarios en cada uno de los establecimientos carcelarios de mujeres.

79• También falta una articulación entre el tratamiento penitenciario y el programa Preparación para la libertad. Esta articulación logrará, en general, garantizar la eficacia del tratamiento y, en particular, del programa Preparación para la libertad. El tratamiento debe contemplar, de manera transversal, el enfoque de género desde el ingreso, es decir, que éste se reconozca en todas sus fases (dentro y fuera de prisión) con el fin de lograr la igualdad y evitar la discriminación contra estas mujeres.

80• La inversión presupuestal se hace urgente y necesaria. Se debe aumentar de manera considerable el rubro destinado al tratamiento penitenciario y en especial al programa pospenitenciario en su fase interna y en la externa. Es imposible lograr que este programa cumpla los mínimos objetivos sin un incremento notorio en el presupuesto. Tal inversión, sin duda, impactará en la contratación del recurso humano suficiente e idóneo para la implementación del tratamiento penitenciario con enfoque de género y en la sensibilización del personal existente. La calidad en los funcionarios y su interdisciplinariedad es fundamental para un cambio en las prácticas machistas existentes al interior de la cárcel.

81También, un incremento sustancial del presupuesto permitirá mejorar la infraestructura actual para el desarrollo de las distintas actividades de trabajo, enseñanza, educación y recreación al interior de la cárcel y adquirir una adecuada infraestructura para el programa posegreso, ya que salvo la Regional Central y Viejo Caldas, las demás no cuentan con un espacio propio para la implementación de este programa59.

82Así mismo, un rubro robusto en el programa pospenitenciario contribuirá a la adquisición de un sistema de información adecuado y al manejo del mismo por parte de funcionarios capacitados. Se requiere un sistema de información que sea capaz de identificar el número de internas en el programa mencionado y actualizar las actividades que realizan estas, según su proyecto de vida y la fase a seguir en el sistema progresivo. Este sistema de información permitiría hacer un seguimiento y evaluación del programa y de su impacto en la reintegración.

83• Es necesario que el Inpec, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Salud y protección Social incluyan el problema de consumo de sustancias psicoactivas en la cárcel dentro de la política pública de salud (Uprimny, Martínez, Cruz, Chaparro, y Chaparro, 2016). Esta inclusión permitiría incrementar el número de programas de desintoxicación de sustancias psicoactivas con enfoque de género y fortalecer las actuales comunidades terapéuticas con el fin de cubrir a un mayor número de beneficiarias (Departamento Nacional de Planeación, 2016). Así mismo, permitiría vincular a las instituciones de salud distritales y nacionales en la prevención, atención y tratamiento de consumo de drogas estupefacientes en la cárcel.

84• Sensibilización frente al concepto de género para lograr deconstruir los continuos patriarcales y crear alianzas. Para lograr la deconstrucción de prácticas patriarcales resulta fundamental socializar las vulnerabilidades que soporta la mujer privada de la libertad con los funcionarios del sistema penitenciario y otros actores sociales. Así, por ejemplo, es necesario que el Inpec con el apoyo del Ministerio de Justicia, las alcaldías y las cámaras de comercio, entre otras instituciones, capaciten al sector empresarial sobre las distintas vulnerabilidades que soportan estas mujeres con el fin de que este sector sea un actor en el proceso de reintegración. De esta manera, las empresas pueden implementar programas de responsabilidad social empresarial y vincularse a la actividad laborar en las fases intramural y extramural. Similar situación se debe hacer con las instituciones de educación superior, para que estas se vinculen a proyectos de capacitación a internas o les permitan hacer pasantías, prácticas, etc. La presencia de distintos profesionales (psicólogos, médicos, abogados, administradores etc.) se hace esencial y urgente en la cárcel.

85La sensibilización de todos los actores del sistema penal y carcelario (Fiscalía Policía Nacional, General de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio, Inpec, etc.) y de diversos actores sociales permitirá avanzar en las alianzas con estos, para contar con una mínima base para la reintegración de las mujeres que cumplen o cumplieron pena privativa de la libertad. La independencia económica es un elemento fundamental para la inclusión social, más si esta se hace en otros campos de producción distintos de los considerados “femeninos” y en niveles distintos a los de operarias. Sin duda, se requiere que la ocupación por trabajo se abra a otros campos de la producción, más allá de los concebidos como femeninos. Así mismo, y para fracturar las estructuras patriarcales y los continuos de miseria, resulta necesario que las empresas vinculen laboralmente a las internas bajo patrones de legalidad para que sean objeto de las garantías laborales legales mínimas ofrecidas.

86De otra parte, se nace necesario promover opciones que generen beneficio tributario al sector privado con el propósito de que este invierta en programas de educación y trabajo en las cárceles o vinculen a pospenadas. Así, por ejemplo, el Departamento Nacional de Planeación ha propuesto la emisión de bonos de impacto social para lograr esta finalidad (2016).