Presentación
p. 15-18
Texte intégral
1En los tiempos que corren ningún jurista pone en duda la importancia de las cuestiones relativas al proceso; ya no se piensa en sus normas e instituciones como una parte “adjetiva” con la misión de determinar o calificar la “sustantiva”.
2Los admiradores del derecho romano sabemos que una de las características que lo han hecho un referente intemporal es la manera como sus grandes juristas construyeron las mejores respuestas para los problemas sometidos a su análisis, que se destaca por su vinculación permanente y prioritaria con los acontecimientos de la realidad y con el medio procesal óptimo para llevarlas a la práctica.
3Ahora bien: el carácter central que en la actualidad tiene la protección eficaz de los derechos humanos abrió nuevas inquietudes en el ámbito del proceso y constituye terreno rico para la investigación de los especialistas.
4La obra de Miguel Enrique Rojas Gómez titulada Eficacia de la prueba obtenida mediante irrupción en la intimidad es una magnífica muestra de la nueva tendencia. En ella la regla constitucional de exclusión de la prueba ilícitamente obtenida se somete a muy juicioso análisis en el que la piedra de toque es precisamente el respeto de los derechos humanos contemplados no en el abstracto “firmamento de los conceptos” –expresión del gran Rudolf Von Ihering– sino desde la perspectiva de los protagonistas concretos.
5La primera parte del estudio se dedica a la identificación de la intimidad como objeto de protección jurídica; la segunda, al examen del material probatorio obtenido con invasión de aquélla, para finalizar con una propuesta de interpretación de la regla de exclusión que, en palabras del autor, satisfaga el interés constitucional en la integridad del derecho y evite que redunde en contra del titular de éste cuando se le ha lesionado.
6Al considerar que el amparo de la intimidad descansa fundamentalmente sobre la libertad y el secreto, pone de presente una lección importante de comportamiento personal ya que por una parte subraya el margen amplísimo de autonomía que el derecho debe garantizar a los individuos en su desempeño social, mientras por otra recuerda la responsabilidad que les compete a éstos por las consecuencias de compartir con otros o facilitarles el acceso a aquello que desearían mantener oculto.
7la regla de exclusión de la prueba obtenida con violación del debido proceso tal como aparece en la formulación categórica y abstracta del artículo 29 de nuestra Carta Política se acomoda a nuestra conciencia jurídica y ética; sin embargo, su entendimiento como parte del sistema que conforma el ordenamiento ofrece muchos matices que deben ser tenidos en cuenta para asegurar el imperio de valores y principios basilares, tales como la justicia, la libertad, la protección de las víctimas, la igualdad o la verdad como fundamentos de las sentencias, aunque en relación con este último la ponderación tiene que ser especialmente rigurosa.
8A lo largo de la obra –que, dicho sea de paso, constituye una versión debidamente puesta al día de la tesis doctoral que mereció del jurado la calificación sobresaliente cum laude, máxima nota para este tipo de investigaciones–, Rojas Gómez plantea una serie muy interesante de interrogantes a propósito de los fundamentos y consecuencias de la ya mencionada regla y los va respondiendo con destreza, de manera lógica, práctica y constitucionalmente válida, aprovechando su buena formación como procesalista y docente, así como su espíritu práctico de litigante.
9En su tarea de análisis, el autor distingue las distintas hipótesis en que puede presentarse la relación material probatorio-intimidad, así como las diferentes actuaciones que a propósito de una prueba obtenida mediante violación de ésta interesan al derecho; establece así los contrastes pertinentes, por ejemplo, entre las intervenciones corporales y la irrupción en el domicilio o la interceptación y el registro de las comunicaciones privadas, entre el hallazgo y el uso intraprocesal o extraprocesal del material probatorio obtenido “mediante penetración en la intimidad”, etc.
10Antes de llegar a la exposición de la tesis central, Rojas Gómez va sentando conclusiones parciales de gran interés; valgan como botón de muestra sus argumentos para sostener que el conocimiento por los extraños sobre aspectos que una persona considera íntimos, en virtud de la difusión del material probatorio obtenido mediante irrupción ilegitima en la intimidad, no disminuye o desaparece porque ese material se excluya de la apreciación judicial que en alguna medida puede disuadir al infractor de aducirlo en el proceso, pero no de infringir el régimen de protección de la intimidad.
11El autor defiende, con argumentos sólidos, que la inexistencia o la nulidad de pleno derecho de las pruebas obtenidas mediante violación del régimen de protección del derecho a la intimidad o la “inutilización” propuesta por la doctrina italiana pueden entrar en contradicción tanto con la libertad de los individuos y el consiguiente poder de disposición de éstos sobre su intimidad como con el interés de la víctima de la intromisión en demostrar con aquellos elementos su posición, su calidad o sus derechos. Para superarla, Rojas Gómez propone encarar el problema sobre la base de la inoponibilidad.
12Muy seguramente algunos contradictores harán oír sus voces porque el tema es polémico, como todos los que tocan puntos sensibles de un sistema democrático basado en el respeto de los derechos fundamentales, porque la sanción de nulidad está prevista en la misma Constitución y porque el autor desarrolla su argumentación con la creatividad y la audacia que le son características, sin concesiones a lo establecido por el mero hecho de estar respaldado por criterios de autoridad o potestad.
13El lector encontrará en el contenido del libro, así como en el lenguaje conciso y claro que el autor emplea, materiales para enriquecer sus conocimientos jurídicos y horas de lectura agradables y útiles.
14Algunos editores consideran que identificar un libro como la versión final de una tesis doctoral le resta valor intelectual y dificulta su comercialización; esto puede ser cierto cuando se trata de un escritor primerizo y desconocido en el ámbito de su especialidad profesional y académica, pero este no es el caso de Miguel Enrique Rojas Gómez, quien ha publicado varias obras muy apreciadas por los juristas, se desempeña como profesor de las más prestigiosas facultades de Derecho de Bogotá, es miembro del instituto Colombiano de Derecho Procesal y del instituto iberoamericano de Derecho Procesal, y forma parte de la Comisión Redactora del Código General del Proceso.
15Al final, me complace poner en la presentación de los libros un detalle personal distinto del meramente académico; en ésta, destaco al autor como un profesor a la vez profundo y sencillo, austero, disciplinado, en extremo gentil, amante de su tierra y de los suyos y de las universidades en las que despliega su labor docente.
Auteur
Directora del Departamento de Derecho Romano Universidad Externado de Colombia
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