INTRODUCCIÓN

1La necesidad de una política criminal racional surge de la vulneración del principio de ultima ratio en el derecho penal, en el que las sociedades contemporáneas se caracterizan más bien por darle un carácter de prima ratio (Carnevali, 2008). Con frecuencia se encuentra una excesiva criminalización que a su vez se traduce en otros problemas causados por la saturación del sistema de justicia, como la sobrepoblación penitenciaria, la lentitud en la impartición de justicia, la ineficacia de las defensorías públicas y, en general, una demanda cada vez mayor de recursos públicos para sostener un sistema de justicia que siempre es rebasado por las necesidades de la sociedad.

2En el contexto mexicano, la oportunidad para definir una política criminal racional surge tras la reforma al sistema de justicia penal, el cual a partir de 2008 se constituía como un sistema acusatorio y oral en el cual se incorporaban innovaciones institucionales para reducir la carga de trabajo de las procuradurías, tales como los medios alternos de solución de controversias, la aplicación de criterios de oportunidad de parte del ministerio público, la suspensión del procedimiento a prueba del imputado y el procedimiento abreviado, entre otras. Ante dichas innovaciones institucionales que inducen un proceso penal con múltiples etapas sucesivas, con posibilidad de salidas alternas en cada una de ellas, las procuradurías deben decir hasta qué etapa del proceso penal deberá llevarse un caso de determinado delito y cuándo es conveniente utilizar las salidas alternas que proponen ahora los ordenamientos procesales penales.

3Esta nueva lógica en la toma de decisiones se ve imposibilitada por cierta incapacidad de las instituciones de procuración de justicia, acostumbradas a una política criminal reactiva y carente de continuidad (Lima, 2011), guiada más bien por las tendencias circunstanciales y elementos poco racionales (Torres, 2014). Lo anterior exige buscar directrices auxiliares para quienes toman decisiones, apoyadas en criterios objetivos que promuevan una política “estable, coherente y consistente frente al delito, frente a la pena y frente al tratamiento del delincuente o de la persona procesada” (Gómez, 2013, s. d.).

4El criterio racional instrumental de toma de decisiones que se propone en este trabajo es económico y sigue una sencilla lógica de eficiencia: un delito debe ser procesado hasta la etapa en la cual el costo social sea mayor que el costo de la etapa procesal o igual a este2 . Sin embargo, esta simple premisa genera otros retos, como la definición y estimación del costo social de los delitos, además de la incorporación de elementos jurídicos que procuren proteger las directrices propuestas de las críticas comunes en cualquier análisis económico del derecho, como la afirmación de que este tipo de análisis genera políticas utilitaristas. Ante esto, es pertinente aclarar que la propuesta que se realiza en este capítulo solo constituye una herramienta más para auxiliar la toma de decisiones en política criminal, sin la intención de situar la eficiencia económica por encima de la supremacía de la justicia como valor social, y obedece al reconocimiento de la política criminal como una de las medidas que atienden fenómenos multifactoriales y no exclusivos de las leyes, y que por tanto requiere propuestas integrales provenientes de distintas disciplinas complementarias al Derecho.

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

5Con la lógica del nuevo sistema de justicia penal en México, el proceso penal se compone de tres etapas: 1) etapa de investigación, 2) etapa intermedia y 3) etapa de juicio. Estas, a su vez, se pueden subdividir en otras etapas, que a su vez se dividen en diversas audiencias requeridas en el proceso. El cuadro 1 muestra el procedimiento penal ordinario descrito en el Código Nacional de Procedimientos Penales en México (cnpp).

6Sin embargo, el código citado refiere también algunas soluciones alternas y formas de terminación anticipada, como los acuerdos reparatorios, que proceden hasta antes de la apertura de juicio; la suspensión condicional del proceso, que va hasta antes de decretarse el auto de apertura de juicio, pero a partir de la vinculación al proceso; el procedimiento abreviado, que se extiende durante la etapa de juicio y hasta antes de emitir la sentencia; y la aplicación de criterios de oportunidad, procedentes en cualquier momento previo a la apertura del juicio. Otras opciones posibles de tratamiento a la causa penal son el no ejercicio de la acción penal, la facultad de abstenerse de investigar o el recurso administrativo del archivo temporal.

7A pesar de que el Código Nacional de Procedimientos Penales en México establece ciertos criterios de procedencia para estas soluciones alternas o de terminación anticipada3, las procuradurías siguen contando con discrecionalidad significativa para aplicarlas a determinados casos o delitos4. Esto le significa la oportunidad de contrarrestar la criminalización excesiva plasmada en el Código Penal — criminalización primaria — mediante mecanismos procesales — criminalización secundaria —, donde se ve obligado a realizar una actividad selectiva respecto a los delitos que ha de perseguir, los imputados que se han de investigar y las víctimas que hay que proteger (Zaffaroni, Alagia y Slokar, 2002), lo cual pudiera traducirse en una reducción de la saturación del sistema de justicia y la posibilidad de mejorar la calidad de los servicios prestados.

8El problema concreto en esta toma de decisiones es ¿qué criterios utilizar para definir las directrices generales de la política criminal de las procuradurías y las decisiones particulares sobre las soluciones alternas o de terminación anticipada?

II. OBJETIVOS

9El objetivo general consiste en diseñar una propuesta metodológica orientada a definir directrices de política criminal que les permitan a las procuradurías de justicia atender su incidencia delictiva de manera racional, buscando el uso eficiente de los recursos disponibles. Para esto será necesario contrastar la gravedad de los delitos, no en función de lo que indica el Código Penal, sino de las repercusiones reales que le genera a la sociedad5 y los costos presupuestales que les supone a las procuradurías cada etapa del proceso penal. Sin embargo, estos cálculos no deben estar completamente desvinculados de las sanciones establecidas en las leyes, en la medida en que el Código Penal contiene las valoraciones de los bienes jurídicos tutelados en una determinada sociedad.

10Por consiguiente, se pueden establecer los siguientes objetivos específicos para esta investigación:

1. Especificar métodos de estimación del costo social del delito, mediante componentes observables, medibles o aproximables.

2. Incorporar en este indicador la valoración de los bienes jurídicos tutelados.

3. Definir jerarquías que orienten la actividad selectiva de la criminalización secundaria, apoyadas en los costos sociales calculados para los delitos.

4. Proporcionar directrices claras y concretas para definir una política criminal racional.

III. METODOLOGÍA

11La ruta para alcanzar los objetivos propuestos seguirá una lógica que va de lo general a lo particular, partiendo siempre de una premisa que capture el razonamiento central del fenómeno sobre el cual se desea construir el indicador y que por lo general implica alguna necesidad de información, para luego generar una propuesta que le dé cobertura a dicha necesidad; se definirá también el nombre del indicador, sus unidades y la nomenclatura que se utilizará para denotarlos; después se definirán sus componentes y la construcción de su fórmula, para por último describir su lectura.

12La construcción de los indicadores requeridos utilizará una metodología de contabilidad de costos simple, seguida por ejemplo en Aboal, Campanella y Lanzilotta (2013), Mayorca (2010) y Silva (2000). Como instrumentos de cálculo, se recurre sobre todo a la media aritmética (simple y ponderada), mientras que la definición de jerarquías se auxilia del lenguaje básico de teoría de conjuntos6.

IV. MARCO TEÓRICO

13Los indicadores utilizados en el análisis criminológico suelen consistir en la incidencia delictiva, medida con la frecuencia del delito en determinado período, o bien con la incidencia por cada tantos habitantes. Pero como indica Silva (2000, pp. 23-24), la incidencia delictiva se compone de conductas de índole, gravedad y efectos diversos, por lo que la comparación numérica se enfrenta al inconveniente de no estar en unidades de medida equivalentes7, pudiendo sortear este problema asignando “como unidad de equivalencia, el valor monetario de los costos que representa para la sociedad la ocurrencia de cada uno de estos delitos”.

14Para efectos prácticos, podemos definir el costo social del delito como la “pérdida de bienestar que sufren las víctimas y la sociedad, como consecuencia de la actividad criminal, y que son susceptibles de ser valoradas económicamente”, distinguiendo entre aquellos costos que se generan: 1) con anticipación al delito, 2) como consecuencia y 3) en respuesta a él (Olavarría y Contreras, 2005, p. 21). Justamente por su naturaleza conmensurable, contabilizar el costo del crimen se vuelve relevante ya que, como afirman Corbacho y Scartascini (2013), “es un primer paso para informar al debate de política pública y proveer herramientas para un análisis sistemático del costo-efectividad de las políticas de seguridad ciudadana promovidas por los gobiernos”.

15Existen diversas aproximaciones metodológicas para calcular el costo social del delito, entre las que destacan tres por su presencia en la literatura. Por un lado se encuentra el método de valoración contingente, que mediante encuestas determina lo que los individuos estarían dispuestos a pagar para evitar sufrir un delito, o por contar con un mayor nivel de seguridad. Las estimaciones de precios hedónicos, en cambio, capturan el costo de la criminalidad en el diferencial del precio de las viviendas en zonas de alta criminalidad respecto a las de baja criminalidad. Y por último, la contabilidad de costos simple, que recurre a la valoración de las pérdidas y daños físicos que provoca la ocurrencia de un delito (Olavarría y Contreras, 2005). Otros métodos menos frecuentes son las estimaciones econométricas, tanto de sección cruzada como de datos panel, para aproximar ciertos costos intangibles, como por ejemplo el efecto de la criminalidad sobre el crecimiento económico en determinada región, o sobre la salud de generaciones futuras.

16Se pueden encontrar aplicaciones de los métodos anteriormente descritos en la literatura reciente. Por ejemplo, en el estudio de Aboal et al (2013) se utiliza una metodología de contabilidad de costos simple que toma en cuenta los costos generados por el delito tanto en víctimas como en delincuentes, entre los que se encuentran: costos anticipados al delito — costo por seguridad privada, costos administrativos para empresas aseguradoras y gasto público en seguridad y prevención —; costos consecuencia del crimen — propiedad robada, costo de oportunidad de la prisión, homicidios y costos intangibles por violencia de otros delitos — y costos en respuesta al crimen — gasto público en justicia, prisión y rehabilitación y gastos privados en asistencia legal —. Los resultados de este estudio, aplicado al Uruguay, indican que el costo del crimen en dicho país asciende al 3% del producto interno bruto (pib). Utilizando también esta metodología de contabilidad de costos simple, Mayorca (2010) realiza las mediciones del costo económico del homicidio, secuestro, robo de vehículos y robos al transporte público en Venezuela.

17Por el lado de la metodología econométrica, Agüero (2013) estudia el efecto de la violencia doméstica contra la mujer sobre diversos aspectos de la salud de sus hijos, aproximando estos costos intangibles de un delito en particular por medio de regresiones con datos panel provenientes de encuestas de salud en hogares, y encuentra que hijos de mujeres que sufrieron violencia doméstica tienden a pesar menos, no recibir sus vacunas y enfermar más. Por otro lado, Koppensteiner y Manacorda (2013) también atienden costos intangibles de la violencia, medida con la tasa de homicidios, sobre el bienestar de recién nacidos, utilizando como indicador el bajo peso al nacer mediante regresiones con datos panel provenientes de microdatos referentes a certificados de nacimiento y de fallecimiento. Sus hallazgos muestran que mujeres embarazadas que vivieron en vecindarios con altas tasas de homicidios durante su primer trimestre de embarazo tienen mayor probabilidad de tener a su hijo con bajo peso al nacer. El trabajo de Robles, Calderón y Magaloni (2013) analiza el efecto de la violencia, representada en homicidios, sobre ciertas variables económicas como empleo, producción e ingreso, utilizando regresiones con variables instrumentales. Demuestran que un incremento en la tasa de homicidios repercute de forma negativa en el empleo y el consumo, entre otras variables de la actividad económica.

18Un ejemplo de aplicación de la metodología de precios hedónicos se puede encontrar en Vetter, Beltrão y Massena (2013), que analizan el efecto de la sensación de seguridad de la población sobre el valor de propiedades residenciales en áreas metropolitanas del Brasil, utilizando regresiones lineales simples con datos obtenidos de encuestas de victimización en hogares. Sus resultados muestran que un aumento en la sensación de seguridad de los habitantes puede incrementar el valor promedio de propiedades residenciales en 750 dólares.

19Sin embargo, de estos antecedentes encontrados en la literatura se identifican las siguientes áreas de oportunidad, en lo que refiere a la aplicación de metodologías para calcular el costo social del delito:

1. Las conclusiones de este tipo de estudios, no obstante interesantes, son solo descriptivas y tienen poca o nula aplicación en función de toma de decisiones de política criminal.

2. La extensión del análisis implica la necesidad de recursos financieros considerables — por ejemplo, para el desarrollo de encuestas —, además de prolongados períodos, lo que impide utilizar los resultados para definir una política criminal que debe adecuarse de manera constante a la realidad cambiante de la incidencia delictiva en una sociedad.

3. En ocasiones, los resultados de estos estudios concluyen en aseveraciones evidentes o al menos derivables del sentido común, sin necesidad de realizar sofisticadas regresiones.

4. Ninguno de estos estudios atiende el problema de la comparabilidad entre delitos. Mayorca (2010) nos refiere cómo aquellos análisis que se apoyan en cálculos que igualan todos los delitos — es decir, se les da el mismo tratamiento — no son válidos por ignorar las particularidades de la naturaleza de cada tipo delictivo.

20Considerando lo anterior, se reconoce la necesidad de adecuar nuestra propuesta metodológica a las necesidades de quienes toman decisiones de política criminal; como afirma Torres (2014), un diseño metodológico no debe hacerse de manera abstracta, sino irse enriqueciendo del problema particular que se ha de resolver. Otro punto importante es procurar que los indicadores por construir se alimenten sobre todo de información disponible en los registros administrativos de las entidades de procuración de justicia o de las variables de las encuestas de victimización que se levantan ya en el país. Y por último, se deberá enfrentar el reto del problema de comparabilidad de los delitos; en este aspecto, una posibilidad es crear un ponderador que se apoye en la percepción ciudadana de los delitos, otorgándoles más peso a aquellas conductas que el ciudadano perciba que lesionan más el bienestar social; otra alternativa, que es la que se adopta en esta propuesta, es la de crear un ponderador que se fundamente en la valoración del bien jurídico tutelado, y que se puede aproximar mediante las sanciones establecidas en el Código Penal.

V. RESULTADOS

21El indicador de partida en esta propuesta metodológica es el costo social del delito, construido a partir del método de contabilidad de costos simple y atendiendo solo a aquellos costos generados como consecuencia del delito8. El costo social del delito representa la magnitud de la lesión que un delito le provoca al interés público, en términos monetarios, y que a su vez se construye con cuatro componentes9: el costo patrimonial del delito, el costo en salud, el costo en productividad y el costo por traslado.

22El costo social del delito, sin embargo, se enfrenta a la desventaja de que no considera la valoración del bien jurídico tutelado, por lo que el valor de una unidad monetaria tiene el mismo peso para todos los delitos, provocando un sesgo en la interpretación. Para corregir esta desventaja se plantea un ponderador jurídico que permita calcular un costo social ponderado, en el que dicho ponderador parte de la valuación monetaria del bien jurídico tutelado en cada delito, construida en función de la sanción indicada en un código penal determinado.

23Además del cálculo del costo social de un delito, se proponen indicadores que capturan el costo en el que incurren las entidades de procuración de justicia en diversas etapas del proceso de toma de decisiones, con el fin de contrastar estos indicadores con el costo social de un delito y definir si en un caso en particular excede o no el costo de determinada etapa.

24A continuación se presentan al detalle los indicadores propuestos, siguiendo la siguiente lógica en la exposición: se parte de una premisa que contiene el razonamiento central del fenómeno sobre el cual se desea construir el indicador, y que por lo general implica alguna necesidad de información, para luego generar una propuesta que le da cobertura a dicha necesidad; a continuación se define el nombre del indicador, sus unidades y la nomenclatura que se utilizará para distinguirlos e interpretarlos; después se definen sus componentes y la construcción de su fórmula, para describir por último la lectura de esta.

A. Costo social del delito

25Se parte de la premisa de que las entidades de procuración de justicia deben priorizar la asignación de recursos hacia aquellos delitos que le ocasionen una mayor lesión al interés público. Por tanto, se propone cuantificar la magnitud de la lesión que le causa determinado delito al interés público, en términos monetarios corrientes, en función de ciertos componentes observables, medibles o aproximables. Sea entonces el indicador costo social del delito i, medido en unidades monetarias corrientes y denotado por C_i, compuesto del costo patrimonial del delito C(M)_i, costo en salud del delito C(S)_i, costo en productividad del delito C(P)_i y costo por traslado del delito C(T)_i. Este costo social del delito es su costo patrimonial más su costo en salud, más su costo en productividad, más su costo por traslado, tal que:

26C_i = C(M)_i + C(S)_i + C(P)_i + C(T)_i (1)

27Se puede afirmar que, en términos generales, a mayores costos patrimoniales, en salud, en productividad y por traslado, mayor será la lesión al interés público de un delito determinado y por tanto mayor su costo social.

1. Costo patrimonial

28Es un componente de la lesión al interés público ocasionada por el delito, y consiste en los bienes patrimoniales sustraídos o dañados en su comisión. Entonces, se propone contabilizar y promediar el valor de mercado de los bienes patrimoniales sustraídos o dañados en la comisión del delito. Sea entonces el indicador costo patrimonial del delito i, medido en unidades monetarias corrientes y denotado por C(M)_i, compuesto del valor de mercado de los h bienes patrimoniales [M_h]10 y la incidencia del delito [N_i]. Este costo patrimonial del delito es el promedio del valor de mercado de los h bienes patrimoniales involucrados en la incidencia de dicho delito, tal que:

29Se puede afirmar que a mayor valor de mercado de los bienes sustraídos o dañados en los casos de determinado delito, mayor será el promedio en su incidencia delictiva total y, por consiguiente, mayor su costo patrimonial.

2. Costo en salud

30Otro componente de la lesión al interés público ocasionada por el delito son los costos en salud provocados a sus víctimas, derivados de lesiones físicas o psicológicas. Se propone contabilizar y generar un promedio ponderado del costo en salud causado por el delito en función del tipo de violencia utilizada para su comisión. Sea entonces el indicador costo en salud del delito i, medido en unidades monetarias corrientes y denotado por C(S)_i, compuesto del costo en salud promedio causado por delitos con violencia tipo k[C(V_k), frecuencia absoluta de violencia tipo k en el delito i[F(V_k)_i] e incidencia del delito i[N_j]. El costo en salud del delito es el promedio ponderado de los costos en salud por violencia tipo k, tal que:

31Al menos en las estadísticas de procuración de justicia en México, por ejemplo, se distinguen tres tipos de violencia, en función de los medios utilizados para infligirla: violencia por arma de fuego, por arma blanca o por objeto contundente/fuerza física. Los costos asociados a cada uno de estos tipos de violencia pueden calcularse con datos de las encuestas de victimización; en el caso mexicano, por ejemplo, los gastos en salud promedio encontrados en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (envipe) 2012 son de $6.441 para violenciacon arma de fuego, $3.196 para violencia con arma blanca y $2.877 para violencia con fuerza física/objeto contundente11.

3. Costo en productividad

32Otro componente de la lesión al interés público ocasionada por el delito es la pérdida de productividad con ingresos potenciales tanto del imputado como de la víctima, causada por el desahogo del proceso penal o por fallecimiento imputable al delito. Se propone contabilizar el ingreso potencial no logrado, a causa de la comisión del delito. Sea entonces el indicador costo en productividad del delito i, medido en unidades monetarias corrientes y denotado por C(P)_i, compuesto del tiempo de integración de averiguación previa o carpeta de investigación en el delito [d_i], valor de cuota []12, edad promedio de fallecimiento imputable al delito [D₀], esperanza de vida promedio en la entidad o región [D₁]13 e incidencia del delito [N_j]. El costo en productividad del delito es el producto del valor de una cuota por el tiempo promedio de integración de la averiguación previa o carpeta de investigación, más la distancia temporal entre la edad promedio de fallecimiento imputable al delito y la esperanza de vida promedio, tal que:

33Este indicador, en resumen, imputa un salario mínimo a cada día de vida no laborado, bien sea por la pérdida de la vida a causa del delito, o bien por acudir a desahogar diligencias en el transcurso del proceso penal, suponiendo que cada día procesal es un día no laborado, tanto para la víctima como para el acusado. Este supuesto se apoya en una potencial medida cautelar que imposibilite al acusado, o bien por la simple responsabilidad de las partes de acudir a las audiencias requeridas por la autoridad. La intención de utilizar valores cuota en vez de ingreso per cápita, como lo hacen otros estudios de contabilidad de costos simple, es considerar los valores monetarios que especifica el ordenamiento jurídico, además de evitar una inflación de los costos sociales del delito que pueda provocar que al momento de compararlo con los costos de las etapas procesales nos lleve a la conclusión de que “todo es importante” y por tanto ningún delito es susceptible de salidas alternas. En todo caso, es un supuesto estricto que afecta a todos los delitos por igual, quedando solo en función de la tardanza procesal y de la edad de los fallecidos en los delitos.

4. Costo por traslado

34Otro componente de la lesión al interés público ocasionada por el delito es el costo por traslados en que incurren las partes a causa de las citaciones requeridas en el procedimiento penal. Se propone contabilizar el costo promedio por traslados, generado por las citaciones requeridas a los involucrados en el procedimiento penal iniciado a causa del delito. Sea entonces el indicador costo por traslado del delito i, medido en unidades monetarias corrientes y denotado por C(T)_i, compuesto del número de citaciones promedio requeridas en el delito [A_i], número de involucrados promedio en el delito [B_i], precio promedio anual de litro de gasolina [Ḡ] y factor de traslado por ciudad l[ϕ_l]14. El costo por traslado del delito es el producto de las citaciones promedio requeridas por el número de involucrados promedio, por el precio promedio anual de litro de gasolina, por el factor de traslado por ciudad, tal que:

35C(T)_i = (A_i) (B_i) (Ḡ) (ϕ_l) (5)

36En este componente en particular tenemos un mayor costo social del delito, en la medida en que aumenta el número de citaciones requeridas para las partes en un proceso penal, o bien por un mayor tamaño del área urbana relevante.

B. Valuación monetaria del bien jurídico tutelado

37Partiendo de la premisa de que la lesión al interés público ocasionada por el delito cuenta con una valoración a priori asentada en los códigos penales en función del bien jurídico tutelado en el delito y observable por medio de la pena, se propone expresar la valoración jurídica del bien jurídico tutelado en términos monetarios. Sea entonces el indicador valuación monetaria del bien jurídico tutelado en el delito i, medido en unidades monetarias corrientes y denotado por J_i, compuesto de la pena máxima del delito [max(Q_i)], la pena mínima del delito [min(Q_i)] y el valor de cuota []. La valuación monetaria del bien jurídico tutelado en el delito es el promedio entre la pena máxima y mínima a valor de una cuota diaria, tal que:

38Este valuador jurídico aumenta de valor en determinado delito en la medida en que el Código Penal lo considera más grave, bajo el supuesto de que las penas establecidas en él reflejan la valoración social del bien jurídico tutelado en dicha tipificación.

C. Ponderador jurídico

39Dado que la valuación monetaria del bien jurídico tutelado en cierto delito cuenta con una posición relativa respecto a todos los demás, lo cual refleja su jerarquía jurídica, se propone expresar la posición relativa de estas valuaciones monetarias de los bienes jurídicos en términos porcentuales, respecto a la valuación monetaria máxima observada a lo largo de todos los delitos. Sea entonces el indicador ponderador jurídico del delito i expresado en unidades porcentuales en formato decimal y denotado por ρ_i, compuesto de la valuación monetaria del bien jurídico tutelado en el delito [J_i], y la valuación monetaria del bien jurídico tutelado máxima [max(J)]. El ponderador jurídico de cierto delito es el cociente de la valuación monetaria de su bien jurídico tutelado entre la valuación monetaria máxima, tal que:

40En este caso, el ponderador toma el valor de 1 para el delito más grave en el ordenamiento penal15, y va deflactando las valuaciones monetarias de los demás delitos conforme son menos graves de acuerdo con las penas establecidas.

D. Costo social ponderado

41El costo social del delito es un indicador construido mediante componentes observables, medibles o aproximables que se expresan en unidades monetarias corrientes. Sin embargo, su cálculo no incorpora la valoración del bien jurídico tutelado, de tal manera que las unidades monetarias son equivalentes a lo largo de todos los delitos, provocando un sesgo de interpretación por comparabilidad. Se propone ponderar jurídicamente el costo social del delito, tal que se corrija el sesgo de unidades monetarias equivalentes. Sea entonces el indicador costo social ponderado del delito i, medido en unidades monetarias ponderadas y denotado por γ_i, compuesto del costo social del delito y su ponderador jurídico. El costo social ponderado del delito es el producto del costo social por el ponderador jurídico, tal que:

42γ_i = (C_i)(ρ_i) (8)

43Nótese que ahora este indicador ya no es interpretable en términos monetarios, sino que solo cumple con la función de priorizar en función de un costo jurídico-económico. Es decir, al ponderar el costo social de los delitos, las unidades monetarias de los menos graves pierden fuerza, y en la medida en que se acercan en gravedad al delito con la valuación máxima, las unidades monetarias van adquiriendo más valor para la priorización.

E. Costo de las etapas

44Se parte de la premisa de que el proceso de procuración de justicia se compone de ciertas etapas sucesivas, las cuales requieren recursos para su correcta operación. Se propone cuantificar el costo de cada una de estas etapas por medio de los recursos presupuestales ejercidos por los departamentos involucrados en ellas. Sea entonces el indicador costo promedio de la etapa n, expresado en unidades monetarias corrientes y denotado por C(E_n), compuesto de los recursos presupuestales ejercidos por el departamento q[H_q], y el en la número de casos etapa n[F(n)]. El costo promedio de cada etapa equivale al monto total de recursos presupuestales ejercidos por los departamentos involucrados dividido entre el número de casos procesados en dicha etapa, tal que:

45Así, por ejemplo, se puede encontrar el costo de registrar una denuncia o querella sumando los recursos presupuestales anuales devengados por los departamentos administrativos involucrados en dicha tarea y dividiéndolos entre el número de denuncias registradas al año. Con esta lógica, se hace el supuesto de que el costo de registrar una denuncia o querella para el delito de lesiones es el mismo que para el delito de homicidio, por ejemplo. Esto no es motivo de controversia al hablar de una denuncia, pero sí pudiera cuestionarse al hablar de otras etapas procesales como la de investigación, ya que algunos delitos se alejarán del promedio por ciertos requerimientos periciales específicosy más costosos.

F. Jerarquías

46Para que los indicadores propuestos se conviertan en una herramienta auxiliar al tomar decisiones y definir la política criminal, se deben traducir en productos que describan el fenómeno delictivo de una manera precisa y a su vez en un formato comprensible para quienes toman decisiones. El primer producto derivable de los indicadores construidos en la sección anterior es la jerarquización de los delitos en función de su costo social ponderado.

47Esta jerarquización permitirá, en primera instancia, dar a conocer a quienes toman decisiones los delitos que lesionan en mayor medida el interés público, pudiendo distinguir delitos de alto costo social, medio costo social, bajo costo social y muy bajo costo social. En la medida en que se conozca esta distinción, las entidades del sector público involucradas podrán canalizar sus esfuerzos a aquellos delitos que le generen un mayor costo a la sociedad, dándoles prioridad por encima de los que ocasionen un costo menor16.

48A pesar de que se cuenta con un costo social ponderado para cada delito, se debe reconocer que la jerarquización que se apoya en este indicador podría ser limitada al momento de evaluar un caso en particular, por lo que se propone también una jerarquización de casos, la cual les permitirá a quienes toman decisiones considerar el costo social y el costo social ponderado para auxiliarse en la selección de las salidas alternas o bien en la continuación del caso hasta llevarlo a etapas avanzadas del proceso penal.

1. Jerarquización de los delitos

49El costo social ponderado cuantifica la magnitud de la lesión que le causa un delito al interés público, en función del costo patrimonial, el costo en salud, el costo en productividad y el costo en transporte, además de incorporar la valoración del bien jurídico tutelado en cada delito. Se propone definir una jerarquización de delitos en función del costo social ponderado, que permita distinguir entre delitos de alto (4), medio (3), bajo (2) y muy bajo (1) costo social. Sea entonces la jerarquía del delito i expresada en unidades categóricas y denotada por δ_i, compuesta del costo social ponderado [γ_i]. La jerarquía del delito es igual a 1 si su costo social ponderado pertenece al primer cuartil — es decir, el 25% de los delitos situados en la parte más baja al ordenarlos de manera descendente —; es igual a 2 si su costo social ponderado pertenece al segundo cuartil — del 25% al 50% —; igual a 3 si su costo social ponderado pertenece al tercer cuartil — entre el 50% y el 75% —; y la jerarquía es igual a 4 si su costo social ponderado pertenece al último cuartil — del 75% al 100%, es decir, los delitos con mayor costo social ponderado —, tal que:

50Esta jerarquización divide en cuatro partes al catálogo de delitos perseguidos por la autoridad, indicándole cuáles son los de mayor prioridad, seguidos de los de costo medio, costo bajo y muy bajo, teniendo ahora el que toma decisiones en esta jerarquización una herramienta valiosa para discriminar la asignación de recursos de prevención e investigación a aquellos delitos que mayor daño le causan a la sociedad, en términos económicos ajustados porlo jurídico.

2. Jerarquización de casos

51El costo social y el costo social ponderado representan indicadores de referencia que permiten cuantificar la magnitud de la lesión al interés público ocasionada por el delito. Sin embargo, los casos individuales en cada delito podrán haber ocasionado una lesión de mayor o menor magnitud. Se propone definir un criterio de jerarquización de casos para todo delito en función de su costo social y costo social ponderado, para que reciban un tratamiento diferenciado si así lo disponen quienes toman las decisiones. Sea entonces la jerarquía del caso j en el delito i expresada en unidades categóricas y denotada por Rⁱ_j, compuesta del costo social [C_i], el costo social ponderado [γ_i] y la jerarquía del delito [δ_i]. La jerarquía de un caso j en el delito i es X₁ si el costo social del caso j en el delito i es menor o igual al costo social ponderado del delito i; la jerarquía de un caso j en el delito i es X₂ si el costo social del caso j en el delito i es mayor que el costo social ponderado del delito i pero menor o igual al costo social del delito i; la jerarquía de un caso j en el delito i es X₃ si el costo social del caso j en el delito i es mayor que el costo social del delito i, tal que:

52Para ejemplificar la lectura de esta jerarquía, supongamos que estamos analizando un caso de robo simple. Los cálculos de los indicadores propuestos podrían arrojar un costo social de este delito de $1.000 pero un costo social ponderado de $700. Si llegara un caso de robo simple en el que el monto de lo robado fuera de $400, este se clasificaría como X₁. En cambio, si tuviéramos un caso de robo simple por $900, este se clasificaría como X₂. Y por último, si tuviéramos un caso de robo simple por $3.000, este se clasificaría como X₃. Estas jerarquías para casos individuales utilizan los dos indicadores de costos sociales calculados — el simple y el ponderado — para definir fronteras de actuación racionales que le permiten a quien toma decisiones establecer reglas simples para su discrecionalidad17.

VI. CONCLUSIONES

53El objeto final de construir los indicadores y jerarquías propuestos es definir las directrices auxiliares en la determinación de la política criminal y en la toma de decisiones selectiva propia de la criminalización secundaria. Estas directrices deben constituir reglas claras y precisas de decisión que les permitan a las entidades que procuran justicia definir hasta qué etapa del proceso de procuración de justicia es conveniente llevar cierto delito en general o en determinado caso.

54Además, estas directrices deben distinguir entre los distintos tipos de delitos que deben perseguir tales entidades, debiendo diferenciar el tratamiento hacia los delitos patrimoniales y los no patrimoniales, con detenido y sin detenido, o bien entre los delitos culposos y dolosos.

A. Directriz auxiliar general

55Se parte de la premisa de que las entidades de procuración de justicia tienen la potestad para decidir hasta qué etapa del proceso penal llega determinado caso. Sin embargo, tal decisión suele tomarse de manera intuitiva, sin considerar de forma directa la magnitud de la lesión al interés público ni el costo de las etapas del proceso de procuración de justicia. Se propone una directriz auxiliar que señale, de manera general, hasta qué etapa de tal proceso es conveniente llevar cierto delito, en función de la comparación entre el costo social ponderado del delito y el costo de cada etapa. Es decir, indicar en qué etapa del proceso de procuración de justicia es conveniente recurrir a salidas alternas.

56Directriz auxiliar general: Sea E_n el conjunto de n etapas sucesivas del proceso de procuración de justicia, el cual se caracteriza por tener costos C(E_n), crecientes conforme se avanza en el proceso18, y S_n el conjunto de las salidas alternas disponibles en cada n etapa, con costos constantes y siempre menores que el costo de la etapa19.

• El delito i debe avanzar hasta la etapa E_n sí y solo si γi > C(E_n)

• Si γ_i ≤ C(E_n), el delito i debe desahogarse en S_n-1

57Es decir, un delito entra a una fase del proceso penal solo si su costo social ponderado es mayor que el costo promedio de la etapa procesal. Así, por ejemplo, si el delito de difamación tiene un costo social ponderado de $100, y realizar una investigación preliminar tiene un costo presupuestal de $2.000, no tiene sentido económico que transite por esa etapa. Ante esta situación, el delito debe desahogarse en la salida alterna disponible en la fase del proceso penal inmediata anterior a la investigación preliminar, por lo que tal vez en el registro de la querella se deban aplicar criterios de oportunidad o enviarse al archivo temporal20.

B. Directriz auxiliar en delitos patrimoniales

58Las entidades de procuración de justicia tienen la capacidad de brindarles un tratamiento diferenciado a los diversos casos de delitos patrimoniales, enfrentando una toma de decisiones sobre hasta qué etapa del procedimiento vale la pena llevar determinado caso, o bien qué tipo de salida alterna utilizar para darle resolución, dependiendo de las características particulares del caso. Se propone una directriz auxiliar específica para delitos patrimoniales, según si se cuenta con detenido o no, utilizando la jerarquía del caso.

59Directriz auxiliar en delitos patrimoniales: Sea E_n el conjunto de n etapas sucesivas del proceso de procuración de justicia, el cual se caracteriza por tener costos crecientes conforme se avanza en él, y S_n el conjunto de las salidas alternas disponibles en cada n etapa, con costos constantes y siempre menores que el costo de la etapa.

• Si el imputado es desconocido21:

• Un caso j del delito i se desahoga en S_n(1/3) si Rⁱ_j = X₁

• Un caso j del delito i se desahoga en S_n(2/3) si Rⁱ_j = X₂

• Un caso j del delito i se desahoga en E_n(1/3) si Rⁱ_j = X₃

• Si el imputado es conocido22:

• Un caso j del delito i e desahoga en S_n(2/3) si Rⁱ_j = X₁

• Un caso j del delito i se desahoga en S_n si Rⁱ_j = X₂

• Un caso j del delito i se desahoga en E_n(2/3) si Rⁱ_j = X₃

60Por ejemplo, si se presenta un caso de un delito patrimonial de clasificación X₁, se sugiere que el caso se desahogue por el primer tercio de salidas alternas disponibles — por ejemplo, criterios de oportunidad — si el imputado es desconocido, o en el segundo tercio de las salidas alternas disponibles — por ejemplo, acuerdos reparatorios —, si es conocido. Si su clasificación es X₃, en cambio, el delito se mantendría latente en el primer tercio de etapas procesales — por ejemplo, en investigación — si el imputado es desconocido, o en el segundo tercio de las etapas procesales — por ejemplo, en formulación de la acusación —, si es conocido.

C. Directriz auxiliar en delitos no patrimoniales

61Las entidades de procuración de justicia también les pueden otorgar un tratamiento diferenciado a los diversos casos de delitos no patrimoniales — con excepción de los delitos contra la libertad, a los cuales por lo general se les otorga prioridad sobre los demás y no son sujetos de salidas alternas —, enfrentando de nuevo una toma de decisiones respecto a hasta qué etapa del procedimiento penal es conveniente llevar determinado caso. Se propone una directriz auxiliar específica para delitos no patrimoniales, en función de que sea de carácter culposo o doloso, utilizando la jerarquía del delito.

62Directriz auxiliar en delitos no patrimoniales: Sea E_n el conjunto de n etapas sucesivas del proceso de procuración de justicia, el cual se caracteriza por tener costos crecientes conforme se avanza en él, y S_n el conjunto de las salidas alternas disponibles en cada n etapa, con costos constantes y siempre menores que el costo de la etapa.

• • • Para delitos culposos:

• • Un caso j del delito i se desahoga en S_n(1/3) si δ_i = 1

  • Un caso j del delito i se desahoga en S_n(2/3) si δ_i = 2

  • Un caso j del delito i se desahoga en S_n si δ_i = 3

  • Un caso j del delito i se desahoga en E_n si δ_i = 4

• • • Para delitos dolosos:

• • Un caso j del delito i se desahoga en S_n(2/3) si δ_i = 1

  • Un caso j del delito i se desahoga en S_n si δ_i = 2

  • Un caso j del delito i se desahoga en E_n(2/3) si δ_i = 3

  • Un caso j del delito i se desahoga en E_n si δ_i = 4

63Así, por ejemplo, un caso de delito no patrimonial culposo será sujeto a salidas alternas solo si no es de alto costo social, mientras que un caso de delito no patrimonial doloso será sujeto a salidas alternas solo si es de muy bajo o bajo costo social.

VII. RECOMENDACIONES

64Como reflexión final, merece la pena subrayar la recomendación de diseñar metodologías para realizar el análisis de la criminalidad, orientadas a resolver problemas concretos de quienes toman decisiones en las instituciones de seguridad y justicia. Tanto procurar e impartir justicia, como prevenir el delito requieren una política criminal orientada a minimizar el costo social del fenómeno delictivo.

65La propuesta que aquí se presenta incorpora un criterio de decisión económico que se orienta a promover la eficiencia en la utilización de los recursos y a definir una política criminal más racional. Además, el contar con directrices claras y concretas contribuye a una política criminal estable a lo largo del tiempo, menos reactiva a las reclamaciones circunstanciales provocadas por la incidencia delictiva, y por consiguiente, más orientada a respetar el principio de ultima ratio.

66La construcción de los indicadores, jerarquías y directrices, toma en cuenta la naturaleza de los delitos, sus respectivas sanciones y las alternativas para desahogar el proceso mediante la contabilidad del costo social del delito, pero sin desvincularlo por completo de sus elementos jurídicos para evitar caer en el vacío conceptual de algunas metodologías que se quedan atrapadas en la abstracción estadística o contable.

67Cabe mencionar que las directrices que aquí se definen solo son propuestas que ejemplifican la utilización de los indicadores y jerarquías; sin embargo, el método es flexible a las necesidades de quienes toman decisiones de política criminal, pudiendo adaptarse a sus requerimientos de asesoría y disponibilidad de información. En concreción, los indicadores y jerarquías solo representan un mecanismo de señalización de la gravedad económica y jurídica de los delitos, considerando las lesiones al interés público por la vía de lo patrimonial, la salud, la productividad y los costos por traslados de las partes en el proceso penal, además de la valuación del bien jurídico tutelado en cada delito.

68Por último, para aplicar estas metodologías orientadas a la cuantificación del daño provocado por la criminalidad se requiere contar con información disponible y sobre todo, tratable23. Por eso es necesario que las instituciones de seguridad y justicia cuenten con unidades especializadas de análisis que permitan sistematizar la información ya recolectada en los registros administrativos para su posterior aprovechamiento aplicando esta y otras metodologías que pudieran enriquecer el diseño de una política criminal integral, eficiente y consistente con la realidad de cada una de las sociedades.