1 Se hace referencia al planteamiento elaborado por Guagliardo, desarrollado y denominado así en el texto de Francés Lecumberri y Restrepo Rodríguez (2013).

2 Enfoque desarrollado inicialmente por Bush, Baruch y Folger (1994), el cual es de carácter no adversarial sino colaborativo, y tiene como principal finalidad aportar a la transformación de las relaciones interpersonales y por ende de la sociedad, lo que realiza a través del empoderamiento (revalorización) de todas las partes y la apertura de espacios de comunicación.

3 Con las claras dificultades que habrá para establecer las proporciones de cosas tan subjetivas como el sufrimiento, al que se refiere Vincenzo Guagliardo (2013); o como el tiempo, de acuerdo con la manera como lo presenta Messuti (2001).

4 Al respecto, ver por todos Lopera Mesa (2006), y Lopera Mesa y Arias Holguín (2011).

5 También Karam (2012) afirma: “Los conceptos de pena, castigo, punición y alejamiento del contexto social —que están en los orígenes del sistema penal— tienen como base el maniqueísmo simplista que divide a las personas entre buenas y malas y, de este modo, atiende a la necesidad de crear ‘chivos expiatorios’ sobre los que recaiga una culpabilidad que, al individualizarse, pueda ocultar sus raices colectivas” (p. 61). Sobre el tema véanse las obras de Guagliardo (1991) Il vecchio che non muore; (1994) Il mete imprigionato. Storia di un amore carcerato; (1997) Dei dolori e delle pene. Saggio abolizionista e sull’obiezione di coscienza; (2002) Di sconfitta in sconfitta. Considerazioni sull’esperienza brigatista alla luce di una critica del rito del capro espiatorio; (2005) Resistenza e suicidio. Appunti politici sulla coscienza. Véase, asimismo, a Beriain (2007).

6 Por mencionar solo dos ejemplos paradigmáticos, piénsese en Historia de la sexualidad II. El uso de los placeres, de Foucault (2005) y en La dominación masculina de Bourdieu (2000).

7 Remito al texto de Davis (2003).

8 Para una mayor indicación de la igualdad entre el castigo y el premio, y la lógica que siguen, permítaseme remitir al texto de Puerta Lopera, Escobar Acosta y Restrepo Rodríguez (2013).

9 Sobre el uso de los denominados “módulos de respeto” en el Estado español, se remite al texto de Paz Francés Lecumberri, que trata sobre el tema en esta misma publicación.

10 Estrategia abolicionista que desarrolla o Guagliardo en sus textos, ya referenciados en la nota al pie 5.

11 O en el caso colombiano, al menos desde la sentencia T-153 de 1998 de la Corte Constitucional, a la idea de que la ejecución de la pena no des-socialice.

12 Aunque no sea sostenido por todas las personas que han escrito sobre el tema, personalmente entiendo que la justicia restaurativa nunca puede coincidir con la retributiva, es decir, que no puede implicar la imposición de penas o sanciones, puesto que tal acción, al dejar a alguien “perdiendo”, le haría sentir un trato injusto que impediría la pacificación. Es por esto que identifico la justicia restaurativa, con la que puede llamarse justicia consensual.

13 Recomiendo ver el siguiente material filmográfico: http://www.youtube.com/watch?v=ovs59FIzBf4&feature=related

14 Sobre el concepto de la mediación, específicamente aquella en el campo penal, véanse, entre otros, Neumann (1997), Manozzi (2003), Ortuño Muñoz y Hernández García (2007), Gordillo Santana (2007).

15 Para precisar el sentido en el que me refiero al consenso, me permito citar parte de un texto, aún inédito, que vengo preparando junto a mi amigo historiador, el profesor Oscar Vargas: “Una de las grandes mentiras que la modernidad ha consolidado es la de la necesidad de verdades totalizantes que surgen de la idea de que solo existe una única respuesta a las inquietudes, y que todas aquellas otras posibles salidas no solo son erróneas sino malditas. Algo que a la vez refleja la lógica binaria (de oposiciones que llevan a estructurar todo en torno a la idea de que lo que no es de un modo es del otro: si no es bueno, es malo, si no es negro, es blanco, etc.) que rige toda la sociedad atravesada por la cultura occidental. Esto nos ha hecho creer, como humanidad, que las discusiones sociales deben tener una salida homogénea, y que esto será posible evitando la pluralidad de opiniones y aceptando lo que decida la mayoría. Esta gran mentira tiene como consecuencia la toma de decisiones no solo apresuradas sino irreflexivas, materializándose en la apatía e inconformidad de casi todas las personas, ya que quienes promueven esas decisiones democráticas suelen ser precisamente aquellos que tienen la mayor influencia en los resultados. Pero incluso en un sistema en el que realmente la mayoría estuviese representada por la mayoría de personas, y no por la mayoría de poder, la minoría seguiría quedando sometida a esta por un motivo extraño: una diferencia numérica, sin más argumentos. Por ello nace la angustia de pensar en métodos y principios distintos para superar esta sociedad que se mantiene a partir del monopolio de la toma de decisiones, fomentado precisamente la concentración de poderes a partir de la delegación que facilita que cada uno se desentienda de la responsabilidad que implica tomar y asumir juicios sociales, o de la responsabilidad que se tiene de colaborar, aunque sea inconscientemente, a la perpetuación de una realidad absurda. […] entendemos que el consenso no es simplemente una forma en que se toman decisiones, una metodología adecuada, sino que implica más cosas: es un medio-fin. Implica la no imposición de nadie sobre nadie. Y también implica el disenso, aunque parezca paradójico, pues para llegar al consenso se parte de que hay disenso. [...] El pensamiento democrático se basa en la idea de que como seres racionales podemos tomar las mejores decisiones para todas: una única decisión. Mientras que no es necesario llegar a una única solución, pues además es imposible que una sola solución beneficie a todos, ya que todos somos diferentes en nuestras autonomías personales. Ahora bien, cuando hay consenso real, y no solo un consenso supuesto a partir de la lógica de delegación democrática mayoritaria, no hay oposición a pesar de que haya ideas distintas, pues ya se ha logrado integrarlas en la decisión. Este es el punto clave para que no se presenten confusiones o manipulaciones. / [...] el consenso no es sinónimo de homogeneidad sino de pluralidad y, por ende, de respeto por la diferencia. [...] El consenso entonces, por difícil que pueda ser llegar a él, es el único método que nos permite vivir respetando realmente a los demás. Consenso no es lo contrario de disenso, pues lo incluye, pero sí es lo contrario de imposición. También niega incluso la autorrepresión, pues solo puede darse desde un elevado nivel de consciencia: consciencia de las propias decisiones y actuaciones, desarrollo de la individualidad y la autonomía, sin olvidar que todas las personas necesitamos de otras para vivir, sin excepciones”.

16 En este sentido, Ordóñez Echeverría (2012), afirma: “Podría aducirse que el hecho de que la mediación sea alternativa o complementaria al proceso judicial es un caso de sinonimia o, al menos, que ambos son adjetivos no excluyentes entre sí. Yo creo que no es así. Si los mediadores hemos definido —y defendido— la mediación como un medio de resolución de conflictos, alternativo al judicial, hemos querido significar que la mediación se contrapone al modelo oficial de resolución comúnmente aceptado. En cambio, deslizar la complementariedad como característica esencial de la mediación presupone que esta sirve para perfeccionar el modelo oficial de resolución comúnmente aceptado. Y ambos caracteres no se deben confundir. Toda mediación es alternativa, pero solo alguna mediación puede llegar a ser complementaria. Es decir, la mediación está radicalmente disociada del proceso judicial, y sin embargo puede llegar eventualmente a perfeccionarlo. [...] lo problemático de la mediación es precisamente su ser contrahegemónico al derecho concebido como producción exclusiva del Estado, positivada y dogmática”. En fin, este autor destaca una hermosa característica de la mediación: la capacidad de aunar sin coacciones y de fundar consensos.

17 Varona Martínez (1998) sostiene: “La historia —junto con la antropología jurídica— nos muestra que el orden social no depende de la existencia de un derecho penal estatal, incluso en relación con los supuestos considerados más graves. Se debe actuar con precaución en los intentos de búsqueda de los precedentes históricos del concepto de delito. Cabe afirmar que el mismo, al tratarse de una noción fundamentalmente jurídica, no está presente en todos los tiempos y sociedades” (p. 122). Sin embargo, continúa afirmando Varona Martínez, desde finales del 1100, en la baja edad media (cuando surge la justicia penal en la tradición occidental), el conflicto definido como penal es confiscado por parte del Estado (en ese entonces el monarca, el señor o el obispo), se le quita su gestión a las víctimas e infractores (Varona Martínez, 1998, p. 123).

18 Como sucede en varias legislaciones latinoamericanas (por ejemplo, la chilena) de la mano de la introducción del modelo procesal acusatorio de corte norteamericano.

19 Francés Lecumberri y Restrepo Rodríguez (2013): “La violencia que el Estado ejerce a través de su ius puniendi, su supuesto derecho a castigar, es terrible. Pero además el poder punitivo del Estado es perverso. Desde el control y la intimidación este se curva, se enrosca, nos envuelve y nos atrapa e inmoviliza, pero no solo lo hace con quienes directamente caen en ese laberinto sino con toda la sociedad. Desde todas las esferas sociales se reclama más y más Derecho Penal, desde la extrema derecha hasta los colectivos ecologistas, feministas, afectados por las drogas... todos sin excepción, incluso aquellos que se hacen llamar revolucionarios. Sin embargo, no nos damos cuenta de que todos los esfuerzos económicos y personales inútiles que se destinan al castigo, que no generan otra cosa que dolor, se podrían emplear en potenciar otro tipo de respuestas más humanas y más adecuadas a las necesidades personales y sociales. Solo así se podrá dejar de decir, como dice otro autor italiano, que ‘la Justicia lava la sangre con sangre’, se dejará de ver como única solución al castigo, se entenderá que la intimidación es una infamia” (p. VII).

20 Coinciden en esta advertencia Francés Lecumberri y Santos Itoiz (2012, pp. 83-87).

1 Este texto tiene origen en aquel elaborado como base para la ponencia, del mismo nombre que este escrito, presentada el 24 de noviembre de 2012, en las I Jornadas sobre Derecho Penitenciario: ¿Reformar o abolir?, Tercera sesión: Actores y estrategias para enfrentar la administración del dolor, llevadas a cabo en la Universidad de Antioquia por parte del Colectivo Abolicionista Contra el Castigo (www.contraelcastigo.wordpress.com), y hace parte de las investigaciones adelantadas dentro del Semillero de Investigación Interuniversitario de Abolicionismo Penal (Universidad de Antioquia, Universidad EAFIT y Universidad Autónoma Latinoamericana) y de la línea de investigación Criminología, política criminal, derecho penal: enfoques críticos; del Grupo Derecho y Sociedad de la Universidad de Antioquia, UdeA.