1 De esta manera, en muchos casos se coincide con el planteamiento de Peter Waldmann (2007: 223) quien, basado en el esquema de crisis nacionales elaborado por Gabriel Almond, Lucien Pye, Leonard Binder y otros investigadores, plantea que Colombia tiene desafíos estructurales en las seis posibles crisis: de identidad, de penetración, de integración, de legitimación, de participación y de distribución. Si bien reconoce que el concepto, ligado a la teoría de la modernización, es anticuado, considera que los problemas de Colombia están relacionados con una modernización retardada.

Los términos utilizados por Waldmann son aplicados con una fuerte vaguedad intencional, y así termina causando la impresión de que fuerza un poco la realidad para lograr la aplicabilidad de estos conceptos de crisis. Así, la crisis de identidad que puede generar una mayor identificación de una región con el Estado nacional, dando el caso específico de Antioquia (paisas) no se condice con la realidad observada en Colombia; si bien existen diferenciaciones, las mismas no resultan determinantes, al tiempo que cualquier comparación puede encontrar en otros países regionalismos mucho más fuertes, sin que por ello nos enfrentemos a una crisis de identidad. Por ejemplo, en la década de los ochenta, Pablo Escobar intenta utilizar la carta regionalista en su estrategia contra el Estado. En la actualidad, se observa que muchos antioqueños defienden el accionar de Escobar durante las guerras del narcotráfico basados en la “identidad paisa”, pero esto no resultó determinante ni para lograr que se sumaran voluntades a estas guerras, ni para que se plantearan cuestiones autonomistas como consecuencia de ese resentimiento (OiS, Salazar 2006). Del mismo modo, la heterogeneidad colombiana no es tan importante como para hablar de una crisis de integración. Por último, el concepto de crisis de participación tiene problemas cuando se establece que la “democracia y la participación democrática son valores actuales firmemente arraigados en la cultura política del país” y, a la vez, “las decisiones mayoritarias democráticas siguieron siendo solo una de varias vías para dirimir luchas por la conducción. Como alternativa se recurre regularmente a la violencia” (Waldmann 2007a: 225), que abre a la pregunta acerca de los indicadores que se utilizan para afirmar estos extremos.

2 En Colombia se utiliza el término estrato como eufemismo de clase (E. 2). Desde nuestro planteo, nos adheriremos al concepto de clase de Bourdieu (1973). La utilización del término “estrato” se debe al uso de esa palabra por parte de los entrevistados o los textos analizados.

3 El municipio de Envigado fue lugar de residencia de buena parte de la élite económica de Antioquia, que participaba como socio oculto de los vuelos de la droga, de tal manera que el municipio pronto se ganó el apelativo de “crispetero” ya que todas las noches se festejaba con fuegos artificiales cuando un vuelo lograba entrar (coronar) en territorio de los Estados Unidos (E. 1).

4 Como indicador se puede señalar que el presupuesto de tierras para los —entre 3 y 5 millones— de desplazados equivale al costo de un helicóptero militar Black Hawk (ET. 01.07.10).

5 Entre 1991 y 2007 se contabilizaron 2245 sindicalistas asesinados, 3400 amenazados de muerte y 138 desaparecidos (DS. 18.09.07).

6 “La diferencia entre un conservador y un liberal es que el primero va a misa a la mañana para que todo el mundo lo vea, mientras que el liberal lo hace por la noche para que nadie lo vea”, opinión popular escuchada en reiteradas ocasiones.

7 Alberto Santofimio, condenado por su participación en el hecho (Se. 11.10.07b), era también el personaje más expuesto, mientras que los otros copartícipes intelectuales siguen, en mi opinión, libres. Este tipo de situaciones ha sido —y es— habitual en Colombia: muchos jueces, fiscales, abogados y políticos son asesinados a manos de sicarios enviados por el narcotráfico, pero pocas veces se menciona a quienes han apoyado, o incluso ordenado, estas muertes.

8 Aunque también plantea que hay que “restablecer el prestigio y la importancia del Estado” (Waldmann 2007a: 235), por lo que se supone que el mismo ha tenido, en algún momento dado de su historia, prestigio e importancia.

9 Que la Alcaldía haya querido implementar un toque de queda en la Comuna 13 (EC. 08.10.02b), en una época de gran violencia, resultaba absurdo para sus habitantes: de hecho ya existía, impuesto por los agentes en pugna (EC. 10.10.02f).

10 García Villegas señala en su investigación casos de jueces que dictaban sentencia solo “si la guerrilla estaba de acuerdo”, o que se quejaban porque “nadie me hacía caso. El verdadero juez es el comandante de las FARC, no yo” y “no se movía una hoja si los paramilitares no querían, y eso, claro está, incluía el juzgado” (EE. 09.11.08).

11 Aún hoy se lo menciona solo por su nombre propio.

12 Se explica así que el bombardeo de campamentos de la guerrilla en territorio de Ecuador en el 2009, sea considerado por la población como perfectamente legítimo: la misma actitud se tendría frente a un finquero que arma a sus peones y se sale de los límites de su finca para perseguir a cuatreros.

13 Ante críticas de organismos de derechos humanos y ONG, la descalificación resulta la herramienta más usual: el Ministerio de Defensa denuncia estrecha vinculación entre las FARC y algunos indígenas demandando el reconocimiento de derechos (ET. 07.02.09a y ET 07.02.09b), el presidente Uribe denuncia a un “bloque intelectual de las FARC” (ET. 07.02.09), o que los defensores de derechos humanos son “terroristas vestidos de civil” (EE. 20.06.08). El caso más reciente se vincula con las denuncias de un excoronel de la Policía Nacional asegurando que el hermano del presidente Uribe fue el fundador del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles en 1993 (P12. 23.05.10a); las respuestas no se hicieron esperar: se descalifica a los medios de prensa: “criminales han infiltrado el Washington Post” (ET. 28.05.10), y a las organizaciones: “los ilegales convirtieron a premio nobel en idiota útil” (EC. 29.05.10 y P12. 30.05.10).

14 También casos más puntuales como que solo ha habido 13 condenas —y mínimas— por el asesinato de 125 periodistas en los últimos 13 años en Colombia (ET. 03.09.08), o el espionaje del DAS a ONG en Europa (Se. 13.08.09), así como las críticas de la ONU por el uso indiscriminado de las detenciones masivas y el uso exagerado de la prisión preventiva (EE. 10.10.08).

15 “No estudian bien el tema”, refiriéndose a críticas del comisionado de la ONU (EC. 06.09.08), o que “solo escuchan las opiniones de los terroristas”, o que no son “profesor nuestro en derechos humanos”, como el presidente Álvaro Uribe le dijo al director de Human Rights Watch (Se. 01.11.08a).

16 Dependiendo del político, mientras que para la canciller alemana Ángela Merkel resultan explicaciones más que suficientes (Pressekonferenz Merkel-Uribe Mitschrift 17.05.2008 http://www.bundeskanzlerin.de/nn_179150/Content/DE/Mitschrift/Pressekonferenzen/2008/05/2008-05-17-pk-bkin-uribe.html) (EM. 18.05.08). El presidente alemán Horst Köhler va más allá: “El presidente de Alemania Horst Köhler reconoció los avances en materia de derechos humanos y destacó la franqueza del presidente Álvaro Uribe y del Gobierno colombiano para abordar temas críticos como el proceso de reinserción de combatientes y los riesgos que implica, ya que ‘apuesta a una visión realista’” (Boletín embajada colombiana: http://www.embcol.or.at/boletines/2007/marzo/bol-1403200702_esp.htm.) Pero otros políticos se niegan a aceptar discursos del tenor de que “no comprendemos por qué se nos acusa, este año solo han sido asesinados 22 sindicalistas hasta mayo” (ET. 01.05.2008). La actual canciller, Ángela Merkel (El Mundo, 18.05.08) y el presidente Horst Köhler han sido instrumentalizados en reiteradas ocasiones para la publicidad oficial de una manera como no lo hicieron —por no permitirlo— Al Gore (Se. y ET 21.04.07), Barak Obama u otros políticos latinoamericanos. La realización de estas visitas oficiales a un Gobierno en mitad de la crisis de la “parapolítica”, y lo vago de sus discursos resultaron un éxito muy importante para un Gobierno aislado internacionalmente por las serias acusaciones de represión sindical y participación directa en el asesinato de líderes gremiales, acusaciones rechazadas tibiamente por el Gobierno y que fueran motivo del rechazo del Congreso de los Estados Unidos, presionado por las organizaciones de derechos humanos y sindicatos estadounidenses, para firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia en el 2008.

Algo similar sucede a miembros importantes de organizaciones y fundaciones alemanas quienes, en muchos casos, por las características de sus cargos, tienen una cercanía con el Gobierno y las élites producto de su cercanía en el campo, que no es equilibrada con otras fuentes (E. 46 y OiS); así, terminan repitiendo los discursos de esas élites del poder y, a través de sus discursos o de los textos, fomentan y publican, se plantean y apoyan concepciones muy sesgadas y, como se observará en el desarrollo del trabajo, muy alejadas de lo que la academia y las organizaciones con cierta neutralidad en el conflicto (ACNUR, PNUD, etc.) opinan; algunas de ellas, incluso, llegan a justificar, indirectamente, crímenes de guerra del Gobierno o los paramilitares, como por ejemplo la propuesta de “trasladar” poblaciones rurales en “peligro” de quedar como apoyo a la guerrilla (FES, 2008), hasta declaraciones públicas que dan cuenta de que gracias a las gestiones del presidente Uribe y su exitoso proceso de paz con los paramilitares, el conflicto en Colombia ha finalizado.

17 Como por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligaron al Gobierno a reconocer, pedir disculpas e indemnizar a las víctimas por su participación —por acción u omisión— en: la masacre de El Aro, cometida por las ACCU en 1997, en la que hubo 17 muertos (Se. 06.12.07); masacre de Pueblo Bello, cometida por los Tangueros en 1990, con 43 muertos (Se. 04.03.09); masacre de El Salado, en la que murieron 61 personas en 2000 (Se. 13.09.09 y EE. 13.09.09); y también asesinatos individuales como por ejemplo, el de un dirigente de la UP cometido en 1994 (SE. 23.06.10b).

18 Por ejemplo, el caso de Barak Obama (EE. 08.04.08 y ET. 13.04.08), la ONU (EE. 10.10.08 y EP 01.11.08), el exvicepresidente Al Gore (Se. Y EE. 21.04.07), la Corte Penal Internacional (Se. 16.08.08), Amnistía Internacional (P12. 29.10.08), o de la precandidata a presidente de los Estados Unidos, Hillary Clinton (Se. 09.11.07 y EC. 10.11.07).

19 Esta evolución se observa en el caso de los “falsos positivos”, denunciados en el 2008, que el Gobierno desmiente rotundamente (ET. 29.03.08), pero ante las aseveraciones del relator de la ONU de que estas ejecuciones pueden ser, por su sistematicidad, delitos de lesa humanidad (EP. 02.11.08), empiezan a investigar 1155 casos (EP. 17.11.08) como hechos individuales y excepcionales, lo que provoca la reacción, nuevamente, del relator de la ONU quien afirma que las ejecuciones extrajudiciales son “mucho más que algunas manzanas podridas” (Se. 18.06.09a). Algo similar ocurre con las denuncias contra el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) al que se considera paramilitarizado y responsable de muchas masacres (Se. 01.02.08), y al que se responsabiliza también del magnicidio de tres candidatos presidenciales: Luis Carlos Galán (1989), Bernardo Jaramillo Osa (1990) y Carlos Pizarro (1990) (DZ. 20.01.10 y 22.01.10), este último declarado de lesa humanidad (Se. 21.04.10); aquí se repite la estrategia de atribuir culpa a un pequeño grupo o a un ocasional jefe —más allá de su responsabilidad real—, en este caso, de Jorge Noguera en su gestión (2002-2006) (Se. 01.02.08).

20 Aunque también dice que el índice de Gini no sobrepasa el de otros países latinoamericanos (Waldmann 2007: 318S).

21 No todas las opiniones coinciden en ello, pero la mayoría de los actores relacionados con la violencia aseveran, a veces contradictoriamente, este “hecho”.

22 Además de la enorme cantidad de tierras improductivas, existe una clara desproporción entre las tierras dedicadas a la ganadería extensiva (45 millones de hectáreas) frente a las agrícolas (5 millones). Números similares presenta Juan Carlos Palou Trías (2007: 3), quien señala que el 1,3 % de la población es dueña del 68,3 % de la tierra. Los datos fueron aportados por el entonces vicepresidente Francisco Santos, miembro de la élite bogotana, y del cual no se puede decir que proponga una reforma agraria. Un indicador del problema es la imposibilidad de implementar un catastro que funcione correctamente en Colombia (EE. 15.06.09), lo que fomenta el latifundio. Esto no solo ocurre en la actividad agropecuaria. Una sola persona, Julio Mario Santo Domingo, llega a tener, en la década de los setenta, una fortuna que era comparada con el PIB de Colombia, y es actualmente uno de los empresarios más poderosos del país, propietario de empresas industriales, medios de información públicos (TV-Caracol, revista Cromos y diario El Espectador), con una fortuna personal de más de 5.700 millones de dólares (Se. 10.03.07).

23 El sistema de pirámide capta fondos con el ofrecimiento de altísimos intereses —para el caso colombiano entre un 50 y 100 % mensual— por los depósitos; estos se pagan con los depósitos de los que van entrando al sistema con posterioridad, hasta que el sistema estalla por falta de nuevos aportantes.

24 Esta percepción no es nueva; Eric Hobsbawm (2001: 164) comenta sobre el Partido Comunista, que se instala en Marquetalia en 1964 y 1965, que “debido a que era un movimiento campesino puro, que después de la expulsión de sus tierras recorrían el país, recibían el apoyo de la población rural de una manera que no necesariamente recibían los guerrilleros estudiantiles” y, citando a Gilhodes (1970: 445): “les parecían otros campesinos pobres, que injustamente habían sido perseguidos por los poderosos, los grupos de interés urbanos, y a quienes había que ofrecerles la solidaridad de los impotentes”.

25 Además de la cantidad de centros comerciales que existen en Medellín, en los que los únicos clientes de los patios de comidas son los empleados de los negocios vacíos (OiS), se observa también este fenómeno en la excesiva construcción de hoteles de lujo en esta ciudad (EC. 23.12.07).