2 Cfr. Juan Bustos Ramírez y Hernán Hormazábal Malarée, Lecciones de derecho penal. Parte general, Madrid, Trotta, 2006, p. 82.

3 Sobre las garantías que se derivan del principio de legalidad, véase Juan Fernández Carrasquilla, Derecho penal fundamental 1, Bogotá, Ediciones Gustavo Ibáñez, 2004, pp. 183-218; Antonio García-Pablos de Molina, Introducción al derecho penal, Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2006, pp. 475-527; y Fernando Velásquez Velásquez, Derecho. Parte general, Bogotá, Comlibros, 2009, pp. 131-146.

4 Sobre el principio de reserva de ley como garantía derivada del principio de legalidad, véase Bustos Ramírez y Hormazábal Malarée, Lecciones de Derecho Penal. Parte General, op. cit., p. 82.

5 Se trata de la Sentencia del 9 de junio de 2010, radicado No. 110010704003200 800025, Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá.

6 Los hechos que dieron lugar a la condena contra Plazas Vega hacen relación a la desaparición de once personas que al parecer fueron rescatadas con vida por el Ejército Nacional en la operación militar de retoma del Palacio de Justicia, el cual había sido tomado por asalto, a sangre y fuego, por miembros de un comando perteneciente a la organización guerrillera denominada Movimiento 19 de Abril (M-19). Los hechos puntuales que interesan a efectos de este trabajo fueron relatados por el juez de primera instancia así: “De esta manera, miembros de las fuerzas armadas rescataron del Palacio de Justicia más de doscientas personas que se encontraban al momento de la cruenta toma, y que, acorde con el plan de la operación de recuperación y rescate fueron, casi en su totalidad, trasladadas a la Casa Museo del Florero, y tras ser identificadas puestas en libertad. Con todo, de ese cúmulo de personas rescatadas, de once de ellas no se ha vuelto a saber sobre su paradero […]”. Por la desaparición de los mencionados ciudadanos, Plazas Vega fue condenado en primera instancia, como ya se indicó, primero, por el delito de desaparición forzada agravada, no obstante que la Fiscalía General de la Nación, por medio de resolución de 11 de febrero de 2008, lo había acusado como coautor de los delitos de desaparición forzada agravada y secuestro agravado.

7 Se trata de un auto con radicado 361636 de 26 de mayo de 2011 con ponencia del magistrado Alfredo Gómez Quintero.

8 Para un recuento de los intentos legislativos por tipificar esta conducta, véase Jaime Córdoba Triviño, Derecho penal internacional. Estudio de los delitos de genocidio, de lesa humanidad y de los crímenes de guerra con referencia al nuevo Código Penal colombiano, Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2001, pp. 162-165.

9 Cfr. Supra.

10 En la sentencia se explicó: “Pues bien, sea lo primero advertir que fue a través de la Ley 589 de 2000 que se procedió a tipificar este comportamiento delictivo con el claro propósito de adecuar la legislación penal, recogida en el Decreto 100 de 1980, a la normativa internacional. Con posterioridad, el contenido del anterior precepto fue recogido en el canon 165 del actual Código Penal, Ley 599 de 2000, que en su texto original prescribía:

Art. 165. Desaparición Forzada. El particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la ley someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de veinte (20) a treinta (30) años y multa [...] // A la misma pena quedará sometido, el servidor público, o el particular que actúe bajo la determinación o la aquiescencia de aquél, y realice la conducta descrita en el inciso anterior.

Art. 166. Circunstancias de Agravación Punitiva. La pena prevista en el artículo anterior será de treinta (30) a cuarenta (40) años de prisión y multa […] siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias: // 1. Cuando la conducta se cometa por quien ejerza autoridad o jurisdicción”.

11 Sentencia de 9 de junio de 2010, radicado 110010704003200800025.

12 Ibídem.

13 Cfr. Corte Suprema de Justicia, auto del 30 de mayo de 2011, radicado 36.163, M. P. Alfredo Gómez Quintero. Una postura similar ya había sido sostenida por la misma Corte Suprema de Justicia en auto del 13 de mayo de 2010, M. P. María del Rosario González de Lemos.

14 Artículo 93: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”.

15 Corte Suprema de Justicia, auto del 30 de mayo de 2011, radicado 36.163, M. P. Alfredo Gómez Quintero.

16 Ibídem.

17 Si en el caso Plazas Vega se hubiera aplicado el delito de secuestro, probablemente se habría producido la prescripción. Pero en este caso, lo cuestionable es que solo hasta el mes de febrero de 2008 se profirió resolución de acusación por unos hechos ocurridos en el año 1985, es decir, veintitrés años después. Si algo resulta censurable e injustificado es que ante unos hechos de tal gravedad, como los del Palacio de Justicia, el sistema judicial colombiano hubiese actuado con tan excesiva lentitud. Véase al respecto Claudia López, “Capítulo IV. Colombia”, en Kai Ambos (coord.), Desaparición forzada de personas. Análisis comparado e internacional, Bogotá, Temis, 2009, pp. 75-103.

18 Sobre el particular, véase a Córdoba Triviño, Derecho penal internacional. Estudio de los delitos de genocidio, de lesa humanidad y de los crímenes de guerra con referencia al nuevo Código Penal colombiano, op. cit., p. 54., para quien: “[…] la mejor manera de que se respete el principio de legalidad en el orden internacional es acudir a la tipificación clara de las conductas y de la sanción correspondiente en un instrumento internacional y, de gran importancia para el caso colombiano, a la tipificación de las conductas en el ordenamiento penal interno”.

19 Ana Cristina Andrés Domínguez, Derecho penal internacional, Valencia, Tirant lo Blanch, 2005, pp. 48-49.

20 Ibídem, p. 49.

21 Ibídem.

22 Manuel Ollé Sesé, Justicia universal para crímenes internacionales, Madrid, La Ley, Universidad Nebrija, 2008, p. 183.

23 Ibídem, pp. 161-162.

24 Ibídem, pp.162-163.

25 Ibídem, p. 163.

26 Ibídem, p. 165.

27 Ibídem, p. 172.

28 Xavier Fernández Pons, “El principio de legalidad y la incriminación internacional del individuo”, en Revista Electrónica de Estudios Internacionales, núm. 5, 2002, p. 3 [en línea]. Dirección Url: <http://www.reei.org/index.php/revista/num5> [Consulta: 10 de agosto de 2012].

29 Ibídem, p. 4 [Cursiva nuestra].

30 Corte Suprema de Justicia, auto del 13 de mayo de 2010, M. P. María del Rosario González de Lemos.

31 Entiéndase por ello el procedimiento por medio del cual, a partir de la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso de la República, se llega a la expedición de una ley entendida en sentido formal y material.

32 Sobre este, la génesis, concepto y tipologías de crímenes contra la humanidad, véase Gerhard Werle, Tratado de derecho penal internacional, Valencia, Tirant lo Blanch, 2005, pp. 345-418: “Los crímenes contra la humanidad son delitos en masa que se cometen contra la población civil. En primer lugar, cabe mencionar el homicidio de grupos completos de personas […] Se incluyen por tanto y principalmente, aquellos delitos que atañen a los grupos políticos u otros no comprendidos dentro de los grupos protegidos del genocidio. = Junto a los tipos más graves de crímenes contra la humanidad, el asesinato y el exterminio, el tipo tiene otras formas de aparición que se derivan de la trágica experiencia histórica. Por ejemplo, la esclavitud a través de la imposición de trabajos forzados, la expulsión de personas de sus asentamientos tradicionales, la detención arbitraria o las torturas a opositores políticos, las violaciones masivas de mujeres indefensas, las desapariciones sin rastro de personas o la persecución de personas mediante leyes y medidas discriminatorias” (pp. 349-350).

33 Corte Suprema de Justicia, auto de 13 de mayo de 2010, M. P. María del Rosario González de Lemos.

34 Ollé Sesé, Justicia universal para crímenes internacionales, op. cit., pp.172-173.

35 Los estados de excepción están previstos en los artículos 212 a 215 de la Constitución Política de Colombia.

36 Andrés Domínguez, Derecho penal internacional, op. cit., p. 48.

37 Cfr. Ollé Sesé, Justicia universal para crímenes internacionales, op. cit., p. 165.

38 Véase el análisis sobre los “deberes de penalización” en caso de graves violaciones de derechos humanos que, según algunos, se deducen de los tratados internacionales y el derecho internacional consuetudinario, en Kai Ambos, Impunidad y derecho penal internacional, Buenos Aires, Ad-Hoc y otras, 1999, pp. 64-122.

39 Massimo Donini, “Tecnicismo giuridico e sáciense penale cent’anni dopo. La prolusione di Arturo Rocco (1910) nell’età dell’europeismo giudiziario”, en Criminalia: Annuario di scienze penalistiche, Pisa, Edizioni ets, 2010, p. 172.