2 Sobre la distinción entre el derecho de La Haya y el derecho de Ginebra y su relación, véase infra.

3 María Teresa Uribe, “Antioquia: entre la guerra y la paz”, en Estudios Políticos, núm. 10, 1997, p. 134.

4 Fernán E. González, Íngrid J. Bolívar y Teófilo Vázquez, Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado, 5.ª reimp., Bogotá, Cinep, 2007, p. 211. Sobre la victimización de las personas civiles véase nuestro trabajo, Gloria María Gallego García y Natividad Fernández Sola, “guerra y desaparición forzada en Colombia (i) y (ii)”, en Jueces para la Democracia, núm. 47-48, julio y noviembre, 2003, pp. 85-96 y 103-115, respectivamente.

5 Véase María Teresa Uribe, “Órdenes complejos y ciudadanías mestizas: una mirada al caso colombiano”, en Estudios Políticos, núm. 12, 1998, pp. 25 y ss.; “Las soberanías en vilo en un contexto de guerra y paz”, en Estudios Políticos, núm. 13, 1998, pp. 11 y ss.; “Las soberanías en disputa: ¿conflictos de identidades o de derechos?”, en Estudios Políticos, núm. 15, 1999, pp. 23 y ss.

6 Jean Pictet, Desarrollo y principios del derecho internacional humanitario, Ginebra, Instituto Henry Dunant, 1986, p. 54.

7 La expresión es de Georges Abi-Saab, “los conflictos armados no internacionales”, en AA. VV., Las dimensiones internacionales del derecho humanitario, Madrid, Tecnos-Instituto Henry Dunant-Unesco, 1990, p. 219.

8 Véase Yves Sandoz, Christopher Swinarski y Bruno Zimmermann (coords.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo ii) y del artículo 3, de estos convenios, Bogotá, Comité Internacional de la Cruz Roja-Plaza y Janés, 1998, párr. 4507.

9 Sobre los aspectos fundamentales de la reglamentación del artículo 3 común y del Protocolo Adicional ii, véanse, Abi-Saab, “los conflictos armados...”, op. cit., pp. 219 y ss.; Araceli Mangas Martín, Conflictos armados internos y derecho internacional humanitario, 2.ª reimp., Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1999, cap. 4; David Suárez Leoz, “los conflictos armados internos”, en José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto (coord.), Derecho internacional humanitario, 2.ª ed., Valencia, Cruz Roja Española-Tirant lo Blanch, 2007, pp. 453 y ss.

10 Sobre los requisitos materiales para la aplicación del Protocolo II, Sonia Güell Peris, Conflictos armados internos y aplicabilidad del derecho internacional humanitario, Madrid, Editorial Dykinson-Instituto de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo-ceU, 2005, pp. 200-211; Araceli Mangas Martín, Conflictos armados internos y derecho internacional humanitario, op. cit., pp. 71 y ss.; Sandoz, Swinarski y Zimmermann (coords.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo ii) y del artículo 3, de estos convenios, op. cit., párrs. 4446-4470.

11 En el Comentario se explica a este respecto que en muchos conflictos se observa una gran movilidad en el teatro de las hostilidades, pudiendo ocurrir que el control territorial cambie rápidamente de manos. El dominio tiene a veces un carácter relativo, por ejemplo, cuando los centros urbanos permanecen en el poder gubernamental, mientras que las zonas rurales escapan a su autoridad. En la práctica, si los grupos armados insurrectos están organizados según las exigencias del Protocolo, la parte de territorio que pueden pretender dominar será la que escape al control de las fuerzas armadas gubernamentales. Pero se necesitará cierta estabilidad en el control de una porción del territorio, aunque sea modesta, para que estén en condiciones de aplicar efectivamente las normas del Protocolo. Cfr. Sandoz, Swinarski y Zimmermann (coords.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo ii) y del artículo 3, de estos convenios, op. cit., párr. 4467).

12 Consideramos incorrecta la interpretación que ofrece Mangas Martín (Conflictos armados internos y derecho internacional humanitario, op. cit., pp. 74-75) en relación con este requisito que denomina “El sometimiento de los rebeldes al Protocolo ii”, según el cual “los grupos rebeldes deben estar dispuestos a aplicar las disposiciones del Protocolo ii”, lo que significaría que para aplicar la reglamentación de este se requeriría que los grupos rebeldes estuvieran dispuestos, es decir, tuvieran la voluntad de aplicarlo. La interpretación es inaceptable, ya que no es acorde con el tenor literal de la norma, conforme con el cual debe haber “un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo”. El término “tal” da la clave: lo que debe haber es un control del territorio de un nivel que aporte las condiciones objetivas para que la parte rebelde pueda aplicar las normas humanitarias previstas en el Protocolo Adicional ii, con lo cual se trata no de una intención subjetiva, sino de una aptitud objetiva como posibilidad de preparar las operaciones militares, buscar y atender a los heridos en batalla, facilitar la realización de operaciones de socorro en beneficio de la población civil, etcétera.

13 Un análisis del valor añadido del Protocolo ii en Abi-Saab, “los conflictos armados...”, op. cit., pp. 231-234.

14 Véase François Bugnion, “El derecho de Ginebra y el derecho de La Haya”, en Revista Internacional de la Cruz Roja, núm. 844, 2001, pp. 901-922; Manuel Díez de Velasco, Instituciones de derecho internacional público, 13.ª ed., Madrid, Tecnos, 2001, p. 870; Daniel Frei, “el derecho internacional humanitario y el control de armamentos”, en Revista Internacional de la Cruz Roja, núm. 90, 1988, pp. 524-526; Manuel Pérez González, “El derecho internacional humanitario frente a la violencia bélica: una apuesta por la humanidad en situaciones de conflicto”, en Rodríguez-Villasante y Prieto (coords.), Derecho internacional humanitario, op. cit., pp. 43-44; José Antonio Pastor Ridruejo, Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales, 8.ª ed., Madrid, Tecnos, 2001, pp. 642-643.

15 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, t. i, 21.ª ed., Madrid, Espasa Calpe, 1994, p. 609.

16 Sandoz, Swinarski y Zimmermann (coords.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo ii) y del artículo 3, de estos convenios, párrs. 4525-4526.

17 Deja mucho que lamentar que en el Protocolo ii no se hayan incluido más normas sobre deberes recíprocos de los combatientes y sobre el combate limpio, como la prohibición de utilizar ciertas armas que pueden causar males superfluos o sufrimientos innecesarios y la prohibición del homicidio, la lesión o captura con perfidia.

18 Abi-Saab, “los conflictos armados...”, op. cit., p. 233.

19 Es muy llamativo el hecho de que en el borrador del Protocolo II se incluyera la definición según la cual “cualquier persona que no sea miembro de las fuerzas armadas se considera una persona civil” y “la población civil comprende a todas las personas civiles”. La primera parte de esta definición se enmendó, dejándola así: “Es persona civil cualquiera que no es miembro de las fuerzas armadas o de un grupo armado organizado”; ambas partes fueron aprobadas por consenso en la Comisión iii de la Conferencia Diplomática que concluyó con la aprobación de los dos Protocolos de 1977. No obstante, esta definición se suprimió al final de la conferencia como consecuencia de una iniciativa que propuso un texto simplificado, justamente con el pretexto de la soberanía, lo que llevó a evitar definiciones claras, supuestamente comprometedoras para los Estados Partes.

20 Sobre el principio de distinción y sus fundamentos normativos en los conflictos armados no internacionales, Nils Melzer, Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el derecho internacional humanitario, Ginebra, Comité Internacional de la Cruz Roja, 2010, pp. 27-36.

21 Melzer, Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el derecho internacional humanitario, op. cit., p. 28.

22 Ibídem, p. 33.

23 Ibídem, p. 33. En esta línea de considerar también combatientes a los miembros de los grupos armados organizados (insurgentes o paramilitares, por ejemplo), el Estatuto de la Corte Penal Internacional, en su art. 8, párr. 2, apdo. e) ix, al establecer “Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido por el derecho internacional”, incluye la violación grave consistente en “Matar o herir a traición a un combatiente enemigo”, con lo cual se entiende que todos los miembros de las fuerzas armadas que toman parte en el conflicto y que llevan a cabo la lucha armada son combatientes sin ninguna otra distinción ulterior (en lugar de civiles que participan directamente en las hostilidades de manera continua).

24 Recuérdese que el estatuto de prisionero de guerra solo rige en los conflictos armados de carácter internacional y está regulado en el iii Convenio de Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional I de 1977. En la reglamentación de los conflictos armados internacionales hay sujetos a los que se reconoce el estatuto de combatiente y el derecho a combatir: los miembros de las fuerzas armadas estatales que defienden a su Estado en guerra con otro Estado. Una de las implicaciones de este estatuto es que los combatientes que caen en manos del enemigo gozan del estatuto de prisionero de guerra: siguen siendo considerados miembros de sus respectivas fuerzas armadas, pero están sometidos a las leyes, los reglamentos y las ordenanzas generales vigentes en las fuerzas armadas de la Potencia detentadora. No tienen deber de fidelidad alguno para con su captor (C. iii, arts. 87 y 100). Son libres, en principio, de intentar escaparse (C. iii, arts. 91 y 92). No tienen que dar información sobre su identidad (C. iii, art. 17) y no pueden ser obligados a servir en las fuerzas armadas de la potencia enemiga (C. iii, art. 130). No pueden ser penados por el solo hecho de haber sido combatientes puesto que, si los Estados están en guerra, se considera que los miembros de los cuerpos armados respectivos tienen derecho a combatir. Si un prisionero ha violado el derecho humanitario, deberá ser sancionado como criminal de guerra, pero no podrá ser penado por el mero hecho de haber sido combatiente. Si el prisionero de guerra no ha violado el derecho humanitario, finalizadas las hostilidades deberá ser liberado y repatriado sin demora (C. iii, art. 118; Protocolo I, art. 85, 4b). Véase José Luis Doménech Omedas, “La protección del prisionero de guerra”, en Rodríguez-Villasante y Prieto (coord.), Derecho internacional humanitario, op. cit., pp. 519-553; Claude Pilloud, “la protección de las víctimas de los conflictos armados: ii. Los prisioneros de guerra”, en aa. vv., Las dimensiones internacionales del derecho humanitario, op. cit., pp. 172-189.

25 Sandoz, Swinarski y Zimmermann (coords.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo ii) y del artículo 3, de estos convenios, op. cit., párr. 4762.

26 Véase ibídem, párr. 4767.

27 Véanse Gabriel Kolko, El siglo de las guerras. Política, conflictos y sociedad desde 1914, Barcelona, Paidós, 2005; Fernando Paz, Europa bajo los escombros. Los bombardeos aéreos en la Segunda Guerra Mundial, Barcelona, Áltera, 2008.

28 Pietro Verri, Diccionario de derecho internacional de los conflictos armados, Buenos Aires, Comité Internacional de la Cruz Roja, 2008, pp. 106-107.

29 Esta noción de terrorismo se aproxima a la que sustentan Michael Walzer, Guerras justas e injustas. Un razonamiento moral con ejemplos históricos, Barcelona, Paidós-Universidad Autónoma de Barcelona-Institut de Ciències de l’Educació, 2001, pp. 269-270; y Hans-Peter Gasser, “actos de terror, ‘terrorismo’ y derecho internacional humanitario”, en Revista Internacional de la Cruz Roja, núm. 847, 2002, pp. 554-555.

30 Véase Mangas Martín, Conflictos armados internos y derecho internacional humanitario, op. cit., p. 83.

31 Las represalias son medidas ilícitas a las que un beligerante recurre para responder a actos ilícitos cometidos por el adversario y así ponerles fin. Se trata de un vetusto procedimiento para la aplicación del derecho de la guerra por el cual frente a un acto de guerra ilegal se aplica otro acto ilegal como último recurso para impedir que el enemigo siga cometiendo actos violatorios del derecho, basado en una idea pragmática de devolver al enemigo lo mismo: si terror, terror, si perfidia, perfidia, hasta hacer que desista de seguir realizando conductas ilícitas. Las represalias han conducido a las violaciones más atroces del derecho internacional humanitario, tanto porque suponen castigar a personas inocentes (a quienes se considera blanco fácil), como porque suelen tener una especial brutalidad, por lo cual se encuentran prohibidas de manera absoluta. Solo en 1929 empezaron a ser prohibidas mediante los Convenios de Ginebra de aquel año y desde entonces se ha afianzado la prohibición de las represalias debido al conjunto de salvaguardias que hacen incondicional, indisponible y absoluta la observancia de los Convenios de Ginebra y de los Protocolos adicionales (Convenio i, art. 46; Convenio ii, art. 47; Convenio iii, art. 13; Protocolo i, arts. 20 y 51, num. 6). Sobre represalias y conflictos internos, véase Mangas Martín, Conflictos armados internos y derecho internacional humanitario, op. cit., pp.131-137.

32 Cfr. Walzer, Guerras justas e injustas. Un razonamiento moral con ejemplos históricos, op. cit., pp. 269-270.

33 Jean-Marie Henckaerts y Louise Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. i, Buenos Aires, Comité Internacional de la Cruz Roja, 2007, Norma 2, pp. 9-12.

34 Véase Andreas Wenger y Simón J. A. Mason, “Participación directa de civiles en conflictos armados: tendencias e implicancias”, en Revista Internacional de la Cruz Roja, núm. 872, 2008, pp. 399-418.

35 La expresión es de Vilma Liliana Franco, “Guerra irregular: entre la política y el imperativo moral”, en Estudios Políticos, núm. 19, 2001, p. 43.

36 Destaca el involucramiento de la población civil como rasgo de las guerras irregulares, Franco, “Guerra irregular...”, op. cit., pp. 50-55; Oji Umozurike, “La protección de las víctimas de los conflictos armados. La población civil”, en aa. vv., Las dimensiones internacionales del derecho humanitario, op. cit., p. 201.

37 Melzer, Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el derecho internacional humanitario, op. cit., p. 44.

38 Wenger y Mason, “Participación directa de civiles en conflictos armados: tendencias e implicancias”, op. cit., p. 416.

39 Hans-Peter Gasser; Sylvie-S. Junod; Claude Pilloud; Jean De Preux; Yves Sandoz; Christophe Swinarski; Claude F. Wenger y Bruno Zimmermann, Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), t. i. Traducción de Mauricio Duque Ortiz, Bogotá, Comité Internacional de la Cruz Roja-Plaza y Janés, 2001, párr. 1679, p. 718.

40 Ibídem, párr. 1679, p. 718.

41 Sobre estos supuestos, Melzer, Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el derecho internacional humanitario, op. cit., pp. 47-48.

42 Así, Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. i: Normas, op. cit., pp. 25-26; Melzer, Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el derecho internacional humanitario, op. cit., p. 49.

43 Frits Kalshoven y Liesbeth Zegveld insisten en que “la noción de ‘participación directa en las hostilidades’ es mucho más restringida que la de contribuir al esfuerzo militar” (restricciones en la conducción de la guerra. Introducción al derecho internacional humanitario, 3.ª ed., Buenos Aires, cicr-latin Gráfica, 2005, p. 116). Para la diferenciación de la participación directa en las hostilidades de las actividades en apoyo de la guerra y de la participación indirecta en las hostilidades, Melzer, Guía para interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el derecho internacional humanitario, op. cit., pp. 51-52.

44 Véase Kalshoven y Zegveld, restricciones en la conducción de la guerra. Introducción al derecho internacional humanitario, op. cit., p. 116.

45 Véase Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, op. cit., p. 27.

46 Voltaire, Diccionario filosófico, t. ii, Madrid, Ediciones Temas de Hoy, 1995, p. 145.

47 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, t. ii, op. cit., p. 1086. Sobre esta prohibición, Hans Blix, “Medios y métodos de combate”, en aa. vv., Las dimensiones internacionales del derecho humanitario, op. cit., pp. 151-152; Peter Macalister-Smith, “La protección de la población civil y la prohibición de utilizar el hambre como método de guerra”, en Revista Internacional de la Cruz Roja, núm. 102, 1991, pp. 469-489; Alain Mourey, “Hambre y guerra”, en Revista Internacional de la Cruz Roja, núm. 107, 1991, pp. 586-594.

48 Primo Levi, Si esto es un hombre, 6.ª reimp., Barcelona, Muchnik Editores, 2005, p. 57.

49 En la regulación de los conflictos armados internacionales se prevé una excepción a la prohibición de hacer padecer hambre a la población civil en caso de necesidad militar imperiosa, según establece el Protocolo i, art. 54, num. 5. No se contempla esta excepción en el Protocolo ii.

50 Sandoz, Swinarski y Zimmermann (coords.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo ii) y del artículo 3, de estos convenios, op. cit., párr. 4798.

51 Cfr. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, op. cit., Norma 53, pp. 207-210.

52 Así, Sandoz, Swinarski y Zimmermann (coords.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo ii) y del artículo 3, de estos convenios, op. cit., párrs. 4800 y 4801.

53 Cfr. Sandoz, Swinarski y Zimmermann (coords.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo ii) y del artículo 3, de estos convenios, op. cit., párr. 4807.

54 “Instrucciones para el gobierno de los ejércitos de los Estados Unidos de América en el terreno”, preparadas por Francis Lieber y promulgadas en la ordenanza general núm. 100 por el presidente Lincoln el 24 de abril de 1863.

55 Véase, Manual de San Remo sobre el derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar, elaborado por juristas internacionalistas y expertos navales reunidos bajo los auspicios del Instituto Internacional de Derecho Humanitario y aprobado en junio de 1994.

56 Cfr. Sandoz, Swinarski y Zimmermann (coords.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo ii) y del artículo 3, de estos convenios, op. cit., párrs. 4796-4797; Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I: Normas, op. cit., Norma 53, pp. 209-210.

57 Según definición ofrecida por Verri, sitio significa “Conjunto de operaciones militares desplegadas alrededor de una localidad (o una zona) defendida, con el objetivo de conquistarla. Las características de esta operación son el cerco, el aislamiento resultante de la localidad (o de la zona) y los ataques, a fin de aniquilar la resistencia” (Diccionario de derecho internacional de los conflictos armados, op. cit., p. 102). Sobre los problemas morales del asedio, véase Walzer, Guerras justas e injustas. Un razonamiento moral con ejemplos históricos, op. cit., pp. 223-242.

58 La expresión es de Mourey, “Hambre y guerra”, en op. cit., p. 590.

59 Walzer, Guerras justas e injustas. Un razonamiento moral con ejemplos históricos, op. cit., p. 223.

60 Ibídem, pp. 233-235.

61 Así, Macalister-Smith, “La protección de la población civil y la prohibición de utilizar el hambre como método de guerra”, en op. cit., pp. 471-474.

62 Organización de Naciones Unidas, Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (un doc. e/cn.4/1998/53/Add.2, 11 de febrero de 1998). El documento puede consultarse en Revista Internacional de la Cruz Roja, núm. 147, 1998, pp. 589-600.

63 Un análisis crítico de esta interpretación en Jan Willms, “Without order, anything goes? The prohibition of forced displacement in non-international armed conflict”, en Revista Internacional de la Cruz Roja, núm. 837, 2009, pp. 551-554.

64 Ibídem, p. 554.

65 La Asamblea General de las Naciones Unidas, en resolución del 25 de agosto de 1992, al pronunciarse sobre la práctica del desplazamiento forzado en el conflicto armado en Bosnia-Herzegovina, condenó las “violaciones generalizadas del derecho humanitario internacional dentro del territorio de la antigua Yugoslavia y particularmente en Bosnia y Herzegovina”, “especialmente la práctica odiosa de ‘depuración étnica’, y exigió que se ponga fin inmediato a esta práctica y que se adopten otras medidas, con carácter urgente, para detener el desplazamiento masivo y forzoso de la población hacia fuera de la de la República de Bosnia y Herzegovina y dentro de su territorio, así como todas las demás formas de violación de los derechos humanos en la antigua Yugoslavia”. La Asamblea General no puntualizó que el desplazamiento forzado tuviera que ser ordenado para que se infringiera el derecho internacional humanitario. (Véase, Asamblea General de Naciones Unidas, Res. 46/242, Un Doc. a/res/46/242, preámbulo y párr. 6).

66 En la Sentencia C-225 de 1995, la Corte Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad del Protocolo Adicional ii a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, y de la Ley 171 del 16 de diciembre de 1994, por medio de la cual se aprueba dicho Protocolo. La Corte aludió a la práctica masiva del desplazamiento forzado en estos términos: “[…] el Protocolo ii también prohíbe ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a no ser que así lo exijan la seguridad de las personas civiles o razones militares imperiosas […]

En el caso colombiano, además, la aplicación de esas reglas por las partes en conflicto se revela particularmente imperiosa e importante, puesto que el conflicto armado que vive el país ha afectado de manera grave a la población civil, como lo demuestran, por ejemplo, los alarmantes datos sobre desplazamiento forzado de personas incorporados a este expediente. En efecto, la Corte no puede ignorar que, según las estadísticas aportadas por el Episcopado Colombiano, más de medio millón de colombianos han sido desplazados de sus hogares por razones de violencia y que, según esta investigación, la principal causa del desplazamiento tiene que ver con las violaciones al derecho internacional humanitario asociadas al conflicto armado interno” (párrs. 31 y 33, respectivamente). La Corte primero estableció que ordenar el desplazamiento forzado está prohibido por el Protocolo ii y, más adelante, sostuvo que el desplazamiento es causado por la violencia y las violaciones del derecho internacional humanitario en particular, de lo cual se deduce que la Corte no exige que el desplazamiento tenga que haber sido ordenado necesariamente para que se dé una infracción del artículo 17 del Protocolo ii.

67 Véase Sandoz, Swinarski y Zimmermann (coords.), Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo ii) y del artículo 3, de estos convenios, op. cit., párr. 4853. El Comentario añade que “Las razones militares imperiosas no pueden justificarse, naturalmente, por motivos políticos. Estaría, por ejemplo, prohibido desplazar a una población con el fin de ejercer un control más eficaz sobre un grupo étnico disidente”. (Ibídem, p. 4854).

68 Para la crítica de estas excepciones, ver Mangas Martín, Conflictos armados internos y derecho internacional humanitario, op. cit., pp. 115-116; Güell Peris, Conflictos armados internos y aplicabilidad del derecho internacional humanitario, op. cit., p. 87.

69 Acerca del pensamiento de Mao Tse-Tung sobre la guerra, el análisis de André Glucksmann, El discurso de la guerra, Barcelona, Anagrama, 1969, pp. 311-386.

70 Véase Jean-Philippe Lavoyer, “principios Rectores relativos al desplazamiento de personas en el interior de su propio país”, Revista Internacional de la Cruz Roja, núm. 147, 1998, pp. 509-522.

71 Cfr. Henckaerts y Doswald-Beck, El derecho internacional humanitario consuetudinario, vol. I, op. cit., Norma 129, pp. 517-521.

72 Así, Jan Willms, “Without order, anything goes? The prohibition of forced displacement in non-international armed conflict”, en op. cit., pp. 554-561.

73 Frei, “el derecho internacional humanitario y el control de armamentos”, en op. cit., p. 527. En el mismo sentido, Hernando Valencia Villa, La justicia de las armas. Una crítica normativa de la guerra metodológica en Colombia, Bogotá, Tercer Mundo-Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional, 1993, pp. 33-34.