1Este último periodo se caracteriza, en general, por la transformación de las relaciones entre los intelectuales y el Estado y, en particular, por un retorno a la dinámica anterior a los años sesenta; lo cual significa un cambio del campo intelectual, un mayor control por parte del Estado. Es en cierta medida la derrota histórica de una generación, situación que se mantiene hasta hoy día. Esto se produjo debido a una confluencia de factores, entre los cuales se destacan la política de paz de Belisario Betancur, el auge de las corrientes neoconservadoras, el inicio de la era neoliberal, la crisis de la izquierda, la degradación del conflicto y el auge del posmodernismo.

2Igualmente, se presentó un cambio del tipo de intelectual dominante. Lo cual tiene que ver con sucesivas fases de crisis del tipo de intelectual de los años sesenta, su sustitución, muy breve, por el periodista y, finalmente, la supremacía del economista neoliberal.

LAS DINÁMICAS DE LAS TRANSFORMACIONES DE LOS INTELECTUALES

3La transformación de los intelectuales es posible debido a la confluencia de cambios políticos e ideológicos en el campo internacional, a alteraciones políticas en el país y a giros en las relaciones entre poder y cultura en el mismo. Es en relación con esta confluencia de dinámicas que entendemos el giro a la derecha de la intelectualidad colombiana a partir de los años ochenta. Obviamente, esta afirmación no niega la existencia de académicos disidentes o de críticos, ni tampoco la complejización del campo cultural, es decir, la superación del bipolarismo de las décadas anteriores, pero sí nos muestra una tendencia dominante.

4En el ámbito internacional se desarrolló, a partir de los ochenta, un movimiento de derechización en la política, la economía y la filosofía. Ésta fue la década del ascenso conservador en Estados Unidos e Inglaterra, que se manifestó en el endurecimiento de la política exterior estadounidense y la permanente amenaza del presidente Ronald Reagan de intervenir militarmente en todo el planeta. De hecho, es durante su mandato que se inicia el fortalecimiento de la denominada contra en Nicaragua, grupos armados antisandinistas, y de las acciones terroristas en Centroamérica. Internamente, los gobiernos de Reagan y de Margareth Thatcher coincidieron en la represión del movimiento sindical —que fue duramente golpeado—, en la implementación de medidas neoliberales y en la eliminación de las conquistas alcanzadas en décadas anteriores —el bienestar social—, a favor del mundo del trabajo.

5En economía es la época del crecimiento de la popularidad de la escuela de Chicago y de Milton Friedeman, es decir, del inicio de reformas monetaristas y de la defensa de la libertad del mercado. En países como Chile, en el caso latinoamericano, comenzó en los ochenta una época de privatizaciones, reducción del tamaño del Estado y apertura económica. Algunas cifras, especialmente del PIB y del comportamiento de la balanza comercial, fueron utilizadas para resaltar unas supuestas bondades de la política macroeconómica. Adicionalmente, se acuñaron conceptos que separaban a quienes estaban con los viejos modelos de aquellos que interpretaban los cambios mundiales; términos como los de competitividad, internacionalización, eficacia, racionalización del gasto público, flexibilización laboral, etcétera, se escuchan en boca de los funcionarios encargados de la planeación económica. De esta forma, el credo neoliberal se constituye en la única verdad en la teoría económica.

6En el terreno de las ideas, de la filosofía por ejemplo, se popularizó una corriente de pensamiento que guardaba una estrecha relación con los cambios políticos y económicos: el posmo dernismo. La conservatización de la filosofía y de la política, en general de las ciencias sociales, se expresó en el supuesto fin de la historia, del humanismo, de los metarrelatos (el marxismo), de los proyectos emancípatenos, de los grandes sujetos (la clase obrera), de la búsqueda de la objetividad y la verdad y del intelectual como conciencia crítica de su sociedad y su época histórica. Asimismo, se manifiesta la conservatización en la supremacía de lo efímero —el hedonismo y el consumismo—, en la tendencia a considerar el análisis y la escritura como simples ejercicios estéticos individuales y en el inicio de una era de dominio absoluto del capital.1

7Adicionalmente, el hundimiento de la URSS, los procesos en Europa oriental, la caída de los sandinistas y lo que algunos han denominado la derrota histórica de la clase obrera, llevaron a muchos intelectuales a iniciar un tránsito a la moda de la posmodernidad y, por supuesto, al abandono de todo aquello que estuviera ligado con el marxismo: un sistema filosófico, el compromiso de transformar la realidad, los proyectos utópicos y el rechazo de las funciones del intelectual y de las ideológicas. La época se interpreta como una negación de los sesenta.

8En América Latina el inicio de una crisis de los partidos tradicionales o históricos, a partir de finales de los años ochenta, fue común tanto a los mismos partidos históricos como a la izquierda.2 En el Perú, la tendencia se manifestó en la debacle electoral y política del APRA y Acción Popular, en la emergencia de una gran variedad de movimientos cívicos y, especialmente, en la irrupción de Cambio 90 de Alberto Fujimori.3

9En México, la crisis del PRI se expresó inicialmente en la separación de connotados dirigentes (Cuahutemoc Cárdenas), en xana fuerte confrontación al interior del partido gobernante que culminó con el asesinato de algunos candidatos y, finalmente, en el fortalecimiento de la oposición, especialmente a raíz de la creación del PRD, el fortalecimiento del PAN y la irrupción del EZLN.4

10La crisis de los partidos históricos se desató en una coyuntura en la cuallos sectores que estaban a favor de la implementación del proyecto de globalización neoliberal pugnaban por el control de los Estados y consideraban a las viejas elites políticas ineficientes y corruptas. Esta situación coincidió con un giro en la política exterior estadounidense, que llevó a promover en el continente juicios políticos contra los antiguos aliados, los partidos políticos tradicionales, los miembros de la fuerzas armadas e, incluso, los dictadores como Augusto Pinochet. Las agencias internacionales de financiamiento (el FMI o el Banco Mundial) llamaron la atención a la nueva dirigencia política para que concentraran sus esfuerzos en la lucha anticorrupción. La mayor parte de los dirigentes de los grandes partidos, incluso jefes de Estado, se vieron inmersos en escándalos por corrupción: Collor de Melo en Brasil y Carlos Andrés Pérez en Venezuela son buenos ejemplos.

11Lo interesante del debilitamiento de los partidos y de la emergencia de la lucha anticorrupción es que están estrechamente relacionados con el inicio de la aplicación del modelo neoliberal y con una movilización de la población contra las viejas elites políticas.

12En efecto, la globalización neoliberal requiere tres medidas en el orden político: la reconfiguración de la clase política, la adecuación del orden legal a las necesidades del capital internacional y el control o debilitamiento de aquellas estructuras que representan la nación: los partidos, el Congreso, el ejército, etcétera. La búsqueda de la reducción de la influencia de los partidos se explica porque la vieja clase política funciona a partir de la corrupción, lo cual hace ineficiente y costoso al Estado y onerosa cualquier iniciativa productiva. En segundo lugar, las viejas estructuras de los partidos y su supervivencia se basan en el clientelismo, lo que exige un gran aparato de Estado y acumular demasiados costos en las finanzas públicas.

13La mayor parte de las campañas políticas en los últimos años, en casi todos los países de la región, tienen como elemento común la lucha contra la corrupción. Las últimas contiendas electorales que han dado el triunfo a sectores conservadores neoliberales —en Colombia, Andrés Pastrana, y en México, Vicente Fox—, se basaron en la caracterización del contrincante como la encarnación de la corrupción; lo cual evidentemente no significa un gran aporte a la ciencia política.5

14Han sido muy pocos los intelectuales que han asumido de manera crítica las campañas anticorrupción. En lo fundamental, no alcanzan a percibir que se trata, como en el actual gobierno, de una maniobra para derrotar a quienes, por principio o por inercia, se oponen a la implementación de medidas neoliberales o a los que se oponen, desde el interior de los partidos tradicionales, a los nuevos cambios. Por supuesto, no pretendemos descartar las luchas anticorrupción, sólo queremos destacar un componente del que poco se habla y que ha permitido la movilización de amplios sectores de la opinión —entre ellos, los estudiantes universitarios y los medios—, en torno a campañas políticas que en lo fundamental son de carácter neoliberal.6

15En Colombia, la transformación de los intelectuales, además de las causas ya mencionadas, se debió a la crisis de la izquierda, que se entiende como el fortalecimiento del militarismo y, paradójicamente, del colaboracionismo; la incorporación de los intelectuales al Estado a través de la política de paz que desarrolló Belisario Betancur; el protagonismo de los medios de comunicación masivo y, posteriormente, el surgimiento de un nuevo tipo de intelectual dominante: el economista neoliberal.

16En los años setenta el debate político y el accionar de la izquierda conocieron un giro hacia las concepciones guerreritas. Varios factores, continentales y locales, explican este suceso. El triunfo militar de Fidel Castro y del sandinismo en Nicaragua y el recrudecimiento del conflicto interno en Guatemala y El Salvador dieron impulso a las posiciones militaristas de la izquierda latinoamericana. La posibilidad de una victoria de la insurrección se constataba en la práctica. Adicionalmente, existió un conocimiento directo de la experiencia en Centroamérica a través de la constitución de la brigada Simón Bolívar y de diversos tipos de vinculaciones a las actividades de apoyo a Nicaragua o Cuba, lo cual fortaleció el factor subjetivo del conflicto interno. Todo parecía indicar que era factible repetir la experiencia centroamericana en otros países de la región.

17La irrupción del M-19 en Colombia encarnó el último proyecto de izquierda armada que suponía la sustitución de la política por la guerra, es decir, el predominio de la ingenua matemática según la cual el acceso al poder dependía del mayor número de las acciones militares.7 El M-19 retomó lo peor del voluntarismo foquista y actuó con urna permanente improvisación en la definición de su proyecto político: nunca fue muy preciso sobre lo que se proponía (el diálogo nacional), ni qué se construiría luego de un hipotético triunfo. De hecho, en este grupo armado fue visible, más que en cualquier otro, la existencia de diversas líneas políticas; aunque como han resaltado varios analistas, lo predominante fue la opción socialdemócrata. Esta circunstancia determinó que los aportes a la explicación de la realidad nacional fueran poco significativos y que por fuera de lo militar se hundieran en un mar de incoherencias.8

18El grupo insurgente culminó patéticamente su vida política: no sólo debido a acciones de extrema irresponsabilidad e ingenuidad política, la toma del Palacio de Justicia y el juicio a Belisario Betancur, sino al colaboracionismo más vergonzoso con el Estado a partir de la Asamblea Constituyente.9

19Las acciones del movimiento armado, consideras erróneas por los académicos, sumadas al inicio de una serie de comportamientos delincuenciales por parte del movimiento armado, como el empleo del secuestro, la alianza con el narcotráfico, los atentados contra la población civil y la prepotencia de los jefes guerrilleros a la hora de negociar, motivaron una justificada crítica de los intelectuales a la diversas organizaciones insurgentes.

20La indefinición política y los errores del movimiento guerrillero no niega algunos efímeros logros militares y un fugaz respaldo popular. Hay que reconocer que en su loca carrera logró afectar el escenario de la política, al modificar la correlación de fuerzas, innovar en el accionar militar e influenciar un tradicional espacio intelectual: la universidad.

21El movimiento estudiantil universitario asistió a un proceso de retorno a la política, predominante a mediados de la década del sesenta. En efecto, a partir de los años ochenta la presencia de los grupos insurgentes y seudoanarquistas al interior del movimiento estudiantil privilegió el activismo, las acciones de hecho y el abandono de los procesos de organización gremial. Como en los sesenta, de lo que se trataba era de que las universidades sirvieran de cantera a los movimientos armados. Esto abrió las puertas a la aparición de grupos dudosamente radicales —activistas dispuestos al tropel inmediato, cuyo accionar ha sido supremamente nocivo para el avance de los procesos de organización, de defensa de la universidad y, en general, de la actividad política y académica democrática, incluso revolucionaria— y a un paulatino involucramiento de la universidad en el conflicto armado.10

22No obstante, las condiciones eran distintas, pues el gobierno de Julio César Turbay Ayala, por ejemplo, estuvo dispuesto a hacerle frente a la guerrilla en todos los terrenos, y el conflicto en las universidades se “solucionó” con largos cierres —recordemos que la Universidad Distrital de Bogotá estuvo cerrada durante dos años—.11 Asimismo, el avance de la extrema derecha, sostenido por el rechazo al vandalismo, se hizo evidente en los claustros universitarios.

23De manera que lo que encontramos en la izquierda y en la universidad fue el fortalecimiento de los más guerreristas, la desbandada de los gestores de la disidencia política y académica ante los desmanes de la guerrilla y el debilitamiento de aquellos que no estaban con el movimiento insurgente.

24Para finales de los años noventa, la universidad, adormecida e incapacitada para responder a la dinámica de los actores armados, se convirtió en un campo de batalla. Los intelectuales quedaron a merced de las acciones punitivas y bajo la amenaza de perder su espacio natural de trabajo, y vieron cómo se cerraban las posibilidades para la circulación libre de las ideas.

25Paradójicamente, en algunas instituciones la defensa de la universidad ha recaído en los rectores, quienes en otros tiempos eran la expresión de los intereses más retardatarios y ahora han dado muestras de su decisión de rechazar los ataques del neoliberalismo contra la educación pública.12

26La nueva dinámica que se da en la universidades coincide en el tiempo con un empobrecimiento de la actividad editorial y, en general, de los espacios para la difusión de las ideas. Esto se debe a hechos como la pauperización de la sociedad, el incremento de las tasas de desempleo, el inicio de un ciclo de crisis en la industria editorial y la supremacía de lo mercantil, a niveles vergonzosos, sobre el mundo de las ideas.

27Las principales editoriales vinculadas a la izquierda se cerraron o limitaron sus ediciones y nuevos títulos, se clausuraron algunas de las publicaciones que alentaban el debate académico —entre ellas, Cuadernos Colombianos, Estudios Marxistas, Teorema y Alternativa—, y los escritores quedaron a merced de editores que únicamente publican aquello que se puede vender, aunque eso implique producir artificialmente un autor o un libro.

28Paralelamente, se dio el abandono de las posiciones radicales por parte de la mayoría de los intelectuales que habían acompañado la formación de la izquierda, especialmente los provenientes del trostkismo, y su inserción en las altas esferas del Estado o en el desempeño de cargos públicos de reconocida influencia —la junta directiva del Banco de la República, la asesoría de paz, etcétera—. El partido comunista, igualmente, perdió dirigentes de prestigio y el sector más democrático, con lo cual la línea dura se fortaleció.13

29Uno de los factores que más ha contribuido a la transformación de los intelectuales ha sido la política de paz. Aunque la paz aparece como el gran tema nacional a partir de la década de los ochenta, el camino para llegar a ella ha variado con los gobiernos y con las políticas que cada uno de ellos ha impulsado. Quizás el hecho más significativo ha sido el cambio del discurso de la burguesía colombiana respecto a la consideración del conflicto interno como un suceso originado fuera de la nación —la hipótesis de la conspiración externa—, y su aceptación como una circunstancia política nacional e incluso, en algunos, como un fenómeno estructural.14

30El ascenso de Belisario Betancur acarreó una ruptura en la concepción de la violencia y en la manera de abordarla y proponer soluciones, especialmente con respecto a su inmediato antecesor Julio César Turbay Ayala. En efecto, Turbay había diseñado como estrategia para proponer su amnistía una cruenta represión y la aceptación de la derrota por parte de los grupos insurgentes como el único medio de acceder a un estrecho mecanismo de reinserción en la vida política legal. La amnistía de Turbay no significó otra cosa que la profundización de la violencia, en la medida en que partió de un supuesto falso: la inminente derrota de los grupos insurgentes. Sus contendores se encontraban en la posición opuesta, pero con el mismo grado de beligerancia: la posibilidad de la victoria militar.

31Para sectores de la burguesía, las fuerzas armadas y la Iglesia la presencia guerrillera se explicaba como una conspiración internacional sin respaldo popular. Los insurgentes serían fácilmente aplastados si el Estado asumía tal objetivo —lo había demostrado el cerco de Anorí y la captura de la cúpula del Μ19—, de manera que el problema de la paz se concebía en términos de una limitada amnistía que, además, sólo se otorgaría a cambio de la entrega de las armas y el abandono de toda tentativa de reincidencia en unas conductas consideras simplemente delictivas. De hecho, se niega no sólo la rapacidad militar y política de los grupos insurgentes, la conformación de un proyecto político, sino, lo que es más grave, la existencia de lo que en años posteriores se denominaría las condiciones estructurales de la subversión.

32Belisario estableció una ruptura con dicha política de paz señalando que la violencia en Colombia se debía a problemas estructurales; con lo cual explicó la existencia de los grupos insurgentes dentro del escenario nacional, es decir, como parte de una realidad social. Denunció que el problema no se solucionaría mediante el uso de la fuerza, pues ésta sólo serviría para acrecentar el conflicto interno. Esta postura formalizó ron choque entre las diferentes opdones existentes para dar soludón al problema de orden público. De un lado, estaban los amigos del presidente que se inclinaban por una salida negociada, y del otro, quienes pensaban que era sólo cuestión de dejarle el turno a concepciones más varoniles y que con la autorización de unos cuantos tiros la violencia guerrillera quedaría enterrada. Dualidad que a partir de entonces rondará el palado presidencial.

33El ascenso de Belisario Betancur significó una paradójica situadón para la burguesía colombiana: la conducdón del Estado la asumió un político cuya concepdón de la paz no coinddía plenamente con su proyecto. De allí que la formulación belisarista generara varios enfrentamientos con las fuerzas armadas, los gremios, el parlamento, etcétera, y a la vez una rápida aceptadón por parte de la insurgencia y de casi todos los sectores de la izquierda.15

34El giro dado por Betancur al tema de la paz puso a la orden del día la necesidad de buscar nuevas estrategias para resolver el conflicto. Pero, ¿de dónde surgirían las nuevas políticas? ¿Estaban los burócratas y militares en capacidad de cambiar de perspectiva? ¿Los gremios económicos podían aceptar el cambio de la política de orden público? Difícilmente. Los militares sólo veían en el movimiento insurgente una cuadrilla de malhechores, unos bandidos, que fácilmente podrían ser aplastados si el gobierno se decidiera, por fin, a hacer la guerra. Los burócratas estaban en el inicio de la transición entre la vieja clase política clientelista y los nuevos tecnócratas, razón por la cual la pugna giraba en torno al control de los mejores cargos y se iniciaba la perorata sobre la lucha anticorrupción. Los gremios, por su parte, conspiraron contra Belisario, pues demandaban mano dura. Así que el único sector con el cual el presidente podría darle legitimidad a su proyecto eran aquellos jóvenes o viejos que, como él, suspiraban por los versos y los libros, la música y las bellas formas: los intelectuales.

35Adicionalmente, Betancur sabía que muchos de ellos habían dado origen a textos en los cuales intentaban analizar los grandes acontecimientos que construían la nación, es decir, tenían una opinión formada. Era el momento para una puesta en escena de las funciones de los intelectuales como especialistas en la interpretación de los fenómenos sociales y políticos, y como artífices de la definición de una nueva política sobre el orden público y la paz.

36El que el presidente recurriera a especialistas, muchos de ellos pertenecientes a lo que el general Fernando Landazábal consideraba los agentes de la subversión cultural —de hecho, algunos habían militado en organizaciones políticas de izquierda—, significó una ruptura sustancial.16 Asimismo, las comisiones de paz se construyeron con la desatinada intención de expresar a todos los sectores de la sociedad —hoy se habla de representantes de la sociedad civil—, lo que no deja de ser igualmente patético.17

37Con la política de paz, la administración Betancur logró dos rupturas significativas en la relación entre el campo político y el cultural. La primera, fue la reconfiguración de los posibles nexos entre la política, como construcción de proyecto, y la cultura, como fuente de legitimación. Betancur se mostró como un presidente culto, es decir, como un hombre público que por su formación humanista podía concebir la política alejada de todos los vicios del clientelismo bipartidista; de hecho, se postuló al margen de los partidos tradicionales. Al mismo tiempo, concebía la cultura desde una perspectiva más realista, comprometida con las necesidades del Estado y la nación o, lo que es lo mismo, vinculada a la legitimación de un proyecto político.18 Recordemos que Betancur desde muy temprano aparecía como un típico intelectual de partido: con una formación de humanista, director de su propia revista., opositor de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, vinculado con editoriales “liberales”, promotor de la cultura, disidente del bipartidismo y, finalmente, a diferencia de Alvaro Gómez, una de las pocas cartas del conservatismo posfrentenacionalista que no asustaba al electorado.

38En este contexto, Betancur concibe a los intelectuales de una manera distinta a como lo hacían en la década anterior y, por ello, los llama con la pretensión de que le otorguen legitimidad a su proyecto y le indiquen cuál es el mejor camino para lograr la reconcialiación.

39Si la paz es una necesidad sentida por toda la sociedad, ¿cuál es el problema de que los intelectuales participen en un proceso que interesa a la nación? A nuestro juicio, hay que considerar tres hechos. En primer lugar, la participación se hizo a nombre de un sector que estaba formado para hablar sobre esos temas. Eran y son personas cuya profesión es interpretar la realidad nacional. No obstante, lo que hay que analizar es que su participación los llevó a convertirse en consejeros del príncipe y a difundir la idea de la inminencia de la paz. La ingenuidad de algunos los llevó a pensar que el cargo era suficiente para garantizar el acceso a la paz por encima de los intereses de los gremios, la vieja oligarquía y los militares, y que el movimiento armado, especialmente las FARC, estarían dispuestas a una rápida reinserción.19

40Existió ingenuidad al creer que el desempeñar ese tipo de cargos era suficiente para lograr el consenso de los sectores dominantes. La bondad del argumento, la búsqueda de la paz, no era suficiente para respaldar los procesos ni para olvidar la actitud crítica; es por esto que la política de paz ha carecido de rumbo preciso. No ha existido una claridad sobre lo que significa la paz, sobre sus medios y sus objetivos. Una historia de los procesos de paz, hasta el actual de Andrés Pastrana, demuestra un alto grado de improvisación por parte del presidente, los consejeros de paz o los altos comisionados; así como un permanente conflicto entre las instancias de negociación: los militares, los gremios y el bipartidismo. Por ello, encontramos desde los años ochenta un protagonismo alternado con contramarchas, tal como aconteció durante el gobierno de Andrés Pastrana.20

41El segundo problema es que los académicos no aparecen en las comisiones desde la especificidad de su labor, sino como dos cosas que no son: representantes de la sociedad civil o funcionarios del gobierno.21

42En tercer lugar, no hay una posición crítica ni con respecto a los procesos ni a los actores, es decir, no ha existido autonomía por parte de los intelectuales para analizar las distintas políticas.22 Su contribución al tema de la paz ha sido como interlocutores. Antes que considerarse analistas, evaluadores, verificadores, conciencia crítica, han permitido que los coloquen entre los factores que suman una correlación de fuerzas a favor de un bando o, a lo sumo, como testigos de excepción cuyas opiniones generalmente acaban siendo un libro más sobre el proceso de paz.

43La necesidad que tiene el Estado de nuevos funcionarios y de especialistas en los temas que se identificaron como indispensables para una transformación de las estructuras políticas, ha generado la creación de una nueva institucionalidad encaminada a llenar este vacío. En efecto, el proceso de paz aportó una estructura institucional específica: las consejerías. Pero, además, consagró un saber particular: la “violentología”, es decir, la especialización en los estudios sobre la violencia. Las investigaciones han servido para entender mejor el fenómeno de la violencia tanto regional como nacionalmente y de igual forma han polarizado a los investigadores, especialmente porque los bandos en conflicto en Colombia intentan impedir que efectivamente las investigaciones se realicen con plena autonomía.

44No obstante, a la producción de los violentólogos habría que hacerle varias preguntas, evidentemente el intelectual ha servido de base para pintar palomitas, ¿pero ha sido lo suficientemente claro en advertir que la paz no estaba a la vuelta de la esquina? ¿Ha permitido la construcción de un referente simbólico alterno a la violencia? ¿Permite crear nuevos espacios para el fortalecimiento de la sociedad civil?

45Uno de los hechos significativos de la incorporación de la intelectualidad al Estado ha sido su alistamiento desde el reconocimiento de su especificidad, es decir, desde la valoración de su conocimiento del fenómeno de la violencia, de su posesión de una visión global de la historia del país o de su sensibilidad ante los procesos por una cercanía generacional, política o ideológica con los actores en conflicto. Por ello, el Estado o las consejerías, para sólo mencionar unos ejemplos, se convierten en un lugar de gran atractivo para los intelectuales, pues no sólo le abren nuevas opciones laborales sino fuentes de financiación para sus actividades y un rápido ascenso al estrellato, al margen, en muchos casos, de la producción académica.

46El reconocimiento de la existencia de los grupos insurgentes como una realidad histórica y política, y la articulación de la política de paz al deseo de los colombianos de superar la violencia, permitieron a muchos, por la vía del interés nacional, asumir la realidad del conflicto. En los últimos años, la generalización de los hechos sangrientos en todo el territorio ha obligado a los colombianos a aceptar la existencia de la guerra y a manifestar simpatías por las políticas de paz, aun cuando impliquen acentuar la confrontación.23

47Un hecho particular de los procesos de paz que se han dado desde la década de los ochenta es que la búsqueda de soluciones ha estado acompañada por la discrepancia en tor no al significado de la paz, por las divergencias en cuanto al método empleado para alcanzarla y a las concepciones de sus dimensiones. Lo mismo acontece con la violencia, pues se polemiza acerca de su origen y también acerca de las soluciones al conflicto.

48El cuatrienio belisarista permitió una doble dinámica: la formulación de una política de paz amplia y la recomposición del movimiento insurgente. Sobre lo primero, es suficiente afirmar que Betancur logró una gran movilización del país en torno a la búsqueda de acuerdos de paz. Lo segundo tiene dos procesos distintos, pero complementarios. Por un lado, la aventura del M-19 significó la profundización de la crisis de su proyecto político. La toma del Palacio de Justicia no pudo ser justificada ante la opinión pública y su iniciativa en el plano militar se vio limitada en otras regiones del país, así que la única salida fue la búsqueda de una reincorporación a la vida legal. Por otro, las FARC jugaron a participar en un proceso de paz, pero con la perspectiva de aumentar su aparato militar: mientras dialogaban se fortalecieron y se consolidaron como el grupo guerrillero más importante del país.24 Para organizaciones como el M-19 la supervenvivencia quedó limitada a la aceptación inmediata de cualquier propuesta de paz. Para las FARC y el ELN la vía de la guerra se definió con mayor fuerza.

49Paralelo a este proceso de negociación —modelos de paz, demanda de estudios sobre la violencia y reinserción— han surgido en el mundo académico una serie de polémicas en torno a la génesis del conflicto interno y a sus características. Sobre su origen, ya anotamos la versión tradicional relacionada con la existencia de una conspiración. Los estudios recientes han enriquecido las perspectivas teóricas y metodológicas, así como las aproximaciones regionales, e incluso se ha avanzado en la taxonomía de las diferentes formas de violencia. Al analizar la violencia contemporánea encontramos al menos dos versiones elaboradas que descansan sobre reconocidas investigaciones: la de los sujetos y la de las estructuras.

50La primera aproximación resalta la determinación de hombres y mujeres de asumir la opción militar como camino para realizar su proyecto político. En este caso, lo que se valora es el factor subjetivo en el conflicto y, por lo tanto, las perspectivas de solución a la violencia son muy específicas.

51La segunda explicación exalta la existencia de condiciones estructurales que llevan a ciclos de violencia. Es la manera como se ha construido la nación y las desigualdades económicas y políticas, las que generan los problemas de orden público. De manera que la superación de la guerra interna pasa por la solución de las desigualdades y limitaciones de la democracia en Colombia.

52El llamado que hace Betancur a los intelectuales especialistas en conflicto interno a vincularse a la. búsqueda de la paz, constituyó una vía para la reconfiguración del campo político y cultural. En efecto, la creación de las figuras de asesores y comisionados en el marco del tratamiento del tema de la paz, junto a la tendencia inaugurada por el gavirismo de reconstitución de la clase política en Colombia, acentuaron la sustitución de importantes sectores de la tradicional clase política por tecnócratas e intelectuales. Con muy pocas excepciones, quienes han estado vinculados a la asesoría de los procesos de paz se han marginado de la política activa o de la burocracia.25

53La toma del Palacio fue un acontecimiento que marcó el fin del experimento belisarista en torno a la paz y una recomposición de la política nacional.26 En primer lugar, permitió la reacción de los sectores más tradicionales que desde meses antes habían rechazado la ingenuidad del primer mandatario y alertaban sobre la imposibilidad de confiar en la guerrilla. En segundo lugar, las FARC crecieron a la sombra del proceso paz, con lo cual las posibilidades de incremento el conflicto se ampliaron dramáticamente. En resumen, la acción del M-19 le cedió la iniciativa a los más guerreristas.

54Un elemento adicional que contribuyó a la cooptación de los intelectuales fue la centralidad que adquirieron los medios de comunicación en una coyuntura en la que, a la vez, se daban giros importantes en el periodismo colombiano: la incorporación de los disidentes a los grandes rotativos, la supremacía de la televisión, especialmente el auge de los programas de denuncia y de los noticieros con editorial, con un espacio para la crítica.

55En primer lugar, el periodista, tanto de la televisión como de los periódicos, adquirió cierta notoriedad en los años ochenta. Es la época en la que los comunicadores hacen denuncias en revistas y en programas de opinión y aparecen como los portadores de la verdad. Incluso quienes habían hecho oposición, en revistas de izquierda, se vincularon a los grandes periódicos con columnas de opinión en las que generalmente destapaban los grandes desfalcos que cometían políticos corruptos o comentaban los sucesos cotidianos de la política.

56El segundo hecho notorio fue la supremacía de un medio, la televisión, sobre otros, como la prensa, lo cual refleja una tendencia global. Dicha supremacía se presenta con unas limitaciones muy precisas: la inmediatez de la noticia, la apariencia de neutralidad por el manejo de las imágenes y la búsqueda permanente del rating, hechos que llevaron a un lento desplazamiento de los viejos formatos de la investigación.27

57Estos dos procesos desencadenaron, igualmente, varias dinámicas. La primera, fue la necesidad de algunos intelectuales de renunciar públicamente a su pasado izquierdista, en ciertos casos como condición para desempeñar cargos o hacer parte de la nómina de los grandes rotativos. La segunda, un involucramiento, personal y profesional, de los periodistas con los voceros de la insurgencia, que culminó en una profusión de entrevistas a los jefes guerrilleros y en la farandulización de los grupos alzados en armas.28

58Con la tercera, se inició la toma de los medios por parte de las reinas de silicona, el desplazamiento de los periodistas por comunicadores con ángel y poco o ningún sentido común, un lento pero inevitable tránsito a la banalización del periodismo, y, con ello, del tratamiento de los problemas de la situación nacional. Como consecuencia de lo anterior, se cancelaron los programas de opinión, se sustituyó a los periodistas críticos y sus análisis de la noticia por jovencitas con muchos padrinos y ocurrencias y, como pasatiempo de narcos, se buscaron reinas de belleza con cuerpos de pasarela; finalmente, se transformó el noticiero en un magazine.

59Lo particular de este proceso ha sido que en el periodista aparece encarnada una de las funciones del intelectual moderno: la capacidad de poseer una visión global y crítica sobre la sociedad. En apariencia, los comunicadores conocen información confidencial sobre diversos operativos y chismes de la denominada clase política, y al mismo tiempo se presentan ante la sociedad civil, por su lugar privilegiado en los medios, como los depositarios de ese saber: estaban y están siendo testigos de excepción. No en vano los periodistas efectúan los análisis de coyuntura, desplazando a los politólogos, y se consolidan momentáneamente ante la opinión con la fuerza de sus entrevistas exclusivas. Por ello, la década de los ochenta conoce un extraño proceso en el cual los comunicadores aparecen como los autorizados para explicar los sucesos políticos.29

60Un último aspecto que explica el cambio en las relaciones entre intelectuales y Estado es la emergencia del neoliberalismo. La década de los ochenta conoció el auge de las corrientes monetaristas que propugnaban por la implementación del recetario de la escuela de Chicago y de su máximo inspirador Milton Friedeman. El neoliberalismo requiere, entre otras cosas, la eliminación o reforma de las estructuras de tipo nacional —el Congreso, los partidos, el ejército—, que frecuentemente se identifican con la corrupción y la ineficiencia; la reducción del tamaño del Estado; la privatización, y la supremacía del economista como tipo de intelectual dominante.30

61Esta supremacía del economista se asocia con la sustitución de la vieja clase política por una nueva tecnocracia y con una revaloración de las universidades, la investigación y la producción cultural y científica. El resultado del recetario no es otro que la destrucción de los hilos del tejido nacional, el debilitamiento de los diversos tipos de intelectuales y la supremacía de conceptos como los de eficiencia, libertad de empresa, libertad de mercado y lucha contra la corrupción. Lo paradójico es que en las últimas décadas han sido las agencias estadounidenses y su embajada en Colombia las que denuncian a políticos, partidos y militares por corrupción o violación de los derechos humanos, como ocurrió durante la administración Samper.

62La inexistencia de organismos de carácter nacional, o su debilitamiento, y de intelectuales críticos permite, sin mayor oposición, la aplicación de reformas económicas y políticas.31 Un Congreso, una justicia, unos partidos o un ejército sometidos o temerosos, unos intelectuales sin espacio académico, fuentes de financiación ni medios para difundir sus ideas, todo esto facilita la adecuación del Estado a las exigencias de la globalización y entrega los mercados locales al gran capital. Por ello, el neoliberalismo requiere un nuevo perfil del político y especialmente del funcionario estatal.32

63Las vías para renovar la clase política son varias y están estrechamente ligadas con la transformación de los intelectuales y con su nuevo tipo dominante. La primera fue la incorporación de jóvenes talentos egresados de carreras que tenían una marcada orientación neoliberal —la economía o la administración—, de profesiones tradicionales —como el derecho— y de las abiertamente técnico-científicas —como la ingeniería—. Se trataría de la renovación con una nueva generación, especialmente con miembros pertenecientes o vinculados ideológicamente a las familias en el poder.

64El proyecto económico neoliberal, sin embargo, demandó la supremacía del economista, quien por su formación, la presencia de las matemáticas en el curriculum, aparece con el aura del científico riguroso y, dada la coyuntura histórica de la supuesta muerte de las ideologías y la desaparición de los intelectuales, se constituyen en fuente de legitimización.33 Explica Marco Palacios que debido a su formación, los economistas se vuelven “indispensables; para los políticos que dirigen el Estado, para los grupos de poder económico, y en los procesos de formación de leyes en el Congreso. Eventualmente pueden ser decisivos para moldear el segmento cartesiano de la opinión pública”.34

65Por otra parte, la supremacía de este tipo de economista refuerza la tradicional distribución del capital cultural y las relaciones existentes en Colombia entre el capital culturaly el político. En efecto, en el artículo de Palacios sobre los economistas se destaca el estrecho vínculo entre los egresados de la Universidad de los Andes, su desempeño de funciones en las instituciones que orientan la política económica y su formación doctoral fuera del país, especialmente en Estados Unidos. Concluye Palacios que: “De unos 29.000 economistas graduados en Colombia, han realizado estudios de doctorado unos 164, la mayoría en Estados Unidos, y de éstos, 80 egresaron de la Universidad de los Andes”.35

66El resultado no puede ser otro que la formación de una elite intelectual que concentra los mayores niveles de formación académica, los altos cargos laborales, las mejores remuneraciones y orienta la política económica. Lo cual, evidentemente, demuestra la plena vigencia de los análisis de Weber y Gramsci sobre el concepto y la función de los intelectuales.

67La pretensión neoliberal, con la racionalización de los recursos, la reducción del tamaño del Estado, la privatización de la educación, etcétera, es lograr la reestructuración del mundo del trabajo y, en el caso concreto del trabajo intelectual, buscar la reducción de los grados de autonomía de la que gozan los académicos —como los profesores—, la reorientación de la inversión en educación —específicamente la reducción del gasto desde la perspectiva de la necesidad de ajuste fiscal—, la delimitación de lo que es pertinente saber y, especialmente, el establecimiento de rígidas formas de evaluación de la productividad de los investigadores.36

68La segunda forma de incorporación de los intelectuales al Estado fue el reclutamiento de directores y dirigentes de movimientos cívicos, ONGs y nuevos partidos. Esta dinámica formó funcionarios que reemplazaron a quienes se oponían a las reformas o a quienes constituían un estorbo político.37

69La tercera vía de la renovación de la burocracia fue el reclutamiento de los jóvenes talentos provenientes de la clase media, que se vinculaban al sector privado o público a partir de su paso exitoso por las universidades y otras instituciones de formación superior. Esta alternativa recupera para el Estado y la empresa privada aquellos talentos que se han formado gracias a los esfuerzos de sus familias o como resultado de aptitudes especiales.38

70Finalmente, están aquellos intelectuales que aparecían en el pasado como críticos, sin ser radicales, que poseen un capital cultural importante y una visión de conjunto de la socie dad y se desempeñaban como profesores universitarios, directores o miembros de una ONG.39

71Otra tendencia que contribuyó a la renovación de la relación entre intelectuales y Estado fue el auge del posmodernismo, que constituye la filosofía del neoliberalismo. Esta corriente de pensamiento rechaza los proyectos emancipatorios, las nociones de verdad y objetividad, los metarrelatos y, en muchos pensadores, la imposibilidad de abandonar el paradigma liberal. De allí que se nieguen las corrientes de pensamiento que propugnan por una utopía social y se afirme la aceptación de cualquier tipo de discurso. La instauración de una aparente unanimidad de los intelectuales, que tiene como principio un supuesto fin de la historia y las ideologías, establece un pragmatismo absoluto que lleva a los intelectuales a intentar hacer parte de la burocracia o constituir su propia fundación o ONG.40 También se incluyen aquellos que aun permaneciendo en la academia se plegaron a estos cambios sin cuestionar ningún aspecto central de la expresión de la globalización neoliberal y de su corriente filosófica: la posmodernidad.

72Lo particular es que la coyuntura muestra un endurecimiento de la presión del Estado sobre los intelectuales, un empobrecimiento de las condiciones en las cuales se realiza su actividad cotidiana —desaparición de las posibilidades de financiación, publicación y difusión del pensamiento— y una radicalización del conflicto militar. Paradójicamente, al mismo tiempo se difunde el argumento del reconocimiento, por parte de las clases dominantes y el Estado, a través de la Constitución de 1991, por ejemplo, de la pluralidad y complejidad de la nación y de la necesidad de profundizar en la democracia.

73Por supuesto, no se trata de condenar a la hoguera a todos aquellos intelectuales que han sido funcionarios del Estado o que han ocupado cargos burocráticos en algunas instituciones. Nos interesa resaltar la tendencia de la relación entre intelectuales y Estado, entre campo cultural y campo político, y no buscamos, de ninguna manera, el examen de casos individuales. Tampoco pretendemos erigir un muro que separe a los puros de los impuros; entre otras cosas porque finalmente la intelectualidad, en países como el nuestro, está generalmente cumpliendo funciones de Estado y no puede tener otra oferta laboral.41

74Es necesario señalar que la participación de los intelectuales en el proceso de legitimación de proyectos, gobiernos y medidas políticas no está carente de contradicciones. Por el contrario, se pueden generar roces y conflictos con el gobierno central, con los partidos tradicionales, con funcionarios de alto nivel, etcétera.

LA NARRATIVA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1991

75La Constitución de 1991 se ha erigido en un nuevo mito político que unifica e integra a los intelectuales reincorporados. La movilización de los académicos en torno a la elaboración de una narrativa de la Constitución ha permitido recuperar a una serie de pensadores que tras la crisis de la izquierda, el ascenso neoconservador y la supremacía de los economistas neoliberales habían quedado sin referentes ideológicos fuertes. Dicho de otra manera, la Constitución logra recuperar para el Estado a irnos intelectuales que finalmente terminan legitimando la propuesta. Por esta razón, incluimos en este capítulo un breve comentario a las dinámicas inauguradas en 1991.

76El proyecto gavirista de acelerar la implementación del modelo neoliberal necesitó adecuar con urgencia las estructuras legales e institucionales del país a los requerimientos del capital internacional y la globalización neoliberal. Por ello hizo lo que parecía imposible: citar a una asamblea constituyente para que redactara una nueva Carta Magna.42

77Hay que resaltar que la Constitución fue viable debido a la coincidencia de varios procesos, entre los cuales habría que señalar los siguientes: la presión de diversos sectores de la sociedad civil para crear un marco constitucional más acorde con las modificaciones generadas desde la década de los sesenta;43 un protagonismo fugaz con el cual se premiaba la reincorporación de movimientos insurgentes, especialmente el M-19, y el abandono de cualquier pretensión de lucha armada; las exigencias de corrientes del liberalismo, en particular las que se expresaron a través del diario El Espectador, la presencia de sectores populares organizados que demandaban la revisión del pacto social; la coincidencia de fracciones reformistas de los dos partidos en la búsqueda de un cambio en el orden jurídico.44

78La propuesta era audaz porque en un mismo proceso intentaba legitimar el modelo económico y el proceso de paz con el M-19, evitar la radicalización de sectores populares y renovar algunas instituciones que no estaban acordes con las exigencias de la época.

79La composición de la asamblea constituyente reflejó la presencia de diversos sectores que buscaban dejar sentir su voz y de alguna manera plasmar en el texto constitucional su punto de vista sobre lo que era la nación y el Estado. En este sentido, la Constitución fue el resultado de los procesos de negociación y sometimiento de las diferentes fuerzas políticas. Eso no quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que el gavirismo hubiese estado sometido a los demás grupos.45 Por el contrario, este sector salió beneficiado con la nueva Carta, pues, entre otras cosas, se consagró en ella la economía de mercado.

80Aparentemente se lograron algunos avances evidentes si se hace una comparación con la Carta de 1886. Generalmente se hace referencia, por ejemplo, a la consagración constitucional del carácter multiétnico y pluricultural de la nación y a una supuesta democratización de la sociedad. Sin embargo, tales hechos quedan eclipsados por las limitaciones concretas de la democracia y por la aplicación del recetario neoliberal. Lo particular es que quienes defienden la Constitución poseen un concepto sobre la democracia que no se ajusta a los procesos recientes y que, en otros casos, es muy frágil. Si partimos, por ejemplo, de considerar la noción de ciudadano en el sentido de sujeto libre, portador de derechos y obligaciones y fuente de legitimidad del orden político a partir de la concertación, con otros individuos libres, de las leyes y normas de convivencia, constatamos que en Colombia existen serias limitaciones. Pero si incluimos otros elementos en la definición, como lo hace Carvhalo, observaremos que lo que ha sucedido es todo lo contrario a lo que sugieren los apologistas de la Constitución del 91. En efecto, las condiciones materiales de existencia y la protección social se han debilitado dramáticamente, al igual que la seguridad de los ciudadanos.46 Esta imposibilidad del Estado para garantizar la protección de los ciudadanos es considerada por Marco Palacios como una falla protuberante de la nueva Constitución.

81Por lo dicho anteriormente, se equivocan también aquellos que sostienen que el problema es una supuesta falta de “aplicación” de la Constitución. En un muy ligero escrito, carente de toda sustentación, Ricardo Sánchez sintetiza esta corriente de pensamiento.47

82Un hecho especial de la coyuntura en la que se elaboró la Constitución fue que el gavirismo logró la movilización de importantes sectores de la clase media y de la intelectualidad. Éste fue un acontecimiento novedoso en aquel entonces pues difícilmente un gobierno había obtenido éxito en obtener un respaldo importante a una propuesta política.48

83A partir de entonces comenzó a construirse una narrativa en torno a lo que para los apologistas de la Carta es el cambio más importante del siglo XX. Lo cual, a nuestro juicio, traduce la legitimación del proyecto político del gavirismo y, en consecuencia, del neoliberalismo.

84En esta visión hay varios errores. En primer lugar, pensar que una Constitución es la forma de lograr los cambios que el país demanda. Varias experiencias han demostrado que una nueva Carta Magna, aun si es elaborada por los sectores más disímiles, incluida la guerrilla reinsertada, no es condición suficiente para obtener transformaciones sustanciales de la política. En la época de la dictadura nacionalista militar en el Perú los golpistas promovieron la redacción de una Constitución y para ello organizaron una asamblea constituyente en la cual tuvieron participación destacados dirigentes populares e intelectuales. No obstante, los beneficios fueron mínimos y el país quedó inmerso en un conflicto de mayores proporciones.49

85En segundo lugar, el reconocimiento de las minorías en el escenario político no puede reducirse a la popularidad alcanzada por Lorenzo Muelas en aquel entonces, ni al paternalismo de la mayoría mestiza. Por un lado, para 1991 el movimiento indígena ya llevaba varias décadas de lucha y organización y sus éxitos se debían más a esta tradición que al protagonismo en la asamblea. Además, el movimiento indígena no actuaba solo, existía un proceso de constitución de movimientos cívicos y populares que gestaban la inclusión de las minorías. Estos hechos han posibilitado el respaldo que importantes sectores de la población han brindado al movimiento indígena en las últimas elecciones. La popularidad de los candidatos de las etnias también debe interpretarse como parte de la expresión de cierto nivel de disidencia política y como un voto de castigo con el que los ciudadanos han decidido rechazar parcialmente a los partidos tradicionales. Tal actitud ha permitido igualmente el acceso de humoristas y artistas a los cargos de representación política y de otras expresiones de la mal denominada “antipolítica”.

86En tercer lugar, se omite la caracterización del sector que impulsó la redacción de la Constitución y la explicación de ésta en el contexto de un proyecto político y económico. La mayor parte de los comentarios apologéticos sobre la Constitución del 91 olvidan mencionar a Gaviria como el máximo exponente del proyecto neoliberal y que la Carta era necesaria para la implementación de las medidas exigidas por lo que en la época se denominó la aceleración de la apertura.

87No se da una explicación de las relaciones existentes entre democracia y neoliberalismo. Es decir, se despoja de cualquier contenido político a la política económica —y ya vimos la función del economista en los últimos años, la falsedad de su pretendida cientificidad— y se elaboran las explicaciones con un concepto ideal de democracia. Se dice que ésta se ha fortalecido debido a una mayor posibilidad de nombrar autoridades locales, gracias a la elección popular de alcaldes, por ejemplo, pero se saca de contexto el origen de ese mecanismo, la presencia de capitales del narcotráfico, la manipulación del electorado, la limitada renovación del Congreso luego de la revocatoria del mandato en 1991, y, lo que es más significativo, la negación de importantes sectores de la población que están por fuera de la ciudadanía.50 Finalmente, una participación tan masiva eligió como presidente a Andrés Pastrana, uno de los más autoritarios mandatarios de Colombia, que sólo hasta los últimos meses aceptó que la política de paz, su principal bandera, era un objetivo nacional.51

88Los apologistas de la Constitución olvidan que facciones de los partidos tradicionales venían insistiendo desde los años setenta en la necesidad de una reforma política e incluso en la elección popular de alcaldes. En efecto, una generación de políticos comenzó a percibir problemas derivados de la inmovilidad del modelo político, por ello en algunas facciones del bipartidismo la discusión derivó hacia el peso del centralismo y el marcado acento burocrático del Estado. Tanto del lado liberal como del conservador se escucharon voces contra el centralismo en Colombia. En 1967, Alvaro Gómez llamó la atención sobre el origen colonial de nuestro Estado, sobre su improvisación, su paternalismo y su omnipotencia.52 Estas característi cas del Estado explicaban, según él, la violencia política: “La omnipotencia estatal es la enemiga de la convivencia. Si el poder es omnímodo los hombres se hacen matar por conseguirlo”.53 Para el dirigente conservador era fundamental que el Estado otorgara servicios públicos, pero que no entorpeciera la iniciativa privada,54 pues de lo que se trataba era de evitar que el Estado fuese el principal monopolio.55

89Hay que recordar, igualmente, que la idea de eliminar el centralismo y darle poder a los municipios fue la base de la reforma municipal de los ochenta, que dio paso a la elección popular de alcaldes y a los distintos planes de constitución de las regiones administrativas.

90Esta reforma y la descentralización municipal tienen dos orígenes: uno político y otro económico. El político puede ser reducido, a su vez, a dos necesidades: la de “modernizar” el Estado y la de eliminar el creciente conflicto social en los municipios. La “modernización” se hace indispensable cuando la irracionalidad del Estado le impide el cumplimiento de sus deberes. Básicamente, esta irracionalidad se expresó en la duplicación de las funciones de las entidades estatales y en la inexistencia de una planeación que articulara la dimensión nacional, la departamental y la municipal.

91La reducción del conflicto social traduce el interés de trasladar la presión que se ejerce sobre el Estado, por parte de las comunidades rurales y urbanas en los diferentes municipios, a las autoridades de nivel local. El objetivo era crear la conciencia de que el funcionamiento de los servicios públicos depende de la gestión del alcalde. Para algunos, esta dualidad era la manifestación de una reordenación de las relaciones entre sociedad civil y Estado.

92La elaboración más acabada del origen político de la descentralización administrativa se encuentra en los escritos del ex ministro Jaime Castro56 y en el conjunto de reformas conocidas como la revolución silenciosa de los ochenta.

93El origen económico de la descentralización es explicado como el resultado de una variación en la política de gasto público. Los economistas definen el gasto público como un espejo de la sociedad, en el que se refleja la estructura y la lógica de la administración pública, el desarrollo territorial, la orientación del Estado y su particular vinculación al proceso de acumulación y desarrollo; por lo que un cambio fundamental de éste tiene que estar acompañado por modificaciones en otros niveles, por ejemplo, en el de la administración pública.

94Desde mediados del siglo XX se han conocido dos modelos de gasto público: el estructuralista o cepalino, que va desde 1960 hasta mediados de los setenta, y el neoliberal, desde finales de los setenta hasta hoy en día. Estos modelos asignan al Estado un particular grado de intervención y requieren rana intensidad específica de la descentralización.

95El modelo cepalino se caracterizó por un gasto público explícitamente ligado con objetivos del modelo de acumulación, el énfasis en el apoyo a ciertas actividades y un fortalecimiento del ejecutivo y la centralización. Fue el modelo cepalino el que se expresó en la reforma de 1968, especialemente en aspectos como: el fortalecimiento de la eficacia municipal, antes que la descentralización; la consolidación de la transferencia de parte o la totalidad de impuestos a las ventas y a la cerveza; la no redefinición de los niveles de la administración pública, y el establecimiento de una jerarquía evidentemente centralista.

96El modelo neoliberal conceptuó que la intervención y el tamaño del Estado debían reducirse notablemente, como garantía para una real liberación de las fuerzas económicas. Esto implicó una redefinición de la asistencia del gobierno (de las transferencias) a los departamentos y municipios; una reducción de los institutos del Estado y una privatización de los servicios públicos. Los puntos de ajuste fueron: el modelo presupuestal, el déficit fiscal y el manejo del endeudamiento externo. Por ello, formalmente, la reforma ha tenido tres frentes de acción: el político (la elección popular de alcaldes), el económico (el incremento de las transferencias) y el administrativo (la descentralización y el nuevo régimen municipal y departamental).

97La reforma de los años ochenta tuvo como antecedentes inmediatos la reforma de 196857 y la Constituyente de López Michelsen. 58Fue precisamente el intento de reforma de López el que inició formalmente el debate en torno a la descentralización administrativa. Por ello, la reforma aparece en cierta medida como una “conclusión” natural de la mencionada propuesta, y no es para menos, porque a partir de esa coyuntura se multiplicaron los estudios, los modelos y los decretos. Durante la administración TurbayAyala59 se hicieron avances fundamentales,60 entre los cuales hay que mencionar: el Decreto 2273 de 1978, por medio del cual se creó el Consejo Nacional para la Descentralización Administrativa;61 el Decreto 2348 de 1980, que determinó la creación de los Consejos Regionales para la Descentralización Administrativa;62 y el Decreto 234 de 1981, por medio del cual se formó un comité para el estudio de la reforma constitucional del régimen político de las entidades territoriales.63

98Fue en el contexto de la reforma de los años noventa que la descentralización encontró un marco constitucional adecuado. Sin embargo, ya se escuchan hoy opiniones de interesados en revisar la descentralización con el argumento de que los municipios se endeudaron por encima de sus posibilidades y que el modelo no es tan funcional como lo pretendían sus apologistas.

99En resumen, se presentaron cambios sustanciales en el orden jurídico del país y se hicieron innovaciones que han dado mayores posibilidades a los ciudadanos —la acción de tutela, por ejemplo—; asimismo, en este proceso se dio la participación de diversos sectores de la sociedad —reinsertados, cristianos, partidos políticos y minorías étnicas—. No obstante, es necesario contextualizar la reforma y señalar que hace parte de un proyecto político de los sectores neoliberales, y redimensionar así el sentido de la Constitución del 91.

LOS INTELECTUALES Y LA GUERRA

100El conflicto armado en Colombia ha agravado las difíciles condiciones bajo las cuales trabajan los intelectuales, especialmente los disidentes. Marginados de sus espacios naturales debido a los bruscos cambios internacionales de la última década, vilipendiados por los epígonos de la moda posmoderna, afectados por los giros en los temas de investigación, degradados por la lógica del mercado, confundidos por sus propias contradicciones, señalados por sus compañeros de generación instalados en el Estado y, finalmente, sometidos al fuego cruzado de paramilitares y guerrilla, quedan reducidos simplemente a elaborar su constancia histórica contra el neoliberalismo, el neoconservatismo y la intolerancia política, o se limitan a pasar el cuarto de hora histórico de la mejor forma posible.

101Obviamente, el conflicto interno es el problema más importante, pues de por medio está la vida de los investigadores. Si observamos detalladamente la situación que se vive en las principales universidades del país, se constatará la dificultad para la realización del trabajo de pensar y divulgar ideas. Los “boleteos”, los asesinatos selectivos y las intimidaciones de todo tipo son frecuentes.

102Otro suceso específico que afecta a los intelectuales disidentes es la emergencia de la extrema derecha en el país. Acostumbrada a estar tras bastidores, hoy aparece en toda su plenitud y se expone en los diferentes escenarios, amparada por las armas del paramilitarismo y por el comprensible agotamiento de la población ante las salidas negociadas y las demenciales acciones de la insurgencia.

103En síntesis, en los ochenta el Estado pasó de ser objetivo de una transformación social a nicho de realización personal. Por ello, sostienen algunos, no se debe persistir en una ideología cuestionada, sino asumir el principio de una época: el pragmatismo. Se trata, entonces, de aceptar que el principio de realidad es superior al efecto de la utopía. El transformismo de los intelectuales da para participar en gobiernos de corte neoliberal al mismo tiempo que se persiste en una supuesta búsqueda de la humanización del modelo, humanización que no implica cuestionarlo sino garantizar la presencia de un funcionario con un pasado marcado por el humanismo.64

104La gran ruptura de Belisario Betancur fue la reincorporación de los intelectuales a la nómina oficial. Si en la década anterior existía una enorme desconfianza con respecto a los profesionales, especialmente los egresados de la universidad pública, y estos rechazaban ser funcionarios de gobierno, ahora se buscaba su presencia. En primer lugar, porque se requería una legitimación de la propuesta de paz de Betancur. En segundo lugar, por la recomposición de la clase dominante. Finalmente, porque existió una transformación del tipo de intelectual, afianzando la presencia del científico social.

105Betancur volvió a la ya conocida relación entre el Estado, la política y los intelectuales que había imperado antes de los años sesenta, recurriendo, paradójicamente, a quienes estaban en la orilla opuesta: la izquierda. Para ello, invocó con éxito el anhelo de paz de los colombianos y puso a los intelectuales, como a todo el país, a pintar palomitas. Esta estrategia coincidió con los procesos de crisis interna de las organizaciones políticas de izquierda, especialmente trotskistas, cuyos dirigentes se obnubilaron con las migajas de poder que caían del plato del Estado y saltaron a las primeras páginas. La proximidad al príncipe, bien por estar en su círculo de allegados o por gozar de los beneficios de la nómina oficial, cerró un ciclo en la historia de la izquierda colombiana y en la historia de los intelectuales.

106El fortalecimiento de la opción guerrerista en la izquierda generó dos procesos muy importantes en el campo de los intelectuales disidentes. Por un lado, el movimiento armado cerró toda opción a las posturas distintas a las militaristas, con lo cual condenó a muerte al movimiento popular, desmovilizándolo y entregando sus principales dirigentes a la guerra sucia sin mayor protección; y generó, por otro, el inicio de una ruptura, que hoy día es muy profunda, entre los intelectuales y la insurgencia.65 El síndrome Tacueyó, la demencia del ajusticiamiento de más de un centenar de guerrilleros por su propios jefes bajo la acusación de ser infiltrados, los actos delincuenciales del movimiento armado —secuestro, vinculación con el narcotráfico— y, finalmente, su paternidad en la formación del paramilitarismo, llevaron a una lenta pero inexorable oposición de la casi totalidad de los intelectuales a la guerrilla.66 Esta circunstancia también explica por qué muchos de los intelectuales de los sesenta buscaron espacios en el marco de la democracia formal y en algunas instituciones.

107A partir de Belisario los distintos gobiernos entendieron que había necesidad de recurrir a especialistas, a científicos sociales, para el diseño de las políticas de paz. Por eso en las convocatorias de diversas instituciones que fomentan la investigación, como Colciencias, el tema de la paz y la violencia han tenido un lugar privilegiado. De hecho, el gobierno de Virgilio Barco encargó a un grupo de académicos, a un sector de los violentólogos, a realizar un informe en el cual se analizara la naturaleza de la violencia contemporánea.67

108El resultado ha sido la articulación de las necesidades del Estado, circunstanciales o reales, a inclinaciones personales. No obstante, tal jerarquización temática y cronológica y la búsqueda de proyectos de intervención generan, a su vez, una limitación de las posibilidades de investigación, en la medida en que la “pertinencia” de los temas se restringe a áreas específicas. Paralelamente, la industria editorial y los medios se mueven en el mismo sentido, de manera que la publicación de ciertos temas, de ciertos enfoques, está vedada.

109Esta reincorporación de los intelectuales al Estado a partir de la política de paz de Betancur, así como el auge de los neoliberales y los neoconservadores, nos llevan a culminar esta reflexión con unas preguntas abiertas: ¿qué tipo de intelectual se puede construir en este momento? ¿Qué define el campo del intelectual crítico? ¿Qué significaría pertenecer a la izquierda? ¿Cuáles serían los temas y las posturas que caracterizarían a los nuevos intelectuales?