Introducción

1La ciudad de Ayacucho, capital del departamento epónimo, fue la cuna de Sendero Luminoso (PCP-SL). Este movimiento subversivo nació en la universidad local, a fines de los años sesenta, de una última escisión del Partido Comunista ayacuchano, y en el marco de una efervescencia social y política.1 Este dio inicio a su “guerra popular” contra el Estado peruano el 17 de mayo de 1980 en Chuschi, una comunidad andina del sur del departamento y, en un principio, desarrolló sus actividades violentas en las provincias de la región. Incluso después de haberlas extendido a otras provincias a partir de 1982, prosiguió sus acciones en su territorio inicial. Con la intervención de la Infantería de Marina, que tomó el control de la zona declarada en estado de emergencia a partir de finales de ese mismo año,2 la población quedó atrapada en un fuego cruzado.3 El conflicto armado interno afectó por lo tanto este territorio de manera específica, llegando a ser uno de sus principales escenarios. El departamento alcanzó su mayor tasa de desplazamiento durante este período, perjudicando a la mitad de la población [Coral Cordero, 2002]. La mayoría de los desplazados permanecieron en la región y se refugiaron principalmente en la ciudad de Ayacucho, cuya población creció en más de 65% entre 1981 y 1993 [Béjar Romero, 2006].

2En este artículo, basado en un amplio y extenso trabajo de campo,4 nos interesaremos en el impacto del conflicto armado sobre la ciudad de Ayacucho. Pretendemos mostrar cómo los flujos masivos de población provocados por el conflicto, sumados al contexto social y político, moldearon la ciudad a nivel urbanístico, convirtiendo de manera duradera los procesos informales en un modo común de expansión urbana. Así, veremos cómo las invasiones colectivas de tierras, poco realizadas antes del conflicto, se multiplicaron durante la época de la violencia política. Veremos cómo esta dinámica determinó la configuración de la ciudad a largo plazo, puesto que sigue vigente hasta el día de hoy. Para poder comprender este fenómeno y su impacto sobre la ciudad, es necesario tomar en cuenta su evolución histórica en el transcurso de la segunda mitad del siglo veinte.

Ayacucho antes del conflicto: flujos migratorios y urbanización

3En la década de 1940, la ciudad de Ayacucho era todavía un pueblo señorial de un poco más de 18,000 habitantes, rodeado de un puñado de haciendas y comunidades andinas rurales. Su configuración espacial, reflejo de la estratificación social, había cambiado poco desde los tiempos de su fundación, realizada por los colonos españoles en 1540. El centro estaba habitado por los descendientes de las familias que históricamente concentraban el poder económico y político. Los barrios periféricos acogían a los artesanos, comerciantes y empleados, descendientes de los primeros inmigrantes oriundos de los distritos rurales, mayormente instalados en la ciudad antes del final del siglo xviii. La cultura urbana local, “huamanguina”,5 se formó en oposición a la cultura rural, considerada como atrasada. Esta se vio cristalizada en los años 1920 por intelectuales (historiadores, antropólogos y arqueólogos) resueltos a demostrar los orígenes gloriosos de la cultura urbana como producto del sincretismo entre las culturas de las élites precolombinas y coloniales [González Carré, 1995].

4La llegada progresiva de inmigrantes procedentes de áreas rurales, mayormente andinas, a partir de los años 1940 empezó a transformar la ciudad en los sesenta. Este proceso de urbanización fue impulsado por la voluntad de superación6 por parte de la población rural, deseosa de mejorar sus condiciones de vida y formar plenamente parte de la sociedad peruana de la cual había sido históricamente marginada. La urbanización también fue alentada por la reapertura de la universidad local en 1959,7 tras la movilización de intelectuales de importancia nacional.8 Guiados por su ideología progresista y contestataria, crearon una universidad anclada en la realidad local y abierta a todos.9 Esta reapertura aceleró la transformación de la ciudad con el desarrollo de nuevos negocios y lugares de entretenimiento, sinónimos de nuevas oportunidades de empleo. La reforma agraria de 1969 intensificó estos fenómenos, acentuando los flujos de migración hacia la ciudad y facilitando el acceso a la tierra para los recién llegados. Así, el antiguo pueblo señorial, católico y conservador se convirtió en un centro joven y dinámico [González Carré, 1995].

5Los inmigrantes desarrollaron tres estrategias de instalación, según sus recursos económicos y sociales. La mayoría se instaló en las tierras de las llamadas “laderas” del oeste y sur del centro urbano. Este proceso fue facilitado por la promulgación, en 1965, de una ley especial que permitía la transferencia gratuita de estos terrenos a sus ocupantes. Otros eligieron comprar terrenos cercanos a una de las tres vías de acceso a la ciudad. Se trataba mayormente de comerciantes de origen rural. Estos se instalaron en la entrada correspondiente a la pista que los llevaba a su provincia de origen. Dicha instalación conllevó la creación de tres barrios: Santa Elena, Santa Berta y Las Nazarenas. La tercera estrategia fue la invasión de tierras. Este proceso se diferencia de los primeros en la medida en que supone una organización colectiva previa y provoca generalmente una reacción violenta por parte del propietario legítimo del terreno, la autoridad pública o la persona privada. Esta es la razón por la que esta última estrategia no fue tan empleada en aquella época. Menos de diez barrios nacieron producto de una invasión en los años 1960-1970, sobre todo después de la reforma agraria.

Ayacucho en el conflicto: de inmigrantes a desplazados

6Al estallar el conflicto armado, la migración voluntaria inscrita en un proyecto de superación fue sustituida por el desplazamiento provocado por el miedo. Se estima a más de 600,000 el número de personas afectadas por este fenómeno, principalmente en la región sur central del país [Diez Hurtado, 2003]. El departamento de Ayacucho fue particularmente afectado y su capital se convirtió en un centro de atracción para un gran número de desplazados en busca de refugio, incluso originarios de departamentos vecinos. Estos fueron acogidos, en su mayoría, en el hogar de algún familiar o paisano,10 previamente instalado en la ciudad.11 Pero ante la larga duración del conflicto, tuvieron que buscar soluciones para aliviar la carga económica12 que hacían pesar sobre quienes los habían acogido y apaciguar estos vínculos sociales indispensables. Según sus recursos económicos y sociales, desarrollaron principalmente dos estrategias: la compra de lotes en barrios informales ya existentes y la creación de nuevos barrios por invasión colectiva.

La difícil inserción de los desplazados en barrios ya existentes

7El territorio de varios barrios nacidos de procesos informales en los años sesenta y setenta se expandió por la instalación de familias de desplazados. Las vertientes del oeste de la ciudad experimentaron una nueva ola de poblamiento como, en el sur, el cerro Acuchimay. Asimismo, los barrios que se habían desarrollado cerca de las entradas de las principales vías de acceso de la ciudad también se extendieron en este proceso.

8Al analizar las estructuras sociales de estos barrios, comparándolas entre sí y con otros barrios de la ciudad, y tomando en cuenta sus modalidades de fundación e historia, cabe constatar que la llegada masiva de desplazados las afectó profundamente: provocó una debilitación de su cohesión social interna y se formó cierta estratificación social entre los fundadores y los que llegaron durante el conflicto. En los barrios en los que este fenómeno fue significativo, como Santa Elena o Ciudad Libertad de las Américas, los puestos de poder políticos quedaron así en manos de los fundadores. Asimismo, la cohesión de grupo también se vio alterada por la existencia de subdivisiones internas entre los desplazados organizados en base a su origen geográfico. Además de las tensiones que eso pudo generar en la vida cotidiana de los habitantes, también debilitó al colectivo y complicó el acceso a los servicios básicos (luz, agua, desagüe, posta médica, centro educativo, etcétera). Esto, dado que, para llevar a cabo las negociaciones con las autoridades públicas y las empresas gestoras, se necesitaba la institucionalización del barrio mediante la creación de una asociación y hacía falta demostrar la buena organización de los habitantes que serían movilizados para la construcción de las infraestructuras correspondientes.

9La aparente imposibilidad para los desplazados de ser plenamente integrados y con igualdad de estatuto en las estructuras sociales de estos barrios puede explicarse por varios factores. Obviamente, el contexto político de la época de la violencia constituye un elemento clave. La presencia de Sendero Luminoso en estos barrios desempeñó un papel fundamental. Esta podía ser concreta, como en el barrio de Santa Elena, donde sus integrantes utilizaban las gradas de la cancha deportiva como punto de encuentro. Pero también subjetiva, mediante su instalación en el imaginario barrial. Esta presencia podía también ser el resultado del compromiso de los propios fundadores o de los que se instalaron a posteriori. Otro elemento importante en el contexto ayacuchano es el racismo contra las poblaciones rurales y la convicción por parte de estas últimas de que las categorías raciales no son herméticas. Los discursos de los inmigrantes y desplazados andinos instalados en la ciudad, así como sus prácticas, revelan cómo su proyecto de superación implica el despojo de su identidad campesina, rural, cargada de representaciones peyorativas del indio. El proceso de urbanización parece traducirse por una “misticización”, es decir, una toma de distancia respecto a su cultura de origen: al llegar a la ciudad, se convierten en mestizos. Es gracias a este proceso que pueden ascender socialmente. A menudo desarrollan, pocos años después, un discurso paternalista hacia los que se quedaron en el campo.

10El grado de distanciamiento aumenta con el tiempo y la evolución de la situación social en el medio urbano (nivel de estudios, acceso a un trabajo formal, a la propiedad formal, etcétera) [Chagnollaud, 2016]. Este segundo factor aparece claramente en los dos ejemplos ya mencionados. En Santa Elena, los fundadores eran comerciantes oriundos de distritos rurales. Al comienzo, iban a la ciudad de manera periódica para vender sus productos, hasta que decidieron asentarse definitivamente a partir de inicios de los años 1960. Sus recursos económicos les permitieron comprar un terreno a una hacienda en crisis y sus hijos pudieron acceder a la universidad. En cuanto a los fundadores de Ciudad Libertad de la Américas, originarios también del campo, estos eran egresados de la misma universidad y organizaron la invasión en el marco de una movilización política de oposición a las autoridades estatales. En los dos casos, cuando llegaron los desplazados, el proceso de “misticización” de los habitantes estaba ya avanzado: habían pasado más de diez años desde la fundación de su barrio y mucho más desde su instalación en la ciudad.

11Esta estrategia de instalación en barrios ya existentes solo pudo ser puesta en práctica por una minoría de desplazados. La mayoría tuvo que encontrar otra solución. Con el apoyo de sus familiares y paisanos ya instalados en la ciudad, recurrieron a invasiones colectivas de terrenos. Este proceso, heredado de los conflictos rurales de recuperación de tierras de las haciendas, fue utilizado de manera escasa en Ayacucho antes del conflicto armado. Pero fue suficiente para que las modalidades prácticas de estas tomas de terrenos se precisaran hasta llegar a ser un modelo reproducible. Así, más de cuarenta nuevos barrios nacieron durante el período de la violencia política, hasta fines de 1990.

La creación de nuevos barrios por los desplazados

12A partir de 1985, diversos grupos de desplazados se organizaron para proceder a la toma de tierras no construidas en las periferias de la ciudad. Estos procesos fueron violentos y, en un inicio, las autoridades estatales respondieron también con violencia. Pero ante la magnitud del fenómeno, la vehemencia de su reacción bajó significativamente en poco tiempo. Por lo general, la Policía siguió interviniendo para intentar impedir la invasión, pero lo hizo con menor intensidad. La ausencia de una resistencia fuerte en contra de estas invasiones se explica también por dos factores importantes: muchos de los propietarios de los terrenos atacados habían huido de la ciudad y el miedo a las represalias violentas de Sendero Luminoso era muy fuerte. Según diferentes testimonios que pude obtener, parece que Sendero Luminoso apoyó a ciertos grupos de invasores, ayudándolos con armamentos durante la toma de terrenos o amenazando a los dueños de las tierras. Esto les permitiría obtener, posteriormente, el apoyo de los habitantes de dichos barrios. Sea como fuere, el simple rumor de un apoyo senderista hubiera bastado para facilitar las invasiones. Las fronteras de la ciudad se vieron así ampliadas con el desarrollo rápido de un nuevo cinturón de barrios informales creados por grupos organizados de desplazados.

13Al estudiar sus modalidades de fundación y funcionamiento cotidiano, notamos que cada uno de estos barrios constituye una comunidad andina urbana, es decir, la transposición en el medio urbano de esta institución fundamental del mundo andino [Chagnollaud, 2016]. Por lo general, los desplazados no disponían de recursos, salvo su capital social y cultural. Cuando se organizaron colectivamente para sobrevivir en este nuevo entorno, utilizaron elementos de su cultura común, adaptándolos a las necesidades del contexto en el que se encontraban. Se apoyaron ante todo en las redes de parentesco, base de la comunidad rural, explotando las principales particularidades del modelo andino: esto supone una serie de obligaciones mutuas codificadas y sancionadas socialmente; permite una extensión del sistema con la integración de los paisanos, además de los parientes rituales.13 Esta trama social constituye una base sólida. Se formaliza generalmente antes de la invasión y permite supuestamente garantizar la cohesión del grupo a largo plazo. La comunidad del futuro barrio existe así antes de su fundación material [Chagnollaud, 2017]. Por lo general, reprodujeron las modalidades de organización política andina rural, basada en las instituciones de la asamblea general, compuesta por los jefes del hogar, y junta directiva elegida por dicha asamblea.

14Una vez lograda la toma de terreno, se movilizan los mecanismos andinos de cooperación como el ayni o la faena. Basado en un principio de intercambio de servicios equivalentes, el primero organiza la colaboración entre los hogares y permite a cada uno obtener la ayuda necesaria para edificar su casa en poco tiempo. El segundo organiza la participación del conjunto de los socios de la comunidad en las obras comunitarias como la construcción, limpieza y mantenimiento de las infraestructuras comunes. En estos barrios, como en los que fueron fundados posteriormente siguiendo el mismo modelo, la cultura vigente es la andina, en su versión urbana, y no la huamanguina. Así, con la multiplicación de este tipo de barrios, se aceleró el proceso de andinización de la ciudad de Ayacucho, iniciado con las primeras olas de inmigración andina en las décadas de 1960-1970 [Chagnollaud, 2016].

15Después del arresto del líder de Sendero Luminoso a fines de 1992, las violencias bajaron progresivamente. Para los desplazados instalados en la ciudad de Ayacucho, vino el momento de plantearse la cuestión del retorno. En su gran mayoría, no tenían experiencia de migración anterior, incluso si la urbanización podía formar parte de su potencial proyecto de vida. Las dificultades al llegar a un medio urbano fueron muy fuertes, sea para encontrar un trabajo o insertarse en esta sociedad cuyos códigos sociales ignoraban y cuya lengua manejaban poco o nada [Coral, 1994]. Los barrios en los que fueron acogidos, y sobre todo los que pudieron construir, constituyeron burbujas de cultura andina que permitían amortiguar parcialmente el choque. Pero, tras varios años de instalación, la precariedad económica seguía siendo la norma y las discriminaciones por parte de la sociedad huamanguina seguían siendo pesadas.

16Sin embargo, a pesar de un programa estatal de apoyo al retorno (PAR) hacia sus zonas de procedencia, la mayoría de estos desplazados decidieron quedarse en la ciudad [Mesa Nacional Sobre Desplazamiento, 2002]. Esta decisión fue impulsada por varios factores combinados. El primero fue el miedo de retornar a sus pueblos de origen. Muchos temían encontrarse de nuevo frente a la violencia armada y/o enfrentarse a las consecuencias de los posicionamientos de sus habitantes durante el conflicto. El segundo fue la falta de recursos económicos para poder empezar de nuevo, desde cero, su vida campesina. El tercero fue su grado de inserción en el medio urbano: los que habían logrado integrarse social y económicamente consideraron que la instalación en la ciudad ofrecía más oportunidades de superación [Coral Cordero, 2002]. De modo que los que no lo habían hecho todavía, organizaron su instalación definitiva en el medio urbano y siguieron las invasiones.

Ayacucho en posconflicto: la herencia de un proceso consolidado durante los años de violencia

17La Comisión de la Verdad y Reconciliación sitúa el final del conflicto en el año 2000, considerando que terminó después de la caída del régimen autoritario de Alberto Fujimori. Para esta fecha, la ciudad de Ayacucho había cambiado radicalmente. Gracias a diferentes programas públicos impulsados a partir de la segunda mitad de los años noventa, y a la pugnacidad de sus habitantes organizados, la mayor parte de los barrios nacidos de procesos informales habían logrado obtener acceso a los servicios básicos. La mayoría de los hogares tenían luz, sea por conexión clandestina u organizada a partir de un sistema de contadores eléctricos colectivos repartidos en el barrio o, a veces, por un sistema completo con contadores individuales. Todos los barrios tenían agua, incluso si para algunos el acceso todavía se limitaba a un pozo o fuente pública.14 En la mayoría de los barrios, los proyectos de construcción habían sido llevados a cabo con la edificación de una institución educativa, una cancha deportiva o un mercado. Una campaña estatal de formalización de la propiedad informal había permitido a muchos obtener títulos oficiales para las tierras ocupadas.

18Pero la precariedad económica persistía y la mayor parte de los habitantes de estos barrios seguían trabajando como informales. La explosión demográfica generada por el conflicto armado en la ciudad produjo una saturación total del mercado laboral y acentuó la crisis de vivienda provocada por las primeras olas de migración en los sesentas. Los jóvenes que habían crecido en estos barrios no tenían espacio para instalarse y fundar su propio hogar, así que se sumaron a la generación que los precedió para organizar las nuevas invasiones.

Figura 1. Evolución urbana de la ciudad de Ayacucho (1870-2000)

Un mismo proceso en un contexto diferente

19Desde las primeras invasiones, el proceso sigue el mismo esquema general. Este se desarrolla básicamente en tres fases. La primera corresponde a la organización social y política del grupo. La segunda está marcada por la denominada “batalla campal”, combate violento que opone a los invasores15 contra los propietarios legales de los terrenos y los efectivos policiales. La tercera fase es la de la fundación material del nuevo barrio, con la construcción de las casas de los habitantes. Pero, obviamente, este esquema tuvo que adaptarse a las especificidades de cada contexto social y político. En el período posconflicto, el proceso se complicó. Los propietarios de los terrenos empezaron a volver a partir de la segunda mitad de los noventas y no pretendían verse despojados de sus tierras. A cada intento de invasión, empezaron a responder con una ofensiva armada llevada a cabo por matones contratados. Al mismo tiempo, las autoridades del Estado redoblaron esfuerzos para retomar el poder en los procesos de urbanización. En este marco, desarrollaron la primera campaña de formalización de la propiedad informal esperando que, con el final del conflicto, se detuviera el fenómeno de las invasiones. Volvieron entonces a intervenir con fuerza para impedir los procesos de urbanización, movilizando a los efectivos policiales en apoyo a los propietarios privados. Por otro lado, las instituciones judiciales retomaron su funcionamiento habitual, por lo que los invasores corrían el riesgo de ser encarcelados. Finalmente, la amenaza de Sendero Luminoso ya no tenía el mismo impacto y los candidatos a la invasión, en su mayoría (hijos de) desplazados, tuvieron que reorientar sus estrategias para adaptarse a este nuevo contexto.

20La cuestión de la identificación de los terrenos por invadir, y en particular de la identidad de sus dueños legales, se volvió aún más determinante. Cuando se trata de una propiedad privada, el éxito de la operación depende mucho de los recursos financieros del propietario, así como del alcance de sus redes sociales. Estos dos elementos determinan su capacidad de resistencia a la invasión. El primero remite a los medios que puede movilizar en la batalla campal (armas, mercenarios) y su posibilidad de sobornar diferentes actores institucionales.16 El segundo, al grado de intervención de la Policía en el momento de los enfrentamientos. Por otro lado, si no logran expulsar a los invasores, la pertenencia del propietario al círculo exclusivo de las personalidades huamanguinas, donde se encuentran, entre otros, los juristas de la ciudad, puede determinar el resultado del proceso judicial. Cuando se trataba de tierras de propiedad pública, las autoridades solían no insistir mucho en su intento de desalojo de los ocupantes. Incapaces de responder a la crisis de vivienda en la ciudad, se apoyaban finalmente en estos procesos ilegales. Sin embargo, no eran tan flexibles cuando se trataba de terrenos de importancia estratégica. Resistían, por lo tanto, con más fuerza a invasiones de terrenos con valor arqueológico, terrenos militares y terrenos en los que se practicaban excavaciones en el marco de investigaciones médico-legales como es el caso de las fosas comunes de la época del conflicto. A pesar de eso, por lo general los invasores lograban instalarse y la batalla se volvía judicial.

Figura 2. Barrio en proceso de edificación (Ayacucho)

21Al momento de elegir el terreno (o los terrenos contiguos), también se tiene que tomar en cuenta su ubicación geográfica y, sobre todo, su tamaño. La proximidad de casas de familiares o amigos constituye una ventaja (acceso rápido al agua y luz), así como la de infraestructuras como centros educativos o postas de salud. El terreno elegido debe tener un tamaño suficiente como para acoger a todas las familias que se han apuntado para la invasión, pero razonable para permitir su defensa física al momento de la toma. La acción se inicia de noche con la instalación de un campamento provisional de varias centenas de personas alistadas para el enfrentamiento. Al día siguiente, llegan los policías y “la gente”17 del dueño del terreno atacado, y empieza la violenta batalla campal. Los invasores tratan de defender su posición y rechazar a sus asaltantes. Por lo general, este enfrentamiento se salda con varios heridos y, algunas veces, con la muerte de algunos invasores. En este marco, los conocimientos de tipo militar o paramilitar, así como en fabricación y manejo de armas, juegan un papel determinante. Según los testimonios que pude obtener, quienes los poseen son mayormente exronderos o (hijos de) exmilitares que participan en la invasión para apoyar o instalar a su propia familia.18 Mis interlocutores me comentaron lo valiosos que eran estos saberes y lo difícil que era realizar las invasiones cuando solo se contaba con hondas y palos para defenderse. Así, según los casos, se podían utilizar armas de fuego, bombas caseras o lanzacohetes artesanales.

Nuevos actores heredados de los años de violencia

22En el contexto posconflicto, a partir de los años 2000, aparecieron nuevos actores en estos procesos: los traficantes de terrenos. Es difícil obtener información precisa sobre estas figuras, consideradas como profesionales de la invasión, sobre todo dado que su perfil ha ido evolucionando con los años. Según diferentes interlocutores –participantes en varias invasiones–, se trataba generalmente de exmilitares o exronderos bien identificados por la población por su capacidad para organizar y llevar a cabo una invasión. En estos casos, no participaban gratuitamente, en apoyo, o con el objetivo de instalarse, sino para enriquecerse económicamente. Se hacían conocer bajo seudónimos sugestivos como “Lobo” o “Comando Sapo” y se presentaban como especialistas del proceso. Convencían a la población poniendo de relieve sus habilidades militares, su capacidad para encontrar o fabricar armas, y mediante un discurso populista basado en la idea de que la tierra debía pertenecer a los pobres. Parece que inicialmente fueron solicitados por los candidatos a una invasión. Posteriormente, empezaron a organizar ellos mismos el proceso desde el inicio, conformando la junta directiva del grupo de invasores y estableciendo la lista de los futuros socios del barrio que tenían que pagar una inscripción. Con el tiempo, esta “profesión” se declinó en diferentes perfiles de individuos, pasando a ser delincuentes más tradicionales.

23Al estudiar estos procesos de invasión, se observa que hicieron falta muchos años para que la población se diera cuenta de la deshonestidad de estas personas. E incluso pese a esta toma de conciencia, mucha gente sigue solicitándolas por necesidad. Estos engañan a la población con técnicas bastante básicas. Una vez lograda la invasión, el terreno se divide en lotes repartidos entre las familias para instalar el futuro barrio. En procesos “limpios”, es decir, sin intervención de traficantes, esta repartición se hace por sorteo. Pero cuando la invasión es organizada por traficantes, estos se encargan de vender cada lote, y si un comprador no se instala rápidamente, vuelven a vender el mismo lote. Paralelamente, se declaran a sí mismos encargados de los trámites con las autoridades estatales para obtener los títulos de propiedad. Con este fin, piden regularmente dinero a cada familia instalada para los gastos pero, en realidad, no realizan ningún trámite.19 A la población, acostumbrada al silencio y desprecio por parte de las autoridades estatales, le parece normal que el proceso tome años. Pocos son los casos en los que invasores acaban por rechazar a los traficantes. En el único que me fue contado, los habitantes, después de haber sido engañados durante años, decidieron contactar directamente a los propietarios legítimos de las tierras que ocupaban. En represalia, los traficantes volvieron al barrio armados y trataron de destruir las casas de adobe. La población, primero atemorizada, se organizó, los persiguió y capturó. Me contaron que los entregaron a la Policía. Es también posible que hayan sido castigados directamente por los habitantes.

Ayacucho en el 2020, una ciudad moldeada por los desplazados

24Veinte años después del fin oficial del conflicto, casi todos los barrios formados sobre terrenos de propiedad pública fueron reconocidos oficialmente. Diferentes leyes de formalización de la propiedad informal facilitaron el proceso, organizando directamente la transferencia de los títulos a los ocupantes,20 pero excluyendo ciertos tipos de terrenos como aquellos ubicados en zonas arqueológicas o de riesgo. Las mismas disposiciones legislativas incluyen medidas para favorecer la negociación con los dueños legítimos cuando se trata de personas privadas. Pero esto no garantiza el éxito del proceso y, estos últimos años, varias decisiones judiciales de desalojo han sido puestas en práctica, provocando nuevos enfrentamientos violentos entre los invasores y la Policía, y conduciendo a la destrucción de las infraestructuras de los barrios correspondientes. Esto revela un cambio de orientación de las autoridades puesto que, durante años, la consolidación21 del barrio había garantizado su protección.

25La cuestión del reconocimiento legal es crucial porque determina la posibilidad de negociar con las autoridades elementos claves de la mejora del barrio. Obtener los títulos de propiedad permite, por ejemplo, beneficiarse de programas públicos como Techo Propio, que otorga un apoyo financiero para la reconstrucción de las casas de adobe en material noble (ladrillos o concreto). Permite también negociar con la municipalidad la transformación de las pistas de tierra en calles asfaltadas, algo que pocos barrios han logrado obtener por el momento.

26Al observar la ciudad, notamos que la mayoría instalada desde la época del conflicto logró transformar su barrio, pasando del adobe inicial a construcciones de material noble, marcando así la culminación de su proceso de “misticización”: con esta transformación, sus casas ya no se parecen más a las del campo y su comunidad se inscribe plenamente en el paisaje urbano. El desarrollo de la red de transporte público, implementado por los mismos habitantes, termina de integrar cada uno de estos barrios a la ciudad. Y este proceso global de expansión urbana parece sin fin: los invasores de ayer se apoyan mutuamente en caso de intento de desalojo y guían a los de hoy en las próximas invasiones.

Conclusión

27“Limpias” o no, las invasiones fueron y siguen siendo el principal modo de expansión de la ciudad de Ayacucho. Al analizar un mapa de la ciudad, se ve que más de 80 % de su superficie corresponde a barrios que son producto de estos procesos ilegales. Y su gran mayoría fue llevada a cabo después de 1985 por grupos de desplazados para permitir que sus familiares accedieran a una vivienda propia. El conflicto armado interno produjo flujos masivos de desplazados cuya mayoría se refugió en la ciudad. La incapacidad de las autoridades estatales para hacer frente a este fenómeno se tradujo por la ampliación y sistematización de los procesos de urbanización informal facilitados por el estado de miedo, la desestructuración de la organización estatal local y por las habilidades marciales adquiridas por la población en el marco del conflicto. Así, a nivel urbanístico, Ayacucho fue moldeada por los desplazados forzados a organizarse para, primero, hacer frente a la situación de emergencia creada por las violencias y, luego, implementar su proyecto de superación.