Introducción

1A inicios de los años 2000, la caída del régimen autoritario y la transición democrática permitieron la reactivación de las protestas sociales en el Perú. Después de una década de nuevo impulso neoliberal, inscrito en la Constitución de 1993, la actividad minera se convirtió en el foco de una conflictividad social rural difícil de contener para el Estado peruano que apeló a nuevas maneras de responder a la protesta en los territorios mineros.

2Este texto interroga las relaciones contemporáneas del Estado peruano con la ciudadanía rural,1 a partir de la represión de las protestas sociales y de las disidencias contra la minería.2 A dos décadas del final del conflicto armado interno, los dispositivos y las lógicas de represión de los conflictos sociales muestran ciertos rezagos de autoritarismo en tiempos democráticos. Procuraremos mostrar en este texto las formas heterogéneas que ha tomado la violencia legítima del Estado.

3En primer lugar, veremos que la débil legitimidad democrática traduce la necesidad estatal de afirmarse a través de la fuerza. Luego presentaremos las formas que tomó la conflictividad social en el país y los dispositivos políticos, judiciales o policiales adoptados para reprimirlas en el postconflicto. En tercer lugar, expondremos las formas menos visibles de la criminalización, ya que la anticipación de la protesta y la deslegitimación de sus instigadores también sirvieron para ahogar la disidencia contra la minería.

La criminalización de la protesta. herramienta autoritaria de la democracia

Resurgimiento democrático y rezagos autoritarios

4En el Perú, como en varios países del continente, la conflictividad social se incrementó al empezar el siglo xxi [Garay & Tanaka, 2009]. La democracia emergente permitió la multiplicación de protestas y conflictos sociales como una forma compleja de diálogo entre los ciudadanos y el Estado. La represión de las protestas sociales también se inscribe en una tendencia regional de transiciones democráticas cuyas políticas neoliberales catalizaron tensiones sociales. Estas tensiones revelaron los límites de la gestión política y del respeto de los derechos humanos por parte de los Gobiernos [Doran, 2015]. Mostraron también formas “invisibles” de violencia ocasionadas por la forma represiva del neoliberalismo del siglo xxi en varios países del mundo [Bourgois & Hewlett, 2012, pp. 140].

5Las jóvenes democracias latinoamericanas se construyeron con ciertas singularidades, realizando elecciones libres, poniendo al poder militar bajo el mando de los poderes civiles y reforzando instituciones oficiales [Doran, 2015, pp. 224], como lo muestra por ejemplo el trabajo de seguimiento y prevención de los conflictos sociales y socioambientales por la Defensoría del Pueblo. Esto no impidió que en varios países se restringiera la libertad de expresión y el derecho a manifestar, en nombre de la estabilidad democrática, siendo los defensores de derechos humanos los más afectados [pp. 224]. La mayor libertad ciudadana trajo consigo la necesidad de un mayor control político, reduciendo a veces la democracia a su mínima expresión. Inscrita en tradiciones autoritarias, la criminalización de las acciones colectivas en contexto democrático también produjo repertorios de tercerización de la fuerza. En el caso peruano, esto se tradujo entre otros por la legalización de la custodia de proyectos mineros privados por la Policía Nacional, como lo veremos más adelante.

6A partir de varios casos latinoamericanos, Doran [2015] compara las formas políticas de criminalización de la “acción colectiva” proponiendo tres ejes para entenderla. La autora observa primero las continuidades políticas y jurídicas de las democracias con el autoritarismo. Estas se reflejan en las formas en las que los Estados identifican las amenazas e impulsan políticas duras de seguridad gracias a un control estatal sobre las Fuerzas Armadas. Luego, Doran resalta el desarrollo de democracias de “baja intensidad” donde el ejercicio democrático se limita a ciertas funciones básicas que ya evocamos [pp. 226]. Finalmente, señala la necesidad estatal de desarrollar dispositivos de legitimización de la violencia bajo formas encubiertas.

7La necesidad de identificar y acusar a un enemigo interno resulta por ejemplo del “imperativo de reconciliación nacional” [pp. 227] por el cual los Estados promueven la unión nacional incitando a la ciudadanía a no reanudar la conflictividad. De esta manera, la lógica de erradicación sistemática de conflictos sociales evitaría una “recaída” de la democracia [Doran, 2015]. Consideradas como una amenaza, las protestas sociales serían de esta manera reprimidas por democracias en reconstrucción con débiles capacidades para gobernar a sus periferias nacionales y a su población.

8En resonancia con la mirada regional de Doran, Burt [2011] interroga desde el caso peruano la reconstrucción reciente del Estado cuyo zócalo sería el autoritarismo. Primeramente, dice, el Estado peruano se reconstituyó en los años 1990 restableciendo la confianza en la economía peruana basándose en medidas de austeridad [pp. 269]. En segundo lugar, lo hizo a través de una “centralización de la toma de decisiones en manos del Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas”, y finalmente, logró su reconstitución con “el control de la insurgencia de Sendero Luminoso” en el año 1992 [pp. 267-314]. Estos elementos permiten entender la importancia del eje económico-disciplinario en el proceso de consolidación democrática del Estado.

Elementos para interpretar la criminalización

9En su forma literal, criminalizar la protesta implica darle un carácter criminal a personas o hechos de una manera considerada por los agraviados como ilegítima o desproporcionada. La criminalización quiebra, de esta manera, la legitimidad “en teoría” de la violencia del Estado. En términos weberianos, el poder del Estado reside en su monopolio del ejercicio de la violencia legítima. Desde este punto de vista, la dominación del Estado y el orden que debe garantizarle a la población son posibles a condición de ser considerados como legítimos por la sociedad. Esto implica un equilibrio relacional constante que permite asociar de manera ponderada la violencia con la legitimidad [Linhardt & Moreau de Bellaing, 2005].

10En este texto entendemos la criminalización como la represión o la deslegitimación de acciones colectivas ciudadanas por ser consideradas por el Estado como amenazas para el orden nacional y para ciertas actividades estratégicas; esto implica la contención de protestas a través de herramientas legales o ilegales cuyos fundamentos democráticos son cuestionados por la ciudadanía y la sociedad civil. En otras palabras, el problema de la criminalización no es solo de orden legal sino también moral. Si bien existen formas ilegales o inconstitucionales de criminalización –los acuerdos entre las empresas mineras y la Policía Nacional del Perú (PNP) entre 1995 y 2006, por ejemplo–, otras formas de violencia estatal se normalizaron movilizando la retórica de lucha contra el terrorismo. Como ocurrió en el Perú, una de las formas más sintomáticas de criminalización de la acción social en Latinoamérica fue la expansión de la aplicación de la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo a las protestas por la defensa de los derechos humanos implicando, en primer lugar, a las comunidades indígenas o campesinas [Doran, 2015].

11En el Perú, el ejercicio abusivo de poder y la criminalización contradijeron la supuesta ausencia del Estado en los conflictos rurales. Revelaron, más bien, sus carencias de gobernabilidad [Grompone, 2009, pp. 26]. La falta de comprensión de los índices conflictivos, su débil capacidad de ordenamiento de la sociedad, y de compromiso de sus funciones regulatorias, coercitivas o de arbitraje [pp. 26], siguen siendo desafíos pendientes.

12Las carencias de institucionalidad del Estado no solo afectaron su legitimidad, sino que afectan de cierta manera el estado de derecho a favor de una violencia ya no tan legítima que se traduce mediante tres ejes: la falta de juicio que conlleva a acciones desproporcionadas; el ensañamiento que implica prácticas abusivas no indispensables para la acusación o la detención; y la omnipotencia, que se traduce por ejemplo en el no respeto de la presunción de inocencia [Linhardt & Moreau de Bellaing, 2005, pp. 281].

La estigmatizada figura del defensor de los derechos humanos

13Con el incremento de las protestas socioambientales en las últimas décadas, el activismo por la defensa de los derechos humanos se ha concentrado en los contextos mineros. En ojos del Estado, los defensores de derechos humanos, críticos de una industria minera moderna de interés nacional [Damonte, 2006], representan hoy en día la nueva figura amenazante [Drinot, 2017]. Y es que la criminalización contemporánea de los protagonistas de los conflictos sociales resuena con la que fue aplicada años atrás, cuando el activismo por la defensa de los derechos humanos era protagonizado por organizaciones y familiares de las víctimas de crímenes de Estado cometidos bajo la doctrina de la lucha “contrasubversiva” y por los cuales Alberto Fujimori fue condenado más tarde por crímenes de lesa humanidad.

14Similares medidas “contrasubversivas” fueron tomadas años atrás durante el Gobierno de Belaunde Terry (1980-1985), entre detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales [Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2003a; 2003b]. El movimiento de derechos humanos reconocía el derecho democrático del Estado “a defenderse por medios legales de la agresión de los grupos subversivos” [pp. 291], pero condenaba el desborde de tales medidas fuera del “orden legal establecido por el mismo Estado” [pp. 291]. Esto sugiere una vez más que la violencia estatal es considerada como legítima mientras no traspase los límites legales o morales.

15Desde el conflicto armado, el comunismo –inclusive el socialismo y parte de la izquierda– y la defensa de los derechos humanos quedaron asimilados al “terrorismo” y a la amenaza al orden interno. Es así como hoy se descredita a las poblaciones campesinas o indígenas críticas de las actividades extractivas. Drinot [2017] nos recuerda que, en su “revolución” industrial y capitalista, García (2006-2011) instrumentalizó el comunismo como enemigo de su proyecto estatal modernizador [pp. 226].

16Por otro lado, la dimensión rural de las protestas contemporáneas no ha sido ajena a la manera en la que los empresarios y las autoridades las interpretaron: fenómenos irracionales y violentos donde el pueblo, seguidor ciego de figuras carismáticas [Grompone, 2009, pp. 35], buscaba reconocimiento político. Al estilo de la teoría del liderazgo del psicólogo decimonónico Le Bon, veían a los manifestantes como una masa inconsecuente llevada por sus emociones [Neveu, 2011]. La deslegitimación de la protesta contra la minería por los sectores más favorecidos de la sociedad se basó en argumentos macroeconómicos y en viejas representaciones de jerarquías sociales y étnico-raciales arraigadas en el Perú desde la época colonial [Nugent, 2014].

Movimientos ciudadanos y respuestas políticas

Las formas de la conflictividad

17Principalmente laborales en los años 1990, las protestas se politizaron a fines de la década en oposición al régimen fujimorista. Luego, estas volvieron a ser laborales a partir de 2001, durante los primeros años de regreso a la democracia [Garay & Tanaka, 2009, pp. 65], cediendo, años después, el protagonismo a los conflictos socioambientales. La evolución de la protesta y de la conflictividad social revela la centralidad de la minería a partir de la segunda mitad de los años 2000. Esto se debe en parte al Gobierno de Alan García (2006-2011), que impulsó grandes proyectos y negociaciones para firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Aprovechando los bajos precios de las materias primas, se abrieron nuevas perspectivas para las industrias extractivas multiplicándose nuevas concesiones mineras y lanzándose nuevas operaciones [Drinot, 2017].

18La expansión extractivista impulsada por la política modernizadora de García puso a la luz las disconformidades sociales creando una multiplicación de conflictos socioambientales.3 Esto sería el resultado de la voluntad presidencial de promover con dureza la economía nacional a través del sector industrial y de una serie de dispositivos jurídicos para contrarrestar la ola de conflictos sociales fuertemente polarizados alrededor de la minería [Ardito Vega et al., 2007].

19Según los informes anuales de la Defensoría del Pueblo, los conflictos socioambientales se incrementaron fuertemente a partir de 2007. De 13 % del total de conflictos sociales en 2005, estos pasan a ser 21% en 2006, y oscilan entre 40% y 50% entre 2007 y el inicio de la década de los 2010. Luego se estabilizan entre 60 % y 70 % de los conflictos sociales. La actividad minera ha sido de lejos el principal protagonista de dichos conflictos socioambientales.

20De esta manera, la minería reconfiguró la geografía de la conflictividad, haciendo nuevamente de la sierra un epicentro de movilización social y concentrando en ella las medidas de contención social.4

La gestión política de la protesta social

21La respuesta estatal a la conflictividad requirió la movilización de una serie de herramientas para identificarla y contenerla. La Defensoría del Pueblo [2004] inició un monitoreo de conflictos sociales según sus características, y la Presidencia del Consejo de Ministros [2006] creó una comisión intersectorial de prevención de conflictos sociales cuya misión era “detectar y anticipar los conflictos sociales que afecten la gobernabilidad democrática del país” [Presidencia del Consejo de Ministros, 2006]. El sector minero también reaccionó creando, en 2007, la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (OGGS) para prevenir, monitorear y resolver los conflictos ligados a la minería, pero con recursos limitados:

“Al inicio de esta oficina [...] éramos 2 o 3. Y por 2007 ya éramos 12 o 13. Ahora [en 2017] somos 56 y además hay antenas a escala nacional. Pero incluso así, hace falta personal para cubrir todas las necesidades que hay. Entonces es muy difícil de hacer un seguimiento [personalizado de los proyectos mineros]”. [Sr. V., miembro de la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas en 2007. Entrevista realizada en mayo de 2017].

22Los primeros dispositivos tuvieron un éxito limitado [Damonte Valencia, 2008], pero luego tampoco lograron convencer a la opinión pública [Sanborn & Dammert, 2013, pp. 13]. La voluntad estatal de gestión de conflictos siguió su curso con la creación, en 2013, de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que, sin embargo, no permitió reducir la conflictividad minera. En distintos escenarios recientes, se solicitó a la Iglesia católica como intermediario,5 dejando entrever lo que Grompone señalaba hace una década: una “falta de legitimidad de las autoridades nacionales y locales en tareas de arbitraje o de resolución legal de conflictos que debieran serle inherentes” [Grompone, 2009, pp. 25].

23El seguimiento de los conflictos mineros se ha realizado a distancia, sin protocolos de seguimiento permanentes in situ debido a la falta de personal y de aparatos descentralizados. Entre crisis latentes y agudas, el seguimiento se reactivaba solamente en casos de alerta:

“Cuando nos necesitan, nos llaman. Si hay un conflicto relativamente grave, y si el conflicto se resuelve por un acuerdo, entonces ahí seguimos la situación y hacemos respetar los compromisos. Pero eso ahí se queda. Y luego hay de nuevo un vacío hasta que se produce un nuevo ciclo [conflictivo]”. [Sr. V., miembro de la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas en 2007. Entrevista realizada en mayo de 2017].

24Desde la segunda mitad de los años 2000, estos dispositivos se afinaron y fueron acompañados de ajustes legislativos para contener los disturbios y de herramientas de redistribución de beneficios para la población rural. Los dispositivos de prevención y de represión eran justificados también mediante una retórica política hostil hacia quienes amenazaban al proyecto neoliberal.

La criminalización y sus dispositivos

25Al mismo tiempo, se endurecieron las normas relativas al crimen organizado, al terrorismo o a la extorsión, por un lado, y se atribuyeron mayores poderes a la Policía y a los órganos judiciales del Estado para la gestión del desorden social, por otro lado. El impulso industrial que quiso darle García al país fue acompañado de una serie de políticas duras de represión de la protesta.

26En este sentido, nuevos decretos permitieron limitar ciertas libertades y derechos fundamentales [Ardito Vega et al., 2007] para agilizar intervenciones o arrestos.6 Permitieron, por ejemplo, investigaciones preventivas obviando el derecho de defensa de los investigados, sin presencia de abogados o sin necesidad de pruebas. También autorizaron detenciones sin mandato judicial y la realización de registros personales y de inmuebles sin orden judicial y sin presencia de un fiscal, y permitieron interpretar la inmediatez de la “flagrancia delictiva” de forma más amplia [Velazco Rondón & Quedena Zambrano, 2015, pp. 15]. Frente a las protestas sociales, pero también a las disidencias antimineras, percibidas como una amenaza al orden, el Estado respondió con intervenciones policiales y sanciones judiciales.

27En 2008, se aprobó un decreto supremo7 que permitía la intervención militar (y el uso de armas letales)8 como apoyo a la Policía Nacional en zonas no declaradas en estado de emergencia. En caso de muertes, esta medida otorgaba el levantamiento de cuerpos sin la intervención del Ministerio Público, entre otros.9 Este tipo de medidas, restrictivas para los acusados y permisivas para el Estado, se multiplicaron en los años siguientes, al ritmo del “boom” extractivista, reforzándose en 2010 la protección legal de los militares y policías en casos de violaciones de derechos humanos.10 También se militarizaron los contextos civiles mediante el recurso a la categoría de “grupo hostil”,11 que caracterizaba inicialmente a los grupos armados ligados al narcotráfico antes de ser aplicada al desorden social civil. La militarización del mantenimiento del orden recuerda la instrumentalización de la justicia militar para favorecer la impunidad de graves violaciones de derechos humanos, como lo subrayó la CVR luego del conflicto armado interno [Justicia Viva-IDL, 2012, pp. 21].

28El recurso a la categoría de grupo hostil no sorprende un año después del “Baguazo” donde el enfrentamiento entre la PNP y los manifestantes nativos se saldó con 33 víctimas –entre ellas 23 policías y 10 nativos– y un policía desaparecido.12 Varios años después (2014), una ley eximía la responsabilidad penal de los miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas,13 que “en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte”.14 Los conflictos sociales relacionados a las actividades extractivas han puesto a prueba la legitimidad del Estado. Por las medidas jurídicas que ha tomado y por la forma como fueron ejercidas, el Estado y sus representantes han mostrado falta de criterio, ensañamiento y omnipotencia [Linhardt & Moreau de Bellaing, 2005], elementos sintomáticos de la frágil legitimidad de la violencia estatal.

29La lista de las normas criminalizadoras no es exhaustiva, pero muestra un panorama de las medidas tomadas por los Gobiernos desde los años 2000 para contener el riesgo social a través del castigo y la disuasión. Otras buscaron debilitar la defensa de los acusados [Justicia Viva-IDL, 2012, pp. 35-37] y también se aplicaron medidas de orden inconstitucional –como la anticipación de la fecha legal de vigencia del estado de emergencia– para el arresto preventivo de líderes sociales [pp. 15-17].

30Si al recurrir a medidas de fuerza desproporcionadas o ilegítimas el Estado expone los límites de su legitimidad, al anticipar la (supuesta) amenaza, tomando las riendas de la justicia e imponiendo una de orden militar, el Estado ha mostrado su “miedo a los subordinados”,15 y a los opositores del proyecto extractivista.

Convenios con la Policía y colusión abierta

31El recurso a la fuerza en contextos mineros no es nuevo. Este se cristalizó sobre todo en los convenios firmados entre las empresas mineras y la Policía Nacional del Perú que custodia varios proyectos desde 1995 para reducir el riesgo social de las operaciones.16

32Estos convenios no son anticonstitucionales, pero se confunden con el conflicto de interés y comprometen el adecuado cumplimiento de las labores públicas de la Policía y su imparcialidad [Bravo Valencia et al., 2019];17 en consecuencia, la seguridad es acaparada por quienes pueden pagarla.

33Hasta la modificación de la Ley de la Policía Nacional del Perú en 2006,18 los “servicios extraordinarios complementarios” brindados por la PNP no eran reconocidos legalmente, lo que muestra una legalización reciente de acuerdos cuestionables pocos años después del regreso a la democracia cuando las controversias mineras empezaron a agudizarse.

34En estos convenios, las misiones policiales no son claras. En algunos casos, los efectivos intervienen para “detectar y neutralizar riesgos” [Bravo Valencia, et al., 2019, pp. 12]. En otros, “estarían encargados de realizar operaciones de patrullaje (móvil o a pie), atender denuncias sobre delitos, evitar la presencia de personas extrañas, monitorear el transporte de materiales, entre otras actividades” [pp. 16]. Aquí las categorías de “riesgo” y de “personas extrañas” pueden interpretarse de forma arbitraria y van en contra de la libertad de ir y venir. Esto concuerda con acusaciones hacia la PNP de detención arbitraria y hostigamiento hacia líderes y pobladores [pp. 28]. Los convenios le dan a la Policía un radio de acción muy amplio que permite a las empresas mineras disponer, más o menos directamente, de la violencia legítima del Estado a través de sus agentes uniformados. En los contextos mineros, formados como espacios discrecionales, el orden y el desorden social son entonces interpretados casi específicamente según las percepciones empresariales.

35A pesar de ser legal (desde 2006), la acción de la Policía a favor de las empresas mineras revela la cesión de los poderes reales del Estado hacia un sector industrial y, por ende, debilita nuevamente la legitimidad del ejercicio proporcionado de la violencia del Estado. En un contexto neoliberal, esto es sintomático de la tercerización de las facultades estatales de mantener el orden público hacia los actores privados, y cuestiona la soberanía del Estado en las “zonas grises” de su territorio y sus relaciones con sus ciudadanos más vulnerables.

La deslegitimación de la disidencia y la criminalización perniciosa

Discursos políticos, rezagos del conflicto armado interno y la construcción del ciudadano Otro

36El proyecto extractivista ha residido en parte en una colusión interesada del sector minero con el Estado, en la cual ambos protagonistas movilizaron un lenguaje común e identificaron las amenazas que pondrían en riesgo sus metas. La figura amenazante de los críticos hacia la minería es antigua, pero se agudizó con lo que Drinot [2017] y otros llaman la revolución capitalista del expresidente Alan García, quien asimilaba a la población rural, “ambientalista” o “antiminera” a las “figuras malas” del pasado: el comunista anticapitalista en el siglo xix y el proteccionista en el siglo xx. Los campesinos e indígenas fueron el “Otro anticapitalista” [pp. 226] de la retórica estatal. Reacia al progreso nacional [pp. 233], esta figura amenazante para el orden nacional justificó el uso del poder disciplinario legal y policial que mencionamos, pero que también fue avalado por retóricas excluyentes. Estas pueden verse como una suerte de “violencia invisible” donde la criminalización se traduce por los discursos y las representaciones arraigadas en las instituciones y en las representaciones sociales [Bourgois & Hewlett, 2012].

37En 2004, Carlos Ferrero –el presidente del Consejo de Ministros bajo el Gobierno de Alejandro Toledo– pedía la “devolución al Estado de las tierras eriazas en posesión de los ‘aborígenes’”. Según él, tenían demasiados privilegios y esto implicaba que casi un tercio del Perú “ya no pertenecía a sus ciudadanos” [Castillo Castañeda, 2007, pp. 76].

38En 2007, el presidente Alan García (2006-2011) escribe un artículo de prensa sobre el “Perro del hortelano”. Retomando una obra de Lope de Vega, García proponía una metáfora donde comparaba al perro de la obra con la población campesina y nativa del Perú: como el perro del hortelano, que no come los productos del huerto pero que impide que otros los consuman, la población rural peruana no explotaba el subsuelo e impedía al país hacerlo.

39Años después, el presidente Ollanta Humala (2011-2016) afirmaba en 2011 que las comunidades eran producto de la reforma agraria de 1969, reduciendo su historia secular a una invención reciente producto de una reforma agraria muy controvertida en la memoria de las élites peruanas [Mayer, 2017].

40A través de varios Gobiernos, así es como el Estado rehabilitó viejas imágenes de la población rural, recalcitrante, conflictiva y definitivamente opuesta al “interés nacional” determinado por el Estado, quien buscó descalificar la disidencia contra la minera desde las arenas institucionales dándole formas diplomáticas a un proceso victimizador y jurídicamente criminalizador [Salomon, 2012; Scott, 2013].

41La figura del criminalizado hoy tiene generalmente las mismas características que la “víctima promedio” del conflicto armado interno: ciudadano rural, campesino y quechuahablante.19 La población rural fue víctima de racismo, de una amalgama con el “terrorista” enemigo de la nación [Delacroix, 2018], y sufrió maltratos e insultos por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas, al ser llamados los campesinos “indios de mierda” o “cholos de mierda” [Méndez, 2011, pp. 73]. Hablar de víctima promedio permite identificar a quienes sufren y han sufrido una “violencia estructural”, invisible pero identificable por los efectos de las instituciones e ideologías en sus vidas y cuerpos [Bourgois & Hewlett, 2012, pp. 140].

Las autoridades locales y la construcción del orden minero

42En la última década, el protagonismo de las autoridades regionales y municipales en los movimientos de crítica minera fue notorio. Los liderazgos de Gregorio Santos en la región de Cajamarca y de Oscar Mollohuanca en la provincia de Espinar, entre otros, fueron muy mediáticos por ser acusados respectivamente por apología a la rebelión y por delito de instigación a la violencia,20 delitos por los cuales fueron absueltos luego de varios años de procesos judiciales.21

43Sin embargo, el protagonismo de sus homólogos nacionales también fue clave en cuanto a la aceptación política de la minería. Como lo muestran Boccardi et al. [2008], las narrativas utópicas, estatales y empresariales en regiones desfavorecidas dibujan a la actividad minera como una necesidad para superar un pasado difícil y lograr un futuro mejor. El caso argentino poscrisis es paradigmático, pero las mismas narrativas operan en otros territorios donde la crisis estructural es relegada al pasado gracias a las promesas mineras. Así lo hicieron el presidente regional de Apurímac (2011-2014) y sus predecesores:

“Es la oportunidad histórica para que nuestros hijos sean mejores que nosotros, porque son el futuro de Apurímac y del Perú. Suscribo el firme compromiso para el bienestar común y para soñar del futuro que deseamos para nuestros hijos, y contribuir a la reducción de la pobreza [...]. Trazamos un modelo de desarrollo sostenible para que la riqueza que dejará la actividad minera sea inclusiva para todos los habitantes de Apurímac, sin excepción”. [Segovia, E, 2013]22

44Los alcaldes son a menudo percibidos por las empresas como los “últimos interlocutores válidos” del Estado.23 Por lo tanto, es interesante entender cómo se encarna y se ejerce la autoridad política individual de un alcalde en defensa de la minería y su corolario descrédito de la sociedad civil:

“Finalmente, no hubo ninguna discusión con la empresa porque la hemos apoyado durante todo el proceso. A las ONG que estaban aquí, las hemos acorralado diciéndoles ‘Paren’. [dirigiéndose a las ONG] ‘Tú estás aquí, pero ¿cuáles son tus objetivos? Te voy a dar una autorización de funcionamiento para tu local, pero preséntame un plan de trabajo, una línea, algo que justifique lo que vas a hacer aquí. De esa manera, podremos trabajar juntos’. Las he acorralado pensando que el proyecto tenía que salir adelante. [...] a todas les he dicho lo mismo. Se habían instalado clandestinamente, pero hubieran tenido que venir al municipio. Entonces yo, pensando en la población, en los espacios públicos de la provincia, he dicho que este proyecto debía ir para adelante. Con sus defectos, con errores o con éxitos, el proyecto tiene que avanzar para nuestro pueblo”. [Alcalde de Challhualhuacho. Cusco. Entrevista realizada el 24/04/2017. Por razones de discreción, el nombre y los años de ejercicio no son precisados]

45Para anticipar la crítica contra la minería, el poder político local explota sus facultades de forma más aguda que de costumbre. La promoción de la minería –con la prosperidad económica que promete– justifica una fiscalización extraordinaria en temas que generalmente carecen de importancia para ser tratados. Estas medidas forman parte de las metamorfosis de la criminalización: no reprimen la protesta, pero interfieren en su eventual formación.

46Otros casos recientes traducen la heterogeneidad de la criminalización, como cuando en 2015, la Policía “sembró” un objeto contundente en las manos de un manifestante para justificar su detención en una marcha contra el proyecto Tía María. Así es también como se arrestó a una documentalista canadiense y a su traductor en 2017, por presentar un video crítico contra la compañía minera Hudbay en la ciudad de Cusco.24 Este caso muestra que no son tanto las leyes las que son arbitrarias sino la manera como se aplican en contextos donde el Estado defiende intereses mayores. Invocando la “afectación al orden público”, la detención abrió un proceso judicial que concluyó en la culpabilidad de los acusados sin que hayan podido defenderse o recurrir a una defensa. Dos días después de su salida del país, se expidió una resolución de gerencia,25 que ordenaba el impedimento del ingreso de estas personas de nuevo al Perú.

47Estos casos confirman el recurso no aislado por parte de agentes del Estado a estrategias perniciosas o discretas para obstaculizar la disidencia al orden minero, más allá de las arenas de la protesta social.

La coerción discrecional o la criminalización tercerizada

48Si la conflictividad contemporánea se mantiene como un paradigma central en los estudios de las interacciones entre los proyectos mineros y las poblaciones ribereñas, los conflictos reportados por la Defensoría del Pueblo oscilan alrededor de los 20 % del total de proyectos.

49En realidad, 80 % de los proyectos no presentan conflictos aparentes o reportados. En 2011, por ejemplo, se reportaron 77 casos conflictivos sobre 443 proyectos de mediana y gran minería [Perla 2017, pp. 121]. Estos proyectos a priori no conflictivos pueden verse como interacciones estables donde el diálogo entre empresa y población ha permitido relativos consensos. También se pueden ver como roces cuyas señales débiles no atrajeron la vigilancia de las organizaciones civiles. En ciertos casos, la ausencia de conflicto mediatizado traduce el ejercicio discrecional de poder, así como la carencia de recursos y redes de la población local cuya resistencia es silenciosa o silenciada.

50En etapas estratégicas, los cambios de las gerencias de los proyectos muestran cómo estos se articulan a la progresión técnica y al riesgo social. La adopción de políticas clientelistas con las comunidades y la imposición de condiciones para mantener relaciones exclusivas con las más estratégicas permite evitar la interferencia de actores externos como las ONG en las decisiones de la población [Hervé Huamani, 2017].

51En las comunidades que aceptaron a la minería, la colusión entre los representantes comunales y el personal minero ha permitido construir acuerdos para observar a las familias amenazando a los posibles indisciplinados –críticos de la presencia minera– con no darles las compensaciones acordadas o con borrarlos del padrón comunal. Estas medidas discrecionales imponen una forma de omertà, en un territorio donde, por otro lado, fotografiar el paisaje montañoso rasguñado por las máquinas también era controlado por considerarse como un posible acto de disidencia en contra del proyecto [Hervé Huamani, 2017].

52Observándolas “desde abajo”, las relaciones de los agentes mineros con las comunidades están plagadas de palancas de poder activadas cuando se sospecha la disidencia. La colusión con el Estado –cuya presencia se ajusta según las necesidades locales– agiliza la acción de los poderes discrecionales.

53Las políticas de responsabilidad social de las empresas han sido frecuentemente señaladas como palancas de poder. Si bien los puestos de trabajo propuestos a los jefes de hogar son oficialmente distribuidos de manera equitativa, en la práctica el trabajo es visto localmente como un dispositivo disciplinario que regula los tiempos de trabajo ofrecidos para amenazar, sancionar o recompensar. Dispositivos como este regulan la disidencia local y forman parte también de las metamorfosis de la criminalización. En el proyecto extractivista, esta es tercerizada por las empresas mineras y por las autoridades locales que las apoyan.

Figura 1. Policías ordenados en Challahuahuacho, esperando el helicóptero presidencial en el proyecto Las Bambas

54En muchos casos, los compromisos y las promesas mineras hacia la población son condicionados a la disciplina de cada habitante hacia los agentes sociales mineros. A través de ellos, los proyectos producen un orden social propio en sus áreas de influencia donde el contexto minero aparece como un recinto autoritario; imponiendo reglas, controlando a la población y ahogando la disidencia, articulando la legalidad de las acciones empresariales con la discrecionalidad de las acciones de los agentes locales. Desde una perspectiva local, se observa con mayor nitidez cómo se forman las criminalizaciones encubiertas cuando (aún) no estallan conflictos mediatizados. También se notan las “microrresistencias” que no pudimos evocar en este trabajo. Estas merecen sin duda reflexiones profundas para seguir pensando la interacción minera más allá de la oposición clara, conflictiva y politizada.

Figura 2. Por su carácter móvil, el personal técnico y social de los proyectos mineros se impone ante la población como una figura omnisciente

Conclusión

55La criminalización de la protesta y hacia los disidentes en contexto minero adoptó diferentes figuras judiciales, policiales, pero también retóricas o discrecionales en las últimas décadas. Aplicadas o enunciadas por actores heterogéneos, todas se orientan hacia el objetivo común de facilitar la progresión minera.

56Si bien arrastra reflejos autoritarios en democracia, la criminalización de la protesta queda siendo solo la punta del iceberg de un conjunto de formas de deslegitimación o de sanción de la disidencia hacia la minería. Es por ello que hemos tratado de dibujar lo que podríamos llamar sus metamorfosis. Estas incluyen sus formas menos obvias, arraigadas en los discursos y en las representaciones sociales históricamente construidas por el Estado y que hoy en día se concentran en las interfaces mineras.

57Como lo hemos mostrado, los discursos y prácticas criminalizadores muestran los rezagos de un autoritarismo político y de disputas sociales que se cristalizaron durante el conflicto armado interno haciendo de la población campesina la víctima promedio no solamente de políticas de Estado sino también de procesos de deslegitimación y exclusión.

58Si hablamos de estas herencias, no debemos obviar la profundidad histórica en que se arraigan no solo los procesos criminalizadores sino también sus lógicas y las instituciones que las conllevan. Por ello, parece importante exponer las porosidades de la violencia estatal como un “continuum” que atraviesa regímenes, épocas y sucesos, tomando en cuenta las “violencias invisibles” además de las formas más obvias [Bourgois & Hewlett, 2012, pp. 140], legales o ilegales de la violencia estatal.