Introducción

1A la luz de los resultados obtenidos en las últimas elecciones parlamentarias en el Perú, en el que ocho militares excombatientes resultaron electos como congresistas de la república,2 resulta necesario promover una nueva línea de investigación interdisciplinaria que aborde con rigurosidad la “cuestión militar” y de modo más específico el papel que los militares vienen ocupando en el escenario político peruano posterior al conflicto armado interno (1980-2000).3 Este esfuerzo académico debería conducirnos a asumir la difícil tarea de responder, desde una perspectiva histórica, cultural y social, a qué nos referimos hoy en día cuando hablamos de “lo militar” o “los militares” después del sangriento período de violencia fratricida que costó la vida de más de 69 mil peruanos. ¿Cuál es el lugar que ahora ocupan estos actores en el imaginario social y en la esfera pública peruana?

2El retorno a la democracia supuso el inicio de un proceso de transformación, un quiebre generacional entre los miembros de las Fuerzas Armadas, así como un cambio de paradigmas en el pensamiento militar, cuyas características se encuentran pendientes de estudio. Aún no se ha realizado, por ejemplo, un balance acerca del impacto que pudo haber ocasionado el conflicto armado interno en la cultura militar, y más ampliamente, en la formación de los nuevos miembros de estas instituciones en el presente. Sin embargo, a estos temas de interés académico que corresponden propiamente al ámbito castrense se suman otros que vienen alcanzando una mayor trascendencia más allá de los cuarteles, es decir, aquellos que están vinculados al protagonismo de los militares en el terreno de “lo civil”, un fenómeno hasta ahora ignorado por la academia. Se trata, pues, de la incursión y el activismo político de militares retirados y licenciados del servicio militar en la vida democrática del país.

3Un activismo que se destaca, hoy en día, nada menos que por una creciente participación de los militares excombatientes, otrora principales actores del “conflicto armado interno”. Proceso que más bien resulta evocado desde las trincheras castrenses con el nombre de “guerra contraterrorista”. Y no precisamente para simplificar las dos décadas en las que se produjeron los enfrentamientos entre los miembros de las Fuerzas Armadas y las columnas “terroristas”, como podría comprenderse. Este define los márgenes de la cultura militar y la doctrina con la que miles de agentes de seguridad estatal (militares y policías) fueron formados para dar cumplimiento por aquel entonces al mandato supremo del Estado de “destruir” al “enemigo interno”. Paradigmas que, además de no haberse desmantelado al interior de los cuarteles incluso en el posconflicto, hubieron de impactar irremediablemente en sus subjetividades, lenguajes y, por ende, en su actuación política. Encuéntrese por ejemplo en el “terruqueo”, como forma de violencia política [Aguirre, 2011], su mayor expresión.

4A diferencia entonces de las recientes intervenciones militares en América Latina que parecieron –al menos coyunturalmente– anunciar el retorno de los miembros de las Fuerzas Armadas en procesos democráticos tras varias décadas de aislamiento y sometimiento al poder civil,4 en el Perú “los militares” nunca desaparecieron de este ámbito y mucho menos del imaginario social. Los procesos electorales presidenciales llevados a cabo en los últimos veinte años, más precisamente desde que se dio por culminado el conflicto interno y recuperó la democracia en el país (2000), paradójicamente así lo demuestran. La figura de Ollanta Humala, teniente coronel del Ejército en situación de retiro y excombatiente de la “guerra contraterrorista” quien fue candidato en el 2006 y resultó electo como presidente en el 2011, encarna el más claro ejemplo.5 Por esa razón, cuando planteamos la necesidad de situar a “los militares” y en especial a los excombatientes de la reciente guerra interna en el centro de nuestro estudio es, porque nos interesa en el fondo poner en cuestión su aparente homogeneidad, revelar cuáles son sus disidencias, lugares de enunciación, demandas y, más aún, lo que ellos significan para la sociedad peruana en el presente.

5Estas interrogantes nos llevan a proponer a modo de ensayo tres niveles de análisis. El primero, en torno a la necesidad de reescribir la actuación de “los militares” peruanos en la historia reciente. En particular, de cara a las sentencias y procesos de judicialización que por diversos delitos ocurridos –corrupción, peculado, violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, etcétera– durante el conflicto armado y el Gobierno dictatorial del expresidente Alberto Fujimori se vienen produciendo en las últimas décadas. Procesos en los cuales una numerosa cantidad de efectivos todavía se encuentran inmersos. El segundo apunta a problematizar las relaciones de alteridad entre los militares excombatientes, comprender su heterogeneidad a fin de romper acaso el mito del “espíritu de cuerpo” en tanto que, como veremos a continuación, el testimonio y la experiencia bélica de un miembro del alto mando no equivale a la de un soldado de tropa. Y, tercero, reflexionar cómo es que estas diferencias se ven reflejadas en la configuración que ahora como legisladores mantienen en el actual Parlamento peruano. Aspiramos con este aporte y sobre la base de evidencias empíricas revelar el punto de quiebre de sus fracturas internas, historiar e interpretar sus disidencias, en un intento por comprender el horizonte político de los militares excombatientes de la “guerra contraterrorista” en el posconflicto peruano.6

Reescribir la historia de la guerra reciente y el régimen dictatorial de los noventa

6Como recordaremos, el conflicto armado interno tuvo sus inicios en la década de 1980, cuando las organizaciones comunistas Sendero Luminoso (PCP-SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) se alzaron en armas en contra del Estado peruano con el propósito de subvertir el orden democrático e imponer un nuevo sistema de gobierno.7 En respuesta, el Estado intentó contener la violencia terrorista con sus fuerzas policiales. Sin embargo, ante su incontrolable expansión, decidió a fines de 1982 militarizar el conflicto, ordenando la inmediata movilización de las Fuerzas Armadas a las zonas declaradas en emergencia. Iniciados los enfrentamientos armados frente a los grupos subversivos, el conflicto logró expandirse desde Ayacucho (epicentro del conflicto) a los Andes sur centrales y posteriormente a la alta Amazonía peruana, abarcando hacia la década de los 90 casi todo el territorio nacional [Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú, 2012].

7Ante la incapacidad política para dirigir la “lucha contrasubversiva” y resolver los problemas que le dieron origen al conflicto como la desigualdad, la extrema pobreza e incluso la misma ausencia del Estado en diversas regiones del país, los Gobiernos de Fernando Belaunde (1980-1985) y Alan García (1985-1990) terminaron por encomendar principalmente al Ejército no solo la responsabilidad de la conducción del combate, sino también el gobierno interior de las zonas declaradas en emergencia [Comisión de Entrega de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2008, pp. 18, 24, 34].8 Ante este poderoso encargo, los militares de entonces tuvieron que alistarse para una guerra en su propio territorio con el mandato de destruir al “enemigo interno”. Hacia fines de la década de los ochenta, el paradigma de la “legítima defensa del Estado”, interiorizada al extremo por los militares como un deber absoluto, provocó el menosprecio de los principios del Estado de derecho. Se abrió así paso a una violencia desalmada, de terror contra terror, que se prosiguió en la década de los noventa.

8En 1990, el expresidente Alberto Fujimori (hoy condenado a prisión por delitos de corrupción y lesa humanidad) asumía el Gobierno mediante elecciones democráticas y en medio del conflicto. Con un país en guerra, una economía en recesión, así como un aparato estatal caracterizado hasta entonces por su fragilidad democrática, el expresidente Fujimori encontró en estas condiciones de desgobierno la coyuntura “ideal” para llevar a cabo el golpe de Estado de 1992 con el apoyo del alto mando de las Fuerzas Armadas [Comisión de Entrega de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2008, pp. 457]. Con este funesto acto, Fujimori impuso un régimen dictatorial que se sostuvo hasta el año 2000 de la mano de su asesor Vladimiro Montesinos, un oficial retirado del Ejército quien fue el responsable de implementar y dirigir desde la sombra un complejo sistema de corrupción que involucró a todos los niveles del Estado, razón por la cual también hoy se encuentra en prisión. Por las características de este proceso que transcurrió entre 1990 y el 2000, este período de gobierno recibió, desde los medios de comunicación, el nombre de “dictadura fujimontesinista” [Burt, 2011].

9A la luz de las sentencias judiciales por casos de corrupción y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la “guerra contraterrorista” y el régimen dictatorial de Fujimori, e incluso de aquellos procesos que se encuentran aún en investigación, ha sido posible conocer con más detalle cómo es que Vladimiro Montesinos logró tomar el control de las Fuerzas Armadas. En otras palabras, cómo obtuvo el respaldo de los altos mandos militares y sus subalternos, quienes no fueron exentos de sabotajes, sobornos, extorsión, tráfico de influencias, entre otras formas de coerción que fueron también aplicadas a diversas figuras políticas y empresariales en el ámbito civil.9 Dichas prácticas al interior de los cuarteles derivaron no solo en la sumisión por voluntad o por fuerza de las corporaciones militares en todos los niveles jerárquicos que finalmente fueron puestos al servicio del régimen; sino que, al tomar el control del Servicio de Inteligencia Nacional, Montesinos comandó y encargó a los agentes de inteligencia la realización de operaciones de “guerra sucia” contra todo aquel que intentara oponerse al régimen. Organizó para ello grupos paramilitares de aniquilamiento como el famoso Grupo Colina, llegando incluso a hacer uso del Cuartel General del Ejército como máximo símbolo de poder para imponerse en el mundo castrense tras convertirlo en su “casa de gobierno” [Burt, 2011, pp. 258].10

10De esta manera, la “guerra contraterrorista” bajo la dictadura fujimontesinista giró hacia una nueva estrategia, no solo en la conducción militar sino también en la política, por lo que se convirtió en la “lucha por la pacificación”11. Si bien este cambio de denominación implicó un viraje político sobre la concepción del conflicto interno que culminó con la victoria del Estado sobre las organizaciones subversivas tras involucrar a la población civil en la derrota “terrorista”, tuvo un doble propósito. Resultó en una campaña sicosocial producida por un calculado sistema de operaciones de información que buscó manipular los medios de comunicación y la opinión pública con el pretexto de la pacificación nacional para perpetuarse en el poder.

11Hasta este punto de la historia, existía una imagen generalizada acerca del unánime y rotundo respaldo de los miembros de las Fuerzas Armadas a la dictadura fujimontesinista. Sin embargo, pensamos que esta concepción ameritaría ser puesta en cuestión dado que estas instituciones castrenses con recurrencia homogenizadas poseen tres componentes: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea. Siendo así, no solo no tuvieron las mismas misiones en las operaciones bélicas llevadas a cabo durante la “guerra contraterrorista”, sino que su actuación durante el régimen dictatorial fujimontesinista se produjo a distintos niveles e implicancias. Entre ellas existen, además de disímiles procesos históricos, abismales diferencias en cuanto a su cultura militar, su doctrina y particularmente su conformación social. El Ejército, por ejemplo, al ser responsable del ámbito terrestre y el que mayor cantidad de efectivos posee, fue la institución que, como señalamos, asumió la conducción militar del conflicto, por lo tanto, la que más bajas humanas sufrió y produjo, así como el que más desgaste institucional, logístico y moral soportó.

12Sin embargo, si existen estas características dispares entre las instituciones que integran las Fuerzas Armadas, aquellas se refuerzan aún más en relación a la cantidad de efectivos que la conforman. Se calcula que solo el Ejército durante la “guerra contraterrorista” tuvo una fuerza en promedio de 60 mil efectivos anuales, divididos en oficiales (10%), técnicos y suboficiales (12%), y personal de tropa del servicio militar (67%), es decir, participó con más de un millón de efectivos durante las dos décadas que perduró la contienda.12 De esta manera, cuando se habla de “los militares” en las dos décadas de conflicto interno, habría que distinguir en primera instancia los períodos del conflicto en que combatieron, el poder que tuvieron en la toma decisiones, los que mayores violaciones a los derechos humanos cometieron e incluso los que mayores afectaciones sufrieron en su condición de personal militar subalterno. Si se quiere, implicaría realizar un ejercicio de humanización de “los militares”, usualmente tratados e imaginados como simples maquinarias de guerra o de la muerte, sin que ello implique, por supuesto, redimirlos de sus responsabilidades morales.

13Por estas disparidades, creemos que a “los militares” no solo los dividiría el lugar que ocuparon durante la “guerra contraterrorista” y el régimen dictatorial, sino más aún las experiencias y disidencias marcadas por un pasado común que vienen poniendo de manifiesto y que proponemos serían los catalizadores de su comportamiento en el presente político peruano. Los últimos procesos de judicialización con relación a los “casos emblemáticos” por violaciones a los derechos humanos,13 así como la aparición en la esfera pública de “otros” militares invisibilizados y subestimados durante este período, nos invitan a reescribir su actuación en la historia reciente, como veremos a continuación.14

Distinguir las disidencias y los lugares de enunciación

14La yuxtaposición de la “guerra contraterrorista” y la dictadura fujimontesinista, ocurridas entre las décadas de 1980 y 1990, generaron un ciclo de violencia fratricida, acaso la más catastrófica de toda la historia republicana tras ocasionar la muerte de más de 69 mil personas, y en total cerca de 227 mil víctimas por violaciones a los derechos humanos [Consejo de Reparaciones–Registro Único de Víctimas, 2018, pp. 34]. Desgarradoras cifras atribuidas, en primer lugar, a Sendero Luminoso, responsable del 54% de muertes y desapariciones; y, en segundo lugar, a los agentes de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, Policía, Comités de Autodefensa y los grupos paramilitares causantes del 37 % [Comisión de Entrega de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2008, pp. 9].

15Con el fin del régimen dictatorial fujimontesinista hacia los últimos años de la década de 1990, se dio por culminado el conflicto armado interno, abriéndose así una nueva etapa de retorno a la democracia en el Perú. ¿Pero qué pasó entonces con miembros de las Fuerzas Armadas que participaron de estos procesos en el contexto posterior del conflicto? ¿A dónde fueron a parar las historias de los militares protagonistas, testigos, partícipes o víctimas de este oscuro pasado?

16Con el propósito de reconstruir el proceso de violencia ocurrida durante estas dos décadas de horror, el expresidente Valentín Paniagua, encargado de la transición democrática, dispuso en el año 2000 la conformación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), cuyo Informe Final fue entregado en el 2003 durante el Gobierno del expresidente Alejandro Toledo. Como una forma de abrir paso a la verdad, la CVR realizó durante su mandato audiencias públicas a nivel nacional, fundamentalmente en las regiones que habían sido arrasadas por el conflicto, a fin de identificar a las víctimas y revelar in situ los niveles de violencia alcanzados. Producto de este encomiable esfuerzo se registraron cerca de 16 mil testimonios. No obstante, dichas audiencias privilegiaron el recojo de los testimonios provenientes de la población civil, mas no así el de los agentes de Seguridad del Estado y mucho menos de los miembros de las organizaciones subversivas. De este modo, tanto policías como militares quedaron, por así decirlo, fuera del amplio proceso de memoria, verdad y justicia frente a su tratamiento casi exclusivo bajo la figura de los perpetradores, aun cuando en innumerables casos también fueron víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales no solo por parte de las organizaciones subversivas sino por parte del propio Estado; afectaciones que aún continúan pendientes de judicialización, como es el caso de los soldados de tropa del servicio militar obligatorio.15

17La categórica medida por parte de la CVR en torno a la búsqueda de la “víctima inocente”16, resultó entonces con la exclusión de los militares a contar su “verdad”, lo que además imposibilitó que ellos mismos afrontaran y confrontaran sus responsabilidades en audiencias públicas. Estas omisiones trajeron consigo serias y amplias controversias en la sociedad peruana, irresueltas hasta hoy. Una decisión que posteriormente los mismos miembros de la CVR reconocieron como error metodológico [Peru21, 2012].17

18Si bien las Fuerzas Armadas, o lo que equivale decir su personal en actividad, han demostrado en las dos últimas décadas un comportamiento de sumisión ante el poder civil, es decir, a los Gobiernos y autoridades políticas elegidas democráticamente, ello no ha significado la despolitización de sus miembros.

19Más allá de los estudios pendientes acerca del “trauma”, es decir, el impacto de la experiencia bélica que pudo haber originado la “guerra contraterrorista” (por los horrores vividos y producidos), así como el régimen dictatorial fujimontesinista en las subjetividades políticas de los militares, podemos afirmar que ambos momentos históricos ocasionaron serias escisiones al interior de la corporación de efectivos de las Fuerzas Armadas. No es de sorprender por ello que, desde los intramuros de sus instalaciones, se produzcan incluso hasta hoy los más encendidos debates intergeneracionales acerca de estos procesos, lo que desvirtúa en cierto modo la creencia generalizada respecto a la unánime postura negacionista de los militares e incluso su apuesta a favor del olvido. Contrario a lo que la opinión pública pudiese esperar, los militares no olvidan, aunque sus recuerdos no necesariamente resulten los mismos. Existe una creciente bibliografía producida por los propios militares que da cuenta de estas diferencias.18

20En el caso particular de los oficiales, estas tensiones suelen evidenciarse por ejemplo entre los integrantes de una misma promoción militar.19 Más allá de sus sentidos de pertenencia e identidades definidas por las armas y servicios en los que fueron formados, estas distinciones no los dividen tanto como su experiencia de combate.20 Existe, pues, un abismo de pasados casi irreconciliables entre quienes fueron combatientes durante la guerra interna y quienes no, por ejemplo. Por un lado, se encuentran los militares que fueron enviados al frente en los inicios de su carrera militar cuando ocupaban grados de oficiales subalternos (subtenientes, tenientes y capitanes), cuyas edades oscilaron entre los 22-27 años, y quienes hoy sostienen haber sido “sacrificados” en sus ascensos y vida familiar para “devolverle la paz al país”. Por otro lado, se encuentran aquellos que, aun teniendo la misma obligación, por diversas razones lograron exceptuarse de esta misión.

21Los excombatientes de manera general sindican a los no combatientes de “haberse favorecido de los ascensos” que muchas veces les negaron o les correspondían por antigüedad.21 Refieren además que estos “otros” militares, que “no enfrentaron al terrorismo”, se “aprovecharon” de sus logros en combate y de los “beneficios que la dictadura fujimontesinista les ofrecía” a cambio de “sumisión y lealtad” al régimen. En el mismo sentido, manifiestan que mientras ellos “hacían la guerra” en las zonas rurales más inhóspitas y “olvidadas del país”, los políticos “aprovechaban la victoria militar sobre los terroristas en el campo” para aumentar su aprobación popular “en la ciudad” y perpetuarse en el poder.22

22Similares confrontaciones generacionales pueden observarse entre los relatos de militares que ocuparon puestos en el alto mando frente a los subalternos en el trascurso de aquellas dos décadas de horror, pues en muchos casos “los militares” no profesionales y de menor jerarquía resultaron sometidos a la guerra o a la dictadura por medio de la violación a sus derechos fundamentales, asesinatos, desapariciones, torturas, reclutamiento forzado, violaciones sexuales, etcétera, que, como señalamos específicamente, fue el caso de los soldados de tropa del servicio militar obligatorio [Theidon, 2004, pp. 121-122].

23Por estas fisuras, pensamos que cualquier intento de comprender las sutilezas del comportamiento político y las disidencias de los militares peruanos en el presente pasaría antes por el análisis de sus relaciones de alteridad, poder, jerarquías, experiencias militares e incluso por sus historias de vida. En otras palabras, identificar e interpretar su lugar de enunciación, cruzar el umbral hacia sus subjetividades militares.

La configuración de los militares excombatientes en el congreso de la República

24Los resultados obtenidos en las últimas elecciones congresales extraordinarias 2020 confirman, una vez más, la continua inmersión de los militares peruanos en la vida democrática del país, en esta oportunidad y a diferencia del pasado –como lo señalamos– mediante la sorpresiva aparición de un número importante de excombatientes partícipes de la “guerra contraterrorista”. Ocho de los ciento treinta escaños que conformaron el Parlamento durante el período legislativo extraordinario 2020-2021 fueron ocupados por veteranos: dos oficiales superiores y seis licenciados del servicio militar, todos anteriormente efectivos del Ejército. Un hecho que vuelve a demostrar que ni la condición de militares en “retiro” o de “baja” del servicio activo, así como el historial bélico que pesa sobre sus hombros en calidad de excombatientes de la guerra interna, tal como ocurrió con la elección presidencial de Ollanta Humala en el año 2011, constituyeron limitantes en su activismo político, y menos aún les impidieron obtener un masivo respaldo popular.

25Al contrario, al volver a la civilidad tras recuperar plenamente todos sus derechos fundamentales,23 los militares retirados y en particular los excombatientes han encontrado en la política otro escenario para librar laluchas que quedaron pendientes durante la guerra interna y la dictadura fujimontesinista, aunque ello no suponga, al menos por ahora, la defensa de una misma trinchera política. Pues, si bien, en su reincorporación a la vida civil, estos mal llamados “exmilitares” no renuncien a la identidad militar y por ende “jamás” se sientan identificados bajo esa categorización,24 este aparente sentido de pertenencia no borra en absoluto las jerarquías y disidencias que mantienen entre sí.

26Estas divergencias al interior de los excombatientes pueden apreciarse con mayor claridad en las posiciones políticas que adoptaron durante la pasada campaña electoral, así como en los diferentes roles que desempeñaron frente a sus bancadas, pero más aún en el emplazamiento y las relaciones de poder que vienen construyendo ya no como militares sino más bien como políticos. Bastó solo con observar la configuración que estos excombatientes mantuvieron en el Parlamento para poner en relieve las no tan delgadas líneas que los separan de sus agendas.

27Mientras que, en un primer plano, se encontraban ubicados los excombatientes de mayor graduación, divididos en diferentes bancadas y siguiendo carreras políticas individuales, como es el caso del general de división EP (r) Otto Guibovich,25 vocero de Acción Popular y del general de brigada EP (r) Daniel Urresti,26 vocero de Podemos Perú. En el otro extremo, se situaron en cambio, y también distribuidos en diversos partidos, los seis licenciados del servicio militar que al homologárseles como parlamentarios representaron de forma colectiva los intereses políticos de quienes constituyeron numéricamente la mayor fuerza humana que soportó la guerra interna: la tropa. Es decir, se trató de un sólido grupo de parlamentarios que se han convertido en portavoces de aquellos excombatientes que ocuparon el nivel más bajo en el escalafón militar: sargentos, cabos y soldados.

28“La tropa al Congreso” fue por ejemplo el lema de la estrategia política multipartidaria de la Confederación Nacional de Licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú (CONLIFFAAP), una organización que fue fundada en el 2016 como plataforma de la lucha para la reivindicación de sus derechos como veteranos de la «guerra contraterrorista». A fin de conseguir su representación política en el parlamento durante la campaña electoral colocaron candidatos en casi todas las agrupaciones políticas asegurando la obtención de una mayor cantidad de escaños. Su distribución partidaria fue: Yeremi Espinoza representante por Lima y miembro de la bancada de Podemos Perú, Roberto Chavarría por Junín de Unión Por el Perú; Perci Rivas por Ayacucho de Alianza para el Progreso; Juan de Dios Huamán por Cusco del Frente Popular Agrícola del Perú, Freddy Llaulli por Junín de Acción Popular y Héctor Maquera por Tacna de Unión por el Perú.

Figura 1. Propaganda electoral del licenciado del Ejército Carlos Chavarría, excombatiente de la “Guerra contraterrorista”

29Frente a esta configuración política entre los mismos excombatientes en el Parlamento, menciones aparte y no menos trascendentes merecen, por un lado, el papel mediático del mayor EP (r) Antauro Humala, pues este incluso desde la prisión continuó siendo la imagen política de la bancada de Unión Por el Perú, partido que abrazó la ideología de tendencia radical, militarista, etnonacionalista y antisistema que caracteriza al Movimiento Etnocacerista del cual es el máximo líder.27 Por otro lado, se subraya la incursión política de Valeria Valer, quién integró la bancada de Fuerza Popular y que en calidad de hija del coronel EP (f) Juan Valer muerto en acción de armas durante la operación de rescate de rehenes “Chavín de Huántar” (1997) y uno de los primeros militares que recibió la categoría de héroe y mártir de la “guerra contraterrorista”– representó a los descendientes de los excombatientes caídos durante este proceso bélico y más ampliamente a los miembros de la “familia militar”.28

30De esta forma, oficiales y soldados excombatientes, y hasta sus descendientes, se han vuelto a reencontrar ya no en el teatro de guerra sino más bien en el Parlamento; una nueva escena que revela la búsqueda de representación política emprendida por estos actores desde que culminó el conflicto y que ahora tienen en sus manos como resultado del voto popular de una sociedad que aún tiende a simpatizar con posturas políticas autoritarias.

Reflexiones finales

31Este retorno de los militares excombatientes a la esfera pública nos invita a repensar la noción de “soldados políticos” planteada por Dirk Kruijt [2003], ya no en el marco de dictaduras militares, sino más bien en el actual contexto democrático. Nos invita también a cuestionarnos en qué medida las disidencias producidas durante la guerra interna e incluso la postguerra se disputan ahora en el terreno de lo político, y en un sentido más amplio, a ponderar hasta qué punto la desmovilización militar no representó la desmovilización política. En palabras de Cecilia Méndez, lo que este nuevo escenario nos estaría evidenciando es que:

“Nunca más claro que la política, como planteó persuasivamente Foucault, invirtiendo el clásico aforismo de Clausewitz, no es el fin de la guerra como pretendía la concepción jurídica clásica, sino que es más bien “la continuación de la guerra por otros medios”. [2013, pp. 413]

32La victoria del Estado sobre las organizaciones subversivas no solo dejó un saldo de más de 69 mil muertos y cerca de 227 mil víctimas por violaciones a los derechos humanos, sino también una “generación perdida” de aproximadamente más de medio millón de militares excombatientes. La mayor parte de ellos, licenciados del Ejército que sirvieron como soldados de tropa del servicio militar obligatorio, convertidos brutalmente en combatientes de aquella guerra fratricida incluso antes de que se les hubiese reconocido sus derechos como ciudadanos peruanos debido a su origen étnico y pobreza extrema y que, al culminar la guerra, quedaron en absoluto abandono por parte del Estado. Ningún Gobierno en el período posconflicto priorizó la implementación de políticas públicas que atendieran la dimensión de los graves problemas sociales ocasionados en su condición de sobrevivientes de guerra. Apenas se optó por otorgarles condecoraciones que, más allá de ser únicamente “simbólicas” hasta la fecha, incluso no se han hecho efectivas a razón del complejo proceso de “calificación”.29 Es más, la figura de la víctima militar nunca fue discutida en el Perú. Por ello, quizá sea imposible, como sugiere Toche [2008, pp. 281], abstraer a los militares y en especial a los excombatientes de la dimensión política, cuando “el sistema político se desenvuelve sin dar muestras de sostenibilidad debido a la extrema fragilidad de sus actores”. Este grupo social, otrora ignorado y olvidado, se encuentra excluido de los procesos de verdad, justicia, memoria e inclusive de las reparaciones,30 ha encontrado ahora, y por la vía democrática, la posibilidad de acceder al poder como respuesta a un Estado que no logró prestar atención oportuna a sus demandas, y ante la indiferencia de una sociedad que muchas veces estando vivos los dio por “muertos”.

33Desde las ciencias sociales “los excombatientes”, como categoría de análisis histórico, han venido siendo interpretados entre otras dimensiones de actuación como individuos poseedores de un determinado perfil social por los problemas que les aquejan en su reintegración a la vida civil, así como por las desventajas físicas, psicológicas y económicas producidas a consecuencia de su experiencia bélica [Alcalde, 2013, pp. 113-129]. Condiciones que, a gran escala, como lo señala Alcalde [2013], desencadenaron en países con antecedentes bélicos movimientos sociales de protesta, asociacionismo y un intensivo activismo que abrieron paso inclusive a nuevos conflictos y hasta convertirse en el germen de guerras civiles. Por tanto, la presencia de los militares excombatientes en el Parlamento peruano no debiera sorprendernos, mas sí desafiarnos intelectualmente en el ejercicio de tomar distancia –con propósitos metodológicos– de la dicotomía víctima-perpetrador, categorías que no solo nos han impedido comprender las líneas grises de las atrocidades producidas y cometidas durante el conflicto, sino también el avance de este fenómeno excombatiente en el Perú del posconflicto.