Introducción

1La gestión del agua en Cochabamba fue objeto de una amplia cobertura mediática a nivel internacional en el año 2000, durante la denominada Guerra del Agua, cuando pobladores urbanos de las cooperativas de agua, obreros, campesinos regantes y cocaleros1 se movilizaron en contra de la privatización del agua para defender los modos comunitarios de gestión del recurso, principalmente los sistemas autogestionados urbanos (formados por las cooperativas y comités de agua) y los rurales (formados por los sistemas de riego) [Crespo, 2000; Perreault, 2008]. Esta movilización, percibida como una lucha característica del «horizonte comunitario-popular» de «prácticas colectivas de producción de lo común» en Bolivia [Gutiérrez Aguilar, 2015], muestra a Cochabamba como un ejemplo mundial de construcción de una alternativa al modelo neoliberal bajo el paradigma de lo «común» [Dardot & Laval, 2014].

2Estas prácticas colectivas urbanas se originaron en el siglo xx con el éxodo rural y el consiguiente crecimiento de las ciudades, principalmente las del eje troncal (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), que superaron las capacidades municipales de planificación urbana. Esta expansión urbana dio lugar a ciudades duales, caracterizadas por una marcada diferenciación entre el centro de la ciudad, que cuenta con servicios públicos, y las periferias, donde los barrios, ante la ausencia del Estado, se vieron obligados a crear respuestas comunitarias para atender sus necesidades de servicios básicos. Así, en el contexto metropolitano de Cochabamba, gran parte del área urbana de Sacaba, municipio donde realizamos nuestra investigación, fue edificada a partir del año 20002.

3Según el censo de 2012, el municipio de Sacaba cuenta con 172 466 habitantes y, a pesar de que el área rural representa el 92.88 % del territorio, la gran mayoría de la población (93 %) vive en la zona urbana. La tasa de cobertura de la red municipal de agua era de 72.7 % en 2012 [GAMS, 2016]3. El resto de la población accede al servicio de agua a través de sistemas comunitarios autoorganizados (cooperativas, comités, Organizaciones Territoriales de Base, etc.), conocidos como Operadores Locales de Pequeña Escala (OLPE) [Banco Mundial, 2008]. Por su origen rural y por la importancia de su actividad agrícola, Sacaba todavía mantiene sistemas de riego manejados por campesinos. Los miembros de los OLPE y de los sistemas de riego conforman los «comunes del agua», que se movilizaron en la Guerra del Agua. Además, las comunidades de altura, situadas por encima de los 2800 metros sobre el nivel del mar, en los cerros donde nacen las aguas que alimentan los sistemas de riego y de agua potable de la zona de estudio y de todo el norte de Cochabamba, constituyen otros modelos comunitarios, puesto que tienen sus propias formas de apropiación del territorio: gestión colectiva de la tierra y del territorio, organización política propia según usos y costumbres, etc.

4Debido a la importancia del recurso agua, tanto para el riego (amenazado por la urbanización) como para el uso doméstico, las organizaciones encargadas del servicio de agua potable se han convertido en importantes actores para el desarrollo de los territorios. Así, se observan competencias entre los distintos usos del agua y tensiones entre las relaciones de poder entre quienes detentan el agua y quienes la demandan. Estas últimas son fluctuantes y dependen de distintos factores, por ejemplo, las evoluciones del marco jurídico y del uso de suelo. El objetivo de este artículo es justamente definir cuáles son estos factores y cómo se construyen, deconstruyen y reconstruyen permanentemente las relaciones de poder [Boelens, 2009].

5A pesar de la imagen internacional de Cochabamba como símbolo de la fuerza política de lo común, los resultados de nuestra investigación revelaron una dinámica distinta. Muestran las dificultades de los comunes para reproducirse a lo largo del tiempo y para enfrentar nuevos «choques» sociales, políticos y ambientales. Para entenderlo, recurrimos a dos corrientes de la literatura sobre los comunes. Primero, una más «política», en el sentido de que revela las dinámicas colectivas de los comunes como acción de cambio social [Gutiérrez Aguilar, 2015]. Segundo, empleamos los trabajos de perspectiva neoinstitucionalista que proponen un análisis de la resiliencia de las organizaciones comunitarias para afrontar «choques» que transforman sus modos de gestión internos [Ostrom, 1990]. Adoptamos una perspectiva sociológica para estudiar no solo la dinámica comunitaria como tal, sino también sus dimensiones políticas y las relaciones de poder entre organizaciones e identidades diferentes [Mosse, 1997]. El capítulo muestra cómo la Guerra del Agua constituye un momento de inflexión histórica en las relaciones de poder por el control del agua en la región [Thompson Hines, 2015]. Subraya la importancia de tomar en cuenta las dinámicas internas y externas de los «comunes del agua» para entender sus capacidades de reproducción a lo largo del tiempo.

6Tres fenómenos, que identificamos como «choques», han modificado significativamente las relaciones de poder entre las organizaciones por el control del agua:

1. el político-jurídico, que destaca la superposición de instituciones tradicionales heredadas de la reforma agraria (los llamados «usos y costumbres») y el nuevo contexto político-legal de Bolivia desde la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) en el año 2009 («Tierra y Territorio»)4;

2. el social, que revela el acelerado crecimiento urbano, que conlleva un cambio en el uso de suelo y en la demanda del agua;

3. el ambiental, que toma en cuenta los efectos del cambio climático.

7Presentaremos primero los cambios externos y las tensiones intercomunes que han contribuido a la robustez de los comunes, posteriormente abordaremos los impactos de la urbanización, y terminaremos con el choque ambiental y sus consecuencias institucionales.

Cambios externos y tensiones intercomunes

8En el Valle Central de Cochabamba se asienta la Región Metropolitana «Kanata», la tercera más grande de Bolivia. Está conformada por siete municipios, uno de los cuales es Sacaba, situado al extremo este de la región. Por su situación geográfica, Sacaba es un centro importante de comercio y servicios, cuyos orígenes son eminentemente agrícolas. La producción estaba destinada a los mercados local y nacional. Los asentamientos urbanos, en su gran mayoría, se dieron por ocupación y fraccionamiento de estas propiedades productivas agrícolas [Solares, 2011]. Este hecho explica la coexistencia de ambos usos de suelo —y consiguiente diferencia en la demanda del recurso agua— en varios barrios de Sacaba y la permanente tensión entre los mismos.

9En el norte del distrito II de Sacaba, donde se efectuó el presente estudio, las aguas son explotadas por los regantes y los OLPE. Estas provienen de las lagunas WaraWara y Chungara, ubicadas en las alturas del distrito V de Sacaba, y de la laguna La Merced, en la parte sur del distrito rural de Palca (Mapa 1). Los cambios políticos recientes de Bolivia han inducido cambios en los derechos de agua, definidos como el uso compartido del agua entre los diferentes actores involucrados. Al igual que los estudios de Boelens [2009], el caso de Sacaba revela cómo los derechos son creados, reconfirmados y recreados en procesos históricos específicos por las propias comunidades hasta constituir un pluralismo legal conflictivo, que convierte los derechos de agua en objetos de lucha.

Mapa 1. Ubicación del área urbana de Sacaba y las fuentes de agua de tierras altas

10Antiguamente, mientras el Estado era dueño de las fuentes de agua, su control estaba en manos de los grandes terratenientes. Tras el desmantelamiento de las haciendas durante la reforma agraria de 19535 y junto con la reivindicación de «la tierra para quienes la trabajan», se originó también la máxima «el agua para quienes la usan». En las lagunas de WaraWara, Chungara y La Merced, los antiguos peones de las haciendas tomaron el control de los sistemas de riego [Thompson Hines, 2015]. Ello condujo a la implementación de un aprovechamiento compartido de las aguas por los regantes del distrito II. A pesar de que el Estado seguía siendo el dueño de las aguas, su otorgamiento «para uso común» generó en los regantes un fuerte sentimiento de propiedad sobre las mismas. Este sentimiento fue reforzado por el trabajo colectivo que realizaron para construir los sistemas de riego, pues los derechos consuetudinarios se basaron en la «inversión comunitaria» que se ha practicado desde la época colonial [Thompson Hines, 2015]. A partir de la reforma agraria, los regantes del valle de Sacaba negociaron con las comunidades de altura el acceso a las aguas de las lagunas ofreciendo chicha, coca y cigarro, y realizando pequeñas obras de manera comunitaria (construcción y mantenimiento de caminos vecinales, por ejemplo). Estas negociaciones son reconocidas como parte de los «usos y costumbres», que son un conjunto de acuerdos comunales y supracomunales que regulan los derechos de acceso al agua a través de sistemas de rotación y obligaciones recíprocas entre las comunidades [Crespo et al., 2004].

11Tras la victoria de Evo Morales, en 2005, el reconocimiento de nuevos derechos para los pueblos indígenas mediante la aprobación de la CPE de 2009 cambió los equilibrios de poder entre las comunidades de las tierras altas y los regantes de los valles. A los «usos y costumbres»6 se sumó un nuevo marco legal que reivindica la «Tierra y Territorio» y reconoce el derecho de las comunidades campesinas e indígenas al uso de los recursos naturales de sus territorios7. Desde luego, las comunidades de altura se movilizaron para reivindicar sus derechos sobre las aguas y ya no compartirlas según los antiguos «usos y costumbres». Este hecho fue acelerado por el cambio climático, que ofrece a las comunidades de altura mayores posibilidades de cultivo con la creación de sus propios sistemas de riego. Así, desde la aplicación de la CPE de 2009, hubo varios enfrentamientos entre las comunidades de altura del distrito rural de Palca (Pajcha Huasa, Tranca, Palca, Quelamayu Palca) y los regantes y los OLPE del distrito II de Sacaba por el control de las lagunas. En noviembre de 2015, con la mediación de la Gobernación de Cochabamba, ambas partes firmaron un acuerdo para realizar un estudio sobre la cantidad de agua disponible en la laguna La Merced. Sin embargo, este estudio nunca fue realizado y la sequía del año siguiente ocasionó nuevos enfrentamientos.

12Adoptando la terminología de Boelens [2009], observamos un choque entre un «derecho histórico», basado en el reconocimiento del uso de agua por parte de los primeros usuarios (no necesariamente del lugar) y unos «derechos socioterritoriales», que se fundamentan a partir de la pertenencia a un territorio (en este caso donde se ubican las fuentes de agua), cuyos habitantes reclaman la propiedad colectiva e individual, basados en su presencia histórica en el lugar. Así, este enfoque de «Tierra y Territorio» va en contra de la antigua dinámica de «inversión comunitaria», como lo indica un regante del distrito II: «[las comunidades de altura] quieren recuperar las lagunas que no les corresponden, nunca ponen una piedra, nunca usaron esta laguna. Ahora, por “tierra y territorio”, el Gobierno les dio este poder y ahora piensan que son dueños »8. 

13En adición al ejercicio de este nuevo derecho, la postura de las comunidades de altura está motivada por un sentimiento de retribución e injusticia, como lo muestra el caso del distrito de Palca9. En efecto, el conflicto involucra las relaciones históricas y las desigualdades sociales entre alturas y valles, entre lo urbano y lo rural. A pesar de ser un importante centro de producción agrícola, Palca es uno de los distritos más pobres y con la más baja cobertura de servicios públicos, transporte y redes de comunicación. Esta situación genera un sentimiento de injusticia histórica frente a los habitantes del valle, un sentir que encuentra en la CPE de 2009 algunas herramientas para remediar tal inequidad. Finalmente, otra causa de conflicto entre valle y altura es el cambio del uso del agua por la acelerada urbanización de la ciudad de Sacaba, la cual generó una subida de precios que puede ser vista como una forma de mercantilización.

14Podemos así hacer una comparación entre los efectos de la reforma agraria de 1953 y la CPE de 2009. El Estado es el propietario de los recursos hídricos en ambos casos. Sin embargo, el sentimiento de propiedad del agua está presente, en el primer caso, en los regantes, y en el segundo, en las comunidades de las tierras altas. Todo proceso revolucionario lleva así a una redefinición de los derechos y sentimientos de propiedad. Este pluralismo jurídico permite a cada uno seleccionar estratégicamente las normas, reglas y procedimientos que puedan legitimar y reforzar sus reclamaciones particulares [Boelens, 2009]. Así, si las dimensiones simbólica y política de los «usos y costumbres» pueden ser un instrumento de resistencia, como durante la Guerra del Agua de 2000, también pueden reforzar ciertas dinámicas de exclusión entre grupos sociales para el control de los recursos hídricos [Perreault, 2008].

Impactos de la urbanización en los comunes de agua

15La expansión urbana en el área metropolitana de Cochabamba durante las últimas décadas del siglo xx se ha dado por ocupación de suelos agrícolas. Si bien los instrumentos de planificación que han sido elaborados establecen límites claros para el uso del suelo urbano, el crecimiento de la ciudad los ha rebasado y se ha caracterizado por estrategias no planificadas y a menudo informales de apropiación del suelo [Bolívar, 2007; Urquidi, 1986; Vega & Loza, 2014].

16No existen estudios precisos sobre la magnitud y configuración de esta expansión urbana en los municipios periféricos del área metropolitana, entre los que se encuentra la ciudad de Sacaba. Este vacío de información es de tal magnitud que el mapa 2 fue obtenido a partir del tratamiento de imágenes satelitales. El crecimiento del área urbana de Sacaba fue de 1000 % en 36 años, pasando de 400 hectáreas en 1980 a más de 4000 en 2016, y su población aumentó entre 2001 y 2012 de 117 100 a más de 172 000 habitantes (146.88 %), a una tasa de crecimiento promedio de 3.6 % anual, muy por encima de la media nacional [GAMS, 2016]. En el distrito II, durante el mismo periodo, la expansión territorial implicó un aumento de 122 a 906 hectáreas (741 %).

Mapa 2. Proceso de ocupación histórica del área urbana de Sacaba (1962-2016)

17En este contexto de crecimiento acelerado y no planificado se produce un conflicto por el uso de suelo en el que el agua es el elemento central de los intereses enfrentados de los actores urbanos (cooperativas y comités proveedores de agua para uso domiciliario) y rurales (agricultores agrupados en asociaciones de regantes). En efecto, la dotación del servicio de agua potable es un importante generador de plusvalía sobre el suelo urbano [Cabrera & Teller, 2013]. De esta manera, los conflictos por el acceso al agua se complejizan aún más, ya que introducen nuevos actores (vecinos de barrios nuevos, entidades públicas y privadas) que operan según la lógica del mercado inmobiliario y con intereses distintos a los productores rurales.

Cambios de uso de suelo y arreglos entre actores urbanos y rurales

18El área urbana de Sacaba estuvo inicialmente delimitada por el Plan Director de la Región Urbana de Cochabamba de 1981 que, al ser un instrumento de enfoque regional y no municipal, consideraba urbanos solo los distritos de Sacaba más próximos a la capital del departamento (entre los que se encuentra el distrito II). En la década de 1990, el proceso de descentralización otorgó a los municipios la potestad de planificación territorial dentro de sus jurisdicciones. Desde entonces, Sacaba puede definir de manera autónoma, al igual que otros municipios, nuevos parámetros y dimensiones para su polígono urbano [Peres Arenas, 2009].

19Esta transferencia de competencias, sin embargo, se dio en un contexto de debilitamiento del Estado a causa de los ajustes estructurales impulsados por organismos internacionales durante la década de los noventa [Rodríguez-Carmona, 2009]. Desde entonces, los gobiernos municipales metropolitanos no tienen la capacidad de contener el crecimiento urbano. Por ello, la actuación de la administración municipal se redujo a sucesivas, recurrentes y onerosas regularizaciones de suelo y vivienda, a la dotación de servicios en extensiones muy limitadas y a la reasignación de usos de suelo ampliando permanentemente el área urbana en desmedro del suelo agrícola, en función de las tendencias de ocupación espontánea del territorio. La planificación se vio limitada a un ejercicio de zonificación sin mecanismos para su gestión [Prado, 2008].

20Este debilitamiento del Estado a nivel local también ha impedido dar respuesta a las necesidades crecientes de servicios, dando lugar a la creación de arreglos comunitarios autónomos por parte de las nuevas poblaciones urbanas en interacción con los actores rurales, como es el caso entre las cooperativas de agua del distrito II (Quintanilla y Arocagua) y los regantes del norte del distrito. Desde finales de los años cincuenta, las juntas vecinales en este distrito, junto con los regantes, negociaron con las comunidades de altura el acceso al agua directamente y de manera descentralizada, organizándose para construir muros de contención en los barrancos de las lagunas WaraWara y Chungara [Thompson Hines, 2015]. Esa «inversión comunitaria» les ofrecía, según la norma del momento, el acceso a estas fuentes10. Este proceso permitió la conformación de comités y cooperativas de agua potable que compartían con los regantes (usuarios mayoritarios) el uso de los recursos hídricos provenientes de las lagunas y de los ríos aledaños. A pesar de que estos actores siguen compartiendo las fuentes de agua, existen evidentes modificaciones en las dinámicas de uso, pues el crecimiento urbano ha provocado un cambio de uso del suelo y, a la vez, del agua, en términos de precios y de la cantidad que se destina para uso doméstico. Un dato revelador de los cambios sociales en la zona es, por ejemplo, la reducción del número de regantes. En la década del ochenta, de acuerdo con los testimonios, se contaban por las cinco o seis centenas, mientras que ahora son solo ochenta (o menos, según diferentes testimonios).

21En resumen, la expansión urbana de las últimas décadas en el distrito II de Sacaba, al igual que en otros, se ha caracterizado por una permanente sobreposición y cambio no planificado de los usos urbano y rural del suelo. Por ello, la demanda del agua en el espacio periurbano adquirió una nueva dimensión —vital y comercial— con la entrada en juego de otros intereses (económicos, inmobiliarios) asociados con el proceso de urbanización.

Urbanización y especulación: ¿qué consecuencias tienen?

22Para comprender la fuerza con que el uso urbano del suelo afecta la demanda de agua, es necesario analizar un indicador muy elocuente como es el precio de suelo. Existe escasa información relativa al precio del suelo en Sacaba, pero es posible aproximarse a las características de este mercado. Según el Plan Director Urbano [CCEDSE, 2017], la evolución de los precios de los terrenos en Sacaba está asociada directamente a la de la ocupación histórica (Mapa 2), y su comportamiento sobre el territorio sigue el mismo patrón: las áreas cuya ocupación es más antigua son a su vez las de mayor consolidación, densidad y precio en el mercado.

23En el caso del distrito II, los precios de los lotes de terreno son en promedio más altos que en los distritos más alejados del centro metropolitano; además, existe un incremento mayor de precios al norte, en los límites con el Parque Nacional Tunari (creado en 1962 y ampliado hacia el norte de Sacaba en 1991). Se ha señalado la creación de este parque como una privatización de los recursos naturales y un control estatal de las fuentes hidráulicas (como las de Misicuni) al amparo de la lucha por la protección del medio ambiente [Regalsky, 2015]. Como lo mostró Pablo Regalsky, la creación del parque generó conflictos tanto en las comunidades de altura como en el distrito II por el hecho de que 12 % del parque se encuentra en Sacaba y es la principal zona de ocupación ilegal: la mayoría de los cincuenta barrios construidos en la frontera interna del parque desde su creación se encuentran en Sacaba11. Así, cuando se suponía que la delimitación del parque debía contener la expansión urbana, solo generó especulación inmobiliaria al haberse convertido en un área de alto nivel para los más acomodados [Regalsky, 2015]. Estas urbanizaciones son consideradas como el nuevo eje metropolitano con mayor renta (por su posibilidad de uso residencial y comercial) y de mayor dinamismo inmobiliario [Cabrera & Cabrera, 2017], lo que ocasiona la invasión de tierras fértiles y afecta la seguridad alimentaria de la población urbana. El promedio de precio por metro cuadrado de suelo en esta área iguala los precios de la zona de Pacata12 (la más próxima al centro metropolitano), lo que da una idea de la demanda por poseer propiedades o habitar en los barrios ubicados inmediatamente al sur del parque, en el distrito II de Sacaba. En otras palabras, los precios de suelo en la zona del presente estudio son de los más altos de la ciudad de Sacaba.

24Estos procesos de ocupación y valorización de asentamientos han generado enfrentamientos con las poblaciones campesinas y urbanas originarias de estos lugares, revelando algunas colusiones entre los loteadores y el poder político local. Esta investigación encontró también que, en algunas pocas ocasiones, estos loteadores pueden ser los mismos campesinos regantes, sobre todo algunos líderes que aprovecharon la urbanización y las nuevas necesidades de agua potable para especular con la tierra y con el agua, en ambos casos por el cambio de uso, tanto de suelo (de agrícola a urbano) como de agua (de riego a consumo doméstico). Este impacto de la urbanización también se evidencia en el precio diferenciado del agua que pagan los diferentes usuarios, en función del uso que se le dé. Así, al adquirir una acción de regante en la asociación de regantes, que cuesta cien dólares estadounidenses y es transferible solamente dentro de la misma asociación, se obtiene el derecho de acceder a una mit’a13 de agua, cuyo precio preferencial para los regantes de la asociación es de quince bolivianos (menos de dos euros). Pero cuando en virtud del arreglo entre la asociación de regantes y las cooperativas y comités de agua se transfieren mit’as de agua para el uso doméstico de los asentamientos urbanos el precio es considerablemente mayor. De esta manera, si el precio de una mit’a para riego dentro de la asociación es de quince bolivianos, este monto varía para los usuarios externos (cooperativas y comités) según la época (lluvias o seca) y la demanda, pudiendo alcanzar valores de hasta cuarenta y cinco bolivianos (seis euros) en tiempo de estiaje. Son justamente estos cambios de uso del agua la base de los argumentos esgrimidos por las comunidades de altura para denunciar una forma de mercantilización del agua (prohibida por la CPE) y para desacreditar el derecho de los regantes al uso del agua de las lagunas.

25Sin embargo, a pesar de estos problemas, el uso de las mismas fuentes de agua por parte de los regantes y de las cooperativas permitió la creación en 2011 de la asociación de las cooperativas y de los regantes del distrito II. Su objetivo es hacer valer sus derechos consuetudinarios al agua frente a terceros y a las comunidades de altura para seguir explotando las lagunas, y trabajar conjuntamente para garantizar el servicio de agua para consumo humano (en aumento) y para riego (que decrece). Existe también el objetivo de hacer frente de manera más robusta a la especulación para obtener una nueva legitimidad y tener peso político para negociar proyectos de agua con instituciones públicas o privadas. Estas formas translocales de organización han sido percibidas como una forma de superar los nuevos desafíos que plantean las formas de autogestión del recurso agua en Bolivia [Marston, 2014].

Cambio climático, nuevas tensiones y nuevas competencias entre instituciones

26Una hipótesis que se manejó al inicio de la investigación fue que el Estado podía ser un agente de pacificación en el sistema de interrelación entre los comunes (sistemas de riego, comunidades campesinas y cooperativas urbanas de agua). No obstante, el estudio reveló que hay una ausencia del Estado con respecto a este tema, pues como varias personas indican, «no hay ninguna autoridad» para resolver los conflictos actuales, ya sean entre altura y valle o entre lo rural y lo urbano. Esa ausencia revela el vacío legal que rodea el acceso al agua en Bolivia [Crespo, 2011]. Este vacío genera una nueva lucha política entre entidades públicas —locales, regionales y nacionales— y partidistas que compiten para imponerse como el actor legítimo frente a un nuevo choque, esta vez ambiental: el cambio climático14.

27En efecto, el cambio climático es un factor de incremento de los conflictos. Permite que las comunidades de altura tengan mayores posibilidades de cultivo, conduciendo a un auge de la demanda de agua y a la creación de sus propios sistemas de riego. Además, ante la situación de escasez hídrica de estos últimos años, los Gobiernos, nacional y locales, intervienen de manera descoordinada en el valle generando nuevos conflictos. Proponen proyectos de grandes (aparatosas) infraestructuras hidráulicas para ser percibidos como los «salvadores» frente a la escasez y, así, transferir este éxito al campo político. En 2016, durante el peor momento de sequía que sufrió el departamento de Cochabamba en veinticinco años [Zegada & Bustamante, 2017], distintos actores presentaron cuatro megaproyectos de agua para consumo y riego15: el proyecto del Sistema Múltiple de Misicuni (SMM), impulsado por el Gobierno central (partido del MAS); el proyecto Dobledero-Pasaje Mayu/Kewiña Kocha, planteado por el Gobierno departamental (partido del MAS); el proyecto Corani-Valles, promovido por la alcaldía de Cercado y el Comité Cívico de Cochabamba (oposición al Gobierno central); y el proyecto K’omer Khocha, propuesto por los regantes del Valle Alto. Además, en coordinación con el Gobierno central, la alcaldía de Sacaba buscó desarrollar el Proyecto de Aprovechamiento de Agua Cordillera Norte, con la finalidad de tomar las aguas de las alturas (las de Palca) para ampliar sus capacidades de desarrollo de la red pública. Sin embargo, frente a las dificultades para negociar con las comunidades de altura, el proyecto se postergó y la alcaldía decidió finalmente unirse al proyecto Misicuni.

28Así, se pone de manifiesto una lucha de poder entre usuarios e instituciones por el control de las fuentes de agua y de los flujos hídricos. En este escenario, las comunidades de Palca se encuentran en el centro de las negociaciones por estar localizadas geográficamente tanto en los territorios de la segunda fase del SMM16 y del proyecto de captación de las aguas Cordillera Norte del municipio de Sacaba como en los de los proyectos Kewiña Kocha de la Gobernación y K’omer Khocha de los regantes del Valle Alto.

29Estas negociaciones entre y con instituciones públicas pueden ser vistas como un nuevo choque que modifica los históricos derechos de agua y los «usos y costumbres». Las comunidades de altura se dieron cuenta de que, en vez de negociar el acceso al agua a cambio de coca, chicha y cigarro, en adelante podían hacerlo a cambio de mayores inversiones, a veces de hasta cientos de miles de bolivianos, como lo muestran, entre otros, los múltiples proyectos de riego tecnificado para estas comunidades17. Así, esta nueva dinámica excluye a los regantes de los valles de las negociaciones. Esta situación se explica por la disminución del número de regantes en el valle y su falta de capacidad financiera, pero también por el incremento del riego en las alturas, que legitima un mayor uso de agua de las lagunas por parte de estas comunidades.

30Estos proyectos revelan las interacciones entre la ideología política, las formaciones político-económicas existentes y la materialidad ecológica, las cuales definen y redefinen cada proyecto realizado a lo largo del tiempo, así como a sus impulsores [Marston, 2014]. Por un lado, históricamente estos proyectos apoyaron de manera prioritaria las necesidades de agua de las industrias extractivas [Thompson Hines, 2015] o, con la CPE, el agua para consumo humano sobre el agua de riego18. Por otro lado, frente a la sequía, estos proyectos refuerzan el anclaje inmediato en soluciones técnicas que forman parte de una ingeniería burocrática que puede ser descrita como «hidrocracia» [Molle et al., 2009]. El retorno del Estado a la gestión del agua desde la victoria de Evo Morales no cambió esa dinámica. Al contrario, desde un enfoque de la oferta, se reforzó la voluntad de encontrar «nuevas fuentes» según una visión extractivista del recurso. El Gobierno no buscó introducir criterios más ambientales en el análisis de la situación ni mucho menos promover instrumentos de gestión para regular la demanda de agua, como los reglamentos municipales sobre las nuevas construcciones en el área metropolitana19. Cada actor, y sobre todo el Estado por su fuerza financiera, trata de transformar una situación de emergencia en una oportunidad política para legitimar su propia acción. Estas competencias entre proyectos se inscriben en el «proyectorado» que se desarrolló en Bolivia desde la década de los ochenta bajo la influencia de las ONG y de la cooperación internacional. Esto revela el modo de actuar de los diferentes actores del desarrollo, sus relaciones de poder y cómo ellos estructuran la relación entre donantes y receptores de la ayuda [Rodríguez Carmona, 2009]. Pero, de alguna manera, reproduce también la antigua «inversión comunitaria» y los «usos y costumbres», generando propiedad a partir de las inversiones y proyectos de desarrollo, esta vez en beneficio de la burocracia estatal.

Conclusión

31Nuestra investigación muestra algunas contradicciones entre la literatura internacional acerca de los «comunes del agua» en Cochabamba como modelo alternativo de sociedad y las prácticas reales a nivel local. Eso no significa que las cooperativas de agua y los regantes nunca hayan sido el centro de una lucha por la defensa de la gestión comunitaria del agua, sino que no se puede «idealizar» lo común. Más bien, debe entenderse como un proceso histórico que ha de ser analizado desde una perspectiva dinámica y tomando en cuenta los factores internos y externos de su producción y reproducción.

32Esta investigación también evidencia la necesidad de considerar los choques producidos por fenómenos estructurales (como son la reforma constitucional y la urbanización) y naturales (el cambio climático) para entender las dinámicas de los comunes. Estos choques cambian las dinámicas de poder intercomunes e intracomunes, los sentimientos de propiedad y las normas de uso del recurso. Así, frente a un sentimiento de expoliación, como fue el proceso de privatización durante la Guerra del Agua, estos comunes pueden aliarse en un proceso revolucionario. En otros momentos, cada común puede definirse más bien como un «club» que excluye a los demás del uso del agua o que crea nuevas alianzas, como lo muestra el caso de la asociación del distrito II. Otro factor central es el papel del Estado. Mientras su ausencia fue uno de los factores determinantes para la construcción de los comunes, su importancia actual —al igual que los juegos de poder entre instituciones públicas opuestas políticamente— es un nuevo desafío para estos comunes en lo que se refiere a su mantenimiento y su búsqueda de legitimidad tanto interna como externa.

33Como lo indican varios miembros de cooperativas/comités urbanos y regantes, estos modelos se encuentran hoy en día en crisis: falta de recurso hídrico debido a la sequía, competencia con las comunidades de altura y las instituciones públicas para acceder a las fuentes de agua, casos de corrupción con la especulación de suelo y politización de las organizaciones sociales. Además, nuestra investigación reveló la poca eficiencia económica interna para la gestión sostenible de estas cooperativas/comités por el hecho de que no tienen los recursos financieros suficientes para renovar la infraestructura de sus sistemas (los canales, por ejemplo), que son ya bastantes antiguos y están a punto de colapsar. Es importante considerar estos impactos en los comunes del agua, sobre todo en el actual contexto en que el Estado trata de asumir un protagonismo en el desarrollo territorial a través de las políticas públicas. Si bien estos comunes se originan debido a la ausencia del Estado en la provisión del recurso agua, la intensidad de la urbanización reciente los obliga a pensar e impulsar soluciones de dotación del recurso adecuadas a esa intensidad de demanda. En este caso, la ampliación del Sistema Múltiple Misicuni, con el objetivo expreso de satisfacer toda la demanda de agua potable (y parte de la demanda de riego) en el área metropolitana, es vista por algunos como una solución a la crisis actual, mientras que para otros es una amenaza a la existencia de las formas auto gestionadas del agua. Se trata, así, de un nuevo «choque» que tienen que enfrentar estos comunes de agua para seguir reproduciéndose.