Introducción

1El asunto ambiental más vital que desafía el modo de vida californiano es el agua. Examinamos cómo un nuevo instrumento legal para el autogobierno local de las aguas subterráneas se desarrolló en un valle seco de California, a 130 kilómetros de la costa del Pacífico. Allí, en el valle de Cuyama, se cultivan la mayoría de las zanahorias orgánicas que se consumen en los Estados Unidos. El valle es un territorio hidrosocial particular, «una configuración espacial de personas, instituciones, flujos de agua, tecnología hidráulica y un ambiente biofísico que gira en torno al control del agua» [Boelens et al., 2016, p. 1]. Por décadas, el Estado ha estado en gran medida ausente; las aguas subterráneas han sido gratuitas para quienes tienen acceso a la tierra y su uso excesivo ha sido un secreto muy rentable. Esta configuración debería cambiar con la Ley de Gestión Sostenible de las Aguas Subterráneas de California (SGMA, por sus siglas en inglés), aprobada en 2014 por el gobernador Jerry Brown. Nos interesa la dinámica de este proceso político, sus dimensiones conflictivas y sus estrategias temporales. El valle es emblemático por su total dependencia de las aguas subterráneas y la sobreexplotación de la capa freática. De allí surgen contradicciones sociales y ecológicas: enriquecimiento y empobrecimiento, derroche y frugalidad, desconexión y apego. En este trabajo destacamos los silencios de la ley, los ámbitos de la vida política y económica respecto de los cuales el estado de California no se atreve a gobernar, así como los detalles de las estrategias políticas.

Imagen 1. Vista del valle de Cuyama desde las montañas

2Rodeado de pendientes escarpadas y cañones secos con enebro, artemisa y manzanillas, la llanura del valle de Cuyama se destaca por su exuberante vegetación y sus aspersores que giran bajo el cálido sol del mediodía. Aquí crece el 17 % de todas las zanahorias producidas en los Estados Unidos gracias al incesante bombeo de aguas fósiles desde pozos de 450 metros de profundidad. Entre 80 y 360 milímetros de lluvia caen anualmente en el fondo del valle, lo que lo convierte en el lugar más seco de la costa central de California. Dos corporaciones agrícolas gestionan la producción, bombean el agua, contratan mano de obra migrante y venden zanahorias a las principales cadenas de supermercados de los Estados Unidos. El agua fósil del acuífero del valle se agota actualmente a un ritmo tres veces superior al de su renovación (la extracción anual segura es de 24 millones de metros cúbicos, la sobreextracción anual actual oscila entre los 13.5 millones y los 48 millones de metros cúbicos). El riego deja depósitos de metales pesados y de arsénico en el suelo. Cuando las bombas están apagadas, el viento sopla y se lleva las partículas del suelo arenoso sin que un cultivo de cobertura o un cinturón de árboles las retenga. En la parte occidental del valle, un tercer gran actor empresarial, un fondo de inversión perteneciente a la prestigiosa universidad de Harvard, empezó a invertir en el 2014. Compró 3000 hectáreas de tierras de pastoreo y plantó 350 hectáreas de viñedos regados por catorce nuevos pozos.

3En medio de estas tierras donde se ganan millones de dólares cada año a costa del agotamiento de los acuíferos, los habitantes del humilde poblado de New Cuyama buscan restablecer algo de justicia ambiental. En un cañón lateral una comunidad de permacultura cuida la cuenca de un pequeño arroyo y extrae entre 15 a 40 litros de agua por minuto para llevarlos a sus huertos. En el lado opuesto del valle, dos profesores de agroecología «entrenan» sus cepas de vino para que alarguen sus raíces y crezcan sin necesidad de riego. Más al norte, las hijas de los mayores terratenientes tienen a sus rebaños de ganado pastoreando en la escasa vegetación de sus tierras sin riego. El valle se extiende sobre el perímetro de cuatro condados: Santa Barbara, San Luis Obispo, Kern y Ventura. Los dos primeros son prósperos y se orientan hacia la costa, en los otros dos se cultivan hortalizas para toda América del Norte. Entre los habitantes del valle que dependen del agua para su uso doméstico y las corporaciones agrícolas cuyos dueños no residen en el valle y malgastan dicho recurso, las relaciones con el territorio y sus aguas no podrían ser más opuestas.

Imagen 2. Mapa de las subregiones hidrológicas de aguas subterráneas

4Los humanos han intervenido en el paisaje terrestre y acuático del valle durante siglos, actuando como cuidadores o depredadores. El agua conecta diferentes ámbitos de la vida social entre sí. En Cuyama, lo económico y lo político están intrincadamente vinculados a través del agua [Orlove & Caton, 2010, p. 404] de una manera precaria y conflictiva. El problema de la Ley de Gestión Sostenible de las Aguas Subterráneas (SGMA) es su ambigüedad: refleja la necesidad de preservar un recurso escaso, al tiempo que el sistema social y político dominante respalda la adquisición privada y el mercado como distribuidor supuestamente equitativo y eficiente de recursos [Dobson, 2001, p. vii]. Examinando cómo los ciudadanos, los propietarios y las corporaciones privadas usan/se apropian de las estructuras legales de autogestión local del agua, exploramos cómo se vive/se ejerce la democracia local en California. Pensadores liberales-democráticos [Rawls, 2001; Green, 2016] han señalado la imposibilidad de lograr la equidad en una sociedad no igualitaria. Nuestro propósito es explorar si las estructuras locales de autogestión proporcionaron una herramienta para responsabilizar a los gerentes de la agroindustria en beneficio del interés colectivo del valle.

5A través de la observación minuciosa de las reuniones que fundaron las estructuras de autogobierno de aguas, analizamos cómo los diferentes actores movilizan e instrumentalizan dentro de los distintos comités las herramientas democráticas puestas a su servicio. Realizamos observaciones en el valle en 2016, 2017 y 2019 durante varios meses y efectuamos 47 entrevistas. También analizamos documentación técnica y apuntes de reuniones depositados en Internet hasta enero de 2020. En la coyuntura histórica actual, en la que la «avaricia racional» [Rand, 1988] y el «egoísmo» [Hayek, 1960] se han vuelto aceptables como fuerzas impulsoras, ¿cómo limitar el uso del agua sin imponer límites? ¿Cómo los productores de zanahorias, los miembros de una comunidad de permacultura y los residentes están enfrentando el futuro de la administración del agua? Sus lógicas de producción son antagónicas. Sus formas de estar en el mundo, de relacionarse con los elementos naturales, de contar y calcular, de cuidar y reparar, y sus horizontes de tiempo parecen incompatibles. ¿Será que el agua permite que la gente del valle de Cuyama se relacione de otra forma no solo con el paisaje terrestre y acuático [Strang, 2009], sino también entre sí?

6En la primera parte del artículo mostramos los vacíos de la ley SGMA y su ausencia de definición del objetivo de sustentabilidad. La segunda parte analiza las visiones del mundo y las temporalidades conflictivas reveladas por la escasez de agua. En la tercera parte examinamos las estrategias de creación de instituciones que le hacen frente a un profundo dilema entre derechos y justicia.

La doctrina del uso razonable: cien años de buenas intenciones

7California no cuenta con un proceso de autorización para la regulación del uso de aguas subterráneas a pesar de la decisión emitida por el Tribunal Supremo de California en el caso Katz contra Walkinshaw de 1903, con el que se definió que la norma del «uso razonable» que regía otros tipos de derechos de agua también se aplicaría a las aguas subterráneas. Más adelante, la enmienda constitucional de 1928 fue la base para la creación de la sección 100 del Código de Agua de California, que reiteró la intención del Estado «de que la conservación de dicha agua se ejerza [...] en beneficio de la gente y para el bienestar público»1. No obstante, durante las sequías periódicas de California, la extracción de agua fue continuamente superior a la recarga natural. Esto contribuyó a una continua disminución de los niveles de aguas subterráneas en muchas áreas, con impactos negativos para las comunidades y para la capacidad de resiliencia a largo plazo de las cuencas. Las repercusiones fueron la intrusión de agua salada, hundimientos, la reducción de las aguas superficiales, la degradación de la calidad del agua, el aumento de los costos de extracción, el encallamiento de los pozos menos profundos y la pérdida permanente de almacenamiento. A pesar de estas consecuencias, el agotamiento del agua subterránea fue subestimado hasta que los datos de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) y del Centro Aeroespacial Alemán revelaron que entre 2003 y 2009 los acuíferos del Valle Central y su principal fuente en la Sierra Nevada habían perdido casi 32 000 millones de metros cúbicos [WEF, 2015, p. 3].

8Durante la sequía de 2014, cuando las solicitudes de permisos para la perforación de pozos se habían duplicado con respecto al año anterior, California aprobó un paquete legislativo compuesto de tres nuevas normas, que se conoce como la Ley de Gestión Sostenible de Aguas Subterráneas (SGMA). Los dos principios claves de estas nuevas leyes son: 1] las aguas subterráneas se manejan mejor a nivel local por agencias locales, y 2) si una agencia local maneja el agua subterránea de manera no sostenible, el Estado puede intervenir hasta que la agencia pueda administrar adecuadamente las aguas.

9La Junta de Control de Recursos Hídricos del Estado (SWRCB) establece el nivel de prioridad de cada cuenca en bajo, medio o alto. La cuenca del valle de Cuyama fue clasificada como una cuenca de prioridad alta debido a la subsidencia que se estaba produciendo en varios puntos del valle. En este contexto, las agencias de sostenibilidad (GSA) deben redactar planes de gestión (GSP) que sean sostenibles. Si una agencia proporciona un plan inadecuado o no puede presentar uno, la cuenca se clasifica como «de prueba» y la SWRCB asume el control hasta que se cree o se implemente un plan para garantizar la gestión sostenible. La ley AB 1739 de la SGMA permite que las agencias locales multen a quien infrinja cualquier regla, ordenanza, regulación o resolución relacionada con el plan de manejo sostenible y cualquier otra restricción impuesta por las agencias2. Sin embargo, la SGMA no otorga a la agencia local ningún poder más allá de las multas y no le permite tomar medidas de revocación de un derecho al agua3. Cualquier cambio o la creación de nuevas tarifas deben acordarse después de una audiencia pública. La SGMA enfatiza que estas nuevas leyes no alteran el sistema de derechos al agua.

10El objetivo de la SGMA parece claro: asigna la responsabilidad del acuífero a los actores locales. ¿Pero quiénes son los actores locales? La sección 10723.2 del capítulo 4 de la SGMA define una amplia gama de actores: desde los usuarios agrícolas hasta los propietarios de pozos domésticos, desde las tribus nativas de California hasta los administradores militares de tierras federales, desde las comunidades desfavorecidas hasta los operadores de pozos municipales. Todos deben ser consultados4, pero no todos pueden ser parte de las estructuras de toma de decisiones [Conrad et al., 2018, p. 45]. Al poner a diferentes usuarios en el centro de una nueva institución encargada de la gestión de las aguas subterráneas, los legisladores suponían que los usuarios, independientemente de su situación económica y de sus intereses, iban a preferir la no intervención del Estado en los asuntos locales.

11Las herramientas previstas en la ley para la gestión de la sostenibilidad de las aguas subterráneas contrastan con la doctrina establecida del «free for all». Las agencias locales tienen que medir la extracción de agua subterránea y establecer límites de extracción para cada área de la cuenca. Los objetivos medibles deben alcanzarse para 2040 y, hasta entonces, la extracción no debe situarse por debajo del umbral mínimo acordado por la agencia local. Pero, como lo explicó el presidente de la agencia de Cuyama, este umbral no es absoluto, sino que está ligado a intereses individuales. Dijo a los directores de la agencia: «si creen que no hay resultados indeseables en el área, mantengan el umbral mínimo bajo, si creen que sí los hay, manténganlo alto»5.

Imagen 3. Ejemplo de umbrales mínimos y objetivos medibles de un pozo de la región oeste del valle de Cuyama

12Una vez que se establece el plan, la agencia presenta informes anuales de extracción y cobra tarifas para financiar los planes locales de sostenibilidad de agua subterránea. Los planes de manejo son obligatorios y deben ser implementados. Para el 31 de enero de 2040, las agencias de sostenibilidad de aguas subterráneas en cuencas con altas condiciones de agotamiento, como Cuyama, deberán haber alcanzado los objetivos cuantificables de la meta de sostenibilidad.

13El legislador ideó una política construida para varias décadas, que va más allá del calendario y del cambio de los mandatos políticos. El principio rector era la sostenibilidad. Sin embargo, en ninguna parte se definió claramente cómo medir la sostenibilidad. No estaba claro sobre qué base temporal o física se determinaría su medida. ¿Se escogerá como punto de corte el momento en que comenzó el agotamiento, o cuando la ley entró en vigencia o a partir de la implementación del plan? La SGMA especifica que el plan de sostenibilidad de las aguas subterráneas «puede, pero no está obligado, a abordar los resultados no deseados que ocurrieron antes y no se han corregido hasta el 1 de enero de 2015»6. Además, «la ley no permite revelar cuánta agua bombea un usuario individual» [WEF, 2015, p. 3]. La agencia solo puede medir el nivel del agua en los pozos de los propietarios privados si estos le otorgan el acceso. El Departamento de Recursos Hídricos también permite realizar una «trayectoria de deslizamiento» (glide path) de la reducción del uso de las aguas subterráneas. Así, se permite que el nivel de las aguas de las cuencas baje todavía más, hasta que se nivelen gradualmente durante el período de los veinte años para lograr la «sostenibilidad» en 2040.

14El objetivo de la sostenibilidad sigue siendo un marco regulatorio vacío hasta que los actores locales le den un significado, creando sus propias instituciones y encontrando soluciones. Para preservar los acuíferos durante los próximos veinte años, en los cuales se autorizará la sobreexplotación, será crucial la rapidez con que se ejecute el plan y la voluntad de los usuarios para empezar a autolimitar su extracción. Sin embargo, como advirtió uno de los residentes del valle: «El concepto de límites es antiamericano».

Temporalidades conflictivas

15Los geógrafos describen los territorios hidrosociales (imaginados, planificados o materializados) como espacios que definen procesos de inclusión y exclusión, de desarrollo y marginación, y la distribución de beneficios y cargas que afectan a diferentes grupos de personas de distintas maneras [Boelens et al., 2016, p. 2]. A esta definición puede añadirse la dimensión temporal de esas relaciones conflictivas, cuyo análisis es necesario para desentrañar los procesos y estrategias de transformación del territorio hidrosocial. La narración dominante en Cuyama ha estado relacionada con la colonización y la extracción desde el momento en el que los colonos blancos ocuparon el valle y expulsaron a la población nativa. Desde la década de 1940, el valle atrajo a inversionistas que buscaban un recurso natural por explotar. Entre los primeros se encontraba la Atlantic Richfield Oil Company, que alquiló tierras al mayor terrateniente del valle que continuó pastoreando su ganado. Al alquilar el acceso a las riquezas naturales del subsuelo, los propietarios aseguraron la entrada de efectivo, pero al mismo tiempo contribuyeron a la devaluación de su propiedad. De hecho, una vez que el petróleo, un recurso natural no renovable, se extrajo, el valor de la tierra disminuyó.

16Los propietarios no eran los únicos que dependían de los industriales. Transformado en un campo petrolero, el valle necesitaba mano de obra. La Atlantic Richfield Oil Company se convirtió en el principal empleador y, en 1952, decidió construir 177 viviendas. Una verdadera company town nació. Las propiedades donde se construyó la ciudad pertenecían a la compañía, que controlaba y gestionaba más de 4000 hectáreas de subsuelo. Los habitantes todavía evocan la narrativa idealizada de New Cuyama en la década de 1960: «una ciudad bien arreglada; todos tenían un césped bonito, todas las casas estaban pintadas con colores bonitos, con un carro bonito enfrente»7. Casas ordenadas y calles pavimentadas, árboles y césped, agua corriente y electricidad, un supermercado y una ferretería, un asador y una iglesia, una piscina y un campo de béisbol: la empresa creó todas las infraestructuras urbanas. En medio del desierto se perforaron dos pozos hídricos y se instaló un sistema de tratamiento y distribución de agua para que la ciudad de la empresa pudiera existir sin tener que depender del agua potable provista por el estado de California. La compañía proporcionó agua gratis para satisfacer las necesidades de sus empleados. Se produjo una división entre los habitantes de New Cuyama y el resto del valle: los primeros, reunidos en el pequeño sitio de la ciudad, eran solamente propietarios o inquilinos de sus casas y de sus patios, no tenían, a los ojos de los demás, ningún mérito para ocupar la tierra que habitaban.

17La división entre los que no tenían nada más que su fuerza de trabajo y los que poseían la tierra se sintió con más fuerza en 1972, cuando el empleador Atlantic Richfield se retiró del valle. La economía local se quebró y con ella todas las aspiraciones sociales de sus antiguos empleados. Cuando Atlantic Richfield dejó el valle, regaló sus dos pozos al Distrito de Servicios Comunitarios de Cuyama (CCSD), que ahora lucha por mantener la infraestructura como un bien público. Dicho distrito es responsable ante todos los residentes que deben pagar por el mantenimiento de la infraestructura. No todos son capaces de hacerlo y los costos, que llegan a los 165 euros mensuales por hogar, se reparten entre unos pocos. Además, la gran mayoría de los residentes actuales permanecen o se asentaron en New Cuyama porque eran demasiado pobres para alquilar o comprar una vivienda en otro lugar. El Distrito de Servicios Comunitarios, a cargo del tratamiento y distribución del agua en New Cuyama, es una institución frágil. Sus directores, que manejan los pozos de la comunidad como voluntarios, se enfrentan a residentes que no pueden pagar sus facturas de agua. El servicio comunitario se había transformado subrepticiamente en una carga. Los residentes se convertían en clientes y sus deudas en una carga económica para el proveedor del servicio. «Vendemos agua», resumió Sandy N., «en lugar de administrar un bien común».

18A principios de la década de 1980 hasta los grandes terratenientes, se encontraban en una situación financiera delicada. Sus rentas se habían reducido drásticamente: su ganadería no era muy rentable. Aceptaron con entusiasmo las solicitudes de la agroindustria en busca de tierras. Una lógica extractiva parecida a la de la época del petróleo motivó a la industria agrícola. Ellos invirtieron en la tierra del valle porque la jurisdicción de California no imponía restricciones en el uso de las aguas subterráneas. «Es agua gratis» explicó el gerente de Cuyama-Ranch-Grimmway en el 2016. Bastaba perforar un pozo e instalar un motor lo suficientemente potente. El costo de la infraestructura se recuperó rápidamente, cuando se empezaron a regar miles de hectáreas con este recurso «gratuito». Sin embargo, la agroindustria enfrenta un desafío similar al de la industria petrolera: se basa en el uso de un recurso limitado y no renovable [Boutié, 2018]. La actividad agrícola en el valle se ha incrementado en los últimos años y pequeños actores han empezado a reclamar también el acceso a las aguas subterráneas para cultivar olivares, pistacheros, viñedos, manzanares y alfalfares.

19En 2020 Grimmway poseía y destinaba a la agricultura 4400 hectáreas. Bolthouse Farms cultivaba 8000 hectáreas en el valle, de las cuales 1600 estaban dedicadas a la siembra de zanahorias y entre 400 y 600 a la de zanahorias orgánicas. En una de las pocas entrevistas que nos concedieron, uno de los gerentes de Bolthouse argumentó que los productores más grandes, como máximos beneficiarios de los servicios de abastecimiento de agua, serían naturalmente los más interesados en preservarla, ya que era la base de su negocio.

20¿Por qué cultivan zanahorias en el desierto?, le preguntamos al gerente responsable de la producción orgánica. Se rio y explicó que en los climas húmedos hay más enfermedades. Bolthouse quiere cultivar zanahorias de manera segura durante todo el año, como lo desean sus clientes. El valle de Cuyama es ideal porque el suelo es bueno y las temperaturas bajan por las noches. Por lo general, las zanahorias solo se siembran una vez cada tres años en el mismo campo para minimizar los problemas de plagas. Nos explicó que sus zanahorias orgánicas están menos enfermas que las convencionales. Los principales problemas sanitarios que tienen son el moho y los saltamontes, que tratan con el aceite de nim y otras mezclas orgánicas. No obstante, Bolthouse mostró resultados negativos en su cultivo de zanahorias durante los dos últimos años, los cuales fueron relativamente húmedos; y la Campbell Soup Company, que había adquirido la empresa Bolthouse por más de 1500 millones de dólares en 2012, puso a la venta la compañía en 2019. La compañía Grimmway tampoco tiene planes de quedarse en el valle, como nos lo confirmó uno de sus directores8.

Imagen 4. Parcela de zanahorias orgánicas de riego

21En marcado contraste con estas narraciones de corto plazo, en los últimos veinticinco años ha surgido una tercera narración que enfatiza un profundo compromiso a largo plazo con el paisaje del valle. Proviene de los márgenes, de las colinas donde Robbie J. y Steve G. entrenaron sus cepas de vino para que crecieran sin irrigación, y del cañón donde se asentó la comunidad de permacultura. Inspirados por el principio de la «séptima generación» de las naciones nativas americanas, los fundadores pusieron en marcha un plan de doscientos años para restaurar la tierra y la cuenca hidrográfica, eligiendo deliberadamente un lapso de tiempo que considerara el impacto de sus decisiones más allá de una vida individual.

22En lugar de estar en una confrontación abierta, las personas que llevaban las tres narrativas divergentes se ignoraban mutuamente antes de que llegara la SGMA. Los gerentes de la agroindustria vivían principalmente en la costa y enviaban a sus trabajadores latinos migrantes todos los días desde Bakersfield en autobuses. Solo un gerente y unos pocos capataces y operadores de válvulas vivían en el valle. Los residentes de New Cuyama se quejaban del polvo de los campos en barbecho y del barro que invadía el pueblo cuando había alguna tormenta ocasional, pero no se sentían con poder para enfrentarse a los cultivadores empresariales. Los agroecólogos y los miembros de la comunidad de permacultura de los márgenes estaban ocupados trabajando en alternativas positivas con la esperanza de desarrollar lentamente el potencial para un cambio fundamental.

¿Reconexión a través del agua?

23Cuando el distrito de Santa Bárbara ordenó la realización de un estudio sobre las aguas subterráneas de la cuenca por parte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en 2008, con el fin de obtener una medición científica del estado de los recursos hídricos y de la composición de los suelos, Bolthouse y Grimmway se negaron a permitirles el acceso a sus pozos, al igual que la mayoría de los terratenientes y grandes propietarios del valle. Tras la perforación de varios pozos de prueba y un trabajo científico realizado a lo largo de varios años, el informe de más de cien páginas llegó a la conclusión en 2014 de que el agotamiento de la capa freática se remontaba a la década de 1950 y estaba relacionado con la presencia de industrias extractivas, incluida la agricultura. Los cultivadores empresariales se negaron a aceptar este informe y lo calificaron, en el mejor de los casos, de exagerado y alarmista y, en el peor, de mentiroso. Su argumento era simple: el informe del USGS se basaba solo en ciertos pozos, por lo que sus hallazgos no concernían a todo el valle y no daban una descripción precisa del estado de la capa freática.

24El informe reveló también niveles elevados de arsénico, hasta 67 partes/1000 millones en pozos profundos de la región central del valle [Everett et al., 2013, p. 31]. Las compañías de zanahorias afirmaron no saber si sus zanahorias orgánicas estaban expuestas al arsénico. El representante de Bolthouse sostuvo que los niveles de arsénico eran arbitrarios. «En los viejos tiempos», nos dijo, «los niveles legales de arsénico eran 50 partes/1000 millones; hoy este límite se ha reducido a 10 partes/1000 millones». La ignorancia, cuidadosamente cultivada, sirvió de excusa para no profundizar en el problema de la contaminación del agua, que podía cuestionar las inversiones y las prácticas vinculadas a dicho problema.

25Cuando la ley SGMA entró en escena, en 2014, se esperaba que aclarara la situación y ofreciera un fundamento moral y legal que permitiera a los habitantes proyectarse en un futuro en el que el agua seguiría estando disponible. Sin embargo, al principio la extracción aumentó. Ante la promulgación de la ley y la inminencia del establecimiento de un plan de sostenibilidad de las aguas subterráneas, las corporaciones y los individuos hicieron pozos lo más rápido posible para reclamar acceso al agua subterránea antes de que se regulara. Considerando la creación de estructuras de autogobierno local del agua como un logro histórico, algunos de los habitantes del valle, no solo sus franjas vulnerables, sino también algunos políticos y administradores, esperaban que la SGMA redefiniría equitativamente el derecho de acceso a las aguas subterráneas.

26Por lo tanto, no fue una coincidencia que la SGMA fuera la chispa que incitó en 2014 a un grupo de residentes de New Cuyama a unirse para mejorar sus condiciones de vida y expresar sus inquietudes sobre lo que, en sus palabras, los «mantiene despiertos por la noche»9. Habían experimentado la distancia de las instituciones gubernamentales, la falta de administración local y la precariedad de sus vidas durante mucho tiempo. Más de cincuenta personas acudieron a la primera reunión a la que se convocó: un número inesperadamente grande de residentes de New Cuyama, algunos agricultores preocupados y algunos miembros de la comunidad de permacultura. Los temas que sobresalieron fueron el alto costo del agua, la averiada planta de tratamiento de agua y el pozo defectuoso de la comunidad: «Cuando vi que no era el único que no estaba seguro de poder pagar mi factura de agua, que es más que 150 dólares [137 euros] por mes, me dio confianza, pensé que juntos podríamos hacer que las cosas cambien», dijo uno de los participantes10.

27Después de varias reuniones mensuales, que los habitantes recuerdan con cariño, se creó la Asociación Comunitaria del Valle de Cuyama, abierta a toda persona mayor de dieciocho años que viva en el valle o tenga propiedades allí. La asociación, creada con el objetivo de producir un espacio para la discusión sobre el deterioro de las condiciones de vida, fue cooptada de inmediato por las corporaciones que enviaron a sus gerentes a asistir a las reuniones. Su inclusión fue, en última instancia, perjudicial para el objetivo de expresar quejas y, por un tiempo, hasta que las corporaciones perdieron interés, los residentes económicamente más débiles dejaron de asistir a las reuniones porque sentían que la asociación ya no les pertenecía. La búsqueda de armonía finalmente debilitó su potencial político [Müller, 2013]. Sin este espacio estratégico propio [De Certeau, 1980], los residentes temían hablar sobre el tema del agua. Estaban preocupados por sus empleos dentro de las corporaciones o por perder a las corporaciones como clientes de sus negocios.

28Para poder sentarse a la mesa de la nueva Agencia de Sostenibilidad de las Aguas Subterráneas, las corporaciones agrícolas necesitaban una representación colectiva y trataron de crear un distrito de agua acreditado por la Comisión de Formación de las Agencias Locales (LAFCO) del condado de Santa Bárbara. Los distritos de agua tienen usualmente la función de «adquirir, planificar, construir, mejorar, operar y mantener en reparación las obras necesarias para la producción, almacenamiento, transmisión y distribución de agua para fines de riego, usos domésticos, industriales y municipales, y cualquier drenaje u obras de recuperación»11. El distrito de agua (CVWD) previsto para el valle de Cuyama no tenía ninguna de estas funciones. Eddy J. de Grimmway, explicó: «Si no hubiéramos creado este distrito de agua, hubiéramos sido dependientes del gobierno. Es solo control de daños»12. Es lo que John Rawls llama «una necesaria pretensión pública»: pretendieron actuar a favor del interés público, mientras que parecían poco dispuestos a honrar, o siquiera proponer, «cualquier principio o norma general para especificar términos justos de cooperación» [Rawls, 1993, p. 50]. A pesar de su carácter espurio, la LAFCO del condado de Santa Bárbara les atribuyó el mando de una agencia pública. Como lo expresó un residente de New Cuyama: «Sin el distrito de aguas, las corporaciones agrícolas habrían sido como usted y yo, ciudadanos, ciudadanos comunes, nada más»13.

29Para poder contratar abogados y consultores que defiendan los intereses de los cultivadores, el Distrito de Agua cobra tarifas proporcionales a la cantidad de hectáreas irrigadas. Los propietarios de las tierras de regadío pagan sesenta y cinco veces más por acre que los propietarios de las tierras no irrigadas; y los poderes de voto son proporcionales al tamaño de la propiedad. De hecho, funciona más como la junta directiva de una empresa accionista, donde el accionista más grande tiene la mayor voz, que como una institución democrática, donde cada miembro tiene solo un voto. El Distrito contrató su propia empresa de consultoría para cuestionar e invalidar los estudios del Servicio Geológico de Estados Unidos [Hanson et al., 2015; Everett et al., 2013].

30Al poco tiempo, el 30 de junio de 2017, se estableció oficialmente la Agencia de Sostenibilidad de las Aguas Subterráneas (GSA), un día antes de la fecha límite fijada por el Departamento de Recursos Hídricos. Estaba compuesta por once miembros del valle de Cuyama: cinco representantes del condado (dos por el condado de Santa Bárbara y uno por cada uno de los otros condados), el director del Distrito de Servicios Comunitarios de New Cuyama y los cinco directores del recién creado Distrito de Agua, a los que se les dio tres votos.

31El Distrito de Agua designó a un mánager de Grimmway, como su candidato a presidente de la Agencia de Sostenibilidad, y su candidatura fue aceptada por la mayoría de los demás miembros. A su vez, logró que la administración de la Agencia de Sostenibilidad fuera confiada a un amigo cercano de treinta años que había ofrecido servicios leales a Grimmway. Explicó a sus compañeros directores del Distrito de Agua, que el distrito estaba pagando la mayor cantidad de dinero por el proceso. Le correspondía entonces nombrar candidatos para cada uno de los comités [de la Agencia de Sostenibilidad], para ganar influencia.

32Solo uno de los miembros de la Agencia de Sostenibilidad vivía en el valle. Aunque la ley establecía que la «comunidad» debía participar en el proceso, la demanda de la Asociación Comunitaria del Valle de Cuyama de obtener al menos un puesto sin voto en la Agencia fue rechazada por la mayoría de los miembros de la junta. En vez de esto, los residentes del valle utilizaron una disposición de la SGMA para crear un Comité Consultivo Permanente (SAC). El Comité no podía auto-reclutarse; la elección de sus miembros quedaba oficialmente a discreción de la Agencia, con el mandato de asesorarla. Dieciséis candidatos se presentaron y siete fueron nombrados por la junta de la Agencia, entre ellos un administrador que trabajaba para las corporaciones agrícolas. Se asignó al Comité Consultivo un papel técnico con procedimientos formales estrictos. Cada una de sus reuniones comienza con un juramento a la bandera, que simboliza que el Comité se está reuniendo en un espíritu de democracia y de interés general. Las deliberaciones no se concluyen con una votación, sino con recomendaciones unánimes o, en caso de no haberlas, con el registro de las opiniones divergentes. Se trata de examinar la extracción excesiva como un asunto técnico.

33Sin embargo, el marco legal de SGMA en realidad no permite que el planteamiento técnico se efectúe de manera eficaz, ya que no es previsto la obligación de medir directamente las cantidades de agua extraídas. La pretensión de neutralidad técnica se utiliza para ocultar más bien las responsabilidades concretas en cuanto a la extracción excesiva [Müller, 2011]. Sin poder cambiar las formas del mecanismo de asesoría, ¿cómo podían los ciudadanos del Comité Consultivo desafiar la doctrina liberal y la extracción excesiva?

34Desde octubre de 2017, el Comité se ha reunido todos los meses, y además ha organizado talleres en inglés y español para informar y educar a los residentes del valle. El Comité eligió a Robbie J., la viticultora orgánica y hábil organizadora comunitaria, como presidenta, y a Brenton K., de la comunidad de permacultura, como vicepresidente. Como lo expresó Robbie J.: «tenemos voz, mucha más voz de lo que pensé al principio, pero no tenemos poder de decisión»14. Ella y Brenton negociaron dos puestos adicionales en la junta del Comité para residentes que hablaban español. Los miembros del Comité hicieron uso de su derecho de acceso a todas las informaciones disponibles de la Agencia de Sostenibilidad, revisaron los borradores del Plan de Sostenibilidad de Aguas Subterráneas de la consultora contratada por la Agencia, discutieron umbrales mínimos y objetivos medibles para cada región de la cuenca y transmitieron sus consejos a la Agencia. Como se ha hecho habitual en muchos mecanismos de consulta, la tarea fue abrumadora y exigió niveles asombrosos de buena voluntad y esfuerzo [Holland et al., 2007, p. 37], especialmente por parte de los miembros que hablaban solamente español. Los miembros del Comité tenían que familiarizarse cada mes con cientos de páginas de informes técnicos, actas de reuniones, textos legales, mapas de suelos y datos de aguas subterráneas producidos por diferentes firmas consultoras.

35Un miembro de habla española pasaba horas cada mes traduciendo con la ayuda de su esposo para poder seguir las discusiones. Al contrario de los gerentes de las corporaciones agrícolas, que podían pagarle a una firma consultora, los integrantes del Comité solo contaban con sus propios conocimientos y diligencias. Las actas de las reuniones disponibles en internet permiten seguir los comentarios de sus miembros, en particular los formulados por Robbie J. y Brenton K. sobre numerosos artículos del borrador del Plan de Sostenibilidad de Agua Subterránea, con los que expresan en un lenguaje técnico las preocupaciones de la población local respecto de la calidad del agua potable y la sobreexplotación de los pozos. En la discusión sobre la calidad del agua, Brenton K. se vio obligado a transformar un conflicto sobre la contaminación y la extracción en un problema técnico. Por ejemplo, cuando quiso decir que el agua potable de los pozos profundos era tóxica y que la irrigación contaminaba el suelo, lo expresó de la siguiente manera: «La mejor ciencia disponible sugiere un nexo causal entre las actividades relacionadas con la SGMA, como la extracción de agua subterránea, y los movimientos de sustancias toxicas en áreas con menores alturas de presión debido a la extracción insostenible»15. Evocó «la mejor ciencia disponible» y no la salud de los residentes o de los consumidores de zanahorias cuando intentó convencer a los miembros de la Agencia de Sostenibilidad para que tomaran medidas para monitorear, junto con la datación de la antigüedad del agua, el boro, el arsénico y los nitratos16, ya que el agua fósil bombeada desde trescientos metros de profundidad con frecuencia contiene estos elementos. No obstante, sus preocupaciones no se incluyeron en el actual Plan de Sostenibilidad de las Aguas Subterráneas.

36Cuando tuvieron que considerar los objetivos medibles y los umbrales mínimos para la región noroccidental de la cuenca, no todos los miembros del Comité fueron de la misma opinión. Algunos no querían gastar más dinero en estudios, otros dependían de las corporaciones (por su negocio o por la financiación de la escuela local) y otros más razonaban en términos de libertad empresarial. Hubo quienes tuvieron en consideración a los cultivadores y terratenientes, que reclamaban «espacio para respirar» para sus proyectos de inversión. En marcado contraste con el lenguaje de los números que Brenton se había sentido obligado a adoptar, estos últimos se permitieron argumentar emocionalmente. El establecimiento de límites estrictos para el proyecto de viñedos de Harvard, como lo exigían Robbie J. y su esposo, «castigaría» a cualquier terrateniente de la zona. Aunque el agotamiento de los acuíferos reveló verdades desagradables que mostraban la base defectuosa del mito del crecimiento [Speth, 2012, p. 182], los agroecólogos fueron descritos como «bendecidos», por poder bombear la poca agua que necesitaban en sus cultivos de secano desde un pozo de seis metros de profundidad.

Imagen 5. El nuevo proyecto de inversión de Harvard

37La versión final del Plan alcanzó un volumen comparable al de un acuerdo comercial internacional: 429 páginas, más 1093 páginas de anexos. En él se sigue reflejando la voluntad de los productores de silenciar el tema de la contaminación del agua. Se afirma que no existe ningún «nexo causal» entre las acciones potenciales que están bajo la autoridad de la Agencia de Sostenibilidad y el arsénico17. En otras palabras, cualesquiera que sean las acciones que la Agencia de Sostenibilidad pueda tomar, no reducirá en última instancia los niveles de arsénico en los antiguos estratos de agua subterránea, cuya medición, de acuerdo con el Plan, es innecesaria. Limitar el alcance del Plan a definir los niveles de agua sin considerar su calidad permitirá que los cultivadores continúen regando cultivos orgánicos y convencionales con grandes cantidades de agua fósil potencialmente contaminada con arsénico y boro. El árbitro técnico final sigue siendo el Departamento de Recursos Hídricos, que tendrá dos años para decidir si el Plan representa una opción realista y si debe ser implementado.

38El Plan se presentó el 6 de diciembre de 2019 en una reunión conjunta de la Agencia de Sostenibilidad y del Comité Consultivo que contó con una gran asistencia. La atmósfera era tensa y los residentes la describieron como desempoderante. Los gerentes de las agroempresas actuaron como «señores blancos de edad media orgullosos de su competencia, su poder y sus derechos», y con una actitud que significaba «tenemos que tener esa reunión, pero no tenemos que escuchar lo que ustedes dicen y no vamos a escuchar lo que nos digan»18. El debate se centró en la cuota por el uso del agua: quién debe pagar, por qué y cuánto.

39El Plan no obliga a los cultivadores a instalar contadores de agua, y les permite que ellos mismos reporten su consumo. Para pagar por la implementación del Plan, la Agencia de Sostenibilidad iba a cobrar una tarifa de 14 euros por 1000 metros cúbicos extraídos. Para evaluar cuánto consumía cada uno de los cultivadores tuvieron que aplicar otros métodos, como medir la electricidad utilizada por la bomba del pozo, su capacidad y el tiempo de funcionamiento. Cruzando estos datos con imágenes de satélite que miden el verdor de las hojas de los cultivos con infrarrojos, es posible calcular cuánta agua utiliza el cultivo. Por otra parte, los pozos de monitoreo continuaron controlando la disminución del nivel de las aguas subterráneas. Para llevar a cabo todas estas elaboradas mediciones, se prevé que el Plan cueste entre 800 000 y 1.3 millones de dólares al año, más los gastos de proyecto y de gestión que suman de 650 000 a 3.7 millones de dólares al año19, una cantidad de dinero que los pequeños agricultores dedicados a la utilización sostenible de las aguas subterráneas no quieren aportar.

40En el proceso de la SGMA, el dinero no se utiliza directamente para comprar influencia política, sino para hacer que el establecimiento de límites claros sea inalcanzable desde el punto de vista de los costos y de los plazos. Los cultivadores pagaron por un peritaje de comprobación, solicitaron más estudios y recurren a técnicas de medición costosas. Lo que distingue este tipo de plutocracia, este reinado del dinero sobre la política, de la corrupción como «violación de la confianza pública» [Wedel, 2012, p. 489] es que el propio Estado trasladó la toma de decisiones al sector privado. Mediante la extensión de la autoridad del estado de California a los «interesados» a nivel local, las entidades privadas, que tenían el mayor interés, están legitimadas para ocupar cargos públicos en el Distrito de Agua y se les permite tomar decisiones en su propio beneficio en la Agencia de Sostenibilidad. Un problema del agente-principal20 es entonces inevitable, ya que los cultivadores empresariales, jugando el papel de agentes públicos, relegan los intereses del estado de California, de sus habitantes actuales o futuros y de los usuarios de agua del valle. Obviamente, también las autoridades políticas son responsables. Ninguno de los cuatro condados responsables de la cuenca hidrográfica quiso llevar a cabo el Plan y administrar su costosa implementación. En su lugar, los supervisores de los condados en la Agencia de Sostenibilidad firmaron un acuerdo con el Distrito de Agua delegando la responsabilidad de la ejecución del Plan a los mismos cultivadores.

41Al participar en la redacción del Plan, los cultivadores se comprometieron, en principio, a empezar a reducir el uso del agua. De esta manera, los condados y el estado de California esperan evitar costosos procedimientos de adjudicación, arriesgándose, obviamente, a que el Distrito de Agua desperdicie o no informe sobre el consumo real de agua. Para hacer cumplir el Plan los representantes de los condados en la junta de la Agencia de Sostenibilidad tendrían que tener la voluntad política de enfrentarse a los directores del Distrito de Agua si fuera necesario. Como lo comentó Brenton: «Joder, es como bailar con el diablo»21.

Conclusión

42A través de la SGMA el estado californiano intentó evitar la confrontación directa con los mayores consumidores de agua y convencerlos mediante mediciones objetivas/racionales de que dejaran de sobreextraer el recurso. Nuestro análisis muestra las deficiencias e ineficiencias de tal enfoque. Los habitantes del valle, privados del poder de decisión sobre el futuro de sus recursos hídricos subterráneos, solo pudieron intentar convencer esgrimiendo argumentos razonables. Frente a una institución imperfecta como la SGMA, se necesitaban habilidades, conocimientos, tiempo y dedicación excepcionales por parte de los miembros del Comité Consultivo solo para lograr que su voz fuera escuchada. Al afrontar los detalles técnicos, atreviéndose a cuestionar a consultoras altamente remuneradas, los miembros del Comité pudieron arrojar luz sobre las estrategias de los cultivadores empresariales. Al sondear, cuestionar y supervisar constantemente, el Comité desafió eficazmente los intentos de los grandes usuarios de agua para esconder sus prácticas. Mientras se discutían en público cuestiones aparentemente técnicas, los umbrales de agua subterránea y los objetivos medibles perdieron su brillo de neutralidad y se transformaron en objetos de controversia, vinculados a diferentes temporalidades, intereses económicos y poderes políticos. A través del proceso de la SGMA, los habitantes del valle se reunieron para reflexionar sobre lo que consideraban justo y equitativo, para discutir las razones de su compromiso, sus perspectivas temporales, sus conexiones con el paisaje y con los demás habitantes del valle. Mientras algunos asentían al imperativo del crecimiento económico, muchos llegaron a cuestionar el dinero rápido y el beneficio a corto plazo.

43La historia del valle de Cuyama es excepcional por el compromiso de algunos de sus ciudadanos que llegaron a entender el lenguaje, los mecanismos y las ambigüedades de la gobernabilidad del agua. Sin embargo, también es representativa de las deficiencias del proceso de la SGMA en toda California (Dobbin, 2021).