1. 1. Introducción

1Este texto recorre las diversas temporalidades de los procesos constitutivos de San Carlos de Bariloche (scb) como municipio, en articulación con las dinámicas del habitar que lo fueron poblando.1 Para ello propone un diálogo en pinza. Por una parte, se revisará el cruce de la construcción institucional con la consolidación de márgenes integrados en forma subalterna, donde esa institucionalidad adopta formas y lógicas particulares. Por el otro, se indagará en la institucionalidad de las localidades patagónicas, para reflexionar acerca de la particularidad o generalidad del caso barilochense. Para ello se van a presentar las diferentes jurisdicciones que, con múltiples miradas y lógicas, fueron incidiendo en el ordenamiento espacial y social de la ciudad, buscando tensionar las nociones de centro y margen. Dentro de los diferentes ángulos, se hará un análisis a partir de la particularidad de la zona de la Pampa de Buenuleo, al sudoeste de la ciudad.

2La multiespacialidad recorrida, apoyada en una institucionalidad cambiante, se pondrá en diálogo con la pluritemporalidad de la territorialización estudiada. La particular dinámica de las regiones de integración tardía, tanto en el concierto nacional como en el acceso a los derechos políticos, se reconocerá como parte de la estructuración urbana y del reconocimiento poblacional de scb. Ello sacará de la especificidad a la urbe, para ubicarnos en diálogo con el territorio ampliado de la Patagonia.

3La hipótesis que guía esa reflexión es que el carácter tardío de la integración patagónica atraviesa las construcciones urbanas de la región con dinámicas que se relacionan con coyunturas, pero también con una larga duración, asociada a memorias donde lo estatal no es sobredeterminante, y lo cotidiano adquiere una profundidad ligada a costumbres que permiten consolidar ejercicios de enfrentamiento social a los procesos de quiebre social y desafiliación (Bachiller, 2016; Merklen, 2005).

4Desde estos interrogantes, el corpus documental a utilizar se apoya en las fuentes secundarias que ya se abocaron a estos relevamientos, donde se destacan trabajos como los de Martha Ruffini (2005), Laura Méndez (2005), Laura Méndez y Jorge Muñoz (2013), Brenda Matossian (2014, 2015), Tomás Guevara y Paula Núñez (2014), Ricardo Fuentes y Paula Núñez (2007, 2008), Tomás Guevara y Medina (2017), Inés Barelli (2015), entre otros. Estos autores recorren la particularidad de la desigualdad desde la caracterización de las dinámicas de asentamientos en articulación con la estructuración institucional y económica local. Los aportes de estos actores se exponen en la siguiente sección.

5A ellos se agregan entrevistas, observaciones participantes y archivos fotográficos familiares e institucionales, a la luz del registro de conflictos en medios de prensa locales, de modo de reflexionar desde estas bases las tensiones en cuanto a la visibilidad y ocultamiento de la zona sudoeste de scb.

6Con este objetivo se diseñaron tres secciones. En la primera se revisa la institucionalización y el poblamiento en clave histórica. Con este fin, se observarán tanto las instituciones como los imaginarios urbanos y de desarrollo que dieron forma a la constitución urbana. La segunda sección recorre la constitución de scb a la luz del proceso organizativo y poblacional de Pampa de Buenuleo. Desde la construcción de esta región como marginal a la institucionalidad expuesta se verán los límites, aperturas y dinamismos de lo institucional desde esa compleja interioridad externa que emerge de las contradicciones de lo interno construido como un afuera. La tercera sección repasa los sentidos estructurales más amplios a partir de inscribir a scb como parte de la Patagonia. Desde aquí se abrirán preguntas a las profundidades temporales de las construcciones institucionales en diálogo con las dinámicas del habitar y del reconocer lo habitado.

1. 2. Un recorrido por la institucionalización y el poblamiento de Bariloche

7La región del Nahuel Huapi tiene una milenaria historia de poblamiento. Sin embargo, con la llegada del Estado nacional a fines del siglo xix se borraron las trayectorias de los pueblos originarios. scb se construye sobre ese borramiento. Así se presentaron como asentamientos pioneros las migraciones que se asociaron a la consolidación del orden estatal que se estaba formando (Méndez e Iwanow, 2001). Estos primeros asentamientos, con pretensión de construcción urbana se relacionaron, mayormente, a capitales chilenos ligados a la temprana migración germana del sur de este país, y en segundo lugar a la migración italiana y española propia de la Argentina.

8La estructura económica capitalista más relevante en la Norpatagonia estuvo dada por el poblamiento chileno, que organizó el amplio territorio que va desde el noroeste chubutense hasta la zona del Nahuel Huapi, en una empresa de exportación de productos denominada Chile-Argentina, con centro comercial en la ciudad de Puerto Montt (Méndez y Muñoz, 2013). Desde esta estructura, en scb, el poblamiento parecía reconocer dos tipos de migrantes chilenos. Los capitalistas, presentados como alemanes, y los obreros, ubicados no solo como chilenos sino también como grupo de riesgo y peligro social ligado a una adscripción de chilote o mapuche, en una retórica donde la característica nacional se mezcló con la étnica (Mendez y Podlubne, 2008). Otras migraciones, como la sirio-libanesa, quedaron eclipsadas por la impronta de estas caracterizaciones.

9La ciudad, en ese entonces, era un pequeño asentamiento. El poblado, a pesar de existir desde 1895, no tuvo reconocimiento hasta 1902, cuando se efectivizó la creación de la colonia agrícola del Nahuel Huapi sobre el poblamiento existente. La figura administrativa que se legitimó para este reconocimiento urbano fue la de comisionado de fomento. Esto implicaba que las autoridades políticas no eran electas, sino que eran designadas por la gobernación del Territorio Nacional, que tampoco era electiva sino que se designaba desde la presidencia nacional (Iuorno y Crespo, 2008).

10Hasta mediados de siglo xx en la Patagonia, la posibilidad de un efectivo ejercicio ciudadano estuvo mediada por el tipo de urbanización reconocida. Debemos destacar que la autonomía de la región en general estaba restringida, pues las poblaciones locales, por un argumento demográfico, fueron incorporadas al país por Ley 1532 del 16 de octubre de 1884, sin derecho a elegir representantes nacionales o territoriales (Iuorno y Crespo, 2008). La única esfera de autonomía política era la escala municipal (Ruffini, 2005). Por ello, contar con una urbanización inicialmente establecida como comisión de fomento limitó la posibilidad de autonomía en la población establecida.

11Como resultado de la instalación del centro urbano de scb, las diferencias de clase se mezclaron con diferencias etnias y nacionalistas, en una estructura productiva centralmente maderera y agrocomercial volcada a puertos del sur chileno (Bandieri, 2005). Méndez (2009) señala que la consolidación de la relación con Chile, tanto para el comercio como para la identificación de límites territoriales, fue el objetivo central de reconocimiento del poblado.

12Sin embargo, durante la década del 20 y a causa de la guerra europea, este comercio disminuyó y desde ambos países se buscó limitar autonomías regionales en favor del crecimiento de las áreas metropolitanas (Núñez y Azcoitia, 2011; Almonacid, 2009). Para finales de esos años, la región del lago en general y scb, como su principal urbanización estuvieron afectados por una enorme crisis que dio como resultado un debilitamiento de la estructura productiva, representado en el suicidio de su representante más emblemático, Primo Capraro, en 1932 (Méndez, 2009).

13Esta muerte se da durante otro hito institucional: en 1930 la localidad fue reconocida como municipio. Es decir, se planteó como espacio de autonomía política local al ser habilitada a elegir autoridades municipales. El recorrido de estas primeras elecciones evidenció grandes conflictos al interior de la urbanidad, así como un creciente discurso xenófobo (Méndez, 2009). Esto nos permite pensar que la dinámica institucional, antes que con la trama económica trasandina, comenzó a apoyarse en lógicas internas y más vinculadas a los procesos argentinos.

14Aquí, las novedades asociadas a los lazos con el Estado nacional (normativa, conductas y políticas) dan pistas para reconocer dinamismos de institucionalidad novedosos dentro de la ciudad, que nos permiten revisar su estructura. Cabe señalar que la crisis argentina de 1930 impactó duramente en la región, generando hambrunas y falta de trabajo (Méndez, 2009). Pero los cambios institucionales no se vincularon solo a la crisis, sino a una llegada institucional que puede pensarse como silente antecedente a la configuración que hoy atraviesa la localidad. Se trata de la creación, en 1922, del Parque Nacional del Sud. Su objetivo comenzó a traer el horizonte del turismo en un territorio hasta entonces de extracción maderera, pero que otorgaba un rol institucional a un actor central de la configuración de scb, Emilio Frey (Núñez, 2008).

15El Parque Nacional del Sud tuvo como director al propio presidente, Federico Alvear, pero como intendente local a Emilio Frey, quien había trabajado en la demarcación de límites con Francisco Moreno y había sido el ayudante de campo de Bailey Willis. La mención de Willis no es algo menor. Este geólogo norteamericano fue contratado para delinear un plan de desarrollo para la región entre 1912 y 1915. Si bien este no se concretó, Emilio Frey, como principal colaborador local de Willis, promovió las ideas redactadas en esa planificación dentro de la población, llegando a elevar a la Presidencia de la Nación un plan de desarrollo local en 1916, firmado por la mayor parte de los vecinos barilochenses (Frey, 1916). La creación del Parque Nacional del Sud retomó varios de los objetivos propuestos en esas incipientes planificaciones.

16Ruffini (2005) vincula la creación del Parque Nacional del Sud a un claro ejercicio nacional de control territorial que, a decir de la autora, marca un clivaje en la forma local de pensar el territorio, que de una perspectiva positivista comenzó a contener fuertes referencias nacionalistas (p. 144). Hay una serie de instituciones que permiten pensar cómo, en la construcción de la ciudad, debió incorporarse la especificidad del sentido de frontera que fue dando forma a la construcción de lo urbano.

17Así, a la creación del Parque Nacional del Sud en 1922 se suma, en 1924, la Comisión Pro Parque Nacional del Sud que recibió del Ministerio del Interior el encargo de realizar obras para el fomento turístico, con partidas específicas para ello, en un antecedente central para reconocer la base del imaginario de desarrollo que se va estableciendo en la ciudad. Podemos pensar la década del 20 como un período en donde, bajo el argumento de la seguridad, la cordillera se va levantando como una muralla, más simbólica que material, por la destacable llegada de este parque nacional, así como el incremento en la frontera (Pérez, 2011). Ruffini (2005) menciona cómo el Gobierno territoriano, cito en Viedma, se ocupó especialmente de la seguridad en la zona andina.

Sucesivas disposiciones dan cuenta de la creación de un destacamento volante con asiento en Bariloche (1920), la creación de la jefatura de policía fronteriza con jurisdicción en el departamento Bariloche y comisarías de Ñorquinco, Pilcaniyeu y Paso Flores (1921), el destacamento de gendarmería montada (1922), la inspección policial de la zona andina con asiento en Bariloche y amplia jurisdicción (1923, p. 127).

18Pero algo más. La autora permite reconocer que el crecimiento de las instituciones de control fueron de la mano de un desorden político, que puso en jaque el funcionamiento de la comisión de fomento, incrementando un reclamo local por el reconocimiento como municipio, en tanto, sobre todo desde argumentos nacionalistas, se comenzó a discutir cada vez más a la figura del entonces comisionado don Primo Capraro, por ser italiano y por considerarlo responsable de las contradicciones en el desarrollo que arrastraba el creciente cierre del comercio con Chile (Ruffini, 2005; Méndez, 2009). En este escenario de caos, no debe sorprender que la existencia calma de una institucionalidad como la del Parque Nacional del Sud oficiara de referencia para repensar el orden local. Aquí la figura de Emilio Frey opera como puente.

19Este vecino fue uno de los primeros intendentes electos y uno de los creadores del Club Andino Bariloche. Es difícil pensar la configuración local por fuera de estos elementos. En 1931, como respuesta social a la crisis que terminó con el armado del municipio y el suicidio de Primo Capraro, se creó el Club Andino Bariloche (cab). Este resultó un ámbito que trazó con particular fuerza un sentido sobre el entorno ligado a la actividad de montaña, tomando al turismo como futura actividad central del espacio e impactando en la organización general de scb (Núñez, 2008).

20Liliana Lolich (2007) muestra cómo en este reconocimiento del espacio y revisión de las actividades podemos encontrar que la historia arquitectónica se cruza con la historia política, porque la ciudad fue planificada y edificada buscando dejar registros de la mirada estatal.

21Por ello, frente al cambio de perspectiva en el desarrollo que se desplegó a partir de la década del 30, el propio proceso de construcción del hábitat fue puesto en discusión. Esto repite una forma de marcar la ciudad desde las ideas que se tienen de ella. Como Lolich (2007) recorre, el modo de habitar el poblado, inicialmente construido en instalaciones de casas en función de las pendientes, fue removido a partir de su reconocimiento oficial en 1902. En ese año se proyectó un plano damero en la organización espacial, quebrando el asentamiento en función del diálogo con la geografía local (Matossian, 2015). Esta marca, de sitio poblado a pueblo efectivo, recortó una pequeña área sobre el lago, que es lo que se reconoció como efectivamente urbano y hasta donde se proyectaba el límite de lo municipal. Lo institucional terminaba en ese primer plano damero.

22Los terrenos hacia el oeste y sur fueron divididos en parcelas agrícolas ligadas a la producción agroganadera y a la explotación maderera imperante en esos años. Esas parcelas se fueron poblando con migrantes de diferentes nacionalidades, dejando en los territorios del sur, donde se encuentra la Pampa de Buenuleo que revisaremos en el próximo apartado, caracterizada por un clima más agreste, a pobladores ligados a la producción ovina, y reconocidos como pobladores originarios (Fuentes y Núñez, 2008).

23Esta división impactó en las memorias locales. Como parte de las entrevistas tomadas en la recuperación de memorias sobre los sentidos de la ciudad (Núñez, 2007) cabe citar la de Hugo, quien recuerda el modo en que esto repercutía en el imaginario infantil más cotidiano. Como parte de las entrevistas realizadas por Núñez en 2003, para su tesis de grado, se recupera:

Yo me acuerdo cuando era chico, y recién se había hecho la escuela 16, que era una escuela hermosa. Y que las chicas por coquetería daban toda la vuelta para entrar por la puerta de abajo, porque los que venían de arriba [sur] eran los pobres o los indios. (Hugo, 87 años, dirigente deportivo y mecánico. Entrevista realizada el 15 de mayo del 2007)

24En los primeros años, la estética habitacional no reconocía muchas diferencias en los distintos tipos de asentamientos. La construcción del poblado fue similar a la de las localidades chilenas aledañas, esto es, casas de madera calefaccionada a leña, con escasos edificios públicos de material (Lolich, 2007).

25Todo ello se modifica con otro hito de institucionalidad: la creación de la Dirección de Parques Nacionales en 1934, asociada a la consolidación del Parque Nacional Nahuel Huapi casi en el mismo territorio que ocupaba el Parque Nacional del Sud. Esta dependencia dentro de la ciudad, que tenía como intendente local a Emilio Frey, inició una serie de construcciones en clave monumental para erradicar la construcción de madera, lo cual potenció las marcas de diferenciación interna de la población, con valoraciones que se arrastran hasta la actualidad (Lolich, 2007).

26La llegada de la Dirección de Parques Nacionales generó un fuerte cambio en la dinámica poblacional. No solo por la retórica xenofóbica que se encuentra en los argumentos mismos de establecer el Parque Nacional (Núñez, Matossian y Vejsbjerg, 2012; Bessera, 2011), sino por el fuerte ingreso de fondos y la gestación de puestos de mano de obra para las diferentes construcciones que se comenzaron a llevar adelante. La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi fue, en la década del 30, el principal dador de trabajo de la población, marcando arquitectónicamente la dinámica de población reconocida como válida (Bessera, 2011).

27En este proceso, la valorización de la población adquirió un carácter paradójico, ya que la población deseada –la capitalista, de orígenes idealmente centroeuropeos– no era la población que se necesitaba; es decir la trabajadora, que repetía el ingreso de población desde el sur de Chile. De este modo, se reclamaba por una población acorde al paisaje, mientras se contrataba a la población establecida y se afianzaba la migración laboral transcordillerana, en una ubicación que iba engrosando en poblamiento periférico. Matossian (2015), haciendo un detalle del proceso citado, recorre cómo el Alto y el Bajo de scb se fueron consolidando en el imaginario a partir de un cambio en la comprensión y uso del espacio en la década del 30. En este tiempo, el armado del Parque Nacional Nahuel Huapi erradicó el imaginario previo como espacio agroforestal y comercial, ubicando en el error y la destrucción a la población que permanecía ligada a esas actividades (Bessera, 2011). De este modo, no solo la población, los usos del espacio y los sitios del habitar comenzaron a cargarse de valoraciones sociales jerárquicas.

28Esto no es independiente de la pregunta por la institucionalidad que buscamos recorrer. La fuerza de Parques Nacionales se reconocía en que se otorgó la potestad de decidir sobre el destino de terrenos urbanos. Así, se planteó reedificar tanto los espacios monumentales como la urbanización como conjunto, dejándose la decisión de ubicar migrantes desde la calle Tiscornia hacia el sur (Núñez y Guevara, 2015), e incluso otorgando una importante superficie a la entonces existente «Comisión Nacional de Casas Baratas» en 1938, origen de notables dificultades para el reconocimiento habitacional del actual barrio 10 de Diciembre (Guevara y Núñez, 2014). De este modo, el solapamiento jurisdiccional de la institucionalización en marcha fue construyendo tanto la ciudad como sus contradicciones.

29Pero este no era el único problema. Brenda Matossian (2014, 2015) recorre el modo en que los intereses inmobiliarios tempranamente incidieron en la organización del suelo urbano, propiciando loteos que contribuyeron a un crecimiento acelerado, descontrolado y especulativo. Estos loteos fueron posibles gracias a sucesivas ampliaciones del ejido municipal que, ya desde sus orígenes a principio de siglo xx, abarcaba un territorio mucho mayor que el efectivamente poblado. Así dio lugar a una ocupación del suelo desordenada, que en sí dificultaba su administración y organización. La autora muestra cómo esta lógica se replica en el tiempo, con sucesivas ampliaciones que generan cada vez más ocupaciones parciales, y una organización urbana que relega las consideraciones sobre el sector sur de la ciudad, denominado el Alto, permitiendo la sobrevaloración de los territorios aledaños al lago.

30A estos antecedentes sumamos un hito administrativo más. Río Negro, como jurisdicción mediadora de la organización económico-espacial, comenzó a organizarse en 1958.2 Ya en ese momento, scb se presenta como la población urbana más grande de la provincia,3 dejando en segundo lugar a aquella considerada como centro económico de la provincia, General Roca.4 Este dato resulta paradójico en cuanto se observa que los planes de desarrollo no consideraron fondos para aplicar en la ciudad de scb, pues se entendía que esta no necesita nada y así se explicitaba en los documentos, tal como lo demuestran Núñez y López (2016). Estos autores exploran cómo, desde las publicaciones de la gobernación se mostró que, para evitar la alusión a los habitantes, los argumentos de inversión, que apelan al elemento demográfico, refieren la población a los datos de los departamentos, justificando desde allí la falta de atención al área andina, que como departamento resultaba demográficamente menor a la del alto valle. Sin embargo, seguía siendo la segunda en importancia. En ese escenario se llegó a plantear que, con un paisaje tan lindo, era poco lo que se necesitaba.

31Dentro de Río Negro, la falta de atención a las zonas andina y sur recorre dos tipos de argumentos. Por un lado, que el paisaje es tan bello y atractivo que todo se resuelve a partir de quienes se ven atraídos por él (Núñez y López, 2016). Por otro, como parte de problemas permanentes, surgidos del propio paisaje, inmunes a la intervención de la política pública (López, 2016; Conti y Núñez, 2016). Este justificativo a la falta de inversión y planificación se replicó en la ciudad, generando una falta estructural de servicios. Esto sucede aún en la zona considerada más atractiva, como el oeste lacustre, en parte por el costo de la construcción de servicios y en parte por el privilegio que se considera el habitar ese espacio. Si se considera el incremento poblacional de scb (ver figura 1.1), se nota el fuerte aumento a partir de la década del 60. Si cruzamos estos datos a las menciones de Matossian sobre intereses inmobiliarios y establecimiento de zonas excluidas, en articulación con una falta de atención estructural a las demandas de infraestructura de la población, la integración desigual y la segregación urbana (Caprón y González Arellano, 2006), tenemos una primera conclusión parcial. Ella es que los límites a la capacidad de personas y lugares en el acceso a la ciudad, desde la movilidad o accesibilidad, aparecen casi como una consecuencia lineal del manejo y reconocimiento llevado adelante desde las múltiples dependencias organizativas presentes.

Figura 1. 1. Crecimiento poblacional de San Carlos de Bariloche en el tiempo

1. 3. Bariloche y la Pampa de Buenuleo

32Para presentar la Pampa de Buenuleo, necesitamos una breve referencia a la localización geográfica de scb. La ciudad se localiza a los 41° 08' de latitud sur y 71° 17' de longitud oeste; es la puerta de entrada al Parque Nacional Nahuel Huapi. Pertenece a Río Negro y es la cabecera del departamento homónimo. Como indicamos, es una ciudad fronteriza por lo cual su poblamiento primigenio estuvo signado por la vinculación con el país trasandino.

33Como ya vimos, desde los años 30 se estableció como uno de los principales centros de atracción de población entre las ciudades de la Patagonia argentina, con una economía local focalizada en la actividad turística. Dentro de este espacio, la Pampa de Buenuleo o «Huenuleo» (Fuentes y Núñez, 2008), ubicada al sudoeste del ejido urbano (ver figura 1.2), concentra varias paradojas del proceso del habitar, que nos permiten trasladar la citada complejidad institucional a las dinámicas del espacio vivido. En este punto adherimos a la perspectiva de Enriqueta Lerma Rodríguez (2013), quien propone incluir en el análisis del espacio vivido procesos que permiten entender a las localidades como instancias que forman parte de un espacio complejo, interrelacionado y en transformación. Lerma Rodríguez muestra cómo históricamente el espacio vivido ha mantenido una noción implícitamente estática y cerrada de los lugares. Frente a ello, propone tomar en cuenta las redes físicas y simbólicas como factores que transforma las representaciones sociales del espacio.

Figura 1. 2. Mapa de San Carlos de Bariloche

34La desigualdad estructural del asentamiento poblacional en la Pampa de Buenuleo ha sido fundamentada en la precariedad de hábitat y la falta de reconocimiento en la tenencia de los terrenos (Matossian, 2014, 2015; Guevara y Núñez, 2014; Rodríguez Duch, 2008). La desigualdad se asocia a una inequidad propia del modelo económico imperante que, además, en scb se liga a una calificación étnica del poblamiento citada (Núñez, Matossian y Vejsbjerg, 2012; Kropff, 2001) y que remite a elementos raciales de la organización estatal argentina en general que la gestión de Parques Nacionales actualizó en este espacio desde mediados de la década del 30.5

35En tanto scb forma parte de la Patagonia, el reconocimiento poblacional racista y xenófobo citado remite, además de los procesos ya presentados, a la valoración establecida desde la apropiación militar de la Patagonia a fines del siglo xix. Este se actualiza en una disputa instalada en el centro de la ciudad, en torno al monumento al expresidente Julio Argentino Roca, que en los últimos años ha cobrado una relevancia tal que lo ubica reiteradamente en las páginas de los medios de prensa locales. Es una memoria que, de diferente manera, tensiona toda la estructura poblacional e institucional. En los barrios, esta memoria en disputa recorre referencias que obligan a detenernos en este proceso para observar la particularidad de su impacto en el caso que nos ocupa.

36Dentro de las regiones de scb, la Pampa de Buenuleo es una de las regiones más frías. Ella circunscribe territorios de la ladera sur del cerro Otto, así como las laderas de los cerros Carbón, Ventana y Ñireco, en el extremo sudoeste del ejido urbano. El territorio sur de la ciudad fue poblado en forma diferente a la costa lacustre. Las imágenes de la década del 30 evidencian el uso de la región ligado a la producción ovina (Fuentes y Núñez, 2008).

37Para ilustrar las tensiones que se solapan en este espacio vivido, tomaremos una fotografía especialmente emblemática. Es la que representa la primera salida de montaña del Club Andino Bariloche, en 1931, al cerro Ñireco, expuesta en las figuras 1. 3. a. y 1. 3. b. Allí se muestran dos usos del espacio. Por un lado, una fotografía que muestra una majada de ovejas al tiempo que se traza el recorrido de una actividad de montaña que interviene la imagen rural.

38Este solapamiento puede pensarse como representación de las paradojas del poblamiento. Una lectura actual permite pensar que frente a una actividad rural instalada desde décadas. Como muestran las construcciones en el horizonte de la fotografía, base de una producción necesaria para la existencia misma de la población, se fue marcando como visible la actividad de montaña que plantea que el desarrollo debería depender del turismo (Núñez, 2008).

39A la luz de las paradojas citadas en el apartado previo, podemos pensar que antes que una superposición, hay una negación de la dinámica histórica de la ciudad. Ello es así en tanto se inscribe la actividad de montaña que se busca como base para un turismo que desplace las prácticas productivas en la región.

40Esto nos pone de frente a las institucionalidades en pugna. El avance militar y de la estatalidad son algunos de los tópicos más recorridos en la Patagonia, con perspectivas divergentes (Delrio, 2005; Navarro, 2004; Foerster y Vezub, 2011). De ellos se comparte, sin embargo, que el derecho a habitar en la Patagonia argentina fue otorgado por el Estado nacional. La distribución de la tierra en latifundios permite inferir que, antes que a una cierta dinámica poblacional, el habitar en la Patagonia se ligó a una actividad, la cría de ganado lanar (Bandieri, 2005; Coronato, 2010), que fue la base de la organización territorial en la región.6 La herencia de este proceso es lo que se reconoce en el primer poblamiento de la Pampa de Buenuleo, destinado a la producción de ovejas en las primeras décadas del siglo xx (Rodríguez Duch, 2008).

41Ahora, las paradojas ya vistas de la década del 20, incorporando nuevos y fuertes controles territoriales, y el clivaje de los 30, instalando el modelo turístico como destino natural de la ciudad, ubican en la Pampa de Buenuleo dos sentidos cambiantes, que se encuentran en una misma foto. Uno, lo establecido; otro, el que se busca imponer. No se plantean como actividades contrapuestas, y posiblemente no haya sido así, pero es claro que el posterior desarrollo las presenta como antagónicas.

42La fotografía 1. 3. a, tomada en 1940, muestra cómo ese mismo espacio es tomado como centro de lo que se está construyendo como destino turístico, ya claramente establecido para el momento en que el cerro Ventana, que está al lado del cerro Ñireco, se toma como base de las carreras locales. La actividad del esquí comenzó a desplegarse en la zona como parte del modelo turístico citado esta década. Así marcó la Pampa de Buenuleo como destino de actividades deportivas, instalando un reconocimiento alternativo a la producción rural que, sin embargo, no se mantiene en el tiempo, pues esta iniciativa desapareció del lugar en las décadas siguientes para trasladarse a Cerro Catedral.

Figura 1. 3. a. Usos de la Pampa de Buenuleo. Salida del CAB (1931)

Figura 1. 3. b. Usos de la Pampa de Buenuleo. Carrera de esquí, cab (1940)

43A pesar de la temprana ocupación del espacio, buena parte de la Pampa de Buenuleo, así como los territorios aledaños, no fueron incorporados como parte del ejido municipal hasta muchos años después y en condiciones que ubicaron a sus habitantes en el riesgo de la tenencia precaria, en algunos casos, y en la dificultad al acceso a los servicios en otros. Como recorren Brenda Mattosian (2014) y Carlos Abalerón (1990, 1991, 1993) se trata una región donde se otorgaban tenencias precarias en lugares que, por falta de incorporación formal, tampoco se edificaron con servicios, y donde se propiciaron asentamientos desordenados. Las construcciones adoptaron un carácter que reflejó esta precariedad, ya que estuvieron mayormente realizadas con materiales livianos, en construcciones que muchas veces adolecían de los elementos necesarios para las inclemencias climáticas y que aún resultan especialmente afectadas en los meses de precipitaciones (Abalerón, 1990, 1991, 1993).

44Pero es la característica geográfica, antes que la decisión política, el argumento de la diferencia en las lógicas de las urbanizaciones. Así se encuentra que, cuando la mancha urbana avanzó hacia el sur, el acceso al agua se complejizó por la falta de redes subterráneas que se justifican en la topografía. De hecho, a fines de la década del 60 se intentó establecer un barrio modelo detrás del cerro Otto en los límites de la Pampa de Buenuleo: barrio El Frutillar (Núñez, 2007).

45La falta de agua más el costo de extensión de la red de agua generaron que el plan se abandonara, dejando el trazado de calles y loteo sin articulación con los servicios (Núñez, 2007). Laura Kropff (2001) recorre como en este barrio la discusión por el derecho a ser vecinos se abre con el retorno de la democracia a la Argentina en 1984. La autora evidencia que el acceso al reconocimiento como vecino obliga a los habitantes a enfrentar gestiones mucho más largas y directamente vinculadas a su calidad de vida.

46Uno de los barrios emblemáticos para observar las paradojas del habitar este espacio es el actual barrio Pilar i. Este se inició como obrador de la empresa que construía la ruta hacia el sur, en 1964. Una caracterización de este proceso, elaborado a partir de recuperar memorias barriales, evidencia que tras la finalización de la obra muchas familias decidieron quedarse en scb y compraron los terrenos donde edificaron sus casas, que fueron vendidas por el dueño del lote (Fuentes y Núñez, 2008). Sin embargo, a los pocos años, se inició una discusión por la falta de legalidad en el loteo y, de hecho, por la falta de claridad en la propiedad de la tierra, pues eran reclamados por una firma local que desde una deuda por mercadería avanzó en solicitar el derecho sobre la tierra en 1938 (que en 1953 se decidió abandonar) pero que inscribe al terreno en una temprana disputa que algunos herederos intentan retomar (Rodríguez Duch, 2008, p. 185).

47A pesar de que el terreno se entrega por la Ley 501 de 1884 a la familia Buenuleo, y que esta entrega es ratificada por el gobierno de Edelmiro Farrell a través del Decreto 17.793 de 1945, la familia beneficiaria no terminó de tener el título de la tierra. Ello fue generando conflictos en el manejo de las sucesivas generaciones y teniendo como consecuencia que diferentes grupos de abogados locales se fueran quedando con parte del terreno en disputa (Rodríguez Duch, 2008).

48Fuentes y Núñez (2008) recorren cómo, a un manejo discrecional de venta de tierras, se suma que el lote se consideraba en función del plano oficial de Río Negro de 1972, que en 1984, frente a una nueva mensura, se descubrió que había trazado líneas equivocadas abriendo una superposición con tierras de propietarios vecinos, que iniciaron juicio a los pobladores que se habían instalado desde la década del 60, y que compraron los terrenos en el 70. Los sucesivos reconocimientos a los pobladores, logados en forma parcial, se cruzaron durante los años 90 y los 2000 con los descendientes de quienes llevaron adelante los distintos reclamos. Ello generó una historia legal que muestra la falta estructural de derechos de quienes decidieron habitar el lugar, así como la profunda resistencia necesaria para ubicar ese habitar en el sitio de la legalidad.

49Esta falta de derechos llega a un punto máximo en 1979, cuando el gobierno de la última dictadura reubicó frente al barrio el basurero municipal. Los pobladores vieron afectada su salud, tanto por el incremento de alimañas como por las quemas periódicas que contaminaban el aire del vecindario sistemáticamente. Este proceso fue recorrido por Ricardo Fuentes y Paula G. Núñez (2008), quienes registraron que las autoridades del momento desconocían cientos de años de poblamiento y más de 10 años de un asentamiento que se había comprado en las propias inmobiliarias locales. El entonces intendente les explicó que los vecinos eran intrusos por el solo hecho de haber comprado terrenos en ese sitio. Irene, la presidenta de la junta vecinal afirma que el intendente les dijo que eran como los chanchos, que no tenían ningún derecho (Fuentes y Núñez, 2008).

50El problema del basurero ha trascendido los años de la dictadura, siendo aún hoy una problemática crucial de los vecinos, en terrenos cada vez más poblados (Niembro, Guevara y Cavanagh, 2019). Tanto el barrio Pilar i como la Pampa de Buenuleo permiten reconocer el modo en que el gobierno de la dictadura operó como un clivaje en el ordenamiento de la población de scb.

51A la luz del relato elaborado a la fecha, podemos pensar que esta dictadura reinstaló la ilusión de poblaciones correctas e incorrectas. Decimos «reinstaló» pues, en las décadas previas, no solo se permitió sino que se propició este poblamiento, que resultaba funcional como respuesta a la demanda laboral de la ciudad. Sin embargo, como parte del ordenamiento ligado al imaginario de gobiernos de facto, la población de scb comenzó a recibir valorizaciones que quebraron acuerdos, en tanto dividieron estructuralmente vecinos correctos de migrantes indeseables o intrusos, no importa cuántos años o generaciones tuviesen viviendo en la localidad, y que refuerza los pedidos de expulsión citados en este caso.

52Paula G. Núñez (2007) ubica en la dictadura argentina (1966-1972) el argumento nacionalista que circunscribe a la figura de lo chileno las contradicciones del crecimiento de la localidad. Esto permitió ignorar cómo la propia dinámica de crecimiento, más la falta de políticas de planificación, incidía en el incremento de las contradicciones. En este período encontramos cómo el propio municipio dio permisos para habitar espacios de tenencias precarias, casi al mismo tiempo en que habilita el envío de desalojos, en esos mismos espacios (Guevara y Núñez, 2014; Núñez y Guevara, 2015).

53Muchos asentamientos pasaron de vecinos a intrusos indeseables en la dictadura iniciada en 1976. En este periodo, las áreas descriptas con un poblamiento inadecuado fueron removidas en parte, en forma intempestiva, obligando a las poblaciones a trasladarse a terrenos del sur, alejados del lago, denominados del Alto, sin servicios mínimos (Fuentes y Núñez, 2008; Guevara y Núñez, 2014; Guevara, 2018). Otros fueron sometidos a intentos de remoción forzada, pero por motivos coyunturales y organizativos lograron resistir. El barrio Pilar i, en Pampa de Buenuleo, se instaló en estos años en el imaginario del residuo, como parte de esa basura que desprende la ciudad. El barrio Pilar i es el ejemplo emblemático del cambio de reconocimiento vecinal, que de locación para el desarrollo y la conectividad regional para a ser equiparado al basurero se instaló directamente al lado de la población (Fuentes y Núñez, 2008). Podemos pensar que toda la Pampa de Buenuleo, como parte del Alto, está atravesada por esta impronta de subalternidad territorial que este gobierno consolidó.

54La pregunta por la institucionalidad que da origen a este artículo presenta ribetes poco clásicos cuando lo instituido es la basura. El caso del barrio Pilar i nos muestra esta construcción contradictora, surgida en el marco de una dictadura pero sostenida hasta el presente (Fuentes y Núñez, 2008). Fuentes y Núñez (2008) analizan la historia, la configuración presente y la organización social de Pilar i. De allí exponen una escasa construcción institucional, edificada desde ciertos espacios ineludibles, como por ejemplo las escuelas, pero configurando distancias antes que una incorporación efectiva del núcleo poblacional. Más allá del barrio Pilar i, especialmente afectado por el vertedero municipal, el progresivo poblamiento de la Pampa de Buenuleo en general, o lo que se considera el Alto, aparece vinculado a una suerte de desorden que lo sitúa como margen de una ciudad que, de alguna forma, no parece terminar de contenerlo.

55El retorno de la democracia en 1983 merece una revisión particular, dado que la carga de ilegalidad que buscó propiciar la dictadura se enfrentó con una apropiación de la apertura política general de los sectores populares de scb, que reclamaron ser reconocidos como vecinos (Kropff, 2001; Núñez y Guevara, 2015). Sin embargo, en los años siguientes se evidenció que la herencia de desvalorización de la dictadura tuvo largas permanencias.

56La idea de poblamientos incorrectos fue retomada como argumento municipal en la década del 90 (Fuentes y Núñez, 2007). Barrios céntricos fueron trasladados a una ubicación en el Alto, al este de la Pampa de Buenuleo. «Enmontañados», según el relato de una de las vecinas trasladadas (Guevara y Núñez, 2014). Estas políticas actualizaron de forma dramática la distinción entre vecinos correctos e incorrectos, ya no desde la clave xenofóbica sino desde una reubicación que los situó en la figura de recién llegados, que en la nueva locación quedaban estigmatizados por el presupuesto de delincuencia (Fuentes y Núñez, 2007).

57Desde el municipio, por ejemplo, se compró un lote de 34 hectáreas, aledaño al basurero, sobre pampa de Buenuleo, donde se conforman los barrios 2 de Abril y Unión. Allí se trasladó parte de seis asentamientos del Alto en 1994, con base en un financiamiento que permitiría la mejora habitacional de la población, pero que redundó en el establecimiento forzado de quienes no deseaban trasladarse y, teniendo entre otros resultados, la estigmatización de la población trasladada y la promoción de la delincuencia (Fuentes, 2005).

58Así, a la homologación de población y residuos, directa durante la dictadura, el gobierno de la democracia agrega la asimilación a la delincuencia, como si el sitio del habitar marcara el problema de la integración social.

59Cabe destacar, en este relato, la creación de los Centros de Atención y Articulación Territorial (caat), que surgieron en el 2003 como herencia de la crisis del 2001, en el marco del Plan de Territorialidad de la Secretaría de Desarrollo Humano. El objetivo básico de su creación fue acercar el Estado municipal al vecino. Actualmente, los caat son 10 y abarcan todo el territorio municipal de scb. Su funcionamiento continúa enmarcándose en el Plan de Territorialidad de la Dirección de Promoción Social, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social, Cultural y Deportivo, y son hoy la principal referencia en los puntos de contacto.

60Básicamente, son espacios físicos donde la comunidad puede realizar gestiones, trámites, solicitudes y demandas, así como también encontrarse para generar proyectos comunitarios, realizar talleres o capacitaciones sobre las problemáticas que enfrenta cada uno de los barrios que los conforman.

61Desde la página oficial del municipio de scb se plantea que son una solución que acerca una institucionalidad abierta, pues los propios habitantes van configurando las actividades del caat. Es interesante este clivaje en el relato de la lejanía, pues en una historia de distancias se idearon ámbitos interdisciplinarios para promover la democratización y la articulación entre las necesidades de los vecinos y las soluciones que pueden ofrecerse.

62En la Pampa de Buenuleo funcionan dos caat. El caat 8 en el Centro de Salud del Barrio Malvinas, siendo referencia de los barrios: Nahuel Hué, Malvinas, Cooperativa 258, Pilar i y ii, 106 Viviendas, 60 viviendas, Omega, 134 Viviendas y Maitén. Y el caat 9, que se localiza en el Centro Comunitario Unión-Centro Comunitario Frutillar-2 de Abril, cubriendo los barrios: Unión, Frutillar, 2 de Abril, 645 Viviendas, 29 de Septiembre, Valle Azul.

63Llama la atención su localización superpuesta a otras jurisdicciones como puntos sobrecargados de institucionalidad en lugar de ir tejiendo diferentes anclajes de lo institucional. Esto no es exclusivo de los caat 8 y 9, pero tampoco es general. En alguna forma, son espacios que permiten pensar como lo institucional en estos márgenes, y posiblemente por esta historia, es una trama abierta que evidencia una plasticidad de lo instituido, que permite pensar y demandar cambios.

64Casi como una paradoja frente a los objetivos que dieron (y dan) lugar a los caat, e incluso como factores antagónicos a los profesionales convocados a esos ámbitos, o a las escuelas, o centros de salud, o iglesias, o juntas vecinales, lo más audible de la institucionalización es la no pertenencia, responsabilizada en la mirada que las esferas gubernamentales aún construyen sobre los propios pobladores. Así, el 15 de octubre de 2013, el entonces gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck presentó en scb un mapa de la delincuencia que mostraba como los principales criminales estaban ubicados en este espacio, en un tema que fue largamente replicado en los medios de prensa locales y regionales.7

65En esa ocasión, el gobernador, entre otros conceptos, señalaba «debemos atacar las causas y el Estado perseguirá a quien comete los delitos» («Weretineck denunció bandas delictivas y dio nombres», 15 de octubre de 2013), pero entre las causas no estaba la historia o la falta de consideración o la sistemática limitación infraestructural. Las referencias del gobernador solo apelaron a la decisión individual de delinquir e, implícitamente, a la naturalización de esa decisión por la ubicación de su vivienda. El gobernador realizó una presentación donde se dieron nombres de familia como núcleos de delincuencia, marcando los barrios habitados por ellas, casi solapados a las áreas de influencia de los caat 8 y 9.

66En el relato del ejecutivo provincial no aparecieron preguntas al porqué de la concentración delictiva. Tampoco hubo consideración a la cantidad de iniciativas locales que, como lógicas de subsistencia, se proponen consolidar las redes sociales que tanto la desigualdad como la delincuencia vulneran. El delito, a los ojos del Poder Ejecutivo provincial, se desprendía de un modo de poblar y de construir viviendas, en áreas donde pareciera que la institucionalidad no tenía cabida; a pesar de haber sido configuradas por las paradojas de la construcción institucional local, donde la provincia juega un rol central.

67Ya más cerca en el tiempo, una de las causas omitidas por el gobernador vuelve a poner sobre el tapete el proceso de poblamiento de la zona de Pampa de Buenuleo. El 9 de mayo de 2017, el diario local El Cordillerano presentó una nota titulada: «Inseguridad: preocupa ocupación de terrenos cercanos al Vuriloche iv», donde se explicaba que vecinos del barrio presentaron sus quejas ante autoridades municipales por la inseguridad en la zona. Estos vecinos acusan a habitantes de una toma cercana, con casas precarias en tenencias informales en un sitio que históricamente ha sido receptor de este tipo de población. A partir de este hecho, la línea editorial del periódico sigue explicando que el lugar, denominado La Lomita, ya fue ocupado hace unos años y luego de negociaciones los okupas fueron trasladados al Nahuel Hué, barrio ubicado en la compleja Pampa de Buenuleo, aledaño al barrio Pilar i.

68El barrio Nahuel Hué, en el relato del medio gráfico y en el relato local, se presenta como una repetición de la construcción territorial desigual de scb. En este lugar, en 2003, se inició un poblamiento informal propiciado por las instituciones estatales que hoy parece reiterar el imaginario de una espacialidad como destino de residuos, aún en noticias del 2017 e incluso ubicando un caat en el barrio aledaño.

69Pilar i, el barrio aledaño, directamente se enfrentó –y enfrenta– a los residuos urbanos. La población de alrededor es presentada en sí como residuo desde un relato que los ubica como centro permanente de los conflictos sociales.

70Pero los estudios evidencian otros elementos. Las referencias a las redes migratorias son un caso clásico de reconocimiento de tramas invisibles de apoyo (Barelli, 2015); pero en el caso que nos ocupa el sentido del paisaje local adquiere especial fuerza para revisar lo no dicho de un territorio condenado.

71Fuentes y Núñez (2007) recuperan la memoria de una vecina que había sido trasladada desde la vera de un río por riesgo de derrumbe a la Pampa de Buenuleo y en su relato el despojo era sobre el paisaje. Refería: «me sacaron el río» (Fuentes y Núñez, 2007, p. 127). Uno que no era solo un paisaje, sino el marco de espacio, de una distancia entre casas que ahora no tenía, de una posibilidad de plantar en donde ella arraigaba su calidad de vida. En su entrevista refiere a que nada de esto se contempló en el traslado (Fuentes y Núñez, 2007, p. 128).

72En la misma línea, las organizaciones vecinales que reclamaron y se pusieron a disposición de los cuerpos de lucha contra incendios en los barrios aledaños a bosques repiten que solo ellos pueden comprender la importancia de tener ese paisaje cerca, porque son ellos los que eligen vivir esa cercanía, aún con la precariedad que implica la falta de acceso a los recursos (Fuentes y Núñez, 2007, p. 134).

73Hay algo de tragedia permanente en el relato que presentamos, pero tal vez por este carácter abierto, que en buena parte da lugar a una institucionalidad en armado, el despojo se contrapone a una memoria permanente de alegría social. Núñez y Fuentes (2008) exploran colecciones de fotos familiares y observan la alegría como elemento común. Son asados, casamientos, cumpleaños, fiestas barriales, de una época previa a la foto digital, donde la guarda de cada recuerdo implicaba afrontar un costo. Pero ello permite ver que a lo largo de los años se fue consolidando una trama de afectos que es evidencia de la posibilidad misma de habitar lo imposible, donde la memoria no recuerda la violencia que se supone característica, sino las vinculaciones donde el paisaje es un actor central en el argumento de los recuerdos elegidos.

1. 4. Bariloche como parte de la Patagonia

74scb necesita ser puesta en consideración respecto de otros casos patagónicos. En el proceso descripto, la propia noción de ilegalidad adquiere un carácter cambiante y complejo, que no solo remite al caso de scb. Como vimos, en esta región, la idea de ilegalidad, como límite a la institucionalidad que se está recorriendo se asocia mayormente a un acceso informal a la tierra, que no se reduce a poblaciones que por falta de financiamiento se apropian de espacios que encuentran vacíos.

75Por el contrario, la apropiación informal e ilegal ha sido característica en tanto se han entregado tierras informalmente a población capitalizada solo por reconocerla como adecuada, correcta o natural (Núñez y Guevara, 2015). Santiago Bachiller (2015), al estudiar las formas de tomas de tierra de las ciudades patagónicas, encuentra que se habilitan reconocimientos ambiguos, abriendo la posibilidad de tomas que en ciertos casos son legitimadas por los gobiernos y en otros son ubicados en el sitio de intrusos.

76Este autor, entre otros, observa que en la Patagonia la pertenencia se tensiona en una valoración de cierto grupo de población establecida a la que se juzga como de paso, en tanto se considera que llega a la región (o ciudad) solo para una mejora económica temporal. Por ende, no se los podría considerar parte de un ordenamiento urbano que, desde la mirada hegemónica instalada, perciben como ajeno (Segura, 2015); más allá del tipo de tenencia de la tierra que desarrolle. Desde esta desigualdad se marca especialmente la diferenciación entre los llegados y los nativos, otorgando una suerte de valoración moral a la población nacida, en tanto nazca en los sitios correctos. Pues aquellos nacidos en los espacios ubicados en la inadecuación heredan el carácter precario de vivienda de sus padres.

77El haber nacido y habitado ciertos espacios es equivalente a beneficios o problemas de pertenencia. Juan Cuervo Calle (2008) realiza una síntesis de los sentidos filosóficos del habitar que se ligan a las tensiones reconocidas en la Patagonia. Así señala que el término se vincula tanto al estar como al construir, y en los territorios marginales, es la misma acción del habitar un ejercicio de resistencia donde se cruzan sentidos en disputa que abren y cierran permisos para el reconocimiento de las marcas implícitas en el habitar. Por ello, el habitar no es necesariamente institucional, aunque sea imposible desligarlo de las instituciones en donde obtiene los permisos más básicos para estar.

78Pero estos permisos son precarios, y muchas veces las poblaciones aparecen irrumpiendo órdenes previos al introducir cambios que tienen que ver con edificar la propia forma de estar. Desde lo dicho emergen formas correctas e incorrectas del estar, que se vinculan a ordenamientos institucionales. Y si como veíamos en el primer apartado, la institucionalidad en sí es algo cambiante y abierto, los permisos sobre lo marginal son aún más volátiles. La forma de estar adecuada se inscribe en una determinada historia, ligada a la particular visibilidad de un determinado orden económico como natural, configurado sobre una determinada construcción de lo institucional.

79Aquí se abre una articulación de la pregunta por lo institucional respecto de los procesos de exclusión social y su impacto espacial.8 De ellos, los estudios más relevantes en el escenario argentino refieren a los procesos de exclusión en los grandes centros urbanos, con énfasis en el análisis de la instalación y sostenimiento de lo caracterizado como villas miserias, especialmente problematizadas por el contexto de retirada del Estado de Bienestar en la Argentina. Ramiro Segura (2015, p. 13) remite a esta referencia para interpretar los procesos patagónicos en la doble clave de «ineludible» e «inadecuada» con que el pensamiento subalterno ha explicado la asimétrica producción de conocimiento. Es de destacar que este, en el escenario patagónico, evidencia su carácter dependiente de un tutelaje aún presente por parte de las universidades centrales. El autor indaga en estudios de barrios, tomas informales y sectores subalternos llevados adelante en Comodoro Rivadavia, sobre la costa patagónica atlántica, desde los cuales se da cuenta de la necesidad de pensar en claves locales.

80Marcos Sourrouille y Julio Vezub (2015) critican el énfasis puesto en los estudios patagónicos que reparan en procesos sociales, pero que omiten particularidades geográficas como variable a considerar en la trama analítica, reconociendo el peso de esta ausencia en los estudios sobre los desplazamientos poblacionales. En el caso que nos ocupa, esto no es menor dado que, como observaremos, la interpretación y apropiación del paisaje devienen en elementos desde los cuales se va a mediar la valoración de los modos de habitar.

81Bachiller (2016) observa que, de hecho, muchos estudios urbanos de los últimos años han referido a los procesos de atomización que han quebrado dinamismos de solidaridad internos. Frente a ellos recupera, desde Denis Merklen (2005), procesos alternativos a aquellos desafiliatorios vinculados a la citada atomización, que de hecho existe pero que se debe matizar en tanto no debe referirse a dinamismos laborales, sino también a pertenencias en clave territorial. Esto en tanto es allí donde la vinculación con el entorno no es un punto menor y los lazos solidarios, muchas veces inscriptos en intercambios informales, resultan invisibles a quienes solo prestan atención a los procesos monetarizados.

82La segregación urbana se entiende como:

la existencia de diferencias […] sociales dentro de un colectivo urbano y al agrupamiento de los sujetos según atributos específicos […] en conglomerados con tendencia a la homogeneización en su interior y a la reducción de las interacciones con el resto de los grupos. (Linares y Velázquez, 2015, p. 15)

83Desde esta definición, se interpela y se avanza desde la específica diferenciación coyuntural hacia la o las historias que hicieron las diferenciaciones que se reconocen en el mapa que se infiere de datos censales.

84En línea con Horacio Capel (1997), el cruce de procesos urbanos, institucionalidades y exclusión social y espacial emerge desde múltiples escalas que operan en la valoración de un territorio y su población. El autor, como parte de la citada tradición europea, menciona que el pasado permite reconocer situaciones que facilitan el relativizar estructuraciones actuales, para desde allí repensar formas más equitativas del habitar.

85Si ponemos en consideración a scb en una escala comparativa patagónica, podemos pensar en puntos de contacto con procesos atlánticos. Bachiller (2016), en Comodoro Rivadavia, reconoce procesos de arraigo que tienen que ver con la valoración propia del habitar, anclados en la sensación de progreso en cuanto al derecho al acceso de los espacios. Además, hay otorgamientos de tierras con legitimidades diferenciadas a distintos grupos sociales, cuya particularidad fue alimentando la construcción identitaria en diferentes ciudades. Cabe mencionar a Brígida Baeza y Magalí Chanampa (2016) o Cintia A. Barrionuevo (2012) en Balsa Las Perlas, con trabajos que nos permiten preguntarnos cuanto de lo patagónico no está sobreimpreso en lo barilochense. En ellos, como un elemento común, se encuentra que el poblamiento asentado en lo construido como Sectores Populares deviene, a los ojos de buena parte de las esferas del Estado y de los sentidos instalados en las argumentaciones públicas, en irrupción moral al sentido que se busca establecer. Los habitantes con escasos recursos resultan ser elementos de tensión para una región que se propone como propia o adecuada a la población con capital, que desde su capacidad de financiamiento es reconocida con la sensibilidad adecuada como para apreciar un determinado paisaje (Núñez, 2015).

1. 5. Reflexiones finales

86A la luz de estos resultados, podemos pensar que lo institucional en estos márgenes cargados de subalternidad tiene un carácter abierto que aún interpela a los esfuerzos de vecinos, obligados a demostrar que no son delincuentes.

87La mirada sobre los márgenes de la institucionalidad descubre un argumento para alimentar en lo cotidiano en los quiebres sociales se contraponen con los relatos que dan cuenta de los anclajes de solidaridad. Los barrios de scb, que pusimos en diálogo con varios de una construcción patagónica más amplia, se descubren emplazados en un territorio vivido, pero que es pensado como vacío, impropio y de descarte.

88Las elecciones de vida se suman a una incomodidad del estar, anclada en los traslados forzados, que impacta en la institucionalidad abierta. Los resultados recorren quejas a la falta de participación y compromiso por parte de agencias estatales, que se podrían vincular tanto a la historia como a los límites en la asistencia para resolver las contradicciones abiertas por los propios procesos urbanos diseñados por la municipalidad o los planes de vivienda provinciales.

89Las tomas y los asentamientos informales, a veces legales y otras no, en scb adquieren un carácter particularmente cambiante. Lo legal y lo ilegal muta en el tiempo, pero ello no implica la revisión de la política previa, sino una nueva caracterización cuya legitimidad se referencia en el paisaje o en elementos internos de la población. Estos elementos van tejiendo la trama de una institucionalidad aún con muchos espacios abiertos.

90Esta institucionalidad se inscribe en un territorio cargado de sentidos. Es llamativo cómo en la región patagónica el ambiente pareciera devenir en el juez del poblamiento, donde la política aparece como un mero intérprete de la autoevidencia de la inadecuación. De modo que los sentidos que discuten la desigualdad interpelan el reconocimiento mismo de la materialidad en donde se ancla la diferencia.

91El antiguo territorio de las ovejas, que no termina de ser desarrollo, que por geografía podría ser postal y turismo pero no lo es, que concentra lo presentado como residuo, en el sentido material directo o de ordenamiento social, se descubre anclado en el imaginario desde múltiples construcciones. Al cambiante relato municipal relevado, la mirada provincial agrega profundidad institucional que entonces enfrenta el derecho de habitar de vecinos aledaños, e incrementa las tensiones en tanto los inscribe en un relato donde la responsabilidad y causa se resuelve al interior de las organizaciones barriales.

92Las imágenes construyen un relato, pero se entienden como materialidad autoevidente. Lo que es correcto y deseable en un escenario ocupado por ciertos actores, los montañistas, deviene en argumento de exclusión en otro, el de los barrios. No es la madera, en la significación que se traslada de habitante a hábitat. Las personas, como los paisajes, devienen en la materialidad autoexplicativa de su exclusión.

93La segregación, como mencionamos, no es la separación, sino la estructuración de una desigualdad permanente. Es la obligación de gestionar día a día el derecho a ser. La Pampa de Buenuleo y su inscripción en scb permite repasar lo institucional desde sus aperturas y paradojas.

94Ello remite a un modo de considerar la propia intervención política y de allí a considerar el ordenamiento urbano y las responsabilidades y capacidades de acción. En tanto la retórica se focalice en habitantes y paisajes, las mediaciones e inversiones van a ser limitadas, porque el cambio no descansa en la política sino en las personas. En este ejercicio se oculta la debilidad estructural y la responsabilidad plurijurisdiccional de la construcción de la desigualdad. También remite a la necesidad de contraponer al relato de la exclusión la mirada alternativa cotidiana tejida diariamente incluso con las avanzadas estatales, que se presentan casi como imperceptibles puntos de configuración de una institucionalidad posible. Ello sin desconocer que la trama de contradicciones atraviesa todas las escalas de relevamiento y análisis, sino para entender las multiplicidades de sentidos en disputa en la pregunta por los sentidos del habitar del territorio.

95Decíamos al principio que buscábamos complejizar la interpretación del institucional ligado al proceso del habitar, en esta línea encontramos que las contradicciones observadas se vinculan a paradojas del propio ordenamiento –local y provincial– como a tensiones originadas en la integración regional del espacio. De allí, la resolución de este proceso, si lo que se busca es una integración que refiera a un nivel conflictivo menor y donde la segregación urbana no resulte evidencia de diferencias materiales tan marcadas, no se circunscribe a la población. Mucho menos a la responsabilidad personal de los habitantes, sino que debería abrirse a la compleja trama de relaciones regionales, en cuyo dinamismo la ciudad cobra forma y los habitantes resultan visibles o invisibles. Pero también, como parte de la resolución para un habitar menos desigual, en el reconocimiento de las capacidades y voces que de hecho han habitado lo presentado como marginal, hasta desde instituciones públicas.