9. 1. El caso

1Cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina declaró que el cómputo de la prisión que debía cumplir Luis Muiña, represor condenado por secuestros y torturas, debería ser calculado a través de la aplicación de la derogada ley del 2x1, se desencadenó inmediatamente una conmoción jurídica y política.1 El Tribunal decidió que la Ley 24.390 debía ser aplicable y que los represores deberían ser beneficiados, en lo que respecta al cómputo de sus días de prisión, por una norma derogada que les habría de permitir descontar más rápidamente sus condenas. Se promovía una interpretación polémica de las normas y se provocaba la posibilidad de que cientos de represores condenados pudieran dejar las cárceles. El fallo produjo una alarmante propuesta de flexibilización en torno a la forma en que debían ser juzgados y condenados los represores en la Argentina.

2Sin embargo, este intento de subvertir el estado de las cosas sobre la cuestión transicional, generado desde lo más alto del poder del Estado –en una alianza tácita entre el Poder Judicial activo y un Poder Ejecutivo que había propiciado las condiciones para la posibilidad de este fallo disruptivo– tendría una vida fugaz. Las fuerzas que se habían agrupado a favor de esta interpretación velozmente romperían filas y la propuesta de un nuevo derecho habría de esfumarse o, si se quiere, volver a esconderse a la espera de un futuro mejor momento.

3La espiral de hechos que se sucedieron fue vertiginosa. En apenas semanas se pasó del pronunciamiento de la Corte a la realización de una masiva manifestación en la Plaza de Mayo. Simultáneamente, se dictó –con el apoyo cuasi unánime de todas las fuerzas políticas– la Ley 27.362. Esta limitaba la aplicación del 2x1 en favor de los genocidas, buscando cancelar las críticas y la indignación social que había provocado el fallo de la Corte Suprema de Justicia.2 La velocidad de los eventos, la reacción de un abanico imprevisible de fuerzas políticas y sociales, la cohesión de la posición y los acuerdos transversales logrados, las primeras posiciones favorables del Gobierno nacional, su casi inmediata contramarcha, el dictado de la particular ley interpretativa por parte del Congreso y la multitudinaria marcha a la Plaza de Mayo fueron todos hechos que difícilmente podrían haber sido previstos por algún analista político o jurídico.

4¿Por qué las cuestiones que decidió el fallo son particularmente importantes? ¿De qué forma se llegó a este pronunciamiento? ¿Cuál fue la relación entre la política y el derecho? ¿Cuál fue, cuándo llegó y cómo se construyó la reacción de la comunidad política en su conjunto? ¿De qué forma las modificaciones que se relacionan con la ciberpolítica pudieron haber afectado la dinámica que llevó a que este pronunciamiento fuera cuasi vaciado de contenido en un tiempo muy reducido? Este trabajo ensaya breves apuntes que pueden ayudarnos a demarcar un cuadro de situación. Uno de los principales objetivos es el de plantear que el comportamiento de la política y el Poder Judicial se debió a la permeabilidad de estos estamentos para con formas no tradicionales de influir en las decisiones políticas y judiciales que debían ser adoptadas. Escrito desde una perspectiva jurídica, busca esbozar un posible puente de comunicación entre el mundo del derecho y el de la comunicación para favorecer una reflexión acerca de las mutaciones que la práctica judicial puede sufrir en virtud del afianzamiento de formas diversas, no tradicionales, de aproximarnos a la comunicación política.

9. 2. Las decisiones

5¿De qué forma cada comunidad política decide un conjunto de respuestas institucionales para resolver la cuestión de su propio pasado de violencia institucional?

6La forma en que cada Estado elige enfrentar su pasado violento constituye uno de los conjuntos de decisiones de mayor trascendencia que podamos generar colectivamente. La búsqueda de la mejor solución posible en términos jurídicos, morales y políticos se convirtió en una de las preocupaciones centrales de la política contemporánea (Portinaro, 2011, p. 11). La cuestión ayuda a pensar redefiniciones, a establecer qué tipo de límites pueden imponerse, por cuáles tipos de violencia la sociedad ya no está dispuesta a transitar.

7Existen períodos particulares en los que se producen espirales políticas y sociales que permiten y obligan a que se tomen decisiones de carácter extraordinario. En estos casos se verifican contextos históricos caracterizados por un período de cambio, por procesos de reconstrucción del Estado y también por las respuestas institucionales brindadas a la violencia extrema. Se trata de períodos de refundación del colectivo social, generados muchas veces a partir de la movilización de la ciudadanía. Entonces, la justicia transicional –en toda su dimensión– no solo sería un deber del Estado sino, fundamentalmente, una posibilidad de trazar las líneas de su futura configuración.3

8La Argentina, que parecía haber logrado consolidar y proyectar una política de derechos humanos virtuosa y aceptada, volvía a transitar un período de rediscusión de acuerdos. La calma y la estabilidad que se pretendían sobre el punto volvían a eclosionar. La contingencia de la política volvía a penetrar, implacable, en terrenos temporalmente pacificados por un derecho que había logrado consolidarse durante los últimos años en torno al problema transicional. La sentencia analizada de la Corte desafiaba todas estas cuestiones nucleares. En esta clave debe ser leída la interpretación que realizó la Corte y también las reacciones que se suscitaron. A continuación, se aborda un puñado de notas definitorias acerca de la cuestión transicional.

9. 3. El fallo

9El fallo Muiña fue un imprevisto golpe para la pretensión, quizás demasiado esperanzadora, de que en la Argentina se hubiera encontrado un conjunto de acuerdos sólidos en materia transicional. Repentinamente, la Corte Suprema definió que los represores que ya habían sido condenados y que se encontraban cumpliendo penas efectivas habrían de ser beneficiados, de ahora en más, por la derogada Ley 24.390. El tribunal pasaba a mostrarse favorable a otorgar un beneficio –el de computar según la regla del 2x1 los días de presión preventiva– a los responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad.

10¿Quién había sido Luis Muiña y qué conductas le estaban siendo reprochadas? ¿Por qué delitos y cuándo había sido finalmente condenado? Luis Muiña estaba cumpliendo su condena por hechos ocurridos durante el mes de marzo de 1976. Hace ya más de cuarenta años, un operativo militar había ocupado con tanques y helicópteros el Hospital Posadas, situado en la localidad bonaerense de Haedo. Durante esa madrugada, se detuvo a personal del nosocomio y se lo trasladó, clandestinamente, a un centro de detención; allí, como era práctica corriente, se los torturó y se los mantuvo ilegalmente privados de la libertad. Fue condenado por estos hechos, determinándose que había sido coautor del delito de privación ilegal de la libertad cometido por un funcionario público con abuso de sus funciones sin las formalidades prescriptas por la ley. El delito se encontraba agravado por haber sido llevado a cabo a través del uso de la violencia, amenazas, en concurso ideal con la comisión del delito de imposición de tormentos en relación con las condiciones del cautiverio. Se trató de una conducta de carácter reiterado y se comprobó su comisión en cinco oportunidades contra cinco víctimas diferentes. Establecida la pena en trece años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal –y luego de que la Corte Suprema hubiera rechazado el recurso extraordinario planteado por Muiña en el mes de agosto del 2013, y de que el fallo quedara firme– el Tribunal Oral Federal realizó el cómputo de detención y de pena del condenado aplicando la Ley 24.390, 2x1. El Ministerio Público Fiscal recurrió esta decisión y la Sala iv de la Cámara Federal de Casación Penal determinó que no correspondía aplicar el beneficio establecido en la Ley 24.390 por no ser aplicable al caso en cuestión. La defensa de Muiña interpuso el recurso de queja por recurso extraordinario no otorgado por la Corte Suprema de la Nación. Este fue el devenir procesal de una situación que entonces retornaba al Máximo Tribunal para determinar, en forma definitiva esta vez, cuál sería efectivamente la forma en la que debía ser computada la detención y la pena de Muiña.

11¿De qué manera decidió la cuestión la nueva Corte? Antes de responder a esta pregunta es importante recordar que el Tribunal llamado a resolver la cuestión recientemente había modificado su composición, que sus propios equilibrios y juegos de mayorías se habían modificado a partir de la inclusión de los dos nuevos integrantes propuestos por el Gobierno, Carlos Rosenkratz y Horacio Rosatti y, fundamentalmente, que el proceso de designación de los nuevos jueces había sido particularmente polémico. Este proceso, un acto institucional de extrema importancia política, había pretendido ser conducido originalmente por el Gobierno a partir de la figura del decreto presidencial. Solo después de las presiones recibidas por un amplísimo arco opositor a esta medida fue reencauzado según el procedimiento ordinario, intervención del Congreso, participación de la ciudadanía, observaciones de ong a las candidaturas.

12Recordado este punto, volvamos al caso que nos ocupa. En el caso Muiña, la Corte Suprema argentina se pronunció a favor de la aplicación de la Ley 24.390, actualmente derogada y que se encontró vigente en la Argentina solo desde el año 1994 hasta el 2001. La norma establecía reglas excepcionales para el cómputo de la prisión que efectivamente debían cumplir los condenados en virtud del tiempo durante el cual ellos habían permanecido bajo el régimen de la prisión preventiva. La Corte sostuvo que la ley era una norma que traía aparejado un beneficio para los condenados, que este beneficio era aplicable para todo tipo de delitos y que era necesaria la aplicación del principio de ley penal más benigna establecido en el artículo 2 del Código Penal. La Ley 24.390 había establecido un beneficio para los imputados, el cual era aplicable a todos los delitos; no se había previsto excepción alguna en la norma citada y, por lo tanto, este era aplicable imperativamente, incluidos los delitos de lesa humanidad.

13La Corte fundamentó su decisión en la consideración de que debía siempre –y en todos los casos– aplicarse la ley penal más benigna y que este principio debe ser aplicable también en los casos en que se involucraran delitos de lesa humanidad.

14A modo de ejemplo, la explicación que publicaba el periódico Página 12 sobre este punto:

La ley del 2x1 fue sancionada en 1994, 18 años después de los delitos por los cuales fue condenado el agente civil de inteligencia Luis Muiña, y derogada en 2001, una década antes de que fuera detenido. Se trató de una ley de excepción, concebida para descomprimir la situación en los penales, superpoblados de detenidos sin condena. Ni Muiña ni otros responsables de crímenes de lesa humanidad estaban entre ellos, ya que en esos años rigieron las leyes y decretos de impunidad de los sucesivos presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem. Al absurdo legal se suma el disparate constitucional que desconoce la obligación de castigar en forma proporcional esos crímenes, como surge de los tratados internacionales de Derechos Humanos, que desde 1994 tienen jerarquía constitucional, y de la jurisprudencia acumulada desde entonces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Verbitsky, 2017)

9. 4. La justicia transicional como parte de la agenda política

15La justicia transicional es y ha sido parte fundamental de la agenda política latinoamericana. El problema transicional es una cuestión que insistentemente recorrió la historia.4 Define su fisonomía a partir de múltiples decisiones que se relacionan con qué, hasta cuándo y cómo proceder con procesos judiciales, búsqueda de la verdad, construcción de memoria, reparación de víctimas. El arco que fue desde la vendetta pura hasta la impunidad, pasando por un amplio abanico de respuestas frente a conductas que incluían procesos de reparación integral, búsqueda de la verdad, construcción de memoria, purgas de funcionarios públicos comprometidos con el anterior gobierno, así como la persecución penal por actos que hoy son considerados como crímenes contra la humanidad, genocidios y torturas, han caracterizado un mapa de soluciones variable, complejo, no lineal, difícilmente acumulable (Portinaro, 2001, p. 11). Sin embargo, esta caja de herramientas que hoy define, en sus términos nucleares, al conjunto de respuestas que desde el Estado pueden brindarse en un período transicional no siempre se encontró disponible para el nuevo gobierno. Este cuadro de situación comenzó a modificarse durante las últimas décadas.5 Es así que aquellas opciones de políticas en torno a la justicia, la verdad, la memoria y la reparación a las víctimas comienzan no solo a consolidarse como una posibilidad retórica, sino que los gobiernos empiezan a adquirir la posibilidad de decidir, ejecutar y dar estabilidad a decisiones transicionales que vayan más allá de respuestas acomodaticias y extremadamente condicionadas. En los hechos, comienza a darse una creciente capacidad –por parte de los nuevos gobiernos– de esbozar, no sin dificultades, respuestas sustantivas, amplias, que en principio no excluían ninguna herramienta, acerca de cómo debían enfrentarse a su pasado violento.6 La posibilidad de decisiones sustantivas en materia transicional pasó a ser mínimamente planteada debido a que la opción de la impunidad ya no era la única alternativa posible.

16Esta pluralidad deseable de opciones, que ahora se generan a favor del Estado para que diseñe una política transicional propia, no implica que no se pueda –e incluso que no se deba– generar estabilidad y consolidar una respuesta o un conjunto de respuestas preferidas sobre otras. Esto es, precisamente, lo que le brindará identidad a la solución local, el punto sobre el cual deberán converger acuerdos, posibilidades, coyunturas y obligaciones. Esto fue lo que ocurrió exactamente en la Argentina. A pesar de reconocer la posibilidad y la deseabilidad de un universo transicional no uniforme, estático, dado y no construido, se puede –al mismo tiempo y en parte precisamente por esta capacidad performativa de las decisiones locales– reconocer un conjunto de decisiones que permitan caracterizar al específico modelo argentino de justicia transicional.

17La Argentina, no en forma necesaria sino a través de un complejo entramado de decisiones, había llegado a definir su propio perfil de justicia transicional. El fallo Muiña desafiaba la propuesta que se había consolidado en el país.

9. 5. La política transicional

18La forma en la que el Estado argentino había decidido sobre la cuestión transicional fue oscilante. El camino que fue desde una primera autoamnistía, pasando por el Juicio a las Juntas, el Nunca Más, las leyes de la obediencia debida y punto final, los indultos de Carlos Menem, los procesos penales en terceros países, las condenas en ausencia, la declaración de la inconstitucionalidad de las leyes de perdón y los indultos, la reapertura de los procesos penales en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner constituyeron un entramado histórico, político y jurídico de una intensidad y complejidad pocas veces verificadas en la Nación. Fueron más de cuarenta años en la búsqueda de un vector posible, justo y, al mismo tiempo, estable que permitiera consolidar un esbozo de política pública sobre la cuestión.7

19La solución argentina se basaba en una aguda interrelación entre cada uno de los ejes centrales de la justicia transicional, justicia, memoria, verdad y reparaciones. Catalina Smulovitz (2008) realiza una exhaustiva descripción sobre la extensión y la multiplicidad de los diferentes tipos de intervenciones de carácter judicial y extrajudicial que se verificaron en la Argentina. La autora enumera las siguientes estrategias: reparaciones económicas, utilización de tribunales internacionales, pedidos de perdón de carácter oficial, fijación de fechas públicas de carácter conmemorativo, establecimiento de espacios de memoria, juicios por la verdad.

20Esta política pretendía ser presentada como un punto de no retorno sobre la cuestión. ¿Esto era realmente así? La realidad demostraría la inestabilidad de estas representaciones, la posibilidad de que existan desafíos genuinos a la forma en que la realidad había sido configurada desde el derecho demostraba, fundamentalmente, el error acerca de la supuesta indiscutibilidad de la cuestión. La decisión de la Corte desafiaba esta certeza. Reconocer la importancia y la trascendencia que para una comunidad política tiene el respeto de los derechos humanos –la consolidación de una política pública que los tome como un eje fundante del Estado– no implica, sin embargo, dejar de reconocer que, necesariamente, nos encontramos en un espacio donde las disputas sobre los acuerdos siguen existiendo, donde la polémica no ha sido cancelada, donde las decisiones continuas y contingentes siguen siendo la norma.

21Aun cuando la cuestión transicional tenga íntima relación con el núcleo duro de la vida de los derechos humanos, estas cuestiones no pueden permanecer cauterizadas, excluidas de la discusión pública. Las interpretaciones dominantes son desafiadas apenas se construyen las posibilidades para que florezcan visiones alternativas a las oficialmente sostenidas. El fallo de la Corte volvió a poner el foco, una vez más, en la necesidad de atravesar un nuevo momento «en el proceso de construcción de ciertos sentidos sobre el pasado» (Feld y Franco, 2015, p. 11).

22La Corte ensayó una nueva interpretación normativa y –mucho más allá de los tecnicismos que genera el reciente fallo; de las interpretaciones, cuanto menos, forzadas que proponía– lo que parecía definirse era la posibilidad de imponer un nuevo modelo judicial, pero también político, de enfrentar a la violencia estatal extrema del pasado. Cuando se creía haber encontrado una serie de acuerdos comunes y sólidos –basados en la aplicación estricta del programa de castigo, verdad, memoria y reparaciones–, la actualidad volvía a proponer un terreno diverso. Cuando se pensaba haber encontrado una verdadera política de Estado, tal como recuerda en el mismo fallo el juez Lorenzetti, la realidad vuelve sobre el terreno de la incerteza, de la inconsistencia, de la impunidad.

23La Corte Suprema modificaba regresivamente la manera en que se había decidido en la Argentina dar tratamiento a la responsabilidad penal sobre crímenes aberrantes cometidos durante la última dictadura. Aprovechando la nominación de los nuevos miembros del supremo tribunal, y envalentonados por un clima que hacía posible una nueva interpretación acerca de los límites y las posibilidades que el derecho penal debería jugar en el espacio de la justicia transicional, la mayoría de la Corte ensayó una interpretación novedosa. El caso Muiña se perfilaba como un paso en la dirección de la consolidación de una nueva forma de aplicación mucho más restrictiva y condicionada del derecho penal frente a los crímenes del Estado.

24La decisión fue producto de un pronunciamiento aislado desde lo alto del poder del Estado con menor legitimidad democrática. La nueva Corte, sorpresivamente, decidió un caso concreto que habría de tener consecuencias de una gran trascendencia institucional. Si bien existían indicios de un clima favorable desde el Gobierno y sus aliados para intentar ensayar un cambio de rumbo sobre la materia transicional, la cuestión en el ámbito político y jurídico no había madurado. Incluso la misma Corte podría haber elegido un camino más favorable a la deliberación pública. Como escribe Lucas Arrimada (2017), un caso de esta particular relevancia «y con este impacto podría haber tenido un especial tratamiento y discutirse en público. Nadie supo de la decisión ni de su relevancia hasta demasiado tarde».

25El resultado que produjo su propuesta en la comunidad local fue el de un rechazo caracterizado por la profundidad y la transversalidad de los acuerdos alcanzados en una pluralidad de actores que, genuina o interesadamente, se agruparon en forma rápida bajo la defensa en un todo del modelo dominante basado en una aplicación estricta del derecho penal. El resultado al que se llegó, y la dinámica a partir de la cual se arribó a un amplio rechazo a la propuesta interpretativa de la nueva Corte Suprema, fue mucho más que importante.

26Luego de estos sucesos, el mapa jurídico volvió a cambiar. Se produjo el silencio de la Corte Suprema de la Nación y la pronta aparición de fallos de tribunales inferiores contrariando la postura sostenida por el máximo tribunal. Se resolvió no aplicar el beneficio de la ley para los casos de represores. El tinte con el que la Corte Suprema intentó impregnar la cuestión tuvo una suerte efímera. A continuación, se verá una posible razón de este fracaso, de este abandono por parte de los restantes poderes del Estado a una Corte que debió refugiarse y aceptar la contramarcha.

9. 6. El margen de la discusión transicional

27Pensar que aplicar el derecho es una operación mecánica es una visión demasiado simplista. Pensar que los jueces pueden ensayar cualquier interpretación sobre las normas también lo es. La cuestión es más compleja y aquí pasa a tomar la importancia que debe tener respecto del clima jurídico político que comenzaba a intentar posicionarse en la Argentina al momento del fallo. La circunstancia central que hizo posible un fallo como Muiña fue precisamente este precoz clima político que se estaba gestando.

28La comunidad de intérpretes restringe, y amplía al mismo tiempo, el campo de discusión posible. Establece un marco donde es factible articular un discurso posible y comprensible por todos los participantes de una práctica particular. Al mismo tiempo, establece que determinadas cuestiones no podrán ser planteadas, que serán consideradas como movidas fuera del juego que se ha decidido jugar. En la Argentina contemporánea, una nueva tendencia parecía ir perfilándose. Comenzaba a mostrarse ya en 2014, cuando Mauricio Macri –por entonces, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y luego presidente electo para el período 2015-2019– respondía a la pregunta acerca de si era fundado el temor por parte de los organismos de derechos humanos de una marcha atrás en los avances conseguidos con el kirchnerismo; en sus palabras: «Mi gobierno ha sido defensor de los derechos humanos, de la libertad de prensa, acceso a la salud y la educación. Ahora los derechos humanos no son Sueños Compartidos y los curros que han inventado. Con nosotros, todos esos curros se acabaron» (Rosemberg, 2014).

29En Muiña, la Corte acompañó las señales que surgían desde el Gobierno, una línea ofensiva por parte de una pluralidad de actores contra la forma en la que el Estado argentino había decidido enfrentar a su pasado violento recientemente, una línea que buscaba limitar, tornar más laxo, encontrar espacios de excepción, para la política de castigo pleno que caracterizaba al modelo transicional argentino. Con el nuevo gobierno, el tema de los derechos humanos declinado en clave transicional perdía «la centralidad que ocuparon durante el kirchnerismo. Ni el presidente ni sus funcionarios les dedican mucho tiempo ni mucha energía» (Natanson, 2017, p. 2). Desde aquel indicio de lo que podría haber ocurrido si Macri llegaba al gobierno hasta el fallo de la Corte Suprema, las señales se intensificaron. Una vez en el gobierno, y con mucha mayor intensidad que en los meses inmediatamente previos al fallo, las señales se habían incrementado. Algunos de los hechos políticos y jurídicos permitían suponer la gestación de un discurso distinto sobre la cuestión transicional, un discurso alternativo que se encontraba –si no apoyado, al menos tolerado– por el nuevo Gobierno nacional. Así las cosas:

1. Se avanzó en la búsqueda de poner en discusión la cifra de treinta mil desaparecidos. Darío Lopérfido, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y miembro de la coalición de gobierno de Macri, en enero de 2016 afirmó que el número de personas desaparecidas era sustancialmente menor y que esa cifra había sido arreglada en «una mesa cerrada» para «conseguir subsidios» (Darío Lopérfido: «En Argentina no hubo 30 mil desaparecidos», 2016).
2. Se toleró y propició la participación de militares asociados con la represión durante los actos oficiales de festejo del Bicentenario de la Independencia. En el desfile militar, la novedad fue que, en Tucumán, frente al presidente, lo hicieron participantes del Operativo Independencia: la operación de aniquilamiento del foco guerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo en Tucumán lanzada en 1975 –un verdadero laboratorio de las prácticas del terrorismo de Estado–. En la ciudad de Buenos Aires, participó Aldo Rico, el jefe de comandos veteranos de Malvinas que organizó el alzamiento carapintada de 1987 contra el gobierno democrático de Raúl Alfonsín.
3. Hubo una amplia discusión a partir de las provocativas declaraciones del titular de Aduana del gobierno de Macri, Juan José Gómez Centurión, quien llegó incluso a relativizar la existencia tanto de un plan sistemático de carácter terrorista por parte del Estado como la cifra de los treinta mil desaparecidos.
4. Se ampliaron los mensajes de reconciliación. Por parte de la Iglesia comenzaron a multiplicarse. Así, por ejemplo, en la 13^a Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina (cea), se «puso en marcha una propuesta de “reconciliación” por lo ocurrido durante la última dictadura militar, para lo cual los obispos comenzaron a recibir testimonios directos de familiares de desaparecidos y de militares. Los obispos, que apuntan a “sanar heridas” de ese período, dieron inicio a este proceso en la asamblea plenaria de la cea que se desarrolla en la Casa de Retiros Cenáculo-La Montonera, de la localidad bonaerense de Pilar» (La Iglesia inició diálogo de «reconciliación» entre familiares de desaparecidos y militares, 2017).
5. Desde el Poder Judicial se avanzó en la posibilidad de consentimiento para reconocer el beneficio de la prisión domiciliaria para los casos de represores de edad avanzada. Se trató, en este caso, de la discusión sobre la cuestión de la «prisión domiciliaria para el represor Felipe Jorge Alespeiti que, por sus 85 años y su dudoso estado de salud, habilitó discusiones sobre la pertinencia de la medida» (Hauser, 2017).
6. Desde la misma Corte Suprema, a través del fallo Fontevecchia, se limitó la trascendencia del poder de las decisiones de la Corte Interamericana. Teniendo en cuenta la intimísima relación que el discurso de los derechos humanos mantuvo con el derecho internacional, la relación de dependencia que gran parte de las decisiones judiciales sobre la materia tuvieron para con normas de carácter internacional, la mayoría de ellas provenientes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta decisión provocó, indudablemente, un impacto relevante en el core del modelo transicional argentino.
7. Desde el Poder Judicial, se dictaron sentencias en el fuero civil, en donde se estableció que pasaban a prescribir aquellas acciones civiles iniciadas por los sobrevivientes y los familiares víctimas de la última dictadura militar relacionadas con los procesos por violaciones a los derechos humanos.

30En suma, el fallo Muiña, si bien sorpresivo en su timing, no cayó desde el cielo. Existía ya un clima político y jurídico que tornaba posible una interpretación alternativa a la dominante en materia transicional. La Corte, consciente de esto, aprovechó la oportunidad y optó por decidir sobre el caso, buscando alterar los equilibrios logrados, confiando en la corrección jurídica de su pronunciamiento y, también, en el apoyo político que esta medida habría debido de tener. Algo ocurrió en el camino y el resultado alcanzado no fue el previsto.

9. 7. La rediscusión de la justicia transicional en un registro diverso

31¿De qué forma la transformación sustantiva de la comunicación política en nuestras democracias pudo haber condicionado la manera en que se resolvió la cuestión Muiña? ¿Cómo la ciudadanía pudo haber empujado a que el mundo de la política y el derecho hayan debido rectificar su original posición de producir un cambio profundo en lo que respecta a la política en materia transicional en la Argentina? ¿Qué relación tuvieron estas nuevas relaciones con la vertiginosa velocidad con la que se sucedieron los hechos? Apenas a modo exploratorio, podrían esbozarse una serie de respuestas a estas cuestiones.

32Si es posible identificar a los fenómenos de ciberpolítica, democracia electrónica, democracia digital con un proceso amplio y difuso caracterizado por la «hipotética transformación de las democracias contemporáneas al compás del uso de Internet y las nuevas tecnologías en la transformación de mensajes de naturaleza y repercusión política» (Dader, 2016, p. 309-342), parecería que la forma en la cual la ciudadanía reaccionó activamente ante el fallo Muiña, aun antes de la masiva manifestación en la Plaza de Mayo y de la contemporánea ley interpretativa y correctiva del Poder Legislativo, se enmarca en este cambio de dinámica para con la forma en que los palacios del poder deben relacionarse con la población.

33Si bien, tradicionalmente, el devenir de la cuestión Muiña hubiera transitado por una dinámica del poder intramuros, en 2017, la cuestión –imprevisiblemente para los promotores del cambio: Corte Suprema y Gobierno– desbordó. Stefano Rodota (1997) contrapone a la noción de una democracia delegada –definida por una relación de carácter intermitente y esporádico entre ciudadanía y clases dirigentes– la de una democracia continua. Una idea mucho más demandante, donde ciudadanos y élites deben interactuar a través de múltiples redes y espacios de comunicación en una forma mucho más ágil, continua, directa. En ella, las agendas políticas son más flexibles y la capacidad replicante del ciudadano de a pie tiene la potencialidad de ser amplificada si encuentra eco en una red densa de relaciones e interacciones. ¿De qué otra forma puede sino ser comprendida la creciente y exponencial reacción social que se generó a partir del fallo y, fundamentalmente, la también inmediata reacción que desde el Gobierno y desde prácticamente toda la clase política se generó contra el fallo? Si fue posible pensar que el fallo Muiña se convertiría en un elemento dentro de una estrategia judicial alternativa que parecía estarse propiciando en la Argentina –particularmente a partir de la llegada al gobierno del presidente Macri– la resistencia que se generó en torno a la decisión de la Corte provocó una rapidísima retirada. Cuando, desde cada uno de los actores políticos y judiciales, se percibió lo sólida que era la resistencia hacia la posibilidad de un cambio de paradigma en el tipo de respuesta transicional privilegiada en la Argentina, el cambio de rumbo fue indisimulable.

34Dos sucesos marcaron la superficie de la reacción y ocurrieron de manera simultánea. Por una parte, el Congreso de la Nación Argentina dictaba la ley interpretativa. Se trataba de una norma que venía a brindar una interpretación genuina a la Ley 24.390 y, de esta manera, orientar la forma en que los Tribunales habrían de resolver futuros casos cuando la norma fuera invocada. Se trataba de una norma legal que buscaba, desde el mismo Poder Legislativo, generar una directiva de carácter interpretativo, determinando cómo debería ser leída una norma preexistente. La particularidad de la norma radica en que desafía la concepción dominante acerca de que son los jueces quienes tienen la última palabra en materia interpretativa de las normas y que es tarea del Poder Judicial ser el último decisor acerca de cómo deben precisamente interpretarse las normas dictadas por el Poder Legislativo. Esta cuestión no será problematizada y el Congreso Nacional, con una amplísima y transversal mayoría, decidió brindarle un sentido cierto y actual a una norma que estaba haciendo demasiado ruido en la sociedad.

35Si bien el fallo Muiña era aplicable solo para el sujeto concreto, el problema que planteaba era que el precedente que sentaba la Corte Suprema hubiese sido utilizado por una multiplicidad de otros genocidas condenados y, si el criterio sostenido en el fallo no era alterado, ellos también se hubiesen beneficiado con esta nueva interpretación normativa. La ley interpretativa pretendía, y de hecho lo hizo, generar un freno y lanzar un salvavidas para todo el Poder Judicial que, de ahora en más, amparado por el hecho nuevo que implicaba la norma interpretativa, podría ser restrictivo con la aplicación de la norma y contrariar lo decidido por el máximo tribunal de justicia de la Nación.

36En paralelo, se produjo una masiva manifestación en la Plaza de Mayo. Una multitud se reunió para mostrar su rechazo contra el otorgamiento del beneficio del 2x1 para los represores juzgados y condenados por haber cometido delitos de lesa humanidad. Organismos de derechos humanos, partidos políticos y otros sectores se concentraron en repudio al fallo de la Corte Suprema.

Con una amplia unificación del espectro político, participaron de la movilización organismos de derechos humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo y el colectivo Espacio Memoria, Verdad y Justicia. También se sumaron la cgt, las dos cta, organizaciones sociales, el fit, otros partidos de izquierda, Libres del Sur y el fpv, entre otros. La manifestación está encabezada por Madres Línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo. (Struminger y De los Santos, 2017)

37Usualmente reconocidas como una acción que era capaz de dirigir los vectores de la política, las grandes manifestaciones, su organización, gestión, interpretación se transformaron en una herramienta de particular potencia para intervenir en la manera en que las políticas públicas tomaban forma. Sin embargo, la movilización de cientos de miles de personas el 10 de mayo de 2017 en la República Argentina tiene particularidades que, sin dejar de poner de manifiesto la importancia del encuentro popular, obliga a repensar la dinámica del evento.

38¿Dónde radica la novedad? Por una parte, en que –aun cuando la manifestación fue convocada y organizada en un tiempo brevísimo y que contó con una participación masiva, es decir, aun cuando fue exitosa en cuanto a sus rasgos fisiológicos– la capacidad de influir y determinar las decisiones políticas no fue esta vez determinante. Por otra, en que la menor incidencia de la manifestación no se debió a ningún problema propio de la dinámica del encuentro, sino a que ya antes de la multitudinaria reunión los puntos polémicos que habían conmocionado a la Argentina habían sido resueltos por la dirigencia política. Esto, en parte, había sido producto de un novedoso tejido comunicacional que –a través de un complejo entramado de redes, en su mayor caso de carácter virtual– ya habían sedimentado una posición extremamente contraria a la original decisión de la Corte Suprema argentina. En este contexto, la manifestación fue el golpe de gracia, la extrema confirmación de un acuerdo amplio que ya se había manifestado en todo tipo de plataformas de discusión presencial y, fundamentalmente, virtuales.

39La reacción general fue homogénea y este aparente consenso espontáneo provocó un reacomodamiento de las posiciones de los principales actores políticos y judiciales. La reconstrucción del clima de rechazo es descripta por el periódico Página 12:

intenso y extenso repudio que provocó el fallo de la Corte Suprema de Justicia, aplicando a un condenado por crímenes de lesa humanidad la derogada ley extraordinaria del 2x1, ha sembrado el desconcierto en quienes desde el gobierno nacional y la Iglesia Católica lo impulsaron, pero también en sectores de la oposición y en el propio tribunal. Nadie esperaba semejante reacción, que cruza todos los sectores sociales y los alineamientos políticos y que confluirá mañana en una movilización sobre la Plaza de Mayo que promete ser enorme. Incluso, mientras el papa Bergoglio pronunciaba su homilía dominical desde la ventana sobre la Plaza de San Pedro, medio centenar de personas exhibieron carteles de repudio al fallo. (Verbitsky, 2017)

40Tomemos las declaraciones del senador Miguel Ángel Pichetto, quien afirmó que la sentencia «disparó una conmoción» y que, ante esta situación, el Congreso debió adoptar velozmente una actitud reparadora y colaborativa con otro poder del Estado, «porque con esta ley interpretativa le da instrumentos para poder retomar un camino de compromiso con los tratados internacionales, con los derechos humanos y con la tradición de la Corte» (Ybarra, 2017). Aún más interesante es la forma en que el mismo senador describe cómo, desde el mismo Gobierno, se reagruparon las posiciones y permitieron que se construyeran estos amplios consensos. En sus palabras, la situación que se desencadena luego del fallo de la Corte:

No solo sorprende al Gobierno, sino que le impacta negativamente. Es un tema en el que, cuando Durán Barba hizo los focus group y Marcos Peña empezó a armar a los trolls para analizar qué pasaba en las redes, se encontraron con una bomba. Hasta el propio presidente tuvo que salir a decir que no estaba de acuerdo. (Ybarra, 2017)

41La espiral de retirada y de abandono de cualquier tipo de apoyo o acompañamiento a la posición propuesta por la Corte se desencadenó en forma veloz. En consonancia con lo afirmado por Pichetto:

Marcos Peña Braun, quien es el estratega electoral del gobierno, fue el primero en cuestionar el fallo, y lo siguieron ordenadamente Rogelio Frigerio y Federico Pinedo, quien hasta anunció un proyecto de ley del oficialismo para oponerse. Garavano dijo que el 2x1 era una ley perversa contra la que siempre se había opuesto y que su aplicación a crímenes de lesa humanidad «debería estar fuera del debate jurídico». El ministro ni siquiera descarta hacer algún tipo de presentación ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, como si fuera un particular afectado por el fallo y no un miembro del Poder Ejecutivo que representa al Estado Nacional. (Verbitsky, 2017)

42Se produce un cambio de rumbo en todas las fuerzas políticas a partir de la lectura de la reacción que provoca el fallo. No es aventurado sostener que la movilización de la ciudadanía en una pluralidad de foros no tradicionales y ajenos a los usuales corrillos de la política tradicional genera un espacio que se presenta como una respuesta contra la opacidad del poder, como una ventana de aire fresco que agrega, si no transparencia, múltiples posibilidades de articular reacciones alternativas frente a una propuesta que llegaba desde lo alto.

43El mundo del derecho y el mundo de la política terminan reconociendo oportunamente este estado de situación y adecuando sus acciones a una reacción ciudadana que, seguramente, no había sido prevista y que no podía dejar de ser tenida en cuenta. Fundamentalmente, si debía juzgarse la oportunidad política y la relación costos beneficios de la situación.

9. 8. Un nuevo momento transicional

44Si comenzaron a perfilarse señales que podrían haber vuelto a abrir la discusión sobre la política pública desarrollada por el Estado argentino en torno a la problemática de la justicia transicional, el fallo de la Corte sirvió para volver a compactar a un cuadro social y político que no parecía tan coherente, homogéneo y cierto de las bondades del modelo dominante en torno al problema, un modelo rígido construido sobre la noción de castigo penal pleno.

45Mientras que en los meses inmediatamente previos al fallo en cuestión parecían proponerse construcciones alternativas, podría pensarse que el fallo de la Corte volvió a poner foco, una vez más, en la necesidad de atravesar un nuevo momento «clave en el proceso de construcción de ciertos sentidos sobre el pasado». Probablemente, el conjunto de acciones posteriores al fallo judicial, y previas a la gran manifestación del mes de mayo, junto con dicha movilización, hayan logrado generar un «cambio de percepción […] y masivo sobre cómo debía ser pensada» la cuestión del juicio y castigo (Feld y Franco, 2015, p. 11).

46El espacio de la justicia transicional es polémico, aun contra algunas de las más firmes intuiciones, es dificultoso encontrar acuerdos sólidos.8 Estos acuerdos son imperfectos y sujetos a constante revisión, si es que los actores que se opongan al statu quo y a la neutralización del problema alcanzado, son capaces de organizar una interpretación plausible, aceptable dentro de una comunidad política y jurídica determinada. Y esto fue lo que ocurrió en la Argentina durante 2017. El fallo Muiña fue un eslabón más de un discurso que comenzaba a relativizar y socavar la legitimidad del discurso que había dominado la política de la justicia transicional argentina a partir de la última década larga.

47El resultado de la propuesta de cambio de rumbo fue negativo y la resistencia que se generó ante el peligro inminente de una modificación concreta, ya no meramente declarativa, sobre el eje central del template transicional argentino, el castigo penal, tuvo una intensidad probablemente no prevista. El mundo tradicional del derecho y su máximo exponente, la Corte Suprema, tuvieron que replegarse ante las reacciones que surgieron desde una pluralidad de espacios de discusión y acción política no tradicionales que obligaron a las fuerzas políticas y judiciales tradicionales a actuar y corregir el rumbo con una velocidad inusitada. Quizás aquí radique la principal enseñanza de la dinámica que se generó frente al pronunciamiento de la Corte. Los procesos de deliberación y comunicación política han mutado y, si bien no es clara aún la dirección final de este cambio y, si bien tanto las posibilidades como sus riesgos continúan siendo inciertos, los espacios tradicionales deben tomar en cuenta este nuevo escenario que parecería incluir una forma distinta de comunicación social y política.

48El político, y aún más el jurista, deberá percatarse de que su labor va a encontrarse cada vez más sujeta a la capacidad de crítica, de réplica, de censura, por parte de un sistema mediático no convencional que produce una complejización del escenario en el cual deben ser tomadas, mantenidas y corregidas las decisiones públicas trascendentales que regulan la suerte de la comunidad.