Prólogo
p. 13-18
Texte intégral
Tres cuestionamientos y una reflexión final
Cuestionamiento 1
1Esta publicación tiene por objeto difundir y poner a discusión pública una propuesta que es resultado de las investigaciones, reflexiones y prácticas concretas de un equipo interdisciplinario que, como el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad (CIETES) de la UNRN, intenta incidir en el fortalecimiento y la mejora de las políticas públicas. De tal forma, es parte de un trabajo más amplio llevado a cabo en la convicción de que la Universidad Pública debe ser un instrumento profundamente comprometido con la transformación de “las condiciones sociales, económicas y del hábitat de nuestra comunidad”.
2El doble acto que materializa este libro, hacer propuestas de instrumentación de políticas y exponerse a debatirlas públicamente, contribuye positivamente a vincular el conocimiento universitario con las necesidades y problemas concretos de la sociedad en un marco de renovado diálogo entre reflexión, docencia y práctica. Así se cuestiona profundamente la todavía difundida idea de la neutralidad de la producción intelectual, en la cual la función de los universitarios es la de estudiar la realidad desde un lugar externo y supuestamente aséptico. No puede haber neutralidad cuando lo que se debaten son procesos, como los socio-territoriales, donde se dirimen intereses y poder y están en juego los derechos colectivos.
Cuestionamiento 2
3Proponer instrumentos de regulación del mercado de suelo (aun cuando estos, como el impuesto a los bienes urbanos ociosos, estén dirigidos a promover procesos de construcción de ciudades más justas y sostenibles) es en nuestros países un acto completamente contracultural. Y esto es así porque en el imaginario social generalizado (tanto latinoamericano como argentino) la propiedad privada del suelo y sus mecanismos de libre uso y mercantilización forman parte de un núcleo de principios que pareciera que no pueden ser revisados, interpelados y/o cuestionados porque de lo contrario se atentaría contra la esencia misma de la organización de la sociedad.
4No es éste el espacio para revisar cómo se conformó y naturalizó esta falsa creencia. Sin embargo, conviene recordar que hay un completo acuerdo desde muy diferentes y hasta antagónicas posiciones ideológicas en considerar que el mercado es el peor asignador de los recursos cuando se trata de tierra, vivienda, urbanismo y ambiente. Dicho de otro modo, los mecanismos de mercado no pueden garantizar el uso sostenible y equitativo del suelo ni la reproducción de la ciudad en los mismos términos. De allí también la amplísima coincidencia existente respecto de la necesidad de un Estado que cuente con las capacidades necesarias para regular y orientar estos procesos.
5La propuesta de este libro se inscribe en el amplio campo de las tensiones entre la lógica del lucro y la lógica de las necesidades y entre derechos individuales y derechos colectivos, que definen, en esa encrucijada, diferentes modelos de desarrollo territorial. La opción por la construcción de un modelo equitativo y sostenible es fundamentalmente política: los efectos perversos del mercado sobre la ciudad no son fatales sino resultado de opciones políticas perversas. Se trata entonces de modificar los paradigmas y las prácticas naturalizadas que hasta hoy se imponen en la desigual estructuración de la ciudad.
Cuestionamiento 3
6Una de las principales cuestiones que impiden el acceso a un terreno y a una vivienda digna de los hogares argentinos es el obsceno nivel de los precios que tienen los productos en el mercado inmobiliario en relación a los ingresos medios de la población. Por cierto, este forma parte de una larga sucesión de factores concurrentes donde las causas y efectos de cada uno de ellos tienen límites difusos.
7Sin embargo un análisis prolijo del funcionamiento de los mercados muestra que una de las razones más evidentes que motorizan la espiral inflacionaria de los precios inmobiliarios es el amplio despliegue que tienen en la práctica los mecanismos especulativos que operan como una suerte de profecía autocumplida: la retención de inmuebles se justifica en la espera por obtener mejores precios, ésta contribuye decisivamente a reducir la oferta y a crear condiciones artificiales de escasez, lo que a su vez induce a alcanzar más rápidamente las valorizaciones esperadas.
8Este mecanismo, usual y generalizado en nuestras ciudades, no solo es legal sino que los agentes del mercado lo legitiman socialmente, de manera reiterada, bajo el argumento de la preservación del valor del patrimonio frente a las incertidumbres políticas y económicas que padecen nuestros países.
9El objetivo central de la propuesta es el de cuestionar ética, social y políticamente estos argumentos y mecanismos y proponer un instrumento que contribuya a debilitar uno de los eslabones más importantes de la cadena de factores que tradicionalmente han generado la exclusión de los sectores medios y pobres a un hábitat digno. Como se dice en la fundamentación del proyecto de ordenanza que los autores han confeccionado, “lo que se grava no es la propiedad inmobiliaria, sino la especulación y desnaturalización de la propiedad inmueble que está implicada en la persistencia de inmuebles subutilizados o no utilizados dentro del ejido urbano”.
10Las profundas desigualdades en el acceso a los beneficios de la ciudad son la evidencia empírica de haber convertido ese profundo hecho social que es la construcción de la ciudad en pura mercancía, y ese producto colectivo complejo en sumatoria simple de propietarios individuales. El mercado de suelo está en la raíz de la segregación socio–espacial de nuestras ciudades. Las alzas especulativas del precio del suelo desplazan a los sectores populares y a la vivienda social hacia localizaciones cada vez más distantes y segregadas.
11Como hemos dicho en otra oportunidad1,
“(...) las formas de funcionamiento de los mercados de tierra urbana han venido produciendo a través de los años una ciudad económicamente desigual, socialmente excluyente, espacialmente segregada y ambientalmente insostenible. Los mercados de suelo son relaciones sociales y por eso es posible y necesario incidir en ellos.
Para intervenir en los mecanismos que determinan su funcionamiento, promover un uso sostenible y justo de este recurso, reducir sus precios, producir tierra equipada para los sectores medios y pobres urbanos y repartir más equitativamente las cargas y los beneficios es necesario:
promover una nueva visión y legislación en la que el interés común prevalezca sobre el individual, penalizando la retención especulativa de la tierra;
articular las políticas urbanas y las habitacionales con las políticas de tributación de la tierra;
crear mecanismos para la recuperación y distribución de las rentas del suelo que permitan producir tierra urbana equipada y bien localizada para eliminar las desigualdades urbanas;
fortalecer las políticas públicas de regulación urbana y realizar transformaciones profundas a los marcos normativos vigentes”.
12Las cuestiones analizadas más arriba señalan el marco problemático que fundamenta y en el cual se inscribe el proceso de elaboración de la ordenanza que se presenta. En este contexto, se hace imprescindible discutir y crear un nuevo orden urbanístico y jurídico respecto al derecho a la ciudad y a la propiedad inmueble.
Reflexión final
13La propuesta que expresa este libro abre la puerta a posibles formas de articulación entre movimientos sociales, organismos públicos y universidad en la construcción de nuevas políticas urbanas. Esto no es un hecho nuevo y la experiencia muestra que ha tomado distintas formas en diferentes lugares y momentos históricos2.
14Los problemas que presentan nuestras ciudades no radican en la “falta de planeamiento” (como se ha difundido insistentemente) sino en el orden elitista y excluyente de las políticas territoriales. La ordenanza propone, además de dispositivos concretos, abrir la discusión a una nueva concepción del urbanismo, no como mecanismo asegurador de la renta especulativa del suelo (como ha sido tradicionalmente) sino como una función pública que tiene el deber prioritario de garantizar la defensa de los derechos y los intereses colectivos que desarrolla el principio de la función social de la propiedad.
15La historia del urbanismo occidental es la historia del conflicto entre políticas públicas y la propiedad privada del suelo. Por ello, el desarrollo territorial no es un problema técnico que se resuelve con instrumentos tecnocráticos. Se trata de un problema esencialmente político: que el territorio sea objeto de la política, y de liderar un rumbo de desarrollo que cambie sustantivamente las tendencias.
16La experiencia y los aprendizajes en la articulación entre acción colectiva, negociación política y contribución académica son un poderoso vehículo para enfrentar de mejor forma los nuevos y seguramente numerosos retos y conflictos que implica la aplicación de instrumentos que, como esta ordenanza, intentan alcanzar el horizonte de una ciudad más justa.
17Diciembre 2013
Notes de bas de page
1 Construcción del territorio, mercado y política. La experiencia de la ley de hábitat popular en la Provincia de Buenos Aires. Revista Forjando Nº 5 (en prensa). Centro de Estudios e Investigación Dr. Arturo Jauretche Banco de la Provincia de Buenos Aires.
2 En este sentido, cabe resaltar el trabajo asociativo realizado desde 2004 entre el Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda y la Universidad Nacional de General Sarmiento que permitió la sanción de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat en la provincia de Buenos Aires y la constitución del colectivo multisectorial Habitar Argentina, que lleva propuestos 5 proyectos de ley en el Congreso Nacional (ver habitarargentina.blogspot.com.ar).
Auteur
Arquitecto y especialista en planificación urbana y regional. Co-responsable técnico y asesor de planes y proyectos urbanos en más de 30 ciudades argentinas. Ha sido Subsecretario de Políticas Socioeconómicas del Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, asesor del Consejo de Planifi Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, director del Plan de Ordenamiento Territorial de la Cuenca Matanza-Riachuelo en Buenos Aires, Secretario de Planifi de la Municipalidad de Avellaneda y Subadministrador General del Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente es docente del Taller de Desarrollo Territorial de la licenciatura en Urbanismo del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, de distintas maestrías en varias universidades y del curso de desarrollo profesional “Gestión del Suelo en Grandes Proyectos Urbanos” del Lincoln Institute of Land Policy (Boston, EUA).
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