1Bajo el criterio de democratizar el acceso a los medios de comunicación, el Gobierno de Rafael Correa impulsó la redistribución de las frecuencias de radio y televisión; sin embargo, en su gestión se produjo la concentración de medios públicos, hecho que puso en riesgo la pluralidad, ya que el contenido de estos medios se ha centrado en las actividades gubernamentales.

2Alexandra Ayala y María Belén Calvache (2009) señalan que los medios públicos ecuatorianos son «muy progobiernistas» –cuestión que se evidencia en una mayor cobertura de lo estatal– y entienden esta concentración mediática como «una estrategia oficial para enfrentar a los medios privados y difundir sus actividades», y esto, a su vez, obedece a que el presidente de la República «quiere medios porque conoce su poder» (p. 23).

3Ante los problemas de pluralidad, consecuentemente, hay problemas en el ejercicio de los derechos de comunicación que, a su vez, garantizan el cumplimiento del resto de los derechos humanos.

4El camino para lograr una sociedad democrática está en la defensa de las ideas políticas, de la libertad de prensa y del derecho a la información, lo que –frente a los cambios de los últimos años en las telecomunicaciones– constituye un desafío y una necesidad imperiosa, ya que el debate de los temas relacionados con los derechos a la comunicación se ha centrado en la prensa, en los periodistas y en los dueños de medios, como si no se tratase de un problema que atañe a cada persona que en tanto ciudadano debe poder reclamar sus derechos. Además, ha excluido la visión de que a través del ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la comunicación puede lograrse la promoción de todos los demás derechos humanos (La Rue Lewy, 2012, p. 55).

5Para lograr esa libertad de expresión y de acceso a la comunicación se requiere entonces que se cumpla con un requisito fundamental: que no exista concentración mediática en la radio, ni en la televisión, ni en la prensa, ni en los proveedores de Internet. Si no hay monopolios pueden conseguirse mejores condiciones para lograr esa pluralidad de opiniones, de criterios, de pensamiento.

6Esta democratización del reparto de las frecuencias fue una de las premisas que sirvió para plantear, desde el Gobierno de Correa, el reparto del espectro radioeléctrico ecuatoriano que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Comunicación, debe ser de 33 % para medios privados, 33 % para medios públicos y 34 % para los comunitarios.

7Los medios públicos y comunitarios requieren de apoyo para que el sistema mediático de una sociedad se desarrolle y funcione, es decir, deben tener garantizada «su financiación para que puedan ejercer sus funciones centrales para la consolidación de las democracias» (unesco, 1981, párr. 1).

8Esta misma organización dice que los medios públicos «no son comerciales ni de propiedad gubernamental, son libres de la interferencia política y la presión a partir de las fuerzas comerciales» (Unesco, 1981, párr. 5), mientras que los comunitarios rinden cuentas a sus comunidades, que impulsaron su creación para lograr mayor participación y su derecho a poseer medios.

9Este debate, que arrancó poco antes de que Rafael Correa se posesionara como presidente de la República y duró los diez años de su administración, tuvo como trasfondo la constante puja por lograr la hegemonía comunicacional y cultural en el control del Estado por parte de los gobiernos catalogados como populistas (Waisbord, 2014, p. 55), como son los de la Revolución Ciudadana, encabezada por Correa (Ecuador), los de Hugo Chávez y Nicolás Maduro (Venezuela) y los de los esposos Néstor Kirchner y Cristina Fernández (Argentina), todos ellos con múltiples triunfos en las urnas.

10Esta puja también se vio reflejada en una serie de medidas tomadas durante esos diez años, como la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación (junio de 2013) y de sus catorce reglamentos; además del trámite y la vigencia de otras seis leyes que también afectan a la comunicación, como el Código Penal Integral, que tiene un capítulo para la investigación de delitos cometidos mediante los medios de comunicación social. Por la crisis bancaria de 1999, también se ordenó la incautación de más de 500 empresas pertenecientes a los banqueros que quebraron y cuyas deudas asumió el Estado –entre ellas los medios de comunicación que pertenecían a la familia Isaías, como los canales de televisión Gama tv o tc Televisión y decenas de radios y publicaciones–, que no han sido reprivatizadas pese a los anuncios gubernamentales de hacerlo, por el contrario, han pasado a ser parte de los medios públicos.

11Los medios públicos también se han multiplicado, pues ahora existen la Agencia Andes, Ecuador tv, Radio Pública, entre otros, y también se impulsó la creación de medios comunitarios que actualmente tienen problemas de financiamiento.

12La pauta publicitaria oficial también sufrió modificaciones. Rafael Correa –en su Enlace Ciudadano 282, del 28 de julio de 2012– ordenó a Fernando Alvarado, director de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom), que no se paute en «los medios mercantilistas, porque no tenemos por qué, con dinero de los ecuatorianos, beneficiar el negocio de seis familias de este país… Se acabó (Correa, 2012)». Con ello, los periódicos El Comercio, Hoy, El Universo, entre otros, así como los canales de televisión Ecuavisa y Teleamazonas, dejaron de recibir publicidad del Gobierno.

13Martín Dinatale y Alejandra Gallo (2010) consideran que, de la mano del reparto a voluntad de los fondos estatales destinados a la publicidad, hay un sistema de discriminación o castigo hacia los medios y periodistas críticos, ya que «los funcionarios utilizan contratos de publicidad para presionar o requerir a los periodistas que les otorguen una cobertura preferencial» (p. 83).

14Otra herramienta más es la iniciación de procesos judiciales en contra de medios de comunicación, sus propietarios y periodistas. Los casos que han tenido sentencia judicial y han sido motivo de protestas por parte de organizaciones periodísticas a nivel internacional –incluyendo las relatorías especiales para la libertad de expresión, tanto de la Organización de Estados Americanos como de las Naciones Unidas (2012, 2013 y 2014)– son contra el diario El Universo; sus propietarios, los hermanos Pérez, y el editor de opinión, Emilio Palacio, por una columna de este último que fue considerada calumniosa y condujo a una multa por cuarenta millones de dólares y tres años de prisión. Finalmente, Correa los perdonó y no hubo cumplimiento de pena ni pago de fondos. Otro caso es el de Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, por injurias, tras publicar un libro sobre los contratos con el Estado de Fabricio Correa, hermano del presidente, con los mismos llamados de las instituciones defensoras de los derechos humanos a las autoridades gubernamentales (2012, 2013, 2014 y 2015).

15Fundamedios, una organización dedicada a la observación de los derechos de comunicación, al 24 de mayo de 2017, reportaba 2247 ataques a la libertad de expresión (insultos a periodistas, amenazas, intimidación), provenientes especialmente de los funcionarios de Estado desde 2008, y 496 sanciones a medios de comunicación y periodistas en aplicación de la Ley de Comunicación (las relatorías para la libertad de prensa han expresado su preocupación por esta ley desde 2013, año de su aprobación).

16A estas herramientas, utilizadas por el gobierno de Correa, se las identifica como una política populista, que hay que entender bajo la mirada de Ernesto Laclau y sintetizada por Martín Retamozo (2005), en el sentido de que se trata de «la construcción de una identidad popular generada por las exclusiones sociales que el sistema produce en su propia configuración» (p. 255) y, consecuentemente, en una política populista de medios que:

[reivindica] principios por largo tiempo identificados con la izquierda: fundamentalmente la necesidad de establecer regulaciones para nivelar oportunidades comunicacionales. Esta influencia se expresa en la intención de rediseñar la estructura de propiedad, legalizar los medios comunitarios, fortalecer medios estatales e introducir estipulaciones para favorecer la producción de contenidos locales e independientes […] el populismo propone medidas contrarias a ideas básicas del liberalismo político, reivindicadas por cierta izquierda contemporánea, en especial, la regulación legal de contenidos informativos y la expresión en los medios. (Waisbord, 2013, p. 56)

17Omar Rincón (2008), quien también ha trabajado la comunicación de los gobiernos populistas –sin importar la línea política con que se autodefinan–, ha centrado sus análisis en el comportamiento de los presidentes, que no lograrían el nivel de espectacularidad si no tuviesen o no controlasen a los medios de comunicación, como parte de su política de gobierno:

los presidentes convencen porque siempre están en pantalla; la gente admira, cree y tiene fe en su gobernante y ha decidido no saber; peor, aunque se desprecia el Estado, se espera todo de él, y el gobernante es todo el Estado posible. Hemos llegado, entonces, a gobiernos más amigables en los cuales la comunicación es más importante que la ideología; y se gobierna por rating y encuesta. (p. 6)

18Martín Becerra (2014), en cambio, no parte en su análisis de una categoría política como el populismo, sino que presenta lo sucedido como un momento en la historia de la región en donde se cuestiona y se analiza –de nuevo– el papel de los medios de comunicación por parte de algunos gobiernos que, a su juicio, han impulsado nuevas regulaciones para la comunicación y los medios. Según Becerra:

[ellos] combinan respuestas frente a problemas que en algunos casos son antiguos, como la concentración de la propiedad y su extranjerización, la función del Estado como emisor y gestor comunicacional, la subordinación de los órganos de aplicación de las leyes a los gobiernos o el control de los contenidos; otros, en cambio, son desafíos novedosos, como la convergencia tecnológica y productiva entre el sector audiovisual, la gráfica, las telecomunicaciones e Internet. (p. 62).

19En esa lógica, dice Becerra, estos cambios fueron también impulsados por la sociedad civil, es decir que a través de ellos se presionó a los gobiernos para mirar e introducir los cambios en el sistema mediático y de producción de contenidos en la región.

20En el Ecuador, seis meses antes de que termine el gobierno de Rafael Correa, entre el 8 y el 9 de noviembre de 2016, los medios de comunicación publicaron que ese gobierno impulsó la revolución en las telecomunicaciones. Si se siguen las estadísticas del Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información de Ecuador 2016-2021, puede hablarse de un importante crecimiento, porque la cobertura de servicios móviles en 2015 era del 96 % de la población, lo que significó un crecimiento del 7 % con relación a 2006; la infraestructura de redes 3G cubría el 90 % de la población y la de 4G, el 32 %, mientras que en 2006 era del 53 % en la 3G; la penetración de la fibra óptica había llegado a los sesenta mil kilómetros con el consecuente crecimiento de suscriptores de banda ancha fija (Ministerio de Telecomunicaciones, 2015, p. 17).

21Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal), Ecuador tiene un alto crecimiento de Internet, lo cual significa que está en el décimo puesto de conectividad en un ranking de diecisiete países de la región. Estas cifras se polarizan de acuerdo con las zonas: el 40 % de los hogares de los sectores urbanos tiene acceso a Internet, mientras que en la zona rural es del 15 %.

22Pese a que las estadísticas son positivas, no han venido de la mano de más participación, mejor comunicación, mayor respeto por los derechos de los ciudadanos y mayor exigibilidad, por lo menos para quienes piensan distinto a la revolución ciudadana. En un detalle de las cifras expuestas por Fundamedios sobre la libertad de prensa y sus violaciones, entre 2008 y 2017 se registraron 64 casos de censura, 366 agresiones verbales, 408 agresiones físicas, 6 casos de impunidad, 595 sanciones a medios de comunicación y periodistas por la aplicación de la Ley de Comunicación (la mayoría de los casos en contra de medios privados y pese a los cuestionamientos hechos por los organismos internacionales que critican el contenido de la Ley en sus informes desde 2013), 405 casos de uso abusivo del poder del Estado y 41 casos de uso abusivo del poder no estatal (no vinculados con organismos del Estado). 

23En junio de 2016, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (onu), ya había señalado que existen dificultades en el ejercicio de la libertad de expresión en Ecuador, según los resultados de la evaluación periódica hecha al país:

Al Comité le preocupan las alegaciones relativas a algunas disposiciones legales y prácticas que podrían tener el efecto de desalentar la expresión de posiciones críticas o la publicación de información crítica en los medios de comunicación y redes sociales sobre asuntos de interés público y que podrían afectar negativamente al ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Al respecto, le preocupa la información que indica que la Ley Orgánica de Comunicación, si bien consagra importantes principios relativos al derecho a la libertad de expresión, contendría algunas disposiciones que podrían afectar el pleno ejercicio de ese derecho, incluyendo la imposición de algunas obligaciones que podrían resultar ambiguas o desproporcionadas, como por ejemplo la obligación de los medios de comunicación de «cubrir y difundir los hechos de interés público» o la prohibición de difundir «información que de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública» («linchamiento mediático»), y cuyo incumplimiento podría dar lugar a severas sanciones. Por otro lado, le preocupan las alegaciones que indican que algunas personas que criticaron al Gobierno, incluyendo periodistas y usuarios de redes sociales, habrían sufrido acoso y amenazas anónimas luego de ser mencionadas específicamente por funcionarios del Gobierno en medios públicos y que se utilizaría el sistema judicial para silenciar la crítica a través de la presentación de demandas. (onu, 2016, p. 6)

24En el mismo documento se pidió al Estado tomar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y opinión, y velar por que la Ley Orgánica de Comunicación sea compatible con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que proteja a sus ciudadanos de las amenazas que reciben por sus opiniones, así como que estas sean investigadas (onu, 2016, p. 7).

25El 3 de noviembre de 2016, David Kay, relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión, y Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentaron una alerta sobre la aplicación arbitraria de la Ley Orgánica de Comunicación:

ciertas obligaciones contempladas en la Ley que carecen de contenido jurídico preciso, y su aplicación, junto con las severas sanciones previstas para su incumplimiento, inhibe gravemente la libertad de expresión y de opinión en el Ecuador […] La norma y su interpretación por parte de las autoridades administrativas tienen el efecto de privilegiar el buen nombre, la reputación y los intereses de los funcionarios frente al debate público de ideas y la circulación de información como una forma de escrutinio social del ejercicio del poder […] su aplicación [de la Ley de Comunicación] ha sido un instrumento para intervenir de manera indebida en el contenido de los medios de comunicación y sancionarlos, sobre todo cuando las coberturas son desfavorables o cuestionan los actos y decisiones del gobierno. (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2016)

26La respuesta del Gobierno fue política y cuestionó el trabajo de estas relatorías. Carlos Ochoa, superintendente de Comunicación, en una declaración pública del 8 de noviembre, dijo que ese pronunciamiento es una muestra del «desconocimiento de la ley y una defensa incondicional de los intereses económicos de algunos medios» (los privados, considerados como mercantilistas y de oposición por parte del Gobierno), a la vez que les pidió defender la libertad de expresión (Carlos Ochoa rechaza comunicado conjunto de relatores sobre libertad de expresión, 2016).

27Sin embargo, esos no fueron los únicos pronunciamientos de estos organismos; también lo hicieron sobre casos como el del caricaturista Xavier Bonilla, Bonil, a quien se le abrieron algunos procesos judiciales por sus expresiones de humor; el del diario El Universo, por una columna de opinión en contra de la actuación del presidente Correa que se zanjó con un indulto luego de una condena a cárcel y al pago de cuarenta millones de dólares; o el de la venta del diario El Comercio al mexicano Ángel González, magnate de medios de comunicación de la región, ya que, de acuerdo con Albavisión, en 2017 su grupo mediático en América Latina tenía «82 estaciones en fm y am en diferentes países» y «26 cadenas de televisión, de las cuales 21 son propias y el resto en asociación con otras programadoras». Su presencia está en «México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay», aunque su matriz está en Miami, Estados Unidos, donde reside González desde hace veinte años (Albavisión, 2017).

28Solo en Ecuador el Grupo El Comercio tiene dieciséis medios: tres canales, once radios y dos diarios, El Comercio y Últimas Noticias, pese a que cuando se produjo la compra del centenario medio quiteño ya existía la prohibición legal de este tipo de monopolios.

Del listado de 61 medios que en diciembre pasado el Consejo de Regulación, Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) identificó como nacionales, Ángel González maneja diez, directamente o a través de compañías, familiares y abogados. Este empresario se ubica segundo entre los que más medios concentran, superado por el Estado, que tiene doce medios nacionales, entre el Ministerio de Telecomunicaciones, la Secretaría de Comunicación, el Fideicomiso agd-cfn y la Asamblea Nacional.1 (El Universo, 2015)

29El gobierno de Rafael Correa inició un proceso inédito que consistió en el concurso para la entrega simultánea de 1472 frecuencias de radio y televisión, equivalentes al 65 % del espectro radioeléctrico, algo sin parangón en la historia del país. La particularidad de este proceso no es solo que sea la primera vez que se quiere adjudicar toda esa cantidad de frecuencias en un solo concurso y al mismo tiempo, sino la reserva con la que se ha llevado adelante.

30El Observatorio de Frecuencias, una iniciativa surgida desde la sociedad civil y los medios de comunicación, solicitó el 10 de octubre de 2016 una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), para tratar la situación de la libertad de expresión, luego de haber pedido en reiteradas ocasiones a la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones (Arcotel) y al Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom), responsables del proceso, el detalle de cuántas frecuencias recibieron solicitudes dentro del concurso y el listado de las personas naturales, jurídicas o colectivos que participaron.

31También se interpuso una acción constitucional de acceso a la información pública que dispuso que Arcotel haga pública la información hasta el 15 de diciembre de 2016. Decisión sui generis, no solo por el extenso plazo para su ejecución, sino porque, pese a que la fase de presentación de solicitudes cerró hace más de tres meses, para esa fecha la adjudicación debía haber terminado, aunque, por trámites de las distintas instancias, hasta mayo de 2017 no se daban más detalles de este proceso.

32La audiencia conjunta ante la cidh, signada con el número 159, se realizó el 2 de diciembre de 2016. Antes de conocerse su fecha de realización, el presidente Rafael Correa –en su enlace semanal 499, del 5 de noviembre de 2016– cuestionó los pedidos de información y transparencia con el argumento de que aquello pudiera interferir en el proceso de asignación de las frecuencias, insinuó, de hecho, que pudiera producirse tráfico de influencias. Tres días más tarde se hizo público un proceso de investigación fiscal en contra de un asesor de la Vicepresidencia por cobro de coimas para la adjudicación de las frecuencias, pero para el 26 de abril de 2017 la Fiscalía se abstuvo de continuar el proceso, ante el cambio de la versión de un testigo (El Universo, 2017).

33Una de las reflexiones públicas acerca de este concurso de frecuencias fue cómo garantizar que no se presione a los medios de comunicación en momentos en que la campaña política para las elecciones del 2017 ya había comenzado, más cuando desde el 2011, el holding de medios estatales sumaba diecinueve medios (doce de alcance nacional, de acuerdo con las cifras de 2015) entre canales de televisión, radios, impresos y portales digitales, sin que esto incluya necesariamente el sistema de comunicación que creó el Gobierno.

34La comunicación y la información gubernamentales, así como los canales que se utilizan para difundirla, obedecen a una política de comunicación emanada por el gobierno de turno (Izurieta, 2003), por lo tanto, esta información debería poder aceptarse o no en los medios de comunicación privados, públicos o comunitarios, pues de estos depende si la utilizan como un insumo informativo –no como una verdad– o como un producto que deba ser reproducido –como si se tratase de una transcripción.

35Waisbord dice que en los gobiernos populistas –aunque esto puede ampliarse a cualquier gobierno con la ideología que tenga– se hace uso de estrategias que buscan «influir en la cobertura noticiosa (con) frecuentes felicitaciones y diatribas repartidas al periodismo y a la prensa, la insistencia de alimentar una narrativa política épica y el convencimiento absoluto de que “los medios” tienen la llave de su suerte política» (2013, p. 17).

36Para Ruiz (2010), el papel del periodismo para organizar la esfera pública ha tenido que tomar en cuenta que: «Todo actor, institución, organización o individuo, que quiera transitar por la esfera pública se obliga a interactuar con el periodismo en una relación, nunca estable, de interdependencia fluctuante» (2010, p. 22).

37Desde el 2010, en el Ecuador, las redes sociales (las más utilizadas en el país son Facebook, Twitter e Instagram) han sido otro instrumento de comunicación, en el que los ciudadanos no solo consumen información, sino que también son capaces de producirla y dar sus criterios sobre temas variados, entre ellos la política y la gestión de gobierno. En esa medida, los funcionarios públicos, las autoridades estatales, los medios de comunicación, cualquier ciudadano está expuesto a lo que otro pueda decir sobre él y su gestión.

38En estos años, los funcionarios del gobierno de Correa, y en particular el expresidente, han sido los protagonistas de los memes de Crudo Ecuador, de los tuits de Basol y de las caricaturas de Vilma, por mencionar tres ejemplos por los cuales han recibido amenazas. Los portales de periodismo como Mil hojas, Plan V, 4 pelagatos, por su parte, han recibido ataques informáticos y han quedado fuera de línea por varias horas, pero también han entrado en una disputa –que no ha llegado a instancias judiciales– bajo acusaciones de violación de derechos de propiedad por utilizar fotografías almacenadas en la cuenta de Flickr de la Presidencia de la República, segmentos de los enlaces sabatinos u otras informaciones disponibles en la web.

39En la última campaña presidencial, se retomó la idea de regular el contenido de las redes sociales. Un paso para lograr su concreción se dio el 23 de mayo de 2017, es decir a menos de un día de dejar el Gobierno, cuando el presidente Correa remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e Internet, argumentando en su exposición de motivos que:

La difamación a través de redes sociales se podría manifestar en insultos y expresiones de descrédito motivadas en la etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial […] Tales actos de discriminación no deben estar exentos de intervención administrativa y penal, en los casos que se configuren los denominados Delitos de Odio, tipificados y sancionados en la ley penal nacional. (2017)

40En la Asamblea Nacional, Alianza País tiene una mayoría simple pero suficiente para aprobar esta nueva norma. Apenas se conoció esta propuesta, el debate público se dirigió nuevamente hacia la libertad de expresión y de opinión, pero recordando lo que el 24 de mayo dijo el presidente Lenin Moreno: que está dispuesto al diálogo, que habrá respeto mutuo y que con la prensa espera una relación de respeto.

41En todo caso, los gremios periodísticos, los medios de comunicación, los grupos sociales y los dirigentes políticos que no militan en Alianza País están en la expectativa de mirar cuál será su decisión sobre esta norma y su política frente a este derecho, la distribución de frecuencias y el manejo de los medios de comunicación públicos e incautados. Hay muchas preguntas, pero las respuestas no han sido lo suficientemente claras.