1El libro Tecnogobierno. Propuestas y experiencias de inclusión digital desde América Latina fue coordinado por dos buenos amigos y reconocidos investigadores, Pablo Escandón-Montenegro (Ecuador) y Lila Luchessi (Argentina). En 2019, como miembros de la Cátedra de Tecnopolítica y Cultura, radicada en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (ciespal), en Quito, Ecuador, nos propusimos compartir este trabajo.

2La primera parte de este libro, «Reflexiones», comprende un total de cinco ensayos: «La participación ciudadana en las estructuras estatales. Límites y posibilidades» de Anselmo Torres; «El activismo, el hacktivismo y la viabilidad de promover cambios digitalmente» de Eduardo Villanueva Mansilla; «Un marco conceptual para planificar iniciativas de participación electrónica» de Elsa Estevez y Tomasz Janowski; «La encrucijada democrática. Ciudadanías locales, informaciones globales, comunidades virtuales» de Lila Luchessi; «La revolución de las telecomunicaciones, los medios de comunicación y los desafíos frente a la democracia vigente» de Saudia Levoyer.

3La segunda parte está dedicada a presentar casos. El primero corre a cargo de Gregorio Andersen y lleva por título: «El paisaje social digital. Las redes sociales en Viedma y Patagones como control indirecto sobre funcionarios públicos (accountability mediática)». La autora del segundo caso es María José Calderón, y el título de su texto es «Expansión de Internet y construcción de actores políticos en los sectores rurales del Ecuador. El caso de los infocentros comunitarios: 2010-2014». El tercer texto «Comunicación digital para la construcción del patrimonio cultural y cognoscitivo» corre a cargo de Pablo Escandón-Montenegro. El autor del último caso, y también del último texto del libro es Juan Manuel Otero, y el título de su texto es «La reelaboración judicial del pasado. Derecho y ciberpolítica en el caso Muiña».

Participación ciudadana en las estructuras estatales

4El maestro Anselmo Torres es autor del primer texto del libro, cuyo título es «La participación ciudadana en las estructuras estatales. Límites y posibilidades». En la primera parte de su texto, Torres reflexiona sobre el imaginario democrático. Él sostiene que resulta factible concebir la democratización de las estructuras del Estado. Afirma que la democratización del Estado se realiza a partir de la incorporación de ciudadanos, en forma colectiva o individual, en los procesos de toma de decisiones dentro de las administraciones públicas. La participación ciudadana –asegura– es un concepto central en la democracia. El objetivo de la democracia participativa es recuperar el espacio público, el cual, desafortunadamente ha sido secuestrado por burocracias estatales poco imaginativas, acostumbradas a ejercer un monótono control sobre la ciudadanía. En nuestras incipientes democracias, el modelo de representación se encuentra en crisis. La igualdad es un concepto central en el imaginario democrático que presenta Torres. La implementación de políticas neoliberales –denuncia– nos ha apartado aún más de la democracia, y ha profundizado la crisis de representación. La necesidad de incorporar a todos los ciudadanos en cada una de las deliberaciones sigue siendo una gran asignatura pendiente y, quizá, una utopía.

5En la segunda parte de su texto, Torres centra su atención en el proceso de creación de consejos federales en la provincia de Río Negro, Argentina y, particularmente, en los Consejos Locales de Seguridad Ciudadana. La integración de los referidos consejos resultó sumamente complicada. Tal situación repercutió negativamente en la participación ciudadana. El Estado demostró una vez más su capacidad para adueñarse de esos espacios, al abrogarse la facultad de definir a cada uno de los participantes, determinar en qué intervendrían y bajo qué reglas. Todo ello propició la apatía y la desmovilización ciudadana. Ante este escenario –concluye el autor–, las redes sociales representan un espacio idóneo para estimular la participación ciudadana en los asuntos públicos.

Activismo y hacktivismo

6El segundo texto, «El activismo, el hacktivismo y la viabilidad de promover cambios digitalmente», fue realizado por Eduardo Villanueva Mansilla, profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y comprende tres grandes ejes temáticos: activismo, hacktivismo y la viabilidad de promover cambios digitalmente.

7Villanueva parte de señalar que Manuel Castells y otros «optimistas del ciberactivismo» sostenían que Internet resultaba un territorio propicio para el desarrollo de una poderosa fuerza para la política internacional. Sin embargo, una década después es posible constatar que «no parece existir un nuevo orden mundial a partir del activismo con vocación global; ni siquiera puede identificarse una tendencia a la sostenibilidad de los movimientos contestatarios». No obstante –reconoce– las redes transnacionales de incidencia política siguen en pie, y hoy disponen de un mayor número de plataformas y medios de comunicación digitales.

8Villanueva enseguida centra su atención en el reconocimiento de los antecedentes sobre hackers y activismo digital, y refiere el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ezln). El levantamiento zapatista, registrado en Chiapas, México, dio inicio el primero de enero de 1994, el mismo día que formalmente entró en vigor el Tratado de Libre Comercio en América del Norte (tlacn), celebrado entre Canadá, Estados Unidos y México. El profesor Justin Paulson fue el gran promotor de ¡Ya Basta!, el sitio web del ezln, cuyo desarrollo efectivamente contribuyó a articular una entusiasta red internacional de simpatizantes del eznl.1 Los miembros de la red se encargaban de traducir cada comunicado emitido por el subcomandante Marcos –Rafael Guillén–, además de entregarlos a los principales medios informativos. Villanueva en cambio afirma que el ezln disponía de una activa y entusiasta red de hackers para la difusión del ideario y las actividades de los sublevados en los Altos de Chiapas.

9Después Villanueva centra su atención en el imaginario hacker, el cual, atinadamente señala, remite a una compleja subcultura, soportada en un sistema de valores y un comportamiento ético muy definido. El hacker no solo es el jugador ideal del campo digital –afirma–, es también un estratega que «domina las técnicas, pero sobre todo contempla las posibilidades de acción que brinda la tecnología como un juego de habilidades distinto a lo que vemos los consumidores convencionales». El «espíritu hacker» –señala– permea Internet. Las redes sociales extendieron significativamente el tablero de juego de los hackers, posibilitando el advenimiento de «tiempos virales». El hackerismo –concluye– debe ser entendido como un habitus.

10El autor identifica dos formas de hacktivismo. El primero supone usar Internet como herramienta para el activismo. El segundo, comprende el activismo sobre el uso de Internet. Cuando el activismo hacker se dedica a temas de interés político general, el resultado es el activismo hacker para la acción de masa (ham). Si en cambio se manifiesta en la defensa de las posibilidades que Internet ofrece a todos, estaríamos frente al hacktivismo digitalmente correcto (hdc). Villanueva no considera factible la gestación de movimientos sociales significativos desde el horizonte hdc. En cuanto a la política digital, Villanueva sostiene que los nuevos medios digitales la hacen mucho más compleja. En la Primavera Árabe, por ejemplo, las condiciones políticas efectivamente fueron propicias para afirmar el potencial de Internet. Sin embargo, se cuestiona: «la pregunta de fondo no es la capacidad de movilización, tanto como la capacidad de sostener esa movilización, para no hablar de convertir la movilización en resultados». En cambio, en el imaginario electoral Internet ha demostrado ser un efectivo dispositivo para promover la persuasión y movilización: «Todo indica que el gran valor de la Internet como herramienta para ganar elecciones es usarla para movilizar y sostener la movilización de la periferia del partido o movimiento». La política digital –afirma Villanueva– «es esencialmente una cuestión táctica y metodológica, no es una nueva forma de hacer política».

La viabilidad de promover cambios digitalmente

11En la última parte de su texto, Villanueva centra su atención en el acceso al conocimiento (A2K), Creative Commons y el software libre. El autor parte de identificar cinco grandes problemas en el acceso al conocimiento (A2K). Además, destacó la importancia de Creative Commons (cc), movimiento orientado a la apertura de la cultura, en el cual destacó cuatro opciones. En cuanto al software libre, Villanueva reconoció dos variantes: el libre y el gratuito. El sistema operativo gnu –refiere– representa su columna vertebral. El movimiento de software libre dio inicio en 1984 por Richard Stallman. Los fundamentos del movimiento admiten ser resumidos en cuatro libertades esenciales: 1) La libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito (libertad 0); 2) Libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo que usted quiera (libertad 1); 3) La libertad de redistribuir copias para ayudar a su prójimo (libertad 2); 4) La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros (libertad 3). El movimiento del software libre comenzó a destacar la importancia de una actitud: apertura, la cual no se limita al software y puede ser usada para todo. Los referidos movimientos –destaca– han conseguido logros, sin embargo, están relativamente limitados a las sociedades en las cuales se presentan. Todas las expresiones de hacktivismo digitalmente correcto (hdo) pretenderían trascender a la condición de movimientos sociales, susceptibles de afirmarse como componentes permanentes de la actividad política. Por último, Villanueva se suma a los cuestionamientos realizados por John Downing a las ciencias sociales, las cuales han observado a los movimientos sociales, considerando a los medios como simples mecanismos técnicos.

Iniciativas de participación electrónica

12Elsa Estevez y Tomasz Janowski son autores del tercer texto: «Un marco conceptual para planificar iniciativas de participación electrónica», el cual aporta un útil e interesante marco conceptual para la planificación y diseño de iniciativas de e-participación en instituciones del sector público. Para justificar la pertinencia del marco conceptual que proponen, en el primer apartado, que corresponde a la introducción, Estevez y Janowski nos advierten de las limitaciones que suelen enfrentar los gobiernos para encontrar y proveer las respuestas más efectivas para el conjunto de la sociedad.

13En el segundo apartado, relativo a la metodología, los autores establecen las cuatro actividades que realizaron: 1) análisis del estado de la práctica, el cual comprendió la revisión de veinte casos de estudio de e-participación; 2) análisis del estado de la teoría, que incluyó la revisión de trabajos científicos existentes en el dominio abierto y en Scopus, además de otras fuentes de información especializadas; 3) definición del marco conceptual, en el cual fue realizado el análisis cuantitativo y cualitativo de la información recolectada a partir de los casos de estudio, la síntesis de los resultados y la estructuración de los mismos dentro de los diferentes conceptos del marco conceptual; y 4) validación del marco conceptual, que comprendió la realización de una encuesta en línea, en la cual participaron agencias del gobierno de Macao Región Administrativa Especial (rae), China.

14En el tercer apartado, que corresponde a la presentación de los conceptos, Estevez y Janowski explican la pertinencia y sentido de los principales conceptos empleados en el marco conceptual (compromiso ciudadano, participación y compromiso ciudadano, participación electrónica, y áreas de participación). Enseguida, destacan la importancia que en años relativamente recientes han concedido los gobiernos al compromiso ciudadano en el desarrollo de políticas sociales y económicas, y recuperan una interesante definición de compromiso ciudadano que atribuyen a Caroline Lukensmeyer: «proceso deliberativo mediante el cual grupos de ciudadanos, representantes de sus comunidades, aprenden, expresan sus puntos de vista y descubren un espacio común para influir en la toma de decisiones gubernamentales». Además, afirman que el compromiso de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones en los gobiernos ha reportado importantes beneficios a la gobernabilidad. Por último, señalan que el compromiso ciudadano implica información, consulta y participación activa.

15Los autores distinguen entre participación ciudadana y compromiso ciudadano. El compromiso ciudadano «asume el principio de que las personas deben tener una opinión sobre las decisiones que afectan sus vidas y están interesadas en mejorar su bienestar a través de sus propias acciones o compromisos». La participación ciudadana «asegura que la voz y las opiniones de las personas son escuchadas y consideradas por las autoridades gubernamentales». Hoy los ciudadanos «colaboran con las instituciones de gobierno para dar sentido a las alternativas políticas y las instituciones comparten con los ciudadanos un verdadero interés en la toma de decisiones».

16En el cuarto apartado introducen el marco conceptual propuesto para e-participación, al cual también designan como participación electrónica. Esta corresponde «al fomento de la participación activa de la sociedad civil en el desarrollo de políticas públicas, decisiones o acciones gubernamentales, buscando tal participación a través del uso de canales digitales». La e-participación basada en los niveles de compromiso cívico incluye: e‑información, e-consultas, e-colaboración y e-empoderamiento. Además, destacan que se deben tener presentes tres factores claves en el empleo de tecnologías digitales para el compromiso ciudadano: oportunidad, contextualización, integración. Con base en una encuesta realizada por demo-net, los autores elaboraron una lista de áreas claves para la implementación de las tecnologías digitales para apoyar la e-participación, en la cual fueron considerados los siguientes elementos: abastecimiento de información, construcción de entornos colaborativos, consultas, campañas, elecciones, deliberaciones, discursos, mediación, planificación territorial, sondeos, votaciones.

17En la quinta sección, los autores analizan la aplicación del marco conceptual con base en el análisis de los veinte casos de estudio referidos en el segundo apartado. Estevez y Janowski parten de identificar ocho conceptos asociados a la e-participación: 1) nivel de participación, 2) áreas de participación, 3) contextos de participación, 4) motivaciones, 5) desafíos, 6) canales, 7) herramientas y, 8) lecciones aprendidas. Además, proponen tres niveles de participación, las cuales forman parte de un proceso eminentemente evolutivo: e-información, e-consulta y e-decisión; y enseguida ofrecen un amplio repertorio de ejemplos de iniciativas que precisamente admiten ser ubicadas en los referidos niveles de participación. También identifican el uso posible de las tecnologías digitales en las ocho áreas claves para la implementación de las tecnologías digitales para apoyar la e­participación (abastecimiento de información, construcción de entornos colaborativos, consultas, campañas, elecciones, deliberaciones, discursos, mediación, planificación territorial, sondeos, votaciones) y ofrecen una extensa relación de iniciativas relacionadas con el mencionado imaginario.

18Los autores incluyen el concepto de participación de los ciudadanos en el modelo concebido para conceptualizar las iniciativas de e-participación, y en las tablas que ellos elaboraron ofrecen ejemplos de participación y valores posibles. Enseguida, identifican posibles motivaciones en los gobiernos para llevar a cabo iniciativas de e-participación, así como los desafíos a resolver. También proceden a identificar los canales de e-participación, y proponen un total de 17 (correo postal, teléfono fijo, teléfono móvil, sitio web, plataforma en línea, correo electrónico, formularios en línea, fotos en línea, foros en línea, blogs, aplicaciones en móviles, sms, Facebook, Twitter, YouTube, chats, archivos multimedia). En cuanto a las herramientas, los autores las definen como «cualquier artefacto basado en tecnología digital utilizado para apoyar las iniciativas de e­participación», e identifican los siguientes tipos posibles: herramientas básicas, herramientas de búsqueda, herramientas de análisis, herramientas de estadística, herramientas avanzadas.

19En cuanto a las lecciones aprendidas, los autores las definen como «información valiosa obtenida a través de la experiencia ganada en implementar estas iniciativas», y enseguida refieren cuáles fueron las doce lecciones aprendidas en los casos de estudio que ellos consideraron. Este texto, de extraordinario rigor académico, concluye al presentar el análisis cualitativo que realizaron a los veinte casos de estudio, con base en los elementos definidos en el marco conceptual.

Ciudadanías locales, informaciones globales, comunidades virtuales

20Lila Luchessi, destacada investigadora argentina, es autora del texto «La encrucijada democrática. Ciudadanías locales, informaciones globales, comunidades virtuales», en el que parte de reconocer la complejidad e incertidumbre que abruma nuestros días: «Las instituciones de la modernidad son cuestionadas en sus eficacias, sus tiempos y procedimientos. Sus reemplazos parecen estar en manos de activistas digitales, cuya credibilidad se sustenta en una mera visibilidad». Las instituciones –destaca Luchessi– «son leídas como diques que contienen la libertad de ser y hacer según el propio criterio y no como organismos reguladores de convivencia en democracia». La antipolítica despliega un nuevo individualismo, «se transforma en bandera de quienes dicen no tener ninguna».

21A pesar de notables adelantos en materia de desarrollo tecnológico –la expansión de Internet efectivamente estimuló el desarrollo de discusiones sobre la participación, democratización y la construcción cultural diversa en los distintos campos disciplinares–, es posible advertir la presencia de una nueva geografía de la centralidad y la marginalidad, la cual reproduce las desigualdades ya existentes. El acceso a la tecnología –resalta– no parece ser suficiente para salir de la marginación. Las redes sociodigitales efectivamente contribuyen a acelerar la circulación de la información que resulta sensible para la sociedad. Sin embargo, estas «no reemplazan la importancia de la territorialidad, ni compiten con las manifestaciones públicas de la vida cotidiana. La inserción de sus presencias en la cultura cambia la velocidad en la organización y la visibilidad de los reclamos y posiciones de la ciudadanía». Las formas tradicionales de organización de las comunidades al interior de la sociedad –afirma– siguen siendo muy estables: «ciertas personalidades pueden constituir nodos de liderazgo de la opinión, aunque eso no tenga un correlato directo con la constitución de ciudadanía, ni con la adhesión a ciertos principios, ni la conformación de un liderazgo que los transforme en decisores. […] Es el grito de la multitud que se ahoga en el vacío que se produce cuando ella desconcentra; el que queda cuando la protesta no sedimenta en proyectos comunes».

Lo local como expresión

22No pocas de las ideas fundamentales, arraigadas durante tantos siglos, han entrado en crisis y, en consecuencia, las organizaciones que fueron edificadas sobre ellas. Los canales empleados para cuestionar a las instituciones son los mismos que ponen a nuestra disposición compañías comunicacionales globales. La participación en las comunidades emergentes expresa nuevas formas de estar incluido o excluido. En las redes sociodigitales los ciudadanos descubren nuevas posibilidades de entretenimiento y sociabilidad. Mientras tanto, las empresas tecnológicas –denuncia– hacen un negocio redondo al almacenar, cruzar, agrupar y facilitar a los mejores postores el acceso a los datos que han dejado los usuarios. Las ciudadanías digitales se gestionan desde las empresas, y los nuevos límites –afirma– «se trazan sobre identidades compartidas a partir de la identificación comunicacional y no sobre las que remitan a los orígenes históricos, las pertenencias concretas o las inserciones sociales». Lo local «se sustenta en identidades relacionadas con las tradiciones, el desinterés por la política, la desconfianza en las representaciones institucionales y el sistema democrático completo. Uno de sus problemas mayores es que plantea la participación directa, pero no encuentra el modo de gestionarla a través de liderazgos con vocación de poder». En la ruta que conduce al fin de la privacidad, las identidades implantadas ceden su intimidad a las compañías. En el previsible horizonte del nuevo individualismo, la retribución esperada es la notoriedad, la cual concede placer y seguridad. La uniformidad es la inconfesable constante en las supuestas diversidades.

La información uniformada

23A pesar de la formidable multiplicación de medios de comunicación, apenas un reducido número de temas circulan en una gran cantidad de canales. Además –afirma Luchessi–, muchos temas relevantes suelen quedar fuera. Resulta indispensable repensar y actualizar las teorías relativas al establecimiento de agendas de información (agenda setting). Nos refiere que Jean Baudrillard, a finales de la década de 1980, ya nos había advertido sobre el posible fin de la privacidad. La uniformidad informacional permite a los productores informativos «ajustarse a los consumidores que más les interesan con un margen muy pequeño de error o confrontación». Los guetos informacionales se instalan en su particular sistema de certezas, desde el cual, las ideas parecen irrefutables. En consecuencia, el comportamiento que observan los grupos se distingue por un violento autoritarismo. Las redes sociodigitales son espacios catárticos, idóneos para estallidos emocionales. Los nodos más exitosos –destaca Luchessi– «son los que ponen en duda la autoridad, la institucionalidad y el valor del sistema político». Los principios de agrupamiento básicamente son emocionales. Los grupos resultan sumamente parecidos «por sus capacidades de aceptación o rechazo a las propuestas de otros. […] los grupos se regodean en sus propios prejuicios, creencias y convicciones. Lo único que esperan del sistema informativo es que confirme eso que ya saben y les da la razón». Las discrepancias son sancionadas: «Aunque la información que incomoda esté sustentada en hechos puede generar acciones vinculadas con formas autoritarias de gestionar la convivencia. Bloqueos, censuras e insultos circulan por las redes a la velocidad de la luz».

Desafíos frente a la democracia

24La autora del capítulo que cierra la primera parte es Saudia Levoyer, y el título es «La revolución de las telecomunicaciones, los medios de comunicación y los desafíos frente a la democracia vigente». Saudia analizó el impacto del reordenamiento de los medios de comunicación que emprendió en Ecuador el presidente Rafael Correa (2007-2017), firme promotor de la Ley Orgánica de Comunicación, la cual entró en vigor en 2013. Para abatir la concentración mediática, el gobierno de Correa emprendió el reordenamiento de frecuencias del espacio radioeléctrico ecuatoriano. Sin embargo, de acuerdo con Levoyer, las iniciativas del gobierno soslayaron la importancia de la libertad de expresión y el acceso a la comunicación. El proceso que puso en marcha Correa para entregar simultáneamente 1472 frecuencias de radio y televisión, que representaban 65 % del espectro radioeléctrico, fue muy cuestionado. Saudia señala, por ejemplo, que entre las personas que resultaron beneficiadas figuró Ángel González, acaudalado inversionista mexicano radicado en Miami, quien es señalado como propietario de un amplio número de estaciones de radio y televisión en la Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Paraguay: Solo en Ecuador “tiene dieciséis medios: tres canales, once radios y dos diarios, El Comercio y Últimas Noticias». Además, en Ecuador el Observatorio de Frecuencias se vio en la necesidad de solicitar «audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh), para tratar sobre la situación de la libertad de expresión, luego de haber pedido en reiteradas ocasiones a la Agencia de Regulación de las Telecomunicaciones (Arcotel) y al Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom), responsables del proceso, el detalle de cuántas frecuencias recibieron solicitudes dentro del concurso y el listado de las personas naturales, jurídicas o colectivos que participaron».

25Saudia objeta el desempeño informativo de los medios públicos que fueron articulados durante el gobierno de Correa, el cual comprendió Gama tv, tc Televisión, Agencia Andes, y el diario El Telégrafo, entre otros. La política editorial de los referidos medios –señala– era dictada por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia (Secom). Por ende –pregunta– convendría cuestionarse si efectivamente ese sistema de comunicación admite ser considerado como público, o si en cambio ha operado como un sistema gubernamental.

26Las redes sociodigitales más empleadas por los ecuatorianos son Facebook, Twitter e Instagram. En algunos casos las personas que han generado memes sobre funcionarios del gobierno fueron objeto de amenazas. Además –afirma–, han sido objeto de hostigamiento portales de periodismo como Mil hojas, Plan V, 4 pelagatos, a los cuales inclusive se pretendió abrirles procesos judiciales por utilizar fotografías de instituciones gubernamentales… ¡que se encontraban disponibles en Flickr!. En Ecuador –concluye la autora– el tránsito a la democracia y los derechos de los ciudadanos tienen aún grandes asignaturas pendientes.

Redes sociales y participación ciudadana

27El primer capítulo de la segunda parte del libro es de Gregorio Andersen, y su título es «El paisaje social digital. Las redes sociales en Viedma y Patagones como control indirecto sobre funcionarios públicos (accountability mediática)». El principal objetivo del texto –refiere el autor– «es estudiar la participación ciudadana en Viedma, capital de la provincia argentina de Río Negro, a través del uso de Internet y de las redes sociales como una forma de vincular tecnología, instituciones y participación de los vecinos en los asuntos de interés público; también reavivar el debate de la rendición de cuentas en funcionarios políticos locales a partir del concepto de accountability». Para ello, Andersen parte de destacar la singularidad de Internet, con base en algunas tesis de Manuel Castells y el concepto de accountability social, que recupera de Peruzzotti. El autor además realizó una encuesta a través de Facebook, del 18 al 24 de mayo de 2017, limitada a usuarios de Internet en Viedma, de 18 a 70 años de edad. Andersen afirma que Internet ha representado una auténtica revolución al propiciar profundas transformaciones en la forma cómo las personas se comunican e intercambian información. En la nueva sociedad de redes –señala–, «cada individuo es un periodista en potencia al que los medios tratan de alentar; se le pide que mande fotos o videos de cualquier asunto o tema del que haya sido testigo o que haga comentarios en las noticias publicadas». Por tal motivo –destaca–, las áreas de gobierno deben estar atentas a lo que pasa en la red.

28La Argentina presenta una de las tasas de penetración de Facebook más altas del mundo. Se estima que 90 % de los usuarios de Internet se conectan a esa red. Además, los argentinos dedican un promedio de 3 horas y 13 minutos al día a Facebook y a otras redes sociodigitales, ocupando el tercer lugar mundial, solo superado por filipinos, brasileños y mexicanos. Como ejemplos del activismo desplegado en Internet, Anderson refiere tres casos; el primero, las protestas en Facebook por el asesinato de Lucía Pérez en Mar del Plata; el segundo, el polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habilitó el beneficio del 2x1 para el cómputo de pena en un caso de lesa humanidad; el tercero, las marchas realizadas a nueve años del asesinato del joven viedmense Atahualpa Martínez.

29Andersen afirma que de las personas que participaron en la encuesta que aplicó a través de Facebook, en Viedma «mayormente los habitantes utilizan los medios online (diarios digitales, portales de Internet y redes sociales) para informarse de eventos de interés público como marchas de reclamo, actividades culturales o elecciones». Además, «88,32 % opta informarse, preferentemente, por redes sociales y diarios digitales. La consulta además incluyó a sindicatos y asambleas gremiales. A través de las redes sociodigitales, destaca el autor, el ciudadano viedmense «está dispuesto a expresarse y puede manifestarse, puede movilizar vecinos y hacer sentir su malestar o cualquier otra percepción que tenga relación con alguna actitud de gobierno, decisiones oficiales o tema alguno que lo afecte directamente». De acuerdo con el autor, los datos que arrojó su encuesta permiten corroborar que: «El consumo de información online y el uso de redes sociales estimulan la participación ciudadana y activan o condicionan la rendición de cuentas horizontal».

Conectividad y construcción de actores políticos en los sectores rurales

30María José Calderón es autora del capítulo «Expansión de Internet y construcción de actores políticos en los sectores rurales del Ecuador. El caso de los infocentros comunitarios: 2010-2014». La investigación –refiere– «analiza el rol de la diseminación de la conectividad en el Ecuador a partir de los infocentros comunitarios y las políticas de difusión digital». Ecuador fue uno de los países con mayor nivel de impacto en políticas rurales para el acceso a tecnología. Las telecomunicaciones –afirma– se convirtieron en eje fundamental para las estrategias políticas del presidente Rafael Correa, en estricta congruencia con el Plan Nacional del Buen Vivir. En ese gobierno fue creado el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el cual respondía al objetivo de llevar al país hacia el mundo de la nueva era digital. El proyecto de infocentros comunitarios arrancó en el año 2010. A mediados del 2013 cubría 80 % de las parroquias rurales del país. Calderón señala: «El programa formaba parte de la cartera de Sectores Estratégicos, y bajo la agenda: Estrategia Ecuador Digital 2.0, se esperaba que vinculara las telecomunicaciones y la explotación energética con programas de desarrollo a nivel comunitario». El gobierno de Correa asumió la inversión de los infocentros, y para asegurar la infraestuctura necesaria, articuló el Plan Nacional de Alistamiento Digital (planadi), a través del Ministerio de Telecomunicaciones, el cual, además de proporcionar equipamiento y conectividad, ofreció capacitación sobre el buen uso de las tic. El Ministerio de Telecomunicaciones, bajo el marco de la Estrategia Ecuador Digital 2.0, impulsó planes y programas como: Aulas Móviles, Conectividad Escolar, Infocentros Comunitarios, Capacitaciones en Alistamiento Digital, entre otros. Según información del Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel), que refiere la autora, hasta julio de 2013, 976 000 personas visitaron los infocentros, y 66 000 ciudadanos fueron capacitados en habilidades digitales. Los infocentros –afirma– «se han convertido espacios de mayor encuentro y convivencia, en lugares de innovación, creación y emprendimiento, en centros de generación de empleo y alternativas laborales». Además, «han servido para recoger, reconocer o divulgar las memorias y las historias locales».

31Los infocentros comunitarios cuentan con un aula virtual completa e Internet de alta velocidad y en algunos casos, servicios de telefonía. Además, funcionan a partir de los promotores comunitarios: «estas personas son identificadas por otros miembros de la comunidad como aquellas que tienen cierto conocimiento de tecnología que pueden replicar conocimiento a la comunidad». El proceso de aprendizaje –refiere Calderón– es inmediato en la medida que haya conexión con los intereses de la comunidad. La autora refiere la existencia de proyectos de emprendimiento local activados en infocentros comunitarios, que comprenden desde microempresas comunitarias a empresas exportadoras de artesanías a nivel nacional. Además, los infocentros contribuyen a promover el turismo en las parroquias. Sin embargo –reconoce– el uso de infocentros establece vínculos con los promotores comunitarios y operadores políticos. Los infocentros –señala– admiten ser considerados como santuarios de la clientela política.

32La sostenibilidad del proyecto depende en su totalidad del Estado: «Los costos operativos del proyecto consisten en los salarios para los promotores de cada infocentro, los gastos en infraestructura al igual que la conectividad, que debido a la distancia de centros urbanos en ciertos casos resultan ser sumamente altos». Los recursos más utilizados en los infocentros –refiere– son: comunicación, actividades académicas y escolares, entretenimiento y gobierno electrónico. Los estudios de caso, que sustentaron el texto, fueron realizados en Jaramijó y Charapotó en Manabí, Simiátug y Achupallas en Chimborazo, y Malacatos y Catamayo en Loja. Además fueron aplicadas entrevistas a profundidad a usuarios de infocentros, a líderes comunitarios y miembros de comités partidistas y a funcionarios de Estado.

Comunicación digital y patrimonio cultural

33Pablo Escandón-Montenegro presenta «Comunicación digital para la construcción del patrimonio cultural y cognoscitivo», capítulo que nos permite comprender perfectamente cómo la política cultural de un Estado se expresa en lo que ocurre en sus museos. El autor parte de señalar que en Ecuador «el 54 % de la población no ha visitado ningún lugar patrimonial». Ello, a pesar de que el país tiene al Archipiélago de Galápagos como Patrimonio Natural de la Humanidad y al Centro Histórico de Quito como Patrimonio Cultural del mundo. El interés y consumo de cultura en la sociedad ecuatoriana es bajo. La comunicación digital del patrimonio cultural –afirma– «no ha sido una preocupación académica». El espacio virtual aún no es explotado, a pesar de que se cuenta con la tecnología y el conocimiento para generar narrativas y formas de comunicación diferentes. El autor realizó un análisis comunicacional que incluyó los modelos de negocios y encuestó a 13 administradores de los espacios digitales. De acuerdo con Escandón-Montenegro: «Conocer las formas de divulgación y promoción en el ambiente digital y cómo el museo, la biblioteca o el archivo histórico virtualizan su catálogo es importante, pero mucho más es conocer cómo conciben la mediación con la ciudadanía: su participación y diálogo».

34Los museos, bibliotecas y los archivos documentales patrimoniales –afirma atinadamente Escandón‑Montenegro– «deben ser parte de la cultura y la vida digitales con la finalidad de acercar a los investigadores y los ciudadanos para construir modelos de conocimiento basados en la colaboración, la participación y el intercambio de saberes». La web del museo –señala Escandón-Montenegro–: «es una plataforma participativa y un espacio de colaboración y establecimiento de redes colaborativas; se adapta a todos los formatos y contenidos multimediales que se difunden periódicamente y desarrollan aplicaciones interactivas que permiten la inmersión del usuario». En consecuencia, las web de los museos deben difundir contenidos académicos, educativos y de ocio o entretenimiento. Sin embargo, las web de los museos estudiados en Ecuador: «no toman en cuenta a los usuarios, pues están estructuradas desde la oficialidad». Además, no se desarrollan formatos para cada público porque no se los conoce. Los contenidos resultan muy elementales: «presentan información corporativa, horarios de atención y precios de visita (folletería digitalizada)». Los administradores de los sitios que participaron en las encuestas no han definido una periodicidad para publicar contenidos en las web analizadas ni en los medios sociales. Los espacios web analizados –afirma– «presentan, en su estructura formal y construcción de arquitectura de la información, deficiencias en generación de contenidos, actualización y difusión, así como en posicionamiento en buscadores, uso e integración de multimedia, interactividad, usabilidad y ergonomía, lo cual demuestra que no existe profesionalización desde la institución cultural para la construcción, supervisión y mantenimiento de los espacios digitales». El museo quiteño, y por ende, los centros culturales patrimoniales –concluye Escandón-Montenegro– no se han transformado ni han incorporado la cultura digital como eje de su actividad comunicacional en la red.

Derecho y ciberpolítica

35Juan Manuel Otero es autor del capítulo con el cual concluye el libro, «La reelaboración judicial del pasado. Derecho y ciberpolítica en el caso Muiña». Otero refiere la respuesta de la sociedad a la Corte Suprema de Justicia de la Argentina cuando pretendió instalar en el imaginario de la Ley 24.390 a Luis Muiña, represor condenado por secuestros y torturas. La Ley 24.390, actualmente derogada, se encontró vigente en la Argentina desde 1994 a 2001, y permitiría reducir las penas a responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad. En respuesta al pronunciamiento de la Suprema Corte, un amplio número de ciudadanos indignados participó en una masiva manifestación en la Plaza Mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, forzando la aplicación de la Ley 27.362, la cual impide la aplicación del 2x1 a favor de los genocidas. Otero atinadamente se pregunta ¿de qué forma las modificaciones que se relacionan con la ciberpolítica pudieron haber afectado a la dinámica que llevó a que este pronunciamiento fuera cuasi vaciado de contenido en un tiempo muy reducido?

36El fallo Muiña fue un duro golpe de la Corte Suprema. Los condenados por haber cometido crímenes de lesa humanidad que se encontraban cumpliendo penas efectivas serían beneficiados por la derogada Ley 24.390. Luis Muiña –refiere Otero– estaba cumpliendo su condena por hechos ocurridos en marzo de 1976. La Argentina: «había llegado a definir su propio perfil de justicia transicional. El fallo Muiña desafiaba la propuesta que se había consolidado en el país». El gobierno del presidente Mauricio Macri pretendía ensayar un cambio de rumbo en materia transicional, y había preparado el terreno para ello. Sin embargo, la indignación ciudadana impidió aplicar el beneficio de la ley a los represores. El rechazo de la ciudadanía al fallo Muiña admite ser considerada como la expresión de una democracia continua: «Una idea mucho más demandante, donde ciudadanos y élites deben interactuar a través de múltiples redes y espacios de comunicación en una forma mucho más ágil, continua, directa». Las redes sociodigitales observaron un papel muy relevante para coordinar las acciones contrarias a la decisión de la Corte Suprema argentina, forzándola a adoptar una actitud reparadora. El mundo tradicional del derecho y su máximo exponente, la Corte Suprema, tuvieron que replegarse. Los procesos de deliberación y comunicación política han mutado –concluye Otero– «si bien no es clara aún la dirección final de este cambio y, si bien tanto las posibilidades como sus riesgos continúan siendo inciertos, los espacios tradicionales deben tomar en cuenta este nuevo escenario que parecería incluir una forma distinta de comunicación social y política».

Por último

37El imaginario de la tecnopolítica es tan amplio como complejo. Los nueve ensayos que incluye este libro permiten confirmar el sentido de tal aseveración. La tecnopolítica comprende el uso y la concepción de nuevas herramientas tecnológicas para la comunicación, la organización y la acción políticas. Internet, sus plataformas asociadas y, en general, las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic) imponen la gestación de nuevos paradigmas en el imaginario de la comunicación política. Posteriores investigaciones deberán centrar la atención en el impacto de las tecnologías móviles en el imaginario de la tecnopolítica, particularmente, en los teléfonos inteligentes.

38Los teléfonos inteligentes admiten ser considerados como complejas extensiones del sistema nervioso central de las sociedades. Nos permiten conectarnos con nuestros entornos en todo momento, desde prácticamente cualquier lugar. Los teléfonos inteligentes son tecnologías muy poderosas –es posible considerarlos como los instrumentos más versátiles, globales y potentes que hemos tenido–, han modificado el comportamiento individual, así como comportamientos sociales, imponiendo profundos cambios en el consumo, el entretenimiento y en nuestros hábitos informativos; han trasformado industrias completas; han modificado a un gran número de sociedades. Varias veces al día, por ejemplo, sin percatarnos siquiera, revisamos en nuestros teléfonos celulares la información generada en nuestro mundo significativo. Estos dispositivos observarán un rol protagónico en el desarrollo de la Internet de las cosas (en inglés, Internet of things, abreviado IoT), facilitando nuestra interacción con los objetos inteligentes. Los teléfonos inteligentes, además, impulsarán el desarrollo de las industrias asociadas con big data, por la sencilla razón que producen un considerable número de datos. Por supuesto que no todo resulta positivo. El empleo de la información generada a través de nuestros teléfonos mermará significativamente nuestra ya muy deteriorada privacidad. Los teléfonos producirán importantes transformaciones en el imaginario de la comunicación política. El microtargeting dependerá más y más de tecnologías móviles. La política inevitablemente ingresará en nuestro dispositivo más personal e íntimo.