11. 1. Las controversias en contexto

1La negociación de los derechos territoriales por parte de actores con capacidad de agencia muy dispar, así como las disputas por la propiedad, el acceso y el uso de los bienes de la naturaleza producen una multiplicidad de conflictos con un nivel importante de visibilidad pública. En la provincia de Río Negro, Patagonia argentina, como en la Región de los Ríos, Patagonia chilena, las disputas por el acceso y uso del agua y la tierra se encuentran en el centro de las controversias entre los distintos estamentos del Estado, las empresas y las poblaciones locales, tanto originarias como criollas. En este contexto, históricamente en la región patagónica el control sobre el usufructo de los recursos naturales se ha encontrado supeditado a la regulación del reparto y la tenencia de la tierra, así como a los procesos de adjudicación de tierras fiscales.1

2En la Argentina, en los primeros años del siglo xx, aún durante la etapa territoriana,2 desde el Poder Ejecutivo se sostenía que la rentabilidad dependía necesariamente de la concentración del recurso. Efectivamente, para los territorios nacionales de la Patagonia se esgrimían argumentos productivistas en los que se afirmaba que, debido al desbalance entre la pobreza de los suelos y los requerimientos del ganado, la unidad económicamente viable era el latifundio. Fue durante el gobierno de Roque Sáenz Peña que se revisó el sistema de latifundio y, si bien no se logró modificar la situación, quedó en evidencia el proceso de gran concentración de la tierra por el que prácticamente el 79 % del total de los territorios nacionales fue repartido entre unos pocos empresarios privados que usufructuaban grandes extensiones en calidad de propietarios o arrendatarios.3 Este proceso tuvo como consecuencia, además de la concentración de la tierra en pocas manos, el desplazamiento de los pueblos originarios y su confinamiento en áreas consideradas improductivas.

3En el contexto chileno aparecen diversas similitudes con la situación argentina en la conformación de la propiedad austral donde se distribuyeron grandes extensiones de tierras a sociedades privadas de colonización destinadas a instalar colonos extranjeros. Tal política se fundamentó con el argumento de la necesidad de desarrollar la agricultura, la producción ganadera y la explotación forestal en un territorio considerado desde la perspectiva del Estado como virgen, fértil y escasamente explotado debido a la presencia de poblaciones originarias. Respondía también a una estrategia de control de estas últimas, particularmente del Pueblo Mapuche, que desafiaba la unidad y soberanía territorial que intentaba tener los Estados, tanto chileno como argentino, sobre sus territorios. La constitución de la propiedad austral se insertó en un proceso de larga duración de asentamiento y desposesión de los territorios indígenas, situando al Pueblo Mapuche entre lo que el historiador mapuche Pablo Mariman (2017) ha calificado de «cuatro contrarreformas agrarias» que se iniciaron con la llegada de los europeos en Abya Yala y perduraron con las independencias, las guerras de Pacificación y Conquista del Desierto y la consecutiva constitución de las reducciones.

4Desde entonces, en la Patagonia argentina-chilena en general, y en particular en la Norpatagonia, el proceso de concentración de la tierra, la distribución desigual y apropiación arbitraria de la tierra fiscal y los bienes naturales ha sido predominante. El desconocimiento o reconocimiento parcial de los derechos de los ocupantes originarios y criollos ha sido también una constante compartida. Particularmente en el caso chileno, las contradictorias medidas tomadas en diferentes momentos históricos destinadas a garantizar el control público sobre los bienes naturales han sido preponderantes, tal como lo ilustra el proceso de Reforma Agraria al final de los años 60 y comienzo de los 70 y, en particular, como lo veremos en el caso de la zona cordillerana de Neltume. Del mismo modo, en Río Negro, Argentina, la provincialización a mediados del siglo xx y la reforma de la Constitución en 1994 implicaron la descentralización de las políticas de regulación de la tierra y de los bienes de la naturaleza, al mismo tiempo, estos procesos dieron lugar a la proliferación de políticas erráticas, y muchas veces contradictorias, de preservación no solo de los derechos ambientales sino también de los derechos de las poblaciones originarias y criollas. El caso de Mallín Ahogado permite acercarse a las contradicciones y tensiones generadas por los diferentes regímenes territoriales que terminan superpuestos en una zona acotada. Efectivamente, en esta zona rural, conviven áreas naturales protegidas, propiedades privadas de grandes dimensiones, tierras fiscales, permisos de ocupación sobre extensiones medianas y pequeñas dedicadas a la producción de autosubsistencia, territorio originario y emprendimientos turísticos de distinta envergadura.

5En las últimas décadas se ha interpelado a las políticas territoriales a través de la articulación entre dos modos de concebir a los bienes naturales: como bienes públicos y en tanto bienes comunes. Con una aproximación restrictiva respecto de la noción de público, este tipo de bienes refiere a aquellos que administra el Estado (en sus distintos niveles), en general se trata de un tipo de propiedad fiscal, el establecimiento de la normativa que regula las condiciones de acceso y usos de los bienes públicos es prerrogativa de los gobiernos. La noción de bienes comunes, en cambio, es una definición de carácter político (no jurídico) que refiere a un tipo específico de relación entre la comunidad y los recursos. Se trata de una relación no mercantilista, basada en la autorregulación comunitaria del acceso y uso no abusivo de aquellos recursos básicos para la supervivencia y reproducción social de las comunidades como el agua, el aire, la tierra, el alimento, la energía o la riqueza de la biodiversidad. En este marco, la noción de comunidad local se toma como un concepto amplio, que refiere en términos generales a los habitantes de los espacios donde se encuentran los bienes naturales en disputa. Sin embargo, no se trata en ningún caso de comunidades homogéneas, ni de unidades discretas. Los estudios de caso, como los que aquí proponemos, dan cuenta precisamente de la complejidad y heterogeneidad social y cultural constitutiva de los habitantes de las localidades y sus modos de agrupación.

6El despliegue de la perspectiva de los bienes comunes se complementa con la noción de justicia espacial, dado que enfatiza en la comprensión de las problemáticas relativas al uso y acceso inequitativo del espacio, sus recursos e infraestructura, a consecuencia de la globalización de las economías de mercado y su sacralización naturalizada de los derechos de propiedad y mercantilización de la tierra. En este sentido, la justicia y la injusticia espacial son consideradas como el resultado de innumerables decisiones sobre emplazamientos, proyectos, distribución, uso y acceso de bienes y servicios, que generalmente son impuestos jerárquicamente por los sectores de interés y que siguen contribuyendo a la reproducción de las desigualdades.

7Abordaremos estas controversias y sus expresiones a partir de la creación de la reserva biológica y turística de Huilo-Huilo (comuna de Panguipulli, Región de los Ríos, Chile) que vuelve, en contextos de desigualdades e injusticias espaciales, a tensionar las nociones de lo público, lo privado y el uso común de los recursos naturales. En paralelo señalaremos algunos elementos de las controversias surgidas ante la puesta en cuestión del acceso y uso de la tierra y el agua en la zona de Mallín Ahogado (provincia de Río Negro, Argentina), donde la población local agricultora y una empresa de desarrollo turístico pugnan por el aprovechamiento de un mismo espacio. En este contexto, se ponen en juego modos distintos y contrarios de concebir la relación entre los actores implicados y los bienes de la naturaleza. Desde los marcos conceptuales de la justicia espacial y los bienes comunes analizaremos estas situaciones locales, ubicadas a ambos lados de la cordillera, atendiendo a un enfoque binacional.

11. 2. Bienes comunes y justicia espacial como marcos de interpretación

8En las últimas décadas la desregulación, la privatización y la mercantilización de los bienes de la naturaleza se han acelerado significativamente. Se trata de un fenómeno global que impacta de manera diferencial, concentrándose en las regiones donde se combinan la existencia de bienes naturales (tierra, agua, biodiversidad, ambientes no contaminados) con estructuras institucionales débiles y/o facilitadoras de la privatización y cercamiento de los recursos.4 Estos procesos se han intensificado durante los años 80 en varios países de América Latina.

9De modo que la Norpatagonia no escapa a esta lógica,5 de hecho, en las últimas décadas se han multiplicado los conflictos sociales y ambientales generados por el avance de emprendimientos productivos e industriales, impulsados por capitales de envergadura (nacionales, extranjeros o mixtos), que alteran fuertemente los modos de vida y de producción de las poblaciones locales, llegando a ser, en muchos casos, incompatibles. Uno de los mecanismos a partir de los cuales se avanza sobre los bienes de la naturaleza es mediante la compra de grandes extensiones de tierra. Si bien no se trata de un fenómeno para nada novedoso en esta región, lo cierto es que, en un contexto de mayor conciencia de la cualidad vital y finita de los bienes naturales y de valorización de los derechos ambientales, la apropiación del agua (mediante el cercamiento de ríos y lagos), de los ecosistemas, de los recursos forestales y paisajísticos resultante de la compra de tierras provoca controversias y acciones de demanda por parte de distintos actores.6

10A estas lógicas de mercantilización de la naturaleza y de «acumulación por desposesión» (tal como la caracteriza David Harvey, 2005) se contrapone el paradigma de los bienes comunes, referidos originalmente por Eleonor Ostrom (2000) como aquellos de los que no se puede excluir a nadie y que deben ser gestionados colectivamente, a fin de que los consumos individuales no resten capacidad de goce de esos mismos bienes al conjunto. Conceptualizar a los bienes de la naturaleza como bienes comunes implica considerar el acceso abierto a la comunidad, el uso compartido, la exención de rentas por su usufructo y la participación activa del colectivo en el establecimiento de las normas y limitaciones en el acceso y uso del bien, a fin de procurar su sustentabilidad a futuro y su herencia a las próximas generaciones (Berkes, 1989). Así entendidos, los bienes comunes de la naturaleza son el resultado de un complejo no solo material sino también simbólico, que se constituyen como un «emergente cultural e identitario común» (Vercelli, 2009, p. 55). Se trata de una reconfiguración del vínculo entre la sociedad y la naturaleza, una relación social que implica un diálogo entre entornos naturales y culturales coconstituidos y situados en comunidades específicas que pugnan por sostener su poder de decisión sobre quiénes tienen derecho a los bienes de la naturaleza y en qué condiciones. En el marco de esta dimensión política de los bienes comunes (Helfrich y Haas, 2008), el acceso y uso de los elementos naturales básicos es entendido por las comunidades locales como un derecho propio basado más en el conocimiento, la permanencia y la vida que desarrollan en los territorios que habitan, que en los títulos de propiedad o permisos de ocupación. Al mismo tiempo, los diferentes grupos que componen las comunidades son concebidos como los garantes del cuidado y preservación de los bienes que usufructúan, pero de los que nos son dueños, ya que la noción de bienes comunes hace referencia al carácter esencial de estos bienes naturales para asegurar la reproducción y supervivencia del conjunto de la comunidad, incluyendo a las futuras generaciones.

11Sin embargo, esta perspectiva sobre los bienes comunes se encuentra tensionada por la orientación neoliberal que han asumido varios Estados alrededor del mundo, como sucede con buena parte de los de América Latina.7 En algunos países de la región los Estados, apoyados por agencias internacionales, han promovido la comunitarización de numerosos territorios indígenas.8 Estas políticas han buscado a la vez responder a antiguas y más recientes reivindicaciones de las comunidades indígenas, reapropiándose de los debates sobre su rol en la conservación de sus bienes naturales, lo que ha tenido como corolario la formación de territorios étnicos habitados por poblaciones indígenas a cargo de la protección de la fauna y flora que le entornan. Tales políticas propias del multiculturalismo neoliberal han buscado, según Christian Gros (2004), delimitar y controlar los territorios indígenas, bajo la forma de santuarios naturales y áreas protegidas, y así liberar una mayor extensión de territorio no-indígena y no protegido destinado al mercado y al extractivismo.

12Estas reconfiguraciones territoriales estructuradas por relaciones de poder desiguales se expresan en forma de injusticias espaciales que regulan el ordenamiento del territorio. Las decisiones sobre quiénes tienen o no acceso, en qué medida y a qué tipo de bienes de la naturaleza surgen, desde la perspectiva de Edward W. Soja (2014), de la imposición del poder político, la conveniencia administrativa, la dominación cultural y el control de las comunidades y los lugares en que habitan. En la constitución de estas geografías injustas (exógenas y endógenas), generadas por las lógicas de las economías de mercado e institucionalizadas por los Estados nacionales y sus sistemas de leyes, la tierra se ha mercantilizado y comercializado y con ella los demás bienes naturales. Esta dinámica que termina por convertir los bienes en propiedades en manos de personas, empresas o instancias estatales que las devuelven al mercado conduce y sostiene la producción y reproducción de profundas injusticias (Soja, 2014).9

13En suma, poniendo en diálogo la perspectiva de la justica espacial y de los bienes comunes se intenta comprender las transformaciones socioespaciales que atraviesan a los casos chileno y argentino que aquí se abordan, teniendo en cuenta los imaginarios desde los cuales se proyecta el territorio y sus posibles usos, las tensiones entre los distintos actores y su expresión en diversas luchas y controversias socioambientales.

11. 3. Reserva biológica Huilo-Huilo

14La reserva biológica Huilo-Huilo se encuentra ubicada en la localidad de Neltume a unos 54 kilómetros de distancia de la ciudad de Panguipulli, siguiendo la ruta internacional Hua Hum que conecta con la ciudad argentina de San Martín de los Andes. Desde su creación, en el año 1999, el holding tehmcorp, presidido por Víctor Petermann, ha levantado en sus cien mil hectáreas un centro turístico de alto nivel e intereses especiales vinculado a la conservación del patrimonio natural y sustentabilidad del territorio, que en menos de veinte años se ha convertido en uno de los atractivos turísticos más famosos de la zona cordillera del sur de Chile. Los cuatros grandes hoteles mimetizados con la naturaleza del bosque templado lluvioso y entornados de un universo que se presenta como mítico, poblado de seres mágicos, que supuestamente se confunden entre una sorprendente diversidad biológica, constituyen los principales atractivos de este proyecto turístico catalogado como uno de los más innovadores a nivel nacional e internacional.

15De esta forma, Huilo-Huilo ha definido en su propuesta fundacional la conservación de la naturaleza, la integración de la comunidad y la actividad turística sustentable, como los tres pilares básicos que fundamentan su accionar en el territorio.10 Sobre ellos ha proyectado su imagen hacia el exterior, permitiéndole la obtención de diversos reconocimientos y premios que lo ubican como un modelo exitoso de desarrollo sustentable en la Patagonia chilena.11

16No obstante, detrás de lo que algunos consideran como un modelo exitoso de desarrollo sustentable se han ido sucediendo una serie de acontecimientos que han puesto en tensión, no solo los fundamentos del proyecto turístico y las intenciones del holding en el territorio, sino también las distintas prácticas, usos y apropiación del espacio y la naturaleza que los diversos grupos de actores han desplegado en el transcurso de estos últimos años. Esto ocurre a pesar de que en su momento el emprendimiento fue considerado por la población local como una propuesta esperanzadora, en un contexto de cesantías y vulnerabilidad social presentes en los últimos años en la zona.

17Para entender estas expectativas es necesario recuperar la historia social del lugar donde se desarrolla esta iniciativa turística. Neltume fue conocido en la historia de Chile principalmente por dos acontecimientos.

18El primero ocurre en el contexto de la Reforma Agraria (1962-1973), período durante el cual se fomenta un importante movimiento obrero, con el apoyo del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (mir). Durante la presidencia de Salvador Allende (1970-1973), se permitió la creación del Complejo Forestal Maderero de Panguipulli (cfmp) a través de la expropiación de veintidós fundos, o sea más de 400 000 hectáreas, compuesto principalmente de bosques nativos, cuya explotación quedó a cargo de aproximadamente 3000 obreros. El golpe de Estado puso fin abruptamente a esta experiencia de reapropiación colectiva de los medios de producción, mientras que la represión afectó tanto a los militantes del mir como a los trabajadores y dirigentes del complejo. En la misma zona, a comienzos de los años 1980, un grupo de miristas, en una operación de retorno a Chile, se enfrentó con el ejército chileno en una situación que se ha calificado de guerrilla. Uno de los objetivos del comando insurgente era reavivar el potencial revolucionario de las poblaciones mapuche y mestizas locales. Tal misión fue un fracaso, sus miembros delatados por la población local y la mayoría asesinados por el ejército chileno y argentino, no obstante este precedente hizo que Neltume quedara marcado en las memorias sociales como lugar de luchas sociales y armadas, imaginario levantado por el mismo mir a través de la celebración de sus mártires tanto del golpe de Estado como de la «operación retorno».

19El segundo acontecimiento tuvo lugar a finales del período de dictadura cívico-militar en 1987, cuando los habitantes de Neltume enfrentaron fuertes restricciones laborales y económicas, dado que se comenzó a evidenciar el proceso de extinción del bosque nativo, principal fuente laboral de sus habitantes. Las empresas bomasa y Carranco fueron las principales responsables de los despidos de trabajadores en los años 89 y 90. Más tarde, el quiebre y cierre de la primera se traduciría en índices de cesantía que durarían casi una década, agravándose a finales de los 90 con la llamada crisis asiática (Rojas, 1999).

20En este complejo escenario social para los habitantes de la zona, pero propicio para la instalación de megaproyectos de inversión, se comenzó a levantar la reserva biológica Huilo-Huilo. Sus inicios se remontan hacia el año 1996 cuando el grupo de empresarios, bajo el amparo de la Ley 18.362 de 1984, adquieren el fundo donde antiguamente se encontraban las faenas forestales, bajo la figura de áreas protegidas privadas. No obstante, thercomp ya había establecido sus intereses en la zona, mediante la empresa forestal Bosques y Madera s.a. (bomasa) y la forestal Neltume Carranco, esta última manteniéndose aún activa. Como lo señalan Luis De Matheus e Hugo Silva, Zunino y Viviana Huiliñir (2017), la forma de conservacionismo vigente en Chile a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (snaspe), creado por la ley antes citada, no está exenta de ciertas incongruencias, dado que otorgó un poder de administración a entidades privadas de territorios, excluyendo la participación de las poblaciones locales, como es el caso de Huilo-Huilo. En este sentido, como lo indica Thomas Klubock (2014, pp. 285-286), este emprendimiento turístico y conservacionista dista de otras experiencias que existen en la cordillera sur de Chile, donde las comunidades indígenas se hicieron cargo del manejo de las áreas protegidas y del desarrollo turístico. Esta distinción implica dos visiones diferenciadas en relación con la representación del territorio y de su población; una dando cuenta de un territorio virgen, inhabitado, donde las poblaciones originarias pertenecen al pasado o a un universo mítico;12 otra poniendo en el centro del territorio a sus poblaciones indígenas, su relación con el medio ambiente y su cultura material. De esta forma, la creación de estas áreas protegidas asociadas a iniciativas de turismo sustentable se ha constituido en una nueva manera de control y privatización de espacios y de recursos naturales que han sido históricamente objeto de pugnas.

21De este modo, los habitantes de Neltume y sus alrededores han sido testigos de cómo poco a poco los espacios que antes disfrutaban libremente –como el salto de Huilo-Huilo y del Puma, senderos hacia el volcán, acceso a zonas del lago Puerto Fuy, entre otras– han sido cercados o marcados con simbología propia de la marca Huilo-Huilo o renombrados («bosque encantado», «sendero de los espíritus», entre otros) para fines turísticos. Si bien en su calidad de lugareños pueden seguir accediendo en forma gratuita, han cambiado los imaginarios y la forma de establecer su relación con el territorio, pasando de ser Neltume lugar de guerrilla y trabajo forestal, a Huilo-Huilo, reserva biológica o bosque mágico.

11. 4. Mallín Ahogado, zona agrícola-ganadera y reserva natural

22Mallín Ahogado es una zona rural habitada por pequeños productores dedicados a actividades agrícola-ganaderas. Se encuentra ubicado a 25 kilómetros de la ciudad de El Bolsón, localidad situada en el suroeste de la provincia de Río Negro, Argentina; se trata de una región de gran atractivo paisajístico y turístico enmarcada por bosques, montañas y lagos. El Bolsón forma parte de una zona conocida como la Comarca Andina del Paralelo 42º, un conjunto de localidades cercanas ubicadas tanto en la provincia de Río Negro como en la vecina provincia de Chubut.13 Estas localidades mantienen un flujo socioeconómico intenso entre sí, sus poblaciones identifican problemáticas e intereses comunes relativos a sus modos de vida y a la relación con el entorno, al que valoran particularmente por su belleza paisajística y su calidad ecológica.

23En las últimas décadas El Bolsón experimentó un crecimiento poblacional importante, estimulado tanto por el mejoramiento de la conectividad como por resultar una de las localizaciones receptoras de migración por amenidad.14

24En este marco, en los últimos años comenzó a generarse cierta expectativa por el desarrollo de un centro de esquí situado en el cerro Perito Moreno, localizado en Mallín Ahogado. Es un centro poco explotado turísticamente aunque cuenta con la infraestructura básica necesaria para desarrollar deportes invernales. Sin embargo, la cercanía de Bariloche, donde se ofrece mayor cantidad de servicios y existe una infraestructura mucho más desarrollada destinada al turismo invernal, ha mantenido el cerro Perito Moreno postergado dentro de las opciones preferenciales de este tipo de turismo.

25La empresa Laderas s.a., a cargo de la concesión, argumenta que para incentivar y volver económicamente rentable la explotación del centro de esquí del cerro Perito Moreno es necesario desarrollar un proyecto de urbanización de alto nivel aledaño al cerro, en un sector de Mallín Ahogado conocido localmente como Pampa de Ludden, cercano al área natural protegida Río Azul-Lago Escondido. Es alrededor de este proyecto de urbanización que comienzan a generarse disidencias entre distintos actores sociales y sectores de interés. Aunque existe un consenso bastante generalizado sobre la conveniencia de desarrollar el centro de esquí, no ocurre lo mismo con el proyecto de urbanización.

26Una de las preocupaciones más reiteradas por la población local está relacionada con el acceso y uso del agua proveniente del río Azul, ya que mediante una pequeña estructura de canales de riego, sus aguas son derivadas irrigando los campos de la zona, permitiendo así el mantenimiento del ciclo de los cultivos. Sin embargo, existen también otros reparos no menos importantes ante este proyecto, devenidos de los impactos propios de todo desarrollo urbano, como el loteo de los campos privados y fiscales, el aumento de la densidad de circulación en los caminos y el tratamiento de los residuos, entre otros.

27La resistencia al proyecto de urbanización se consolida también como forma de oposición a la privatización del espacio, proceso que comenzó en la zona hace más de dos décadas. Efectivamente, el acaparamiento de tierras por parte de personas con una importante capacidad económica y aceitados vínculos políticos comenzó a acelerarse significativamente en la década del 90. Este acaparamiento tuvo como consecuencia el desplazamiento de los pobladores criollos y originarios, en algunos casos mediante la compra de hectáreas a un precio muy inferior al de mercado y, en otros, por simple hostigamiento y prácticas violentas que tienen, como se adelantó, una larga historia en la región. Algunos pobladores cuentan con permisos de ocupación precarios de tierras en su mayoría fiscales, bajo jurisdicción de distintas instancias estatales; y otros pocos son propietarios.

28Una figura visible y prototípica de esta lógica de acaparamiento de tierras es la del magnate inglés Joe Lewis, ya que posee una de las propiedades más grandes de la zona, dentro de la que quedó contenido el Lago Escondido. Esta privatización del espacio implicó la restricción drástica del acceso y aprovechamiento del lago tanto por parte de los pobladores como del público en general.15 La empresa con intenciones de llevar adelante el desarrollo urbanístico, se encuentra vinculada con el magnate, tal como se mostrará más adelante, circunstancia que favoreció la identificación de la propuesta de urbanización por parte de los pobladores en clave de una nueva apropiación indebida de un bien común. La configuración del espacio en estos términos no solo se corresponde con los usos tradicionales y las lógicas de acceso consuetudinarias, sino que se encuentra así establecido por la normativa vigente que, como se verá, instituyó como área natural a una parte de los territorios que pretende ocupar el emprendimiento.

11. 5. Justicia espacial y bienes comunes en una Patagonia desigual

29Observamos que los dos casos brevemente presentados comparten tres grandes rasgos. Por un lado, las poblaciones que se ven directamente afectadas por iniciativas privadas cuentan con muy escasas posibilidades de participar en las decisiones relativas al manejo de los bienes naturales y a la organización y jerarquización del espacio que habitan. Por otro lado, estos emprendimientos privados intentan imponer sus lógicas sobre los territorios, instalando la perspectiva mercantilista como legítima ordenadora de las relaciones sociales y naturales. Y como tercer rasgo encontramos acciones estatales (en sus distintos niveles y jurisdicciones) vacilantes y en ocasiones contradictorias, que establecen marcos normativos para la preservación de los bienes de la naturaleza bajo su jurisdicción y, al mismo tiempo, promueven políticas basadas en un concepto de desarrollo fuertemente anclado en la explotación de la naturaleza, viendo en ella una fuente de recursos básicamente económicos.

30En este contexto, recorrer cada uno de los casos con mayor detenimiento permite desagregar las dimensiones que componen la complejidad del tratamiento del problema de la tierra y los bienes naturales en la Norpatagonia en perspectiva binacional. Los matices que presentan las articulaciones, tensiones y negociaciones entre los actores a cada lado de la cordillera tal como se presentan en la actual coyuntura tienen, además, profundidad temporal. Si bien una reconstrucción histórica exhaustiva de las disputas por la tierra y los bienes naturales en cada caso excede las posibilidades de este trabajo, sin embargo, se retomarán algunos hitos relevantes que permiten comprender los modos de interpretar y abordar las situaciones conflictivas en la actualidad por parte de los distintos actores involucrados.

11. 5. 1. Huilo-Huilo: nuevas formas de explotación y desposesión del espacio público

31Desde sus inicios el proyecto turístico de la reserva biológica Huilo-Huilo marcó su presencia en la zona mediante la construcción de un primer hotel denominado Montaña Mágica Lodge. Esta espectacular infraestructura destaca por representar la forma de un volcán desde el cual brota una gran cascada y que se deja entrever en medio del bosque por quienes transitan en la ruta Neltume y Puerto Fuy (paso internacional Hua Hum). Junto con el impulso de este mega proyecto turístico en la zona, también se desarrolló un discurso que fue potenciando un imaginario del lugar asociado a la conservación de la naturaleza, la flora y la fauna, el encanto del bosque húmedo templado, los seres mágicos que supuestamente lo habitan y la convivencia armoniosa y responsable con la comunidad y su entorno. Todos estos elementos aparecen exaltados en los eslogan de difusión y marketing de la reserva, como por ejemplo: «Irguiéndose entre la cordillera de los Andes australes nace la montaña mágica […] nos recuerda la majestuosidad de la naturaleza» o «venga a vivir con nosotros la magia de ser parte de un verdadero cuento de hadas», entre otros.16

32Con esta primera obra arquitectónica se puede decir que se inauguró una nueva forma de configuración del espacio y de los modos de concebir la naturaleza y el lugar, cautivando no solo a quienes visitan la zona, sino también a los propios habitantes, quienes en su mayoría vieron en este proyecto la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y dejar atrás el largo período de cesantía y precariedad laboral producto del desmantelamiento del complejo maderero y de la privatización de las tierras durante la dictadura militar. En esta nueva configuración socioespacial, y en menos de una década, la reserva se constituyó en uno de los proyectos turísticos sustentables más emblemáticos de la zona sur del país, teniendo bajo sus dominios alrededor de 100 000 hectáreas. En ellas se emplazan cuatro hoteles más de primer nivel: el Nothofagus Lodge y Spa, el Reino Fungilodge, Nahuelpi Lodge y el Marina Fuy, este último ubicado en la localidad de Puerto Fuy, a un costado de donde se aborda la barcaza para cruzar el lago Pirihueco y acceder a San Martín de los Andes en la Argentina. Cabe señalar que dicha embarcación también es administrada por Huilo-Huilo.

33Como circuitos aledaños a los hoteles y abiertos al público en general se construyeron una cervecería, un centro de esquí situado en las faldas del volcán Mocho Choshuenco y un museo llamado Rakin Mapu Museo de los Volcanes, donde se exponen diferentes piezas con relatos históricos de doce pueblos originarios, enfatizando en el Pueblo Mapuche. También se habilitaron diversos senderos y rutas turísticas que continúan en la lógica de exacerbar la belleza de la naturaleza y su dimensión mitológica. Asimismo, el grupo de inversionistas también ha desarrollado un proyecto inmobiliario llamado Loteo Quebrada Onda, consistente en parcelas de 5000 metros cuadrados que se encuentran subdivididas por una red de senderos peatonales y áreas verdes.

34Finalmente, y para completar el cuadro del megaproyecto, en el año 2004 se creó la Fundación Huilo-Huilo, entidad que se ha encargado de la conservación del patrimonio natural y la vinculación con las comunidades cercanas, mediante actividades científicas, de investigación, capacitación, talleres de oficios, educación ambiental, desarrollo artístico cultural, entre otras. Entre estas iniciativas se destacan la de reintroducir el huemul en la zona cordillerana y el taller de seres mágicos de Huilo-Huilo.

35Poco a poco, la trayectoria de Neltume, marcada por la explotación del bosque, las faenas madereras, el movimiento obrero y la guerrilla rural, fue transformándose y adquiriendo un nuevo rasgo que busca presentar al lugar como el entorno de un gran cuento de hadas. En el marco de este relato, se recrean pequeños seres mágicos y gnomos como habitantes del bosque, que se materializan en figuras de fieltro que las mismas mujeres de la zona realizan como souvenirs para que los turistas adquieran en la tienda comercial que se ubica a la entrada del salto Huilo-Huilo.

36En sus prospectos o en su sitio web el emprendimiento Huilo-Huilo es retratado de manera idílica como un éxito tanto a nivel económico como social y ecológico. La misma figura de Víctor Petermann, un ingeniero civil en minas que, gracias al descubrimiento de una mina de cobre, logró transformarse en un empresario filantrópico, ecologista y regionalista, ha sido mostrada como un ejemplo. Sin embargo, lo cierto es que localidad de Neltume mantiene una de las tasas de desempleo más alta de la comuna, como también una tasa de vulnerabilidad social de 87,17 %.17 Y Petermann ha sido acusado en algunas oportunidades de promover el corte de árboles nativos en su propiedad o la construcción ilegal de una minirrepresa. Estas situaciones dan cuenta de la existencia de diversas tensiones y controversias en torno a la gestión sustentable del territorio.

37Existiendo varios focos de conflictividad en la zona, ya sea con las comunidades mapuche del sector que reivindican históricamente sus tierras (Le Bonniec, 2013), la construcción de represas hidroeléctricas (Martínez Neira y Delamaza, 2018), la presencia de organizaciones sociales que buscan realzar la memoria política del lugar, todo esto en un contexto de ostensible desigualdad territorial y social, la reserva biológica y turística de Huilo-Huilo sigue atrayendo miles de turistas al año y extendiéndose con nuevas infraestructuras. Tal como concluye un reciente estudio realizado por una geógrafa alemana, Benedikt Hora (2017), parecería existir un consenso en torno al modelo de desarrollo y preservación encarnado por esta iniciativa turística, a pesar de las diversas desigualdades territoriales que va reproduciendo y la presión sobre los recursos naturales que significa el aumento exponencial de turistas.

38Se pueden identificar diferentes prácticas y estrategias usadas por los distintos actores (sean individuales, colectivos, empresariales o institucionales) con las que se han tramitado las diversas tensiones que, en gran parte, se relacionan con la justicia espacial y el acceso y el uso a los bienes comunes. Al nivel de las relaciones con las comunidades mapuche de la zona, se pueden observar varias formas de contrarrestar las aspiraciones a demandar tierras que podrían ser del dominio de la reserva, tal como entregar en comodato terrenos situados a la orilla del lago a una comunidad mapuche con el fin de desarrollar un espacio de emprendimiento y de preservación de la naturaleza, promover la participación de sus mujeres en los talleres de confección de figurinas de género y fieltro representando a seres mágicos, apoyar la iniciativa de colecta de sus memorias (Salas, 2015), la oposición –aunque tardía– a la construcción de una represa que amenazaba el hábitat y complejos ceremoniales, o la entrega de «derechos de agua» o animales para fines ceremoniales por parte del mismo Víctor Petermann (Serenari, Peterson, Wallace y Stowhas 2017, p. 102).18 Estas estrategias de creación de consenso constituyen la forma en que se expresa la Responsabilidad Social Empresarial (rse), paradigma destinado a conseguir el aval social para el desarrollo de los proyectos productivos. Estas modalidades se replican con otros actores, por ejemplo, la municipalidad de Panguipulli de la cual depende la localidad de Neltume y a quien Víctor Petermann hizo la donación de terrenos destinados a la instalación de un cementerio, una estación de autobús y sedes vecinales.

39En cuanto a los posibles conflictos que se podrían generar con quienes tratan de realzar la memoria política de Neltume, se encuentran las actividades de conmemoración que anualmente organiza el Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume, destacándose la visita que se realiza al lugar donde aún quedan vestigios de la operación retorno. Estos lugares de memoria, consistentes en los retiros subterráneos (tatoo) donde se refugiaban los guerrilleros, junto con los senderos que realizaron, se encuentran al interior de la propiedad de la reserva donde, si bien se autoriza el acceso y el desarrollo de la peregrinación, se ha ido poco a poco generando algunas restricciones y la instalación de una serie de simbología de la marca Huilo-Huilo que recuerdan en todo momento que se está en propiedad de la reserva.

40Junto con estas prácticas, que pueden ser consideradas como estrategias destinadas a prevenir conflictos con colectividades sociales, políticas e indígenas ancladas en el territorio y reivindicando a su forma una justicia no solo espacial sino memorial, se pueden observar modalidades de acción aún más informales que buscan regular y hacer frente a las desigualdades territoriales. El desarrollo turístico promovido por Huilo-Huilo se ha enfocado principalmente en una clientela de élite,19 lo que instó a los habitantes de la localidad de Neltume a fomentar iniciativas turísticas más populares, ofreciendo hospedajes y servicios de alimentación a precios menores. De esta forma, se ha visto el incremento del número de cabañas particulares en esta zona, muchas veces edificadas en el mismo estilo y arquitectura que las construcciones del complejo turístico de lujo, sobre todo con el mismo material, dejando sospechar el tráfico de madera que pertenece a las empresas forestales de Huilo-Huilo. Algunos habitantes comentan que existiría una práctica de robo de esta madera para la construcción de cabañas con fines exclusivamente turísticos, práctica tolerada por parte de Víctor Peterman con el propósito de mantener la paz social. De esta forma, este emprendimiento turístico levantado por los actores locales se sostendría sobre una moralidad consensuada que legitima el robo de madera perteneciente a Petermann, como una forma de restablecer justicia espacial, aunque un tanto limitada y precaria.

41Otros registros de acciones colectivas que buscaron contrarrestar las lógicas de acaparamiento de los territorios y sus recursos se dieron bajo la forma más clásica de la protesta social. Por un lado, la huelga que se desencadenó en abril de 2016 tras los despidos masivos y sorpresivos de trabajadores que se encontraban desempeñando funciones en las obras viales destinadas a pavimentar la ruta de acceso a la localidad de Neltume y, sobre todo, al complejo turístico Huilo-Huilo. Se trató de una obra que licitó el Estado y quedó a cargo de una empresa española. Estos despidos generaron un clima de sospecha e incertidumbre social en el territorio, considerando que estas faenas viales eran parte de una estrategia estatal para mitigar los altos índices de desempleo y cesantía presentes en la zona y también por los episodios de enfrentamientos que se suscitaron entre los trabajadores, las Fuerzas Especiales de Carabineros y las autoridades locales de la época. Por otro lado, un año más tarde, le correspondió a los habitantes de la localidad de Puerto Fuy, también colindante con la reserva turística, vivenciar un episodio de vulneración social. Comenzó con la denuncia de contaminación de sus estanques de agua potable de uso doméstico con heces fecales y culminó con una protesta mayor que terminó evidenciando, bajo las consignas «solo exigimos dignidad» y «basta de privados, devuelvan los terrenos», las desigualdades sociales presentes en la zona. Junto con los reclamos por la ocupación y privatización de la tierra ambos movimientos sociales, de distintas formas y temporalidades, terminaron por cuestionar el modelo supuestamente exitoso de desarrollo sustentable de la reserva turística Huilo-Huilo y la figura del empresario Víctor Peterman, como también las prácticas del Estado y autoridades locales de la zona.

11. 5. 2. Mallín Ahogado: la emergencia de una controversia socioambiental

42La preocupación del conjunto de los habitantes que se oponen al desarrollo urbanístico en Pampa de Ludden se centra en los efectos nocivos que este puede generar en el medio ambiente y, sobre todo, en la presión que ejercería sobre suelos y agua.

43Para comprender esta inquietud es necesario tener en cuenta el aumento considerable del valor de la tierra en la zona ocurrido en los últimos años, fenómeno que afecta a la localidad en su conjunto y del que no está exento el paraje de Mallín Ahogado. Efectivamente, si bien el precio del metro cuadrado aumentó en gran medida estimulado por la fuerte demanda devenida del importante proceso migratorio de las últimas décadas, lo cierto es que ha habido también un incremento del precio como consecuencia de la mercantilización del paisaje. Tomando el paisaje como mercancía se multiplicaron los emprendimientos inmobiliarios que promocionan la venta de lotes de distintas dimensiones ofreciendo la vista del paisaje circundante (cerros, lagos y/o ríos), o el acceso a los bosques, como un valor agregado que permite «estar en contacto directo con la naturaleza», tal como se expresa en las publicidades realizadas por las inmobiliarias para promocionar los lotes en venta. Esta valorización económica de la tierra (que de manera indirecta cuantifica el paisaje o promueve el acceso y uso privilegiado de entornos naturales específicos, como bosques, lagos o costas de ríos) provoca efectos tanto socioeconómicos como ambientales.

44En cuanto a los efectos socioeconómicos, se produce un proceso paulatino y constante de desplazamiento de hecho de las poblaciones locales, que encuentran en la venta de sus campos pequeños y medianos una alternativa económica coyunturalmente ventajosa. Estos campos, destinados a la producción de una economía de subsistencia o de pequeña escala, ofrecen una muy baja rentabilidad. En este contexto, la venta del campo puede resultar un modo de obtener un ingreso importante y en forma rápida para los productores, sin embargo, el valor por el que se venden los campos está relacionado con la tasación de la tierra rural (mucho menor que el de la tierra urbana). Esto significa que se establece el valor de acuerdo a las características que ofrece el terreno para la producción agrícola, teniendo en cuenta básicamente el acceso al agua, la composición de los suelos, la extensión del predio y la infraestructura instalada. Sin embargo, una vez adquiridos los campos se fraccionan y lotean modificando su destino de uso y multiplicando el valor del suelo. Así se lo incorpora al circuito de comercialización de tierras urbanas, proceso que conforma el núcleo del negocio inmobiliario. El mercado para las fracciones y lotes se restringe a los sectores con mayor poder adquisitivo y capacidad de inversión. Paralelamente, los negocios inmobiliarios avanzan cada vez más sobre tierras cuyo dominio se encuentra en cuestión, ya sea por tratarse de tierras fiscales habitadas por pobladores que cuentan con permisos de ocupación y sesiones de derecho, por tratarse de territorios de comunidades originarias a quienes se les disputa la tenencia o porque sectores con fuertes influencias políticas y gran respaldo económico despliegan estrategias de ocupación y apropiaciones de hecho de tierras fiscales, originarias y sectores de áreas naturales protegidas.

45En este contexto, la controversia surgida en Mallín Ahogado por el proyecto de urbanización en ciernes se constituye como la expresión de una tensión entre regímenes de organización y jerarquización espacial distintos, que se apoyan en lógicas también divergentes. Por un lado, la primera tensión que se pone de manifiesto surge como resultado de un proceso de dudosa legalidad en la adquisición de las tierras de Pampa de Ludden por parte de la empresa Laderas s.a., ya que una parte de la tierra que compra esta empresa es pública y se encuentra protegida por normativas específicas. Tal como muestra Iñigo Carrera (2015), el emprendimiento pretende avanzar sobre áreas de la reserva natural Mallín Ahogado (de jurisdicción municipal), del área natural protegida Río Azul-Lago Escondido (dependiente de la provincia de Río Negro) y de la reserva de biósfera Andino Norpatagónica (cuyo manejo es compartido entre instancias provinciales y nacionales). De esta manera, se modificaría drásticamente tanto el uso del espacio como el acceso, quedando seriamente afectado el ingreso y circulación de la población en general al área comprometida y el uso tradicional para fines agrícolas a pequeña escala.

46En relación con los efectos ambientales, producto de estas dinámicas de sobrevaluación, ocupación y competencia por la tierra, lo que despierta mayor inquietud y controversia son los desmontes, el tratamiento de residuos y aguas servidas y el acceso y uso de las fuentes de agua de calidad, tanto para el consumo humano como para la producción agrícola-ganadera, que produciría la urbanización.20 Al avanzar sobre áreas protegidas los estándares de conservación se verían seriamente dañados, ya que Pampa de Ludden es una zona reconocida como cabecera de cuenca, de la cual depende la provisión de agua para Mallín Ahogado.21

47Al calor de estas preocupaciones en el año 2011 se movilizó una amplia mayoría de la población, buena parte nucleada en diversas organizaciones sociales como las asambleas de vecinos, entre ellas la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra, las organizaciones mapuche y los centros de estudiantes. Sin embargo, se trata de un conjunto amplio y heterogéneo de pobladores, que exceden a las organizaciones de referencia y que comparten la preocupación por los modos de vincularse con los bienes de la naturaleza. En el contexto del 2011 esta preocupación compartida se expresó mediante la oposición a la construcción de la urbanización en Pampa de Ludden.

48Desde las organizaciones se llevaron adelante una serie de acciones destinadas a difundir el proyecto y sus efectos, consiguiendo así que las noticias sobre la controversia y su posición al respecto trascendieran el contexto local. Dentro de las acciones se destacaron una serie de marchas multitudinarias por las calles de El Bolsón y un campamento en un espacio público céntrico que duró varias semanas. Es de destacar que a las marchas concurrieron también pobladores de las diferentes localidades de la comarca y de la ciudad de Bariloche que viajaron para la ocasión. Estas marchas y manifestaciones se desarrollaron durante el receso estival, lo que favoreció la afluencia de una importante cantidad de turistas que visitaban la zona y se sintieron identificados y convocados por la consigna: «En defensa del agua y de la tierra».

49Paralelamente, las organizaciones impulsaron acciones legales con el fin de detener el avance del proyecto, la causa se inició en octubre de 2011 por irregularidades en la adquisición de las tierras para el loteo y su ubicación en una zona de área protegida. Hasta el momento, el proyecto se encuentra paralizado por una acción de amparo que atendió la demanda de la mayoría movilizada.

50La fuerza de estos reclamos y el consenso, que alcanza a amplios sectores y grupos sociales, deviene de la articulación de estas demandas ambientales y en defensa de los bienes naturales con las experiencias históricas y recientes de enajenación de la tierra.

51Dentro de las experiencias recientes se destaca la demanda local por la apertura de uno de los accesos al lago Escondido. Desde 1996, cuando Joe Lewis compró el predio donde se encuentra, el reclamo por la apertura del acceso más apto y directo al espejo de agua es constante, las protestas se multiplicaron y continúan de manera regular hasta la actualidad.22 Los reclamos por el acceso al lago incluyen tanto manifestaciones públicas, como demandas ante la justicia. En cuanto a las manifestaciones públicas se destacan las excursiones a Lago Escondido que en distintas ocasiones implicaron abrir la tranquera que veda el paso. La tranquera cerrada con candados que bloquea el camino de acceso al lago se erige como el signo más concreto y visible de la privatización de lo que un sector significativo de los lugareños entienden como un espacio al que tienen derecho e identifican como común.23 Su apertura en el marco de una acción directa de protesta adquiere, por lo tanto, un alto contenido simbólico. Se trata de un gesto que representa una forma de restauración de justicia espacial y busca reafirmar el derecho colectivo sobre el lago, considerado también un bien común. En cuanto a las demandas judiciales, hubo una serie de marchas y contramarchas que acompañaron las tendencias a la privatización o defensa del espacio público (en tanto el dominio y gestión del camino, la costa y el mismo lago serían prerrogativa estatal) por parte de las gestiones locales, provinciales y nacionales que se fueron sucediendo a lo largo de los últimos años. Hasta el momento, el camino se encuentra cerrado y los reclamos y manifestaciones continúan.

52Esta controversia vigente refuerza la situación de alerta en la población de la zona, que advierte el peligro de la extensión del proceso de privatización de los espacios, en general, y del avance de este poderoso inversor, en particular. Efectivamente, la estrecha cercanía de Joe Lewis con los referentes de la empresa Laderas s.a. produce una asociación directa entre la figura de este empresario, la venta de tierras fiscales y la pérdida de los bienes comunes.24

53Esta experiencia de enajenación reciente se engarza en procesos de más larga duración que se remontan hasta fines del siglo xix, cuando se despojó a los pueblos originarios de sus tierras. Luego del despojo, en las zonas de difícil acceso y escaso valor relativo como estas, incorporadas al territorio nacional en calidad de tierras fiscales, se asentaron familias y grupos que habían quedado diezmados y dispersos como consecuencia de las conquistas militares llevadas adelante tanto en Chile como en la Argentina. Avanzado el siglo xx, los descendientes de las poblaciones originarias violentadas de la Patagonia se reagruparon conformando comunidades y reorganizándose como pueblo mapuche. Sin embargo, esta reorganización se hace sobre el nuevo mapa dibujado por el despojo, la legalización de ese despojo y las sucesivas exclusiones e incorporaciones subordinadas de los mapuche en el consecuente ordenamiento territorial. El caso de la comunidad Las Huaytekas, que es una de las que participa activamente del reclamo contra el desarrollo urbanístico en Pampa de Ludden, muestra cómo estas reconfiguraciones territoriales, basadas en relaciones de poder desigual, consolidan situaciones de injusticias espaciales muy concretas. Esta comunidad, una de las agrupaciones organizadas alrededor de la consigna «En defensa del agua y de la tierra», lleva adelante una demanda en resguardo de su propio territorio (ubicado en los vecinos parajes de El Foyel y Los Repollos), que se encuentra afectado tanto por el avance de empresas forestales como por una urbanización con fines turísticos. En efecto, mediante una serie de maniobras poco claras, sectores privados con el acompañamiento directo del Estado provincial en algunos momentos, y aprovechando la desidia de los organismos de control público en otros, han logrado obtener títulos de propiedad sobre fracciones de tierras que pertenecen a la comunidad de Las Huaytekas (Iñigo Carrera, 2015). Si bien se encuentra en marcha un proceso de revisión de la legitimidad de los procesos de adquisición de esas tierras, lo cierto es que tanto la existencia de los títulos de propiedad en sí mismos como el complejo y largo proceso judicial que demanda llevar adelante esa revisión –cuyos resultados no pueden anticiparse– dan cuenta de los procesos de consolidación de un orden territorial excluyente. Estas lógicas obedecen a un largo camino de sedimentación de las desigualdades entre los actores sociales locales y los sectores de interés. Resulta esperable entonces que desde los sectores de interés, en alianza con ciertos enclaves estatales, se apele a los dispositivos simbólicos y materiales necesarios para naturalizar las desigualdades: procesos judiciales lentos, represión directa, estigmatización y demonización de los actores locales –particularmente del Pueblo Mapuche en la Norpatagonia argentina– no son más que acciones que buscan neutralizar las demandas de los actores locales en materia de justicia espacial.

11. 6. Reflexiones finales: a propósito de la pertinencia de la dimensión binacional para el análisis de las controversias socioambientales transandinas

54Por la profundidad histórica de los procesos de territorialización, por el devenir de los actores sociales y sus luchas, por los intereses económicos puestos en juego, por la riqueza en biodiversidad y bienes naturales, por el débil apego a defender y preservar el carácter público de los bienes comunes por parte de los respectivos Estados, la Norpatagonia se constituye como una región difícil de interpretar desde la escisión separatista que propone la frontera internacional que la atraviesa.

55En este sentido, los casos aquí revisitados permiten poner de relieve algunos matices locales específicos y, al mismo tiempo, distinguir dimensiones estructurales (sociales, ambientales y económicas) que atraviesan las fronteras.

56El desplazamiento de los pueblos originarios, las disputas por la tierra y la apropiación de los bienes naturales acompañan la historia de la Norpatagonia y la consolidación de los Estados nacionales a ambos lados de la cordillera. Del mismo modo, el proceso de concentración y privatización de la tierra se consolida, tanto en Chile como en la Argentina, después de la segunda mitad del siglo xx y se acelera fuertemente en el siglo xxi. Así mismo, los megaproyectos inmobiliarios y turísticos (como también los energéticos y forestales) se instalan en la Patagonia imponiendo sus lógicas mercantilistas de ocupación y jerarquización del espacio y de los grupos sociales. Este tipo de proyectos es impulsado por capitales de gran envergadura, muchas veces transnacionales. Las conformaciones estatales con regulaciones y normativas más permisivas respecto de la adquisición de tierras, menos exigentes en sus cargas impositivas, con menor interés en desarrollar instrumentos de control eficaces sobre el usufructo de los bienes naturales, como ocurre tanto en la Argentina como en Chile, les resultan particularmente atractivas para realizar sus inversiones.

57Aquí vale detenerse en el rol de los Estados nacionales y subnacionales. Si bien en ambos países se observa cierta pulsión a promover y sostener políticas de orientación neoliberal (tal como lo define Harvey, 2007), no se puede afirmar que los Estados sean estructuras monolíticas que mantienen sus lineamientos inalterados en los distintos niveles y épocas. Muy por el contrario, aun en medio de la tendencia dominante en distintos tiempos históricos, ha habido otras experiencias de organizaciones territoriales y políticas de gestión de los bienes naturales, tanto de un lado como del otro de la cordillera. Neltume guarda aún la memoria otros modos de relacionarse con la naturaleza y de organizar el sistema productivo. Del lado argentino, el sistema judicial hace lugar a medidas de amparo que detienen el avance del desarrollo urbanístico basándose en la protección de los bienes naturales establecido por la legislación que el mismo Estado (provincial y municipal) promulgó en años anteriores. En este caso, la movilización social logra interpelar al Estado, los pobladores demandan que el Estado se haga cargo de garantizar sus derechos ciudadanos a participar en las decisiones sobre la gestión de los territorios que habitan.

58Por cierto, en distintas coyunturas, la respuesta de las diferentes instancias del Estado ante las demandas por la tierra y los bienes naturales puede ser muy contradictoria, yendo desde la represión directa a políticas de reconocimiento parciales.

59En el marco de estos procesos, compartidos en la Norpatagonia, las luchas, las expectativas, los modos de vincularse con los bienes naturales y las acciones de los actores sociales resultan específicos en cada contexto.

60Por un lado, en el caso chileno tras la privatización de la tierra, y la significativa desocupación producto de la desarticulación del complejo maderero, el desarrollo de un proyecto turístico de gran envergadura, presentado como ambientalmente sustentable, impactó favorablemente sobre la población. La empresa desplegó acciones concretas destinadas a conseguir el consenso social necesario para llevar adelante el proyecto sin inconvenientes. Sin embargo, las profundas transformaciones en el territorio producto del desarrollo turístico no conmovieron las desigualdades estructurales, por el contrario, parecen haberlas reforzado. La actual reserva biológica Huilo-Huilo, «bosque mágico» digno de un cuento de hadas, tampoco logró acallar completamente las memorias de las luchas de Neltume. Ni la mercantilización del paisaje y los bienes de la naturaleza alcanza para desterrar el anhelo de alguna forma de justicia espacial de la población originaria del lugar, que se resiste a ser reducida a un conjunto estereotipado de meros aspectos folclóricos.

61Por otro lado, la consigna «En defensa del agua y de la tierra», esgrimida en el marco de la controversia del lado argentino, convoca a un conjunto de actores sociales que trasciende a los lugareños directamente afectados –habitantes del paraje Mallín Ahogado– extendiéndose a todos los pobladores de la Comarca del Paralelo 42º, y aun congregando a turistas y visitantes de ocasión. En este punto puede, a su vez, observarse la influencia de procesos más amplios y los modos locales en que estos procesos se expresan. La preocupación por el respeto a los derechos ambientales y el cuidado de la calidad de los bienes naturales forma parte de un movimiento global, que atañe tanto a actores sociales como a gobiernos, organizaciones políticas y económicas internacionales. En el marco de un consenso mundial sobre el necesario cuidado y protección del medio ambiente resulta inadmisible asumir la degradación del contexto ambiental como un efecto natural e inevitable de los desarrollos productivos. Los gobiernos en sus distintas instancias, las organizaciones multinacionales, los organismos de crédito internacional cuentan con regulaciones y protocolos destinados a preservar la salud del planeta. La lógica de la mercantilización de la naturaleza prevé la inclusión de estándares de sustentabilidad ambiental como parte de la ecuación económica.

62En los casos aquí recorridos, el proyecto presentado por Laderas s.a. y el llevado adelante por tehmcorp exponen la sustentabilidad y el cuidado de la naturaleza como uno de sus valores principales. La reserva biológica Huilo-Huilo inclusive extrema esta característica de su emprendimiento y la subsume en la misma lógica, convirtiendo la sustentabilidad ambiental en un plus para potenciar la rentabilidad. Los premios obtenidos por el emprendimiento Huilo-Huilo y la importante afluencia de turistas dan cuenta del éxito de esta estrategia. Del lado argentino, por el contrario, la sustentabilidad ambiental incluida en el diseño del proyecto de urbanización no alcanza para generar la aprobación ni el entusiasmo de los actores sociales. Las experiencias recientes e históricas de pérdida del usufructo de bienes naturales como el lago y la tierra, el poco celo de las instancias estatales para exigir y controlar el cumplimiento de los estándares propuestos en los proyectos, y aun de la legislación ambiental, posicionan a los actores locales como francos opositores al proyecto y férreos defensores de los bienes naturales. En efecto, son los vecinos organizados en asambleas, las comunidades mapuche, las organizaciones de pequeños productores y ambientalistas locales, los centros de estudiantes, los organismos de derechos humanos, los gremios y los grupos religiosos quienes se erigen como garantes de los bienes de la naturaleza. Ellos exigen al Estado en sus distintos niveles (municipal, provincial, nacional) que sostenga el carácter público de los bienes, esto es la gestión estatal de los mismos, porque entienden que es el Estado (y no el mercado) la estructura organizativa que puede contener y garantizar la gestión colectiva y la sustentabilidad a futuro. Del mismo modo, la ciudadanía activa demanda que el Estado asuma la defensa del agua y la tierra, abarcando las distintas dimensiones que esa defensa implica: como soporte de la vida humana y de la biodiversidad presente y de las generaciones futuras, como elementos fundamentales de reproducción del aparato productivo y como bienes comunes, emergentes culturales e identitarios.

63Las territorialidades (Sack, 1986) en tensión en los casos localizados en Mallín Ahogado y Huilo-Huilo, analizadas desde la perspectiva de la justicia espacial y los bienes comunes, advierten sobre la centralidad de los actores, grupos sociales y sectores de interés en la construcción de estas territorialidades que, como explica Perla Zusman (2011), no son una prerrogativa exclusivamente estatal. Desde un enfoque binacional, las territorialidades en pugna pueden ser repuestas en las tramas sociales, culturales y políticas que explican su potencia y sus límites. Este particular enfoque habilita un análisis situado de las controversias socioambientales en la Norpatagonia, ya que, como observó Pedro Navarro Floria (2008), se trata de un espacio revalorizado por sus bienes naturales, pero que continúa teniendo una articulación conflictiva con los Estados nacionales y se encuentra «funcionalizado por actores hegemónicos a menudo lejanos, o sometidos a la nueva lógica de la internacionalización del capital» (p. 6).

Autorías y filiaciones institucionales

64Laura Mombello
Instituto de Desarrollo Económico y Social. Buenos Aires, Argentina.

65Fabien Le Bonniec
Universidad Católica de Temuco, Departamento de Antropología. Chile.

66Dina Guarda Cerón
Universidad Católica de Temuco, Departamento de Trabajo Social. Chile.

Comentario al texto

67Por Ana Spivak L´Hoste

68El artículo «Controversias transandinas en torno al control sobre el usufructo de los bienes de la naturaleza en la Norpatagonia argentina-chilena» de Laura Mombello, Fabien Le Bonniec y Dina Guarda revisa dos situaciones de conflicto que involucran distintos estamentos del Estado, empresas y poblaciones locales respecto del acceso y uso de bienes naturales en la Norpatagonia argentina y chilena. O, invirtiendo esta argumentación, revisa, a partir de dichas situaciones de conflicto, los procesos que las produjeron y las coyunturas que las desataron señalando diferencias y similitudes entre las dos configuraciones nacionales que ocupan la región. A esos fines, se articulan dos perspectivas analíticas: la de abordar los bienes de la naturaleza como bienes comunes y la noción de justicia espacial para comprender las problemáticas relativas al uso y acceso inequitativo del espacio, sus recursos e infraestructura.

69Los autores describen en detalle, a lo largo del artículo, las dos situaciones y algunos de sus conflictos. La primera, en orden de aparición, se configura en torno a la creación de la reserva biológica y turística de Huilo-Huilo en la Región de los Ríos, Chile. La segunda se centra en la disputa por el acceso a la tierra y al agua en la zona de Mallín Ahogado, provincia de Río Negro, Argentina. Ambas situaciones, además de desplegarse a los actores que las protagonizan y a sus tensiones específicas, aportan datos y análisis que profundizan sobre procesos de desposesión y desplazamiento de poblaciones indígenas, así como de concentración de la tierra y bienes naturales en pocas manos. Procesos que permearon el devenir de uno y otro lado de la cordillera.

70Son muchos los aportes de este texto y son muchas también las preguntas que deja abiertas tanto a nivel teórico como a nivel empírico (lo cual es una contribución en sí misma). En este comentario intentaré, asumiendo una lectura sesgada por inquietudes de índole personal, formular una pregunta a cada situación presentada y cerrar con otra orientada a reforzar la potencialidad comparativa del artículo. Potencialidad que explota en su contenido, claro está, pero que siempre deja pendientes a retomar.

71El origen de Huilo-Huilo se remonta a 1996 cuando el holding thercomp adquiere, bajo la figura de áreas protegidas privadas, tierras en las que se habían desarrollado actividades forestales. Dicho holding participaba en esa industria con algunas de sus empresas. Desde 1999 funciona, en las 100 000 hectáreas que ocupa la propiedad, un centro turístico de alto nivel que define la conservación de la naturaleza, la integración de la comunidad y la actividad turística sustentable como sus pilares. Ahora bien, los autores afirman que más allá de estas definiciones se sucedieron, a lo largo de los años, acontecimientos que tensionaron tanto los fundamentos del emprendimiento como las prácticas, usos y apropiación del espacio y la naturaleza que tuvo como efecto. Y afirman también que esto ocurrió pese a que este fuera considerado por la población local como una «propuesta esperanzadora, en un contexto de cesantías y vulnerabilidad social» que los autores detallan. En el texto se muestra cómo el emprendimiento se aleja de otras experiencias de la región donde las comunidades locales son responsables del manejo de áreas protegidas y su uso para el turismo generándose pugnas entre maneras contrapuestas de concebir los usos y formas de manejo de los entornos naturales. La pregunta sería, entonces, cómo se expresan esas pugnas o, si la queremos desdoblar en varios interrogantes, a quiénes involucran, cuáles son los argumentos que se ponen en juego, cómo se resuelven y cuáles son sus efectos.

72En la descripción de la reacción colectiva contra el emprendimiento inmobiliario de alto nivel de la empresa Laderas s.a., emprendimiento que acompañaría las mejoras del centro de esquí del cerro Perito Moreno lindero al paraje Mallín Ahogado, se responden buena parte de esas preguntas. La descripción de caso, y de sus controversias, caracteriza al lugar, una zona rural habitada por pequeños productores enmarcada por los bosques, montañas y lagos que forman parte de la llamada Comarca Andina. Y caracteriza también a sus diversos pobladores, que coinciden en oponerse al proyecto inmobiliario por el temor a las restricciones que el acceso y uso del agua pueda generar, a otros posibles efectos del desarrollo urbano (circulación de vehículos, tratamiento de residuos) así como sus consecuencias en términos de acaparamiento de tierras en la región. El texto presenta también el rol que juegan la empresa y los distintos estamentos del Estado en el conflicto, además de sus formas públicas de expresión. La pregunta en este caso, o mejor dicho el eje de profundización que lo enriquecería, se centra en ahondar sobre la articulación entre los argumentos y los actores de las disputas. Una articulación cuyo análisis permitirá no solo abonar datos sobre la construcción de una causa común sino también establecer las diferencias en un colectivo en el que confluyen historias en intereses heterogéneos.

73Queda entonces la pregunta orientada a reforzar la potencialidad comparativa del artículo. Esto es, a abonar a partir de ambos casos, de las similitudes y diferencias que presenten, a una inquietud de orden transversal. Una inquietud que, en este caso (y por simple interés personal) tiene que ver con profundizar sobre la relación entre el paisaje (o los paisajes), las configuraciones territoriales y las dinámicas de las controversias definidas como socioambientales que refieren a ellos. Esto es, sus actores, sus reclamos, sus consensos, los discensos, las luchas y sus efectos. En los últimos años han abundado los trabajos que abordaron estos conflictos estableciendo parámetros comunes entre ellos, pero son muchos menos los que lo han hecho sobre la base de estudios empíricos profundos como los que se presentan en este texto.

En diálogo con Ana Spivak L´Hoste

74Por Laura Mombello, Fabien Le Bonniec y Dina Guarda

75La lectura cuidada y aguda de Ana Spivak L’Hoste sobre las ideas planteadas en nuestro artículo resulta un importante estímulo para profundizar la indagación sobre cada caso y avanzar en la dimensión comparativa.

76Sin duda, la necesidad de revisar los casos buscando darle continuidad y complejidad al estudio desde una perspectiva transversal es un desafío a asumir y sostener en las investigaciones porvenir. Coincidimos con la comentarista en que para ello el trabajo sobre las configuraciones territoriales en su relación con el paisaje resulta una línea particularmente potente a explorar.

77Tal como se señala en el comentario, en este primer abordaje que hemos propuesto las diferentes posiciones que intervienen en el contexto de las controversias, de uno y otro lado de la cordillera, se corresponden con intereses heterogéneos y en ocasiones contradictorios.

78Si se considera en detalle el caso argentino se observa que entre quienes se oponen al proyecto inmobiliario existen distancias significativas tanto en los modos de posicionarse frente al conflicto como en cuanto a los actores que consideran válidos para su resolución. Así, mientras para algunos las distintas instancias estatales y gubernamentales resultan interlocutores legítimos, capaces de procurar las mediaciones necesarias para la gestión del conflicto, para otros estas mismas instituciones son parte constitutiva del problema y, por lo tanto, destinatarias de las estrategias de confrontación. Además, no a todos los sectores que se oponen al emprendimiento inmobiliario los animan los mismos motivos. Si bien la consigna «en defensa del agua y de la tierra» ocluye las distancias y divergencias entre quienes se aglutinan a su alrededor, lo cierto es que para los distintos sectores que componen el heterogéneo colectivo que la invoca no necesariamente significa lo mismo. En el artículo se sostiene que la noción de bienes comunes puede favorecer en parte la comprensión del proceso por el cual el agua y la tierra llegan a conceptualizarse como tropos de un modo de vida o, mejor dicho, de un modo de concebir la existencia colectiva presente y futura. Queda pendiente, sin embargo, detenerse en los matices de sentido desde los que cada sector interpreta la consigna, lo que permitirá reflexionar sobre: los alcances y los límites de la constitución de lo colectivo para cada sector, la tensión entre los intereses de los grupos puestos en juego, las prioridades de usos y accesos a la tierra y al agua según la diversidad de intereses y concepciones y los tipos de dominio sobre los bienes naturales (público, privado, comunitario) derivados de esas distintas concepciones e intereses.

79Los vecinos del paraje Mallín Ahogado, los habitantes del pueblo de El Bolsón y zona de influencia, las comunidades mapuche y los turistas adherentes no comparten necesariamente idénticas perspectivas sobre de qué o de quién hay que defender a la tierra y al agua, ni sobre cuáles deberían ser las medidas y regulaciones que garanticen su defensa, como tampoco ponderan del mismo modo quiénes son los sectores afectados de manera más o menos directa. No obstante, la consigna habilita la articulación de los distintos sectores y amplía el marco de las alianzas posibles, más allá del reclamo puntual.

80Asimismo, también queda pendiente el análisis de los actores que, aunque comparten la idea fuerza que expresa la consiga, no consideran que la realización del emprendimiento sea incompatible con la preservación del medio ambiente. Por el contrario, suponen que el desarrollo de la villa turística puede realizarse de modo sustentable y cuidando el entorno. Lejos de considerar al emprendimiento como un perjuicio estiman que podría tener efectos positivos sobre la dinámica de la economía local y sostienen la expectativa de que se constituya en una fuente de empleo.

81En el caso de Neltume y Huilo-Huilo, estamos frente al mismo escenario, ya que las tensiones y pugnas observadas no tienen como foco central el desarrollo turístico visto con buen ojo por la mayoría de los habitantes, sino más bien el proceso sociohistórico que ha llevado a producir las asimetrías e injusticias espaciales constatadas. Las acciones colectivas descritas en el texto que buscan revertir los efectos de este proceso son llevadas adelante por grupos e individuos con intereses y discursos diversos, lo que les une muchas veces es una historia común, un sentimiento de legitimidad de habitar un espacio sin tener derecho a decidir sobre él. Las familias allegadas en este territorio al comienzo del siglo xx fundaron su vida en torno a la explotación de la madera y del bosque, produciendo un fuerte arraigo que traspasa varias generaciones. Frente a las transformaciones de estos espacios, tales como su cambio de estatus de fiscales a privados y los desplazamientos forzados consecutivos, sus habitantes han sido meramente objetos pasivos al no tener la posibilidad de participar de las decisiones que se tomaron en torno al destino de este territorio.

82El período de la Reforma Agraria y del Complejo constituye en este sentido una excepción, dado que después de haber contribuido a levantar este polo de desarrollo forestal en una zona inhóspita que significó un duro trabajo y generó un sentimiento de sacrificio, los habitantes de Neltume y sus alrededores tuvieron la expectativa de reapropiarse de la empresa forestal y maderera con aspiraciones de justicia social. Este proyecto colectivo fue truncado con el golpe del Estado de 1973, no obstante estas distintas experiencias fueron configurando un sentido de pertenencia que se ha traducido en el derecho de ocupar este territorio.

83En la actualidad, son distintas colectividades que comparten y a veces discuten sobre la legitimidad de ocupar este espacio, derecho que se viene reafirmando en el contexto del surgimiento del proyecto turístico de Huilo-Huilo. Como se menciona en el texto, se puede al menos identificar la presencia de comunidades mapuche, de asociaciones que buscan relevar la historia del movimiento obrero de la zona, de organizaciones de artesanos fomentadas por la fundación Huilo-Huilo con apoyo de fondos públicos y de otros grupos que se van constituyendo, articulando y diluyendo de acuerdo a las contiendas y la emergencia de nuevas problemáticas tales como: el aumento del desempleo, la construcción de represas, la contaminación de las aguas, la reivindicación de tierras, entre otras. Estas distintas colectividades en sí no son homogéneas, incluso sus miembros pueden participar de más de una, de ahí la heterogeneidad en los discursos y prácticas que se entrecruzan en torno a las luchas por los espacios y las memorias asociadas a ellos.

84Finalmente, valoramos particularmente esta instancia de intercambio que nos ha permitido revisar los casos con nuevas preguntas, y agradecemos los comentarios que aportan enfoques complementarios para avanzar en los estudios comparativos, desde una perspectiva binacional.