4. 1. Introducción

Ellos disparaban de la guerra y los trajeron de chicos algunos con la mamá otros con los hermanos. Cuando pasó el problema de la guerra grande que hubo se juntaron y hacían familia. Acá creo que era tierra de los mapuches, acá han vivido muchos indios de antes, los primeros vivientes que han sido… acá hay trahuil las flechas que le dicen, pero después vino la guerra grande, vinieron los dueños de la tierra y los cautivaron y la tierra quedó casi vacía.
Ahí es cuando empezó a llegar la gente después, así que hay muchos apellidos extranjeros. Los Millar son chilenos, los Paleta italianos, no son gente nativa de la tierra de acá, son gente venida de otros lugares, pero no de otro país. Parece que acá había más vida más lugar para trabajar. Los Peña sí creo que eran de acá. Había mucho Peña acá en la zona. Los Chodilef, los Linares venían de otros lugares, después se entreveraron.
Se juntaron y se trataron bien, como los paisanos de antes.
Eduvigia Cayul (entrevista, 2011)

1Con algunas excepciones, no existió en la Argentina una legislación que discriminase a su población en términos étnicos, ni nacionales.1 Sin embargo, cuando se analiza la relación entre población y territorio –entendiendo su dimensión material y simbólica– nos encontramos con un racismo estructural histórico que produjo, en el largo plazo, la estratificación y jerarquización de los pobladores del interior rionegrino una vez incorporado a la matriz Estado-nación-territorio. Al mismo tiempo, los presupuestos sobre las personas –sus hábitos y prácticas– permean el territorio. Los mismos son espacializados en una lejanía percibida que es, a su vez, desacreditada por los escasos kilómetros que distancian la llamada Línea Sur de los centros urbanos de la provincia. Así, regiones contiguas como Bariloche, aparecen distantes en tiempo y espacio en relación a los parajes del oeste del arroyo Pichileufu.

2En este trabajo nos proponemos contribuir al conocimiento histórico-antropológico de la zona precordillerana de Río Negro en una región que comprende los parajes de Villa Llanquín, Pichileufu, La Fragua, Pil Pil Cura y Arroyo Chacay. La región a explorar está circundada por el río Limay al norte, el arroyo Pichileufu al este, la ruta provincial 23 al sur y, finalmente, al oeste por los ejidos municipales de Dina Huapi y Bariloche, zonas urbanas con las que se mantiene una circulación fluida desde la región.2

3El punto de partida de nuestra narración es el sometimiento e incorporación forzada de la Patagonia y su gente al Estado argentino a partir de las campañas de ocupación militar conocidas como la Conquista del Desierto (1878-1885). Sin detenernos aquí a recuperar el proceso militar general que hemos analizado en términos de genocidio (Delrio y otros, 2010 y 2018; Pérez, 2007, 2011 y 2016), nos centraremos en la sociedad pos-Conquista. Como hemos destacado en la introducción histórica (ver capítulo de Delrio y Pérez), el genocidio opera como un evento estructurante de la sociedad patagónica, cristalizando supuestos estigmatizantes sobre los indígenas pero, también, generando expectativas sobre los «nuevos pobladores». En definitiva, nos interesa analizar históricamente la constitución de la llamada «estructura profunda de la sociedad de colonos» (Moses, 2008, Pérez, 2016), es decir, los supuestos, proyectos y políticas –y su materialización– que definen las características de los habitantes de un territorio ahora administrado por el Estado. Al mismo tiempo, y a partir de su relación con los «márgenes» (Das y Poole, 2006) que se definen y redefinen, nos interesa seguir las formas locales de constitución del Estado a partir no sólo del desarrollo de sus instituciones sino incorporando al Estado en tanto idea (Abrams, 1988).

4Siguiendo a Derek (2004), entendemos que las geografías imaginadas desde la hegemonía estatal son espacios de doble articulación en los que el capitalismo desterritorializa para configurar un espacio abstracto y racionalizable, a la vez que la ocupación estatal es intrínsecamente territorializadora. En esta doble articulación se instala el espacio de excepción que permanentemente define y redefine el umbral entre el nosotros/ellos que se impone sobre los habitantes. Nos interesa descentrarnos, entonces, de las construcciones progresivas propias de la teleología discursiva del Estado, para reconstruir históricamente la configuración de los nuevos umbrales sociales, las tensiones y disputas de los procesos de territorialización y desterritorialización.

5Prestaremos especial atención a la movilidad y fijación de población que son de particular interés de la administración estatal en el contexto de establecimiento de su territorialidad nacional. Lisa Malkki (1997) sostiene que la naturalización entre la identidad de las personas, el lugar y la nación es creada tanto a través de prácticas discursivas como de una práctica de segmentación del espacio social que comienza a automatizarse en el periodo de consolidación de los Estados nación. Por esto, el sedentarismo o la fijación territorial (Deleuze y Guatari, 1987) es de trascendental importancia y se construye valorativamente en oposición del nomadismo. Desde la perspectiva de Malkki, el sedentarismo reafirma la división entre naciones de forma excluyente. Además, el sedentarismo está tan arraigado y positivamente valorado que se naturaliza. El sedentarismo es, entonces, profundamente moral, vinculado a los proyectos de progreso del espacio social estatal y, también, al avance de la propiedad privada y del capitalismo. Por último, la fijación poblacional no expresa solo la radicación de personas sino que territorializa las identidades de forma pretendidamente permanente. En contraposición, la movilidad es condenada e identificada como amenazante. Con todo, nos interesa indagar en la movilidad y la fijación en este espacio regional en particular.

6Entendemos, entonces, la fijación y la movilidad como pares en tensión en la experiencia de lo vivido en los espacios de representación. Las nuevas fijaciones pos-Conquista serán desnaturalizadas en tanto procesos negociados, acordados o disputados en el marco de la matriz Estado-nación-territorio (Delrio, 2005). A su vez, la movilidad y sus modificaciones serán vinculadas a la expansión en espacios sociales y a la negociación política sobre territorios locales de poder (Gordillo, 2004) tras la intervención genocida y en el marco de la imposición del orden estatal.

7Nos interesa seguir la conformación de los parajes como lugares dentro de un contexto de geografías condicionadas por las relaciones de poder,3 particularmente por la producción del espacio social desde la Conquista hasta la «sociedad de colonos». Partiendo de la propuesta de Doreen Massey (2005) entendemos los lugares como la confluencia de trayectorias que, si bien conllevan su propia historia, al mismo tiempo moldean el lugar y lo resignifican. La «unicidad del lugar» que destaca la autora está vinculada a su cambio permanente, ya que la reunión de estas trayectorias puede generar otras nuevas, así como nuevas configuraciones del lugar. En este sentido, entendemos que no hay una coherencia predeterminada ni de comunidad ni de identidad colectiva. Sin embargo, no perdemos de vista, como destaca Ana Vivaldi (2012), que la consecuencia de la pérdida de territorio es el desplazamiento y que estas vivencias son compartidas por la experiencia social indígena que confluye mayormente en esta región. Como Anna Tsing (2005), consideramos que el movimiento siempre genera fricción, que no debe entenderse como resistencia sino más bien como formas locales de negociación y disputa en el marco de relaciones de poder. Al mismo tiempo, estas negociaciones y disputas dejan marcas en el espacio que evidencian cómo fueron transformándose los lugares desarticulando su aparente fijeza (Gordillo, 2004).

8El Estado buscará, tras la Conquista del Desierto y la creación de los territorios nacionales, avanzar sobre la fijación y distribución de su territorio concebido como un espacio abstracto, una tabula rasa producto de su violentamiento militar. En este sentido se promulgarán diversas leyes de tierras que revelan la concepción que el Estado maneja de este espacio social, conformando una desigualdad estructural en la práctica de la sociedad patagónica. Para los indígenas este espacio estará marcado por un antes y un ahora, siendo este ahora redimensionado y atravesado por la ocupación militar y el despojo, tal y como narra Eduvigia Cayul en el inicio de este trabajo. De las evaluaciones del proceso se desprenden las diferentes estrategias de negociación en franca asimetría. De esta forma se configura un nuevo orden social que modificará las prácticas espaciales de antaño.

9Los parajes contienen, en principio, grandes estancias de extendida trayectoria en el territorio. Entre ellas podemos destacar la estancia Pilcañeu –que fuera de la alsco y, luego, adquirida por la empresa Benetton desde los 90– con una forma invariable desde fines del siglo xix; la estancia San Ramón que se ha reorganizado y concentrado desde principios del siglo xx hasta la actualidad; las estancias El Cóndor, Paso Limay, Paso Flores y Bardas Blancas –entre otras que iremos destacando–. En segundo lugar, existen otras propiedades de envergadura consolidadas desde la segunda mitad del siglo xx tales como la actual estancia Pil Pil Cura y Valle Encantado, entre otras. Por último, dentro de los márgenes fluviales y de los demarcados por las estancias y los cascos urbanos existen numerosos pobladores, en algunos casos pequeños productores ganaderos, en otros vinculados a emprendimientos agrícolas y también turísticos. La actividad económica de la región ha variado para unos y otros, como iremos destacando en este capítulo.

10La selección de estos parajes responde al corpus reunido, en principio, en las denuncias realizadas por pobladores de la zona ante la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales en el ámbito de la Provincia de Río Negro –vigente entre 2012 y 2015–. Estas denuncias evidenciaban problemas con trayectorias comunes que nos dispusimos a analizar para contextualizar los casos sobre los que debía dictaminar la Comisión. Para este trabajo ampliamos nuestro corpus a otros registros de la región que complementan y profundizan las problemáticas identificadas. Esta región se caracteriza, en gran medida, por ser expulsora de pobladores en diferentes momentos de la historia que intentaremos periodizar. Por otra parte, se identifican conflictos entre pobladores y entre pobladores y estancias por deslindes, títulos de propiedad y sucesiones. Por último, se observa una creciente descapitalización de los pobladores en favor de las estancias o de los propietarios que cuentan con título de propiedad (ver figura 4. 1).

11Sobre la base de estos emergentes actuales nos interesa indagar en los procesos de larga duración en los cuales se encuentran explicaciones más completas y complejas que trascienden la apariencia de problemáticas entre individuos o intrafamiliares o aisladas o puntuales con raigambre exclusiva en coyunturas presentes. Los emergentes actuales nos permiten, además, enmarcar los procesos de larga duración en lo que Diana Lenton (2008) denomina –junto a las comunidades indígenas neuquinas afectadas por las empresas petroleras– como «daño cultural». Es decir, el daño que, si bien repercute en lo material, se produce más allá de lo concreto con base en la negación a futuro de prácticas y posibilidades sociales y personales.4

Figura 4. 1. Proceso de ocupación de tierras rurales: desalojo y achicamientos

4. 2. Contrapuntos: las distribuciones de tierra más antiguas tras la Conquista

12De los registros de tierras más antiguos y de la cartografía de fines del siglo xix se desprende que la zona aledaña al sur del río Limay fue parcelada y entregada tempranamente tras el proceso de Conquista del Desierto a figuras políticas, periodísticas y reconocidas de la llamada generación del ochenta. En gran medida, estas tierras no fueron colonizadas según la proyección legal del periodo, ni siquiera ocupadas, ni mensuradas por los beneficiados. Nos referimos, por ejemplo, a las concesiones a Jorge Newbery, Warren Lowe o Pedro Ezcurra (sobre la margen sur del río Limay). En contraste con estas experiencias, nos detendremos en dos casos: la concesión de tierras al cacique Antimil y la creación de la estancia San Ramón. El análisis de estos casos permite marcar un primer periodo de políticas estatales que territorializan las diferencias sociales en esta región con la particularidad común de tener efectos hasta el presente. A su vez, trazan al mismo tiempo una ponderación opuesta en la producción del espacio. A partir de estas dos experiencias contrapuestas, nos interesa registrar, en los siguientes acápites, los matices de la diversidad y estratificación social de la región.

13San Ramón (ver figura 4. 1) es uno de los establecimientos más antiguos de la zona, reconocido como articulador económico dentro de la región. Según Liliana Lolich (1998) la estancia comenzó con la concesión de 40 000 has a Bares, Benquez y Portes, dentro de los límites estipulados por la legislación vigente (ver capítulo de Pérez y Delrio). Para 1893 la estancia contaba ya con mensura según las propias exigencias de la ley. Entre las particularidades de la estancia se encuentra el haber tenido siempre propietarios y administradores de origen alemán. Así, en la primera década del siglo xx, la estancia fue comprada por la Compañía Comercial Chile-Argentina, de capitales chileno-alemanes, que contaba con varias estancias en la zona cordillerana, así como importantes casas comerciales en los pueblos emergentes como Bariloche y Comallo (Vallmitjana, 1997 y Méndez, 2010). La Chile-Argentina fue un importante articulador de redes comerciales en la zona, al vincular la producción de la Norpatagonia argentina con las demandas chilenas y la salida al Pacífico por Valparaíso y Puerto Montt (Bandieri, 2001). San Ramón fue el primer establecimiento en la zona en estar alambrado. Conjuntamente con la estancia Pilcañeu en Pilcaniyeu, fueron las principales productoras de ganado ovino y de especialización de las majadas (Minieri, 2006).

14En el periodo de entreguerras –varían las fuentes consultadas para definir el momento preciso de la adquisición­­–5 la estancia San Ramón fue adquirida por una reconocida sociedad anónima de la época, la casa Lahusen, también propietaria de otros campos y casas comerciales en la Patagonia y en la zona –como por ejemplo en Chacay Huarruca–. Lahusen y Cía. s. a. fue fundada en 1908 en Comodoro Rivadavia y tenía casas comerciales en los principales pueblos patagónicos. Además, los dueños y administradores tenían conocimiento de las prácticas y costumbres dentro de los territorios para obtener ventajas comerciales en relación a su competencia. También conocían los pormenores de las situaciones de inestabilidad en la que se encontraban los indígenas y sus concesiones de tierras, y cuentan entre sus antecedentes el haber quitado las tierras a los hijos del cacique Valentín Saihueque –después de su muerte– por mecanismos de estafa y endeudamiento en la zona cordillerana de Chubut (Pérez, 2016). Además para la década del veinte, según registra Moldes (2003) a partir de casos de la Justicia Federal en Neuquén, los Lahusen comerciaban por vía del Atlántico cueros denunciados como robados que adquirían en la zona de Pichileufu.

15La estancia San Ramón tuvo varias ventas parciales, como el campo de La Paloma en los límites de la ciudad de Bariloche, y nuevas adquisiciones de tierras a lo largo del siglo xx, concentrando su territorio en la zona de nuestro trabajo. En la actualidad pertenece al grupo económico Inversora Roland s. a.

16La estancia fue una importante productora lanera que operó de forma continuada y contó con una casa de acopio y comercio desde la que abastecía la región y a los peones que trabajaban en la misma. Además, facilitó sus instalaciones para escuela rural y también alojaba peonada –en algunos casos con sus familias–. En los periodos de esquila contrataba comparsas de esquiladores y peones de la zona de forma temporal.

17Paralelamente, registramos la entrega de tierras al cacique Antimil en 1903, por parte del Poder Ejecutivo Nacional que delimitó una primera concesión de tierras y sus concesionarios (Delrio, 2005 y Salomón Tarquini, 2010). Esta concesión tuvo sus problemas hacia adentro del colectivo reconocido como tribu de Antimil –debido a que poco tiempo después de otorgadas las tierras fallece el cacique– y, también, con el resto de los indígenas ya asentados en la zona –por ejemplo, con la familia de Valentín Epulef, con quienes tuvieron una superposición de tierras–. Nos remitiremos brevemente a su historia dado que responde a otras formas de tenencia de la tierra que se entraman con lo expresado en el capítulo histórico preliminar.

18Por decreto del 2 de octubre de 1897, Juan Andrés Antimil, al igual que otros caciques en la última década del siglo xix, recibió como reconocimiento a los servicios prestados en las campañas militares un permiso para ocupar una fracción de tierras en el Territorio Nacional del Neuquén junto a su gente (Briones y Delrio, 2002, p. 69). Según el expediente conservado en el Archivo Histórico de la Provincia de Río Negro (es el número 3267), Antimil reclama que las tierras neuquinas en las que fueron asentados no eran aptas para vivir. Además, agrega que fueron desalojados por otros propietarios que «compraron» esas mismas tierras a la gobernación de Neuquén. Por esto, solicita tierras en el territorio nacional de Río Negro. Las mismas son concedidas para él y 34 familias que conforman su tribu por el ministro de Agricultura Wenceslao Escalante.

19A partir de aquí podemos delimitar tres momentos. El primero entre 1903 y 1914 con los pedidos de Antimil para que en las tierras adjudicadas al oeste del río Limay se cree una colonia agrícola pastoril. Si bien Antimil y su gente reciben la concesión, estas tierras permanecen otorgadas de forma precaria, sin mensura y sin delimitación específica sobre las personas o formas de sucesión.

20Tras la muerte de Antimil comienza un segundo momento que está marcado por las gestiones de Manuel Cotaro y su hermano Julio (ver en figura 4. 2 los puntos 109 y 99) quienes buscaron la regularización de la tenencia de la tierra. Las gestiones comenzaron tempranamente, en 1914, cuando viajaban a Buenos Aires pidiendo el reconocimiento de su representación, las mensuras y la constitución de una colonia agrícola pastoril. Las negociaciones los condujeron a formar parte de la Asociación Nacional de Aborígenes. Esta asociación de alcance nacional, supracomunitaria y transterritorial, fundada por indígenas predominantemente mapuche –entre ellos los Cotaro– perduró más de una década en la Patagonia. La misma asesoraba a indígenas y les daba acompañamiento para negociar, tanto en las capitales de los territorios como en Buenos Aires, la regularización de las ocupaciones (Pérez, 2013). Sin embargo, a pesar de las múltiples gestiones –que fueron cambiando estratégicamente entre 1904 y 1930– no lograron nunca el reconocimiento oficial, ni la mensura y mucho menos la titulación de la concesión.

21La inspección de tierras que en 1928 se efectúa en la zona de Arroyo Blanco eleva un informe en el que, como resultado, el inspector manifiesta que no existe tal tribu de Antimil, recomendando la derogación del decreto de concesión de tierras y habilitando el arrendamiento a Yerio, Criado, Creide, Cueto y Galván6. A continuación, en el expediente Antimil, se suceden los reclamos de pobladores de más de 40 años de asentamiento que reciben órdenes de desalojo, fechados entre 1930 y 1940. En suma las décadas invertidas en obtener la titulación de las tierras fueron clausuradas por la definición del inspector de tierras que niega la existencia de una «tribu».

22A pesar de los fracasos en las gestiones que derivaron, gracias a las propias políticas de Estado, en la pérdida de las tierras por parte de los indígenas, la movilización colectiva en defensa de las tierras es aún recordada en la memoria social. Así, Paulino Toro (entrevista, 2015) (ver en la figura 4. 2 su ubicación), hijo de Humberto Toro y Filomena Saer, nacido en 1926, relató en nuestro trabajo de campo que su familia pobló en 1923 en el paraje Costa del Limay porque su tío Francisco Narambuena ya estaba ahí.7 Recordó que había un Cotaro que hacía «gestiones para los indígenas» quien había estado en su casa para visitar a la familia y para ayudarlos. También Toro recordó a Rosario Miguel,8 quien fuera «delegado» de la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios (en adelante chri), también registrado en los archivos (Mases, 2014). Miguel era otro que «andaba en gestiones» para defender la tierra aunque, según nuestro entrevistado, «no eran tenidos en cuenta». No obstante, cabe destacar que los delegados indígenas de la chri fueron un claro logro de la Asociación Nacional de Aborígenes y su presión política por el reconocimiento de los derechos indígenas y funcionaron solo en Río Negro.

23Muchas de las familias expulsadas de la zona viven en la zona urbana de Bariloche-Dina Huapi. Entrevistado en 2009 durante el rodaje del film Escondidos al oeste del Pichileufu en su casa de Dina Huapi, el taxista Jorge Cotaro nos contó que su historia familiar fue parcialmente silenciada por su padre, quien llegó a Bariloche con dos hermanos menores y su mamá, viuda de Julio Cotaro.

Lo mataron de un tiro en la cabeza durante una carrera de caballos en el paraje. Todos lo vieron, incluso sabían el nombre del matador, pero la justicia llegó tarde y nunca se pagó esa muerte. Al tiempo le quemaran la casa y mi abuela tuvo que irse con las poquitas cosas que le quedaron. (Entrevista, 2009)

Figura 4. 2. Pobladores destacados sobre fuente de archivo

24El padre de Jorge decía que fue Yerio el que los trajo a Bariloche y se quedó con el campo. En el presente, Jorge no sabe exactamente dónde estaba ubicado el campo de su familia. Aun así, a través de datos de linderos y de otros testimonios (Toro, 2015; Currual, 2014 y Paillalef, 2012) unidos a algunos relatos aislados de su padre, fallecido en 2013, Jorge conoció los alrededores de la zona donde está la tapera, cerca del río y del lugar donde estaba la escuela dentro de la actual estancia Cueto (ver figura 4. 3). Esta trayectoria familiar, que supera el siglo xx, nos obliga a focalizar en los procesos de la zona partiendo de las desiguales en la distribución de tierras que devienen en realidades complejas y diversas en la actualidad.

Figura 4. 3. En Arroyo Blanco, Jorge y Lucas Cotaro con el Gringo Curual

25El contrapunto entre la estancia que se establece y consolida desde el siglo xix contrasta radicalmente con la concesión precaria de Antimil y su gente que termina con la su expulsión del campo. Ambos casos constituyen los extremos –la propiedad privada concentrada y la expulsión centrífuga– dentro de una historia con diferentes tiempos y espacios de movilidades y fijaciones que nos disponemos a caracterizar en detalle para la zona. Por último, no podemos dejar de observar en este contraste que en ninguno de los dos casos se cumple con el espíritu de las leyes de colonización que pretendían establecer familias en zonas deshabitadas. San Ramón es ejemplo de la concentración de tierra en manos de capitales extranjeros. La concesión Antimil (figura 4. 1) fue desarticulada por la propia intervención del Estado.

4. 3. La movilidad sobre las tierras: de lo deseable a los indeseables

26En este apartado intentaremos establecer una periodización y registro de los principales motores de movilidad sobre la tierra en los parajes del oeste del Pichileufu. En el largo plazo se evidencia cómo el momento de mayor control territorial que establecieron las campañas militares fue sucedido por un periodo de movilidad impuesta, pero también de una circulación voluntaria de las familias para establecerse en lugares donde «hacer la vida» y estar «en tranquilidad». Dentro del periodo notaremos cómo estas elecciones fueron paulatinamente modificándose hacia una fijación opresiva y una movilidad forzada, hasta concluir expulsando población predominantemente indígena y de pequeños productores empobrecidos, en algunos casos, marcados también por su nacionalidad. A partir de la década del veinte, tal y como registra Moldes (2003), comienza a mermar la cantidad de población indígena para la zona. Esto amerita observar, al mismo tiempo, el crecimiento de bolicheros y estancieros, la intervención del Estado –sus políticas y funcionarios– y, finalmente, la agencia de los pobladores.

27Hasta la década del veinte, según las fuentes tanto de la memoria social registradas en nuestros trabajos de campo, como de archivo –ya sean expedientes sobre casos particulares o la Inspección General de Tierras, zona v, de 1919, fuente imprescindible para entender la trama de la zona– existía una movilidad producida en gran medida por la búsqueda de un lugar donde vivir en tranquilidad, vinculada a un movimiento deseado por familias que intentaban mejorar sus condiciones materiales de vida; incluso se registraban aún los viajes transcordilleranos. Es decir que, hasta la década del veinte, a medida que se definían en otras zonas de la Norpatagonia los circuitos comerciales, como los pueblos y ciudades, y la propiedad privada de grandes estancias, existían aún espacios con baja disputa por parte de particulares que permitía una movilidad –limitada– pero propia de las familias indígenas o de pobladores pobres en el interior del territorio rionegrino, en los parajes. No obstante, existía diversidad en los poblamientos y el desarrollo de riqueza por parte de algunos pobladores.

Los hombres importantes del paraje, cuando era chica, eran Millache, el papá de mi marido Segundo Millache, los Muñoz, Millar, Paletta que eran todos los capitalistas. Tenían bastante capital. Ellos administraban todo acá, a los más pobres les daban trabajo y tenían que andar por debajo de la plantilla de ellos, si se portaban mal, afuera y después dónde iban a encontrar trabajo. La gente de antes se ganaba en cualquier lado, hacían así campamento de ramas, de charcao, de neneo. Se armaban una casita así nomás pa' poder estar y ahí iban a buscar trabajo donde les daban trabajo. Iban a ayudar en la chacra. Sí, el trabajo de antes era a chacra, antes había mucha chacra en todos lados. Había más cultivo y menos animales porque los animales son dañinos. 9 (Cayul, E., entrevista, 2011)

28En el relato de Eduvigia nos encontramos con la diversidad en la riqueza de algunas familias –incluidas las indígenas– y también en la economía de las unidades domésticas en las que se mencionan los cultivos como principal producción, además de la cría de animales como producción secundaria. Esta organización de la producción para el consumo familiar parece indicada en numerosas fuentes de la época, como iremos desandando.

29En estas primeras décadas del siglo xx comienza a entramarse la relación entre políticas estatales –como por ejemplo la construcción de caminos, las escuelas ambulantes, las estafetas y despachos de combustible– y los sectores comerciantes que configuran una forma de circular el espacio, con sus restricciones. Cabe destacar que, en su mayoría, los comercios estaban a manos de extranjeros –gallegos, italianos, norteamericanos, turcos, alemanes- y, según los boletines oficiales de Río Negro, los focos de concentración de boliches para esta zona estaban en Pilcaniyeu, Pichileufu, Paso Flores y, dentro del circuito, Bariloche y Comallo.10

30Si bien retomamos antecedentes de principio del siglo xx, la competencia por la tierra se vuelve más conflictiva y opresiva tras la crisis del 30. En este periodo, se destaca, además de la persistente asociatividad de bolicheros con funcionarios estatales, la ampliación de nuevas prácticas económicas más allá del comercio. Los comerciantes cumplen, en las narraciones –e inspecciones de tierras del periodo territoriano–, una doble función: al mismo tiempo son quienes tienen la capacidad de ofrecer un servicio –así se presentan frente al Estado y marcan la diferencia con las casas comerciales de las zonas urbanas– y también se convierten, en el largo plazo, en quienes logran acumular capital en la zona a costa de sus clientes.

4. 3. 1. Comerciantes y funcionarios

31Para este momento, podemos destacar un caso paradigmático que es el de Cecilio Yerio. Este comerciante de la zona aparece en 1930 ya ejercitando desalojos, como el de Arturo Rivas, bajo el pretexto de «inseguridad» sobre sus bienes. Al mismo tiempo, Yerio es quien financia la construcción del local de policía en Paso Flores (ver, en la figura 4. 2, punto 56). En La leyenda del Limay, texto que describe un viaje por el río de dos navegantes que se encuentran con Yerio –a quien describen como «hombre dinámico y emprendedor, cuyo nombre se encuentra vinculado a muchas obras públicas del vecino territorio del Neuquén» (Lapalma, 1934, p. 82)–, aparecen claramente las manifestaciones racistas del bolichero y las perspectivas de condena a los pobladores indígenas como ocupantes de la tierra.

Esos espíritus «humanitarios» que tan cómodamente en la Capital Federal baten el parche del proteccionismo al indio de la Patagonia, que vengan acá a estudiar, en el mismo terreno, a estos campeones del merodeo, de la haraganería y de la devastación; que vengan a conocer a estos «buitres», como nosotros les llamamos, porque se parecen a estas aves de rapiña en su voracidad. (Lapalma, 1934, p. 85)

32Para 1940, en el marco de un nuevo conflicto, las demandas de los pobladores al presidente Roberto Marcelino Ortiz (Llanquín, Painepil, Calfuleo y otros, 1940) describen la connivencia tanto de los inspectores como de la policía (ver policía de Paso Chacabuco, ubicación 56 en figura 4. 2, pedido de 1930) y destacan la figura de Yerio como pionero en los abusos sobre pobladores indígenas.11

Que procediendo con su característico desprecio hacia la raza aborigen han aprovechado la concesión para hacer mensurar ocho leguas en lugar de seis, poniendo especial cuidado en dejar las buenas poblaciones dentro la mensura a fin de proceder al desalojo con el consiguiente beneficio, pretendiendo arrojar a la calle pobladores que están ubicados desde 1893. Que no es tampoco la primera oportunidad que el aborigen se ve avasallado, ya en esta misma zona en oportunidad anterior, la policía procedió al desalojo arrojando las personas a tirones como si fueran bultos y quemando sus poblaciones, para entregar esas tierras al Sr Cecilio Yerio.- Nuevamente se quiere consumar otro despojo y arrojarnos a lugares en que ni los animales viven y es por ello que venimos ante VE, interponiendo el reclamo en nuestra condición de argentinos.12

33En el paraje Villa Llanquín dos pobladores entrevistados (Marin, R. y Toro, P., ambos en 2015) hicieron referencia a varios vecinos de la zona que fueron traídos forzosamente en este periodo tras los desalojos de Yerio «porque les quemaron la casa».13 Las familias descendientes de estos habitan aún campos aledaños a la Villa, ya que rehicieron su vida en donde fueron dejados. Este proceso, a su vez, inició conflictos con otros pobladores que ya se encontraban en la zona y estaban obligados a reorganizar el uso de la tierra a partir de estos recientemente llegados. Incluso en la percepción actual son referidos como «pobladores nuevos». Entendemos que esta reflexión no remite a la cantidad de años –dado que holgadamente suman más de medio siglo–, sino a la situación de precariedad y vulnerabilidad en relación a otros pobladores y a las condiciones de desamparo y violencia con que debieron reorganizar sus vidas.

34Las relaciones entre particulares y políticas estatales también eran evidentes en las acciones de algunos inspectores de tierras. Los inspectores, que en muchos casos eran los funcionarios estatales que llegaban al territorio y resolvían conflictos, eran también quienes ponían en práctica el criterio estatal para definir quiénes eran mejores pobladores. Por ejemplo, Bouvel, el inspector enviado a la zona v en 1930, inicia un informe para la zona donde afirma «ninguno de los actuales y numerosos ocupantes de la citada tierra, ofrece garantías suficientes para contratar con el Estado, constituyendo, la gran mayoría de ellos, un elemento indeseable de población» (Bouvel, 1930).

35A continuación, caracteriza a los pobladores como «ocupantes intrusos» –junto con una larga lista de adjetivos denigratorios–14 ya que, desde la argumentación del inspector, ninguno ha solicitado la tierra que ocupa en arrendamiento y escasamente ha pagado pastaje, agotando la tierra «sin medios racionales» de explotación. En las afirmaciones se revelan los supuestos del inspector ya que, en la descripción que el mismo hace de cada poblador, se contradicen con sus indicaciones sobre las mejoras sobre la tierra y la capacidad productiva de las familias. Por otra parte, las solicitudes existían dado que eran ocupantes ya de varias décadas pero que no lograban tener una ocupación reconocida más que temporariamente por el Estado. Por lo tanto, el inspector pide el desalojo de estas personas y concede permiso de ocupación siguiendo la «resolución superior» por 20 000 has a Napoleón Beveraggi, ingeniero de origen suizo, quien no solo no pertenece a la zona sino que tan solo ha prometido «introducir haciendas que proyecta adquirir según sus propias manifestaciones». Cabe aclarar que las tierras se encuentran cercanas a la estación de tren y presentan excelentes condiciones según el propio inspector. La sola promesa de Beveraggi lo vuelve apto para contratar con el Estado.

36Para la década del cuarenta contamos con dos procesos paralelos que también implicaron desalojos de los que muchos pobladores de la zona –o reclamantes– identifican como el inicio de la pérdida de su territorio.

4. 3. 2. Las amenazas y desalojos

37En primer lugar, el mentado intento de «desalojo de Krausse» es recurrente en la memoria social como en múltiples fuentes. Alfredo Krausse, hacendado de la zona de Mencué contaba con la experiencia tristemente exitosa de haber desalojado ya numerosas familias indígenas de una zona colindante durante 1930 (Álvarez, 1940, p. 51). En este periodo recibe una concesión que lo habilitaba a privatizar una extensa zona comprendida al oeste del Pichileufu (Cano, 2010). Esta amenaza de desalojo masivo aterrorizó a los pobladores y los impulsó a una nueva búsqueda de amparo colectivo que concluyó en la intervención del teniente coronel Napoleón Argentino Irusta –sobre quien volveremos más adelante–.

38Según relato de Ricardo Franco (entrevista, 2009) la concesión de Krausse comenzaba en donde se encuentran el arroyo Chacay y el río Limay, en la población que su padre inició en 1938.15 Como su padre viajaba como tropero hacia el sur trabajando para la estancia de Gente Grande, dejaba encargado a uno de sus hijos de modo que pudiera vivir y generar condiciones de subsistencia. Así, le cedió una parte de terreno sin costa en donde construyó casa y chacra. Este hermano del entrevistado, luego de criar a sus hijos, decidió venderle las mejoras a Krausse a cambio de un lote con casa en Bariloche a fines de los 30. Este fue el ingreso de Krausse, quien tramita en Viedma que le den una concesión que abarcaba todo el paraje Arroyo Chacay y, desde ahí, hasta Villa Llanquín por la costa del río pidiendo, para ello, el desalojo de muchas familias. En una entrevista que realizamos en 2015, Toro afirma que de una concesión de 90 has, Krausse tenía la ambición de lotear muchas leguas. Fue la intervención de Manuel Llanquín,16 debido al vínculo histórico de la familia con el ejército, lo que detuvo el proceso. La carta que escribió Manuel Llanquín en abril de 1939 dirigida al ministro del Interior, pedía amparo para él y 30 familias que quedarían desalojadas si realmente Krausse avanza sobre la zona.

39Luego de detenerse el proceso de desalojo, Krausse vendió parte de su concesión a Escobar, un hombre de Villa Llanquín que más tarde llevaría adelante un emprendimiento agrícola llegando a cosechar hasta 3000 kg de pasto para la venta. Más adelante, este vendería las mejoras a Pérez Villa, que le dio un uso turístico durante un breve periodo dejándolo luego deshabitado. Ante esta situación los pobladores autorizaron la ocupación precaria de una familia de la zona que lo necesitaba. Este último ingreso dificultó, en muchos casos, las titulaciones de las tierras. Se evidencian, en este caso y otros similares, las diferenciaciones sociales de acceso a los títulos de propiedad. Por ejemplo, existen antecedentes de la misma época, de otro proceso en la zona más alta del arroyo Chacay en la que Cecilio Criado logró que, en Viedma, le den título de las tierras que ocupara Ignacio Miguel de forma precaria con su familia y con bastante capital en hacienda lanar y yeguarizos (Miguel, D., entrevista, 2010).17

40Hoy es aún visible el antiguo alambrado que Criado hizo llegar hasta el vértice mismo de la casa de Miguel. En el informe del inspector de tierras del año 1933, se dispone establecer un tiempo prudencial para el desalojo de Miguel, ya que «solo hay taperas y algunos pobladores cuyas condiciones de higiene e indigencia dan lástima y hasta asco» (Inspección de Tierras, 1933). El desalojo no llegó a ejecutarse porque Miguel se negó a retirarse del lugar (Dolly Miguel, entrevista, 2009). Hoy vive la familia con un permiso precario de ocupación, con cultivos y hacienda caprina, aunque limitados en sus posibilidades de crecimiento productivo –y en su variedad–. Los espacios reducidos sobre los que quedan viviendo los pequeños productores generan nuevos conflictos entre estos, que suelen ser los conflictos que mayoritariamente aparecen en las denuncias a la Comisión –entre otros ámbitos–.

41Por si fuera poca la presión y las amenazas en los parajes, en este período apremia, paralelamente, la presencia de Parques Nacionales que produce desalojos que favorecen a privados. Nuevamente, aquí tenemos la referencia a la connivencia entre poderes del Estado y particulares, ya que los desalojos de la zona de Traful –territorio nacional del Neuquén– sobre la que Parques tiene jurisprudencia, fueron a favor de Dodero.18 Así como también acompañaba proyectos de modernización y progreso para las tierras que difícilmente contemplaban a los pobladores desalojados. Ilustra este proceso la experiencia familiar de Edulvina Leiva,19 hoy pobladora de Arroyo Chacay.

42En ausencia de su padre, que se encontraba trabajando, su madre junto a sus pequeños hijos fueron conminados a ser cargados en un camión para ser arrojados en la ruta cuando ella tenía seis años, en 1940. La familia, de origen irlandés, había llegado de Chile varios años antes y se encontraba establecida en la zona con plantaciones, animales y varios niños nacidos en Traful. No obstante, el desalojo fue inmediato ni bien se ausentó el padre, fueron desterrados y debieron negociar un «alquiler», en principio, con el comerciante Simón Creide.20 Más adelante, pidieron permiso a Manuel Marin,21 quien había sido desalojado por Yerio previamente, para vivir en La Fragua, ya que de esta forma los niños de la familia podían asistir a la escuela de la villa.22 La nevada de 1944 dilapidó el escaso capital con el que contaban, con lo que debieron recomenzar su historia nuevamente.

El desalojo fue temprano, con los camiones de Parques Nacionales, mi mamá se empacó y no quiso subir. Pero ellos cerraron la puerta y la lacraron, nos tiraron afuera. Mi mamá nos metió en un reparito donde guardaban la papa. No se quería mover de ahí. Cuando volvió mi papá de Bahía Blanca que había ido a reclamar el campo nos dijo que había alquilado en lo de Simón Creide. Ahí nos vinieron a tirar la ropa y las camas. 700 ovejas y 500 vacas arriaron mi papá y mi hermano. (Leiva, E., entrevista, 2015)

43Nótese que la familia cumplía con requisitos para ser considerados «aptos para contratar con el Estado», no obstante, los desalojos se producían de forma violenta e irreversible en favor de aquellos considerados los verdaderos agentes del progreso. Ser considerado «apto para contratar con el Estado» es una fórmula que se reitera una y otra vez en la documentación vinculada a la tierra y su traspaso.

44Sin embargo, eran los inspectores de tierra en terreno o la administración gubernamental quienes definían en concreto quiénes eran las personas «aptas para contratar». Esta fórmula no tenía una forma cuantificable ni medible de definir la aptitud, más bien lo que se observa es que tampoco había un correlato con lo que las personas hacían sobre el territorio. Ya que si bien es esperable, según la legislación vigente en la época, que las familias dedicadas a colonizar produciendo mejoras –como casa, cercos, puestos, corrales, plantaciones, etcétera–, anclando sus familias en la zona y cumpliendo con las demandas del Estado –como formalizar alianzas familiares, registrar a sus hijos, enviarlos a la escuela, realizar el servicio militar–, fueran quienes se favorecieran con las entregas de tierras, nos topamos con un criterio en franca contradicción. Más bien lo que se evidencia es que las familias –independientemente de su capacidad económica,23 ya que como refería Eduvigia Cayul había algunos «capitalistas»– eran prejuzgadas por su condición étnica o nacional, según la coyuntura.

45Sobre los procesos antes descriptos, falta aún estimar con mayor precisión en qué momento se privatizan definitivamente las tierras. Dado que, como ilustraremos con el caso de Pichileufu Abajo, no siempre se corresponden los procesos de desalojo y concentración de tierras, con el paso final de la titulación. De hecho, la mayoría de estos pobladores que fueron desalojados en la primera mitad del siglo xx, carecen hasta el presente de los títulos de propiedad de los campos que ocupan ya desde hace dos o tres generaciones –por lo menos–, incluso habiendo sido forzados a circular por campos dentro de los parajes aquí estudiados.

4. 3. 3. Concentración de tierras y alambradas

46En la zona de Pichileufu Abajo, el proceso de concentración fraudulenta de tierras –que posteriormente lograron titulación– comenzó junto con la provincialización de Río Negro –en 1956, momento en el cual cesan también las funciones de los delegados indígenas–. Nuevamente, este periodo comienza como un proceso de acumulación de antiguos comerciantes. El caso ejemplificador que tomaremos es el de los hermanos Zgaib, quienes tenían casa comercial en Pilcaniyeu.24 Según el relato de los pobladores (Payalef, C., entrevista, 2015) el avance de los alambrados se dio de forma ilegítima e ilegal ya que los alambradores, a pedido de los comerciantes, avanzaban los alambres por la noche y por sobre tierras que se encontraban ocupadas por pequeños pobladores, en su mayoría indígenas.

47A modo de contraste, y como antecedente, podemos mencionar que, en 1928, un poblador español, Felipe Aguirrezabala, y sus hijos tienen un conflicto con las familias Simón y Toledo que alambraban ilegítimamente –según la denuncia de Aguirrezabala– por tierras que habían sido concedidas a este. El conflicto se resuelve directamente con la intervención del gobernador que dispone y ratifica a Aguirrezabala, poniendo fin al conflicto (Frey, 1929). Destacamos este ejemplo dado la diferencia en las formas de resolución de un conflicto similar.

48Carlos Payalef (2015), poblador de Pil Pil Cura, relata que vive en la casa de Cirila Huentelaf y América Elena Bernardino. Carlos nació en 1946, hijo de Domingo Payalef y Felisa Millapi –hija de Chodilef– en Pil Pil Cura. Cuando Carlos tenía diez años su tía se relacionó con un hombre llamado Manuel Diez. Con el tiempo, este le vendió a Zgaib una tierra, pero Zgaib alambró de acuerdo a sus propias necesidades, excediéndose en el acuerdo por unas 1000 o 1100 has que se extendían sobre tierras de las familias indígenas Millapi, Wentelaf, Payalef –su padre–, Linares y Jaramillo.25

49En el relato de Payalef reaparece, una vez más, la connivencia de los poderes estatales. En este caso se menciona a la policía, ya que la denuncia de este tipo de atropellos, que tienen efectos hasta el presente, no era realizada por los pobladores. Según explica Payalef, la instancia de ir a denunciar al destacamento podía implicar –era habitual– que los denunciantes quedaran presos. Esto, además de la situación concreta de quedar preso, tenía otras dos consecuencias: en primer lugar, estar en conflicto con la autoridad policial y, en segundo lugar, no menos importante, registrar antecedentes. Los antecedentes de conducta eran centrales en los procesos de demanda por la tierra, por arrendamientos, permisos precarios de ocupación, marcas y señales, etcétera, que eran expedidos por la policía. Finalmente, los Zgaib lograron titularizar las tierras y estas fueron vendidas primero a Poponese, luego a Wesley y hoy conforman parte de la estancia Pil Pil Cura –propiedad de la reina de los Países Bajos Máxima Zorreguieta–.

50Como hemos destacado hasta aquí, las diferentes formas de intervención y connivencia de los poderes del Estado fueron parte fundamental para la configuración de un espacio social y de las geografías condicionadas. De esta forma, hemos asentado las relaciones entre particulares y policías o la ejecución de desalojos por parte de Parques Nacionales o el forzamiento de hombres jóvenes al trabajo asalariado. Sin embargo, nos interesa hacer una mención especial –particularmente en la zona norte de la región que estamos trabajando (Villa Llanquín, La Fragua y Arroyo Chacay)– sobre la intervención de figuras militares y su vinculación con los indígenas en diferentes momentos históricos, tema que merece aún más análisis.

51En principio, como veremos de forma detallada para Villa Llanquín, el rol del teniente coronel Napoleón Irusta fue central en la concreción de la aldea escolar de la villa. Irusta aparece como responsable de desalojos en la creciente población de Bariloche para mediados del siglo xx. Aun así, es recordado –y figura en diversos expedientes de la zona– como el principal gestor externo de la aldea escolar de Villa Llanquín.26 De la misma forma aparecen otras figuras vinculadas a las fuerzas armadas como el capitán Pablo Carballo y el gendarme Martínez, todos vinculados a procesos de entrada en el territorio en una actitud, en apariencia, proindígena aunque, en el largo plazo, terminaron saciando o bien intereses particulares o bien de construcciones patrióticas. Finalmente, es de destacar la figura de Cueto –ya mencionado– en la zona de Arroyo Blanco, quien comenzó siendo proveedor de carne del ejército y consiguió numerosos favores para avanzar sobre tierras ajenas. Segundo Millache cuenta que:27

Cueto estaba en Arroyo Blanco, alambraba los campos en la noche, hizo alambrar el campo y le sacó todo el campo a la gente, después venía con gendarmería, les decía tienen que salir y salían, quedaban las taperas. Así le quitó todo el campo a la gente que había. Yo esquilé muchos años por ahí. Conozco las taperas y conozco donde los corrieron a la gente y ahí quedaron los cuatro con cualquier cantidad de campo y todos los campos mejores se los quedaron los Cuetos. Ocupaban gente que iba confarolas. Esos farolitos que le ponían un candil adentro y una tapa. Ahí andaban con eso, yo los vi esos alambrando. Una vez que quedaban adentro, venía la policía y se hacía cargo de sacarlos. Tenían que abandonarlo todo. Esté la mujer, el hombre, sacaban todo. A veces les dejaban llevar los animales. Yo conocí un Cueto que tenía 3000 ovejas en dos cuadros. Se repartían las mejores ovejas. Acá le pagaban a otro para sacarle un diente de oro que usaba la gente. Como sería. Conocí un hombre del norte de Neuquén que fue mandado, le pagaron diez pesos por sacarle un diente a otro y estuvo quince años preso. Los Cueto tienen mucho campo, tenían docemil ovejas, yo esquilé con ellos mucho tiempo. Los tres... cuatro mil ovejas cada uno. Tenían repartido su campo. Medio malo los Cueto esos. Eran hijos de italianos. (Entrevista, 2010)

52Alambrados nocturnos, desalojos violentos y, eventualmente, también asesinos contratados, fuerzan la movilidad en la zona de forma cada vez más apremiante a medida que avanza el siglo. Si bien estas acciones y decisiones pueden, a primera vista, ser identificadas como decisiones individuales, las decisiones de los individuos se montan sobre prácticas y supuestos que estructuran la vida en la región.

53En primer lugar, se encontraban los preconceptos que el Estado establecía para los indígenas, que se repetían una y otra vez en los documentos. Por otra parte, se constituyeron en la práctica de sus funcionarios, quienes –más allá de eventuales actos de corrupción– actuaban a sabiendas de que los indígenas o pobladores con menos recursos legales ni siquiera intentaban utilizar los mecanismos del Estado para defenderse ante los atropellos. La experiencia colectiva indicaba que los esfuerzos individuales podían terminar en un castigo peor. Por otra parte, se encontraba la precariedad permanente a la que se confinaba a los pobladores pequeños productores dado que, a pesar de ser los más antiguos en la zona, no lograban alcanzar la regularización de sus dominios. Este hecho los volvía vulnerables frente al Estado y los privados. El último factor estructurante era la movilidad constante que impedía o destruía los procesos de capitalización propios que confinaban a buscar trabajo asalariado, por un lado, y, por otro, a ser marcados como escasamente productivos ante los ojos de los inspectores o de otros burócratas estatales que apoyaban, en sus acciones, los caminos hacia la proletarización y, peor aún, la proletarización temporal con base de subsistencia en campos pequeños, descapitalizados y amenazados.

4. 4. Agencia de los pobladores en contextos de achicamiento y abuso

54Sin duda, las estrategias colectivas de defensa de la tierra o de continuidad de los pobladores sobre la tierra fueron la principal resistencia con que los intentos de concentración de tierras –con apoyo estatal– debieron lidiar en la región. Hemos destacado, hasta aquí, las diferentes estrategias indígenas, como los pedidos colectivos bajo la figura de un cacique reconocido –Antimil y su gente–, así como también las organizaciones supracomunitarias como la Asociación Nacional de Aborígenes. Además, durante la década del treinta y hasta la Revolución Libertadora, existieron en Río Negro los llamados delegados indígenas –dependientes de la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios– quienes recorrían la zona intentando establecer un vínculo entre los pobladores indígenas amenazados por particulares o abusados por los poderes estatales locales y por el Estado nacional. No obstante el avasallamiento sobre los pequeños productores indígenas o no indígenas fue violento y constante en la región. Por esto, nos interesa destacar por lo menos dos salidas políticas derivadas de la organización comunitaria para defender la permanencia en el territorio y la autonomía económica de muchas familias: en primer lugar, la constitución de la aldea escolar de Villa Llanquín y, en segundo lugar, la emergencia de las cooperativas y comunidades con reconocimiento oficial.

4. 4. 1. La historia oficial de Villa Llanquín

55La inseguridad sobre las ocupaciones y posesiones fue mitigada por las relaciones de los Llanquín con representantes destacados del ejército argentino que, a su vez, permitieron construir un relato de legitimidad para algunos indígenas de la zona. Así, la historia de los Llanquín y en particular sus gestiones vinculadas a la aldea escolar reactivan, por un lado, la antigua misión civilizatoria militar a través de la educación y la Iglesia. Por otro lado, legitiman y visibilizan a esta familia en detrimento de otros pobladores de la zona. Esto se proyecta, en adelante, constituyendo una suerte de historia oficial de la zona que puede ser leída o escuchada siempre que uno indague en la construcción del paraje. O también a través de sus historiadores que la imprimen en un relato veraz y documentado (Vallmitjana, 1997).

56Según los registros documentales y orales, Ignacio Llanquín recibió permiso gratuito o precario de ocupación en tierras fiscales por las funciones cumplidas en el ejército nacional durante la campaña militar de la Patagonia. Si se indaga en la memoria social del paraje, se cuenta que Ignacio Llanquín había sido reclutado en Azul –provincia de Buenos Aires– por el coronel Conrado Villegas, quien solicitó colaboradores entre las tribus amigas con la finalidad de contar con gente conocedora de los caminos y territorios que, a la vez, pudiera servir como intermediaria en el trato con los demás indígenas a través del parentesco.

57Más allá de la veracidad en torno al hecho de que Ignacio Llanquín haya sido reclutado en Azul, lo cierto es que nació en Collón Cura el 9 de septiembre de 1861 –según registro de la Inspección General de Tierras de 1920–. Al mismo tiempo, pudo oficiar como nexo entre el ejército nacional y Bartolomé Curruhuinca. Ignacio Llanquín prestaba servicios para el ejército nacional en 1882 como chasque del Nahuel Huapi hasta Junín de los Andes en tiempos de la expedición. Luego de cumplir funciones para el ejército, le fue otorgado un espacio donde asentarse en el que se estableció definitivamente en 1893. Alrededor de ese año se asientan en el lugar varios indígenas en la costa del Limay, actual Villa Llanquín. Tal como consta en los informes de inspectores de tierras (1919-1920), la gran mayoría de indígenas instalados en la reserva fiscal de 1898 de Río Negro eran nacidos en diferentes zonas de la actual provincia de Neuquén –como viéramos también para el caso Antimil–.28

58En el expediente de Lucio Llanquín –hijo de Ignacio– figura que, en abril del año 1948, Enrique, Dominga, Pedro y Liberato Llanquín solicitan y consiguen que se le concedan 250 has de tierra a cada uno. Al igual que Ignacio, cada uno de ellos es designado como «cuidador y depositario de mejoras» y se les confía la custodia sin poder realizar cesiones de derechos y acciones, o transferir mejoras, estando obligados, además a restituir las tierras al Estado en caso de ser necesario. Años más tarde Dominga, Lucio y Ángela Llanquín vuelven a solicitar la ampliación de sus tierras, lo que nuevamente les es concedido a través de los correspondientes permisos precarios de ocupación.

59La apelación a las funciones cumplidas por Ignacio Llanquín en el ejército nacional y la relación con Conrado Villegas operó para convertirlo en cacique mediador, negociador, organizador y garante entre la comunidad y el Estado nacional. Este rol representó una buena estrategia, tanto para él como para las demás familias, en el marco de disputas por la ocupación de la tierra.

60La amenaza de la concesión Krausse sobre numerosas familias de la zona, a la que ya nos hemos referido, movilizó a Manuel Llanquín que recurrió a su historia familiar, a las tierras con las que contaban y a sus vínculos personales con el ejército para frenar los desalojos a partir de la creación de la aldea escolar. Tal como figura en el libro histórico de la escuela 150 «la escuela fue instalada en el lugar a solicitud de ellos –los indígenas– y por su empeñosa gestión». Fue Manuel Llanquín quien construyó el primer edificio de adobe y cinc en donde funcionaría la escuela. Tal como consta en el libro histórico «viven anhelando para sus hijos un mejor pasar y quieren instruirlos a toda costa». El discurso de la integración nacional fue vital para afirmarse en el territorio.29 Pero la intervención de los hermanos Llanquín no se limitó a esta primera etapa, que se corresponde con el levantamiento del edificio escolar y pedido de creación de una escuela, sino que hacia 1945 encontramos a Enrique Llanquín interviniendo en el proyecto de creación de una aldea escolar.

61El rol de referentes –en este caso de Manuel y Enrique Llanquín– entre el Estado y la comunidad en el marco de las amenazas de desalojos y construcción de una aldea escolar otorgó legitimidad a los Llanquín. A partir de estas acciones se los diferenció y jerarquizó en relación con otros indígenas, aun cuando algunos contaban con trayectorias tanto o más antiguas y legítimas como ellos, como, por ejemplo, los Antimil y las familias que llegaron a la zona junto con el cacique. Por esto, el relato sobre los Llanquín en relación a los desalojos y la aldea escolar se constituye en una suerte de historia oficial.

Figura 4. 4. Celebración en la aldea escolar (1)

Figura 4. 5. Celebración en la aldea escolar (2)

4. 4. 2. Otras organizaciones al oeste del Pichileufu en la segunda mitad del siglo xx

62En la segunda mitad del siglo xx se vuelve evidente que las pérdidas concretas para los pequeños productores provienen, en primer lugar, del achicamiento de la tierra, la movilidad forzada constante –o la amenaza de la misma– y, en segundo lugar, del proceso de intercambio y circulación de los bienes producidos. Por esto, el movimiento colectivo más significativo está relacionado con el surgimiento de las cooperativas ganaderas. A diferencia de los procesos de organización de cooperativas a lo largo de la Línea Sur rionegrina que se dio posnevada del 84 (Mombello, 1991; Cañuqueo, 2010), esta zona registra la aparición dentro de las primeras experiencias cooperativistas durante la década del 70.

63La cooperativa Peumayen, que fuera fundada por pequeños productores de la zona de Pichileufu en articulación con proyectos de la Iglesia católica, perdura hasta el presente. Entre los gestores de la misma se destaca la presencia controversial del padre Peti. A pesar de las diferencias y dificultades que la experiencia cooperativista conlleva a lo largo de los años, el recuerdo sobre la emergencia de las cooperativas produce un antes y un después:

Cuando se armó la cooperativa se vendió todo en conjunto: el pelo, la lana y la plata venia todo junta y se la mandó al banco y ahí va el presidente, el tesorero y el secretario traen la plata y hacen la cuenta. El socio tiene pa’ cobrar 7, 8 mil pesos y debe mil. Le descuentan y los otros 7 ahí los tiene libre, ahí está, ahí se lo cuentan y se va. Después se hace la lista de pedido, juntan la plata y dos más van a hacer la compra grande a Bariloche. (Millache, S., entrevista, 2011)

64El uso de dinero es parte de los cambios radicales que genera la organización en cooperativas. Como destacáramos en el trato tanto con las estancias como con los bolicheros, el intercambio se fijaba en especias y solo eventualmente se recibía y manipulaba dinero. Para Millache, como para tantos otros en la Línea Sur, el quiebre con los abusos de los bolicheros y los mercachifles es la creación de la cooperativa.

65En 1989 se suma también la aparición de la cooperativa La Colmena.30 Esta cooperativa, que tuvo una corta vida y sigue siendo controversial dentro del paraje de Llanquín, logró cierta visibilidad en el periodo y fue de las primeras experiencias de organización de las que participaron varios referentes actuales del movimiento mapuche en Río Negro. Podemos destacar cierta presencia de la cooperativa tomando posición y constituyéndose como una voz más para dirimir algunos conflictos entre pobladores de la zona, como es el caso de Painefil.

66No obstante, nos ha llamado la atención que muchos pobladores se mantuvieron al margen de diferentes prácticas de organización colectiva. Queda pendiente profundizar en los motivos, dado que esta zona registra una bajada importante de población, así como de reducción de las tierras en posesión de las familias pequeño productoras.

67Finalmente mencionaremos, para el siglo xxi, la conformación formal –solicitando el reconocimiento estatal– de las comunidades indígenas. Para la zona contamos, en el presente, con dos: la de Villa Llanquín –con personería jurídica desde el 2015– y el Lofche Antunao –con dictamen de la Comisión–. Nos referimos al reconocimiento formal de las comunidades dado que hemos registrado la existencia de comunidades que, al no revistar la formula «el cacique y su gente», no son oficializadas por el Estado (para la zona de la cuenca del arroyo Comallo ver Cañuqueo, Kropff y Pérez, 2007). Como consecuencia de esta falta de reconocimiento son consideradas nuevas, cuando las relaciones comunales existen con mucha anterioridad. Por otra parte, en algunos casos, estas comunidades fueron desconocidas por el Estado para desconocer derechos de larga data, como hiciéramos referencia para el caso Antimil. El reconocimiento formal por parte del Estado no es obligatorio, no obstante, en algunos procesos de afianzamiento de comunidades se busca establecerlo.

4. 5. Los emergentes actuales

68A partir de la segunda mitad del siglo xx la pobreza, las amenazas y desalojos y el achicamiento de las tierras van a constituir las tres principales marcas que se enuncian para explicar la expulsión del campo, ya no hacia otros campos sino hacia zonas urbanas en el Alto Valle o la ciudad de Bariloche. De la misma forma, esta salida está atravesada por la búsqueda de trabajo y mejores condiciones de vida. Este periodo es particularmente silenciado por la generación que se vio obligada a salir de las tierras en las que sus mayores habían depositado grandes esfuerzos. A diferencia del periodo previo en que los hombres «salían a trabajar» pero conservaban, no sin dificultades, sus posesiones al regresar, ahora también las mujeres dejaban el campo. En la descripción de una de las denunciantes –caso seguido por la Comisión–:

A la muerte de mi padre, José Pedro Leiva, quien murió ahogado mientras recogía leña para la escuelita de Villa Llanquín a pedido del gobernador, el 22 de octubre de 1967, mi madre debió hacerse cargo de la familia sola (cinco hijos pequeños, yo tenía 2 años y mi hermano menor 8 meses). Una pariente lejana de mi padre, Ester Camargo, que vivía en las tierras al lado de las nuestras, empezó a robarnos los animales hasta dejarnos sin nada lo que hizo imposible que nos pudiéramos seguir quedando. Mi madre, Rosalía Traipe, débil de carácter decidió entonces dejar las tierras. Nos vinimos así a Bariloche en total indigencia. Ella comenzó a dedicarse a la bebida y nosotros nos criamos en la calle. Al tiempo, mal asesorada y por la miseria en la que nos encontrábamos, ella decidió vender las tierras que habíamos dejado, nosotros por supuesto, no teníamos conocimiento de esto. Según nos contó ella más tarde firmo los papeles en estado de ebriedad y sin saber lo que estaba haciendo. Las tierras se las vendió al Dr. Hollman. (Leiva, 1998)

69En esta narración se sintetizan varios de los emergentes conflictivos del presente que son producto de los procesos de larga duración antes descriptos. En primer lugar, la competencia entre vecinos por recursos escasos. En segundo lugar, la migración y el abandono de tierras que luego son ocupadas y disputadas, sea por vecinos o por ajenos a la zona. En tercer lugar, las condiciones de pobreza de la migración. Por último, una mecánica que se reitera en la zona: la «compra» de mejoras por parte de patrones o jefes de empleadas domésticas o trabajadores en condiciones de trabajo precarias. Las tierras de la barda del Limay o sobre el valle del Seguel en La Fragua son tierras utilizadas no para la producción sino para la recreación o especulación y sus compras se realizan a muy bajo costo.

70Dadas las capacidades de gestión de los nuevos adquirientes –muchos vecinos destacados de la ciudad de Bariloche, por ejemplo– la titulación de las tierras se realiza en tiempos acotados y en base a la sesión de uno de los miembros de la ocupación. Como lo demuestra el tiempo de adquisición de tierras sin respetar lo que marca la ley en el caso de la empresaria Laura Fenoglio en La Fragua.31 Nuevamente, así como a fines del siglo xix, el Estado favorece la titulación de algunos adquirientes –en tiempo récord– en detrimento de pobladores de larga ocupación en el territorio –aun cuando hayan sido obligados a moverse–.

71Por otra parte, también se proponen nuevos usos de la tierra a partir de, por ejemplo, explotaciones forestales apropiando tierras, en apariencia, vacías o abandonadas. En este sentido, podemos mencionar el caso de apropiación de tierras con base en la sesión de derechos realizados por adquirientes absentistas. Tal es el caso de la sociedad anónima Emforsa, que adquiere tierras en detrimento de los reales ocupantes, que no habían logrado la titulación de tierras.32 Emforsa es una sociedad del estado provincial compartida por capitales privados –notoriamente relacionados a funcionarios del estado rionegrino– que se dedica a la plantación de pinos. Emforsa ha protagonizado numerosos conflictos con pobladores de diferentes lugares de la provincia –por ejemplo, en el paraje Los Repollos cercano a El Bolsón en la zona andina, véase Iñigo Carrera en este volumen–, además de encontrarse en contradicción con la legislación que resguarda los bosques andinos. Por último, más recientemente, resulta llamativa la expansión de permisos para explotaciones turísticas sobre los márgenes rionegrinos del río Limay en la zona de Villa Llanquín, sobre los que es necesario realizar una indagación con mayor detenimiento.

4. 6. A modo de cierre

72La zona aquí delimitada comparte algunos procesos y presenta variaciones hacia su interior que están relacionadas con las formas de expansión del capitalismo a partir de la acción del Estado, los capitalistas y los pequeños productores cuya gran mayoría son indígenas. A principios de siglo xx la zona presentaba una importante población dada las riquezas naturales que permitían que muchos de los aún deambulantes indígenas sobrevivientes de la conquista militar del territorio se asentaran para reproducir sus formas de vida. Sin embargo, a lo largo del siglo la zona se vuelve expulsora del grueso de la población debido a las políticas estatales y las disputas entre los pobladores, bolicheros y estancias. Hemos dado cuenta, en la larga duración, de diferentes prácticas y momentos de avance sobre las tierras por parte de estancias grandes y medianas y también de inversores que no buscan las tierras para producir. Estos procesos implicaron una sinergia evidente entre intereses de quienes fueron ponderados en diferentes momentos como mejores o legítimos merecedores de las tierras de la zona junto con algunos poderes estatales, entre los que hemos destacado las fuerzas de seguridad, Parques Nacionales y diversas mediaciones de burocracias vinculadas a las tierras. Si bien estos procesos intentaron ser disputados o reducidos por parte de los pobladores apelando diferentes estrategias, las condiciones de vida, las desventajas frente al Estado, y las precarias condiciones de tenencia de la tierra condujeron a conflictos entre «paisanos» y a migraciones forzadas.

73A modo de cierre queremos destacar, en principio, cómo la fijación/sedentarismo lejos de ser concretada por las políticas estatales de territorialización es, en principio, selectivamente organizada en base a criterios racistas y, a su vez, contradictoriamente sostenida para la población de pequeños productores, predominantemente indígenas. Es el propio Estado, a través de sus burocracias, quien asiste a la fijación de los pobladores deseables –estancias y bolicheros que devienen en estancieros– y que sostiene en una permanente movilidad y/o amenaza de desplazamiento a los pobladores, siempre sospechados y perseguidos. Nos preguntamos si en esta contradicción, que se sostiene desde el siglo xix hasta el siglo xxi, se evidencia el racismo estatal que sostiene a los márgenes como sus supuestos necesarios. Lejos de concretar la fijación de colonos, el Estado precariza la ocupación de los mismos manteniendo, por un lado, una fuerza de trabajo temporal necesaria para el desarrollo de los sectores capitalistas y, por otro lado, una población que legitima sus intervenciones en un territorio fiscal sobre el que continua siendo el principal administrador. No obstante, la experiencia, por ejemplo, de los Llanquín también nos evidencia la fijación –aunque en cierta forma aún precaria– de algunos indígenas civilizables de la mano de las fuerzas armadas, la escuela y la religión.

74Por otra parte, la movilidad producida por la precariedad de las condiciones de ocupación y de vida, las amenazadas constantes y los desalojos, obligan también a una reconversión de las formas de explotación. En primer lugar, se limita el tipo de organización de las unidades familiares conduciéndolas, casi como única posibilidad, a la cría de animales. Se trata de una forma de explotación que, sin ir más lejos, en la actualidad se critica desde la academia y algunas agencias del Estado como foránea y desertificadora. La agricultura –aún a contrapelo de lo que se esperaba de las familias que habitaban los territorios– se vuelve imposible de realizar frente a las amenazas constantes de desalojo, a los corrimientos de campo o a los achicamientos de campo. En segundo lugar, la baja en la cantidad de brazos para el trabajo familiar obliga a los hombres jóvenes –en momentos puntuales– a salir del campo en busca de sustento o por temor a las represalias de las fuerzas de seguridad. El extremo es la expulsión definitiva del campo que se vive notoriamente en la renovación generacional de la segunda mitad del siglo xx.33