2. 1. Introducción

1La expansión militar del Estado argentino sobre los territorios de la Pampa y el norte de la Patagonia implicó para la población indígena el desmembramiento de sus grupos, relocalizaciones y desplazamientos territoriales forzados, en el marco de la configuración de nuevos espacios sociales. El proceso de desterritorialización atravesado por la población indígena a fines del siglo xix –desarrollado en el capítulo 1– implicó adecuaciones individuales, de grupos familiares y agregados más grandes. En este capítulo, nos proponemos contribuir a la reconstrucción de los procesos de conformación de las comunidades Ancalao y Cañumil, que actualmente ocupan territorios reconocidos, mediante decretos y leyes provinciales de 1971 y 1973, como «reservas indígenas» en el departamento de Ñorquincó. Las reservas indígenas, en este contexto, son una forma jurídica creada por los gobiernos provinciales de Río Negro y Neuquén entre las décadas de 1960 y 1970 para regularizar las necesidades y los reclamos territoriales de la población mapuche y, puntualmente, apuntaban «a solucionar el problema de la sistemática enajenación de tierras que sufría la población indígena» (Radovich y Balazote, 1995, p. 71). Se otorgaron tierras en usufructo vitalicio y gratuito aunque con restricciones para practicar la mediería, vender, arrendar, dividir los campos que explotaban y obtener créditos para financiar actividades económicas. Además de haber obtenido el estatus de «reservas» amparadas por leyes provinciales (Cañuqueo, Kropff y Pérez, 2007),1 sendas comunidades tienen la particularidad de haber sido reconocidas tempranamente por el Estado como colectivos indígenas. No nos ocuparemos aquí de las implicaciones sociales de la mencionada forma jurídica de reserva indígena, que designa tierras para uso exclusivo de los integrantes de los colectivos indígenas beneficiados,2 sino en conocer los antecedentes que tuvo este régimen de tierra en los casos de las comunidades Ancalao y Cañumil desde su asentamiento en la zona. Nuestro objetivo en este capítulo es realizar un relevamiento inicial de las modalidades de ocupación y acceso a la tierra de estos colectivos en el contexto de despliegue de políticas territorializadoras estatales posteriores a la ocupación del territorio de la Pampa y la Patagonia. Las trayectorias de estas comunidades durante la primera mitad del siglo xx muestran que el acceso a la tierra fue inestable tanto jurídicamente como en el uso efectivo y nos permiten comenzar a entender los conflictos territoriales emergentes en la actualidad.

2No obstante la falta de lineamientos políticos explícitos y coherentes en torno a las decisiones tomadas por agentes estatales con respecto de la población indígena, «según preconcepciones acerca de cuán civilizados/civilizables y argentinizables estos contingentes se pensaran, se fueron implementando distintas formas legales de espacialización y organización de colectivos indígenas […] que buscaron redimensionar selectiva y dirigidamente fronteras sociológicas al interior de la nación» (Briones y Delrio, 2002, p. 72). De acuerdo con Claudia Briones y Walter Delrio, a partir del proceso de ocupación militar se construye a los indígenas como «otros internos» dentro de un continuum de distinciones sociales posibles que «proveen medios que habilitan o disputan modos diferenciados de explotación económica y de incorporación política e ideológica de una fuerza de trabajo –no menos que de una ciudadanía– que se presupone y recrea diferenciada» (Briones, 2005, p. 15). En este sentido, la administración del Poder Ejecutivo Nacional y territoriano sobre la regulación de la ocupación, permanencia y acceso a la propiedad de la tierra «construyó una estructura social jerarquizada y discriminatoria» que Pilar Pérez analiza, siguiendo a Patrick Wolfe (2006) y Dirk Moses (2008), como «estructura profunda de la sociedad de colonos» (2015, p. 4). Asimismo, las transformaciones del espacio produjeron «geografías condicionadas» que limitaron «la circulación, ocupación y formas de practicar, vivir y pensar el espacio a partir de los procesos de (des)territorialización estatal» (Pérez, 2015, p. 5), aunque fueron tensionadas y disputadas permanentemente por prácticas indígenas.

3Con el fin de explorar las características que adquirió este proceso en el área ocupada por los colectivos Ancalao y Cañumil, nos preguntamos: ¿a partir de qué mecanismos se produjeron las desigualdades en torno al acceso a la tierra? y ¿qué agencias estuvieron involucradas? Luego de una breve contextualización sobre las referencias inmediatas a la situación actual de las comunidades, comenzaremos a reconstruir la trayectoria de la ocupación territorial que ejerció Ancalao y su tribu desde su desplazamiento a la actual zona de radicación y durante las primeras décadas del siglo xx. A modo de contrapunto, bosquejaremos algunos aspectos de la trayectoria de la comunidad Cañumil en la zona.

4Nuestra principal fuente de datos es el informe producto del peritaje histórico-antropológico realizado en el 2012 por Walter Delrio y Claudia Briones en referencia al expediente judicial 2011-8-0047 (ex 127-7-2009, Juzgado de Instrucción 4 de San Carlos de Bariloche) originado por la denuncia penal de usurpación que realizó Félix Antonio Sede a miembros de la comunidad Ancalao.3 A esa fuente se suma el corpus de expedientes legislativos cittr 1430/2012, 1549/2012, 1376/2012, 1569/2013, 1532/2012, 1352/2014 y 1034/20144 y sus añadidos de la Dirección General de Tierras, generado a partir de las denuncias recibidas por la Comisión Investigadora de Transferencias de Tierras Rurales de la Legislatura de Río Negro (cittr). Complementamos estos datos de archivo con un trabajo de exploración de campo.

2. 2. Las comunidades y reservas indígenas en Ñorquincó

5La contigüidad actual de las comunidades Ancalao y Cañumil en Ñorquincó y su devenir en reservas indígenas no implicó que las trayectorias colectivas y de ocupación del territorio fueran paralelas ni continuadas. Por el contrario, sus itinerarios registran en las fuentes orales y escritas desmembramientos y reagrupaciones. En la etapa previa a la ocupación militar de la Pampa y la Patagonia encontramos que entre los caciques Francisco Ancalao y José Cañumil existieron diferencias en relación con la procedencia territorial y de linaje, así como en relación a las expectativas, redes y alianzas políticas indígenas e interétnicas que fueron generando y transitando en el espacio de la frontera sur (Martinelli, 2017). Sin embargo, estos caciques estuvieron vinculados entre sí a partir del contexto específico del proceso de negociación de relaciones de paz que realizó Cañumil en la década de 1860 con la comandancia de Bahía Blanca, donde la tribu de Ancalao estaba asentada desde la época de Rosas. A fines de la década de 1860, Francisco Ancalao y su tribu accedieron, luego de las gestiones de Andrés Ancalao y, después, mediante una ley provincial, a la propiedad de un terreno en la costa del arroyo Parejas (Acosta y Martinelli, 2016) donde habrían permanecido hasta el desplazamiento a Ñorquincó.

6La ubicación actual de la comunidad Ancalao corresponde al otorgamiento de tierras por decreto nacional de 1900 al cacique Rafael Ancalao, hijo de Francisco, y su tribu. Las tierras concedidas formaban parte de una reserva de tierras fiscales destinada a formar colonias indígenas. Estas tierras fiscales, destinadas por decreto del 5 de julio de 1899 al «ensanche» de la colonia Cushamen, devinieron en reserva para la tribu Ancalao –como también potencialmente para otras tribus que lo solicitaran–. La extensión de la tierra reservada fue precisada en 1929, en un reclamo realizado por Pedro Ancalao, en 96 000 has. Varias décadas después, en octubre de 1971, la provincia de Río Negro reconoció a la Agrupación Indígena Ancalao una porción menor, de 28 383 has, en la sección ix del departamento Ñorquincó, mediante la Ley 674. Las tierras se adjudicaron en usufructo gratuito y vitalicio y sin la posibilidad de transferencia ni aparcería. Finalmente, en junio de 1993, por Ley 2.641, se dispusieron los mecanismos para que se otorgue el título de propiedad exento de gastos administrativos a los integrantes de la reserva indígena de la «agrupación» Ancalao.

7Por otro lado, la situación de las tierras de la reserva indígena de la comunidad Cañumil no estuvo vinculada con las concesiones realizadas por el gobierno nacional en los años posteriores a las campañas militares de ocupación de la Pampa y la Patagonia. A pesar de no contar con esos reconocimientos estatales, la memoria social registra el poblamiento de la zona del arroyo Chenqueniyen –en áreas de los presentes departamentos de Ñorquincó y Pilcaniyeu– desde fines del siglo xix. La «reserva» y, más aún, la «tribu» fue mencionada y reconocida en un informe de inspección de tierras.5 Sin embargo, es recién en abril de 1973 que el gobierno provincial reconoció formalmente por Ley 790 las tierras de reserva para la radicación de la Agrupación Indígena Cañumil. Asimismo, por Ley 2.200 de noviembre de 1987 –que derogaba a la ley anterior sin modificarla sustancialmente– se reservó, para radicación exclusiva, una superficie mensurada de 23 454 has y otra sin mensurar de aproximadamente 22 500 has, ambas en la sección ix, departamento de Ñorquincó. A través de estas leyes, se limitó, además, la posibilidad de transferencia de los derechos de dominio total o parcial, sin previa intervención de la Dirección General de Tierras y Colonias por 25 años.

2. 3. El desplazamiento de Ancalao y su tribu a la reserva al norte de Cushamen

8Los estudios acerca de los derroteros de la sociedad indígena en el contexto del avance militar sobre los territorios de la frontera arauco-pampeana-patagónica (Bechis, 2010) muestran recorridos heterogéneos (Mases 2002, Lenton 2005, Delrio 2005, Ramos 2010, Salomón Tarquini 2010, Nagy y Papazian 2011, Pérez 2014). Aquellos que sobrevivieron fueron sometidos y subordinados al orden estatal. Algunos de ellos distribuidos en distintos puntos del país en tropas del ejército, en campos de concentración, como mano de obra, servicio personal o en misiones y reducciones.

9En este nuevo contexto, los espacios de negociación por el acceso a la tierra por parte de grandes grupos de indígenas fueron reducidos a la entrega de premios militares y/o concesiones especiales del Poder Ejecutivo para la organización de colonias pastoriles (Delrio, 2005). De esta forma, además de Rafael Ancalao, varios caciques habían estado gestionando la entrega de tierras para sus familias. Como mencionan Delrio y Pérez en este volumen, a partir de las solicitudes de Rafael Nahuelquir y Miguel Ñancuche Nahuelquir, por decreto de 1899 se estableció la reserva de 260 000 has para la fundación de colonias en campos fiscales de Río Negro y Chubut.6 En el artículo 2 del mismo, se creó la colonia Cushamen, al sur del paralelo 42°, hasta completar una superficie de 125 000 has, en 200 lotes de 625 has. Allí consta que los indígenas que ya se encontraban ocupando campos debían ser «preferidos al efectuarse la adjudicación de los lotes», siempre que se encontrasen en las condiciones que exigía la ley del Hogar de 1884. El decreto de creación de la colonia Cushamen reservaba una extensa superficie que abarcaba parte de los territorios de Río Negro y Chubut. La superficie restante de tierras fiscales reservadas, unas 135 000 has, quedaron disponibles para el «ensanche de Cushamen» y para la creación de nuevas colonias (Delrio, 2005). En este marco, en el año 1900, Rafael Ancalao inició un expediente solicitando tierras «entre los ríos Collón Curá, Limay y Caleufú u otro cualquiera que ve tenga a bien designarnos» (Ancalao, 1900) en recompensa por los servicios prestados para el ejército durante las campañas de 1879. Su hermano Luis, José Llanos –hijo del cacique Loncuan– e Inocencio Linares –nieto del cacique Juan Linares e hijo del capitán Fernando Linares– formaron parte del reclamo. En la solicitud señalaron su participación militar en la frontera e indicaron que sus ovejas y algunos caballos constituían su único medio de subsistencia, por lo que les resultaba fundamental tener tierras. La respuesta del Ministerio de Agricultura fue que esas tierras ya habían sido entregadas en propiedad, pero que se los podría destinar a colonias que se estaban formando en Río Negro o La Pampa. Así, el Poder Ejecutivo decretó el 17 de noviembre de 1900 la concesión de tierras al cacique Rafael Ancalao por sí y en representación de los 143 indígenas que lo acompañaban:

Visto este expediente, en el que el cacique Don Rafael Ancalao por sí y en representación de los ciento cuarenta y tres indígenas que figuran en la nómina que acompaña, solicita le sea concedida la fracción de tierra de acuerdo con la ley de fecha 2 de Octubre de 1884, designando al efecto la situada al Norte de la Colonia «Cushamen» en el territorio de Rio Negro y resultando: -Que la tierra solicitada se halla comprendida dentro de la mayor extensión reservada, por decreto de 5 de Julio de 1899, con destino a la fundación de colonias pastoriles, por lo que no existe circunstancia alguna que impida conceder á los recurrentes permiso para ocupar provisoriamente esas tierras hasta tanto se practique en ellas la subdivisión necesaria para el establecimiento de una de esas colonias, en cuyo caso los ocupantes deberán comprobar hallarse en las condiciones establecidas por la ley 2 de Octubre de 1884, para la adjudicación de la superficie que á cada uno corresponde y atento lo informado, -El Presidente de la Republica Decreta: -Art 1 –Concédese al cacique Don Rafael Ancalao y a los ciento cuarenta y tres indígenas que figuran en la nómina que se acompaña, el permiso para ocupar provisoriamente una superficie de tierra situada al Norte de la colonia pastoril «Cushamen», en el territorio de Río Negro. - Art 2 – Una vez practicada la mensura y subdivisión de esas tierras, con el objeto á que han sido destinadas, sus ocupantes tendrán derecho a la prioridad para su adjudicación siempre que comprueben hallarse dentro de las condiciones establecidas para la ley de la fecha 2 de Octubre de 1884 y pase a Dirección de Tierras y Colonias á sus efectos. –Art 3 –Comuníquese, publíquese y dese al Registro Nacional- J. A. Roca – M. García Mérou. (Decreto del 17 de noviembre de 1900)7

10De la misma manera se registra la solicitud de Juan Napal, a quien, por decreto del 3 de noviembre de 1900, se le concedió en representación de treinta y ocho indígenas una superficie de tierra para establecerse con su familia y ganados en la reserva creada por un decreto del 5 de julio de 1899, de acuerdo con lo dispuesto por la ley del Hogar (decreto del 3 de noviembre de 1900) (ver figura 1. 1 en el capítulo 1).

11En marzo de 1902, Rafael Ancalao informó, mediante una nota firmada a ruego por Alfonso Raninqueo, que se habían sumado cuarenta familias a las 143 de la tribu de Ancalao. La concesión y «permiso de ocupación» otorgado a Ancalao en un área sin mensurar era de aproximadamente 98 000 has y, según informó la Dirección de Geodesia, la zona estaba siendo explorada por el ingeniero Lea para proceder luego a tomar las medidas necesarias para resolver la situación de los indígenas a quienes les otorgarían tierras en la reserva (Dirección de Geodesia, 1903).

12Entre 1901 y 1905, Rafael Ancalao ocupó las tierras concedidas con lanares, yeguarizos, vacunos y cabríos.8 Al poco tiempo de su llegada había tenido que defender las tierras otorgadas –mediante su presentación en la comisaría de Bariloche– de aquellos vecinos que hicieron «las veces de alcalde» y quisieron impedirles que construyeran en los terrenos que habían sido designados a la tribu de Ancalao. Los integrantes de la tribu realizaron, además, reiterados pedidos de arrendamientos de campos señalando, en todos los casos, haber introducido mejoras (Delrio y Briones, 2012).

13Sin embargo, para algunos integrantes del colectivo de los Ancalao, el poblamiento de la zona estuvo vinculado con la permanencia en las tierras donde se encontraban una vez finalizadas las campañas militares de conquista de 1879 o bien con su desplazamiento desde la provincia de Buenos Aires hacia la década de 1890. En documentos y en la memoria social, se reconoce la antigüedad del poblamiento de los indígenas que devinieron parte de la comunidad Ancalao a partir de los servicios que prestaron como baqueanos,9 formando parte del ejército y hasta de la Comisión de Límites con Chile. Según el registro de la memoria social del informe producto del peritaje de Delrio y Briones (2012), la familia Pereyra es una de las familias reconocidas en su ocupación previa al decreto de 1900. Emilio Frey (1928), encargado de la Oficina de Tierras del Territorio de Río Negro, afirmó sobre Pascual Pereyra que «es uno de los antiguos pobladores de la región, pues vino con sus padres por el año 1894» y «ocupa y explota personalmente desde el año 1909 el campo en cuestión». A su vez, reconoce a Agustina Giménez, viuda de Goroso Pereyra, como

de los más antiguos pobladores de la región, pues su finado esposo Don Pedro Goroso Pereyra, oriundo del Azul vino a la Cordillera con los Rojas en los años 1891 a 1894, habiendo prestado servicio en las filas del Ejército Expedicionario al Desierto. (Frey, 1928)

14Los datos dispersos que tomamos hasta aquí nos llevan a plantear la necesidad de profundizar tanto en la influencia de las experiencias previas de estas familias y tribus para acceder a la tierra como en las circunstancias diversas y particulares en las debieron moverse. Como muestran algunos investigadores que reconstruyeron partes de los recorridos realizados por colectivos indígenas en las últimas tres décadas del siglo xix (Delrio, 2005; de Jong, 2011; Pérez, 2014b; Delrio, 2015 y Literas, 2016), en este contexto tuvieron lugar transformaciones, reagrupaciones y reacomodamientos de la población indígena. Estos investigadores coinciden en que el margen de negociación y acción de la sociedad indígena se estrechó en la medida en que se desplegaba y consolidaba la autoridad estatal sobre los territorios de la Pampa y la Patagonia. En relación a las prácticas de negociación y estrategias desplegadas por líderes indígenas en el contexto de expansión estatal y de la pérdida de la autonomía indígena, Luciano Literas (2016) señala tres aspectos relevantes: la activación de vínculos previos dentro de un amplio abanico de relaciones sociales, políticas y económicas que mantuvieron los indios amigos,10 las expectativas de continuidad de un esquema de subordinación militar a cambio de protección y la apropiación de recursos estatales para defender los intereses de la tribu. Por su parte, Delrio (2005) profundizó en las formas de territorialización estatales de la población indígena de la Norpatagonia y en las formas de negociación y acceso a la tierra, reconstruyendo especialmente la trayectoria y agencia de los pobladores indígenas de colonia Cushamen, del Boquete de Nahuelpán y de la tribu de Napal. Entre las estrategias por las que optaron los grandes colectivos agrupados bajo el liderazgo de un cacique estuvieron el reclamo por la Ley de Premios Militares y la solicitud de tierras que fueron luego encauzadas en la creación de colonias pastoriles, reservas y donaciones especiales. En el caso de Cushamen, mostró que detrás de la categoría de tribu se fue conformando un nuevo y ampliado sentido de pertenencia comunitario (Delrio, 2005). Por su parte, Pérez (2014b) menciona como estrategias comunes en los reconocimientos territoriales las solicitudes a las autoridades nacionales pasando por alto a los gobernadores, la gestión de intermediarios, los viajes a Buenos Aires y la mención de los servicios militares prestados como razones históricas que legitiman el pedido. En relación al caso de Ancalao, y sobre la base de estos datos, Delrio (2015) sostiene que –pese a determinadas continuidades formales de prácticas existentes durante la época de fronteras que se dieron durante el proceso de ocupación estatal de la Pampa y la Patagonia– los reclamos de tierras de este colectivo fueron atendidos en la medida en que se trató de servicios militares vinculados a las campañas iniciadas en 1879, es decir, como compensación a un servicio prestado en el contexto del avance final de la frontera.

2. 4. La ambigüedad jurídica de la reserva Ancalao

15Al entrar en vigencia la Ley de Tierras en 1903 –a través de la que se buscó el poblamiento del territorio de acuerdo con disposiciones que dieron importancia a las características de la superficie de la tierra, como se menciona en el capítulo 1–, las tierras que entonces eran de ensanche quedaron en una situación de ambigüedad: continuaron nombrándonse como de «reserva indígena», no obstante, podían ser reclamadas como cualquier otra tierra fiscal. Para ese momento, la zona reservada para la colonia Cushamen había sido mensurada y realizada la división en doscientos lotes de 625 has cada uno, como establecía la Ley 1.501, o ley del Hogar. No así las de ensanche y reservadas para Ancalao y Napal. De acuerdo con Delrio (2005), en este nuevo contexto legal se constituyeron marcadas diferencias entre el estatus jurídico de reservas indígenas, por un lado, y de colonias pastoriles indígenas, por el otro lado. En el caso de la colonia Cushamen se subdividió la tierra en lotes, mensuró y otorgó certificados a los colonos a la vez que se interpeló el espacio como «centro indígena» (p. 188); por el contrario, en las reservas de Nahuelpán y Napal las autoridades estatales no habrían intervenido en el reparto de la tierra, esperando que estuviese a cargo del cacique u organizado desde una lógica interna de las tribus (pp. 187-188). Asimismo, la figura de reserva indígena fue un estatus político antes que un estatus jurídico. Como muestra Delrio, en estos casos –que, veremos, tuvieron puntos en común con la situación de Ancalao– las tierras ocupadas por los colectivos indígenas fueron disputadas por pobladores no indígenas, enfrentando a estos con los intereses de pequeñas y grandes compañías comerciales.

16La zona se había comenzado a poblar desde principios de siglo xx por migrantes de otros continentes, de regiones aledañas y de otras partes del país. La nueva legislación (especialmente, las leyes 4.167 y 5.559, que se analizan en el capítulo 1)propició la inversión en el territorio de grandes casas comerciales de capitales transnacionales con sucursales en diferentes localidades y la instalación de boliches de venta de productos de ramos generales; asimismo, permitió la solicitud en arrendamiento de las tierras fiscales abonando un canon de pastaje. Según datos de la inspección de tierras de la sección ix en 1919 y 1927, el área se caracterizó por una especialización en ovinos por parte de todos los productores, aunque existieron otras actividades económicas: la caza de animales silvestres como el zorro o el guanaco, el corte de leña o el empleo extrapredial o en su propia tierra, como puesteros de grandes propietarios o compañías inglesas.11 Además, una parte de la población, los bolicheros, se dedicó a la compra y venta de productos de ramos generales (Cianis y Rey, 2005).

17Como se ve en la figura 2. 1, la extensión de tierra al norte de colonia Cushamen fue reorganizada en reservas. En la superficie que abarcaba la reserva del 5 de julio de 1899 había 30 pobladores, de los cuales 20 fueron identificados como aborígenes argentinos y chilenos, y 10 argentinos y españoles no indígenas. La mayoría eran propietarios que poseían, individualmente, entre 200 y 1000 lanares, pero a la empresa La Anónima se le contabilizaban sus propiedades en dinero,12 correspondiéndole 30 000 pesos en mejoras, de un total de 56 485 pesos invertidos en la zona (Cianis y Rey, 2005). La superficie que correspondía a la reserva del 27 de marzo de 1905 destinada a la colonización pastoril estaba poblada por 54 personas que practicaban la trashumancia,13 de las cuales 24 fueron identificados como argentinos no indígenas, árabes o españoles y 30 como «indígenas argentinos y chilenos que proceden del sur de la provincia de Buenos Aires y de la Pampa» (Cianis y Rey, 2005, p. 186). Según el Inspector de Tierras:

Muchos indígenas de esta zona proceden del Sur de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa y cuentan con buenas poblaciones y algunos poseen entre 2000 y 3000 lanares, son por lo general progresistas y hasta conocen el beneficio que les aporta el refinamiento de ganado por lo que adquieren reproductores de alto valor. (Citado en Cianis y Rey, 2005, p. 204)

Figura 2. 1. Mapa de la reserva del 27 de marzo de 1905 y de la reserva del 5 de julio de 1899

18Pese a la evaluación favorable de la población indígena que expresa el inspector de Tierras en relación a las actividades productivas, a la inestabilidad jurídica de la ocupación de la tierra se agregó la presencia de bolicheros y de la casa comercial La Anónima.

19La complejidad jurídica aumentó cuando, desde fines de la década de 1920, se retomó y afirmó el artículo 16 de la Ley 4.167 de 1903, según el cual la ocupación de la tierra fiscal no serviría de título de preferencia para su adquisición (Delrio, 2005; Mases y Gallucci, 2007). Además, por decreto del 16 de septiembre de 1925 se estableció que se consideraría «intruso» a todo poblador que no hubiera presentado solicitud de arrendamiento o permiso de ocupación (Delrio, 2005), igualando en esta condición a quienes ocupaban tierras consideradas fiscales recientemente con aquellos que las habían ocupado por décadas. Por otra parte, una mayor antigüedad de ocupación resultaba ser un peso para los pobladores ya que para regular la situación como arrendatarios debían abonar el canon de pastaje estipulado retroactivamente (Delrio, 2005). En este marco, entonces, la categoría de intruso pasó a utilizarse en referencia a la población ocupante de tierras fiscales asignándole un sentido de inseguridad territorial debido a que representaba un peligro depredador para el proyecto de sociedad de colonos (Pérez, 2014).

20A partir de este momento, y dado que algunos pobladores no indígenas habían estado arrendando tierras en la zona, los funcionarios estatales sugirieron que se reconociera la posesión provisoria a pobladores de tierras fiscales que «por sus capitales y hábitos de trabajo pudieran garantizar una explotación personal e independiente» (Ministerio de Agricultura de la Nación, 1937). Según una serie de disposiciones decretadas en 1927 se estableció que pudiesen concederse arrendamientos sin llamado público previo a pobladores que «acreditasen la propiedad de haciendas suficientes o demostrasen poseer suficiente capital» (Delrio, 2005, p. 209). Este fue el caso de unas tierras en la reserva disputadas recientemente por Félix Antonio Sede. El giro en la política de tierras de este período se plasmó, efectivamente, en la intención de otorgar nuevos permisos violando permisos de ocupación previos, como se ve en el caso de la aceptación de la solicitud de Sede por los lotes 94 y 87 en El Portezuelo, «de aprobarse la derogación del decreto de 1900 ya que "se pedirá" el levantamiento de la reserva Ancalao» (Ministerio de Agricultura de la Nación, 1937). En estas situaciones comenzamos a entrever cómo «el umbral entre unos y otros está trazado menos por sus capacidades productivas que por los supuestos que subyacen respecto de la sociedad que se proyecta y la que se quiere dejar atrás» (Pérez, 2014, pp. 568-569). Como veremos en el próximo apartado, los informes de las inspecciones de tierras, que incluían una sección en la que el inspector debía llegar a una conclusión en torno al poblador visitado (Delrio, 2005), incidieron en el curso de los expedientes por permisos de ocupación y arrendamientos.

2. 5. Reclamos, inspecciones y despojos

21Desde la década de 1920 y especialmente luego de la crisis de 1930, registramos algunas acciones colectivas por parte de indígenas que, en un contexto de avance de alambrados y de expropiaciones de tierras a «intrusos», expusieron y diputaron la «excepcionalidad indígena» de diferentes maneras (Pérez, 2013). Por ejemplo, Emilio Frey –inspector de la zona– informó que se había gestionado por expediente 95-C-1925 la exención del pago del servicio de pastaje para todos los aborígenes argentinos allegados a las familias de los Ancalao y de los Cañumil (Frey, 1925, f. 512). Por otro lado, en 1929, la Dirección de Tierras solicitó a algunos pobladores de la sección ix, cuyas tierras se encontraban sin mensurar, que formularan pedidos de arrendamiento de los campos que ocupaban. Ante dicho requerimiento, Pedro Ancalao devolvió el formulario entregado para hacer dicho pedido sin firmarlo y acompañado de una nota en la que manifestó que, por decreto del 17 de noviembre de 1900, se le había concedido al cacique Rafael Ancalao y a las familias que lo acompañaban el permiso de ocupación de la superficie de 96 000 has (Ancalao, 1929, f. 518). Ante los reiterados reclamos de indígenas radicados en la Patagonia, en 1931 el gobierno nacional redujo, para ellos, las tasas de pastaje y las suspendió temporariamente en 1935, absolviendo por decreto de 1936 las deudas acumuladas por el uso de tierras fiscales (Delrio, 2005; Delrio y Briones, 2012).

22A pesar de las iniciativas y acciones indígenas individuales y colectivas, el 6 de diciembre de 1938, mediante un decreto se modificó el del 17 de noviembre de 1900 –que asignaba 96 000 has– y se le asignó a Ancalao y su tribu 56 000 has ubicadas en la sección ix del territorio de Río Negro. El mismo estableció que la Dirección de Tierras debía otorgar permiso de ocupación a título gratuito a una serie de personas, autorizando a dicha repartición para realizar deslindes de las tierras y establecer condiciones específicas como prohibir la venta, el arrendamiento, así como efectuar medianerías, entre otras (Decreto 18.721 del 6 de diciembre). Por resolución del 19 de enero de 1939 se estableció que la División de Inspección General practicara una amplia inspección y realizara un censo en las 96 000 has que originalmente abarcaba la reserva. Esta comisión, tras haber realizado el recorrido en el terreno en el año 1940, manifestó varias cuestiones, entre ellas: que dentro de las 96 000 has se otorgaron concesiones de arrendamiento a pobladores no indígenas; que la tribu Ancalao no existía tal como figuraba en las nóminas presentadas por el cacique en sus escritos del 21 de septiembre de 1900 y del 31 de marzo de 1903; y que quienes acompañaron al cacique Rafael Ancalao eran oriundos y se encontraban radicados en Bahía Blanca previamente a su instalación en Ñorquincó. Por último, el informe señala con nombre y apellido a quienes merecían el calificativo de «verdaderos pobladores» siguiendo un criterio dado por la clase de explotación que realizan, su forma de trabajo y por «el recto gobierno de su moral y de su familia» (Comisión de Tierras, 1940).

23En esta inspección se concluyó que lo que antes había sido una «tribu» era entonces una «agrupación de familias o individuos» formada en su casi totalidad por «descendientes del extinto cacique» y de los que lo acompañaron. Estos se encontraban dispersos en tres áreas: dentro del área que comprendía el permiso del año 1900, en los parajes conocidos por Chacayhua-Ruca, Menuco Negro, Fitamiche y Ñorquincó; fuera de dicha área, en los arroyos Fitatemen, las Minas y Alto Río Chubut; y dentro de los terrenos acordados para el cacique pero también dentro de las parcelas del pueblo de Ñorquincó o en sus proximidades, lo cual volvería necesaria una evaluación especial ya que se trataba de tierras regidas por disposiciones particulares. Un cuarto grupo identificado en el relevamiento estaba compuesto por aquellos individuos dependientes de establecimientos rurales de la zona y vinculados con la actividad de medianeros impuesta por comerciantes, según la cual, estos entregaban a su cliente un determinado número de lanares a cambio de su cuidado en la tierra que ocupaban (Delrio y Briones, 2012). El inspector sostuvo, entonces, que se debía ratificar el decreto de diciembre de 1938, que determinaba en 56 000 has la superficie que se permitía ocupar y, más aún, sugirió reducirla a las 30 000 has que en ese momento ocupaba la agrupación Ancalao, debido a sus propias acciones de transferencia de derechos y desplazamiento. Por ello, en 1940 propone regularizar la situación otorgando permisos individuales intransferibles a las familias restantes. Desestimándose la propuesta de reducirla a 30 000 has, el expediente 44.060/52 de la Dirección General de Tierras da cuenta de una mensura practicada por el agrimensor Ricardo Mazzanti para deslindar las 56 000 has reservadas al cacique Rafael Ancalao y su tribu. Esta mensura se basó en el Decreto 84.206 de febrero de 1941, que autorizó a la Dirección de Tierras a otorgar permisos de ocupación a título gratuito a los integrantes de la tribu Ancalao. Al realizarla, y de acuerdo con las instrucciones recibidas, el agrimensor Mazzanti «debía efectuar previamente el relevamiento de los hechos existentes, proyectando grupos de lotes que contemplaran en cada caso la ocupación que realmente ejerce cada uno de los integrantes de la agrupación Ancalao» (Mazzanti, 1952). Al relevar la ocupación se proyectó la ubicación de los mismos teniendo como prioridad, a la hora de determinar la superficie concreta a entregar, respetar los arrendamientos concedidos a los vecinos y no así la ocupación efectiva de los integrantes de la agrupación, ni los motivos y circunstancias por las que no estaban allí. El total de la superficie reconocida a pobladores de la tribu fue la de 13 082 has. La mensura realizada por Mazzanti fue aprobada el 29 de agosto de 1952.

24En resumen, la reducción de la superficie de tierras reconocidas a la tribu Ancalao fue de 42 000 has hacia 1938 y, luego del decreto de 1941 y la mensura de Mazzanti, de 43 000 has. Las 13 082 has reconocidas del total inicial de entre 96 000 y 98 000 has representan un 13 % del total de tierras que fueron reservadas a Ancalao y su tribu, y la superficie reconocida por las leyes provinciales 674 y 2.641, un 29 % (ver tabla 2. 1). Sin embargo, no podemos suponer que la superficie mensurada se corresponda con la ocupación y uso real de la tierra como tampoco que estos decretos hayan implicado la aceptación de los pobladores respecto de la pérdida de sus derechos sobre la tierra que habían estado ocupando por décadas. La expropiación de la tierra inicialmente designada como reserva para la tribu de Ancalao –que no finaliza en este momento– tuvo causas, motivaciones y efectos en los que deberemos profundizar en el futuro. Una carta del cacique Rafael Justiniano Ancalao en años posteriores a la provincialización de Río Negro nos advierte ya de la continuidad del despojo de tierras. Al solicitar la incorporación en la Armada de uno de sus hijos, el entonces cacique Rafael Justiniano Ancalao expresaba:

que a pesar del otorgamiento de las tierras de referencia, su ocupación por la tribu fue haciéndose cada vez más dificultosa ya que con la llegada de nuevos pobladores se fue reduciendo el área de las tierras otorgadas llegando al extremo tal que la mayoría de los descendientes de la tribu Ancalao debieron emigrar y hoy se encuentran empobrecidos, incluso el dicente, como es de conocimiento de la Dirección General del Aborigen de ésta Provincia creada por ley de la misma 109 de la que ya se ha hecho eco a pesar de los escasos seis meses de su puesta en vigencia. (Ancalao, R. J., 1962)14

25La ley provincial mencionada fue sancionada en diciembre de 1959 y reglamentada en 1961.15 La reglamentación de esta ley no tuvo los resultados esperados y, el 15 de abril de 1964, Rafael Justiniano Ancalao escribió al presidente Illia señalando que, hasta la fecha, no se habían entregado títulos de propiedad definitivos. Manifestó en referencia a la Ley provincial 109 y su decreto reglamentario, que legislaban:

la vida de todos los aborígenes en la provincia de Río Negro, dicha ley se puso en marcha, pero cuando ya estaba dando sus frutos, la intervención paralizó los trabajos y todos nosotros y otros aborígenes, volvimos a quedar a la espera de nuevas autoridades, pero las mismas no se han puesto en marcha y nuestro problema, gravísimo problema, se agudiza día a día por la usurpación de la tierra por parte de los terratenientes que sin mirar las familias que vivimos desde hace más de sesenta años, nos despojan arrojándonos como parias a la vera del camino para que el tiempo nos haga desaparecer. Nosotros somos parte de esta patria a la que queremos vivir en paz y colaborar para la grandeza de la misma. Por todo esto, es que solicito de nombre de la tribu a la que pertenezco y me toca dirigir como cacique vuestra intervención para que de una vez por todo se concrete nuestra aspiración, el tener nuestra tierra definitivamente. (Ancalao R. J., 1964)

2. 6. Contrapunto: el poblamiento y la reserva del colectivo indígena Cañumil

26Los expedientes legislativos cittr y el expediente 130.009/1940 de la Dirección General de Tierras indican que integrantes de la «tribu» de Cañumil poblaron el área al norte de la reserva para colonias del decreto del 5 de julio de 1899, al menos desde la década de 1920. ¿Cuándo y en qué circunstancias poblaron el área? Según la memoria social de la comunidad Cañumil que registraron Ana Ramos y Pablo Cañumil (2016), el antepasado más antiguo que se recuerda en la comunidad es Anüngürü –zorro sentado–, vinculado con el linaje de Kallfükura, que vivió cerca de los toldos del cacique Coliqueo y del Fortín Acha –actualmente zona noroeste de la provincia de Buenos Aires–. Siguiendo este relato, durante las campañas militares de ocupación de fines del siglo xix las familias fueron separadas. Los hijos de Anüngürü, llamados Fallfüraiy y Kallfüngürü, junto con las personas que iban con ellos conformaron un nuevo grupo de pertenencia o lofche, trayendo el tayïl –canto– de la comunidad desde Azul. Escaparon al otro lado de la cordillera, al territorio actualmente chileno, a una región cercana al volcán Villarrica, donde conformaron un grupo más amplio, integrando nuevos cantos, es decir, nuevas familias con trayectorias distintas. Cuando regresaron al este de la cordillera fueron reconocidos con el apellido Cañumil: Kallfüngürü se llamó Juan Cañumil y su hermana Fallfüraiy, Juana Cañumil. El trabajo de Cañumil y Ramos identificó, a partir de los cantos tradicionales, una historia de su ocupación de la región desde fines del siglo xix. Las familias que fueron llegando e instalándose en parajes alrededor de los espacios ocupados por los Cañumil entrelazaron sus recorridos con la historia de conformación de esta comunidad en un proceso dinámico, que fue impulsado por motivos externos, como las campañas de ocupación militar del siglo xix, e internos, como la construcción de entramados de relaciones sociales en base a alianzas previas y nuevas (Cañumil y Ramos, 2016).

27Por otra parte, las tierras actualmente ocupadas por la comunidad Cañumil fueron identificadas como «reserva» de una «tribu» y reconocidas como tal por funcionarios estatales desde, al menos, el informe de la Inspección de Tierras de 1946. Un croquis de ese año (figura 2. 2), firmado y sellado por el inspector de tierras Horacio J. Rivas, señala una extensión de tierra que un poblador –que no era miembro de la tribu– solicita en arrendamiento donde se encuentra la reserva Cañumil. En el mismo expediente de la Dirección General de Tierras –s/arriendo en paraje Chenqueniyen, sección ix, lotes 69, 70, 51 y 52 iniciado por Roberto Pérez Brizzio– este inspector incluyó una nota del aborigen Pedro Oses, poblador del lote 51, sección ix del Territorio de Río Negro. En ella, Oses solicita que se le condone una deuda amparándose en el decreto de 1936, dada su situación «como padre integrante de la tribu Cañumil por ser descendiente del cacique Juan Cañumil». En dicho expediente se menciona reiteradamente la ocupación de tierras sobre el arroyo Chenqueniyen por parte de Francisco Cañumil y la tribu descendiente de Juan Cañumil, debido a que habrían constituido un impedimento para que el denunciante Roberto Pérez Brizzio arriende las tierras de una manera, desde su percepción, «más productiva».

Figura 2. 2. Croquis de la superficie solicitada para arriendo de Roberto Pérez Brizzio

28Aunque aún desconocemos cuál es el fundamento para el reconocimiento de esta reserva en particular, la propuesta de formar reservas indígenas estuvo presente en distintos proyectos, tanto estatales como indígenas. Primero, entre los intereses y objetivos explícitos de la Inspección General de Tierras, que «por razones de humanidad y patriotismo» debía «amparar y tutelar al indígena» (citado en Pérez, 2016, p. 283). Sin embargo, en muchos casos, esto no implicó más que una promesa. Por otro lado, al poco tiempo de comenzar la inspección, en 1918, José Colón se presentó ante las autoridades nacionales como representante general, junto con José M. Ricardes, de la Comisión Profomento de las Colonias de Aborígenes de los Territorios Nacionales, informando de las actividades censales que desde esa comisión estaban llevando a cabo en los territorios de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz (Pérez, 2016, p. 310). Esta comisión antecedió a la Asociación Nacional de Aborígenes, fundada en 1920 en Buenos Aires y presidida por José Colón. Como delegados de esta asociación participaron varios indígenas de la zona de Ñorquincó y Chenqueniyen, como Manuel Gonzales, Francisco y Emilio Cañumil, Felipe Collhuin (Pérez, 2016, p. 313), Juan Cañumil y Pedro Ancalao (Argeri, 2005, p. 173). Esta asociación dejó de funcionar cuando sus promotores comenzaron a trabajar desde el Estado (Pérez, 2016), sin embargo el lenguaje nacionalizador y épico que Pérez registra en ella se observa más allá de este contexto. En uno de los escritos de José Colón al director de Tierras, este denunciaba las acciones de las casas comerciales y los bolicheros. Decía que:

[…] no conformes con sus ganancias desmedidas, van adueñándose, por supuestas deudas, de las haciendas, tierras y poblaciones de sus clientes, contrario a toda norma de equidad. Debido a esto, los componentes de la tribu se hallan próximos al desalojo y a ocupar el ingrato lugar de los parias ¿Que en la actualidad no poseen mayor número de ganados y son considerados como gentes no aptas para el progreso? Bien: ¿cómo, hace más de 20 años atrás, esos mismos poseían en un 60 o 70% más de lo que hoy tienen? ¿A qué responde este fenómeno? ¿Quiere decirse que eran más civilizados ayer que hoy? […] sólo puede decirse que si los Poderes Públicos no toman medidas a este respecto, pronto, entre dos o tres insaciables bolicheros, quedarán en sus manos las zonas de aborígenes de ÑorquinCó, Chacahigua-Rucá y Chinqueniyen, y se habrá tergiversado la frase del gran Alberdi «poblar es gobernar»; y por otra parte es de considerar la situación de esta gente perteneciente a la tribu Ancalao, a la que se despoja de tierras de su propiedad para ubicarla en la reserva que hoy se ha dispuesto y realizado su levantamiento. (Colón, 1940)

29Por último, destacamos la propuesta de quien fue el director de la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios en 1932, Juan Domínguez. Este insistió en la creación de reservas indígenas bajo tutelaje estatal e incluso envió a cuatro delegados indígenas a recorrer las regiones donde existían agrupaciones indígenas (Pérez, 2016, pp. 382 y ss.).

30Como mencionamos anteriormente, en 1973 el gobierno provincial reconoció formalmente las tierras de reserva para radicación de la Agrupación Indígena Cañumil y en 1987 se delimitó la superficie de la reserva para la radicación exclusiva de la misma, de 23 454 has mensuradas y de aproximadamente 22 500 has sin mensurar, en la sección ix del departamento de Ñorquincó (ver figura 2. 3). Lejos de sugerir una estabilidad en materia jurídica y territorial, los relatos de miembros de la comunidad indican que estos reconocimientos fueron utilizados como herramientas que ayudaron a garantizar el acceso y uso de la tierra en situaciones puntuales. El reconocimiento jurídico brindó así un sustento legal a la ocupación del territorio. En el año 2009, por ejemplo, fueron denunciados y absueltos de los cargos por usurpación de unos campos en Chenqueniyen reclamados por la familia Mohana. En este sentido, registramos, a la vez que una continuidad en el despojo, una incesante acción de denuncia por parte de la población indígena.

Figura 2. 3. Expropiación de tierras en reservas indígenas. Mapa de Ñorquinco-có

2. 7. Los conflictos actuales en la trama histórica

31La situación jurídica y las disputas en torno a la relación de los antiguos y actuales integrantes de las comunidades Ancalao y Cañumil con la tierra guiaron la escritura de estos apuntes para la reconstrucción de sus trayectorias colectivas.

32En este amplio panorama trazado vemos que una característica distintiva de estos colectivos, en relación con el devenir del pueblo mapuche desde las campañas de ocupación de la Pampa y la Norpatagonia, fue el reconocimiento estatal de la pertenencia a un colectivo, como la tribu o agrupación, y de las tierras que ocuparon como reservas. Observamos en sus trayectorias una continuidad basada en la capacidad de estos grupos para mantener y crear nuevos vínculos y reestructurar relaciones sociales en contextos adversos. A lo largo del capítulo nos referimos a la ambigüedad jurídica que existió en relación a la legitimidad y al derecho de ocupación de las tierras en las mencionadas reservas, a la distribución de permisos de ocupación otorgados por agentes estatales a pobladores no indígenas en esas tierras y a los desplazamientos provocados por presiones económicas y políticas. Entendemos estos procesos en el marco de un programa político estatal racista que guió la voluntad de los inspectores y funcionarios de tierras, favoreciendo a intereses privados.

33Según lo relevado hasta ahora registramos que, por un lado, el Estado reconoció sus tierras mediante decretos, leyes y la creación de organismos para garantizar derechos a los indígenas. Por otro, y al mismo tiempo, dio lugar a mecanismos legales e ilegales que impidieron que se cumplan esos derechos que se les reconocen. Algunos de los mecanismos cotidianos que permitieron y avalaron la progresiva pero constante pérdida del territorio son analizados y abordados claramente para otros espacios en otros capítulos de este volumen. Entre ellos, la apropiación por endeudamiento de los bolicheros y comerciantes de la zona, como el caso de la familia Sede –ver también Kropff en este volumen–; el silencio estatal ante los reiterados reclamos por el incumplimiento de las condiciones legales de la reserva; las contradictorias disposiciones legales en torno al reconocimiento de la ocupación del territorio; la especulación inmobiliaria –ver Iñigo Carrera en este volumen–; la apropiación de tierras mediante artificios legales que buscan desconocer las pautas tradicionales de herencia, sucesión y organización del grupo, o bien llanas irregularidades en las trasferencias de propiedad.

34Como se desprende de las propias trayectorias, la continuidad que planteamos no fue lineal, sino que atravesó violentas separaciones de familias e integrantes, tanto en el contexto de las campañas militares de ocupación del territorio indígena a fines del siglo xix, como a lo largo del siglo xx. Estas trayectorias e historias que permanecen en gran medida desconocidas abren una interesante y necesaria agenda de investigación.