El problema es saber si podemos, dentro del actual régimen, llevar a niveles microscópicos las relaciones de poder de tal manera que, cuando se produzca una revolución político-económica, no encontremos después las mismas relaciones de poder que hoy existen.

Michel Foucault. La verdad y las formas jurídicas

Introducción

1La reflexión en torno a la naturaleza no es un aspecto menor en las reflexiones políticas sobre la Patagonia. De hecho, la ciudadanía parece fundamentarse en el paisaje como una suerte de uso simbólico social del entorno, dado que muchas de las limitaciones vividas en términos de ejercicio de derechos se justifican mediante características ambientales. Desde esta perspectiva, los anclajes en que se fundamenta lo político nos llevan a la revisión de artículos trabajados a lo largo del proyecto de investigación.

2Las revisiones de las ideas universales que sostienen el diseño de las formas cívicas nos ponen frente a una perspectiva ya trabajada por Judith Butler, Ernesto Laclau y Slavoj Žižek: la universalidad no es un presupuesto estático, no es un a priori dado, y debería ser entendida como un proceso o una condición irreductible a cualesquiera de sus modos determinados de aparición (Butler y otros, 2011, p. 10). Los universales, en los escenarios desde los cuales iniciamos nuestra reflexión, cierran el reconocimiento a numerosas prácticas y trayectorias. Por ello, no es menor la sugerencia de Butler (2007) acerca de los efectos asociados con reconocer lo inacabado de conceptos supuestamente monolíticos desde materialidades y prácticas que los descubren incompletos y porosos, en esa sugerencia plantea que «no es posible ninguna revolución política sin que se produzca un cambio radical en nuestra concepción de lo posible y lo real» (p. 28). En la mera revisión hay resistencia y subversión. De allí que pensar en el reconocimiento de lo invisible es trabajar en la ampliación de los límites tendientes a la utopía y la consideración de lo existente desde términos nuevos.

3Como una aproximación a las revisiones teóricas que buscan avanzar sobre las dicotomías estructurantes de los órdenes modernos, el presente artículo busca sortear la escisión sociedad-naturaleza o cultura-naturaleza. Para ello toma elementos de la ecología política en la interpretación de la organización política de la Norpatagonia, pues nos ubican en el plano relacional de sujetos –humanos o no–, en un ejercicio que trata de ampliar los cánones clásicos de lo reconocido como agencia en la política pública estatal. Esta noción de agencia remite al debate de la antropología simétrica propuesto por autores como Bruno Latour (1993) y Donna Haraway (1999), quienes reconocen en la constitución de la modernidad la escisión excluyente entre lo humano y lo no-humano, que no solo resulta artificial a las dinámicas relacionales, sino que lleva a perder de vista el modo en que los sujetos nos constituimos a partir de nuestras vinculaciones, que trascienden largamente lo que se recorta como humano, y donde la propia humanidad adquiere un carácter excluyente interno, a partir de homologar a lo no-humano a grandes poblaciones, que así quedan situadas en un sitio de vulnerabilidad estructural. Mujeres, pueblos originarios, sectores de escasos recursos son ejemplos de humanidades restringidas, en tanto este imaginario de la modernidad ha permitido (y permite) discutir la racionalidad de las perspectivas que emergen de estas parcialidades.

4Pero los autores van más allá de esta denuncia, ellos revisan de qué modo el recorte del mundo entendido claramente como no humano –focalizado en las tecnologías desde Latour y en la naturaleza desde Haraway– poseen capacidades propias, tiempos, voces, introducción de sentidos, que no pueden reducirse a la mirada humana, porque lo humano en sí, es configurado en espacios híbridos donde las diversas materialidades adquieren sentidos a partir de las dinámicas vinculares. Es esta perspectiva la que nos permite pensar en el escenario patagónico, en el modo en que la propia construcción de ciudadanía puede ponerse en diálogo con la construcción del paisaje. Ello tanto en relación a compartir el disciplinamiento que se desprende de la organización estatal de espacios y poblaciones, como desde las vinculaciones que los actores sociales reconocen respecto del propio entorno que, desde racionalidades que trascienden los marcos de la modernidad, instalan la posibilidad de reconocer indicios que van más allá de lo reconocido como humanidad.

5Por ello, en las páginas que siguen, problematizamos cómo la construcción de la ciudadanía está mediada por valoraciones que trascienden lo humano y nos llevan a inscribirlo en las vinculaciones de las personas con sus entornos, ya que tal construcción incorpora al ambiente como parte constitutiva de la dimensión social. Así, el paisaje se descubre como referencia de niveles de reconocimiento, sobre todo cuando se lo toma en términos de argumento de límite en el ejercicio de derechos. El peso sarmientino del desierto como origen de la barbarie subyace en la trama de las relaciones y reconocimientos patagónicos, en los que la forma de considerar el entorno se convierte en argumento sobre derechos cívicos.

6De este modo, la noción de paisaje vivido, puesta en tensión con el paisaje valorado es un punto de partida para observar los niveles en los cuales se sedimenta y forja la práctica ciudadana. Esta última, a su vez, se relaciona con la construcción de la identidad política. Por lo tanto, los desniveles de representatividad, la audibilidad de las voces y el reconocimiento de la particularidad son algunos de los elementos desde los cuales consideramos los gradientes de ciudadanía y su fundamentación. Todo ello en un entorno que, desde una perspectiva estereotipada, se presenta como motivo de los límites de los derechos.

7Acerca de estas consideraciones, la reflexión desde los paisajes vividos y la lucha por la voz propia buscan poner en diálogo las tradiciones desde las cuales se ha tratado de comprender el modo en que el entorno se carga de sentido. Ello se observa junto con la perspectiva que analiza las mediaciones políticas en relación con las posibilidades de apropiación de ese entorno. El planteo permite reconocer que muchas veces la política se diseña desde visiones arbitrarias que se suponen objetivas porque se remiten a condicionantes de tipo ambiental, los cuales, a su vez, no solo se presumen fijos sino también constitutivos del desarrollo social.

8Así, tomando como centro de la presente reflexión el paisaje vivido presentado por los actores que lo reconocen como tal, indagamos en referencias identitarias desde las cuales se argumenta el valor de la experiencia propia y la necesidad del reconocimiento, en una trama política elaborada desde universales excluyentes. Por este solapamiento de sentidos entre lo local y lo general, a primera vista antagónico, articulamos las ideas de paisaje vivido y gradientes de ciudadanía desde los desencuentros en los distintos niveles de adscripción de la identidad política. Para ello abordamos la reflexión desde la observación de un proceso particular, asociado a la organización política estatal de la Norpatagonia, en el período en que el territorio se incorporó al país como provincias federales. Observamos también cómo los conceptos de nación, provincia, región y localidad se superponen en un ejercicio referencial y jurisdiccional que permite avanzar en las contradicciones y apelativos ambientales de una construcción cívica relativamente reciente.

9Se toma un caso para reflexionar sobre herramientas posibles para observar el deslizamiento de lo social a lo biológico como parte de la legitimación del argumento político. Así, se entiende que sujetos y prácticas estamos inscriptos en lenguajes sobrecargados de sentidos que se proyectan más allá de la propia individualidad, atravesando la dinámica relacional. La idea de gradiente, asociada con la construcción ciudadana, nos remite a adscripciones permanentemente incompletas y en proceso de elaboración. Esta noción, más trabajada en cuanto a reclamos por ejercer una ciudadanía transnacional por parte de los emigrantes y sus pedidos de incidir en las prácticas políticas de los países de origen (Smith, 2001; Reyes, 2008), permite revisar la territorialización de la noción de ciudadanía, abriendo una perspectiva que llama la atención hacia las regiones construidas como límites internos.

10Los debates acerca de la pertenencia que proponemos llevar adelante ya no se restringen a la presencia o no en términos de residencia, sino que median con la interpretación de un paisaje que se constituye como horizonte de correspondencia y atraviesan la construcción de pertenencias. Esto nos lleva a observar el paisaje como construcción cultural y marco de modos de pensar y percibir el mundo. Se trata entonces de repensar las categorías vinculadas con la construcción/apropiación del lugar elegido para vivir, desde las diferentes escalas que se superponen tras la noción de apropiación. Y, también, de volver a pensar el modo en que ese lugar es mediado por valoraciones que solapan el reconocimiento de agencias y sujetos con aspectos físicos y ambientales de los espacios que habitan. Es por eso que la idea de lugar, además de remitir a una geografía, permite referir a un sitio social que se desprende de la elección espacial. La diferencia entre paisaje vivido –cuya consideración resulta de las prácticas cotidianas en las cuales el entorno cobra sentido– y los paisajes valorados –que son tomados como fijos desde los marcos de la política pública– nos sitúa en una tensión en la que la pertenencia se disputa desde dos esferas distintas desde las cuales se puede construir sentido.

Construcción política y construcción geográfica en territorios nacionales

11La dinámica de las interacciones que se materializan en el espacio nos lleva a que, primeramente, aclaremos que planteamos un diálogo permanente con los aspectos políticos identitarios de la construcción de pertenencia. En esta línea, acordamos con Gerardo Aboy y Paula Canelo (2011) en las implicancias del estudio de la identidades políticas, que en gran parte tratan de re-crear espacios solidarios que suponen una cierta comunidad de sentido enfrentada a procesos dinámicos de cambio en los que lo similar y lo diferente se van adscribiendo progresivamente a referencias alternativas.

12Tratamos aquí de abordar el estudio de lo esquivo, porque la universalidad misma en la que se busca referir lo similar, es también móvil. Butler, en su diálogo con Laclau y Žižek, revisa la perspectiva de Hegel en la construcción de las abstracciones para mostrar su carácter permanentemente incompleto. Así señala que «la abstracción no puede permanecer rigurosamente abstracta sin exhibir algo de lo que debe excluir para constituirse como abstracción» (2011, p. 19). Siguiendo a la autora, la abstracción nunca termina de ser completa. Es por eso que propone apelar a universales, pero sabiendo que refieren a categorías no sustanciales y abiertas, a modo de discursos estratégicos tendientes a impactar en la visión monolítica de lo generalizado.

13Por lo tanto, con todos los recaudos que demanda la idea de formalidad, la identidad política debe pensarse como una categoría de lo formal y, por ende, vacía de elementos de trascendencia. «Aquella identidad sobre la que predicamos, tan pronto estalla en múltiples particularidades como queda subsumida en un espacio más general en el que se diluye», nos recuerdan Aboy y Canelo (2011, p. 10). El quiénes somos, en términos de ciudadanía, es una pregunta que ha sido abordada largamente desde la ciencia política. Pero sus límites pueden observarse a partir de una lectura de los procesos de institucionalización de la Patagonia realizada desde el universo categorial de Butler. La pregunta por la ciudadanía, que buscamos desentrañar desde sus lazos con el paisaje, nos permite compartir interrogantes con esta autora, sobre todo en cuanto a la forma en que se puede lograr la estabilidad interna entre los términos de asimilación y diferencia, términos en que lo nacional y lo estatal se inscriben de modo tal que legitiman representaciones diferenciadas en nombre de la igualdad de derechos cívicos. Desde estos interrogantes, el reconocimiento de la construcción de gradientes de ciudadanía nos permite caracterizar integraciones diferenciadas.

14Una breve historización sobre el modo en que el territorio ha sido incorporado al espacio nacional, permite ubicarnos en los desafíos de representación que buscamos abordar. Debemos mencionar que la Patagonia operó como frontera del país a lo largo del siglo xix, al igual que varios territorios del norte que, desde 1860, comenzaron a ser incorporados a través de la violencia enmarcada en lo que se denominó Campaña del Desierto. La idea de desierto, antes que a un paisaje o a una condición atmosférica de precipitaciones limitadas, refería a limitantes en términos de humanidad y civilización reconocidas, como se indica en el capítulo cuarto de esta misma obra.

15El desierto en sí fue argumento de negación de representación política. Los espacios conquistados en esta avanzada del Estado argentino carecieron de derechos de voto y representación hasta pasada la mitad del siglo xx. La escasez de población fue homologada a la idea de minoría de edad, en un ejercicio argumentativo asimilable a la negativa al otorgamiento de voto a las mujeres en general, pues en la baja demografía –como en el carácter femenino– se daba por cierto que había una limitante en la racionalidad de esos habitantes para decidir sobre sus espacios. Paradójicamente, se reconocía que estos habitantes, estaban haciendo patria en un territorio presentado como incompleto. Esta valoración positiva se desprendía de la premisa alberdiana de que «gobernar es poblar» y por ende, llevar pobladores a los espacios deshabitados era la forma de darle cuerpo a la patria, en un sentido en que lo humano de la población y lo no-humano del paisaje, se confundían. Es por eso que en la propia acción de hacer patria se introducía el supuesto de la irracionalidad con el paternalismo centralista como respuesta en términos de orden político.

16Pero hay algo más: los derechos limitados se dieron también en una geografía impropia. El problema del acceso a la tierra fue central en este espacio casi sin pobladores. Esto, que suena incongruente, se ha explicado desde un punto de vista económico a partir del modelo de ovinización que se promovió en la región sur del país. Tras la campaña militar de apropiación del territorio, el gobierno argentino impulsó el desarrollo otorgando grandes haciendas a los productores ovinos británicos instalados en las islas Malvinas. Fernando Coronato (2010) indagó especialmente en este proceso llevado adelante en la primera mitad del siglo xx. El autor muestra cómo la estructura espacial de Patagonia sur, esto es, Santa Cruz, Chubut y parte de Río Negro, debe entenderse desde la vinculación productiva lanar, cuya actividad se manejaba desde Punta Arenas y se financiaba con capitales alemanes y británicos.

17Por fuera quedaba el acceso de los pobladores originarios, o de otras vías migratorias, que se instalaban como pequeños productores en los intersticios de un orden que no los terminaba de reconocer. Uno de los textos más emblemáticos para observar este problema en torno a la tierra pública y, también, en torno a los debates que operaron detrás de la construcción de ciudadanía y su incidencia en las decisiones sobre la forma de hacer patria en los territorios del sur fue el escrito por José María Sarobe en 1935, La Patagonia y sus problemas. En esa obra nos detenemos especialmente a fin de observar los matices detrás de la construcción de las dinámicas políticas y las formas de reconocimiento.

18Este escrito llama la atención porque su autor es un militar que interpela el modo en que se está planteando la argentinidad en un espacio donde, según entiende y comparte con los discursos de conquista y posterior apropiación, la Patria aún debía hacerse (Navarro y Núñez, 2012). Para él, en acuerdo con el aire de época reinante, la moral y la nacionalidad se encontraban imbricadas. De tal manera, el hecho de no facilitar una apropiación patriótica de la nacionalidad atentaba contra la moral de la población.

19Los modos de ciudadanía incompleta se reconocen en sus párrafos cuando llama la atención sobre la necesidad de

difundir ideas nacionalistas en el seno de esa población, de despertar su afección por la tierra donde trabaja y el país donde reside y de vincular a todos, nativos y extranjeros, en el mismo sentimiento de solidaridad social, de amor a la patria y de respeto por sus instituciones (Sarobe, 1935, p. 404)

20dado que son aspectos que entiende como faltantes. En su escrito se manifiesta que no se puede hacer patria sin una afiliación a la nación desde la cual se promueve el poblamiento.

21A continuación de esta reflexión, refiere el nivel de protección y cuidado que debe relacionarse con la intención de promover el nacionalismo en una tierra con muy poca población y afectada por importantes migraciones. La posibilidad de la construcción ciudadana se liga a una política estatal de reconocimiento y cuidado. Así, indica Sarobe que

No será con medidas negativas de exclusión o de prevención contra los extranjeros, sino por el contrario, con una política elevada de atracción y de asimilación de sus elementos, con lo que se conseguirá con el andar del tiempo desarrollar los valores espirituales y morales de esa población. (p. 404)

22Ese es en definitiva el objetivo que debería ser central para el Estado, según las consideraciones del autor.

23Ahora bien, la referencia a la organización económica previa no es menor. Desde la mirada de Sarobe, e incluso desde la mirada de la política pública, el sentido de Nación se crea a partir del sentido de propiedad. La modernidad misma se instala en función de las lógicas de propiedad predefinidas, omitiendo el valor de las poblaciones en favor de las referencias a los animales, en este caso ovejas (Núñez, 2015). Si seguimos a Orietta Favaro (1999), desde el Estado nacional lo prioritario durante el período territorial no fue el avance ciudadano sino el extractivo. Al reflexionar sobre la constitución del espacio neuquino, situado al norte del espacio estudiado por Coronato, la historiadora señala que:

El estado en su acción extensiva, amplía las fronteras del capital incorporando a la esfera de su influencia porciones territoriales que quedan al margen del proceso, ya que su función no solo es extender las fronteras, sino establecer ámbitos de reproducción del capital. (Favaro, 1999, p. 18)

24Es por tal motivo que Sarobe señala una contradicción. Pone en evidencia a un Estado que propone la modernidad para la población, pero niega el acceso más básico a la tierra en el caso de la Patagonia. Así, sostiene como un elemento de crítica a la política hasta los años treinta que «El principal medio para nacionalizar y civilizar aquellos territorios es la tierra pública» (p. 404).

25El militar vincula la obra nacionalista a lo que entiende como colonización racional, que describe asociada a los pequeños productores. Los límites al desarrollo, a la ética patriótica y la nacionalización del espacio, para este autor, están en los latifundios y en el bandolerismo. La idea de gradiente de ciudadanía se puede vincular a esta noción de tenencia no equitativa de la tierra y con un sentido antagónico a la construcción ciudadana. De acuerdo con los niveles de propiedad se va estableciendo el reconocimiento, siempre con el límite de la pertenencia a un territorio nacional sin capacidad de elección de representantes propios frente al Estado nacional. Cabe destacar que estas limitantes no implicaron la inexistencia de espacios electivos. De hecho, en los centros urbanos reconocidos como municipios, tras el reconocimiento de cierta demografía, se llevaron adelante elecciones municipales y de jueces de paz (Ruffini, 2007). Ello introdujo elementos de organización política así como referencias claras a las tensiones partidarias que se reconocen desde el centro del país.

26En este sentido, no se trata de una negación a la participación política sino de una ciudadanía tutelada, como la define Ruffini (2007), con gradientes internos vinculados al acceso a recursos y, sobre todo, al recurso de la tierra, que genera sonoridades diferentes en las voces patagónicas. Las capacidades de gestión fueron mediadas por vínculos informales o por el acercamiento a determinados organismos nacionales asociados a espacios puntuales del espacio patagónico (Ruffini, 2008; Favaro y Arias, 1995; Carrizo, 2007). Este cruce entre lo económico y lo político nos pone frente a una nacionalidad que, en la Patagonia, no solo estaba mediada por un acceso desigual al sistema representativo, sino que también estaba limitada por la posibilidad de acceder a tenencia de la tierra en que vivían y producían, pues el espacio físico estaba afectado por fuertes procesos de concentración.

27Ahora bien, la lectura sobre este proceso no solo se da en los términos mencionados. También en el manejo del espacio y en la interpretación de los procesos políticos que en él se dan se reconoce una valoración moral que lleva a asociar la falta de políticas con dificultades en otros órdenes. La moral, vinculada con la argentinidad, fue (y es) una lectura recursiva que se proyecta en el territorio patagónico como resultado de que se piense que este espacio es una tierra en riesgo afectada por intereses extranjeros que buscaron instalarse por encima de la soberanía nacional (Bohoslavsky, 2006).

28La década del treinta fue un período de resignificación de la idea de argentinidad en este espacio (Núñez y Núñez, 2012) y Sarobe edita una de las principales obras que muestran las tensiones entre las ideas de desarrollo presentes en el espacio (Navarro y Núñez, 2012). En Sarobe es claro que, además de la nacionalización desde elementos de integración y contención, en la argentinización hay factores raciales a considerar –además de las estructuras económicas en las que centra su argumento– relacionados con poblamientos adecuados sobre el espacio. Las referencias en este sentido son varias, así, por ejemplo, indica dos niveles de pobladores problemáticos. El primero contempla a los concentradores, sobre los cuales señala que «Es preciso evitar con previsiones y medidas oportunas la afluencia y radicación de la inmigración parasitaria que explota al hombre y no al suelo» (1935, p. 404). El segundo incluye a los bandidos, en relación con los cuales refiere que

se irá desalojando a la población nómade e indeseable que […] por no haberlo evitado oportunamente con medidas orgánicas, se ha instalado en tierras ubérrimas que aún continúan improductivas, porque esa gente carece de hábitos de trabajo y anhelo de progresar. (1935, p. 405)

29Estos dos comportamientos de apropiación, en lógicas que se enfrentan a lo que entiende como bien común, se complementan con visiones raciales. Así, por ejemplo, indica que:

Además nuestras costas desiertas deben ser pobladas por gente de mar… si por el momento, no es posible formar colonias pesqueras con núcleos de población nativa, hay que procurar la radicación en nuestras costas de elementos europeos que por su carácter y adaptación a las condiciones de la existencia y del clima en aquellas regiones, puedan proporcionar futuras generaciones de argentinos que hereden de sus antepasados las cualidades morales y físicas que exige la vida del mar. (Sarobe, 1935, p. 405-406)

30Con esa aseveración evidencia que la argentinización se resolvería con el reparto de la tierra pública más una construcción genética adecuada al ambiente. Así, paisaje y poblamiento se cruzan como co-constitutivos de nación.

31Ese planteo se vincula con una reflexión desarrollada por Gustavo Vallejo y Marisa Miranda (2004), que nos da pistas sobre los fundamentos de esta asociación. Los autores observan que el pensamiento argentino, desde fines del siglo xix, estuvo atravesado por una variante lamarkiana del darwinismo social. Señalan que en esto descansa parte del argumento de ciudadanía restringida. Desde estas premisas, el ambiente aparece como determinante de las características de los habitantes, por ello la idea de la naturaleza salvaje como imagen de la población incorrecta no se reduce a la población que vivía en el desierto a conquistar. Por el contrario, esa idea se re-proyecta en la población correcta del desierto ya conquistado, pues el mismo no dejó ser desierto solo por la presencia militar, y en la irracionalidad y barbarie reconocida en la aridez, continúa siendo, a los ojos del Estado nacional, un límite para el ejercicio de la ciudadanía completa. La falta de racionalidad se deslizó desde el ambiente hacia los nuevos habitantes, que aún inmigrantes con derecho a la tierra, se consideraron, en su mayoría, con una humanidad incompleta, por el mero hecho de habitar en la Patagonia.

32En 1864, el joven militar Julio Argentino Roca, pronunció un discurso a favor de logar el financiamiento para la campaña del desierto. En esa ocasión argumentó desde esta lógica, señalando que:

Hemos prodigado nuestro dinero y nuestra sangre en luchas sostenidas para constituirnos en estado libre, y no podemos explicarnos cómo pudimos soportar tan largo tiempo una situación llena de inquietudes y de alarmas, viendo desolada nuestra campaña, destruida nuestra riqueza, incendiados nuestros pueblos y hasta sitiadas algunas ciudades del sur de la República, sin combatir ese mal, en su germen, destruyendo esas bandas de bandoleros que produce y mantiene el desierto. (Roca, 1864, citado en Sarobe, 1935, p. 53)

33Barbarie, crimen, desierto y etnia se confunden en esta mirada, que plantea como solución el avance militar. Paisaje, poblamiento y ciudadanía son los conceptos que el Estado nacional se propone modificar con su avance. Se supone la destrucción de los bandidos, los asentamientos originarios (entendidos como asociados a actividades delictivas) y, con ello, del desierto. La ciudadanía argentina se construiría desde esta reconversión. La destrucción de un orden se ligaba al inmediato surgimiento del otro.

34Por tal motivo, la ciudadanía se media en estas consideraciones y la racionalidad, en última instancia, descansó en la capacidad de apropiación de espacios, recursos y prácticas económicas legitimadas por el Estado. Ahora bien, el orden de lo nacional previsto a fines del siglo xix dio lugar a prácticas de producción y comercialización que se comenzaron a discutir en la década del veinte, cuando progresivamente la lana comenzó a perder peso en el mercado internacional (Coronato, 2010; Sarobe, 1935).

35En la necesaria revisión de la política económica de los años treinta, que en un escenario de crisis mundial se resolvió con procesos nacionales de industrialización por sustitución de importaciones, Sarobe repara en la situación patagónica. Entre sus sugerencias, propone que para reconocer el ambiente como nacional, es necesario propiciar la instalación de la población correcta, en línea directa con los imaginarios y valores desde los que se sostuvo el avance militar. A la gente de mar (1935, p. 406) ya mencionada en las costas, agrega que en las fronteras deberían asentarse

antiguos colonos argentinos o extranjeros naturalizados que se ocupen de trabajos rurales en otras partes del país. Como población extranjera, mezclada con la nacional pero en menor número, parece conveniente facilitar la radicación de colonos alemanes, yugoeslavos, suizos, vascos e italianos, quienes, por las características del clima y el suelo, se adaptan muy bien a la vida en estas regiones. (Sarobe, 1935, p. 300)

36Esta perspectiva supone que la industrialización, ya sugerida por los estudios de Bailey Willis (1914; 1946) y que Sarobe retoma en su propuesta, se liga a las poblaciones nórdicas. Se elabora así un argumento en que la pertenencia étnica y la organización económica se confunden.

37Este punto es interesante para pensar en los recortes en cuanto a la identidad nacional que se buscaba instalar. Hay que considerar las naciones de referencia en las cuales se procuró descansar la construcción de la argentinidad. En esa operación, la adecuación a la construcción de lo nacional se asentó en similitudes presentadas en términos de paisajes, pasando por alto las dificultades en las construcciones identitarias que tenían lugar en los propios espacios de origen de las poblaciones que iban a asentarse. Cabe mencionar la llamativa referencia a Yugoeslavia, por la enorme diversidad y tensiones que presenta, tanto en materia étnica como religiosa (Iuorno y otros, 2006). Tal referencia permite suponer que los orígenes geográficos operan como ideales que subordinan las variables sociales. Hay una naturaleza de fondo en la que se fundamenta el ideal de ciudadanía en términos de trascendencia. La apelación a términos como raza o fenotipo, paisaje, clima, muestra que se toma como anclaje de lo nacional una naturaleza no-humana. Así como también se evidencia una humanidad reducida a la performatividad de los cuerpos políticamente construidos en clave de minoridad, idea que se instala como los horizontes de sentido sobre los que se plantea la arquitectura de las identidades políticas.

38Por ello, es importante reparar en las dinámicas de diferenciación que están detrás de la construcción de ciudadanía que se busca desarrollar. La pregunta por la formación identitaria se asocia a estas dinámicas. En este sentido, entendemos que discurso y práctica confluyen en la formación identitaria que resulta percibida desde lo político, donde los procesos de reconocimiento y diferenciación se configuran en argumentos de identidad. Hay una exclusión de la alteridad, un nosotros que se diferencia en un ejercicio de antagonismo que, según Laclau (2000), es testimonio de la imposibilidad de construcción de identidades plenas. Como indican Gerardo Arboy y Paula Canelo (2011), la elección de antagonismos ordenadores del espacio político constituye uno de los tópicos más problemáticos de los estudios sobre identidades políticas, tanto por la relevancia que toman en determinadas coyunturas como por su capacidad de permanencia.

39En la Patagonia, lo diferente se ubica en la población indeseable, con términos que van cambiando, pero que llamativamente muestran visiones compartidas entre los Estados argentino y chileno. Durante el período en que Sarobe reflexionaba sobre el poblamiento ideal y se promocionaban resignificaciones espaciales en este sentido, que resultan particularmente claras en las zonas de frontera donde se asientan los parques nacionales (Núñez y otros, 2012), en Chile se estudiaba también un plan de colonización. El mismo se pensaba para el territorio de Aysen, limítrofe con Chubut y contemplaba la radicación de colonos noruegos, en la misma línea de paternalismo/control que se daba en la Argentina como política hacia poblamientos originarios. Así, se indicaba que:

Se tendrá igualmente en cuenta en el plan de colonización a los elementos aborígenes existentes, hoy dispersos por toda la Patagonia, como lo consignamos en otro lugar de esta obra, de manera de procurar [sic] asimilarlos a la vida civilizada, inculcándoles hábitos de trabajo e iniciándolos en los rudimentos de la agricultura y la ganadería. (Artículo 17 de la ley 4167, citado en Sarobe, 1935, p. 300)

40Ahora bien, la construcción política establecida desde dinámicas poblacionales, no es el único elemento a considerar. En la obra de Sarobe los derechos ciudadanos se asocian a la práctica política completa, esto es, que se reconocen los espacios como provincias (1935, p. 405) y que se tiende a la mejora de los medios de comunicación y a la construcción de establecimientos educativos (p. 406) y bibliotecas (p. 408). Asimismo, lo político y la ciudadanía se vinculan con el saneamiento administrativo y la instalación de fuerzas armadas, pues estos últimos operan como garantes del orden y la moral (p. 409). Se promueve también el acceso a la tierra y al trabajo para los ciudadanos vistos como poblamientos correctos –familiares de oficiales y suboficiales retirados del ejército, de la gendarmería, jubilados del magisterio, de la justicia– (p. 410), contratando obreros argentinos en las grandes iniciativas estatales. Finalmente, Sarobe menciona la promoción de deportes como la práctica de tiro y el andinismo como constructores de ciudadanía (p. 411-412).

41Estas referencias ayudan a complejizar la idea de gradiente de ciudadanía, pues permite observar los elementos que mediaron en la etapa de derechos restringidos. Al acceso a los recursos se suman las deficiencias en la infraestructura como elemento limitante, lo cual sitúa a las diferentes regiones en reconocimientos desparejos, según fueran los vínculos de conexión con el centro administrativo del país. La presencia institucional es otro elemento central, desde allí se filtra una referencia a las actividades correctas y el disciplinamiento de los cuerpos a través del deporte se suma como referencia de argentinización.

42Sarobe constituye una fuente representativa sobre el modo en que se presentaban las problemáticas durante el período territorial, asociado a un reconocimiento incompleto que ha sido largamente estudiado por la historiografía regional (Iuorno y Crespo, 2008; Ruffini 2007, 2005a, 2005b; Favaro y Arias, 1995; Hudson, 2007; Carrizo, 2007; Barros, 2009; Arias, 2010; Núñez, 2013; entre otros). Desde aquí, podemos vincular el reconocimiento del espacio a los gradientes de ciudadanía, que se fueron estableciendo a partir de una ponderación y distribución desigual de las variables mencionadas.

43El resultado es una tierra incompleta sobre la cual debe hacerse patria. Inicialmente entregada al manejo de capitales transnacionales como base para pensar el desarrollo, esta tierra fue posteriormente, sobre todo a partir de la década del treinta y con más fuerza a partir del golpe de Estado de 1943, pensada como área de resignificación del Estado nacional (Azcoitia y Núñez, 2013). Los términos en los que la nación se propuso en la materialidad de la Patagonia son revisados cada vez más, hasta llegar, en el escenario del peronismo, a un proceso en el cual se modifican las relaciones sociales de representación. Ello se realizó a partir de un ejercicio de apertura a las ciudadanías limitadas de los sectores históricamente vulnerados, en ese ejercicio, la situación de los territorios nacionales es trabajada en vías de avanzar hacia su provincialización.

44Lo similar y lo diferente cobran un nuevo sentido a partir de la década del cincuenta, que lleva a nuevos antagonismos claramente reconocibles en el gobierno peronista. Pero más allá de los procesos políticos centrales y de la variedad de formas políticas que el peronismo cobró en el interior del país (Macor y Tcach, 2003), la Patagonia como territorio, como geografía, continúa siendo referencia de una significación mayor que las dinámicas de sus habitantes. Ubicada en la materialidad de sus recursos, durante las primeras presidencias de Juan Domingo Perón fue presentada como reserva prodigiosa de la Patria, asociada a dinámicas de industrialización extraterritoriales que se fundamentan, a decir de Navarro (2009), en la pervivencia del colonialismo interno a través del cual este espacio se integra al concierto nacional.

El paisaje como argumento político de las provincias

45Llama la atención que en el proceso de provincialización, en el que el debate aparece en el foco de los derechos ciudadanos, la mirada nacional pase por encima de las dinámicas poblacionales y organizaciones cívicas y se concentre, mayormente, en elementos ambientales asociados a recursos energéticos. Las reflexiones que Judith Butler (2006) desarrolla en Vida Precaria. El poder del duelo y la violencia, nos dan elementos para reflexionar sobre las particularidades de la construcción de ciudadanía en lo que pareciera la materialidad no-humana de lo que se define como nación.

46La autora reflexiona a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, que pusieron a la sociedad norteamericana frente a su propia precariedad. Desde esta revisión, la idea de precariedad que maneja se puede ligar a la de gradientes de ciudadanía. La vulnerabilidad se distribuye de diferentes formas, la norteamericana lo refiere y revisa en el propio escenario, pero esta consideración no es ajena al espacio que nos ocupa. Ya mencionamos cómo el acceso a los recursos fue la base de privilegios que se proyectan hasta reconocimientos diferenciados en claves de ciudadanía, y con ello, otros sectores quedaron expuestos a formas de violencia y de avance sobre los derechos, invisibles en un espacio definido en términos de falencia e incompletitud. En este sentido, la mención de Butler resulta iluminadora en cuanto a los límites de la construcción de lo político. Así indica que

La esfera pública está constituida en parte por lo que no puede ser dicho y lo que no puede ser mostrado. Los límites de lo decible, los límites de lo que puede aparecer, circunscriben el campo en el que funciona el discurso político y en el que ciertos tipos de sujetos aparecen como actores viables. (2006, p. 19)

47En el peronismo lo dicho en relación con la Patagonia son sus recursos antes que su poblamiento. La Patagonia aparece desde dos materialidades, una a explotar, como son los ríos y el petróleo, y otra en términos de paisajes vacíos, como son los parques nacionales (Navarro, 2009; Carreras, 2010). La población y sus derechos se subordinan en el relato de reconocimiento de derechos laborales –en general de obreros y peones, que son el corazón de la construcción ciudadana que se lleva adelante, pero que no necesariamente representan las particularidades de los procesos patagónicos–. Así, algunos de los argumentos de rechazos locales al gobierno de Perón se fundamentan en la distancia de las agendas nacionales respecto de las agendas locales (Arias 2010; Núñez, 2015). Esto no es menor en cuanto a la construcción de ciudadanía, no solo por lo limitado de los actores viables, sino porque la diferencia de peso sobre el modo en que son mencionados poblamientos y recursos marca miradas que permiten reconocer dinámicas de control que se van instalando.

48La geografía se propone en términos del plan político que se lleva adelante. Navarro y Williams (2010), observando el trabajo del principal geógrafo del peronismo, Federico Dauss, señalan que, aun cuando la mirada sobre la Patagonia se vincula a políticas de Estado hacia la región, la particularidad del espacio se pierde. Fundamentan esa afirmación en la descripción de Dauss y, en general, de la obra peronista editada desde el gobierno, (Perón, 1947; Control de Estado, 1950; Presidencia 1952, 1953), obra en la que se clausura la percepción de la diversidad en favor de una concepción apriorística de la unidad y homogeneidad interna de la nación. Carreras (2010) incluso llega a evaluar que la mirada de Dauss funciona como dispositivo ideológico de cohesión, en línea con la construcción del paisaje general que se propuso en este período.

49La regionalización del país se sitúa en la base de un nuevo ejercicio de ciudadanía. Como ya dijimos, el anclaje de la ciudadanía no es nuevo, Navarro y Williams (2010) muestran que el recorte territorial designado como Patagonia es un producto histórico. Estos autores indagaron cómo el modo de entender la geografía y graficar los mapas se vincula con los proyectos de desarrollo en tensión que, a fines del siglo xix, ubicaron a la Patagonia en el centro de debates relacionados con la forma en que la misma debía integrarse y atravesaron la construcción de ciudadanía en el espacio. Este dinamismo se profundizó y expandió a partir de 1945.

50Hay elementos que permiten asociar el reconocimiento de las regiones con los de ciudadanía y adscripción política, porque en todos los casos se trata de caracterizar alianzas y similitudes de una unidad que se recorta respecto de un otro externo. Al igual que las agrupaciones, los espacios son definidos desde una particularidad que permite pensarlos como homogéneos y diferentes, y ello se define dentro del orden nacional que se propone construir. La perspectiva de Dauss se enmarcaba en la idea que la identidad regional era una articulación entre naturaleza y grupos sociales (Quintero, 2002), de modo que explícitamente geografía y ciudadanía quedaban vinculados.

51Esto quebró las concepciones geográficas precedentes, según las cuales las regiones eran el resultado de la combinación de factores geológicos y climáticos y su detección se derivaba estrictamente de las ciencias naturales, sin mayor vinculación con divisiones políticas. Pero la perspectiva que se comenzó a instalar en los años treinta y que tomó el peronismo fue la de la geografía humana (Benedetti, 2009). Desde allí se promovió la división del territorio para avanzar en el control del mismo, tanto en términos de geografía física como de poblamiento. La unificación se postuló en la generalización de derechos, que dio lugar al imaginario de un territorio homogenizado en esta clave, que buscaba mostrar los éxitos del programa de gobierno (Carreras, 2010). Navarro y Williams concluyen que durante la primera mitad del siglo xx se construyó una imagen del país incluyendo o enmascarando la heterogeneidad emergente, codificando las diferencias y contribuyendo a organizar la intervención material y simbólica del Estado. En la región patagónica este proceso, paradójicamente, se llevó adelante de la mano con el avance progresivo en términos de ciudadanía.

52El punto que se instala como contradicción es que la referencia a los derechos ciudadanos provinciales –que si bien parecen equiparables a los constitucionales, no lo son– permite pensar que estuvieron mediados por el modo en que las respectivas provincias patagónicas se insertaron en el concierto nacional. Pues, a pesar de presuponer autonomía federal, el reconocimiento efectivo de derechos no se amplió hasta asegurar un plan nacional que abarcó indiscutiblemente el manejo de los recursos energéticos, aún en diálogo con las recién formadas provincias. Estos últimos se presentaban como la base del bien de la patria, cuyos intereses se concentraban en otras regiones. La patria no se desarrollaba con la misma intensidad en todo el mapa. Tal vez, el peso de la mirada sobre los recursos, pueda ser un elemento que deba considerarse en la evaluación sobre el tardío proceso de provincialización de la Patagonia. Podemos pensar que la construcción de ciudadanía es subsidiaria de la gestión de recursos. Esto no es necesariamente nuevo, de hecho, en la propia Patagonia se lo reconoce como parte de su organización territorial (Favaro, 1999). El punto es que los recursos que se inscriben en descripciones técnicas –que apelan a la estabilidad de las ciencias naturales– están mediados por la sociedad que los reconoce como tales y los proyecta y articula. En consecuencia, se originan construcciones identitarias con tramas complejas que matizan las posibilidades de los grados de democratización.

53Hay un acuerdo general en que la ampliación de los derechos cívicos durante el gobierno de Perón se vinculó con el reconocimiento de una previa peronización de los sectores a los cuales se les iba a entregar el voto. Desde esta perspectiva, la tardía provincialización de la Patagonia continental –que se firmó en 1955, mientras que otros espacios con similar demografía se provincializaron en 1953 – se observa en la fuerza de las organizaciones antiperonistas en el espacio (Ruffini, 2007) y en la distancia de las necesidades locales. Particularmente, las necesidades del Alto Valle de Río Negro y Neuquén no solo se encontraban ausentes en las consideraciones nacionales (Arias, 2010), sino que incluso se contraponían a decisiones estatales que trabaron claramente dinámicas de articulación y comercialización de los sectores frutícolas de la región sur (Núñez y Almonacid, 2013). Sin embargo, la dimensión económica podría verse desdoblada en dos líneas. La primera estaba asociada a los productores locales, quienes recibían respuestas incompletas en cuanto a sus necesidades. La segunda consistía en que el territorio patagónico, como parte de un proyecto nacional, resultaba central en términos de recursos energéticos –producción hidroeléctrica y petrolera– y paisajísticos –parques nacionales–, y, por lo tanto, su control demandaba pasar por encima de las consideraciones de las poblaciones locales.

54La Patagonia, reducida a paisajes y recursos, es un elemento central de la planificación peronista, cuya mirada respecto del ordenamiento territorial trasciende el propio gobierno de Perón para instalarse en el gobierno de facto que lo interrumpe. Vale mencionar en este sentido la creación de la Corporación Norpatagónica, en 1957, como una esfera de manejo de los recursos energéticos y desarrollos en Neuquén, Río Negro y Chubut, las zonas más importantes en cuanto a la explotación hidroeléctrica e hidrocarburífera. La incidencia de esta esfera es de tal magnitud que es rechazada por las legislaturas de las provincias en formación (Iuorno, 2008), pero muestra una continuidad en el ejercicio de control que pasa por encima del reconocimiento de las poblaciones.

55Ahora bien, más allá de la mirada nacional y los intentos por mantener un ejercicio centralista sobre el territorio, hay un procedimiento que llama la atención. El reconocimiento diferenciado que apela al paisaje como legitimador de una jerarquía política despareja proyectada en la población vuelve a aparecer en la organización de una de las provincias patagónicas continentales: la provincia de Río Negro, en directa relación con el armado de su identidad política. La mirada sobre la organización de este espacio permite avanzar en términos de ecología política, dado que el ambiente es tomado como agencia justificadora de subalternidad. Esta provincia no puede pensarse aislada, pues su desarrollo no es autárquico, sino que está en vinculación con el resto del espacio, así como con la escala nacional. De hecho, en términos comparativos, es la provincia de Neuquén el área más vinculada a la construcción de lo rionegrino como identidad política, operando casi como una antítesis de la provincia colindante.

56Vale aquí una aclaración. Pensar la Patagonia como conjunto no es sencillo, dada su heterogeneidad. Pero además, a partir de la provincialización del espacio, cada una de las organizaciones políticas volcó una dinámica organizativa propia que dificulta aún más el reconocimiento como conjunto. A su vez, la organización espacial del peronismo instaló tempranamente una diferenciación interna, asociada con la formación de la gobernación militar de Comodoro Rivadavia, que separó con dos lógicas diferentes el sur patagónico del territorio al norte del paralelo 42°. La diferenciación se vinculó mayormente a aspectos impositivos y promoción de instalación de industrias, tal como se establece en el decreto 3824, del 25 de febrero de 1945. Esta perspectiva de territorialización continuó después del golpe de Estado como base estructural de la organización patagónica, cuando se dictó el decreto-ley 10 991 (1956) Zona Franca Paralelo 42°. Según el mismo, las aduanas y receptorías marítimas y terrestres al sur del paralelo 42° despacharían libre de todo derecho de importación los materiales y mercaderías extranjeras que se introdujeran con destino a ser usadas en esa zona, afianzando la separación entre ambas regiones.

57Desde esta estructura impositiva, la diferenciación interna para el armado de la corporación norpatagónica significaba un problema. Por ello, no sorprende que el decreto 10 991 (1956) haya sido derogado en 1957. Sin embargo, y a partir del fracaso de este ordenamiento territorial, la derogación se anuló en 1961, ya en un escenario democrático, restableciéndose de hecho la división previa en el espacio patagónico a través de los decretos 610 (1961) y 3113 (1964).

58Es interesante observar que en este ordenamiento, lo patagónico cobra un carácter ambiguo, que no necesariamente contiene a la región que históricamente abarcó los territorios nacionales. Así, por ejemplo Jorge Schvarzer (1987) entiende que la promoción en la Patagonia comenzó en 1956, cuando la división del paralelo 42° permitió una política específica en los territorios del sur, como si Patagonia se acotara a ese dominio. El norte quedó, entonces, en un sitio de indefinición en cuanto a las lógicas de integración territorial. De allí que, en la incertidumbre, la definición interna de lo rionegrino, resuelta en términos geográficos, permita suponer que esta provincia opera como un margen desde el cual las contradicciones y la artificialidad de las formas de resolución quedan particularmente en evidencia. Afectada en parte por el modelo de desarrollo ovino, y en parte por los planes de desarrollo hidroeléctrico y las definiciones de la Dirección/Administración de Parques Nacionales en la frontera oeste, en la formación provincial de Río Negro las fragmentaciones heredadas de los órdenes nacionales pesaron más que la cohesión identitaria que se busca desde fines de los cincuenta.

59En Río Negro, la imbricación de la lectura sobre lo geográfico y lo político se descubre tensionando la noción misma de ciudadanía y abriendo la vinculación del armado de este concepto en clave de ecología política. Ciudadanía y ambiente resultan co-constituidos en las definiciones del entramado representativo de la política que se va diseñando en Río Negro. En este punto, las fuentes elaboradas desde el gobierno provincial se pueden leer en clave de Haraway (1999), quien sostiene que, en el orden moderno que nos contiene, la naturaleza opera como tropo, como lugar referencial, en función del cual se sitúan el resto de los elementos. El orden social se establece en función de lo que se tome como recorte de naturaleza, es decir, de no-humanidad.

60Esta autora plantea un punto interesante desde el cual pensar el desarrollo de la Patagonia y la construcción de paisaje y gradientes de ciudadanía que nos ocupan. Ese planteo es la a-modernidad, una idea que comparte con Bruno Latour (1993), desde la cual reclaman reconocer que las promesas de progreso de la modernidad no se cumplieron nunca y que la racionalidad, en su sentido más puro, tampoco operó como exclusiva en la base de la toma de decisiones en ningún nivel. Pero sin embargo sí estableció, como modo de comprensión y organización del mundo, una supuesta separación inconmensurable entre sociedad y naturaleza. La filosofía moderna, sobre todo la perspectiva kantiana, es la referencia del argumento que separa las cosas-en-sí del ego trascendente que, siguiendo a Latour (1987, 1993), es la base del fundamento de esta separación, arrastrando enormes contradicciones en las dinámicas de conocimiento y explicación que se diseñan desde estas estructuras de reflexión.

61Este enfoque permite pensar en una clave original los procesos patagónicos. Desde los cincuenta, la Norpatagonia se instala en los proyectos nacionales como espacio de producción de recursos hidroeléctricos e hidrocarburíferos. Al antecedente de los documentos del peronismo (Control de Estado, 1950; Presidencia de la Nación, 1952, 1953; Gobierno del Presidente Perón, 1946), se suman las planificaciones que se diseñan en los años sesenta (Sofrelec-Italconsult, 1961, 1962), que marcan la relevancia de esta proyección en la apropiación y significación del espacio. En tal proyección, el desarrollo desde la mirada nacional presume la diferenciación entre los recursos de una naturaleza ajena a lo social y una sociedad valorada en los complejos términos definidos en el proceso territorial. El plano de la energía se plantea como argumento de objetividad que, desde la crítica a-moderna, entendemos como un continuo con saberes menos consolidados, con fundamentos asociados a coyunturas, intereses, cosmovisiones o ideologías (Latour, 1993, 2012).

62La información técnica y los diseños políticos se cruzan, en el armado de las provincias patagónicas, en prácticas y argumentos en los que lo material va invistiéndose de valoraciones diferenciadas, asociado a una trama política que se fue conformando de diferentes maneras. Para el caso neuquino, Favaro (1999) reconoce que el plan hidroeléctrico es tomado por el partido político que se torna hegemónico, el Movimiento Popular Neuquino (mpn) como base material de la fuerza política que se busca desarrollar. Graciela Iuorno (2005), por otro lado, da cuenta de la red familiar previa desde la cual la familia Sapag se consolidó en el gobierno neuquino. Lo relacional se presenta, entonces, como muestra de la forma en que se fueron hilando distintas dinámicas reivindicatorias en la formación de un espacio político que recortaba en lo provincial el anclaje de la identidad política. Ser neuquino, desde esta construcción, se ligó a pertenecer al mpn (Navarro y Nicoletti, 2014; Vaccarisi y Godoy, 2005).

63La geografía de la provincia y el reconocimiento de los recursos se inscriben como parte de la construcción de la política de esta agrupación, cuya formación se pega al surgimiento de los neoperonismos. Vale una aclaración para reparar en los niveles de inscripción a los que refiere la política partidaria provincial. El mpn se presenta como un partido que reivindica al peronismo proscripto en la década de los sesenta. Asimismo, se apoya y se muestra referente de redes comerciales y de explotación minera, a la que se liga la familia Sapag. Finalmente, lo neuquino, como paisaje y como poética, se liga a la política que se diseña desde esta agrupación. A partir de esta conformación, los informes técnicos argumentan a favor de la concentración de intervenciones de obras de riego en el espacio de interés del gobierno neuquino, en contra de argumentos parciales de algunas regiones de Río Negro (Azcoitia y Núñez, 2014). En contrapartida, en tanto no se construyó un armado identitario centralizado, el desarrollo de la provincia de Río Negro quedó a la sombra de la voz neuquina.

64Los informes, inscriptos en un discurso de pretendida objetividad, no apelan a las características de la geografía, sino a su apropiación política en términos de planes de desarrollo. Por ello, el informe sobre el río Colorado (Sofrelec-Italconsult, 1961) prevé una ampliación de obras de riego en un territorio de secano, mientras que el informe sobre Chocón-Cerros Colorados (Sofrelec-Italconsult, 1962) postula la concentración del riego en la zona del departamento Confluencia de Neuquén, a pesar de diseñar el principal lago artifical sobre el río Limay, desde el cual no se construyen canales de riego hacia el sur. La falta de observación de la geografía física, a la que en teoría se apelaba, se observa, por ejemplo, en la obra de Noemí Martínez (1994), en la que sintetiza los planes de colonización y riego de los ríos de las cuencas del Limay, Neuquén, Colorado y Negro. En su obra, se presentan las obras de riego como resultado de una concentración arbitraria frente a un potencial de cuencas mucho más amplias. La cuenca del río Limay, sobre la cual se diseña la principal obra hidroeléctrica y donde no se establecen dinamismos de riego hacia la cuenca sur, es graficada con particular detalle, mostrando la riqueza potencial de agua.

Fig. 1. Mapa de la cuenca del Río Limay y zonas adyacentes

65Las obras de riego, en línea con la concentración de poder que se estaba configurando en la ciudad de Neuquén, se establecieron en articulación con el imaginario de lo provincial, que también se estaba construyendo. Ese diseño territorial fue defendido desde las observaciones objetivas de las consultoras Sofrelec-Italconsult, estableciendo el modelo que se reconoce más de treinta años después y en función del cual se avanzó en planes de desarrollo en el período constitutivo de las provincias patagónicas. El resto de la cuenca carece de esta capacidad de reconocimiento y ello significaría, para el caso de Río Negro, una disminución en la representatividad de los pobladores del espacio.

66Desde esta construcción del conocimiento regional, que apela a lo objetivo, las agencias técnicas nacionales dividen la Patagonia en perspectivas divergentes, recurriendo a una observación del paisaje que implica un manejo diferenciado relacionado a una valoración que se proyecta en el espacio desde intereses extraterritoriales. En los años de formación de la provincia, el plan hidrocarburífero estaba iniciándose, pero no resultaba tan relevante en términos de organización espacial, lo que mantenía la idea de enclave de explotación. Fue en la década del ochenta cuando el debate sobre el manejo de este recurso resultó central para el diseño de las gestiones provinciales.

67Pero en el período en que se estaba definiendo la idea de ciudadanía en Neuquén y Río Negro –en el cual podemos observar cómo los gradientes de representatividad se vinculan con la interpretación del paisaje–, la Patagonia parecía dividirse según la estructura delineada por las represas hidroeléctricas situadas en dos corrientes de agua centrales en Patagonia norte, el río Colorado y el río Limay-Neuquén. Este último es el centro del principal embalse Chocón-Cerros Colorados. La propuesta de aprovechamiento del río Colorado (Sofrelec-Italconsult, 1961) tuvo, a diferencia del caso de Chocón, la perspectiva puesta en la apertura de nuevas zonas irrigadas. Ello sería la base del centro del desarrollo agrícola presentado como el corazón del modelo rionegrino y dio espacio a la creación del Valle Inferior como espacio productivo de Río Negro.

68De todas las agencias nacionales, fue el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (inta) la que marcó claramente esta diferencia de manejo. En 1965, el desarrollo agropecuario de la Patagonia quedó dividido en dos. Por un lado, quedó la Patagonia del regadío y la fruti-horticultura, asociada con las obras hidroeléctricas planificadas y aún no construidas, que tenía su centro de manejo, el Centro Regional Rionegrense, en General Roca. Por otro lado, quedó la Patagonia restante, que podría denominarse de secano por la forma en que es considerada desde las esferas técnico-productivas. Esta región es tomada como objeto por otro centro de investigación, asociado a la explotación ovina y dedicado a la mejora de la lana, que cubría el apoyo técnico desde Tierra del Fuego hasta el sudoeste rionegrino y oeste neuquino. El centro de esta región, denominado Centro Regional Patagónico, está en San Carlos de Bariloche (López, 2014).

69Esta diferencia de manejos ignoró, por una parte, el contraste impositivo que separaba las posibilidades al sur y al norte del paralelo 42°. Por otra parte, omitió las diferencias en los manejos del suelo en este extenso territorio, lo que afectó especialmente a las políticas llevadas adelante desde el centro de desarrollo ovino. Esto fue así pues, desde la intervención que se diseñó, se fue propiciando una vinculación con las grandes estancias –propias de las provincias más sureñas– en detrimento de pequeños y medianos productores del resto del área de influencia (López, 2014).

70La gravedad de la escisión entre sujetos y objetos, sociedad y naturaleza, cultura y naturaleza se presenta, para Latour (1992) como la base de la construcción política de la verdad. En esa verdad hay sujetos que se pierden por su asimilación con la naturaleza. En el caso que nos ocupa, al menos para la zona de secano, fueron quienes se relacionaban con las pequeñas unidades productoras. En esta visión de la naturaleza, mediada por agencias técnicas de ciencia, se niegan agencias económicas y se va abriendo la referencia al limitado reconocimiento político asociado al paisaje. El caso de la construcción política de Río Negro y su apelativo a ciudadanías diferenciadas es particularmente claro.

71Debemos destacar que el caso de Río Negro nos enfrenta a la reivindicación de lo provincial, en tanto construcción identitaria social y política, como subconjunto de los límites de físicos provinciales, pues el mapa de lo que se establece como provincial escasamente contiene a las dinámicas de configuración de identidades políticas que se consolidan a lo largo del extenso territorio. Iuorno (2007) da cuenta del peso político de regiones específicas que buscan tornarse hegemónicas en los enfrentamientos que se llevaron adelante en el proceso de redacción de la constitución provincial de Río Negro. En dicho proceso, por diferencias internas, no se pudo acordar el sitio de la capital provincial. Ruffini (2012) avanza en la reflexión sobre este período, mostrando la larga trayectoria de prácticas políticas regionalizadas en el interior de Río Negro y la paradoja de diseñar una constitución de contención general en un contexto de proscripción del peronismo.

72Desde las elecciones de convencionales constituyentes, la futura provincia de Río Negro se descubría fragmentada. Los datos de estas elecciones, muestran que en ese período se distinguieron intereses de los dos puntos mayoritarios en lo que a constituyentes se refiere, las localidades de Viedma, asociada a la zona atlántica, y de General Roca, asociada al Alto Valle (Abel, 2010). La falta de equidad en la sonoridad de las voces del resto del espacio provincial se infiere de que no se observan otras áreas que disputaran la concentración de aquello que se quería construir como provincia.

73La particularidad del amplio territorio delimitado por el mapa rionegrino, que es mucho más extenso que estos dos puntos, llevó a que los sitios de origen de los convencionales trascendieran estas dos localidades, pero ello no impidió que los intereses se centraran en esos puntos. Desde el principio, lo rionegrino se jugó dejando fuera gran parte del espacio. Un ejemplo de esta falta de reconocimiento fue el caso de la representación de la zona andina, pues se omitió la particularidad de la actividad económica histórica de la localidad, el turismo, como parte de las industrias regionales a resguardar –que sí se habían mencionado para otros territorios–, a pesar de que la presidente de la convención constituyente era oriunda de Bariloche.

74Decíamos, siguiendo a Ruffini (2012), que la práctica política en Río Negro antecede por mucho a la formación de la provincia. Posiblemente la influencia de la zona de Bariloche, asociada a un organismo de relevancia nacional, como la Dirección de Parques Nacionales, operó a modo de una ilusión de representación directa en la Nación por parte de una localidad que, entonces, no necesitaba disputar su lugar en la provincia. Algo similar acontecería con las actividades de la zona de estepa, alejadas del espacio de influencia de Viedma, pues quedaron fuera de las iniciativas de reparación de las tierras «sin derecho al agua », previsto en el artículo 41°.

75Si observamos los resultados de las elecciones, tomados del texto de Abel (2011), podemos ver que, a lo largo de los primeros años de la provincia, la incidencia de los partidos nacionales se incrementó en los mismos años en que en Neuquén se fue consolidando el mpn. Abel, en su explicación sobre los resultados de las elecciones, incluso reconoce una exacerbación de las tensiones nacionales en el interior del espacio provincial, ligadas a la preeminencia de las dos localidades en disputa desde la convención constituyente, Viedma y General Roca. Las diferencias entre ambas localidades incluso provocaron una división en el interior de la Unión Cívica Radical del Pueblo que, para fines de la década del cincuenta, se presentó dividida en las primeras elecciones –UCRI (Unión Cívica Radical Intransigente) oficial, como representante de los intereses de Viedma y ucri-lista verde, como los de General Roca.

76Siguiendo los datos a los que refiere este autor, la ucri en Río Negro tuvo el 25,14 % de los votos. En el resto del país tuvo una mejor elección, llegando al 44,9 % de los sufragios. Estos números llevan a reconocer que en Río Negro, la ucri tuvo la peor elección del país. Para explicar esto, reconoce, en primer lugar, la negativa de los peronistas de Río Negro a votar por Arturo Frondizi y, en segundo lugar, el alejamiento del sector que conformó la ucri-Lista Verde y que, según surge de los datos, no habría votado por Frondizi. También la ucrp obtuvo menos votos en Río Negro que a nivel nacional. En la provincia obtuvo un 21 % de votos, mientras que en Nación, este escrutinio subió a un 28,9 %. En el voto en blanco, los resultados fueron la contracara. De hecho, esa opción permite presentar los resultados como parte de la silenciada adscripción peronista y las fragmentaciones en cuanto a la idea de lo provincial. Por ello, mientras que a nivel nacional el voto en blanco solo obtuvo el 9 %, en Río Negro alcanzó el 37 %; lo que evidenció una fuerte crítica al proceso de representación que se llevaba adelante.

77De este modo, la agenda nacional llevada por las disputas de Río Negro exacerbó las diferencias regionales. Ello, lejos de abrir la construcción de lo rionegrino a una diversidad máxima de voces, más bien la redujo a las disputas de las áreas que se pretendieron hegemónicas. De modo que la voz que resaltó no fue tanto la de los intereses, sino la de las disputas. Este proceso de quiebres se reforzó durante la primera gestión, el Gobierno de Edgardo Castello, entre 1958 y 1962. El Programa de Desarrollo de Río Negro, elaborado para ser llevado adelante entre 1960 y 1964 y cuyo título es PRO 5, inicia con una frase del mandatario que se puede vincular a la inestabilidad política mencionada: «El objetivo más alto de mi gobierno es lograr el desarrollo armónico de Río Negro» (Ministerio de Economía de Río Negro, 1960, p. 5).

78El término armonía tiene un carácter ambiguo. A la luz de las elecciones y los quiebres partidarios, es una expresión deseada de unidad. Pero esta unidad no significaba una distribución de los fondos provinciales en clave regional igualitaria o reparadora de desigualdades históricas. Los fondos nacionales, como mencionamos, seguían la ruta de las explotaciones energéticas y los provinciales se aplicaron reiterando diferencias (Manzanal, 1980). La visión sobre el espacio geográfico y sobre el político se construyó, en esta primera gestión –que para la población general fue instalando una dinámica de integración asimétrica–, orientada por los intereses sectoriales de localidades específicas.

79Lo rionegrino, en este juego de divisiones, quedó inscripto en la asimilación al programa nacional antes que en la observación de particularidades locales. La alineación de la ucri oficial rionegrina con el programa de Frondizi fue un argumento reiterado en la campaña electoral de 1958 (Ruffini, 2012). En el pro 5 este encuadramiento con lo nacional se presenta como fundamental. Allí se indica que los objetivos del programa eran de tal envergadura que se evaluaban como imposibles de llevar adelante «con fondos exclusivos de la provincia» (me Río Negro, 1960, p. 11). Así, lo nacional y lo provincial se unifican pues tras el objetivo de «satisfacer objetivamente a reales necesidades de desarrollo local» (me Río Negro, 1960, p. 11-12). Del mismo modo, se reconoce «al afianzamiento de la economía nacional» (me Río Negro, 1960, p. 12), como si ambas economías fuesen parte de una alineación sin tensiones.

80Ahora bien, uno de los aspectos más relevantes del programa es el peso de lo estatal, que ubica la construcción política en un sitio de importancia explícita en el plan de desarrollo. Así, se define que el desarrollo no es un proceso autónomo o espontáneo, sino que es la resultante de un esfuerzo deliberado y sistemático de gobiernos, actores económicos y sociedad civil en pos de opciones económicas técnicamente viables y socialmente equitativas. Bajraj (2000) vincula estas nociones a los preceptos de la cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) en esos años. Podemos pensar que el pro 5 se inscribe en el espíritu humanista del desarrollismo cuando se menciona, por ejemplo, que el ideal de la economía es «aumentar el bienestar material de la comunidad […] alcanzar el ideal humano» (me Río Negro, 1960, p. 12) o bien, se toma la armonía como una referencia permanente, tanto en relación con la equidad de la intervención como con la conjunción entre «la iniciativa privada y el espíritu del progreso» (me Río Negro, 1960, p. 12).

81Pero, al igual que la representación diferencial, lo privado y el espíritu del progreso tampoco se distribuyen armoniosamente en todo el mapa. El recorte de lo provincial se refirió a las producciones agrícola, industrial y minera, sobre las cuales se cuidaba la proyección del crédito y en función de las cuales se delinearon las actividades comerciales. Los capitales privados vinculados a este grupo de iniciativas se situaron, en el discurso político, como pilares del desarrollo social.

82Desde esta perspectiva, la diferenciación se descubre a la luz de la forma en que los fondos se dividieron, pues tal división operó intensificando las representaciones desiguales. Cabe destacar que la principal intervención fue en acción económica, ya que se destinó para ella el 64 % de los fondos, mientras que para acción social se previó un 5 % y el restante 31 % fue para otras obras. Se observa así, cómo lo económico se volvió constitutivo de lo provincial, incidiendo en el armado simbólico del espacio. En consecuencia, la provincia se concibió como un territorio diferenciado por lo económico, soslayándose que en esa división se concentraba también lo político. Las diferentes regiones del mapa, muestran la manera en que el pro 5 estableció las diferencias.

Fig. 2 Regiones económicas de Río Negro según el pro 5

83La inversión por zona puso en evidencia la importancia otorgada a cada sector de la provincia como parte del desarrollo armonioso que se buscaba llevar adelante. El detalle de esa distribución se ofrece en el siguiente gráfico.

Fig. 3. Detalle de la inversión provincial según el pro 5

84Como se observa, el financiamiento desigual hace presumir el reconocimiento jerárquico al que ya se hizo referencia. La variable demográfica –a la que se apeló como justificación de ciertas obras– no pude pensarse como determinante, pues la zona andina contiene uno de los tres centros más poblados de la provincia y, sin embargo, recibió un 1 % de los fondos.

85Para comprender el espíritu de esta arquitectura económica vale la revisión de otra fuente gubernamental, la obra que se editó en 1961, titulada 3 años del gobierno, en la cual se resume la memoria del gobierno de Castello y se fundamenta en detalle la intencionalidad desde la cual el gobierno justifica su intervención. Se trata de un texto redactado a pedido de la esfera de gobierno por el periodista Alberto Fantini. En ese texto se observa que las actividades de la Zona v se refieren en términos de falencias que impiden cualquier consideración.

86Desde esa valorización, el territorio históricamente descuidado volvió a quedar fuera de los derechos, pues no se reconocía como destino del desarrollo a pesar del artículo 41° de la Constitución. El agua era para el Valle Inferior y desde allí se repararon, a los ojos de esa gestión, las desigualdades heredadas. Esa omisión –ligada a un sector subalterno de larga data– no solo se reconoció para la actividad ovina, sino que se repitió en otra actividad –que, aún cuando estaba creciendo de manera relevante en esos años, igualmente se silenció–, el Turismo.

87La mención a esa actividad aparece en el texto de Fantini como apéndice y los detalles de la misma son publicados después de reflexiones dedicadas a la «Celebración del día de la Bandera» y al «Homenaje al ex Gobernador de Río Negro Ingeniero D. Adalberto T. Pagano» (1961, p. 231-233). De hecho, la sección de «Turismo» inicia con las siguientes consideraciones: «Ofrece la Provincia de Río Negro las más grandes posibilidades al turismo nacional e internacional. Las bellezas panorámicas y las singularidades de sus paisajes de montaña, han hecho famosa en el mundo entero la región de Nahuel Huapi» (Fantini, 1961, p. 233). Cabe destacar que tal mirada de reconocimiento no conllevó un detalle de inversiones significativo. De los documentos de esa primera gestión, parecería, por una parte, que la actividad ya estaba resuelta; y, por otra, que el desafío era reproducir todo el dinamismo de Bariloche en el territorio de la provincia, sobre todo en las Zonas i y iii, repitiendo el recorte de lo reconocido como provincial.

88No se dejó lugar para la consideración de las particularidades en los márgenes de lo provincial. Tampoco se planteó en los territorios marginales la necesidad de obras públicas que apoyaran sus iniciativas históricas o el diseño de nuevas actividades; a diferencia de los espacios centrales del ideal de provincia sobre los cuales se diseñó la política. La legislación provincial omitió en todo este período necesidades específicas como tema de atención de la provincia; llegando a ignorar, por ejemplo, la explosión volcánica y el terremoto de 1960 que afectaron a San Carlos de Bariloche y su zona aledaña. Asimismo, desde la legislación provincial se desconocía, por ejemplo, que los suelos se modificaron con consecuencias hasta para el paisaje que se suponía atractivo (Villarosa y otros, 2009).

89La situación resulta aún más llamativa si se considera que la idea de emergencia ya estaba instalada. Ello se observa en las leyes provinciales (decreto 218 del 4 de marzo de 1959 y decreto 971 del 01 de setiembre de 1960) que refieren a situaciones de emergencia económica en las regiones centrales de la provincia, con una atención que se repitió en años posteriores. Es posible encontrar incluso la ley 344/58, de lucha contra las plagas, redactada desde la Dirección de Ganadería como un reconocimiento a una problemática directa sobre una actividad económica. Sin embargo, no hay referencias a la catástrofe del 22 de mayo de 1960 en la localidad lacustre, ni a los posibles impactos en su actividad más importante, el turismo. Ello queda en el ambiguo sitio de lo resuelto o lo a-problemático.

90La representación diferenciada se descubre entonces con un énfasis particular. No solo se trata de una diferencia en cuanto a la adscripción a uno u otro partido. Lo rionegrino se diluye en el área inscripta como margen. La identidad política se fragmenta mientras, desde las dinámicas partidarias, la referencia adopta cada vez más un carácter nacional; aunque este último también con falta de claridad en cuanto a las definiciones.

91El debate público en torno a las represas hidroeléctricas de la Norpatagonia permite reconocer algunos de los elementos de ambigüedad que ilustran la existencia de antagonismos desde los cuales se fue construyendo la identidad política. Dentro del espacio rionegrino, Azcoitía y Núñez (2014) han reconocido dos miradas en disputa, emitidas desde los históricos espacios de tensión en la provincia de Río Negro. Una mirada reclamaba el desarrollo local en términos de industrias, energía barata, regalías y sistema de riego. Esta postura era enarbolada sobre todo desde la localidad de General Roca, con un claro pedido de que la energía no se transmitiera al centro del país, sino que se utilizara en forma completa en territorio patagónico. Otra mirada, sostenida desde Viedma, reconocía un centro de demanda en las principales metrópolis del país, las cuales habían concentrado los procesos de industrialización en los años previos. En función de ellas se planteaba un desarrollo con emprendimientos subsidiarios de riego que se defendía desde el gobierno como parte del programa provincial. El detalle de las inversiones del pro 5 se apoya en esta última línea de pensamiento.

92En esta instalación de referencias, la Nación emergió, para los defensores del proyecto local, como un actor externo al territorio que refería a un interés nacional exógeno y centralizado al que criticaban. Para los defensores del desarrollo subsidiario, la Nación se presentaba como parte de un engranaje común. En este mismo período, la provincia de Neuquén se presentaba mucho más consolidada. Lo neuquino se fue estableciendo a partir de la solicitud de creación de una represa específica de riego y desarrollo del Departamento de Confluencia, espacio desde el cual el mpn desarrollaría luego su influencia. El resto del debate fue de carácter técnico, y se llevó adelante desde el Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (copade), pues lo político estaba acordado.

93Pareciera que en Río Negro la inestabilidad política fuera un elemento a considerar en esta construcción fragmentada. A los debates y diferencias ya mencionados, Abel (2011) agrega, a partir de los resultados de las elecciones llevadas a cabo entre 1958 y 1963, la falta de acuerdo en cuanto a políticas comunes, que permitieran discutir la idea de un plan de desarrollo armónico, en el que a la reducción por intereses regionales se sumara una política atravesada por intereses partidarios.

94La falta de acuerdos políticos y las fragmentaciones internas ubican a Río Negro en un escenario complejo. Las elecciones de 1962 habían dejado como ganador al candidato peronista Arturo Llanos, quien aventajó en más de diez puntos a la segunda fuerza, la ucri (Abel, 2011). Esta situación generó la intervención en la provincia, mostrando la general falta de acuerdos en el manejo de lo político. Este es el contexto desde el cual se llegó a la elección que dejó en la gobernación a Carlos Nielsen, a partir de la re-proscripción del peronismo.

95La debilidad política de esta segunda gobernación es un elemento central en la reflexión. Las elecciones de 1963 desnudaron con particular claridad esta debilidad, el ganador excluyente fue el voto en blanco, que arrastró el 31 % de los sufragios. Lejos del mismo, la ucrp, se volvió ganadora con el casi 23 % de los votos, frente a la saliente ucri, que llegó a poco más del 18 % (Abel, 2011).

96La gestión de Nielsen, entonces, debía reforzar dinámicas de unidad rionegrina y en función de ello editó un texto denominado Panorama Provincia de Río Negro que permite reconocer los valores que se proyectan en el territorio. Nuevamente se delega a un privado la redacción de la mirada estatal. Se busca mostrar la realidad y el quehacer rionegrino, en una obra de síntesis editada en 1965 por una editorial denominada Cruz del Sur. La retórica de la promesa y de las capacidades latentes se torna, en este texto, en argumento de unidad desde la cual se propone avanzar en el gobierno. La descripción geográfica como centro de la reflexión contrasta con las argumentaciones poblacionales de la obra de Fantini. La referencia se centra en el espacio de escasa relevancia: las estepas escalonadas –de las que se menciona ocupan la mayor parte del territorio provincial–, la zona de cordillera y el litoral marítimo –a los que también se hace mención a como áreas geográficas de la provincia a considerar–; y se dejan sin referir los valles irrigados, centros de accionar del gobierno precedente (Cruz del Sur, 1965, p. 7).

97La provincia se dibuja como una continuidad de promesas y posibilidades. El relato en torno a la ganadería es relevante para observar el desarrollo desde los márgenes. En contra de la tradición de abandono y catástrofe, el texto refiere a una situación de crecimiento armonioso mayormente dirigido a la promoción de la actividad lanar. Se la considera como la más importante de la provincia y se indica su fortaleza en función de la excelencia de la lana lograda. Hay crónicas soslayadas sobre sitios donde las características ambientales impiden otro ganado que no sea el caprino, pero mayormente el relato es del crecimiento permanente facilitado por la intervención gubernamental. No hay en esta descripción lugar para la crítica a una distribución no equitativa. La mirada de esta gestión, aun reconociendo dificultades, opera exacerbando elementos de unión.

98El resultado, si observamos el desarrollo desde sus márgenes, es la repetición de formas de diferenciación en el interior del territorio que profundizan las disparidades existentes. En estos años se dio inicio a dos procesos directamente asociados a los territorios reconocidos como por fuera de la modalidad de crecimiento. El primero es la sanción de la ley provincial 368, o Ley Provincial de Turismo, que afectó la integración de la zona andina. El segundo, el establecimiento de la Estación Experimental Regional INTA Bariloche, en 1965, como centro de la producción ovina en la Patagonia.

99Como ya se indicó, el turismo no fue contemplado entre las actividades productivas que se definen en el armado mismo de la provincia. Por ejemplo, la ley 138 de fomento industrial, sancionada en 1960, ordenadora de lo que se consideraban las actividades de la provincia, no lo tomó en cuenta. Ya en el gobierno de Nielsen, la sanción de la ley provincial de turismo 368, en 1964, declaró de interés turístico a todo el territorio de la provincia. Este reconocimiento generalizado de los atractivos provinciales tuvo efectos directos en las políticas de desarrollo provincial, dado que afectó el destino de los recursos para el desarrollo turístico, en detrimento de la zona andina (Zona iv) y a favor de la atlántica (Zona iii, que ya había concentrado los recursos en la gestión anterior), con algunas referencias a la Zona i como espacio de interés agro-turístico.

100Es decir, como industria, se protege el crecimiento de las regiones a partir de las especificidades, pero el turismo, por no ser reconocido como tal, se instala de tal modo que fortalece los dos centros de intereses alternativos en la provincia: el Atlántico y el Alto Valle. La localidad andina de Bariloche, a pesar de ser mencionada en los diversos documentos como la principal ciudad turística, no fue integrada al resto del espacio provincial en términos equivalentes a los de otros espacios. Su representatividad en lo político se vio disminuida, pues se justificó la falta del diseño de una política provincial sistemática con el supuesto de que el paisaje lo solucionaba todo y se dejó el crecimiento al libre albedrío de intereses privados, en directo contraste con lo previsto por la constitución provincial. Bariloche, como el resto de las localidades de las Zonas iv y v, no perteneció ni pesó del mismo modo en el imaginario rionegrino, ni se articuló con la trama de construcción de la identidad política provincial.

101Lo provincial se muestra en lo que se construyó como atractivo, que no es la zona andina, pues se consideró resuelta. En cambio, sí se diseñaron intervenciones en las costas y los valles frutales de las áreas de riego fortalecidas por la inversión de la gestión anterior. Si se compara con el caso neuquino, es aún más claro que el turismo forma parte de la construcción identitaria provincial. En esta provincia, el turismo se sitúa como una línea de importancia entre las iniciativas a gestionar desde el copade (Blanco, 2014) y como una forma de integrar el escenario cordillerano al orden que se establecía desde Neuquén capital –que eligió como destino de aplicación de fondos localidades andinas a transformar en atractivos, como Aluminé, Copahue, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, o la esteparia localidad de Chos Malal, a la que se sumó la hotelería de la ciudad capital (Diario Río Negro 2/2/64 y 17/2/64)–. En Neuquén la identidad provincial también se proyecta en las áreas a edificar e instalar como de interés. Pero hay allí una apropiación del resto del espacio a partir de la estrategia de reconocimiento, que ayuda a consolidar la comunidad imaginada por el ordenamiento político (Favaro, 1999) y que delinea un ejercicio de integración más claro que en el caso de Río Negro.

102En Río Negro, el desarrollo turístico se vincula con una construcción de la identidad y representatividad con los sesgos ya mencionados. Desde esta perspectiva, Bariloche operaría como difusor de la provincia y no la provincia como constructora del destino turístico andino. En los márgenes, lo rionegrino se instala como un antagonismo de la identidad política andina. En este espacio, lo antagónico se edifica desde dinámicas de actividad económica que no tienen correspondencia con las representaciones políticas. Es más, lo antagónico no es responsabilidad de los representantes de aquellos espacios que se pretenden hegemónicos. Por el contrario, los propios representantes de Bariloche ubican lo rionegrino en el sitio de lo extraño, participando en la forma pero no en el fondo del armado provincial. Para la región de estepa, lo antagónico tiene un carácter diferente. Lo rionegrino se ubica en la promesa de una pertenencia siempre incompleta, en un escenario fijado en el sitio de la subordinación.

Gradientes de ciudadanía, los límites de la representación y el reclamo de la participación

103Tomado el debate sobre la representación de la subalternidad como base, o bien, la idea de subalternidad construida como una sombra de un Otro (Spivak, 1998) pre-configurado como hegemónico, el análisis de Haraway (1999) hace referencia a la necesidad de silenciar al representado por parte del otro representante. Este último, en el silencio que presume sobre lo que representa, se constituye en autoridad, e incluso en modelo de referencia. Al representar, entonces, habla de sí, sin lugar para hablar de lo representado.

104La idea de una referencia pre-lingüística como fundamento de la representación nos remite al uso de la geografía que revisamos en los apartados previos. Ahora bien, desde estos elementos de constitución de la dependencia, la agencia de los sujetos que viven el espacio se desdibuja. Inscriptos en los límites de los permisos políticos, con agencias económicas disminuidas, sus capacidades se observan desde las prácticas vividas antes que las reconocidas. Dentro de las actividades observadas en la micro-escala y en relación con lo resuelto en el espacio con mayores trabas de reconocimiento –aún heredero del supuesto de barbarie sobre el desierto–, la artesanía local permite revisar y replantear el aprovechamiento de la lana. La explotación ovina, históricamente exportadora de vellones sin procesos secundarios, cuya producción fue la base para la organización del espacio patagónico con latifundios, está siendo revisada y discutida desde múltiples organizaciones que proponen encontrar nuevas respuestas a los órdenes impuestos desde las políticas públicas. Como un enfrentamiento a la idea de espacio condenado, se propicia el diseño de una lógica de comercialización solidaria. La misma redunda en una diversificación de las fuentes de ingreso para las unidades domésticas, además de una explicitación de lógicas antagónicas en cuanto a la interpretación del espacio geográfico y político. Las organizaciones desde las cuales se promueven estas nuevas lógicas apelan a las redes comunitarias de solidaridad desde las cuales se hizo posible la subsistencia.

105En un espacio amplio, donde la distancia se agrava por la falta de infraestructura, y se asocia a una escasa demografía, estas organizaciones se presentan como una respuesta frente a la falta de políticas públicas que respondan a las agendas locales. Así, cada iniciativa adopta mecanismos y formas de organización en función de las particularidades y propicia nuevas dinámicas de relacionamiento, así como procesos de reconocimiento.

106Como contrapunto a estos procesos asociativos, otro actor, en teoría ligado a los mismos y a sus lógicas productivas, interviene en el espacio, clarificando aún más la distancia simbólica entre lo construido como provincial y lo que queda por fuera de ello. El Mercado Artesanal de la provincia contiene una lógica de comercialización que apunta en sentido inverso respecto de la lógica de organización comunitaria y productiva de aquellas iniciativas. Este mercado, salteando los procesos organizativos, compra la producción artesanal de distintas zonas de la provincia tomando como eje de reconocimiento lo individual. Desde aquí, opera como lógica de fragmentación de la potencia organizativa al introducir y proponer un circuito contrario, en muchos casos paralelo, de trabajo y comercialización en el que es el gobierno provincial el que compra la producción a cada artesana/o por separado.

107Roberto Schvarz (2014) apela al concepto de ideas fuera de lugar para revisar las trampas y contradicciones a las que se llega por los intentos de adecuar la historia de Brasil a los parámetros europeos. Diseph Chakrabarty refiere como hiperreal al ideal disciplinador de un espacio ajeno y esquivo a la adecuación absoluta. Sea cual fuere el concepto que tomemos, es claro que la colonialidad y la dependencia se inscriben en la imposición de un orden externo. La dislocación de un análisis pensado desde otro espacio, ubica al sitio de la diferencia en una valoración peyorativa. En la estepa, el mercado provincial se acerca desde esta mirada ajena, paternalista y constructora de dependencia. Los órdenes, que de hecho son complementarios de lo establecido, se presentan como deformaciones de un modelo correcto, en el caso de Río Negro, los privados idealizados de las zonas que disputan la hegemonía de lo rionegrino.

108Decíamos antes que en el espíritu de la constitución de Río Negro se buscaba un desarrollo tal que ordenara el emancipador espíritu de los intereses privados, pues se entendía que éstos habían llevado adelante lo que existía y se promovería con un Estado que, además, propiciara un crecimiento armonioso. Sin embargo, cuando nos introducimos en la estepa, los privados organizados en claves comunitarias no son reconocidos, sino que se los inscribe en el deber-ser de la mirada capitalista clásica, inscripta en valorizaciones individuales. Se desconoce en este esquema la lógica grupal y comunitaria, una dimensión del reconocimiento como parte, en la que las vinculaciones y construcción de valores potencian lo solidario o recíproco por sobre lo individual. Se desconoce también que lo individual, en este ida y vuelta, también aparece empoderado a partir de afirmaciones tanto personales –puestas en juego en desafíos y logros– como colectivas, a partir de la construcción de confianza, la experiencia de construcción y sostenimiento de compromisos y acuerdos. Se desconoce, en definitiva, la agencia económica de los/as pobladores de la estepa.

109Pero este desconocimiento estatal no traba el reclamo por la particularidad. De este modo, en el escenario de disputas y discursos en los que se inscriben las vivencias productivas cotidianas, lo asociativo se torna base de una redefinición de las prácticas democráticas y las formas de representación. Se pretenden nuevas lógicas de lo rionegrino, donde se habilite el incremento al reconocimiento y, desde allí, se potencie el esfuerzo individual. Lo asociativo, a diferencia de lo estatal en esta porción de la provincia, se presenta como un modo efectivo, disponible y óptimo para hacer frente a situaciones de crisis, en las que lo grupal, de hecho, se potencia.

110El paisaje vivido se torna elemento de reivindicación que toma un carácter histórico y social. Las transformaciones de actividades vinculadas a lo reproductivo, esto es, a la subsistencia en la organización latifundista de la Patagonia, reclaman ser consideradas actividades productivas con un importante potencial en cuanto a la comercialización de productos provinciales, y lo hacen defendiendo una visión diferente del espacio. De este modo, lo asociativo, en tanto reivindicación política, trasciende lo individual no solo por inscribirse en un dinamismo social más amplio, sino porque se conecta con argumentaciones que focalizan lo ambiental.

111La explicación de las actividades que buscan tornarse en disruptivas se da desde claves que no son comunes en la explicación de producciones económicas. Algunas de esas claves son la amistad entre quienes llevan adelante las ideas, la trama de solidaridades que se construyen, la posibilidad de cuidar mejor a los animales, los hijos como destinatarios de todos los esfuerzos de quienes se inscriben como productores desde un lugar parental.

112Pero, además de lo que da sentido al esfuerzo, está lo que permite pensarlo como posible y esto es una historia referida en términos diferentes. Se trata del recuerdo de abuelas y de lo que contaban las abuelas sobre sus propias abuelas sobre la producción en la zona. En esos recuerdos la tierra es presentada como base de múltiples cultivos y el desarrollo de pasturas y los intercambios se daban por fuera de las estructuras estatales, es decir, todo ajeno incluso a las vías del tren.

113La historia que permite pensar como posible este cambio y sobre la cual se abre la discusión sobre las agendas y reconocimientos políticos, es una historia más asociada a los poblamientos originarios que a la llegada del Estado. La historia estatal es la de la tragedia.

114El ser persona-ciudadano/a en este escenario se resuelve disputando lógicas relacionales a partir de modificaciones en el sentido del paisaje. El paisaje vivido es fuente de argumentos de emancipación, en tanto es presentado desde las organizaciones productivas; pero también es fundamento de resignación y naturalización de derechos restringidos, en tanto se lo asocia a la capacidad personal para promover cambios desde iniciativas personales aisladas. Las relaciones median en lecturas que contrastan enormemente con el espacio inmediato.

Fig. 4. Arroyo Comallo

Fig. 5. Sierra Colorada

115Como indican Serrano y Bennassar (2009), el paisaje es un pretexto. Es un apelativo de límites ambiguos en los discursos técnicos y un paraguas para cubrir miradas intencionales e intereses cuando se utiliza fuera de las esferas técnicas. Esto es que la descripción es atravesada hacia la fundamentación de una utilización específica del entorno.

116Fuentes (2011), en una revisión filosófica acerca del modo en que se construyen los paisajes, se preguntaba por las leyes que rigen la modificación de un lugar y la forma en que los habitantes deciden las acciones de apropiación. Hay una apropiación individual que incide en cómo se modifica o se piensa la permanencia de un lugar. Esta caracterización, descansa, en última instancia, en actores específicos y en motivaciones personales de una historia singular. De allí que podamos pensar que las reglas sociales y las experiencias personales pesan en el reconocimiento propio del entorno. Pero, a partir de lo observado hasta este punto, la construcción del sentido no se reduce a la sumatoria de estas experiencias. Lo político incide, desde otro orden, en el establecimiento de estas valoraciones personales. El paisaje que se describe, además de una referencia material, se establece desde una coyuntura. Se inscribe como referencia estática que justifica un determinado cambio en el establecimiento de órdenes prefijados.

117Así, los gradientes de ciudadanía que atraviesan las posibilidades de apropiación de los paisajes vividos, ponen en evidencia la existencia de una construcción estatal antagónica a la experiencia de vida. Es decir, legitimadora de límites en cuanto a la autonomía de apropiación y, por ende, de práctica ciudadana. Podemos pensar que, a la distancia, en las construcciones de lo estatal y lo vivido opera la base de las limitaciones del alcance representativo de las prácticas democráticas. Las formas no alcanzan para sortear las edificaciones simbólicas que disciplinan territorios y habitantes.

Reflexiones finales

118Esta reflexión se inscribe en la mirada sobre las formas de la democracia. Porque de eso se trata, de cómo a pesar de tener formas de representación en principio equitativas, permanece una clara falta de audibilidad de los sonidos subordinados. Ahora bien, esto no se acota a elementos de clase, sino que en la provincia de Río Negro está atravesado por un paisaje permitido, fundamento del sentido construido de lo provincial.

119La incorporación del sentido del paisaje a los argumentos políticos, como dijimos, tiene antecedentes largos. Pero el reconocimiento de cómo esto media en las dinámicas de representación nos lleva a preguntarnos por los modos organizativos más amplios que deberían contener a las esferas más puntuales. Podemos pensar que una teoría de la democracia no puede desconocer cómo el Estado y los ciudadanos reconocen las diferencias y las articulan entre sí hacia una dinámica de diálogo –aún en términos de disensos– o hacia una lógica de dominación que reduzca la capacidad de las prácticas representativas. Las paradojas de la democracia, por lo visto, corren por carriles equiparables a los del reconocimiento ambiental.

120La pertenencia y el paisaje políticamente valorado operaron como límites de las prácticas de representación. Detrás de la pluralidad de perspectivas en torno al paisaje y de su apropiación en un período de construcción política –como es la provincialización– se descubre una consolidación de prácticas que nos traen hasta la actualidad. La mirada esencialista –que desconoce todos los avances teóricos y conceptuales en torno a la construcción de espacios y paisajes– permanece en el debate político y desde allí puede instalarlo como referencia del orden establecido.

121Parafraseando a Butler (2007), el paisaje se construye a través de un conjunto sostenido de actos postulados por medio de la estilización del espacio basada en la geografía. Desde esta autora, podemos continuar pensando en la clave de la disrupción y desestabilidad que se introduce al darle lugar a las diferentes experiencias vividas en el paisaje. Pues hay una realidad geográfica, la que declama el discurso político, que se desdibuja, abriendo la posibilidad de pensar una realidad que puede cambiar y que es posible replantear, llámese subversiva o llámese de otra forma. Como indica esta autora, «Aunque esta idea no constituye de por sí una revolución política, no es posible ninguna revolución política sin que se produzca un cambio radical en nuestra propia concepción de lo posible y lo real» (p. 28).

122Haraway y Latour avanzan sobre las fronteras de la organización social planteando la necesidad de otorgar agencia a lo no humano, marcando un límite que está directamente relacionado con la construcción de la democracia con límites en cuanto al ejercicio representativo. Latour (1987) elabora la noción de actante para dar cuenta de lo representado y caracterizar el problema detrás de esta construcción. Desde esta estrategia el mundo objetivo se presenta como el actante únicamente en virtud de la operación de representación, con lo cual la agencia y la acción solo son del representante. Esto es así incluso cuando afirma un estatus de objeto independiente para lo representado, como en el caso de la autonomía ciudadana de los habitantes de los márgenes del ideal construido como provincia. Se establece así una ambigüedad en el sentido que tiene un gran componente político. Haraway (1999) detalla este proceso señalando como primer paso el establecimiento de una cadena de sustituciones, que opera mediante instrumentos de transcripción, resitúa el poder y la acción en objetos divorciados de contextualizaciones contaminantes y nombrados mediante abstracciones formales. Los informes técnicos cumplen ese rol. El silenciamiento del actante es el resultado de que los mencionados autores profundizan en lo no-humano, pero que en el caso que nos ocupa podemos pensar como sostenimiento de ciudadanías, e incluso de humanidades, incompletas. La ecología política, como perspectiva de análisis, devela estos juegos de ocultamiento y naturalización.

123Este escenario pone al descubierto qué tan impracticable podría ser un proceso deliberativo superador, por sí solo, de desigualdades estructurales. La igualdad de condiciones, solo por la adscripción al grado de ciudadanía a que habilita el voto, no solo no se logra, sino que se trabaja en sentido contrario. La equidad termina siendo, desde este caso, la utopía de privados organizados con mayor o menor acceso a la escucha de esferas estatales, pero ajenos a construcción política de la provincia que los contiene. De aquí que problematizar la ciudadanía no significa restringirnos a la revisión de un status legal, sino que podemos avanzar hacia una idea de gradientes porque reconocemos la dimensión política como contenida en la construcción de identidad. Y es sobre esta última que se construyen las legitimaciones que terminan presentándose como programas partidarios.

124El desierto de Sarmiento sigue separando civilización de barbarie en la democracia de Río Negro. El paisaje de montaña parece eclipsar las agendas de los habitantes desde un paisaje fijo que, en la pretensión de estabilidad, sirve de argumento a negaciones de reconocimientos. El paisaje del regadío se construye en la referencia de un espacio consolidado a partir de disputas. Estos paisajes separados en una geografía continua constituyen la muestra de una construcción política incompleta en la que la pregunta por lo patagónico, lo provincial o lo productiva no terminan de tener respuestas que no impliquen exclusión.