7. 1. Introducción

1El Archivo Provincial de la Memoria de Río Negro (apm) fue creado por decreto provincial en 2008, en consonancia con las políticas nacionales de memoria, verdad y justicia que propiciaron, entre otras cosas, la creación del Archivo Nacional de la Memoria (anm) en diciembre de 2003.

2Hasta ese momento, y luego del juicio a los comandantes de las Juntas Militares en 1984, el Estado argentino se había caracterizado por impulsar políticas tendientes a imponer las ideas de reconciliación y olvido en un intento de dar por terminado el pedido de justicia por los delitos de la última dictadura cívico militar. Desde la vuelta de la democracia hasta la declaración de nulidad de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida se imponía en la opinión pública la idea de una guerra interna, la teoría de los dos demonios, que ya había sido esgrimida como argumento en el prólogo del Nunca más.1 Militares e integrantes de los grupos de tareas, que pocos años atrás se dedicaban a secuestrar y torturar personas, seguían formando parte de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y ahora circulaban por programas de televisión convocados bajo el aura de la reconciliación. En la puesta en escena del show mediático, las víctimas eran obligadas a confrontar públicamente con sus victimarios, como si se tratara de una disputa personal.2 Durante esos años, donde el poder político se esforzó por pasar página, la permanente lucha de los organismos de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (hijos), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (apdh), Servicio de Paz y Justicia (serpaj), Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (medh), Centro de Estudios Legales y Sociales (cels), Liga Argentina por los Derechos del Hombre, las múltiples comisiones de homenaje en universidades, colegios, sindicatos, entre muchos colectivos, mantuvo vigente el reclamo por memoria, verdad y justicia.

3En Río Negro, iniciada la democracia, el nuevo gobierno conformó, por decreto el 5 de marzo de 1984, una comisión investigadora llamada Comisión por los Derechos Humanos de Río Negro.3 En el decreto, el gobierno constitucional proponía a la ciudadanía «constituir a Río Negro en la Provincia de las libertades públicas e individuales, y de los derechos y valores humanos» (Decreto 375/84).

4La Comisión estuvo integrada por militantes de derechos humanos representativos de las distintas regiones de la provincia: Noemí Labrune, Julio Rajneri, Hugo Piucill, Rubén Marigo, Horacio Muñoz, Fernando Chironi, Víctor Bravo Martínez y el sacerdote Vicente Pellegrini, además de los legisladores Mary Soldavini de Ruberti y Edgardo Fernández (Decreto 415/84). Su objetivo fue relevar, investigar y esclarecer los delitos producidos por el accionar violento del terrorismo de Estado en el territorio rionegrino. El informe final fue entregado al gobernador Osvaldo Álvarez Guerrero, quien lo presentó ante la justicia federal con sede en Viedma, omitiendo todos los datos sobre los responsables de aquellos delitos4 (Mereb, 2017).

5A lo largo del presente capítulo, a través de entrevistas a María Eugenia Cattaneo y Adriana Battiston, trabajadoras del apm, y el estudio de diversos documentos oficiales, periodísticos, documentales y académicos, se intentará dar cuenta del contexto histórico que posibilitó la creación del apm en Río Negro. Se analizarán sus características y funcionamiento, su rol como espacio de resguardo documental y promotor de los derechos humanos, y como lugar de confluencia entre el Estado provincial y la sociedad civil.

7. 2. De la conadep al Archivo Nacional de la Memoria

6Finalizada la dictadura y con una democracia en permanente tensión, el gobierno electo declaró nula la Ley 22.924 de Pacificación Nacional, promulgada el 22 de septiembre de 1983 conocida como Ley de Autoamnistía, y creó por Decreto 187/1984 la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (conadep),5 la que tuvo como objetivo investigar y esclarecer las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura cívico militar y que fue presidida por reconocidas personalidades argentinas de distintos ámbitos del conocimiento.6 Durante nueve meses, y con la ayuda de un numeroso cuerpo de voluntarios que provenían mayoritariamente de organismos de derechos humanos, recogió los relatos de familiares, sobrevivientes y testigos de las graves violaciones a los derechos humanos vividas en todo el territorio nacional. Recopiló cientos de testimonios y denuncias, y finalmente elaboró un informe conocido como Nunca más, en cuyo anexo listó los nombres de las personas desaparecidas y asesinadas; primer reconocimiento oficial del Estado argentino que daba cuenta de un plan sistemático de desaparición de personas como metodología represiva llevada adelante por las juntas militares golpistas.7

7Entre los objetivos de la conadep, esclarecer el destino de la persona secuestrada desaparecida y las circunstancias del hecho era una prioridad y un pedido de la sociedad. Pero cuando la Comisión intentó avanzar con la investigación se encontró con un obstáculo que no pudo superar: todos los pedidos de información cursados a las Fuerzas Armadas quedaban sin respuesta. Ni siquiera el pedido directo del presidente y el posterior decreto que autorizaba al personal de las Fuerzas Armadas a facilitar informes sobre las «actividades antisubversivas» tuvieron una respuesta favorable y se limitaron a contestar que era «secreto militar». En ese contexto se llevó adelante el juicio a los nueve comandantes de las tres juntas militares de la dictadura cívico militar: por el Ejército, Jorge Rafael Videla, Roberto Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri; por la Armada, Emilio Massera, Armando Lambruschini y Jorge Anaya, y Orlando Agosti, Omar Graffigna y Basilio Lami Dozo, por la Fuerza Aérea. El mismo se realizó ante un tribunal civil y se transmitió por televisión abierta, aunque sin sonido.

8Durante dos años el camino iniciado por la nueva democracia fue esperanzador, pero la estructura represiva aún intacta hizo sentir su poder. El alzamiento de Semana Santa de 1987 fue la primera de una serie de acciones de presión militar que buscaban la interrupción de los procesos judiciales y que concluyeron con la promulgación de las Leyes de Impunidad (Izaguirre, 1998). Primero, la Ley 23.492, conocida como Ley de Punto Final, que disponía la caducidad de la acción penal «contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política». Y a los pocos meses, la Ley 23.521, llamada de Obediencia Debida, porque establecía que los delitos perpetrados por los miembros subalternos de las fuerzas no eran punibles por haberse cometido en cumplimiento de las órdenes de sus superiores.

9Los 90 comenzaron con un nuevo gobierno que dictó una serie de decretos que indultaban a todos los militares condenados y procesados por violaciones a los derechos humanos. Se consolidaba un período de impunidad y silencio desde el poder político, a lo que los organismos respondieron con las consignas: «Ni olvido ni perdón. Juicio y castigo a los culpables. Si no hay justicia, hay escrache». Mientras que los funcionarios de turno pretendían dar por finalizada la disputa en torno a los graves delitos de la dictadura cívico militar, los organismos de derechos humanos sostuvieron la demanda por justicia y el pedido por la apertura de los archivos de la represión y la conservación de los centros clandestinos de detención.8

10Pasaron 20 años, y un 24 de marzo de 2004, por primera vez, un presidente argentino pedía perdón por el silencio y la negación durante tantos años de democracia. Y en el mismo acto inauguraba el primer Espacio de Memoria del país en uno de los centros clandestinos de detención más emblemáticos de la dictadura cívico militar, la Escuela de Mecánica de la Armada (esma):

Las cosas hay que llamarlas por su nombre y acá si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como Presidente de la Nación Argentina vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades. (Kirchner, 2004)

11Las políticas de memoria, verdad y justicia comenzaban a materializarse en los tres poderes del Estado argentino. En septiembre de 2003, el Congreso Nacional había declarado la nulidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto final, y para junio de 2005 la Corte Suprema de Justicia las declaró inconstitucionales, impulsando así la reapertura de los juicios de lesa humanidad. El inicio de estos juicios puso en valor el testimonio de familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado, y los legajos conadep se convirtieron finalmente en prueba judicial.

12Cuando el Poder Ejecutivo creó el anm en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos ex esma, entre sus consideraciones iniciales valoró el reclamo incansable de los organismos de derechos humanos desde el inicio del terrorismo de Estado: «la respuesta social se ha expresado en la poderosa, persistente e indoblegable demanda de verdad, justicia y reparación a lo largo y lo ancho del país» (Decreto 1259/2003). Los derechos humanos se convertían en política de Estado.

7. 3. Creación del Archivo Provincial de la Memoria de Río Negro

13En adhesión a las nuevas políticas nacionales de memoria, verdad y justicia, el gobierno rionegrino creó, a través del Decreto 139/08, el apm bajo la órbita del organismo provincial de derechos humanos con mayor jerarquía en la estructura, hoy la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia. Los objetivos principales quedaron delineados a semejanza de su par nacional:

obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la responsabilidad del Estado Provincial y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones. (Decreto 139/08)

14Entre sus párrafos iniciales, el decreto sostiene que es

fundamental la creación de un «Archivo Provincial de la Memoria», como instrumento que posibilite la recopilación, preservación, estudio e investigación de todo el material relativo a la represión ilegal y el terrorismo de Estado en la Provincia de Río Negro. (Decreto 139/08)

15La escritura de este párrafo no es casual y apunta a no delimitar el período de acción a los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado de la última dictadura. Deja abierta la posibilidad de ampliar la investigación a toda violación a los derechos humanos que hubiera ocurrido en el territorio provincial, incluyendo los delitos cometidos contras los pueblos indígenas. María Eugenia Cattaneo (2020), quien participó activamente de la escritura del Decreto 139/08, relata:

esta redacción con una fórmula más neutra la pensamos para que permita en el ámbito de Río Negro investigar todo lo que involucrara violaciones a los derechos humanos, incluido el genocidio de los pueblos originarios […] Es una facultad que surge del decreto, por lo tanto es de voluntad política profundizar y apoyar investigaciones que tengan que ver con esa parte de la historia de la provincia de Río Negro y de la Patagonia.

16La creación del apm fue celebrada por la Legislatura rionegrina y en la Reunión Legislativa viii valoró:

Cuando hablamos de regímenes donde la arbitrariedad y la clandestinidad se convirtieron en la norma del accionar estatal, el tema del resguardo de los rastros y huellas de ese pasado debe ser observado teniendo en cuenta que el mismo carácter ilegal y secreto de sus procedimientos pudo no haber dejado registro escrito o documental. Sin embargo se trató de regímenes con cadenas de mando, con organización burocrática-militar, con instituciones policiales y de inteligencia, cuyas características implican redactar informes, organizar prontuarios, llevar registros y archivos. Muchos de estos materiales se combinan con «confesiones» de detenidos, a menudo extraídas bajo tortura. La destrucción de la documentación, que en el declinar de esos gobiernos se efectuó, en general siempre parcial, buscó obturar el camino de la reconstrucción de un pasado doloroso. (Legislatura de Río Negro, 2008)

17Aunque el decreto de creación del archivo se publicó en 2008, no comenzó a funcionar como tal hasta varios años después: «si bien desde los papeles estaba conformado […] como equipo y demás no había coagulado», relata Adriana Battiston (2020), trabajadora desde sus inicios. Y precisa que las tareas que se llevaban adelante eran acciones del personal de la Secretaría de Derechos Humanos «pero no como un equipo específico para el Archivo como lo establecía el decreto. Recién a partir del 2012 es cuando queda establecido el equipo del Archivo diferenciado de las otras áreas de la Secretaría». En ese momento el equipo se conformó con cinco trabajadoras provenientes de otras áreas de la secretaría, algunas del Centro de Atención a la Víctima y otras del Programa de Protección de Derechos: una abogada, una trabajadora social, una psicóloga, una psicopedagoga y una administrativa.

18El apm es un ente autónomo que depende del secretario de Derechos Humanos, que es quien ejerce el cargo de presidente del archivo. Desde su creación, hace 10 años, hasta la actualidad, siete funcionarios han cumplido con ese rol dificultando la consolidación de un área de derechos humanos provincial con la consiguiente postergación del trabajo de archivo.

19Al comienzo, las tareas que correspondían se centraron en el acompañamiento de víctimas y testigos en los juicios de lesa humanidad en el marco del Programa de Acompañamiento a testigos, víctimas y querellantes en el marco de los juicios de lesa humanidad.9 En 2011 comenzó el primer juicio del Centro Clandestino de Detención (ccd) «la Escuelita» de Bahía Blanca y las trabajadoras del archivo estuvieron abocadas principalmente a ello. «El acompañamiento es un trabajo con muchas aristas, atraviesa muchos puntos. […] A lo largo de estos años hemos recibido testimonios que promovieron nuevas denuncias […] entonces estamos interviniendo también en el espacio de instrucción de la causa» (Battiston, 2020). El apm sostiene en el presente la tarea de asistencia y acompañamiento a testigos y querellantes, muchas veces con la ayuda de las trabajadoras de las delegaciones de la Secretaría de Derechos Humanos de General Roca y Bariloche.

20Además del acompañamiento en los juicios, el archivo promueve la presentación de denuncias ante la justicia. Cuando este recibe un nuevo testimonio, con el consentimiento de la persona denunciante, elabora y presenta el caso ante el juzgado federal para que desde allí se investigue. Relata Adriana: «hemos incorporado varias nuevas denuncias estos años, más allá de lo que por ahí tradicionalmente se conoce como acompañamiento que es en el momento del testimonio en el juicio oral» (Battiston, 2020). Este vínculo directo y fluido con los juzgados que llevan adelante los juicios de lesa humanidad, y toda la labor comprometida con los testigos y víctimas de los mismos, ha posicionado al apm como actor reconocido y de consulta permanente.

21Hay que señalar que los delitos cometidos durante la dictadura cívico militar son juzgados según la lógica castrense de zonificación del territorio nacional durante la dictadura. Así, la provincia de Río Negro quedó comprendida en la Zona 5, que a su vez se dividió en las Subzonas 51 con asiento en Bahía Blanca y 52 con asiento en Neuquén:

La Subzona 51 estaba compuesta por tres Áreas de Seguridad: Área 511, con asiento en el Batallón de Comunicaciones 181 de Bahía Blanca; Área 512, asentada en el Batallón de Arsenales 181 en la localidad de Pigüé; Área 513, correspondiente al Distrito Militar Río Negro, ubicado en Viedma, con jurisdicción en el partido de Carmen de Patagones y los departamentos rionegrinos de General Conesa, Adolfo Alsina, Pichi Mahuida, Avellaneda, San Antonio, Valcheta y 9 de Julio. (Informe Casona Bachi Chironi, 2017)

22En la Subzona 51 funcionó el ccd «La Escuelita» de Bahía Blanca, en tanto que en la Subzona 52 operó el ccd «La Escuelita» de Neuquén. Es por eso que las denuncias de personas detenidas desaparecidas en Río Negro son llevadas adelante por los juzgados federales de Bahía Blanca o Neuquén, según el lugar de secuestro.

23Si bien en este momento el archivo actúa sobre los hechos ocurridos en la comarca Viedma-Carmen de Patagones, es una deuda del Estado provincial extender su área de influencia a todo el territorio, ampliando así el abordaje del trabajo sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la provincia.

Nosotros tenemos un objetivo que ponemos siempre en todos los informes de gestión del año como equipo, y es que el Archivo Provincial se provincialice y que entonces nosotros podamos recorrer la provincia o que se generen equipos de trabajo del Archivo mínimo en las delegaciones de la Secretaría de Derechos Humanos porque, bueno esa dimensión territorial todavía no existe. Cumplimos 10 años del decreto y aún no logramos alcanzar ese objetivo. (Cattaneo, 2020)10

24A estos obstáculos se suma la ausencia del Consejo Asesor, órgano que debería delinear las acciones a llevar adelante por el archivo. El consejo se conformó por única vez a finales de 2013 y estuvo integrado por reconocidos militantes de derechos humanos rionegrinos: Noemí Labrune, Pablo Boholavsky, Rubén Marigo, Oscar Meilán, Norma Gorriarán, Mariana Bettanin y Julia Pizá. Un año después, habiendo renunciado el secretario de Derechos Humanos y ante la falta de convocatoria del nuevo funcionario, sumado a las diferencias políticas, los integrantes del Consejo Asesor renunciaron y no volvió a conformarse.

7. 4. Los contenidos del archivo

25Además del testimonio como voz de las víctimas e instrumento indispensable para la construcción de la verdad, existen otros documentos que dan cuenta de la voz del Estado, huellas administrativas de una maquinaria burocrática que continuó funcionando durante la dictadura y que permiten, en muchos casos, advertir los contextos y condiciones en que se llevaron a cabo los crímenes de lesa humanidad. Como explica Pilar Calveiro (2002): «es significativa la voluntad archivadora de todo poder, aun de aquello que intenta esconder o negar. La archivación es irresistible para el poder, que necesita siempre registrar, ordenar, clasificar, jerarquizar como forma de control, incluso de sí mismo» (p. 30). Tal es el caso de los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (dippba), que permitieron reconstruir los circuitos represivos desplegados en el territorio bonaerense y evidenciaron las tareas de persecución e inteligencia sobre la población civil.

26Probablemente este sea el tipo de archivo que imaginamos cuando pensamos en un archivo de la memoria. Pero el apm de Río Negro es uno en construcción, con un enorme poder enunciativo desde su decreto de creación, pero con un limitado poder de acción. Bajo estas condiciones ha logrado comenzar a construir un acervo documental con el siguiente contenido.

27En principio, los legajos conformados por la conadep, como serie documental fundacional de todos los archivos de memoria de la Argentina, también se encuentran en el apm. Son copia de aquellos que corresponden a personas secuestradas desaparecidas o asesinadas en territorio provincial, nacidas en Río Negro o que hubieran vivido en la provincia por algún tiempo significativo de sus vidas. Además, por Resolución Administrativa 10/2013, el apm crea sus propios legajos en función de las nuevas denuncias recibidas. Hasta la fecha ha conformado 215, de los cuales 39 están vinculados a los de conadep.

28El archivo también cuenta con una copia de la carpeta con la «Resolución 1/80 e instructivo para su implementación», recuperada en el municipio de Jacobacci y donadas al apm. Esta resolución refiere al Plan Martillo, un documento esencial que permite reconstruir la estrategia represiva desarrollada en el territorio provincial. Un objeto propio de un «archivo estallado» que aparece como un «papel suelto» y que «al no conformar un fondo propio o una serie pierde jerarquía en relación a otros corpus o impide –a simple vista– la reconstrucción del sentido con que se originó» (Pérez, 2015, p. 4). Este documento suelto refiere a la directiva del año 1980, recibida por el municipio de Jacobacci, y es la prueba del desarrollo de una operatoria militar desplegada por toda la provincia, cuyo objetivo fue generar información de inteligencia sobre la población civil desde las intendencias municipales.

29Rubén Suárez (2018), historiador e investigador del Plan Martillo, afirma que el terrorismo de Estado no podría haberse desplegado por todo el territorio nacional tan eficientemente sin la «colaboración activa de miles de ciudadanos civiles que aceptaron ponerse al frente de las primeras, segundas y terceras líneas ministeriales de las gobernaciones e intendencias» (p. 2). En Río Negro, este dispositivo de inteligencia civil se materializó en «la implementación del denominado Plan Martillo esquema represivo de inteligencia por el cual los municipios provinciales se transformaron en unidades de observación sobre la población local con la intención de desarrollar estrategias de control» (p. 5).

30Otro documento muy valioso para la historia de Río Negro a resguardo del archivo es el Informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro. Al igual que el Nunca más, este contiene una serie de anexos donde se enumeran los nombres y fechas de las personas detenidas desaparecidas secuestradas en Río Negro, detenidas desaparecidas rionegrinas secuestradas en Neuquén y las detenidas desaparecidas de Río Negro liberadas. Este documento, extraviado por muchos años, del que originalmente existieron tres copias, fue reconstruido parcialmente por el apm y gracias al trabajo realizado hoy cualquier ciudadano lo puede consultar.

31En el acervo del apm también se destaca la serie «Juicios de Lesa Humanidad de Bahía Blanca», que involucra las causas sobre delitos cometidos contra personas de la zona Atlántica y Carmen de Patagones. El archivo cuenta con un extenso registro audiovisual que incluye: los Juicios por la Verdad de Bahía Blanca, cuyas audiencias se desarrollaron durante los años 1999 y 2000; la Causa 982, caratulada «Bayón, Juan Manuel y otros s/privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado, reiterado a Bombara, Daniel José y otros en área del Cuerpo Ejército V», de 2011/12; la Causa 1067, caratulada «Stricker, Carlos Andrés y otros s/privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, homicidio agravado reiterado a Yotti, Gustavo y otros en área controlada oper. Cuerpo Ejército V», de 2013/14; la Causa 93001103/2011/TO1, caratulada «Fracassi, Eduardo René y otros s/privación ilegítima de la libertad (artículo 144 bis, inciso 1.º) querellante: Secretaría de Derechos Humanos Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y otros», desarrollada durante 2014/2015, y, por último, la Causa fbb 93000001/2012/TO1 y acumulada (fbb 15000005/2007/TO3), caratulada «González Chipont, Julio Guillermo y otros s/privación ilegal de libertad (art.144 bis, inc.1) (lesa humanidad)», con audiencias que se desarrollaron durante los años 2016 y 2017.

32Otra serie documental que podemos encontrar refiere a los registros resultantes a partir de la Ley provincial 4676, sancionada en el año 2011. A través de ella se creó el Censo y Registro Provincial de ex Presos Políticos, un censo voluntario que registró 69 inscripciones.

33Por otro lado, el archivo posee registros de audio de entrevistas a militantes y referentes de organizaciones de derechos humanos, las que fueron realizadas por investigadores de la Universidad del Comahue, que luego las aportaron al Archivo Provincial de la Memoria para su resguardo y preservación.

34El acervo del archivo incorporará a futuro los registros resultantes de la Ley provincial 5042 sancionada en el año 2015, reglamentada en el año 2017, aún vigente. Esta ley crea el Registro Provincial de Reparación Histórica, que reconoce el derecho al resarcimiento económico para los agentes de la Administración Pública Provincial que hubieran sido declarados prescindibles o cesanteados, exonerados o forzados a renunciar por motivos políticos, ideológicos, gremiales o razones similares, durante la dictadura cívico militar.11 Este registro cuenta con 320 expedientes de los cuales hasta el momento fueron aprobados 153.12 Una vez concluido el trámite administrativo de los expedientes en «el apm se realizará la preservación y análisis del material documental, y se realizarán entrevistas a las personas que fueron víctimas o sus familiares, como parte del Registro Provincial de Reparación Histórica» (Informe apm, 2020, p. 2).

35Por otra parte, se encuentran en formación los registros documentales resultantes de dos investigaciones en curso que el apm está realizando junto al Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derechos, Inclusión y Sociedad (ciedis) de la Universidad Nacional de Río Negro, y la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Río Negro. La primera es una investigación que tiene como eje temático la reposición de voces y experiencias de mujeres que vivieron la última dictadura cívico militar en la provincia; está pensado desde una perspectiva de género y lleva realizadas 18 entrevistas a mujeres de toda la provincia. Cuenta María Eugenia Cattaneo (2020) que el objetivo de este trabajo es «recuperar la historia de vida y el relato de las mujeres en primera persona, mujeres que hayan vivido la dictadura en Río Negro. Y estamos ahí en ese camino, andando, viajando cuando podemos viajar y haciendo las entrevistas».

36El otro proyecto de investigación trabaja sobre la base de la digitalización de causas del Archivo del Juzgado Federal de Viedma del período 1973-1983. «Hemos llegado a la revisión de expedientes hasta el año 1978. Varios de esos expedientes fueron digitalizados y se incorporaron como prueba documental a investigaciones vigentes en el Juzgado Federal de 1.º Instancia de Viedma» (Informe apm, 2020, p. 2).

37Todo el material documental del archivo es público de acceso restringido. A través de un formulario pueden solicitar acceso familiares y personas que acrediten real interés en la temática. Esta restricción busca preservar el interés de particulares y familiares, respetando el derecho a la intimidad.

7. 5. La Casona y la promoción de los derechos humanos

38El apm se encuentra ubicado en La Casona, antiguo departamento de inteligencia Viedma del Batallón 181 dependiente del V Cuerpo de Ejército que se instaló 1981 en la ciudad homónima. Desde la vuelta a la democracia, esta casa fue lugar de referencia y encuentro para los militantes de derechos humanos de la comarca Viedma-Patagones, y desde un inicio se la identificó como sitio vinculado al terrorismo de Estado. Fue adquirida por la provincia en 2004, señalizada como Sitio de Memoria y nombrada como Casona de la Memoria Eduardo «Bachi» Chironi en 2017, en homenaje al militante rionegrino sobreviviente del ccd «La Escuelita» de Bahía Blanca y reconocido luchador de los derechos humanos.

39Sobre la recuperación de la casona, María Eugenia recuerda: «era un reclamo de los organismos y de las víctimas, era un espacio muy simbólico de acá, de Viedma, que estaba abandonado» (Cattaneo, 2020). Cuando la provincia recupera la casona, la remodela y traslada las oficinas de la Secretaría de Derechos Humanos y «se fija que la sede del Archivo sea también la Casona […] Todo lo que tiene que ver con derechos humanos aquí en la provincia comienza a funcionar ahí» (Cattaneo, 2020).

40La casona es el primer y único Espacio de Memoria en Río Negro señalizado como tal por la Red Federal de Sitios de Memoria. En ella conviven el Estado provincial y organismos de derechos humanos. Están presentes: la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Río Negro, la Comisión Atahualpa, la Asociación de Reporteros Gráficos de Río Negro y el Archivo Provincial de la Memoria.

41La casona es un espacio vivo, de dolor, pero también de construcción y de encuentro, de continuidad de las memorias. Allí se desarrollan actividades de promoción de los derechos humanos, exposiciones itinerantes y visitas guiadas a grupos de estudiantes.

42En su interior se puede visitar la muestra permanente llamada «Acá están», que se instaló donde originalmente funcionaba el apm. Al ingresar a la sala, el siguiente texto nos invita a reflexionar:

Como las enredaderas crecen sutiles
y sin abrigo en un baldío,
como el viento persistente siempre vuelve,
el tejido de la historia se recompone
silencioso, insistente.
Ese hueco en el tejido
involucra muchos hilos.
Así, la ausencia de Juan
no es una sola.
Porque Juan
es vecino para el vecino,
es maestro para el alumno,
es cliente para el panadero,
es amigo para el amigo
y es compañero para el compañero...
Entonces la ausencia
se hace presencia
porque alguien falta,
y el hueco no es hueco,
...son hilos que reclaman.

43Otra muestra que se puede recorrer es la exposición fotográfica que aportó la Asociación de Ex Presos Políticos, que propone un repaso de los juicios de lesa humanidad a través de imágenes de distintos momentos vividos. Luis Angel Salomón, fotógrafo bahiense, militante, donó los derechos de la obra con la que se creó la muestra «Del juicio y castigo a la sentencia», un recorrido narrativo a partir de las imágenes de los juicios desarrollados en Bahía Blanca entre 2011 y 2013.

44En las paredes externas de la casona, el apm colocó una serie de paneles con la fotografía y el nombre de todas las personas secuestradas desaparecidas y asesinadas víctimas del accionar ilegal del Estado argentino entre 1974 y 1983 en la provincia de Río Negro. A través de estos «homenajes como semilla y ruptura del silencio» (Catela Da Silva, 2014, p. 33), el apm busca visibilizar a los desaparecidos rionegrinos, «hacer aparecer al desaparecido», dirá en la inauguración Guadalupe Gaitán (2019), trabajadora del archivo.

45La vigilia del 23 de marzo y luego la marcha del 24 es el encuentro esperado en la emblemática casona. Durante la marcha «se empezaron a realizar paradas reconociendo la historia local, algo muy importante, teniendo en cuenta que pareciera que en Viedma y Patagones “no pasó nada”, algo muy instalado en el imaginario de muchas personas», cuenta María Eugenia (Cattaneo, 2018). Hace algunos años se sumó a la marcha la pintada de pañuelos blancos como marca, como recordatorio de la lucha iniciada por las Madres de Plaza de Mayo en 1977 y que hoy continúa vigente. Cielo Tailmitte (2018), integrante de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Río Negro cuenta: «estampar los pañuelos en la plaza, para los que transitan las ciudades, teniendo que pasar diciendo que por ahí no pasó nada en la dictadura […] es un faro en la oscuridad, símbolo de lucha y de justicia».

7. 6. Consideraciones finales

46El apm de Río Negro tiene un largo camino por delante. Ha logrado, pese a las adversidades políticas y a la discontinuidad en la gestión, desarrollar un intenso trabajo de acompañamiento y apoyo a los testigos y querellantes de los juicios de lesa humanidad; ha podido comenzar el armado de un acervo documental e incluso producir investigaciones específicas referidas al terrorismo de Estado en Río Negro. Pero ¿por qué las políticas públicas de memoria, verdad y justicia, que se establecieron como pilares fundamentales en muchas de las grandes ciudades de Argentina, en Río Negro se sostienen por la voluntad de un pequeño grupo que las lleva adelante?

47Por un lado, parecieran quedar atrapadas en la voluntad de quienes gestionan el Estado provincial, en su más o menos simpatía por las memorias de la dictadura. La indiferencia política hacia el archivo, hacia fortalecer su gestión y su alcance territorial, se manifiesta como un hecho cierto. Tal como lo expresó María Eugenia Cattaneo (2020) durante la entrevista, sigue siendo una deuda pendiente ampliar la cobertura territorial del archivo y que llegue más allá de Viedma: «siempre deseo que el archivo sea eso, provincial, que podamos llegar a toda la provincia, que podamos tener cada sitio de memoria y espacio señalizado […] Hay cantidad de proyectos, imaginate. Lo que sobran son ideas, proyectos y ganas».

48El gobierno provincial puede abandonar las políticas de derechos humanos por decisión, pero también porque hay una ausencia de demanda social. La sociedad rionegrina pareciera mantenerse pasiva frente a las tareas de recuperación de las memorias del terrorismo de Estado. Acaso sea resultado de la idea extendida de que en Río Negro «no pasó nada», idea que ha devenido en el silencio social sobre los delitos ocurridos durante la dictadura. Acaso este silencio sea una consecuencia más del efectivo terror aplicado por la dictadura sobre la sociedad.

49Han pasado 36 años desde la conformación de la Comisión Investigadora de Río Negro. Durante muchos años, debido a las leyes de impunidad, el mutismo ganó terreno también en la provincia. Desde la apertura de los juicios de lesa humanidad, víctimas y testigos han podido narrar lo que tantos años les fue negado. Las memorias han vuelto convocadas por la Justicia, generando movimientos en la sociedad rionegrina. El apm, como órgano específico del Estado provincial para la aplicación de las políticas de memoria, verdad y justicia, está jugando un papel esencial en este nuevo escenario que ha comenzado a construirse.