4. 1. Introducción

1En este capítulo se presenta un resumen de los resultados obtenidos en la investigación que fue llevada a cabo para la realización de mi trabajo final de grado «El Poder Judicial desde una perspectiva feminista. Aportes para entender las desigualdades y avanzar hacia la paridad» (Escobar, 2021). Su objetivo general es contribuir al conocimiento y diagnóstico de las desigualdades de género en el Poder Judicial de la provincia de Río Negro en el periodo comprendido entre 2011 y 2019, incluyendo la composición histórica del Superior Tribunal de Justicia (stj) desde la provincialización y, asimismo, proponer alternativas que nos permitan erradicar esas desigualdades. El capítulo está organizado en cinco secciones. En la primera de ellas se presentan, muy brevemente, los principales lineamientos teóricos que guiaron esta investigación. En la segunda se realiza una selección de normativa internacional, nacional y provincial tendiente a garantizar la igualdad real de derechos entre varones y mujeres, y aquella que da inicio a la paridad en las legislaturas provinciales, puesto que pueden constituirse en un antecedente para que se extienda hacia el Poder Judicial. En la tercera sección se realiza una exposición de los datos cuantitativos que fueron recolectados durante la investigación a los fines de demostrar si la desigualdad es evidente en la composición de nuestros tribunales. Seguidamente, en la cuarta sección, se exponen los datos cualitativos obtenidos a través de una entrevista en profundidad a una actual jueza del Superior Tribunal de Justicia. Finalmente, en la quinta sección se desarrollan las conclusiones obtenidas durante el desarrollo de la investigación.

4. 2. Marco teórico

2La investigación fue enmarcada desde una perspectiva feminista y de derechos humanos, nutriéndose de los principales lineamientos teórico-conceptuales que surgen de los estudios de género sobre la participación de las mujeres en la esfera pública y de la economía feminista. En primer lugar, entendemos al género como el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana. Es decir, la cultura constituye el espacio donde se manifiesta el género como una construcción social. El género es entonces un «sistema sexo-género de opresión de las mujeres, en tanto involucra una jerarquía del sexo que sitúa a lo femenino en posición de subordinación respecto de lo masculino» (Rubin, 1986). Es decir, el sistema sexo-género nos permite ver a qué sexo le son adjudicados ciertos privilegios en detrimento del otro formando lo que conocemos como el sistema jerarquizado a partir del cual nos relacionamos socialmente, en el que las mujeres, o aquellas personas que se apartan de la heteronormatividad, somos perjudicadas.

3Por otra parte, entendemos que el sistema capitalista y patriarcal es un sistema jerarquizado que implica relaciones de género asimétricas en el cual las mujeres nos encontramos en una notoria desventaja respecto de los varones. El patriarcado, como un sistema jerarquizado, es un conjunto de relaciones sociales, políticas y económicas que mantiene al varón como parámetro de la humanidad, otorgándole privilegios e institucionalizando su dominio y superioridad sobre la mujer (véase definición en Gamba, 2009). En palabras de Andrea D'Atri (2004), si bien el patriarcado no nace con el capitalismo, le ha sido funcional. A pesar de que el capitalismo incorporó masivamente a las mujeres al mundo laboral, no abolió la naturalización de la injusta y desigual división sexual del trabajo por la cual el trabajo doméstico y el cuidado no remunerado son realizadas en su mayoría por las mujeres.

4Basados en el sistema sexo-género, se observa que prevalecen los valores masculinos de la racionalidad, el éxito y la competitividad, mientras que en la mujer prevalece la exaltación de la maternidad y la pureza. Estos estereotipos, además, tienen un impacto en el acceso de las mujeres al poder porque a través de ellas se establece la división sexual de roles. De esta manera, se establece que las mujeres sean las principales responsables del mundo privado, mientras los varones son los responsables del mundo público y están a cargo de las decisiones.

5Por lo tanto, al igual que Bergallo (2010) consideramos que la inclusión de las mujeres en la magistratura nacional y provincial es una cuestión de igualdad de oportunidades no solo en el empleo profesional sino también en el ejercicio del poder político. La inclusión de mujeres en todos los poderes del estado y en todos los niveles genera una forma de representación democrática del género en la judicatura.

4. 3. Estrategia metodológica

6Para el diseño y la confección de la investigación fue utilizada una estrategia metodológica descriptiva, con el objetivo de realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de la cuestión que será tratada.

7En primer lugar, se realizó una recolección, sistematización y descripción cuantitativa de la composición según género de la csjn, el stj, los ministerios públicos, fiscal y de defensa, y las cámaras y juzgados de la provincia de Río Negro. Para llevar a cabo esta etapa de la investigación, como primera medida fueron sistematizados los datos proporcionados por el Mapa de Género elaborado por la Oficina de la Mujer de la stjn (omcsjn). En una segunda instancia, se recolectaron y sistematizaron datos del Poder Judicial de Río Negro para llevar a cabo la descripción del estado de la cuestión en la provincia en lo que respecta a la composición histórica del stj y a los juzgados y cámaras provinciales.

8En segundo lugar, se llevó a cabo una investigación cualitativa, realizando una entrevista en profundidad de caso único, realizada a la Dra. Adriana Zaratiegui (jueza del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro entre 2011 y 2021).

9La entrevista en profundidad es una técnica cualitativa de recolección de datos. Es «un proceso en el que se pone en juego una relación social» (Guber, 2005, p. 236), una forma especial de conversación entre dos personas, dirigida y registrada por el investigador o investigadora con el propósito de favorecer la producción de un discurso conversacional continuo y con cierta línea argumental por parte de la persona entrevistada, acerca de un tema de interés definido en el marco de la investigación (Alonso, 1998). La información recolectada se basa en la biografía de la persona entrevistada y se vincula con el «conjunto de representaciones asociadas a acontecimientos vividos [por la persona]» (Alonso, 1998). Si bien en las entrevistas el foco se basa en la experiencia individual de la persona entrevistada, que será útil para comprender la experiencia de otras personas en situaciones similares (Flick, 2015), en esta investigación realizamos un estudio de caso único con el objetivo de profundizar el conocimiento sin establecer generalizaciones ni comparaciones.

10Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, el capítulo estará organizado en diferentes secciones. En primer lugar, se describe una selección del marco normativo internacional, nacional y provincial relativo a la paridad. Seguidamente, se presentan los datos recolectados y se realiza una descripción cuantitativa de la composición de los distintos ámbitos del Poder Judicial según género. Finalmente, se realiza un análisis cualitativo a partir de las experiencias de la Dra. Adriana Zaratiegui.1

4. 4. Normativa sobre paridad

11Argentina posee un marco normativo robusto en materia de género, que se encuentra contenido en diversas convenciones y tratados internacionales, su normativa nacional e, inclusive, en leyes provinciales. En esta sección se realizará una selección de la normativa que nos puede servir de fundamento para exigir la paridad en el Poder Judicial comenzando con el marco normativo internacional y avanzando hacia el nivel nacional y provincial.

4. 4. 1. Marco normativo internacional

12En 1979, Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (conocida como la cedaw por sus siglas en inglés), constituyéndose en el primer instrumento de derechos humanos para las mujeres con carácter vinculante y se ha erigido en «un programa de acción para que los Estados Partes garanticen el goce de esos derechos» (cedaw, 1979). La Argentina la aprobó mediante Ley 23.179 de junio de 1985 y desde 1994 goza de jerarquía constitucional. En 2007 ratificó su Protocolo Facultativo (1999), que establece mecanismos de denuncia e investigación para casos particulares.

13La cedaw define la expresión discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

14Al ratificarla, el Estado nacional asumió el compromiso de condenar la discriminación contra la mujer en todas sus formas, conviniendo en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer. Este compromiso implica asegurar por ley u otros medios apropiados, la realización práctica del principio de igualdad del hombre y de la mujer; establecer por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; y adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer. Además, la cedaw determina el compromiso de los Estados partes de adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, entre otros aspectos, el derecho a las mismas oportunidades de empleo.

15Siguiendo esta línea, en el plano regional, la Organización de los Estados Americanos (oea) en 1994 aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará), que constituye una de las legislaciones internacionales más avanzadas en materia de igualdad de géneros. Argentina la ratificó en 1996 por la Ley nacional 24.632. Con la Convención Belém do Pará se propuso, por primera vez, el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres a nivel regional, como ejes básicos en la lucha contra el fenómeno de la violencia física, sexual y psicológica. Asimismo, la convención enfatiza la obligación de los Estados parte de establecer los mecanismos financieros e institucionales necesarios para asegurar la participación femenina en la toma de decisiones y su autonomía económica. Esta convención entiende que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra. La actuación del Estado debe analizarse en dos planos, por un lado, el Estado debe garantizar el acceso igualitario de las mujeres a las funciones públicas, especialmente a aquellas que implican toma de decisiones (artículo 4 inciso j)2 y, por otro lado, que las decisiones de quienes ocupen esos cargos garanticen la protección de los derechos de las mujeres contra toda forma de violencia, en todos los planos de su vida.

4. 4. 2. Marco normativo nacional

16La Constitución Nacional de 1994 reconoce expresamente la igualdad de género y la no discriminación: el artículo 16 establece el principio de igualdad, el artículo 37 establece el principio de igualdad real entre hombres y mujeres en el acceso a cargos electivos y partidarios, y el artículo 75, en su inciso 23, autoriza al Congreso a tomar medidas de acción positiva para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos.

17En lo que respecta a las leyes nacionales, resulta importante resaltar a tres de ellas, que constituyen un avance sustancial en el reconocimiento de la problemática que nos convoca y que se vuelven un compromiso para generar otro modelo de realidad en donde no haya diferencias basadas en el género. Estas leyes son: la Ley de Protección Integral de las Violencias, la Ley de Paridad de Género en ámbitos de representación política y la Ley Micaela.

18En 2009, se sancionó la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales. La ley establece distintas modalidades de violencia: doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática. Además, en 2019 se incorporó la violencia contra las mujeres en el espacio público (Ley 27.501) y la violencia pública-política (Ley 27.533).

19Esta ley es de orden público y de aplicación para todo el país, y ordena a los tres poderes del Estado, sean del ámbito nacional o provincial, adoptar las medidas necesarias y ratificar en cada una de sus actuaciones el respeto irrestricto del derecho constitucional a la igualdad entre mujeres y varones (artículo 7).

20La Ley 27.412 de Paridad de Género en ámbitos de representación política, sancionada en 2017, establece que la integración de las listas de candidatos y candidatas que se presenten para la elección de senadores y senadoras nacionales, diputados y diputadas nacionales, y parlamentarios y parlamentarias del Mercosur, deben integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el primer candidato o candidata titular hasta el último candidato o candidata suplente. Esta ley es importante porque reconoce la necesidad de establecer paridad en estos ámbitos y puede servir como ejemplo para reconocerla también a nivel judicial.

4. 4. 3. El cupo y la paridad en el Poder Legislativo en el marco normativo de las provincias

21En las legislaturas provinciales (en las unicamerales y en las cámaras de diputados y diputadas en las provincias que poseen legislaturas bicamerales) las mujeres ocupan, en promedio, el 33 % de los cargos. La legislatura con mayor porcentaje de mujeres es la de la provincia de Santiago del Estero con el 50 %, que fue la primera en sancionar una ley de paridad en el año 2000. La provincia con menor porcentaje de mujeres es La Rioja (14 %), que posee una ley de cupo desde 1992 que establece que el 30 % de las personas candidatas de las listas deben ser mujeres. Esta información también se refleja en el ámbito judicial, porque como se verá en la próxima sección, en el stj de La Rioja no encontraremos ninguna mujer.

22Como hemos mencionado anteriormente, en 2017 se sancionó a nivel nacional la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política. Previamente, en el año 2000 se inauguró en las provincias argentinas una ola de reformas vinculadas al acceso de las mujeres a las legislaturas conocidas como la «primera generación de reformas de paridad» (Caminotti y Del Cogliano, 2019). Así, Santiago del Estero (2000), Córdoba (2000) y Río Negro (2002) (Rulli y Del Carmen, 2020) se convirtieron en las primeras provincias en aprobar la equivalencia de género para las listas de personas candidatas a la legislatura. En 2016, la provincia de Buenos Aires (que representa el 37 % del padrón electoral nacional) aprobó la Ley provincial 14.848, inaugurando la «segunda generación de reformas de paridad» que continuaron las provincias de Neuquén, Salta y Chubut en el mismo año. Continuaron en 2018 las provincias de Catamarca, Chaco, Mendoza, Misiones, Santa Cruz y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Formosa en 2019. Finalmente, en 2020 se aprobaron leyes de paridad en La Pampa, Santa Fe y, recientemente, en las provincias de Entre Ríos, San Luis, San Juan y Jujuy a fin de año. Es decir, en la actualidad, ya son 21 provincias las que cuentan con ley de paridad que significan más del 70 % del padrón electoral nacional (Rulli, 2020).

4. 5. Las mujeres en el Poder Judicial de Río Negro

23En esta sección se presentan los datos cuantitativos obtenidos durante la investigación con el objetivo de observar cómo se encuentran compuestos los tribunales de la provincia realizando una diferenciación por género. Como fue mencionado anteriormente, para obtener estos datos fueron analizados el Mapa de Género y la Guía Judicial del Poder Judicial de Río Negro.

24Con estos datos se pretende demostrar cuántas mujeres existen en los puestos de mayor jerarquía y en qué fueros se encuentran más concentradas, información que resulta relevante a la hora de analizar los fenómenos de segregación vertical y horizontal.

4. 5. 1. Integración del Superior Tribunal de Justicia (stj)

25Con los datos recopilados se pretende demostrar que mientras mayor es la jerarquía menor es la posibilidad de acceso de las mujeres a los cargos de ese nivel, que son espacios de toma de decisiones.

26Para observar la composición del stj se realizó un análisis histórico de sus integrantes desde 1959 a la actualidad y también se utilizó como guía el Mapa de Género para estudiar su composición en los niveles inferiores.

Figura 4. 1. Composición del stj según género (1959-2019)

27En primer lugar, tal como se observa en la figura 4. 1, a lo largo de todos esos años fueron jueces del stj 35 varones y solo 4 mujeres. Pero también hay que hacer una salvedad en torno a esto: la primera mujer que formó parte fue Graciela Campano, que tomó el cargo en 1971 y renunció en 1973, desempeñando sus tareas durante un gobierno de facto. Esto significa que, hasta marzo 2021, solo 3 mujeres fueron juezas del stj en democracia y de esas tres, dos son las que se desempeñan como juezas en la actualidad.

28Con la transición a la democracia y casi 20 años después, en 1990 y con los albores de lo que serían las leyes de cupo femenino vuelve a ingresar una mujer en el stj que duró seis años en el cargo hasta su renuncia. Finalmente, en 2013, tras seguir una carrera judicial y con posterioridad a las normativas que establecen cupo, ingresan Liliana Piccinini y Adriana Zaratiegui.

29Cabe mencionar que la Ley orgánica del Poder Judicial, 5190, sancionada en el 2017, dispone en su artículo 37 que el stj estará compuesto por cinco integrantes y que su composición debe conformarse con vocales de ambos sexos, procurando una equilibrada representación de las distintas circunscripciones judiciales. Nada dice este artículo sobre porcentajes de participación basados en el género.

30Esto también se ve reflejado a nivel nacional en la csjn. La cantidad de jueces que integraron la Corte Suprema desde el 2011 fue variando hasta que en el 2016 quedó establecida su composición por cinco miembros, pero a pesar de eso, solo en 2015 hubo algo cercano a la paridad y esto se dio porque la composición de ese momento era de tres miembros. Cuando los miembros eran siete nunca fueron más de dos las mujeres que formaban parte, y cuando el número de integrantes se redujo a cinco, solo una mujer pudo acceder a este cargo.

31Ahora bien, el Mapa de Género estudia a la categoría de personas magistradas incluyendo en ella a los ministros y ministras, camaristas, jueces y juezas de paz, y hasta el 2016 discriminaba en sus informes qué participación había en cada una de las subcategorías. Resulta importante a los fines de este estudio ver cómo se produjo la distribución por género en estas últimas tres subcategorías.

Figura 4. 2. Separación por género dentro de la categoría de magistrados (2011-1016)

32La figura 4. 2 nos muestra que las diferencias en estas subcategorías son evidentes. Durante el periodo objeto de análisis se observa que los camaristas fueron principalmente hombres, representando el 75 % de los miembros.

33Para la subcategoría de jueces y juezas podríamos considerar que nos acercamos a una situación más paritaria porque los hombres representan el 53 % de este grupo; pero esa semiparidad se pierde nuevamente si observamos a los jueces de paz, aunque en esta ocasión la mayoría está conformada por las mujeres, que representan un 59 % del total.

34Esta lectura es importante porque si nos detenemos a pensar en la jerarquía de las categorías, los y las camaristas, que son quienes se ocupan de las cámaras de apelaciones, tienen un rango mucho mayor que los jueces y juezas de paz, y son un grupo muy masculinizado.

35El juez o jueza de paz, por su parte, es un funcionario o funcionaria judicial con atribuciones jurisdiccionales sobre asuntos de baja justicia a nivel local, como controversias civiles y comerciales que involucran montos menores, y competencia correccional sobre delitos leves. Aunque con plenos poderes judiciales, su misión principal es conciliar. Aquí es donde se encuentran mayormente las mujeres.

4. 5. 2. Composición de los ministerios públicos, fiscal y de defensa

36El rol que les corresponde a los y las fiscales que conforman el Ministerio Público Fiscal (mpf) tiene fines y objetivos muy claros: defender los intereses generales de la sociedad, porque al Estado y a la sociedad les interesa particularmente que se persigan todos los delitos. Por otra parte, en las cuestiones no penales, el interés general reviste en la necesidad de asistir a toda la comunidad en la defensa de sus derechos.

37Los y las fiscales, en los procesos penales, son quienes llevan adelante la investigación de los delitos. Como representante de los intereses de la sociedad, a quienes les compete la tarea de trabajar en nombre del mpf, también les corresponde emitir dictámenes en algunas causas. Los dictámenes son una parte esencial del proceso que elabora el o la fiscal para que el juez o jueza decida la cuestión que están tratando. En este sentido, un dictamen es mucho más que una simple opinión fundamentada: en ese documento, el fiscal representa el interés general de perseguir delitos –en materia penal– o de tutelar los intereses generales –en los fueros no represivos– sobre el punto del conflicto que se esté discutiendo.

38El Ministerio Público de la Defensa (mpd), en cambio, es una institución de defensa y protección de derechos humanos que garantiza el acceso a la justicia y la asistencia jurídica integral, en casos individuales y colectivos, de acuerdo a los principios, funciones y previsiones establecidas en la ley orgánica que lo regula. Promueve toda medida tendiente a la protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas, en especial de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.

39Una vez establecidas las diferencias en sus funciones podemos analizar su composición en lo que corresponde a fiscales, y defensores y defensoras, como muestran las figuras 4. 3 y 4. 4.

Figura 4. 3. Fiscales (2011-2019)

40Como se puede observar en la figura 4. 3, en el caso de los fiscales la preeminencia masculina es notoria, dato que no resulta sorprendente si recordamos su función: perseguir los delitos.

41Pero si miramos a los defensores la situación se invierte (figura 4. 4), volviéndose manifiesta la preeminencia femenina, en mi opinión, reproduciendo estereotipos de cuidado ya que la tarea de este ministerio es la de protección y defensa de los derechos fundamentales de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Figura 4. 4. Defensoras y defensores (2011-2019)

42Cuando se trata de funcionarios y funcionarias, en ambos ministerios la mayoría es femenina, con una representación superior al 60 %. Al llegar a la categoría de personal administrativo, el porcentaje de mujeres que forman parte de la misma aumenta en forma similar a lo que sucede con las personas funcionarias, pero superando el 70 % en el caso del mpd.

4. 5. 3. Cámaras

43Las cámaras de apelación son aquellos tribunales que tienen competencia para conocer los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones judiciales de un tribunal inferior. En la provincia de Río Negro podemos encontrar a las cámaras de apelaciones en lo civil, comercial y de minería y a las cámaras del trabajo. Para su análisis fue utilizada la guía elaborada por el Poder Judicial provincial.

44Nuestra provincia cuenta con cuatro cámaras de apelaciones en lo civil, comercial y de minería y seis cámaras del trabajo. Uno de los datos principales que surge al analizarlas es que no hay una sola mujer que las presida; en todas ellas sus presidencias están a cargo de varones.

45En cuanto a los jueces que las integran, en las cámaras de apelaciones en lo civil, comercial y de minería podríamos decir que hay algo parecido a la paridad puesto que de siete puestos tres son ocupados por mujeres.

46En cuanto a las cámaras del trabajo, el porcentaje de participación masculina es superior, pero la diferencia no resulta tan grave porque si uno de esos puestos hubiese sido ocupado por una mujer habría paridad.

4. 5. 4. Juzgados

47Dentro de la provincia contamos con los juzgados civil, comercial, de minería y sucesiones, familia y de ejecución penal.

Figura 4. 5. Jueces y juezas del juzgado civil, comercial, de minería y sucesiones

48Tal como se observa en la figura 4. 5, en los juzgados civil, comercial, de minería y sucesiones nos encontramos con que hay una mayor participación femenina, pero al igual que en las cámaras del trabajo, si una de ellas fuese un varón nos encontraríamos en una situación de paridad.

Figura 4. 6. Jueces y juezas de los juzgados de familia

49Tal como se observa en la figura 4. 6, en el caso de los juzgados de familia el dato no resulta sorprendente, el 90 % son mujeres, constituyendo otra situación que refuerza estereotipos de género vinculados a la protección y al cuidado de la institución familiar.

4. 5. 5. Fuero penal

50Dentro del fuero penal tiene una fundamental relevancia el Tribunal de Impugnación, pues es el encargado de llevar a cabo las revisiones contra las sentencias definitivas. Actualmente, de las cuatro personas que componen el tribunal solo una es mujer, dato que refleja la segregación vertical.

51También dentro de este fuero es necesario contemplar lo que ocurre con los jueces y juezas de juicio, y los jueces y juezas de garantías (véase figura 4. 7).

Figura 4. 7. Jueces y juezas de garantías en el fuero penal

Figura 4. 8. Jueces y juezas de juicio en el fuero penal

52Tal como se visualiza en la figura 4. 8, dentro del fuero penal predominan los varones y es más difícil para una mujer desempeñarse allí. Nuevamente se siguen reproduciendo estereotipos que nos consideran frágiles como para ocuparnos de los asuntos que son tratados por esta rama.

53Las figuras 4. 7 y 4. 8 confirman lo expuesto anteriormente. En ambos casos, ya sea para los jueces y juezas de juicio o para los jueces y juezas de garantías, la mayoría va a estar compuesta por hombres y la participación femenina no va a alcanzar el 35 % en ninguno de los casos.

4. 5. 6. La provincia en contexto comparado

54Para culminar este capítulo tomamos como fuente al Mapa de Género interactivo de la csjn y así poder tener una visión de la totalidad de las provincias. Los datos que surgen son los siguientes:

• Existen cinco provincias que no cuentan con ninguna mujer en su stj, estas son Formosa, La Rioja, Mendoza, Corrientes y Chubut.
• En Santa Cruz, Chaco, Tucumán, Misiones y San Luis son más las mujeres que los varones, pero en semiparidad puesto que los tribunales son impares y es ahí donde radica la diferencia.
• En Río Negro, Tierra del Fuego, Jujuy, San Juan, Córdoba y Catamarca prevalecen los varones, pero al igual que en el inciso anterior podríamos afirmar semiparidad puesto que los tribunales son impares y es ahí donde radica la diferencia.
• En La Pampa, Buenos Aires, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Neuquén y Entre Ríos hay un porcentaje mucho mayor de varones en el cargo, habiendo solo una mujer en algunas de ellas.
• En el caso de defensores y defensoras, en casi todas las provincias la mayoría es femenina, en algunas en proporciones muy elevadas. En Corrientes hay solo un varón más, en Tierra del Fuego son 3 y en Entre Ríos son 8. Catamarca y La Rioja no registran datos.
• Para los fiscales la proporción es inversa, la mayoría son hombres, salvo en Río Negro y Jujuy donde solo hay una mujer más en cada caso, y en Formosa, Catamarca y Chaco que hay dos mujeres más. En Santiago del Estero las mujeres fiscales casi duplican a los hombres.

4. 6. Mujer, madre y/o jueza

55Si bien los datos cuantitativos constituyen una fuente de información relevante, es imperativo tener en cuenta la voz de las personas que se desempeñan dentro del sistema para que nos cuente cómo son sus vivencias y cómo es su experiencia siendo mujer y jueza del stj cumpliendo con el cuarto objetivo específico propuesto.

56Como ya se adelantó, la presente sección se desarrollará con base en un estudio de caso único basado en una entrevista en profundidad realizada a Adriana Zaratiegui (jueza del stj de la provincia de Río Negro).

4. 6. 1. Trayectoria previa al ingreso al stj

57Al iniciar la entrevista y hacer mención acerca de la escasa participación de mujeres que hubo dentro del stj desde 1859 en adelante, la Dra. Zaratiegui realizó un breve repaso sobre el acceso de estas:

Una de las mujeres que identificaste estuvo muy poco en el stj, Graciela Campano, y además estuvo durante un gobierno de facto. Después, la primera mujer que llegó en la democracia al stj fue Nelly Flores (era camarista civil en la ciudad de San Carlos de Bariloche), y después llegamos Liliana [Piccinini] y yo.
Graciela Campano era militante del ppr, fue requeijista durante el gobierno de Requeijo en la provincia, y nosotras tres venimos de lo que se llama la carrera judicial.

58Una vez hecha esta salvedad continuó contando su propia trayectoria académica y profesional previa y su ingreso en el Poder Judicial. Su carrera incluyó una vasta trayectoria profesional (asesora legal en el Poder Ejecutivo, referencista, secretaria penal, agente fiscal y fiscal de cámara) y académica (con especializaciones y maestrías):

Yo me recibí en La Plata, estuve trabajando en un estudio importante de esa ciudad y en Buenos Aires. Trabajaba mucho, muchísimo. Con el tema del traslado entre las dos ciudades y todo lo demás llegaba muy tarde a mi casa, algo de eso me convenció de venir a vivir al interior.
Cuando llegué a Viedma trabajé en el Ministerio de Gobierno como asesora legal, también como secretaria del Colegio de Abogados. Me costaba encontrar trabajo como abogada en los estudios ya establecidos [...].
Y cuando surgió la oportunidad de ingresar al Poder Judicial no fue fácil, no había Consejo de la Magistratura, yo no tenía conocidos, eso ha sido un poco la historia de mi carrera. El stj puso un concurso de oposición –que no se hacían en ese momento– para nombrar referencistas, entonces me puse a estudiar. Estudié y lo gané: así entré al Poder Judicial.
Luego quise hacer la carrera judicial y se presentó la oportunidad con una secretaría penal. La verdad es que fue un craso error porque el Fuero Penal era terrible en aquel momento. Bueno, pasé, llegué a fiscal.
En aquel entonces no había tantos posgrados, entonces hice una especialidad. El inecip [Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales] junto con la uba hacían convenios y empezaron a dictar la Especialidad en Penal y la Maestría en la Universidad de San Juan Bosco en Trelew y empezamos a viajar. Terminamos, hice la tesis, después me eligieron fiscal de Cámara y presidenta del Colegio de Magistrados (creo que fui la primera presidenta mujer del Colegio). Luego participé en concursos: quería postularme para ser jueza de cámara.
Ese concurso lo recuerdo especialmente porque había dos vacantes, habían dejado los puestos dos mujeres. Era una cámara con dos salas integrada por seis jueces y juezas y habían justo renunciado las dos mujeres. Mínimamente tendría que haber entrado yo por ser mujer, habiendo obtenido el puntaje más alto. Pero quedó una terna de tres personas para cubrir dos puestos y no me eligieron –porque tienen la facultad de no elegir– y eso fue percibido como algo bastante injusto.

4. 6. 2. Ingreso al stj

59La designación de las personas que integran el stj tiene un mecanismo que se encuentra expresamente estipulado en el artículo 204 de la Constitución de la provincia de Río Negro:

Los miembros del stj son designados por un Consejo integrado por el gobernador de la provincia, tres representantes de los abogados por cada circunscripción judicial, electos de igual forma y por igual periodo que los representantes del Consejo de la Magistratura e igual número total de legisladores, con representación minoritaria, conforme lo determina la Legislatura. Los candidatos son propuestos tanto por el gobernador como por un 25 %, por lo menos, del total de los miembros del Consejo. El gobernador convoca al Consejo y lo preside, con doble voto en caso de empate. La asistencia es carga pública. La decisión se adopta por simple mayoría y es cumplimentada por el Poder Ejecutivo.

60A pesar de que lo establecido en el artículo resulte claro, la designación de la Dra. Zaratiegui no dejó de tener todas las dificultades que se tiene cuando se trata de puestos con fuerte carga política.

Políticamente estuvo bastante reñido, estaba el tema de que ingresaran dos mujeres. Si bien el artículo dice que el stj «debe estar integrado por vocales de ambos sexos» no sé si no estuvieron a punto de poner una única mujer.
Un día fuimos a una entrevista de radio en el marco de unos talleres de género que estábamos haciendo; cuando llegamos a la emisora le estaban haciendo una entrevista al gobernador. En el interín entre una entrevista y otra, el gobernador me habló –yo no lo conocía– y me dijo que me iba a llamar y que me iba a proponer para el stj. Después en algún momento se puso en duda el que yo fuera candidata… Pero tuve un gran apoyo del Colegio de Abogados porque yo ya había estado nominada para la Procuración General.
Ahí hubo algunas tensiones políticas, había otra mujer… Y este es un nombramiento básicamente político, tenés que tener apoyo y yo lo tuve. Fui elegida por unanimidad, pero creo que el apoyo inicial no lo tenía por vínculos con la política pero sí dentro del Colegio de Abogados.
El día anterior los habían llamado a los candidatos para tener una entrevista con los legisladores y a mí no me llamaron. Un policía que estaba en en lugar me dijo que se habían reunido. Ahí ellos mostraron su fuerza y los colegios de abogados me apoyaron en las negociaciones que se hicieron. Pero desconozco un poco porque después de la entrevista pasé a tomar un café con una amiga y había un exintegrante del stj y me saludó dándome a entender que había sido descartada. Así es que me fui a mi casa, me quedé dormida en el sillón y me llamaron diciéndome que había sido elegida jueza. No sé mucho más de la política.

61La literatura sobre el estudio de los mecanismos de selección de personas candidatas y las leyes de cupos, al menos para los casos de las legislaturas, señalan que los partidos políticos son «los guardianes de las puertas del ingreso de las mujeres a la política» (Matland, 1998; Rulli y Torres Molina, 2020) porque son los que tienen el poder para decidir dónde van las mujeres y dónde van los varones y, sobre todo, se torna evidente el hecho de que realizan un cumplimiento minimalista de las normativas, es decir que si se establece el 30 % de la participación como base, ese porcentaje nunca será superado y se convertirá en lo que se conoce como techo de cristal. El ámbito judicial no está exento de esta circunstancia:

En el momento de la elección de los cinco candidatos ya se sabía que iban a ir dos mujeres, en tres no iban a pensar jamás. Dicen cualquier barbaridad porque son impunes, pero habría que ver también a todas las mujeres que esto desalienta.

62Podría sostenerse que con el transcurso del tiempo la situación se está modificando y las mujeres poco a poco vamos avanzando hacia una mayor representatividad, pero la evidencia demuestra que, a pesar de ser mayoría dentro de esta institución, seguimos siendo desplazadas en lo que respecta a los puestos con mayor jerarquía.

Ahora se está feminizando el ámbito del secretariado y se están masculinizando los colegios de jueces. Cuando vas al mpf si bien vas a tener una base buena de mujeres, entre los fiscales jueces hay una sola mujer. Hay que dar la lucha y habría que cambiar estas situaciones.

4. 6. 3. Desigualdades de género en el ámbito judicial

63La forma en la que se perciben desigualdades de género en el ámbito judicial no fue una pregunta específica, pero desde el inicio de su carrera la Dra. Zaratiegui identificó ciertas actitudes que demuestran que la desigualdad es real, tanto en el ámbito público como en el privado, haciendo que los inicios en la profesión también sean complicados: «Este tema del género también ocurre en el ejercicio liberal de la profesión, a veces prefieren a un varón que a una mujer, sobre todo te estoy hablando del año 85».

64Los estereotipos de género, que nos colocan a las mujeres en un ideal en el que somos madres/esposas (Lagarde, 2016), es decir, mujeres completas e incondicionalmente dedicadas a lo familiar que deben resignar los logros profesionales para dedicarse a una crianza full time o, en el ámbito profesional nos consideran personas frágiles y vulnerables incapaces de tratar a las personas que están vinculadas al fuero penal, tradicionalmente ocupado por varones:

Me acuerdo que me ofrecieron un cargo inferior en el que se trabajaba solo seis horas, pero yo había obtenido el puntaje mayor y no acepté porque no quería que me incidiera en el futuro. No quería que pensaran que yo priorizaba la atención de mi hijo, entonces dije que «no» y me quedé con este otro cargo que era de ocho horas.
Nuevamente me volvieron a llamar con esto de la segregación horizontal y me preguntaron: «¿A usted le parece penal, donde va a tener que lidiar con la policía?». Yo sí quería.

65Incluso cuando una decide vencer estos estereotipos puede observarse a la desigualdad en el desempeño de las funciones:

En aquellos tiempos le preparabas todo el trabajo al juez y él firmaba. Por supuesto que él sabía lo que decidía, pero entonces vos tenías que esperarlo para que firmara. Y, por ejemplo, se daba que el juez se ponía a hablar con otro hombre, y mientras conversaban yo pensaba «estos tipos van a volver a sus casas, les van a decir a sus mujeres que trabajaron mucho y se van a sentar en frente al televisor»... Entonces, mientras yo esperaba que el tipo me firmara, él charlaba tonterías con otro, y yo tenía que volver a mi casa y hacer la cena –en realidad cenas diferenciadas porque una cosa eran los bebés y otra era mi marido–.

66Las capacitaciones hacen crecer las posibilidades de avanzar dentro de la carrera judicial, pero nuevamente, esto se convierte en una dificultad para las mujeres, que están obligadas a conciliar las responsabilidades que resultan de la injusta y desigual distribución sexual de las tareas de cuidados y trabajos domésticos no remunerados y, por lo tanto, en muchos casos, a resignar determinados aspectos de su carrera:

Cuando ellos «están juntando papeles» las chicas están criando bebés, y se postergan en los estudios, ir a cursos y ya ahí tienen una desigualdad en cuanto al puntaje. Entonces el sistema meritocrático, que aparece tan neutral, no lo es tanto.
A mí me costó bastante ir a Trelew a cursar, si bien me divertía un montón, yo tenía que usar dos fines de semana al mes para estudiar, trasladarme… En ese momento nadie lo hacía, pero yo elegí lo meritocrático para sortear las amistades porque es sabido cómo son las conformaciones del Consejo de la Magistratura: los varones tienen más posibilidades sociales porque van a asados y juegan al fútbol. La conformación del Consejo de la Magistratura no es paritaria, puede haber una mujer y listo, pará de contar. Entonces esto también incide porque los varones tienen más ámbitos de socialización. Tal vez sería interesante investigar un poco en todas las candidatas que quedan afuera. Pero las mujeres son muy buenas rindiendo, en general son más aplicadas. De hecho ahora en las fiscalías adjuntas están ganando las mujeres.

67Todo esto nos hace notar que son muchas las cuestiones contra las que tenemos que luchar si buscamos que la institución del Poder Judicial sea paritaria, empezando desde la base misma del sistema.

4. 6. 4. Conciliación de tiempos de cuidado

68Como ya se ha adelantado, a la actividad judicial hay que sumarle la otra jornada laboral que suele estar invisibilizada y que es la que se desempeña hacia el interior del hogar. Esta jornada mayormente es desempeñada por las mujeres. En los siguientes fragmentos se ofrece evidencia de las vivencias y experiencias vinculadas a la conciliación de la vida profesional y las responsabilidades de cuidados: «No conseguí trabajo profesional en lo privado pero un poco visualizaba al Poder Judicial como un lugar donde podés hacer carrera, donde podías estudiar y donde podías armonizar mejor las obligaciones familiares con tu vida profesional, las podías organizar más».

69Las estrategias que desarrollan las mujeres con el objetivo de disminuir la carga incluyen: la ayuda externa privada, el acceso a políticas públicas de tiempos o la ayuda de otros familiares, en general otras mujeres (abuelas, hermanas). En la entrevista se pueden observar las estrategias implementadas y las vivencias:

Yo no pude hacer uso de la licencia por maternidad y entré a trabajar con mi hijo que tenía un mes de vida. Eso es una cuestión que cambiamos en esta gestión. En ese momento el Poder Judicial tenía una guardería muy buena porque se quedaba con los chicos hasta que nosotros termináramos si teníamos turnos o trabajo extra. Así es que mi hijo fue el bebé más chiquito que ingresó en la guardería.
Hubo peleas mediante con mi marido, «reformulación del contrato», digamos. Pero fuimos llegando a acuerdos, empezamos a separar las tareas de la casa y entonces la vida se fue haciendo más sencilla en ese aspecto y pude conciliar mis dos realidades. Ahora en el stj lo tengo bien presente, tengo algunas estrategias para cuidarme, si bien ya mi vida es mucho más tranquila en cuanto a las cuestiones domésticas, lo que es de la casa, cocinar por ejemplo, lo hace mi marido. Ahora cambió al extremo, pero son cosas que tenemos acordadas que él las hace con gusto, es un gran compañero. También tengo al cuidado a mi mamá, soy la única hija cercana porque mis dos hermanos no viven acá, por eso mi marido me apoya en todo lo demás.

70Sin embargo, a pesar de que se puedan encontrar este tipo de herramientas, la situación no deja de pesar en las mujeres, que deben demostrar que pueden con todo porque si no lo hacen corren el riesgo de que no se las tome en cuenta.

Trabajábamos muchísimo en aquel momento, el horario era partido, no había horarios corridos, a veces llegaba muy tarde a mi casa. Yo no planifiqué las cosas y mis dos hijos se llevan un año, es decir que era caótico por completo, mucho estrés. Y siempre tratando de mostrar que podía trabajar como un hombre o mejor aún.

71Pautassi (2007) ha señalado que el cuidado, además de ser un trabajo intenso que debe ser valorado, es un derecho humano: «el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado» que se encuentra incorporado en pactos y tratados internacionales e integra el corpus de derechos humanos (Pautassi, 2007, 2020). Este derecho incluye el derecho al tiempo para los cuidados personales (tiempos para el ocio, controles médicos, alimentación adecuada, ejercicio físico, entre otros). El autocuidado suele ser dejado de lado cuando se tiene que lidiar entre la actividad profesional y el cuidado de terceros porque hacerlo suele generar sentimientos de culpa.

No lo tenía tan presente al hecho de cuidarme y me resultó muy costoso. Estuvo esa presión de no poder faltar a ningún acto escolar, de hacer un montón de cosas y estar presente. Hoy les pregunto a mis hijos y ellos no recuerdan ausencias, no tienen reclamos de ese tipo para nada.

4. 7. Conclusiones

72Tal como hemos mencionado anteriormente, Argentina posee un marco normativo robusto en materia de paridad de género, que se encuentra contenido en diversas convenciones y tratados internacionales, su normativa nacional e, inclusive, en leyes provinciales. Todas estas normas buscan eliminar cualquier forma de discriminación y constituyen un notorio avance hacia la eliminación de las desigualdades de género en la plena participación política y toma de decisiones.

73Si bien las normas que establecen cupos o paridad a nivel provincial van aumentando gradualmente, todas estas leyes están destinadas a las legislaturas, pero nada se establece respecto al Poder Judicial. Una mirada rápida hacia su interior nos demuestra que son muchas las mujeres que recorren sus pasillos, pero ¿en qué forma somos partes del sistema?, ¿llegamos a los espacios de toma de decisión o estamos ahí para «ayudar» a alguien más a que decida? Al detenernos a mirar con atención encontramos las respuestas a esas preguntas y resulta evidente que la situación varía según el fuero y la categoría laboral en la que posamos nuestra mirada. Este trabajo ha procurado contribuir a responder esas preguntas.

74Cabe resaltar que el 14 de noviembre de 2019 el Senado y la Cámara de diputados y diputadas presentaron el proyecto de ley de paridad de género para el Poder Judicial y los ministerios nacionales. Su objetivo es la adopción de medidas destinadas a revertir la disparidad de género existente en la administración de justicia federal y nacional, con la expectativa de que una medida semejante sea replicada en las provincias, en consonancia con los compromisos internacionales suscriptos por nuestro país.

75Entre su articulado podemos encontrar condiciones que resultan muy novedosas y que se presentan como eficaces a la hora de revertir las desigualdades, entre ellas: la designación debe realizarse respetando el principio de paridad de género, al menos 30 % de las postulantes inscriptas deben ser mujeres, los jurados deben conformarse según el principio de paridad de género, se debe garantizar la evaluación de temáticas de género y violencia contra las mujeres, las ternas deben garantizar paridad y se debe tener en cuenta la composición actualizada del fuero del cargo vacante para equilibrar la participación y si el porcentaje de mujeres del fuero resulta menor al 30 %, la convocatoria puede estar destinada exclusivamente a mujeres. Este proyecto resulta relevante porque será la primera ley en regular los cupos del Poder Judicial, funcionará como punto de partida para el Poder Judicial provincial y se constituirá como garantía de erradicación de las desigualdades por razones de género en este ámbito.

76En los datos presentados en la sección 3, se ha demostrado que, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, en los tribunales superiores (csjn y stj) los cargos de mayor jerarquía quedan reservados en su mayoría a los varones. Esto nos permite dar cuenta del techo de cristal al que nos enfrentamos las mujeres, es decir, la segregación vertical que sufrimos en el Poder Judicial. Por otra parte, en lo que respecta a los juzgados de la provincia la situación cambia a favor de la mujer de forma manifiesta en los de familia, sosteniendo la construcción social en la que las mujeres somos las encargadas del cuidado y la protección de esta institución en la que se convierte lo familiar, reproduciendo roles de género y facilitando la segregación horizontal.

77Pero tener la visión de los datos cuantitativos solo nos permite un pantallazo global y descriptivo acerca de la desigual composición según género dentro del Poder Judicial. Es por ello que, con el objetivo de comprender cómo se reproducen estas desigualdades, es necesario tomar contacto con alguien que esté en el paño y que haya pasado por esto en carne propia, poder analizar desde las vivencias y las propias experiencias.

78La información obtenida y analizada a través de la entrevista realizada resulta muy clara al respecto y refleja las distintas luchas en las que se ven inmersas las mujeres que quieren realizar una carrera judicial. A través de su experiencia podemos evidenciar que las diferencias están presentes, que los estereotipos de género y la doble jornada laboral son reales y que el techo de cristal es una realidad de la que no podemos escapar, pero también nos demuestra que poco a poco la situación va cambiando a nuestro favor y que lograr la paridad en algún futuro no muy lejano parece posible.

79La investigación nos permite tener una visión global de la composición de la justicia, de las diferencias estructurales que existen entre varones y mujeres y de la manera en que esas diferencias repercuten a la hora de ejercer funciones dentro del Poder Judicial. No podemos mirar hacia un costado si en verdad queremos avanzar hacia la igualdad, tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de lo necesario que es cambiar este paradigma para que la situación sea más equitativa para ambos géneros en todos los espacios de representación y no solo en las legislaturas. Solo así podremos afirmar que las mujeres estamos representadas en los tres poderes del estado, lo que no deja de ser una cuestión que hace a la democracia y nuestros derechos humanos.