1Este libro es parte de los resultados del trabajo realizado por sus autores en el marco de dos proyectos de investigación: «Genocidio, diáspora y etnogénesis indígena en la construcción del Estado nación argentino» y «Construcciones y prácticas normalizantes de la excepción. Pueblos originarios, Estado y sociedad civil en la Argentina (1870-2010)». Ambos contaron con el apoyo del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología1.

2A lo largo de estos años, y especialmente en esta obra, los autores hemos intentado profundizar en las modalidades de sometimiento, detención, deportación, explotación e incorporación de la población originaria en el proceso de construcción y consolidación del Estado nación en la argentina desde las últimas décadas del siglo xix hasta mediados del xx. Especialmente, buscamos analizar la dialéctica entre la ideología y la praxis de esta operatoria como así también las relaciones entre agencias2 estatales, indígenas y de la sociedad civil. Al mismo tiempo, hemos procurado describir trayectorias de la población originaria una vez sometida, comprendiéndolas, también, como constituyentes de particulares y distintas formas de construcción de alteridad y asimetría social en espacios territoriales, provinciales y nacionales.

3Este proyecto, en su doble dimensión historiográfica y etnográfica, nos condujo también a precisar tanto herramientas conceptuales como métodos de investigación. En este proceso es que decidimos trabajar con y sobre el concepto de genocidio para profundizar el análisis de las políticas de Estado hacia la población originaria, la agencia política de la misma y las construcciones de alteridad resultantes. Esta elección nos posibilitó una serie de instancias de discusión que colectiva e individualmente nos permitieron profundizar no solo en el estudio de los procesos históricos aquí abordados, sino también en la relación y compromiso que como investigadores podemos establecer con los procesos actuales de construcción y cuestionamiento de las asimetrías sociales.

4En relación con este proyecto sostenemos, como señalan O'Neill y Hinton (2009), que los distintos actos de escritura acerca del genocidio, los distintos modos de representarlo, pueden tanto clarificar como ocluir memorias y entendimientos de ese pasado. Por ello, en este libro abordamos los discursos y narrativas de múltiples archivos y los de la memoria social, entendiendo que, en efecto, existe una articulación y divergencia entre diferentes marcos locales y globales para comprender dicho tipo de actos. ¿Cómo se construye el recuerdo individual y colectivo y cómo se conectan estos con los del Estado y las agencias genocidas? ¿Cómo se relacionan estas construcciones con la de los académicos? En tanto investigadores, estamos directamente vinculados en este acto de escritura y no podemos tampoco pensarnos por fuera de los procesos de clasificación que lo constituyen.

5En efecto, gran parte del proceso de visibilización historiográfica de estas políticas de Estado y las memorias sociales han estado acompañadas, en los últimos años, de un debate en torno a la aplicabilidad del concepto de genocidio. En el caso argentino, ha quedado demostrada la performatividad de los estereotipos de las narrativas nacionalistas para crear sentido. Así, la discusión con respecto a si los eventos de referencia fueron o no un genocidio, o una serie de lamentables y limitados excesos en una historia de incorporación no-traumática, está instalada con recurrencia, por ejemplo, en talleres de educadores, paneles públicos, y en la discusión mediática.

6Desde el retorno de la democracia en 1983 se produjo un significativo avance en la Argentina en cuanto a comprender y desandar la relación entre Estado y sociedad civil. La agenda de los derechos humanos cobró entonces un lugar importante. En este contexto, la militancia de organizaciones y comunidades de los pueblos originarios ha logrado hacer visible su existencia histórica y su presencia actual en una sociedad que se había pensado a sí misma, fundamentalmente, como eurodescendiente y blanca por más de un siglo. Desde entonces, y en coyunturas más específicas como 1992, formaron parte de sus discursos públicos las denuncias de genocidio y etnocidio. Paralelamente, y en muchos casos con posterioridad, desde el trabajo académico estas nociones, junto con las de aculturación y transculturación, dieron forma a un repertorio lingüístico para referirse a los procesos de relación entre sociedades colonizadoras y pueblos originarios. No obstante, el término genocidio ha enfrentado mayores resistencias ya que involucra la agencia del Estado moderno y su definición popularizada lo vincula inevitablemente con el exterminio físico.

7Es sabido que la noción de genocidio cultural desapareció del texto final de la Convención de las Naciones Unidas (1947), pese a que formaba parte de la definición de Lemkin sobre genocidio. Como señala Münzel (2008), la definición de genocidio por la onu no es sistemática, sino pragmática; «no es deductiva sino inductiva; no se orienta por una teoría general del genocidio, sino por la práctica de los crímenes encontrados».

8Desde el primer esbozo de la resolución, en mayo de 1947, ha habido una serie de mediaciones sugestivas. Como señala Münzel, el traslado de niños es «lo único que quedó del párrafo sobre "genocidio cultural" de la primera versión» (p. 15). Posteriormente la noción de dolo, voluntad y deliberación del hecho, se impuso. Clavero destaca que el elemento clave de la intención no se refiere necesariamente a un propósito asesino, «pues basta el designio de hacer desaparecer como tal a un grupo. Cabe el genocidio respetándose la vida de los individuos»(p. 24). En realidad, es la separación de la noción de genocidio cultural de la de genocidio, hasta el punto de materializarse en la consolidación del término etnocidio –siendo que en sus orígenes eran entendidos como sinónimos–, lo que ha conducido a visualizar que la ausencia de la eliminación física masiva implicaría la ausencia de la intención del exterminio del grupo. Si entendemos la dimensión del etnocidio como un genocidio cultural, entonces no se trata esta de otra categoría, sino que comporta una parte constitutiva del genocidio.

9En este libro se describe cómo no solo a través de las matanzas se ha operado intencionalmente hacia la desestructuración de los pueblos originarios, sino también desde la apropiación de niños y el acoso a territorios y asalto a recursos que afectan a su supervivencia. No obstante, como señala Clavero, el concepto de genocidio ha sido en los hechos neutralizado como norma internacional, al imponerse la noción de «intención específica» y limitando en consecuencia la idea de genocidio a la de matanza, y la de lesión mental solo al «daño permanente de las facultades mentales mediante drogas, tortura o técnicas similares», quedando así excluida la idea de «genocidio cultural». Al respecto coincidimos con Clavero en cuanto que a nada nos conduciría el preguntarnos sobre el número necesario de muertes intencionadas para que una matanza se convierta en delito de genocidio, dejando de ser solamente «asesinatos en serie». El bien jurídico protegido, sostiene el autor, es «la existencia del grupo o, dicho de otra forma, el derecho humano a constituir parte del mismo» (p. 25).

10Los procesos de sometimiento, concentración, deportación, distribución y explotación de los pueblos originarios forman parte del mismo proceso de formación y consolidación del Estado-nación en la Argentina. Hemos decidido incluir, para una rápida visualización, los sitios e itinerarios mencionados a lo largo de la obra en un mismo mapa (ver figura 1)Se trata aquí de describir parte de la heterogeneidad de los mismos multiplicando perspectivas de análisis que permitan abordarlos desde la pluralidad de agencias, espacios y temporalidades intervinientes, sin dejar de lado dicha relación fundamental.

11En esta búsqueda hemos tenido que precisar una serie de cuestiones específicas que se expresan en las distintas partes y capítulos de este libro, y que se detallan a continuación.

12En primer lugar, definimos en términos de excepción normalizante a la construcción de un estereotipo de lo indígena desde el poder soberano del Estado que se realiza en diferentes momentos del proceso histórico, persiguiendo, reprimiendo y violentando –en la mayoría de sus versiones, aunque también conteniendo y preservando– una supuesta potencial amenaza tanto contra la integridad nacional, como contra el anunciado progreso civilizatorio de los territorios nacionales. Esta amenaza persiste en la misma existencia de las supuestas taras ancestrales con que se identifica y define a los indígenas. Es decir, en la latencia de la posibilidad de reversión a un estado previo al del control estatal. La sedimentación de estos supuestos, que se imprimen en principio mediante la victoria militar del Estado argentino, constituirá la arena sobre la que el Estado se arrogará la potestad de defender la población y de identificar ocasionalmente sus márgenes como peligro.

13En consecuencia, las prácticas que ocupan nuestro análisis no se limitan al confinamiento y asesinato masivo, sistemático y planificado, tópicos habitualmente asociados en el sentido común al concepto de genocidio. En efecto: la deportación, reparto, disociación forzosa de comunidades y familias y, sobre todo, la incorporación que mantiene y construye la excepción desde el punto de vista de los derechos ciudadanos garantizados constitucionalmente, fueron parte fundamental de un proceso genocida que debe ser pensado más como un contínuum de hechos con final abierto que como un evento puntual. Esta continuidad se dio también, y especialmente, en cuanto a las relaciones establecidas luego de la incorporación de los indígenas en la sociedad argentina pasado el momento puntual de su derrota y sometimiento.

14Así, la característica principal de la incorporación de los prisioneros indígenas, que se conecta con el proceso genocida, es que no constituyó una asimilación y subordinación simple de sobrevivientes en capas bajas de la población. Sobre ellos se inscribieron marcas raciales, étnicas y políticas que denotaban una condición especial por la que en la práctica no se les reconocía los derechos sociales y políticos que el mismo Estado garantizaba, en teoría, para todos sus ciudadanos. Esto es, mediante prácticas, clasificaciones e incluso la institucionalización y legalización de una condición diferencial frente a derechos que debieran ser universales. La condición de excepción que gráficamente se observa en centros de confinamiento, se trasladó al nivel individual, al cuerpo y relaciones microsociales de los sujetos. Como puede observarse en algunos capítulos de la primera parte de este libro, las actas de bautismo de los niños indígenas, cuando se realizaban, constituían documentos cuasilegales de la excepción, es decir, una suerte de legalización contradictoria con la misma ley del Estado, que sancionaba su subordinación al apropiador en redes de parentesco mediante la noción de patria potestad de los padrinos, marcando al mismo tiempo su condición indígena como argumento de tal excepcionalidad. Este traslado a la condición individual de las huellas del genocidio, o la continuidad del genocidio por otros medios, se asociaba entonces a clasificaciones performativas, es decir, categorizaciones étnicas o raciales con consecuencias en la exclusión política y ciudadana de los prisioneros incorporados.

15Es por eso que uno de los aspectos importantes que desarrollamos en este libro es el de dar carnadura y entidad individual al proceso histórico, reponiendo trayectorias, nombres, historias de vida y redes sociales de personas concretas.

16La violencia estatal hacia los pueblos originarios que se instala mediante el proceso genocida de las conquistas inscribe prácticas, burocracias y ejercicios que podemos identificar una y otra vez –con diferentes magnitudes y efectos– hasta la primera mitad del siglo xx. Las formas de violencia ejercitadas contra la población indígena demuestran un ejercicio de poder soberano efectivo en clasificar, ordenar, jerarquizar y distinguir un sector de la población que no se libera de su peligrosidad pretendida. Esto conlleva un doble efecto de naturalización de la violencia, así como también una forma de experimentar el Estado. La violencia efectiva o latente del poder estatal traza los umbrales de pertenencia al Estado argentino, delinea los rasgos esperables de sus habitantes y ciudadanos y distingue territorialmente los márgenes dentro de la construcción nacional.

17En ese sentido, las propuestas de regulación legal del trabajo de los prisioneros indígenas configuran movimientos hacia la nivelación ciudadana de los sujetos en una sociedad que no admite diferencias, muertes civiles ni prerrogativas. La contradicción inocultable entre la norma y la práctica, denunciada en múltiples estrados, se resuelve mediante la escandalizada denuncia de la anacronía de la explotación –ya que se asimila a aquella del tiempo en que «ha existido el comercio civil de los esclavos», y por ende es inconcebible luego de aquel tiempo– o de la paradoja de su ajenidad –los «parias en su propia tierra» (Giordano, M., 2003). Sin embargo, otras voces se encargan de recordar que el carácter militar del espacio en que transcurre la explotación (Martín García) o inclusive, de los nuevos «patrones» (Rufino Ortega en Mendoza, Rudecindo Roca en Misiones) exime a esta relación laboral suigéneris de todo carácter contractual para entenderse como prolongación de la relación de prisioneros de guerra, y en consecuencia, vedada a toda apertura de su carácter de excepción. Cuando no puede sostenerse el carácter militar de la relación (por ejemplo, en los ingenios tucumanos), se acude a la normalización por la ley, hasta que la rápida extinción de todas las medidas legales adoptadas coloca a la explotación normalizada en condiciones similares a las excepcionales.

18Esta relación constante entre aquello que será norma o excepción se manifiesta a través de los distintos artículos. Especialmente a través de una dialógica construcción entre el adentro y el afuera en los procesos de alteridad que se han dado en distintos espacios y momentos de las mencionadas trayectorias. Así en la misión anglicana, en las reducciones estatales, en el campo de concentración, en los parajes, en el ingenio, en la construcción de los relatos hegemónicos de la historia nacional existe una constante relación entre aquello que deviene en un adentro y lo que deviene en el afuera. En ambos casos se trata de lo indígena como construcción estereotipada, y en su relación –y porque algo siempre queda fuera– queda definida la indigeneidad como una excepción normalizante.

19Para abordar estos procesos de construcción de alteridad hemos trabajado con la memoria social como una forma de agencia y ruptura de la construcción hegemónica nacional respecto del devenir indígena. Por esto, la memoria social se volvió un punto de partida, una práctica de iluminación sobre aquellos otros hechos de la incorporación forzada silenciados en las narrativas nacionales. Por otra parte, las contadas, recuerdos, ngütram3 y secretos encontraron diferentes coyunturas histórico-políticas en las que irrumpir produciendo sentido sobre aquellos pasados y trayectorias truncadas en la historia. Los espacios en los que la memoria social es puesta en performance forman parte de esos registros que nos permiten identificar las tensiones en la relación entre el Estado y sus márgenes.

20También permite esclarecer la agencia activa de los pueblos originarios, al recuperar discursivamente y restablecer la relevancia de ciertos sucesos que incidieron en la vida familiar y comunitaria, poco reflejados o ausentes en la historia oficial. En ciertos casos, la memoria oral amplifica el eco de lo que las fuentes escritas solo mencionan; en otros, las incongruencias en los relatos y en las evaluaciones de lo sucedido permiten reponer las perspectivas contrapuestas en torno a las nociones que dieron sustento ideológico al desarrollo de las campañas de incorporación, y comprender la dimensión de resistencia comunitaria en actos aparentemente subjetivos.

21La triangulación de documentos varios, fuentes oficiales y memoria social nos permite no solo el reconocimiento de vacíos y tensiones entre las historias y sus versiones, sino que nos habilita también el descubrimiento de formas de crear y sostener vínculos sociales en el corto, mediano y largo plazo. Así, partir del análisis del secreto como forma de conocimiento y transmisión del mismo nos permite identificar las performance narrativas, en principio, como parte del ejercicio de violencia llevado a cabo por el Estado a través de la institución policial. No obstante, el secreto también entrama formas de producir comunidad y de vinculación social que impiden el olvido de dichos eventos y quebranta el silencio en momentos políticamente favorables al recuerdo y la denuncia.

22Por un lado, el poner en diálogo la memoria oral y las fuentes escritas implica tener presentes permanentemente la disimilitud de eventos contextuales en los que las narrativas y descripciones se generaron y circularon. Por otro lado, los modos de habla prevalecientes en cada situación recurren a diversas retóricas y recursos comunicativos culturalmente construidos. En este sentido, analizar el énfasis puesto en los procesos subjetivos y familiares o en la cuantificación objetiva, la apelación a la memoria transmitida en la comunidad o las omisiones a hechos de crueldad en el relato oficial permite enfocar las narrativas como construcciones sociales posicionadas, en lugar de considerar solo los hechos narrados como datos indubitados.

23El secreto y la invisibilización caracterizan el modo en que el genocidio se instaló en las narrativas colectivas e institucionales ligadas a la construcción de la nación moderna como un no-evento. Este efecto de secreto y su vínculo con formas traumáticas de recuerdo caracteriza a lo que Michel Taussig analizó en las prácticas terroristas de los Estados latinoamericanos y la violencia colonial en general. El terror como efecto político requiere de una combinación contradictoria entre secreto y exhibición, ocultar y mostrar al mismo tiempo que hay algo aberrante que se oculta, lo cual implica que hablar del terror es o puede ser también una manera de reproducirlo en el tiempo.

24No obstante, no se trata de una ausencia de información documentada en archivos. Por ello hemos puesto énfasis, además de en las memorias y secretos, en la recopilación de fuentes que visibilicen los eventos. Para la isla Martín García, la provincia de La Pampa y la de Mendoza hemos repuesto listas de prisioneros, fotografías, actas de bautismo. Inclusive, hemos realizado para esta última provincia una primera aproximación estadística a los repartos, caracterizando indicadores demográficos como sexo y edad y cantidad de repartidos por jurisdicción en un contexto provincial.

25En conclusión, los recorridos de nuestro trabajo nos han llevado a reconocer como políticas de Estado, las medidas destinadas hacia los pueblos originarios. Asociado a ello, hemos reconocido las relaciones de poder existentes en la construcción de conocimiento legitimado, producción de verdad, memoria y representación. Consideramos, entonces, no solo que categorías como etnocidio4 –entendida como intención de eliminación cultural o culturicidio– o guerra –en usos como guerra de la civilización contra la barbarie5, o más recientemente como guerra social6– no permiten por sí mismos describir históricamente los eventos narrados, sino que por el contrario pueden constituirse en parte de un nuevo modelo para invisibilizar tanto las prácticas de exterminio físico como otras claves de lectura, en particular la de los pueblos originarios.

26Indudablemente, la aplicación del término genocidio y la identificación de sus perpetradores como genocidas continuarán generando molestia o polémica en diferentes sectores de nuestra sociedad. En cierta medida, esta incomodidad da cuenta del potencial performativo que han tenido las imágenes hegemónicas que hicieron visible un determinado orden social, de acuerdo con una compleja articulación de intereses económicos y políticos. El concepto de genocidio ha demostrado en el último medio siglo tener un reducido y relativo alcance jurídico y una importante dimensión ética. Esperamos que las actuales direcciones de las investigaciones en curso puedan participar de su evaluación en tanto categoría analítica. Por otra parte, la categoría de genocidio implica necesariamente una pregunta en torno a las formas de reparación. Esta es una pregunta que todavía desafía nuestra imaginación como sociedad y que, dado el efecto devastador del genocidio, implica múltiples respuestas todavía no elaboradas. Dimensionar sus posibilidades implica también pensar los cambios históricos en la relación Estado-pueblos originarios y de ninguna manera supone cristalizar esta en esencialismos ni demonizaciones.

Figura 1. Sitios de detección y e itinerarios de desplazamientos