1Colombia no vive una situación de transición política en el sentido clásico. Efectivamente, el país no ha conocido ni una transición democrática ni una transición de la guerra a la paz. Sin embargo, trataremos de mostrar que el ejemplo de Colombia merece ser contemplado a través del concepto de «transición parcial», y eso por varios motivos: el análisis de la situación colombiana muestra que el régimen democrático no es un espacio sociopolítico pacificado, sino que puede convivir con altos niveles de violencia y con violaciones masivas de los derechos fundamentales. Desde la desmovilización de más de 30.000 miembros de los grupos paramilitares y los efectos, cada vez más evidentes, en el transcurso del año 2008, del fortalecimiento de las fuerzas militares sobre la guerrilla de las FARC, el país conoce un proceso de «transición parcial» de la guerra a la paz. Definiremos lo que entendemos por «transición parcial» en medio de un conflicto. Nos preguntaremos también cuáles han sido los efectos de este proceso sobre la violencia y las violaciones de los derechos humanos.

2A pesar de la persistencia del conflicto, los colombianos han empezado a juzgar a los responsables del paramilitarismo y están movilizando desde ahora todos los mecanismos de la «justicia transicional», dando lugar a un modelo de comisión «híbrido»: la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). Durante este proceso han colocado a los derechos humanos en el centro de las discusiones políticas. Estudiaremos los principales retos planteados por esta situación.

3Finalmente, nos preguntaremos cuáles son los posibles escenarios de evolución de la situación en Colombia. ¿Bajo qué condiciones puede el país pasar de una transición parcial a una salida de la violencia? ¿Corre Colombia el riesgo de ver el conflicto profundizarse y la guerra reconfigurarse?

LA RELACIÓN ENTRE DEMOCRACIA, VIOLENCIA Y VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN COLOMBIA

4Es necesario recurrir a una mirada histórica para entender cómo el Estado colombiano se construyó en relación con la violencia. El Estado, que no pudo consolidarse durante el siglo XIX, caracterizado por una sucesión de guerras civiles nacionales y locales, no se afirmó tampoco en los años 30, como fue el caso para la mayoría de los países vecinos a través de las experiencias populistas. Para Daniel Pécaut, la precariedad del Estado reside en su incapacidad de consolidar su influencia sobre la sociedad. Además, en el plano político, son los dos partidos tradicionales (el partido liberal y el partido conservador) los que definieron las formas de identificación colectiva que dieron nacimiento a dos subculturas que instauraron una división simbólica sin relación con las divisiones sociales y que dibujaron unas fronteras políticas que permanecieron, en gran parte, hasta hoy. El historiador Fernán González se refiere a un «estilo particular de construcción del Estado», y describe su funcionamiento de la manera siguiente:

Se caracteriza por la coexistencia entre unas instituciones formalmente democráticas y una burocracia central, más o menos consolidada, propia de un Estado moderno y una estructura informal de poder a medio camino entre la política moderna y la política tradicional, representada por el sistema de los dos partidos1.

5Esos elementos llevan a la complementariedad entre el orden y la violencia; la precariedad del Estado deja permanentemente aflorar una violencia multifacética. Según Daniel Pécaut:

La falta de una simbólica de la unidad nacional, la ausencia de mecanismos permanentes de regulación social, el fraccionamiento espacial de los poderes son unos factores que dejan la vía libre a un carácter conflictual que circula a través de todo el tejido social2.

6El episodio conocido como el de «La Violencia» es una muestra de ello. En cuanto al régimen del «Frente Nacional» (pacto entre las élites para repartir el poder entre los dos partidos), no hizo sino someter aún más al Estado a la lógica de los dos partidos. Durante todo este período, una violencia abierta o latente atraviesa la sociedad y no irá sino intensificándose a inicios de los años 70. El historiador David Bushnell escribe: «La “Violencia” como conflicto partidista se había acabado pero nuevas formas de violencia iban progresivamente a sucederle3». El «Frente Nacional» no logró apagar la lucha armada en el campo.

7Así, es en las periferias campesinas que la lucha armada va a volver a aparecer. Después del ataque del Ejército a Marquetalia4 (1964), los grupos de autodefensa constituidos por comunidades campesinas que se habían negado a dejar las armas después de la violencia, se constituyen en un ejército revolucionario: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El «Frente Nacional» tampoco logra impedir la creación de nuevos grupos como el Ejército de Liberación Nacional en 1965, guerrilla de tendencia castrista; el Ejército Popular de Liberación Nacional (EPL), grupo que simpatiza con la tendencia china después de la escisión dentro del Partido Comunista colombiano; el Movimiento del 19 de abril (M-19) en enero de 1974; la Autodefensa Obrera (ADO) en 1976 y el Movimiento Armado Quintín Lame en diciembre de 19845.

8A partir del inicio de los años 80, el desarrollo de la economía de la droga va a jugar un papel determinante en la transformación de las violencias. Va a contribuir sobre todo a reforzar a las FARC y dar nacimiento a unos nuevos protagonistas: los paramilitares (se trata de grupos que no son ni autodefensivos ni estatales, sino la extensión de grupos armados privados detentados por las industrias ilegales). Además, el narcotráfico da nacimiento a nuevas formas de violencia que afectan profundamente a las estructuras sociales y al sistema político. El aumento de la violencia urbana a finales de los años 80 se traduce en la emergencia de múltiples organizaciones armadas: milicias que actúan para las guerrillas o los paramilitares, sicarios, grupos criminales, etc. A medida que las violencias se van transformando bajo el impulso del narcotráfico, las numerosas interferencias entre los protagonistas de la violencia confieren a las violencias un carácter multidimensional. La resonancia entre violencia organizada y desorganizada lleva a lo que Daniel Pécaut llama la «violencia generalizada». La violencia adquiere su propia dinámica. Así, el drama de Colombia hasta finales de los años 90 es el de un Estado que nunca logró el monopolio de la fuerza.

9El ejemplo de Colombia muestra también que la democracia puede ir acompañada de altos niveles de violación de los derechos humanos. Colombia siempre ha tenido unas instituciones democráticas (la única excepción es entre 1950 y 1953 durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla). A pesar de la expansión de la violencia sobre todo el territorio, los esfuerzos de apertura del espacio político y de búsqueda de una solución negociada al conflicto jamás han sido abandonados. La nueva Constitución de 1991 pretende renovar profundamente las instituciones, reconocer el pluralismo cultural y religioso y afirmar nuevos derechos. A partir de finales de los años 80, el Estado implementa una serie de políticas públicas en materia de derechos humanos. Por otra parte, los procesos de paz se han sucedido desde hace más de veinte años (por lo menos hasta el 2002, año de ruptura del proceso con las FARC)6.

10A diferencia de la mayoría de los países de América Latina, la problemática de los derechos humanos no emerge en Colombia en un contexto autoritario ni de transición de la guerra a la paz, sino en pleno conflicto. De manera general, mientras que las víctimas son, al principio, categorías relativamente seleccionadas de la población, a medida que la guerra se va degradando, la violencia va afectando al conjunto de la sociedad7. El deterioro del conflicto tuvo como consecuencia un aumento sensible de las infracciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario8. Todos los actores del conflicto han ido violando los derechos fundamentales, incluyendo obviamente el Estado. Los derechos humanos han sido convertidos en instrumentos estratégicos dentro del conflicto y, al mismo tiempo, han sido colocados en el centro de los debates políticos.

11De lo descrito hasta aquí surge una interrogación: si democracia, conflicto y violaciones de derechos humanos han ido, hasta ahora, de la mano ¿que pasará con la violencia y con los derechos humanos si el conflicto entra en una fase de resolución? ¿Cuales serán los efectos de un cambio en la dinámica del conflicto?

UN PROCESO DE «TRANSICIÓN PARCIAL»

12En nuestra opinión, desde finales del año 2006, el país vive un proceso de transición parcial. ¿Qué entendemos por este concepto? En el caso de Colombia, se trata, como lo ha mostrado el sociólogo Eduardo Pizarro9, de un punto de quiebra, de inflexión en la dinámica del conflicto cuyo resultado más evidente es una modificación de las relaciones de fuerza a favor de las fuerzas militares. Mostraremos cuáles son sus principales manifestaciones y daremos diferentes elementos de explicación de esta evolución.

13El primer factor central de cambio reside en la desmovilización de los grupos paramilitares entre finales del 2005 y finales del 2006. El proceso de negociaciones entre el gobierno de Álvaro Uribe y los grupos paramilitares no tiene antecedentes en la historia colombiana. Efectivamente, aún si se inserta en un modelo de negociaciones adoptado desde hace más de veinte años y que puede ser calificado de parcial (el Estado negocia con cada grupo armado a parte mientras que el conflicto perdura), se trata de la primera iniciativa de diálogo con un actor armado ilegal de extrema derecha. Además, mientras que las negociaciones exitosas llevadas a cabo con cinco grupos guerrilleros (el M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el EPL, el Movimiento Armado Quintín Lame y la Corriente de Renovación Socialista) entre 1989 y 1994 permitieron la reincorporación a la vida civil de alrededor de 4.000 combatientes, el número de los paramilitares colombianos se elevó a más de 30.000. Otra particularidad de este proceso ha sido su carácter espectacular, rápido y pragmático. El acuerdo que da inicio a las negociaciones oficiales se firma el 15 de julio del 2003 en Santa Fe de Ralito10. En enero del 2003, el gobierno emite el decreto 128 concediendo unos beneficios jurídicos y económicos a los combatientes desmovilizados, que sólo podían ser otorgados a los combatientes cuyos crímenes eran susceptibles de ser amnistiados, y no a los que habían cometido crímenes contra la humanidad (ley 782, artículo 50). El proceso de desmovilización se termina a principios del año 2006 y lleva al desarme de más de 31.000 paramilitares. Después de un año de intensos debates, el gobierno logra la adopción, en julio del 2005, de una Ley de Justicia y Paz que fija el marco jurídico del proceso de desmovilización e instaura una Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

14El segundo elemento de cambio se refiere a la principal guerrilla, las FARC, cuyo decrecimiento y debilitamiento es innegable. La primera manifestación de esta evolución es el repliegue estratégico de la insurgencia. Desde el año 1998, las FARC han tenido que renunciar a sus operaciones masivas y volver a una táctica de guerrilla. Empezaron a inicios del 2000 a perder territorios estratégicos en el Urabá y en el Magdalena. Es cierto que este resultado se debe más a la acción de los grupos paramilitares que al Ejército. Como lo afirma Daniel Pécaut:

Lo que es cierto es que las fuerzas militares no podrían reivindicar haber sido las únicas, ni siquiera las principales responsables del repliegue territorial de las FARC. Son las organizaciones paramilitares las que jugaron el papel central, a menudo con el apoyo o, por lo menos, la tolerancia de las fuerzas militares11.

15El repliegue territorial no es sinónimo de una disminución de la capacidad militar. Hasta el 2006, uno puede pensar que el repliegue forma parte de una estrategia de la guerrilla que espera que las fuerzas militares se agoten y que el prestigio del presidente Uribe disminuya. Sin embargo, a partir del año 2007, las fuerzas militares logran debilitarlas de manera duradera. Son múltiples los signos de este debilitamiento. Primero, las pérdidas que registran, pero sobre todo las deserciones se traducen en una reducción muy importante de sus efectivos, de 17.000 en 2000 a menos de 10.000 en el 2007. Su actividad militar decrece (el número de acciones baja) y la guerrilla por primera vez pierde comandantes importantes, como Milton Sierra que dirigía un frente en el Valle del Cauca; el «Negro Acacio», jefe del frente 16 y personaje central para el tráfico de droga en el Guaviare y Vaupés, en octubre del 2007; Martín Caballero, jefe del frente 37 en el Sur de Bolívar12. Finalmente, a principios del 2008, el Ejército logró por primera vez en su historia tocar al secretariado de las FARC a través de un operativo militar en territorio ecuatoriano que llevó a la muerte del número dos de esa guerrilla, Raúl Reyes, y provocó un incidente diplomático sin precedentes entre Colombia, Venezuela y Ecuador. Unos días después, un hombre de su guardia personal, alias «Rojas», mató a Iván Ríos, otro miembro del Estado Mayor, le cortó la mano y la entregó como prueba para una recompensa. El 18 de mayo se entregó una importante jefa del frente 47 en el oriente de Antioquia, Karina. Además, la muerte del máximo jefe de la guerrilla, Manuel Marulanda Vélez a finales de marzo, anunciada por el gobierno el 24 de mayo, representó un fuerte golpe moral ya que privó a las FARC de una figura legendaria y de una autoridad que durante más de cuarenta años había logrado mantener la cohesión de la guerrilla: «era una persona que permitía construir consensos y equilibrios entre las opiniones más militaristas y más políticas dentro de las FARC»13.

16A esta serie de golpes toca añadir la disminución de las entradas financieras de la insurgencia. Los recursos de las FARC provienen principalmente de tres fuentes: los secuestros, las extorsiones y la participación en la economía de la droga. Hasta principios de los años 90, extorsión y secuestros cuentan tanto como los aportes de la droga. Entre 2003 y 2007, la disminución de los secuestros y las dificultades de la extorsión hacen que la droga llegue a representar más del 60% de las finanzas. Según Daniel Pécaut, en el 2007, los recursos de la guerrilla representan 40% de lo que disponían antes de esa fecha14.

17El debilitamiento de la guerrilla no puede por lo tanto ser únicamente atribuido al presidente Uribe. Las fuerzas militares empezaron un proceso de modernización a partir de 1998 bajo la presidencia de Andrés Pastrana, que se tradujo en la adopción del Plan Colombia en 200015. Bajo su presidencia, el presupuesto militar fue multiplicado por dos y los efectivos aumentaron. Obviamente, el esfuerzo militar fue acentuado bajo la presidencia de Álvaro Uribe quien, en el marco de su programa de seguridad democrática, dio la prioridad a la lucha contra la guerrilla. Presupuesto militar y efectivos siguen en constante aumento (en 2002 son de 295.000, en 2007 de 375.000). La cobertura del territorio por el Ejército mejora, la coordinación de las operaciones y la inteligencia también. El cambio también se debe a la reelección del presidente Uribe en 2006, después de una revisión de la Constitución que le permitió prolongar su política e inscribir su acción en el largo plazo, al contrario que todos los gobiernos anteriores en Colombia. El operativo militar «Jaque» que llevó el 3 de julio del 2008 a la liberación por el Ejército colombiano de 15 secuestrados, entre ellos, Ingrid Betancourt, es una clara muestra de los graves problemas de comunicación de la guerrilla y del trabajo de inteligencia cada vez más perfeccionado del Ejército. Representó una clara victoria del presidente Uribe sobre las FARC. No se puede por lo tanto afirmar que el conflicto colombiano llega a su fin. Seguramente, va a entrar en fase de resolución. Lo más probable es que las FARC retomen una estrategia más política. De hecho, desde inicios del 2007, han dado varias señales de regreso a la política a través de su insistencia en el tema del intercambio humanitario y de sus esfuerzos para lograr a través de la solidaridad bolivariana y de la mediación del presidente Chávez una internacionalización del conflicto. La pregunta ahora es: ¿perdiendo a Ingrid Betancourt que era su principal instrumento de presión, las FARC van a tener que hacer concesiones y renunciar a sus exigencias en cuanto a la desmilitarización de dos municipios para empezar a negociar? El proceso de negociaciones puede ser largo, incluirá muchos temas delicados, y el primero de ellos será el de los beneficios jurídicos. Lo que parece cierto es que el final del conflicto no significará el final de la violencia, como lo muestran las evoluciones recientes.

18Después de presentar las principales manifestaciones de cambio en la dinámica del conflicto, cabe preguntarse por las consecuencias de esas evoluciones sobre la violencia y las violaciones de los derechos humanos. En términos generales, los efectos de la política de seguridad democrática se han traducido en una mejora de las condiciones generales de seguridad de la población colombiana. Este resultado constituyó de hecho el argumento central para la reelección del presidente Uribe. El Estado está ahora presente en todos los municipios colombianos, las carreteras son más seguras, sobre todo los grandes ejes. Los alrededores de las grandes ciudades han vuelto a ser controlados por el Ejército. Estos hechos que mejoran su vida cotidiana convencen a la mayoría de los colombianos del éxito de la política de seguridad democrática. La mayoría de los indicadores de violencia están bajando. El número de homicidios, que se había mantenido durante los años noventa en una tasa de 80 por cada 100.000 habitantes bajo alrededor de 17 por cada 100.000 en 2006. En cuanto a las infracciones a los derechos humanos, la desmovilización de los paramilitares contribuyó a corto plazo a la disminución de las masacres (el número de víctimas de masacres que superaba las 500 personas por año hasta el 2002 era de 193 en 2006) y de las desapariciones forzadas. El número de asesinatos selectivos (alcaldes, maestros, sindicalistas, periodistas, consejeros municipales, indígenas…) también está bajando. Gracias a la mayor presencia y al fortalecimiento del Ejército, el número de secuestros bajó de manera contundente. Después de haber alcanzado niveles de 3.000 por año a finales de los 90, el número de secuestros en 2006 era de 687. Las acciones de extorsión también han bajado, así como los ataques a poblaciones, torres de comunicación y de energía, los ataques a la infraestructura petrolera, a los puentes, los actos de terrorismo, etc. En cuanto al desplazamiento forzado de personas, aunque haya desacuerdo sobre la cifras, también hay una tendencia general a la disminución del fenómeno desde el 2006 como resultado de la desmilitarización de los paramilitares y de la reducción de la intensidad del conflicto. Sin embargo, el fenómeno ha aumentado en algunos departamentos, especialmente en el Sur del país (Nariño).

19De hecho, estas tendencias positivas a nivel de derechos humanos han sido corroboradas por el último informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Colombia. Destaca una disminución del número de masacres y homicidios, secuestros, ataques de la guerrilla, retenes ilegales y voladuras de torres eléctricas y oleoductos entre otros pero señala:

Aunque haya algunos signos alentadores de mejoría, la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario continúa siendo objeto de grave preocupación, particularmente en las regiones donde las dinámicas del conflicto interno se han intensificado.

20Así, podemos decir que las violaciones siguen estrechamente ligadas al conflicto. A una transición parcial corresponde finalmente una disminución parcial de las violaciones.

21Sin embargo, a medio plazo, el panorama no es tan alentador. Los efectos de la desmovilización de los paramilitares en particular son mucho más inciertos por diferentes razones. La primera es una tendencia cada vez más preocupante al rearme de los grupos paramilitares y al surgimiento de nuevos grupos. Desde inicios del 2006, los medios de comunicación, los organismos internacionales y las ONG nacionales empezaron a preocuparse por la permanencia de sectores paramilitares no desmovilizados, por el mantenimiento de la actividad criminal de combatientes supuestamente desmovilizados, por la formación de nuevos grupos paramilitares ligados al narcotráfico y a otras actividades criminales. Los «Águilas Negras», «Los Machos», «Los Rastrojos», «Nueva Generación» son ya conocidos por el público. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha llamado la atención en sus últimos informes sobre la reorganización de los desmovilizados en bandas criminales, sobre la existencia de combatientes no desmovilizados y sobre la aparición de nuevos grupos armados en zonas ocupadas anteriormente por grupos desmovilizados. Según su naturaleza y su composición, el informe establecido por la CNRR16, retomando en parte esta tipología, identificó tres tipos de grupos: los «disidentes», que pertenecían a los grupos paramilitares y que no se desmovilizaron; los «rearmados», que participaron al proceso de desmovilización pero que en realidad siguen participando en diferentes actividades criminales, y los «emergentes», grupos constituidos después de la desmovilización de los paramilitares. Según las fuentes, el número de esos grupos varía entre 4.000 y 12.000. La CNRR identifica 34 nombres de grupos presentes en 22 departamentos y en el 20% de los municipios colombianos. A nivel territorial, se encuentran ubicados en regiones de influencia de los grupos paramilitares desmovilizados y coinciden con las zonas de cultivo de droga. Se pueden distinguir cuatro zonas principales: la zona norte (Caribe) donde operaba el bloque norte de las Autodefensas; la región de Antioquia, de Córdoba, del Sur de Bolívar y del Magdalena medio; el territorio de los «Llanos orientales» (Meta, Vichada y Guaviare) y finalmente la región del Pacífico en los departamentos del Chocó, del Cauca, del Valle, de Nariño y de una parte de Putumayo. Si la caracterización de esos grupos es objeto de debates en Colombia, una cosa parece indudable, parece todavía prematuro ver en ellos la emergencia de una tercera generación paramilitar que actuaría de manera coordenada sobre todo el territorio y que tendría los mismos modus operandi que los ex-paramilitares. Esos nuevos grupos aún no disponen del poder de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sin embargo, tengan o no objetivos anti-insurreccionales, atacan a las poblaciones civiles y representan una amenaza para un proceso de paz y de reinserción. Más de 700 paramilitares han sido asesinados por miembros de esos nuevos grupos porque se negaban a integrar esas organizaciones. El último informe de la Alta Comisionada para los derechos humanos en Colombia señala:

Muchos de esos nuevos grupos se han involucrado exclusivamente en actividades ilícitas que implican intrínsecamente un control de territorio y población, como el narcotráfico, la extorsión, tareas de seguridad, el cobro de cuotas de seguridad y otras actividades ilegales.

22Estas acciones con frecuencia dieron lugar a disputas violentas entre los grupos criminales. Sus actividades afectaron notablemente a la población a través de homicidios17, masacres, actos de limpieza social18, amenazas de muerte y reclutamiento de menores19.

23Segundo tema de preocupación, los conflictos entre narcotraficantes producen nuevos focos de violencia. El proceso de desmovilización, de desarme y de reinserción de los grupos paramilitares no ha logrado acabar con lo que alimenta el conflicto: el narcotráfico.

24Tercer punto, la situación jurídica de los paramilitares que no se han acogido a la ley de Justicia y paz todavía no está solucionada (son alrededor de 20.000).

25Por fin, las repercusiones políticas de lo que los colombianos llaman el escándalo de la parapolítica son cada vez más delicadas. Esta crisis política podría conducir a las FARC a no hacer concesiones e ir en contra de una solución negociada si no se encuentra rápidamente una salida institucional. El escándalo de la parapolítica estalló en mayo del 2006 cuando un miembro del partido de izquierda del «Polo Democrático alternativo», Clara López Obregón, pidió a la Corte Suprema de Justicia que abriera una investigación acerca de las afirmaciones hechas en marzo 2002 por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, y en las cuales se alegraba del éxito de los paramilitares en las elecciones legislativas, estimando que más del 35% de candidatos que compartían sus ideas habían sido elegidos. La investigación reveló los hechos siguientes:

• Las informaciones contenidas en el computador portátil de uno de los hombres de confianza de «Jorge 40», el número 2 del bloque norte de las Autodefensas, mostraron las alianzas políticas entre Autodefensas y hombres políticos de la costa atlántica.

• La firma de un pacto secreto entre el Estado Mayor de las Autodefensas, siete parlamentarios, cuatro diputados, dos gobernadores y cinco alcaldes de la coalición de apoyo al presidente. El pacto se firmó el 23 de julio del 2001 en Santafé de Ralito para «re-fundar la patria». Al mismo tiempo, gobierno y paramilitares estaban comprometidos en un proceso de negociaciones de paz y los paramilitares iban a firmar un cese al fuego20.

• El ex-director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera Cotes, es acusado y arrestado por haber utilizado este organismo al servicio de los paramilitares.

• El Ministro de Justicia ordena la captura del gobernador del César, Hernando Molina Araújo, acusado de tener relaciones de amistad con «Jorge 40».

26La Corte Suprema de Justicia empezó sus investigaciones en noviembre del 2006. Desde entonces, las audiencias revelan cada día nombres de nuevos responsables ligados a los paramilitares. Más de setenta parlamentarios son actualmente investigados y treinta son detenidos. Estas revelaciones están produciendo una verdadera crisis política en Colombia. Han mermado la credibilidad del presidente y de la coalición en el poder. En abril del 2008, el primo del presidente y ex-senador Mario Uribe ha sido arrestado por la Corte Suprema después de haber intentado exiliarse en Costa Rica. El presidente del principal partido de la coalición del presidente es investigado y también la presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez. El ejecutivo está intentando hacer aprobar una reforma política para sancionar a los diputados y a los partidos relacionados con la parapolítica y preservar la estabilidad institucional. Aún si el presidente Uribe se sigue beneficiando de una tasa de popularidad superior al 82% (reflejo del hecho de que los colombianos son más sensibles a los puntos marcados contra las FARC que a la buena salud de la economía), la posibilidad de una segunda reelección está comprometida. Acerca de esta crisis, Daniel Pécaut afirma que es reveladora de una degradación de las instituciones y de amplios sectores de la sociedad: «Más que nunca, la economía de la droga y sus efectos se encuentran en el centro de la problemática colombiana»21. Como consecuencia, aún si el conflicto encuentra una solución política negociada, esa no acabará con todos los fenómenos de violencia.

RETO DE LA UTILIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE JUSTICIA TRANSICIONAL EN UNA SITUACIÓN DE TRANSICIÓN PARCIAL

27A pesar de la persistencia del conflicto, en un contexto de «transición parcial», los colombianos han empezado a juzgar a los responsables del paramilitarismo y a movilizar todos los mecanismos de la «justicia transicional»22.

28Después de más de un año de debates, el gobierno logró hacer adoptar, en julio 2005, la ley nº 975 llamada de «justicia y paz», que regula el procesamiento judicial de miembros desmovilizados de grupos armados ilegales para quienes se establecen beneficios judiciales con base en su contribución a la justicia y a la reparación. De los 31.671 paramilitares desmovilizados, en 2007 había 3.127 en la lista de postulados a la Ley nº 975 de 2005. El 19 de diciembre de 2007, la Fiscalía había iniciado la recepción de 1.057 versiones libres, de las cuales 941 fueron terminadas porque los postulados no ratificaron su voluntad de acogerse al proceso de la Ley nº 975 de 2005. Un total de 542 postulados se encuentran detenidos. La Fiscalía había registrado 121.547 víctimas. Desde el mes de diciembre del 2007, los principales jefes paramilitares han empezado a responder ante la justicia a través de audiencias desarrolladas en las principales ciudades colombianas. A pesar de sus numerosos límites, este proceso está permitiendo revelar una parte de la terrible historia del paramilitarismo en Colombia, de hacer algo de justicia y de iniciar un proceso de purga política y de reparación a las víctimas. Con razón, la revista Semana calificó el año 2007 de «año de la verdad», y las víctimas son para la revista Cambio los personajes del año23. Aún si muchas atrocidades cometidas por los paramilitares habían sido ampliamente documentadas por las ONG internacionales y nacionales de derechos humanos, las audiencias las dieron a conocer al ciudadano común. Para obtener las rebajas de pena, otorgadas por la ley de justicia y paz (una pena máxima de 8 años de cárcel) y evitar la extradición a los Estados Unidos, los paramilitares desmovilizados deben supuestamente contar «toda la verdad». La información que ha salido a la luz pública a raíz de las versiones libres ha revelado la descomunal magnitud de las actividades delictivas de los paramilitares y los inenarrables detalles de crímenes que no eran conocidos por las autoridades, y mucho menos por la ciudadanía. Las declaraciones de los líderes paramilitares desmovilizados revelaron en marzo del 2008 la ubicación de 1.009 fosas clandestinas en sus respectivas zonas de control o influencia. Esto ha permitido la recuperación de los restos de 1.196 víctimas, la mayoría de las cuales no han sido identificadas (440 víctimas fueron identificadas de manera preliminar y 118 cuerpos plenamente identificados fueron entregados a sus familiares). Ciertamente, el proceso ha revelado la manera sistemática en que estos gravísimos crímenes fueron cometidos por los grupos paramilitares y el uso generalizado de la práctica de la desaparición forzada durante los últimos años en Colombia. Algunos ex-comandantes paramilitares hicieron revelaciones importantes. En enero del 2007, Salvatore Mancuso, miembro del Estado Mayor de las AUC y ex-comandante del bloque Catatumbo, entregó al juez una primera lista de sus víctimas, de 336 nombres, que iba recitando al consultar la presentación power point de su computador portátil. Fuera de los homicidios, reconoció los nombres de personas masacradas en la Gabarra en agosto de 1999 así como los de 41 personas asesinadas en la masacre del Salado (Bolívar)24. En septiembre del 2007, el paramilitar Jorge Ivan Laverde Zapata («El Iguano»), uno de los hombres de Mancuso, no sólo se contentó con reconocer los 33 crímenes por los cuales la justicia lo acusaba, sino que reveló más de 2.000. El más viejo de los jefes paramilitares en Colombia, Ramon Isaza, comandante de los grupos de autodefensa del Magdalena Medio, reconoció por ahora la desaparición de más de 800 personas, pero un solo crimen colectivo. Un artículo de la revista Semana hacía el siguiente balance para el año 2007: «Hasta ahora, los paramilitares desmovilizados han confesado casi 3.600 actos criminales que habrían causado más de 5.500 víctimas»25. En mayo de 2008, el gobierno mandó una señal fuerte al ordenar la extradición de 14 de los ex-jefes paramilitares por falta de cooperación con la justicia.

29Fuera de sus propios crímenes, las revelaciones de los paramilitares contribuyeron a entender la emergencia del paramilitarismo y las estructuras sobre las cuales reposaba. Pusieron a la luz la complicidad de algunos sectores del Ejército con los paramilitares colombianos. Salvatore Mancuso admitió haber ordenado la masacre del Aro el 25 de octubre de 1996. Afirmó que la operación había sido preparada en la oficina del comandante de la cuarta brigada del Ejército basada en Medellín, el general Alfonso Monsalva, hoy muerto. Algunos días después, la fuerza aérea ayudó a los hombres que masacraron a 51 personas en Mapiripán.

30A pesar de los resultados de esas audiencias, las ONGs subrayan con razón los límites de este proceso jurídico26, límites que constituyen los principales desafíos de un proceso de «transición parcial»: lentitud del desarrollo de las audiencias27, falta de jueces y de recursos, casi ausencia de restitución de bienes y de tierras a las víctimas por los paramilitares, bajo número de personas desaparecidas identificadas, dificultad de acceso de las víctimas a las audiencias y amenazas que pesan sobre ellas. Algunas víctimas y defensores de derechos humanos han señalado que, frecuentemente, la información revelada por los paramilitares desmovilizados no ha sido completa ni veraz. Es evidente también que las declaraciones de la mayoría de estos paramilitares muchas veces justifican, o incluso hacen abierta apología de los actos de sus organizaciones, derivando en riesgos reales para la vida e integridad de las víctimas que participan en los procesos. De hecho, este último elemento es quizás el desafío más grande para hacer justicia en una situación de transición parcial. A finales de enero del 2007, fue asesinada Yolanda Izquierdo, líder de la Organización Popular de Vivienda en el departamento de Córdoba, y representante de centenares de víctimas de ese departamento en las audiencias de confesión del jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Desde que mataron a Yolanda Izquierdo, los campesinos que luchaban a su lado para recuperar sus tierras se asustaron y dejaron de reclamar. Una noche de junio del 2007, un grupo de ocho personas llamó la atención de los viajeros en el aeropuerto Eldorado. En sus rostros campesinos había lágrimas, se notaba la angustia y se abrazaban como si no se iban a volver a ver. Eran testigos contra un ex-paramilitar conocido como «Macgiver», estaban amenazados, y les tocó irse de Colombia28. Una de las organizadoras de la marcha nacional de las víctimas de los paramilitares y del Estado que tuvo lugar en Bogotá el 6 de marzo del 2008 tuvo también que salir de Colombia, amenazada por las «Águilas Negras». Reclamar por los hijos muertos, los esposos desaparecidos o las tierras arrebatadas se ha convertido en una condena de muerte para las víctimas de los paramilitares. Desde el inicio del proceso, más de 17 representantes de las víctimas han sido asesinadas. La Policía Nacional reportó 160 casos de amenazas de muerte contra víctimas que reclamaban sus derechos y la CNRR registró trece asesinatos de personas que lideraban la demanda de derechos de restitución de tierras y bienes. Los ex-paramilitares intentan acallar a las víctimas, dictando desde la cárcel órdenes de asesinatos. Otros han sido cometidos por grupos rearmados o por nuevos grupos. Subsisten también dificultades para la participación de las víctimas en los procesos judiciales por la falta de claridad sobre la manera de aplicar los procedimientos y las limitaciones de acceso a asesoría jurídica y representación judicial adecuadas. El Gobierno ha reconocido la necesidad de diseñar mecanismos de reparación administrativa que permitan subsanar las limitaciones de los mecanismos judiciales existentes. El marco correspondiente fue finalmente adoptado en mayo del 2008.

31Aparte del proceso jurídico, la ley de justicia y paz instaura a través de sus artículos 50,51 y 52 una Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Su marco normativo es el de la justicia transicional, ya que sus principales objetivos son «la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición»29. La CNRR propone construir un modelo de reconciliación adaptado al contexto colombiano que se inspira de las experiencias internacionales de justicia transicional y de protección de los derechos humanos. Se trata, en nuestra opinión de una comisión sui generis adaptada a una situación de transición parcial. Esta iniciativa no tiene antecedentes en Colombia e incluso a nivel internacional. De hecho, el país conoció varios procesos de desmovilización para los cuales la regla había sido la amnistía y la ausencia de reparación a las víctimas. La CNRR prevé indemnizaciones financieras para las víctimas. Además, mientras que la mayoría de las experiencias de comisiones de la verdad en América Latina se crearon durante las transiciones democráticas30 o después de las guerras civiles31, esta instancia emerge en Colombia durante el conflicto. El presidente de la CNRR, Eduardo Pizarro, declaraba en la ceremonia de instalación de la comisión: «Colombia aceptó un desafío sin precedentes a nivel mundial: el de aplicar justicia en medio de un conflicto que aún no ha terminado»32. No entra dentro del propósito de este artículo analizar de manera muy detallada el perfil y las acciones de la CNRR; solamente queremos subrayar que otras de sus características la distinguen también de sus homólogas de América Latina: su composición netamente gubernamental, su mandato particularmente largo (8 años), su definición algo restrictiva de la víctima, el hecho que el tema de la memoria histórica represente sólo una área dentro de la CNRR y no ocupe un lugar central en su mandato. Finalmente, los objetivos de la CNRR son concebidos bajo el «modelo del acordeón»33 para poder trabajar en función de la evolución del conflicto armado interno. Está pensada como un instrumento susceptible de contribuir a una transición de la guerra a la paz.

32Después de tres años de trabajo de la CNRR, es todavía prematuro establecer un balance. Lo que se puede resaltar es que la Comisión ha tenido que adoptar un perfil discreto, evitando al máximo pronunciarse frente a los hechos del conflicto. Los miembros de las oficinas regionales y de la sede central en Bogotá han tenido que enfrentar amenazas en varias ocasiones. Lo cierto es que la Comisión ha ayudado a dar una nueva visibilidad a las víctimas del paramilitarismo en Colombia. Mientras ésas llevaban sus investigaciones a escondidas, tomando riesgos muy altos, empezaron a reivindicar sus derechos y a hablar. En junio del 2008, más de 120.000 víctimas estaban inscritas en los registros del Ministerio Público para poder participar en las audiencias con los paramilitares. Miles de relatos de sufrimiento que se habían vuelto tristemente parte de la realidad cotidiana de los colombianos están empezando a hacerse oír. Las víctimas colombianas tienen, como lo señala la periodista Maria Teresa Ronderos, una enorme necesidad de ser escuchadas:

Cada una de las familias de las 8.449 personas asesinadas en masacres desde 1993 y las 22.700 personas secuestradas desde 1996 tienen una tragedia para contar. Las madres, los hijos de los 844 indígenas, de los 433 maestros, de los 419 sindicalistas, de los 243 consejeros municipales, de los 28 periodistas, de los 74 alcaldes asesinados desde el año 2000 quieren ser escuchados y exigen conocer la verdad. Cada una de las 1.432 personas heridas por minas anti-personales desde 1993 y los 401 civiles matados por esas minas desean una reparación civil y moral. Los que siguen buscando a las 7.600 personas desaparecidas desde 1993 […] quieren que se les diga dónde están. Cada uno de los 2.320.000 desplazados […] aspira a una vida más digna.

33Otro elemento importante es que las víctimas se han organizado o se están organizando. Asistimos desde unos años a la emergencia de nuevas asociaciones de víctimas como el Movimiento nacional de víctimas de crímenes del Estado, las Madres de la Candelaria, los movimientos de desplazados, las asociaciones que agrupan familias de personas secuestradas…

34Después de vivir durante muchos años en un contexto de violencia crónica, Colombia está experimentando importantes cambios que nos llevan a hablar de una «transición parcial». Es una inflexión en la dinámica del conflicto cuyo resultado más evidente es una modificación de las relaciones de fuerza en favor de las fuerzas militares. Uno de los protagonistas más importantes del conflicto, — los paramilitares —, se desmovilizó, mientras que el otro, — las FARC —, seguramente va a dedicar los años futuros a negociar su desarme y su reinserción. Obviamente, tal proceso es complejo e implica, como hemos mostrado, varios retos, sobre todo a largo plazo. El desafío más grande consiste en lograr desvincular las instituciones y largos sectores de la sociedad política de la violencia y en particular del narcotráfico.

35Desde ahora, los colombianos empezaron a hacer justicia frente al paramilitarismo y a buscar establecer la verdad y reparaciones para las víctimas. Se trata por el momento de una justicia parcial y también de una verdad parcial. Efectivamente, ¿qué decir de la verdad cuando las FARC aún no han entregado las armas? ¿Cómo responder frente a las víctimas de la guerrilla? En caso de una desmovilización de las FARC, la idea es que la ley de Justicia y paz sirva de pauta para esa guerrilla también. Sin embargo, por ahora, todo indica que la insurgencia se niega a aceptar las mismas condiciones jurídicas que los ex-paramilitares. Si el gobierno logra sobrepasar la grave crisis política, seguir ganando la batalla en el terreno militar, las cosas podrían cambiar… Habría llegado para Colombia el momento de la transición.