1A principio de abril de 1818, el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Manuel de Pueyrredón, escribía al general San Martín, ya de regreso a Chile, haciéndole saber que sin los auxilios financieros chilenos no podría crear la escuadra naval, cuya formación ambos habían acordado unos meses antes.

Yo contaba con 100.000 pesos que el gobierno de Chile me ofreció y en tal concepto tenía ya comprados dos bergantines fuertes, pero por este correo me dice Guido que no hay como mandarlos y quedarán paralizadas todas mis medidas. Vea usted por Dios de empeñar á esos amigos para que hagan un esfuerzo porque aquí no hay arbitrios. Desde que se tuvo noticia de la expedición de Lima sobre ese país hizo el comercio una cruel suspensión á su giro; y la aduana no produce la mitad de lo que daba¹.

2Escrita poco después de la batalla de Maipú pero, aparentemente, antes de que la noticia hubiera llegado a Buenos Aires, la carta reflejaba los efectos de las incertidumbres creadas por la guerra. Dentro de ese contexto, ponía de manifiesto las dificultades para asegurar la transferencia de fondos y recursos allí donde se necesitaban y subrayaba el peso de los recursos fiscales de la aduana. Por otra parte, frente a las dificultades creadas por la muy temporaria disminución de dichos recursos, no hace ninguna referencia al posible recurso a los cuerpos —Consulado y Cabildo—, cuyos auxilios habían sido cruciales para afrontar los déficits algunos años atrás. Importa también notar que la carta fue escrita un año después de un decreto del mismo Pueyrredón, por el cual se intentaban convertir todas las deudas contra el Estado en títulos endosables y aceptados en la aduana en pago de deudas por la mitad de su valor. Todos estos aspectos estaban conectados por unas interdependencias que expresaban un orden fiscal emergente, cuya disposición resultaba de una doble evolución: por un lado, la transformación de los ingresos provenientes del comercio exterior en el principal recurso fiscal así como los cambios institucionales de la aduana, que desde mediados de 1812 se convirtió en tesorería autónoma y, por el otro, la evolución de los mecanismos de la deuda, que implicaban una importante innovación institucional.

3Una importante literatura, como los estudios ya clásicos de T. Halperín Donghi y S. Amaral, permite seguir las líneas generales de esta evolución. El primero ha mostrado tanto el papel de la política de la monarquía en la configuración económica y fiscal de la región, como la crisis y transformación de esos dispositivos. Destacó, como bien sabemos, la importancia fundamental del situado —las subvenciones provenientes de las cajas de Potosí—, cuyo agotamiento coincidió con la militarización provocada por las invasiones inglesas y el consecuente aumento del gasto militar. Mientras que el segundo analizó los mecanismos de financiación de los déficits anteriores a 1810 por medio de las transferencias entre ramos, que se agregaban a las contribuciones de los cuerpos. Amaral también estudió los empréstitos forzosos entre 1813 y 1821 y los títulos o pagarés que de ellos resultaban; definiendo dichos pagarés —aceptados en la aduana en pago de deudas fiscales— como formas sustitutivas de la moneda metálica. Estas y otras contribuciones de Amaral incluyen importantes series cuantitativas que permiten seguir —además de la evolución de ingresos y gastos— aspectos como la importancia relativa de la deuda o la contribución de los cuerpos. Y ambos se refieren al muy pionero trabajo de Hansen sobre la creación de la moneda argentina. Más recientemente, J. Kraselsky ha estudiado, para el caso del Consulado de Comercio de Buenos Aires, el papel que las corporaciones venían desempeñando desde antes de la militarización de la ciudad, en medio del estancamiento de los ingresos fiscales. Esto nos remite a una imagen más general del orden institucional —y del consecuente funcionamiento de los dispositivos fiscales—, cuyo perfil se ha impuesto en los estudios de historia política del Antiguo Régimen desde los años 1990 y que dibuja un universo político poblado de jerarquías plurales y de cuerpos que negociaban o se disputaban con los representantes de la autoridad soberana, ella misma fragmentada entre dichas jerarquías².

4Esta literatura ha desbrozado entonces los componentes macro de la transición desde una fiscalidad de Antiguo Régimen a las «finanzas revolucionarias» para usar la expresión de Halperín Donghi. Pero poca atención ha prestado a las interdependencias entre sus distintos aspectos y a las dimensiones micro que alimentaban la dinámica del proceso. La transformación de la fiscalidad no resultó de un plan o de designios, sino de los efectos emergentes que tuvieron las respuestas a los problemas planteados por la crisis fiscal y económica del Virreinato a partir de 1803-1806 y la evolución del gasto militar, en particular a partir de 1806. Aunque obviamente autónomos entre sí, en el sentido de que cada uno respondía a su propia lógica, la contingencia histórica combinó dichos procesos haciendo que las consecuencias del primero agravaran las secuelas del segundo. En Buenos Aires, a estos desafíos respondió una red de actores donde convergían agentes «privados» y representantes del poder soberano en un contexto caracterizado por la ausencia de instrumentos de crédito adecuados a las condiciones creadas por la guerra, pero también lo hizo un público más amplio, cuyas actitudes afectaban la evolución de la deuda pública. Una de las principales respuestas fue la apertura del comercio marítimo de Buenos Aires autorizada por Cisneros, luego profundizada e instituida por la elite política que lo habría de suceder. Otra, también importante, fue la contribución de ciertos comerciantes —entre los cuales, algunos de los principales miembros de la oligarquía indiana— a la transferencia de fondos a los teatros de la guerra por medio de libranzas. En cambio, los empréstitos forzosos pusieron en manos del público pagarés del Gobierno, cuyos modos de circulación entre particulares constituyen un elemento central de la dinámica de cambio institucional.

5El objetivo del presente texto es analizar la circulación de los pagarés emitidos por el Gobierno a partir de 1813, a cambio de los empréstitos forzosos, así como de las letras de cambio o libranzas mencionadas. En la literatura citada se hacen algunas menciones a estos instrumentos de crédito y de pago —Halperín dedica algunas páginas a las libranzas y Hansen menciona el uso de los pagarés entre particulares como «formas sustitutivas de la moneda», para usar la expresión de Amaral—. Pero no han sido estudiados los mecanismos concretos de circulación del papel, ni sus dimensiones sociales. La importancia de estas y aquellos resulta del dispositivo —estudiado por Amaral— instituido por los empréstitos forzosos y la aceptación de los pagarés del Gobierno para el pago de deudas de aduana, que vinculaba gastos presentes provocados por las urgencias de la guerra con ingresos futuros del comercio exterior. Mientras que la circulación del papel creaba una trama de transacciones, conectando un mosaico heterogéneo de actores que iban más allá de los directamente implicados por la actividad comercial, contribuyendo así a la irreversibilidad de las trasformaciones económicas. Por ello, se comenzará con una rápida disgresión resumiendo la interpretación que aquí se hace del itinerario recorrido desde la crisis del Virreinato hasta la deuda pública de Buenos Aires —presentando así las principales características de los empréstitos— para luego analizar las mencionadas circulaciones de papel.

De la crisis fiscal del virreinato del Río de la Plata a la deuda pública de Buenos Aires

6La contribución del situado de Potosí constituía entonces una de las líneas centrales del esquema que la historiografía ha ido sedimentado desde finales de los años setenta. El dispositivo se instauró progresivamente desde las primeras décadas del siglo xvii y su evolución seguía la de las tensiones militares en la frontera sudeste del Virreinato del Perú. Más cerca de nuestro periodo, la trasferencia de recursos fiscales no cesa de aumentar desde las acciones militares de Cevallos a principios de 1760. Una década y media después, con la posterior creación del Virreinato del Río de La Plata, la multiplicación de las estructuras administrativas y militares habría de provocar la obvia aceleración de aquellas transferencias. Varios historiadores muestran la dimensión imperial de los mecanismos de redistribución de los situados. Pero, a diferencia de la Nueva España, en el Río de la Plata estos dispositivos comenzaban a mostrar sus límites a principios del siglo xix, pues si en el siglo xvii el situado no representaba más del 10 % o 15 % de los ingresos de las cajas de Potosí, esta proporción rozó el 75 % a finales del siglo xviii. Para completar esta rápida digresión, es importante matizar —e incluso descartar— las explicaciones de este agotamiento generalmente avanzadas por los historiadores: la evolución del conflicto bélico en el Alto-Perú y la pérdida del control político sobre el territorio del Alto Perú por parte de Buenos Aires. El efecto que estos fenómenos tuvieron sobre el flujo de metales preciosos hacia Río de la Plata sigue estando mal estudiado. Pero cualquiera que haya sido ese efecto, sabemos dos cosas: la disminución del situado fue anterior y su desaparición en 1811 no estuvo acompañada por una brusca interrupción de la llegada de metales preciosos originada en las transacciones comerciales. Aunque el tema excede los límites de este trabajo, las explicaciones debemos buscarlas del lado de las conclusiones del estudio de Tándeter sobre las consecuencias de las malas condiciones climáticas entre los años 1800 y 1805, aunque él mismo no las haya conectado con la evolución del situado. Estas provocaron la crisis de subsistencia de principios del siglo xix, la cual se extendió desde las planicies del sur hasta el altiplano alto-peruano, afectando a la producción de excedentes fiscales en esta última región. Así, los mencionados costos de la militarización a partir de 1806 intervinieron como un shock externo que transformaron el estancamiento en profunda crisis fiscal. Y, respecto al gasto, Halperín muestra cuáles fueron las circunstancias políticas que mantuvieron el costo de la movilización militar a niveles insoportables³.

7Entre 1792 y 1801 los ingresos de los ramos de Real Hacienda que cubrían los gastos corrientes, civiles y militares, sumaron entre 16,7 y 18 millones de pesos, de los cuales 13,6 millones provenían del situado y poco menos de 2,3 millones de la recaudación de la aduana. O sea que el primero representaba entre el 75 % y el 81 % de los ingresos. Mientras que durante la década siguiente ingresaron por esos mismos ramos entre 13,8 y 17 millones de pesos. Durante el mismo periodo de 1802 a 1811, año de la última remesa enviada desde Potosí, el monto del situado se redujo a menos de la mitad del periodo anterior; pero aun así —con un total de 6,6 millones— siguió representando entre el 38,9 % y el 47,7 % de los ingresos. Y si las recaudaciones de la aduana aumentaron a casi 4,9 millones, no lograron compensar la caída del situado. En el curso de la esta misma década, los gastos —unos 19,6 millones— superaron a los ingresos, siendo los peores años 1803, 1807 y 1808 —tras las invasiones inglesas— y 1811. En 1803 se suspendieron las remesas a España y en los primeros años del siglo xix, estos déficits se financiaron por medio de transferencias internas desde los ramos cuyos ingresos no estaban afectados a los gastos corrientes. Mas a partir de 1806 comenzaría a aumentar la contribución de los cuerpos —Cabildo y Consulado de Comercio—, cuyos aportes de 3,15 millones entre ese año y 1811 lograron equilibrar las cuentas. A partir de 1810 y hasta 1813, también se agregaron las contribuciones forzosas que no generaban deudas⁴.

8Frente a ese contexto, las respuestas de los actores a las urgencias creadas por las contingencias de la guerra y la política, fueron estructurando un importante encadenamiento de innovaciones institucionales. Como se acaba de indicar, Cisneros —nombrado virrey por la Junta Central— trató de revertir esta crisis fiscal y restablecer las remesas a la España que resistía la invasión napoleónica, con una apertura provisoria del Río de la Plata al comercio de los aliados ingleses en noviembre de 1809, que no dejó de tener efectos positivos. Hacia 1815 y 1816, los ingresos de la aduana se habían multiplicado por siete respecto de la media de los tres mejores años del decenio 1800-1809. Varios autores destacan las dimensiones atlánticas de esta medida. Pero esta fue negociada localmente —en el contexto político abierto por la crisis de las invasiones inglesas— y apoyada por una coalición de actores y de cuerpos que expresaban los nuevos y volátiles equilibrios. Como tan bien sabemos, cinco meses más tarde, una parte de estos actores habría de organizar el golpe que sustituyó a Cisneros por una Junta. Las élites políticas que le sucedieron —y se fueron sucediendo a sí mismas— encontrarían entonces una apertura comercial que, en el nuevo contexto por ellos mismos creado, se convirtió en la base no prevista del nuevo orden fiscal, completando la medida con el desmantelamiento de los restos de dispositivos corporativos del comercio semiadministrado —una de esas medidas eliminaba la mediación del cuerpo mercantil en el comercio exterior—. Su acción sobre las instituciones fiscales consolidó el papel del sector externo en los ingresos, transformando también el papel de la aduana: reestructuración de la misma y de los diferentes centros de percepción, adopción de nuevos procedimientos, reforma de las tasas, etc.⁵.

9Esta evolución configuró el contexto en el cual, en julio de 1813, la Asamblea Constituyente reunida en Buenos Aires cambió radicalmente los mecanismos del endeudamiento público para afrontar los gastos militares al decidir levantar un préstamo forzoso por medio millón de pesos. En su sesión del 5 de julio ordenó que los «capitalistas de todas clases de la comprensión del Estado, anticipen por un año» la suma mencionada⁶. A partir de entonces, la autoridad soberana apelará principalmente al crédito del público, al cual se le imponía prestar, en lugar de a las contribuciones de los cuerpos. Desde esa fecha y hasta 1821, los gobiernos sucesivos emitieron 16 empréstitos por un total de 4 millones de pesos, de los cuales se recaudaron efectivamente unos 2,8 millones. El plazo de un año no se cumplió, pero al final de cuentas, los principales y los intereses de los préstamos fueron globalmente devueltos. Y la imposición de los empréstitos no se limitó a los «capitalistas», cualquiera fuese el significado que se le daba al término en ese contexto. El decreto citado establecía igualmente que a cada prestamista se le entregaba «un pagaré sellado con el sello del Estado, firmado del Gobierno y refrendado por el Ministro de Hacienda». Después de dos meses de su fecha, a los prestamistas se les admitían los pagarés en pago de deudas propias a favor del Estado. Y «pasados seis meses, se recibirán como dinero efectivo en cualesquiera de las Tesorerías del Estado en pago de derechos». Quedaba así fijado el dispositivo central de los empréstitos forzosos durante los ocho años: a cambio del préstamo, el Estado entregaba un título impreso y sellado al particular prestamista, quien podía utilizarlo para pagar sus deudas con el Estado —principalmente derechos adeudados en la aduana— o endosarlo a un tercero⁷.

10Si el peso de la coacción del poder soberano en la imposición de los empréstitos forzosos es obvio, la innovación institucional era también importante. Se dirigía a un público amplio, que todavía no constituía la asamblea imaginaria de ciudadanos, pero que tampoco eran los cuerpos a los que se había apelado hasta la víspera ni, menos aún, algo parecido a la red de financieros privilegiados de la Corona, localmente inexistentes, unos y otros expresión de las jerarquías de Antiguo Régimen. Los dispositivos descritos —que creaba un obvio nexo entre esos pagarés o títulos de deuda pública y los ingresos de la aduana— podrían recordar a los juros españoles, cuyos intereses —como sabemos— estaban puestos sobre la recaudación de alguna caja municipal o aduana, que pagaba su renta. Pero los pagarés emitidos por el poder soberano de Buenos Aires eran eso, pagarés, y no censos que rendían una renta, su utilización por parte de los mercaderes para pagar derechos pendientes de entrada y salida —y que fue constituyendo el principal o exclusivo recurso al cual el Estado apelaba para cancelar el papel— redimía el capital prestado y sus intereses. Se trataba entonces de algo más próximo a una deuda pública en el sentido moderno del término.

11A partir del empréstito de 1813, el titular obtenía la promesa de poder cancelarlo, sin interés si lo usaba inmediatamente para pagar deudas con el fisco, o con un premio del 3 %, 6 % o 12 % —llegando incluso al 15 %— según el tiempo que lo guardaba, la modalidad con la cual lo cancelaba, la situación del erario y las circunstancias políticas y militares. Los empréstitos o decretos ulteriores fijaban el plazo a partir del cual se podían presentar con premio. Ese plazo solía ser de un año después de haber completado las cuotas del préstamo. Pero durante los años de mayor tensión política y militar, entre 1814 y 1815-1816, llegó a fijarse en seis meses después del fin de la guerra o a no fijarse, estipulando que las modalidades de reembolso serían objeto de decretos posteriores. Después del primer empréstito de 1813, la facultad de usar los pagarés para saldar todo tipo de derechos pendientes en general solo valía para la mitad de lo adeudado y subió a los dos tercios, o más, únicamente en dos casos particulares. Finalmente, una de las disposiciones más importantes era la posibilidad o no de transferirlos por endoso a favor de terceros, transformando los títulos en medio de pago «sustitutivo» más allá de las deudas fiscales.

12En relación a estas disposiciones, los pagarés siguieron una evolución zigzagueante: la posibilidad de endosarlos y su aceptación en la aduana a cuenta de deudas, quienquiera que fuere el tenedor, titular original o tenedor endosatario, caracterizaban al papel del primer empréstito. Para el segundo empréstito del mismo año —decretado en septiembre— las condiciones se fijaron tres meses más tarde y eran más restrictivas: la admisión de los títulos en la aduana correría a partir de enero de 1815, su cancelación al contado correría a partir de un año de «terminada la guerra», etc. Pero nada indica que se haya limitado su circulación por endoso a terceros⁸. A partir de entonces, entre 1814 y 1816, los pagarés o títulos de la deuda de ese periodo fueron:

1. No endosables ni aceptados para el pago de deudas pendientes con el Estado;
2. No endosables pero aceptados en la aduana para la cancelación de deudas de su titular;
3. Endosables pero solo podían servir para pagar las deudas de los titulares originales. En ese caso, el tenedor no titular o endosatario solo podía redimirlos con premio una vez cumplido el plazo fijado;
4. Endosables y admisibles en aduana para el pago de cargas y derechos pendientes cualquiera fuese el tenedor⁹.

13Estas disposiciones, en sí mismas contradictorias, no agotaban los mecanismos de circulación de los pagarés, cuyas nuevas emisiones con nuevas reglas, se iban acumulando a los que todavía permanecían en manos del público. Esto creó un mosaico caótico de títulos provenientes de los empréstitos, que se agregaron a la deuda de otro origen. A esta situación parecía querer remediar un decreto de marzo de 1817, el cual disponía que «todos los créditos que gravitan sobre el Estado, ya por vía de empréstitos, compra de efectos y esclavos, ya por la de sueldos y pensiones devengadas, tengan un pronto y efectivo pago»¹⁰. Dichos pagos se hacían presentando títulos en la aduana:

Que todo crédito contra el Estado sea de la naturaleza que fuere se amortice en la Aduana en cuenta de derechos de entrada marítima y terrestre, la que los admitirá por los pagos que fueren á efectuar en ella, mitad en papel y la otra en dinero debiendo ser endosable todo documento por cuantas personas llegase á circular¹¹.

14Para materializar esta forma de pago, dichos créditos contra el Estado debían presentarse para obtener su correspondiente decreto de amortización. En principio, el trámite de obtención de dicho decreto de amortización homogeneizaba todo reconocimiento de deuda emitido por las autoridades competentes desde mayo de 1810. Pero quienes se acogían a él solo obtenían la posibilidad de un reembolso amortizando el papel a cuenta de derechos al comercio pendientes por la mitad del valor de estos, lo cual los obligaba a pagar en efectivo la otra mitad y numerosos titulares se abstuvieron de presentar sus pagarés. El nuevo decreto generalizaba la posibilidad de transferir los títulos a terceros —o admitía que esta circulación ya era general— «debiendo ser endosable por cuantas personas llegase a circular». La tentativa de Pueyrredón de poner orden en el estado de la deuda circulante precedió la creación al año siguiente de una caja o fondo sudamericano —destinada a recibir en depósito los títulos de deuda en manos de particulares— que no tuvo éxito. Pero a partir de los empréstitos de 1818 se establecía que los títulos se admitían en aduana, eran negociables y, pasados los plazos estipulados, redimibles en tesorería.

15Hacia mediados de 1820, la Comisión recaudadora presidida por Joaquín Belgrano —que antes se había encargado de la gestión de los empréstitos administrados por el Consulado en 1818— comenzó un balance de todos los prestamos forzosos hasta 1821, uno de cuyos resúmenes Halperín menciona sin analizarlo¹². De los empréstitos recaudados entre 1813 y julio de 1818, aún quedaban en aquel año unos 23 000 pesos, correspondientes a 139 pagarés en circulación que, en reconocimiento del préstamo obtenido, el Estado había librado a los particulares, quienes a su vez habían endosado no menos de la mitad de dichos títulos. Mientras que para los seis empréstitos contraídos entre diciembre de 1818 y 1821, a mediados de este último año aún quedaban por rescatar un poco menos de 310 000 pesos, correspondientes a unos 1 200 o 1 400 pagarés en circulación. Estos son los órdenes de magnitud sobre los cuales reposan los argumentos de las dos secciones siguientes¹³.

16El agotamiento del situado constituyó entonces el telón de fondo de la crisis fiscal del Virreinato y resultó de un proceso exterior al espacio controlado por las elites políticas de Buenos Aires. Pero constituía el contexto en el cual estas últimas iban respondiendo a los desafíos que las contingencias políticas y militares iban presentando. Las innovaciones introducidas por estas respuestas modificaron el orden económico y fiscal. La apertura comercial —realizada en el contexto bien particular creado por la invasión napoleónica— creó la oportunidad de imponer coactivamente una forma específica de endeudamiento público. Esto, a su vez, puso en manos del público una cantidad de papel, cuya circulación será examinada a continuación.

La deuda pública y la circulación de pagarés entre particulares

17En principio, la circulación de los pagarés entre particulares estaba regulada por las disposiciones que regían el endoso. A esto se combinaba el hecho que no todos los que estuvieron obligados de pagar el empréstito ejercían una actividad que generaba derechos marítimos y terrestres. Estos estaban obligados —también en principio— o a esperar el fin de la guerra o a endosar —cuando las cláusulas del empréstito lo autorizaban— y así transferir o vender el papel en condiciones evidentemente desfavorables. En relación a lo segundo, las mismas autoridades advirtieron parte del problema, en particular para aquellos que habían prestado menos de 100 pesos. En 1816, en un decreto que fija las condiciones de reembolso de un empréstito anterior, el director supremo Álvarez se reserva la posibilidad de

arbitrar luego que se vea el efecto de este [decreto], otros medios de cancelar los créditos de 100 pesos para abajo a cuyos dueños les sea imposible crear adeudos en la aduana para su extinción¹⁴.

18A ellos también parece destinada la posibilidad de cancelar los pagarés del Gobierno comprando mercancías en los almacenes de la aduana, que reiteradamente estipulan los empréstitos a partir de 1814.

19Un anexo al decreto de Pueyrredón de marzo de 1817 reconoce la existencia de transferencias de pagarés por debajo de su valor facial, al tratar de frenarlas dando la posibilidad de denunciarlas si se desea. Pero sin éxito, pues en la «Interpretación del decreto del 29 de Marzo de 1817 sobre providencias de amortización», promulgada en mayo, se mencionan depreciaciones del 40 % o 50 % de los títulos en las transacciones entre particulares que afectan sobre todo a pequeños titulares. De hecho, reconoce que el trámite de amortización agravaba la situación de quienes no generaban derechos de aduana, proponiéndoles canjear esos títulos por «billetes menores de 10, 20, 30, o más pesos para que le sea más fácil su circulación»¹⁵. Frente a estas transferencias tan por debajo del valor facial, el secretario de Hacienda reaccionó presentando una memoria del mismo año, respondiendo a «la portentosa e indebida quiebra en los endosos, ventas y transacciones privadas entre particulares, los billetes y providencias de amortizaciones»¹⁶.

20Respecto del endoso, las descripciones de la sección precedente parecen mostrar una evolución que —a partir de su autorización con el empréstito de 1813— iría, con vaivenes, en el sentido de una restricción de dicho endoso hasta las medidas de Pueyrredón en 1817. A partir de este año, la tendencia fue a una confirmación de la posibilidad de negociar los pagarés entre particulares, aunque también con vaivenes¹⁷. Sin embargo, como se ha dicho, esas disposiciones no agotaban los mecanismos de circulación de los pagarés y numerosos ejemplos muestran que la situación era basta más compleja.

21Alguno de estos ejemplos conciernen la cancelación de los títulos o pagarés del Gobierno, no directamente a cuenta de impuestos de entrada y salida adeudados por el portador o titular original del empréstito, sino por medio de letras de cambio giradas por la aduana contra alguno de sus deudores, a favor de dicho titular o del tenedor. Era el caso de un tal Pedro García Díaz, comerciante de Buenos Aires, a favor de quien se había endosado un título del empréstito de 1813 y una deuda por unas compras del ejército, ambos fechados en Mendoza. Dicho empréstito se había distribuido entre las diferentes provincias de la Unión, tocando a Buenos Aires las dos quintas partes y el resto a las demás, siendo frecuente que los comerciantes del interior endosaran a favor de sus corresponsales en Buenos Aires. En este caso, el secretario interino de Buenos Aires informaba a principios de abril de 1815 que:

Con esta fha. se pasa ôrn. al Administrador de la Aduana para que gire a favor de vm. y contra deudores à ella Letras de cambio pagaderas à la vista é importantes mil seis cientos cinquenta ps con la cual se chancelará el crédito que tiene D. Pedro Garcia [Díaz] contra el Estado por el empréstito que hizo en 15 de noviembre de 1813 en la ciudad de Mendoza de 1200 ps. D. Clemente Godoy, quien la endosó a la orden del expresado Díaz; y de 450 ps en que compró el Corl. Don Pedro Andrés Garcia una carga para servicio del Estado à D. Antonio Rodriguez, que se halla igualmente endosado a su favor [o sea de García Díaz] […] recogiendo al efecto ambos documentos para que unidos en esta orden se tome razón¹⁸.

22Tratándose de un comerciante que traficaba regularmente con Mendoza, muy probablemente ambos reconocimientos de deuda contra el Estado fueron transferidos al tal García Díaz por sus corresponsales, en compensación de otros saldos —a menos que los haya comprado—.

23El rescate de esclavos por el Estado para su movilización en las nuevas unidades creadas a partir de 1810-1811, alguno de cuyos aspectos la Asamblea Constituyente reglamenta en 1813, ofrece otros ejemplos de la posibilidad de generar títulos de deuda contra el Estado, que también podían combinarse con los pagarés de los empréstitos forzosos¹⁹. La autoridad soberana manifestaba la necesidad de esta forma de reclutamiento y hasta antes de 1816 los propietarios ofrecían algunos de sus esclavos que «desea[ban] entrar al servicio de la patria» —según la fórmula más frecuentemente utilizada en la instrucción—, recibiendo a cambio un reconocimiento de deuda contra el Estado, que solía oscilar entre 280 y 320 pesos por cada hombre así rescatado. A su vez, estos papeles eran admitidos como pago de una parte de las deudas contra el Estado u otras obligaciones contraídas por el particular concernido, entre las cuales las cuotas de los empréstitos forzosos. Mientras que la facultad de endosar estos documentos pareciera depender de los casos concretos.

24Así, a finales de abril de 1814 —cuando el Gobierno ya restringía el endoso de pagarés— una tal Josefa González vendió al Estado un esclavo «con deseos de servir a la patria en la carrera de las armas» por 290 pesos, que se pagarían por la aduana a cuenta de derechos que tuviere pendientes Alejandro Paso, su marido. Pero un mes más tarde, este escribe una súplica solicitando se le autorice el endoso, pues no tiene deudas a favor del fisco.

VE tubo la bondad de mandar […], que por la tesorería de la Aduana à cuenta de los derechos, que yo adeudare en ellas, se me abonase el precio de un esclabo que vendió al Estado mi mujer […]. Y como en el día no tengo crédito pasivo alguno en aquella oficina; ocurro a la bondad de VE para que se digne permitirme endozar aquel libramiento à favor de alguno de los Comerciantes con los que tengo acciones pendientes²⁰.

25Con estos ejemplos se ha querido mostrar casos extremos de la variedad de situaciones que comprendía la circulación del papel en general y de los pagarés en particular, así como de la complejidad de sus mecanismos. Ilustran la mencionada diversidad del mosaico de títulos, cuya confusión intentó remediar el decreto de Pueyrredón. En un legajo que contiene unos 1 800 títulos redimidos en 1820 contra cancelación de deudas de aduana, un 25 % correspondía a pagarés emitidos tras haber obtenido el mencionado decreto de amortización de 1817. Algunos ejemplos muestran la variedad de situaciones que estos papeles comprendían. Entre los seis pagarés endosados a favor de y presentados por Antonio José de Escalada —un destacado negociante de la ciudad— por un total de poco menos de 600 pesos, había uno de su criada Gregoria Escalada por 52 pesos «por importe de sus asignaciones» de un empréstito. Junto a la firma de un tercero a ruego de la interesada, aparecía la inscripción «endoso a favor de mi amo y Sr. […]», fechado en junio de 1817. Otro había recibido los 40 pesos del pagaré endosado a favor de Escalada en pago de su pensión atrasada. Esta modalidad de liquidar haberes atrasados no era poco frecuente, unos 35 casos solo en el legajo mencionado²¹.

26Al otro extremo de las pequeñas sumas del párrafo precedente, se encuentran los títulos por sumas que iban de unos mil a alrededor de dos mil pesos, emitidos en reconocimiento de cuotas de empréstitos anteriores al decreto de 1817 y todavía no redimidas. Los tenedores que canjeaban esos títulos por el pagaré del decreto eran tanto titulares originales, como beneficiarios de un endoso. Por otra parte, dichos pagarés del decreto incluían los intereses que habían corrido desde la fecha de emisión del empréstito hasta la del canje. Y cuando en 1820 se los redimió admitiéndolos contra pago de derechos de aduana, se los liquidó agregando el premio que corrió entre 1817 y 1820. También aquí, la circulación del papel de los préstamos forzosos se mezclaba con otras deudas, siguiendo mecanismos similares. Un tal Manuel Mora Botello recibió un pagaré de dos mil pesos, en reconocimiento de «suplementos hechos al Estado» antes de 1817. En 1819 lo endosó a favor de un comerciante extranjero instalado en Buenos Aires, quien a su vez recibió en 1820 un libramiento de la aduana por los 3 880 pesos que sumaban el principal más los intereses que obviamente corrieron desde la fecha de emisión²².

27Tenemos entonces una dilatada circulación del papel que concernía amplios sectores sociales y en la cual se combinaban deuda pública de distinto origen. Podemos completar esta descripción de la circulación del papel entre particulares deteniéndonos en las adquisiciones realizadas por los Santa Coloma entre 1813 y 1817. Durante estos años, en las cuentas y correspondencia de Gaspar de Santa Coloma —uno de los mayores negociantes de finales de la época virreinal, fallecido en 1815— y de sus sucesores en su casa comercial, se han encontrado anotadas la compra de 252 pagarés endosados a su favor por valor de algo menos de 24 000 pesos. O sea por un valor medio por pagaré de algo más de 95 pesos. Que se pueden comparar con el valor medio de casi 264 pesos, correspondiente a los 1 720 pagarés emitidos en 1818, a cambio de los poco más de 453 000 pesos de empréstitos efectivamente recaudados en ese año. Todo parece indicar que ese sesgo en favor de valores pequeños corresponde a una lógica en las prácticas descritas a continuación, que va más allá del caso individual²³.

28Esos papeles fueron tomados por debajo o muy por debajo de su valor de emisión, aplicando un descuento medio de aproximadamente un 32 % respecto de aquel. O sea que para tomar esos 24 000 pesos en títulos de deuda, se desembolsaron 16 320 pesos en plata o, como veremos, otros medios de pago o de crédito (fueron adquiridos entonces por un valor medio de 68 % del facial). Los 7 680 pesos de diferencia entre el valor al que los tomaba y el 100 % del valor facial que se les reconocía al cancelarlos, correspondían obviamente al mencionado 32 %. A esto se agregaba el interés del 3 % al 8 % según las modalidades de remisión por pago de derechos en la aduana.

29Otro aspecto importante de estas operaciones era que la depreciación con la cual se adquirían los pagarés, variaba tanto en un mismo momento según el valor del pagaré, como a lo largo de los años considerados. En los gráficos 1 y 2 se intentan resumir esas variaciones. Los montos de los pagarés en abscisa están redondeados en tres valores de 50, 100 y 150, mientras que la ordenada consigna el porcentaje en relación al valor facial con el cual se realizó la transferencia. En el primer grafico aparecen las adquisiciones hechas entre 1813 y 1815 (por 15 796 pesos) y en el segundo las de 1817 (por 8 306 pesos).

Gráfico 1. — Valor de traspaso de los pagarés como porcentaje de su valor nominal de emisión. Compras 1813-1815

30Así, por ejemplo, entre 1813 y 1815, los pagarés de 100 pesos endosados a su favor se adquirían a un máximo del 64 % y un mínimo del 42 % de su valor de emisión, siendo la media el 54 % de dicho valor. Mientras que para los pagarés de 50 pesos, las variaciones durante los mismos años iban, respectivamente, de 80 % a 64 % y la media se situaba en 72 %. Y, como se puede apreciar en el gráfico n^o 2, la diferencia según el valor de los pagarés se acentuó en 1817.

Gráfico 2. — Valor de traspaso de los pagarés como porcentaje de su valor nominal de emisión. Compras de 1817

31Detengámonos primero en el origen de los pagarés de 100 y 150 pesos. Durante los años 1810 Agustín Barrenechea y Antonio Bustos de Ibarra operaban entre Santa Fe y Córdoba, en muchos casos como habilitados de los Santa Coloma. Organizaban así toda suerte de tráficos que prolongaban la clásica estructura de intercambios coloniales bien conocida por los historiadores: de Santa Fe a Córdoba enviaban yerba del Paraguay y mulas de la región; y a estas se agregaban cantidades importantes de mercancías europeas llegadas desde Buenos Aires. Hacia esta remitían, desde Santa Fe, también yerba y otros productos de Paraguay y, desde Córdoba algunos pocos de los productos igualmente conocidos del comercio interregional: tejidos, cordobanes y, en pocas ocasiones, alcoholes de Cuyo. Y, por supuesto, completaban estos productos con plata o moneda metálica colectadas en Santa Fe y, sobre todo, Córdoba. Para organizar estos tráficos debían remunerar básicamente tres clases de servicios: navegación fluvial en lanchas o balsas, fletes terrestres y la conducción de recuas y carretas. Pero los Santa Coloma solían avanzar fondos al aceptar libranzas giradas contra ellos a favor de terceros, empresarios medios dedicados a esos transportes. Así, las mercancías europeas y las libranzas componían lo principal del cargo de la cuenta, compensado con la plata, las mercancías mencionadas y algunos servicios. A partir de 1814 comenzaron a aparecer también pagarés de los empréstitos. Así, a finales de 1814 Barrenechea y Bustos compensaron una parte importante de los cargos acumulados a favor de los Santa Coloma con maderas del Paraguay conducidas en balsa —más una parte de los costos de conducción—, algo de plata y 900 pesos en pagarés de 100 y 150 pesos. Gaspar de Santa Coloma los tomó con un descuento del 42 %.

32Prácticas y mecanismos análogos se encontraban en las transacciones de un tal Ydra, próximo del núcleo doméstico de los Santa Coloma, quien organizaba, como fletero, el envío de mercancías hacia las provincias del Noroeste a nombre de estos o de sus corresponsales, pero que, una vez en el interior, efectuaba operaciones entre distintas ciudades a nombre propio. En 1814, 1815 y 1817 endosó pagarés a favor de los Santa Coloma por un poco más de 2 000 pesos. Similares eran también los mecanismos que se observan en la distribución de mercancías europeas en la Banda Oriental y en el interior —que continuaban a pesar de las repetidas quejas de los Santa Coloma sobre la situación política—, donde intervenían una red de agentes y asociados, entre peones, habilitados, patrones de lancha, pulperos y hasta grandes comerciantes de Buenos Aires emparentados, como los Azcuénaga.

33El papel de las relaciones personales en este tipo de organización de los negocios ya ha sido subrayado en distintos trabajos. En este caso, algunos de estos agentes mantenían relaciones de proximidad con la familia y la parentela de los Santa Coloma, en particular los que estaban vinculados con el comercio a Mendoza y Chile y al Alto Perú. Y con frecuencia estos lazos personales suponían también formas de circulación de favores que revelaban las relaciones de patronazgo y la asimetría social que, junto a los contratos, vinculaba a los Santa Coloma y sus agentes subalternos²⁴. Sin embargo, la dimensión contractual prevalecía en las transacciones comentadas, aunque los contenidos de la relación personal disminuyeran el riesgo de incumplimiento de dichos contratos.

34La circulación de protección social predominaba, en cambio, en otras transferencias de pagarés, que recuerdan el ejemplo de Escalada. Corresponden a una telaraña de personas que gravitan alrededor de la casa de Santa Coloma, aunque los detalles de la relación no siempre están claros en la fuente. Todos solicitan que se les acepte el pagaré endosado en nombre de las urgencias que atraviesan y las circunstancias políticas. Algunos apelaban a una relación antigua, como Bernarda, la viuda de un agente de los Santa Coloma que criaba sola a sus tres hijos. Otros invocan las dificultades creadas por el reparto de los empréstitos forzosos y el hecho de no generar derechos de aduana —como Antonio Garate, un antiguo zapatero con quien aparentemente lo unía una vaga relación de paisanaje—. En otros casos la solidaridad parecía venir de estar padeciendo adversidades compartidas ante las circunstancias políticas —como José de Zavalia, que ofrece endosar su título de deuda para poder enviar dinero a su hijo, un estudiante en leyes, cuyos estudios Gaspar de Santa Coloma ya había ayudado a financiar—. La casi totalidad de los endosos a favor de los Santa Coloma de pagarés de la deuda de un valor de cincuenta pesos corresponde a esta clase de relaciones²⁵.

35Las adquisiciones representadas en los cuadros precedentes se efectuaron entonces en el interior de una trama heterogénea de relaciones interpersonales, que vinculaba a los Santa Coloma con personas de extracción igualmente diversa. En el caso de los pagarés de 50 pesos, puede que su valor relativamente bajo explicara que se tomaran a mejor precio —o con menor descuento—. Pero los titulares de los pagarés que obtenían mejor precio, aunque de diverso origen social como se acaba de ver, tenían en común sus lazos de protección clientelar con los Santa Coloma. La expresión es ambigua y rígida al mismo, pero estaba claro que la iniciativa la tomaba el titular del pagaré y que el valor al que se los transfería, aparecía, a pesar de la depreciación, como un favor, un gesto de benevolencia patriarcal destinada a socorrer a los titulares originales frente a los apremios económicos. Mientras que los titulares de los pagarés de 100 y 150 pesos, eran mercaderes —medios o pequeños—, artesanos y profesionales del transporte u ocupados en oficios rurales; todos eran agentes de los Santa Coloma y de otros comerciantes, que operaban entre Buenos Aires y el interior. Las relaciones paternalistas no estaban obviamente ausentes y a veces es difícil distinguir entre estos y los primeros endosantes. Sin duda también había una asimetría más importante, la que imponía el costo de indisponerse o eventualmente romper con un socio principal socialmente importante, el cual podía pagarse en términos de reputación ante otros pares de los Santa Coloma. Sin embargo de todo ello, predominaba el lazo contractual y, generalmente, el papel se transfería por endoso, como acabamos de ver, al cabo de una cadena de transacciones, con sus habituales adelantos y habilitaciones. La depreciación resultaba principalmente de la dificultad de utilizar los títulos para cancelar deudas, porque estas eran insuficientes o porque el titular no generaba derechos de entrada y salida.

36Tratándose obviamente de un caso y no de una muestra, lo que aquí cuenta no es la representatividad de estas transacciones, sino los mecanismos de formación de precios en la transferencia de papel que revelaban. Estos últimos son coherentes, como hemos visto, con la evidencia proveniente de otras fuentes. Y dichos mecanismos recuerdan al modelo de economía de bazar, donde C. Geertz opone la formación de precios como resultado de un equilibrio entre oferentes y demandantes que compiten entre sí, a la formación de precios como resultado de una negociación —un regateo— y de un vínculo personal entre oferente y demandante, este mismo entablado en el interior de un complejo de relaciones interpersonales que definen el margen de libertad de cada uno de los agentes²⁶. Podemos sintetizar los resultados del material analizado como la expresión de una circulación asimétrica o de un mercado secundario asimétrico. Como quiera que de ello fuera, ante la creciente escasez de moneda metálica frecuentemente señalada por los especialistas del periodo, los agentes jugaron con las reglas de los empréstitos forzosos adaptándolas a sus asimetrías. Crearon así otro juego que se integraba al nuevo orden económico igualmente emergente. Actores socialmente análogos a los Santa Coloma no solo ganaban comprando pagarés devaluados, también podían intervenir en otro espacio de circulación del papel, la trasferencia de fondos a los teatros de la guerra lejanos de Buenos Aires.

Los comerciantes, las transferencias de fondos y los pagarés de los empréstitos forzosos

37Dichas transferencias —en este caso desde Chile a Buenos Aires— constituyen la preocupación central de Pueyrredón en la cita que abre el texto y sus mecanismos recibieron considerable atención de parte de Halperín Donghi, quien enfatizaba el papel de los grandes comerciantes. Lo que aquí se intenta destacar es cómo estas transferencias se combinaban con los pagos de los empréstitos forzosos. Pero para entender lo que estaba en juego con esos mecanismos, conviene detenernos sus dispositivos más importantes. Desde los inicios de la crisis fiscal del Virreinato, la aduana acostumbraba a emitir libranzas contra sus deudores y a favor de algún acreedor del estado. Más tarde, sus giros servían igualmente de medio de pago que aseguraban servicios necesarios en los teatros de operaciones militares en el Norte o en Mendoza-Chile, como en el caso citado de Pedro García Díaz, que compensó en Buenos Aires un gasto militar efectuado en Mendoza. Y a partir de 1812 comenzó a actuar como una tesorería directamente dependiente del secretario de Hacienda. En el otro sentido, la aduana también era el librado de letras de cambio o libranzas giradas contra ella por alguna autoridad competente. En ese caso, el pago se efectuaba a cuenta de impuestos adeudados por el tomador beneficiario de la letra, o por algún otro comerciante a cuyo nombre el beneficiario original transfería la letra por endoso; y dichas autoridades libradoras solían encontrarse —aunque no siempre— en los teatros de operaciones militares. De modo que la aduana se convirtió en un eje central del dispositivo financiero que aseguraba servicios y provisiones a los ejércitos del Norte y de los Andes. A su vez, los tomadores de las letras, podían utilizarlas para cumplir con sus obligaciones pagando algunas de las cuotas que les habían tocado en los empréstitos forzosos. Cambiaban de este modo papel contra papel, letras de cambio por pagarés del Estado.

38A mediados de 1821, el Tribunal de cuentas examinó una parte de los papeles del mencionado balance de todos los empréstitos forzosos contratados por el Estado desde 1813. Joaquín Belgrano, el presidente de la comisión, debía responder a unas observaciones hechas a una segunda rendición de cuentas del empréstito de diciembre 1818, por unos 2 000 pesos. Exasperado por la atención dada a lo que consideraba diferencias menores en la enorme masa de trabajo y de papeles tratados, respondía dando detalles sobre el uso de letras de cambio o libranzas para pagar las cuotas del empréstito. Por ejemplo, al cumplir con su tercera cuota del empréstito de junio de 1818, un tal Miguel Gutiérrez recibió su correspondiente pagaré por valor de 1 000 contra la presentación de un documento de préstamo anterior por valor de 510 pesos, más una libranza de 500 pesos. Esta última había sido girada por el comisario del Ejército del Perú contra la aduana y a su favor, a cambio de servicios y abastecimientos en el teatro de operaciones. En otro caso, a Juan Alagón simplemente se le admitieron libranzas por 2 000 pesos contra su pagaré por igual valor²⁷.

39Halperín insistía sobre el recurso a las letras de cambio en general: por ejemplo, entre 1816 y 1819, estas habían representado casi el 20 % del poco más de siete millones y medio de ingresos de la aduana. Pero, como acabamos de ver, se interesaba más particularmente por la operación contraria, el giro de la Tesorería de la Aduana para asegurar la transferencia de recursos a los teatros de operaciones de los ejércitos de los Andes y del Perú, describiendo —con la claridad que le era tan personal— los mecanismos de las libranzas, mencionando asimismo el papel del entramado de grandes comerciantes porteños y extranjeros, sobre cuya acción reposaban aquellos mecanismos²⁸. Pero no advertía que las libranzas de la aduana también se usaban para pagar las cuotas de los empréstitos, con la misma combinación de grandes comerciantes que organizaban las mismas transferencias.

40Así, la relación del mismo Belgrano del 4 de enero de 1819, listando las libranzas remitidas a los ministros de hacienda del Estado por un total de 21 250 pesos. Encontramos en la lista grandes comerciantes de Buenos Aires que giraban letras contra un corresponsal en Mendoza a favor de un par, porteño o extranjero, que acababa endosando a favor de los ministros. Otras veces se giraba contra otro comerciante de Buenos Aires, pero pagadero en Chile y Mendoza, a beneficio de los ministros en Buenos Aires. Las modalidades podían todavía variar, pero el sentido del esquema era siempre el mismo: un negociante de Buenos Aires libraba asegurando que su corresponsal cancelara la letra en el teatro de operaciones, en aprovisionamientos o servicios, creando una deuda contra el librador; mientras que la tesorería de la aduana admitía esa deuda —como beneficiario directo de ese libramiento o de un endoso— en pago de otras deudas contra el Estado, entre las cuales las cuotas del empréstito forzoso²⁹.

Se acaban de remitir à las arcas generales del Estado dos mil noventa y cinco pesos. importe de sinco libranzas giradas contra individuos del Comercio de Mendoza y Chile, por los prestamistas qe. han hecho sus enteros en esta Tesorería, de las quotas qe. les han cabido en el segundo préstamo forzoso decretado pr. VEx. en 22 de diciembre ppdo³⁰.

41En el otro sentido se encontraban los giros efectuados ese mismo año por el intendente del Ejercito de los Andes, contra la tesorería de la aduana y a favor de comerciantes de Buenos Aires, cuyas letras la comisión recaudadora del empréstito aceptó como si fuera «dinero efectivo». O dicho en los términos de uno de los documentos en cuestión,

los libramientos del Sr Yntendente del Exercito de los Andes […] admitidos en esta comisión; como dinero en efectivo â favor de individuos qe â virtud de endozos hechos por algunos particulares […] han entrado en esta thesoreria, las quotas de sus préstamos respectivos³¹.

42Puede parecer superfluo detenernos tanto sobre un mecanismo financiero cuyo esquema es tan conocido, como difícil y tedioso de describir en detalle. Después de todo, estos actores no hacen sino recurrir al más conocido de los instrumentos de crédito y de pago a distancia desde fines de la Edad Media y utilizado en los distintos contextos del comercio colonial desde el siglo xvi. No obstante, los mecanismos de estos instrumentos importan para comprender la diferente posición de los distintos grupos sociales frente a los apremios del Estado. Así, para el mismo empréstito de 1819, Ambrosio Lezica, actuando como apoderado,

a enterado por D. Domingo Achaval diez y seis mil doscientos sinquenta y tres pesos en quatro libranzas giradas por el mismo Yntendente, contra el Sr. Secretario de Hacienda, las tres […] a favor de D. Manuel Moldes y endosadas por este al de Lezica, y la otra […] a favor de D. José Riglos, endozada por este al de dhô Lezica, cuya totalidad hace el completo del segundo y último tercio del primero préstamo, con la que quedo chancelado Achaval³².

43Los datos para el empréstito siguiente de diciembre de 1818, hecho el 11 de diciembre de 1819, muestran que el empleo de papel para pagar los préstamos al Estado no era excepcional. Sin sorpresa, la participación de los prestamistas americanos en el total ingresado fue menor que la de los europeos, pero mayor la parte de sus préstamos que fue pagada en libranzas y obligaciones, que llegaron al 19 %:

44Pero el uso de letras y obligaciones no podía ir más allá de cierto ámbito, por la naturaleza misma de esos instrumentos. Los nombres que aparecen en los documentos comentados —Achaval, Lezica y Riglos, y luego Aguirre (padre e hijo), Anchorena, Arana, Bosch, Cagigas, Calderón de la Barca, Rodríguez Peña y otros— remitían a las redes de los comerciantes más poderosos de finales del periodo virreinal. Aunque analizar dichas redes sociales excede los límites de este trabajo, conviene detenernos un poco sobre algunas de sus características más sobresalientes. Los ejemplos de Gutiérrez y Alagón presentados al inicio del acápite muestran que no todos los usuarios de papel para pagar los empréstitos forzosos eran agentes vinculados a las redes de la antigua oligarquía indiana. Las cuatro letras entradas por Anselmo Lezica como apoderado de Achaval representaban la mitad del total de los 34 000 pesos de libranzas y conocimientos entregados en pago de las cuotas del empréstito y señalados en el cuadro. El uso que se hace aquí del término «red social» para designar esta configuración de actores económicos y políticos es estrictamente metafórico. Otros trabajos discuten sobre los conceptos del análisis de redes sociales, tratando de mostrar la dimensión institucional de las relaciones interpersonales. Podemos reunir el presente material con los resultados de esos y otros estudios destacando que esas tramas relacionales constituían un espacio institucional que proveía acceso a recursos económicos y políticos, construía cierta forma de control territorial y generaba reglas así como los mecanismos con los cuales se aseguraba su cumplimiento. En otras palabras, los lazos personales constituían un aspecto central de los dispositivos institucionales que organizaban la circulación de libranzas³³.

45Las autorizaciones comerciales de 1809 crearon nuevos recursos fiscales y una oportunidad institucional para responder a la crisis fiscal y a las contingencias de la guerra en un contexto de ausencia o defecto del crédito público y de escasez creciente de la moneda metálica, el único circulante legal. El nuevo poder soberano supo servirse de esta oportunidad imponiendo coactivamente una innovación en los mecanismos de la deuda que pusieron en manos del público cantidad importante de pagarés o títulos. Pero en la circulación de estos se observaron distintos modos de asimetría. Quienes por sus actividades generaban deudas en la aduana, pudiendo entonces saldarlas con los pagarés del empréstito, eran quienes también tenían mejor acceso al circulante metálico y podían adquirir dichos pagarés por endoso en condiciones de negociar transferencias por debajo del valor facial de los títulos. Pues quienes estaban excluidos de la liquidación de los pagarés cancelando deudas fiscales por no generarlas en la aduana solo podían recurrir al endoso, lo cual fragilizaba su posición para negociar condiciones que minimizasen el descuento de la transferencia. Los primeros también eran quienes mayor probabilidad tenían de asegurar servicios y provisiones para los ejércitos y, en general, de encontrar en las letras de cambio un substituto a las piezas de plata para cubrir sus obligaciones con los empréstitos forzosos. También se ha observado que las distintas formas de circulación del papel suponían al menos tres esquemas de relaciones interpersonales: los lazos de protección clientelar, las relaciones contractuales entre agentes socialmente asimétricos y los vínculos entre miembros de la antigua oligarquía indiana. Pero no todos los ejemplos analizados entran en uno de estos esquemas y el cuadro es todavía incompleto.

46Como quiera que de ello fuere, sí queda documentado que el público se apropió de las condiciones creadas por la innovación coactiva, adaptándose para minimizar sus efectos negativos u obtener ventajas de sus restricciones. Creó así un espacio de circulación del papel no previsto en las reglas de los empréstitos forzosos ni en los objetivos del poder soberano. Y este espacio se integró al conjunto de las trasformaciones institucionales de la región.