Condicionantes de la comunicación atlántica porteña

1El presente trabajo constituye una aproximación al problema de la representación política del cabildo porteño ante la Corona y el Consejo de Indias entre los años 1580 y 1625. A raíz de la ubicación espacial de la ciudad y de la centralidad jurisdiccional de la corte, Madrid —eventualmente Valladolid— se constituyó, desde la fundación del enclave, en el destino prioritario de la estrategia comunicacional desplegada por los capitulares para participar de la definición del ordenamiento normativo referido al espacio local y fortalecer a los grupos con presencia en el consejo local. Dicha interacción expresó una disputa de poder sustanciada a través de la lógica antidoral del servicio, la obediencia, el patronazgo, la lealtad y la reciprocidad. Sin embargo, no se trata aquí de indagar en el contenido de las representaciones realizadas por la corporación ante el sínodo, ni en las consecuencias políticas y normativas del fenómeno respecto de su impacto en las dinámicas de poder propias de la relación entre el rey y el reino, o de las suscitadas a nivel local, más allá de que el proceso comunicativo se configuró como resultado de vínculos que generalmente resultaron conflictivos.

2Se busca, en cambio, profundizar en los medios y en los mecanismos que hicieron posible que un espacio, que con ciertos reparos podríamos caracterizar como periférico y predominantemente lego, resultase capaz de diluir las distancias física, material, cultural, procesal y relacional para sostener un flujo de comunicación consistente mediante la construcción de discursos jurídico-políticos y su presentación en la corte. En especial nos interesan las prácticas implementadas por el cabildo para manifestar la discrepancia local con el orden mercantil dispuesto para la región rioplatense e intervenir en la configuración de un marco normativo que recogiera los intereses de los sectores involucrados de diversas maneras en el comercio atlántico1. Esta propuesta suscribe la necesidad de desnaturalizar el hecho de que un enclave con las características del Buenos Aires de finales del siglo xvi y principios del xvii fuera capaz de configurar un circuito comunicacional transatlántico y de asegurarse la disponibilidad de medios, experiencias de gobierno y saberes letrados a nivel local que habilitaran su acción en la corte. También, asume la pertinencia de analizar la comunicación política porteña desde una interpretación que considere la problemática en estrecha relación con los procesos de articulación regional y atlántica en los que participó el puerto, con las alternativas de las disputas de poder de la élite local, y con las tensiones entre los intereses de las ciudades de las gobernaciones del Paraguay y Río de la Plata.

3Este artículo aborda la procuraduría de Buenos Aires en la corte, centrando su atención en dos aspectos de la comunicación política porteña que ofrecen una perspectiva significativa para comprender la experiencia de las distancias referidas, partiendo de la ciudad puerto: en primer lugar, la configuración de las agencias del cabildo porteño en la corte y, en segundo lugar, la relación del consejo local con el universo de los saberes letrados, y las experiencias de gobierno implicados en el proceso comunicacional. Así se intenta ahondar en el estudio de las condiciones de posibilidad de la representación de los intereses de la corporación urbana desde un enfoque local aunque de proyección atlántica. Cuestiones, en suma, que han recibido menos atención historiográfica que la simple consideración del impacto de la distancia física —siempre negativo— para el gobierno desde la corte, como la lentitud de la comunicación con los dominios americanos o la autonomía que propiciaba en los agentes y los poderes locales.

4La delimitación cronológica 1580-1625 se abre con el nuevo establecimiento de un pequeño poblado en el sitio donde se había ubicado el antiguo fuerte de Pedro de Mendoza, en la margen occidental del estuario del Río de la Plata, y se cierra con la imposición de una normativa que sancionó un régimen sumamente restrictivo para los intercambios rioplatenses2. A lo largo de estas décadas, el contenido de la comunicación de la ciudad con la corte estuvo prácticamente monopolizado por la cuestión del ordenamiento comercial establecido para el área y se sustanció en constantes pedidos de concesión de una normativa más flexible que permitiera incrementar los intercambios no solo de la ciudad-puerto, sino también de las demás poblaciones de las gobernaciones del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán.

La configuración de la procuraduría porteña

5Entre 1580 y 1625 la representación de los intereses del cabildo de Buenos Aires en la corte de la Monarquía hispánica adoptó distintas características, tanto en la tipología de los agentes implicados como en la frecuencia y en la densidad de su presencia en Madrid o Valladolid. Esta circunstancia no solo se ajustó a la agenda impuesta por la necesidad de reaccionar a las disposiciones que limitaron o prohibieron los intercambios mercantiles a través del Río de la Plata. También, y muy especialmente hasta los primeros años del siglo xvii, guardó estrecha relación con la reducida capacidad de un enclave recientemente establecido de disponer de los recursos necesarios para sustentar una representación permanente en la corte.

6Lejos de realizarse por medio de unos mecanismos asentados que ofrecieran un canal formalizado, habitual y rutinario, la comunicación transatlántica porteña adoleció de un apreciable grado de improvisación constante como respuesta a un desafío para el que debieron ensayarse soluciones ad hoc. Financiar el viaje y una larga estancia en Madrid o Valladolid, y contar con agentes que dispusieran de los saberes necesarios, de la capacidad de gestión y de los recursos relacionales para introducirse en la corte y llevar a buen puerto sus negocios, eran retos que habitualmente rozaban la frontera de las posibilidades de la corporación urbana y del espacio local.

7Un indicador elocuente de las limitaciones capitulares lo ofrecen algunos datos sobre la desproporción que existía entre los gastos que demandaba la agencia de un procurador y los ingresos del consejo municipal, especialmente si se compara con otras corporaciones de mayores recursos. Mientras que, a lo largo del período estudiado, los propios municipales oscilaron entre los 200 y los 250 pesos, aproximadamente, y la data solía superar lo recaudado, los procuradores porteños no alcanzaron a recibir, y de forma excepcional, la suma de 100 pesos3. Ahondando en este sentido, en una carta al rey del año 1600, cuando finalmente consiguió que lo representara Martín Ignacio de Loyola —un religioso que iba de camino a la corte—, el cabildo aseguraba que «por la pobreza grande que hay en los moradores de esta tierra no se ha podido hacer [se refiere al envío de un procurador] hasta ahora»4.

8Según sabemos, la corporación logró establecer una comunicación transatlántica temprana y relativamente fluida, cuya compleja planificación se aprecia en las actas del cabildo, donde se recogen las dificultades y se plasman las tensiones subyacentes a un objetivo relevante. Los primeros procuradores que se trasladaron a la corte sucedieron, casi de forma inmediata, a la fundación de la ciudad y, en total, entre 1580 y 1625 he contabilizado la elección de, al menos, treinta y cinco representantes, la mayor parte de los cuales no consiguieron cumplir con el encargo5.

9Pese a los obstáculos, es esencial reparar en una circunstancia que operó como plataforma para la comunicación política local, sin la cual no se puede comprender la vitalidad de la agencia porteña en Madrid. Debido a su ubicación geográfica, la ciudad de Buenos Aires fue escenario del trasiego de un número desconocido, pero presumiblemente importante, de individuos procedentes de la región sur del Virreinato de Perú, que se encaminaban a la corte en los navíos de registro, hacia el Brasil o incluso a África6. Aprovechando este trasiego, una porción apreciable de la comunicación política atlántica porteña tuvo su soporte en un extenso conjunto de personas de variada condición que el cabildo reclutó para que ejercieran su representación en consonancia con su desplazamiento a la península por razones mercantiles, corporativas, personales, familiares, etc. En estos casos, la elección recayó no solo en vecinos, circunstantes o residentes en la ciudad-puerto, sino también en personas del interior de la región que acudieron a Buenos Aires para encarar la travesía atlántica7. No obstante esto último, la mayor parte de quienes fueron reclutados por el cabildo eran sujetos con experiencia en la administración local —a veces también en la administración real—, comerciantes o miembros de las corporaciones religiosas establecidas en la ciudad8.

10En aquellos casos en los que los agentes enviados tenían fuertes vínculos con el espacio local, la proximidad se convirtió en la forma de contar con un representante conocedor y consecuente con los intereses de sus mandantes. En esta línea, los regidores consideraban que la condición de estos procuradores podía atenuar ciertas «rugosidades» propias de una representación que se desenvolvía a una distancia considerable, y asegurar un desempeño más acorde a los intereses capitulares, incluso en aquellas decisiones que no estaban contempladas en las instrucciones9. Cabe señalar en apoyo de este argumento, que el desempeño de una representación a distancia no siempre estuvo exento de discrepancias originadas por el desacuerdo entre los resultados de las gestiones de los agentes en Madrid y los intereses de las facciones que oportunamente preponderaron en el cabildo.

11El mecanismo de selección de procuradores que venimos refiriendo facilitó que el cuerpo municipal contase con representación en la corte, ya que redujo su aporte de dinero y, por lo tanto, aligeró la distancia material propia del hecho comunicacional trasatlántico. Así, estas agencias se financiaron esencialmente por los propios procuradores o, en algunos casos, también con recursos de distintas corporaciones, como las comunidades religiosas o los cabildos de otras ciudades. Una forma habitual de compensar el servicio de estos agentes circunstanciales fue el pago de una suma bastante reducida, bien al momento de su partida, o a su regreso al Río de la Plata. El cabildo también remitió plata a la península para asistir a aquellos procuradores que permanecían largo tiempo en la corte o que debían afrontar algún asunto especialmente relevante, para lo cual solía recurrirse nuevamente a vecinos que se trasladaban a España o a los maestres o capitanes de los navíos de registro10.

12Otro mecanismo habitual de afrontar el pago de las ayudas de costa consistió en asignar a este fin una porción de las permisiones concedidas a la ciudad o, directamente, en autorizar viajes mercantiles. A veces se dispuso el envío de cueros a la península para que los procuradores procedieran a su venta y, con lo obtenido, se resarciesen parcialmente de los costos de su desplazamiento y de su estancia en Castilla11. En ocasiones, los cueros se solicitaron a los vecinos, quienes debieron acudir un día establecido a la plaza para otorgar sus donaciones que también podían ser en plata12.

13Junto con el reclutamiento de procuradores que podríamos denominar circunstanciales, los capitulares también procedieron a la elección de representantes sin tener en cuenta si la persona designada estaba por emprender el viaje atlántico. En estos casos parece haber primado la experiencia o la capacidad del agente, su conocimiento de las condiciones locales, su posición específica en el marco de las dinámicas facciosas porteñas, sus vínculos con la sociedad local —y eventualmente también en la corte—, o sus recursos económicos. La selección de este tipo de representantes muestra procesos de reclutamiento con un alcance social relativamente extenso, tanto por la presentación de propuestas con numerosos agentes potenciales por parte de los capitulares como por haberse realizado en algunas ocasiones a través de cabildos abiertos13.

14Pese a que este tipo de designaciones parece haberse ajustado de forma más estrecha a las intenciones del cuerpo de regidores o a las de la facción preponderante, lo cierto es que con frecuencia no pudieron plasmarse en una procuraduría por la imposibilidad que manifestaron los seleccionados de afrontar el viaje a la península. De este modo se constata que, en buena medida, los intereses capitulares no eran representados por quienes los regidores deseaban, sino que las procuradurías se conformaban con variables que a menudo escapaban al control de los mandantes. Como se ha visto más arriba, esta circunstancia se sumaba al hecho de que las negociaciones en la corte solían dilatarse en el tiempo, resultando así que ni el agente, ni incluso algunos aspectos de sus instrucciones concordaran con el perfil y las inquietudes coyunturales del cuerpo capitular. A estas «interferencias» se les podría añadir la singularidad de que algunos agentes, como el referido Frías, encararon simultáneamente la representación de los intereses de varias de las ciudades de la gobernación, cuyos mandatos resultaban difícilmente conciliables entre sí.

15Los procuradores enviados a la corte desde Buenos Aires constituyeron tan solo una porción de la agencia porteña ante el monarca y el Consejo de Indias. Pese a haber funcionado como la columna vertebral de la representación de la ciudad, y a que su envío tendió a producirse en momentos específicos en los que se consideró que era necesario encarar la negociación de un nuevo asunto o vigorizar una gestión ya iniciada, lo cierto es que el consejo porteño también recurrió a la figura de los agentes de negocios o solicitadores14. Es decir, a individuos que disponían del capital relacional y de los saberes necesarios para introducir y hacer avanzar los negocios de particulares y de las corporaciones —en este caso americanas— en el Consejo de Indias. Su función consistía en asistir a los procuradores aunque, a diferencia de estos últimos, estos agentes no tenían capacidad para litigar. No obstante, con frecuencia esta distinción perdía sus nítidos contornos, ya que era habitual que los agentes se convirtieran en procuradores15. Al ayuntamiento porteño, que ocupaba una posición algo desplazada respecto de los centros de decisión política de la corte, el recurso a estos agentes le permitió transitar no solo la distancia física, sino también las distancias cultural, social y procesal que un espacio local debía superar para hacer representar sus intereses con cierta efectividad ante el rey y sus tribunales de Madrid.

16La primera constancia que tenemos de vínculos de este tipo de agentes con el cabildo porteño es del año 1605, y su nombramiento resultó habitual durante todo el período analizado en el que ejercieron la representación a la par de los procuradores enviados desde la ciudad-puerto. Uno de los solicitadores que durante varios años sirvió al cabildo de Buenos Aires fue Mateo de Aysa, quien aparece con frecuencia en las actas capitulares durante la segunda mitad de la década de 1600. Aysa, que entre 1596 y 1611 representó los intereses de los cabildos de Panamá, Santa Fe de Antioquia y México16, se desempeñó tanto en soledad como de manera simultánea con otros procuradores enviados desde el Río de la Plata. El caso de la financiación de los agentes solicitadores fue distinto de la de los representantes locales, ya que sus servicios fueron compensados mediante el pago de sumas en plata remitidas por el cabildo a través de circuitos y mecanismos que se fueron improvisando en cada caso. Generalmente se recurrió a encargos a nuevos procuradores o a los capitanes y maestres de los navíos de registros.

17Los medios que permitían el reclutamiento de este tipo de agentes no están claramente consignados en las actas del cabildo, aunque algunos acuerdos mencionan contactos epistolares de los solicitadores —y también de los procuradores enviados desde la ciudad-puerto— no solo con el cuerpo capitular en su conjunto, sino también con algunos regidores u otros vecinos. Esto último constituye un indicio para atisbar el entramado relacional que soportaba la comunicación y la representación porteña en la corte. Vínculos interpersonales que algunos miembros de la élite capitular mantenían con solicitadores y procuradores en Madrid que, probablemente, hicieran posible el acceso de la corporación a dichos agentes y que, con frecuencia, vehiculizaban la información sobre los avances de las gestiones cortesanas más allá del contacto epistolar de la corporación.

18Estos intercambios de vecinos o residentes en el puerto con agentes, o incluso autoridades de la corte, nos pone en situación de apreciar otra característica de la comunicación política porteña: su dispersión. Pese a que este artículo focaliza su atención en la participación del cabildo en el proceso comunicacional, no hay que olvidar que dicha circunscripción responde a un recorte analítico. En realidad, la comunicación política sobre el ordenamiento mercantil desplegada desde el espacio local no se circunscribía exclusivamente al consejo local, sino que constituía un fenómeno plural del que participaban múltiples agentes y corporaciones locales —e incluso regionales— que, en virtud de la convergencia o discrepancia de sus intereses, podían actuar de forma solapada, concurrente, coordinada o directamente antagónica.

19Dicha pluralidad de canales de comunicación se experimentó también dentro de la corporación urbana. El cabildo mantuvo abiertos varios medios para presentar sus intereses ante el rey y el Consejo de Indias, puesto que además de recurrir a procuradores y a la contratación de agentes de negocios, nunca interrumpió el contacto directo mediante el envío de correspondencia a las instancias de decisión de la corte. Además, la elección de los procuradores por parte del cabildo no estableció una sucesión ordenada para que desempeñaran sus agencias de forma exclusiva. Más bien, el denominador común, especialmente a partir de la década de 1610, fue la designación simultánea de varios procuradores y agentes de negocios que, al menos a priori, otorgaron un panorama caótico a la representación, hasta el punto de que por momentos no resulta fácil precisar en las fuentes —tampoco lo era para el propio cabildo…— la identidad ni la cantidad de agentes que defendían los intereses de la ciudad en Madrid. Contribuyeron a esta situación tanto la falta de noticias actualizadas disponibles en el espacio local como también la facultad que ofrecían los poderes otorgados a los procuradores, que comúnmente contenían una cláusula que los habilitaba a designar nuevos defensores de los intereses de la ciudad sin consultar a su mandante. Según se deduce de las actas, la incertidumbre de los capitulares nunca se despejó, aún cuando en ocasiones el cabildo otorgó poderes que dejaban sin efecto los mandatos que se habían concedido con anterioridad17.

Los saberes letrados y la experiencia de gobierno como fundamentos de la representación cortesana

20Más allá de que el envío de agentes a Madrid es un claro testimonio de la importancia de la gestión presencial a través de vínculos interpersonales como medio de acceso a los espacios de decisión de la Monarquía, la comunicación política tuvo un soporte escrito que cumplió una función esencial en la interacción del consejo local con la corte. Esta característica habilita a considerar otro aspecto clave y problemático de la experiencia de la distancia del pequeño puerto: la participación, en el universo de la cultura letrada, de un espacio que durante el período estudiado presentó una condición eminentemente lega18. De hecho, pese a que la gran mayoría de los agentes que de distintas maneras intervinieron en la comunicación porteña no dispusieron de formación jurídica, el fenómeno revela el proceso de conformación y reproducción de lo que podríamos denominar una cultura jurídico-político capitular que vehiculizó la defensa de los intereses de la corporación urbana ante el monarca, sus validos y el Consejo de Indias.

21La imbricación entre representación cortesana y cultura jurídico-política parece sugerir el interrogante acerca de la función que desempeñaron los saberes letrados en la comunicación política porteña. ¿Hasta qué punto era preciso que una corporación lega se adentrarse en el universo de los saberes letrados y eruditos para sostener su comunicación política? En términos generales, puede aceptarse que el vínculo entre estos saberes y la representación en la corte de los intereses de las facciones con presencia en la corporación urbana, presenta la dinámica propia de una relación que resultaba necesaria, aunque solo en una baja intensidad. Tal y como se puede constatar en buena parte de las actuaciones capitulares del periodo estudiado, la comunicación se apoyó mayormente en un repertorio de documentos que participaba de forma más bien periférica, aunque significativa, de la cultura letrada, en tanto que se perseguía generar escritos que poseyeran ciertas características formales que les dieran validez, y trasladar la tensión entre la experiencia local y las aspiraciones de la comunidad a un lenguaje jurídico que incrementase la capacidad del discurso de generar obligaciones y, por lo tanto, respuestas favorables en las instancias de decisión de la corte.

22En un contexto de producción semejante al de otras ciudades de la región —tal vez algo más favorable—, ni la elaboración de la documentación necesaria para sostener el proceso comunicativo ni el propio contenido de la comunicación se vieron obstaculizados a lo largo de las décadas consideradas, en tanto que el cabildo siempre encontró la manera de configurar escritos formalizados y discursos que presentaran sus intereses con argumentos más o menos eruditos. Sin embargo, esto no supone que dicho contexto no ejerciera un condicionamiento tanto en la forma como en el fondo de la documentación generada por la acción concurrente, acumulativa pero episódica, de numerosos agentes que, en su mayor parte, podrían responder a la categoría de «infraletrados» propuesta por Pelorson19. Además, también participaron de ella unos pocos graduados en Derecho que se establecieron o se vincularon a la ciudad en virtud de la atracción ejercida por el puerto. El énfasis en el reclutamiento de personas de saber o la asignación específica de funciones letradas a los «infraletrados» locales constituyen aspectos representativos de las estrategias que permanentemente tuvo que adoptar la corporación para asegurarse los medios de salvar la distancia cultural.

23El corpus documental que apuntaló la procuraduría porteña estuvo constituido por un abultado repertorio de poderes, mandamientos e instrucciones para los agentes, además de memoriales, probanzas, cartas, y suplicaciones. Los poderes, que resultaban fundamentales para generar y precisar los deberes y las obligaciones de los agentes y los procuradores respecto del cabildo, contenían fórmulas y expresiones de naturaleza jurídica que, al menos para su plasmación original, demandaban cierta familiaridad con el universo letrado. Estos documentos tuvieron la singularidad de recoger casi siempre de forma textual un apartado dispositivo con las acciones jurídicas que podían desempeñar los procuradores en nombre del ayuntamiento, al que eventualmente se le incorporaban instrucciones específicas. La factura de este tipo documental, que mantuvo sus especificidades con pocas variantes durante al menos tres décadas, recayó preponderantemente en los escribanos del cabildo. Fueron estos agentes quienes, al conservar, reproducir, en ocasiones incrementar, y transferir en el tiempo el acervo de parte de la documentación generada en el proceso comunicacional del cabildo propiciaron la continuidad de la relación del cuerpo con algunos de los saberes letrados desplegados episódicamente no solo en los poderes aludidos, sino también, y esto es lo más importante, en los memoriales y demás documentación elevada al sínodo, aun a pesar de las deficiencias del archivo de la corporación20.

24Pero no solo los escribanos tuvieron a su cargo la producción de los poderes. El cabildo también recurrió tanto para esta tarea como para la elaboración de otros tipos documentales de mayor complejidad para la comunicación política, como las cartas, los memoriales o las probanzas enviadas al Consejo de Indias, a algunos «vecinos inteligentes»21. Por lo general se trató de individuos sólidamente establecidos en la ciudad con una dilatada participación en la corporación, cuya elección respondió a la posesión de saberes y experiencia de gobierno y del territorio, y también, por supuesto, a los cambiantes equilibrios de poder de la ciudad. Si se aprecian con detenimiento los encargos de producción documental del cabildo surge un repertorio de algunos pocos individuos que, durante periodos más o menos largos, tienden a concentrar buena parte de estas labores y que, por lo tanto, operaron como el soporte textual de la comunicación política porteña. Entre ellos destacan particularmente los procuradores de la corporación, que solían estar acompañados por los alcaldes o el tesorero.

25Para acabar de componer una sociología esquemática de los saberes aplicados a la elaboración de memoriales y petitorios que participaban de la cultura letrada y de las trayectorias que habilitaban a protagonizar la representación cortesana, es forzoso detenerse en algunos casos que resultan significativos por los argumentos utilizados en su producción documental, por la condición y la experiencia de los autores, o por la función de los escritos en la definición de las normas referidas al comercio rioplatense. Hay que tener en cuenta que entre el contenido de los documentos presentados ante el Consejo de Indias en este periodo puede establecerse una distinción —tal vez demasiado genérica— entre la tipología más extendida, en la que preponderaba un tono descriptivo desprovisto de argumentos jurídicos que sustentasen la reivindicación local y algunos escritos en los que se desplegaban argumentos propios de una cultura letrada con un grado apreciable de especialización. Aunque fueron pocos los memoriales de este tipo, lo cierto es que consiguieron trasladar la experiencia del territorio a un fundamento jurídico que no solo reclamaba la necesidad de revisar el orden normativo mercantil, sino que también justificaba los comportamientos contrarios a la ley real. Precisamente por esto pasaron a formar parte significativa y estructuradora de una tradición funcional y argumentativa del cabildo que se caracterizó por su permanencia en el tiempo. Además, pese a la constante acción de procuradores y agentes que intentaban hacer avanzar los negocios porteños en la corte mediante vínculos con algunos miembros del Consejo de Indias, los debates del sínodo, sus consultas al monarca y las disposiciones reales estuvieron motivados —y condicionados— por los memoriales o las agencias a los que estamos haciendo referencia.

26En este grupo cabría ubicar, en orden cronológico, los escritos y las procuradurías de Ignacio Martín de Loyola, Juan de Vergara, Manuel de Frías y Antonio de León Pinelo. A excepción de Vergara y Frías, tanto Pinelo como Loyola eran letrados y no formaban parte del grupo de cabildantes. De este modo, la corporación extendía su estrategia de reclutamiento de individuos de letras situados más allá de sus contornos, que se apoyó en el diagnóstico coincidente sobre la regulación que debía sancionarse para el comercio rioplatense, fundamentado, ya en la experiencia del territorio, ya en intereses más concretos surgidos de sus vínculos con la actividad mercantil rioplatense.

27El franciscano Loyola constituye un ejemplo de agente global de la monarquía. Cuando en 1603, a instancias de su tío, el duque de Lerma, fue designado obispo del Paraguay, ya había circunvalado dos veces el orbe, lo que le permitió tener un conocimiento directo de los circuitos mercantiles que articulaban las posesiones de los Austrias madrileños. También había sido custodio de su orden para el Río de la Plata. Estas experiencias propiciaron en el religioso una comprensión integral del mundo hispánico y una posición favorable a la apertura del puerto de Buenos Aires al comercio atlántico, entendida como un medio de fortalecer los vínculos de América con la península frente al desarrollo de la ruta transpacífica22.

28En el año 1600, cuando Loyola estaba por trasladarse a la corte para tratar asuntos personales y de su orden, a instancias del gobernador del Río de la Plata y del cabildo de Buenos Aires aceptó gestionar la flexibilización del régimen mercantil de la región. Su procuraduría ante el Consejo de Indias data de principios de 1601 y se extendió hasta finales del año siguiente23. Por su intermedio, el cabildo consiguió hacer representar sus intereses por medio de un letrado que tenía una lectura coincidente con los suyos, que consideraba clave generar las condiciones para asegurar la supervivencia del enclave e incrementar su autonomía, y que poseía sólidos vínculos en la corte a raíz de su parentesco y de su condición que explican la efectividad de su agencia. En respuesta a un memorial de Loyola y a su presencia en la corte, Felipe III firmó un Real Cédula que dispuso la apertura limitada del comercio atlántico porteño24. De esta manera se sancionó un cambio de sentido en las normativas reales sobre los intercambios mercantiles rioplatenses que estuvo vigente hasta la década de 1620, contrarrestando las presiones de los intervinientes en el circuito comercial con polos en Lima y Sevilla.

29El perfil biográfico de Juan de Vergara y su intensa participación en la vida política porteña indican que su caso resulta bastante excepcional, al menos en el Río de la Plata. Su relevancia socioeconómica local, como el mercader más importante del Buenos Aires de la época, su condición de infraletrado y de «gran papelista», su dilatada experiencia en oficios notariales y de república, y su conocimiento del territorio y de las prácticas mercantiles así lo demuestran25. No obstante, estas singularidades nos acercan a algunas de las condiciones que le permitieron a un grupo de poder de una comunidad preponderantemente lega mantener una comunicación política con fundamentación jurídica.

30En 1613, cuando se desempeñaba como procurador del cabildo, redactó la suplicación ante el monarca de las Ordenanzas del marqués de Montesclaros para el manejo de la hacienda porteña. Aunque Vergara no se trasladó a la corte, tanto por su factura como por su función su memorial representa un hito significativo de las acciones desplegadas por el cabildo para defender los intereses de la facción vinculada al comercio lusitano, ya que conjuga la autoría de un comerciante que intervenía de los intercambios atlánticos y regionales, con los saberes de un infraletrado que dominaba nociones, principios y recursos que sirvieron para trasladar al terreno de la argumentación jurídica la experiencia del territorio del sector comercial porteño. De hecho, su desempeño como procurador del cabildo constituye un ejemplo del solapamiento entre ciertas porciones de los universos lego y letrado en cuya zona gris se movían estos infraletrados, munidos de unos saberes que, en lugares como el que nos ocupa, parecen suplir satisfactoriamente la ausencia de individuos con grados universitarios y definir los conocimientos necesarios para sostener una comunicación y una acción política eficaz.

31Manuel de Frías, por su parte, tuvo una trayectoria individual y familiar fuertemente vinculada al espacio rioplatense y fue un actor clave de la organización jurisdiccional del área. Nacido en la gobernación del Paraguay hacia fines de la década de 1560, entroncó por vía matrimonial con algunos de los principales linajes de la gobernación que habían participado de la conquista y la fundación de ciudades. En 1598 se casó con la hija de Gonzalo Martel de Guzmán, concuñado de Juan de Garay y fundador de Santa Fe y Buenos Aires, y de Isabel de Carvajal. Isabel, a su vez, era hija de Ruy Díaz de Melgarejo, fundador de Villa Rica del Espíritu Santo y de Ciudad Real, y de Elvira Becerra y Contreras, cuñada de Juan de Garay26. Esta sólida raigambre regional se plasmó en la relevancia política que Frías tuvo en el territorio. Entre 1599 fue teniente de gobernador en Santa Fe, y luego, en sucesivas ocasiones, en Buenos Aires. Aquí también fue regidor, alcalde ordinario y secretario del Santo Oficio27.

32Entre 1614 y 1618 Frías se desempeñó como procurador de las ciudades de la gobernación del Paraguay y Río de la Plata y representó una gran variedad de cuestiones, algunas de las cuales revestían enorme interés. Desde la perspectiva porteña, su agencia fue importante para la definición de dos reales cédulas: la de 16 de diciembre de 1618, que estableció la división de la extensísima gobernación referida en dos jurisdicciones distintas con cabeza en Buenos Aires y Asunción; y la del 8 de septiembre del mismo año, que dispuso importantes alteraciones para el orden mercantil. Entre ellas, la concesión de licencia a los vecinos de la provincia del Río de la Plata para que, por el término de tres años, pudieran comerciar frutos de la tierra con Sevilla28. La autorización permitía que dos navíos de menor porte hicieran escala en el Brasil en su viaje de ida, pero que de regreso, con las ganancias obtenidas por la venta de sus frutos, se dirigiesen directamente a Buenos Aires sin recalar en las posesiones portuguesas, tanto en las americanas como en las africanas. Profundizando en el intento de desarticular los fuertes vínculos de la región con los enclaves lusitanos, quedó expresamente prohibido el ingreso de esclavos y pasajeros, así como la exportación de plata. La cédula autorizó que las «ropas y otras cosas necesarias en dichas provincias» que no se consumieran en el puerto, pudieran introducirse en el Perú, aunque ajustándose a otra de las grandes novedades de la normativa. Aquellos bienes que fueran conducidos hacia la región minera debían pagar en la aduana de Córdoba los derechos correspondientes al 50 % de su valor29.

33Antonio de León Pinelo fue encargado de la representación de los intereses de Buenos Aires en Madrid durante la década de 1620. Entre otras cosas, elaboró una extensa y fundamentada súplica para que a los porteños se les concediera la autorización para comerciar sus productos en Sevilla, Brasil y Angola30. Su procuraduría tuvo su fundamento en el vínculo familiar y personal que mantuvo Pinelo con el área rioplatense. Con su reclutamiento, la corporación urbana no solo consiguió cambiar el perfil de la representación, que quedó en manos de un letrado, sino que además varió su forma de acceso a las instancias americanistas de decisión de la monarquía a partir de la proximidad que tenía Pinelo con los miembros del Consejo de Indias y a su condición de gran especialista en derecho de la época31.

34En su largo memorial, Pinelo argumentó el carácter necesario de los reclamos del cabildo como consecuencia de la situación particular experimentada en Buenos Aires, que hacía inadecuado el ordenamiento comercial impuesto por la Corona y justificó las prácticas contrarias a las normas32. Su escrito permite visualizar las percepciones locales sobre el incumplimiento permanente y sistemático de las disposiciones reales que regulaban el comercio y propone una pauta de interpretación de lo que, en términos anacrónicos, podría denominarse corrupción. Dichas percepciones —al menos las que se plasman en el discurso de un agente letrado e intelectual tan calificado como León Pinelo— lejos están de conformarse únicamente a partir de criterios meramente vivenciales y subjetivos, según los cuales las prácticas mercantiles del espacio local responderían a un horizonte definidor por ciertas aspiraciones. En su lugar, se nutren de una cultura jurídico-política con una concepción del Derecho no legalista que reconocía diversas fuentes normativas que operaban, en armonía o en tensión, en la regulación de las relaciones políticas en su acepción más genérica.

35En este sentido, no resulta ser un hecho menor que una porción significativa del memorial contenga la propuesta de un remedio capaz de subsanar la situación generada por la restricción del comercio rioplatense que se fundamentaba en su conocimiento preferencial de las circunstancias locales, ya que estaría revelando simultáneamente una forma de concebir el proceso legislativo referido a lo local, según la cual los implicados debían participar o dar alguna manifestación de aceptación, sino también la relación entre la ley real con otros componentes del Derecho33.

La comunicación atlántica porteña como problema

36De lo dicho hasta aquí parece quedar claro que el análisis de la representación política de la corporación municipal de la ciudad de Buenos Aires en la corte, considerada desde la óptica de la comunicación, plantea la necesidad de problematizar en aquellos mecanismos que la hicieron posible. Atravesar los distintos tipos de distancias anejos a la comunicación atlántica de una corporación urbana permanentemente aquejada por la cortedad de sus recursos materiales, culturales y relacionales demandó respuestas que el cabildo fue configurando de forma coyuntural, mediante la conjugación de novedades con prácticas que paulatinamente se establecieron como parte de un repertorio estable de mecanismos que sustentaban la interacción.

37El hecho comunicativo transatlántico del enclave rioplatense se presenta entonces como una práctica desnaturalizada, en tanto que sus condiciones de posibilidad se convierten en una cuestión problemática que debe plantearse para poder recuperar la tensión y la incertidumbre que enfrentaron los capitulares para conseguir configurar los medios de su acción política en la corte y diluir las distancias. Distancias en plural, esto es importante precisarlo, que aluden a la extensión y a los medios para atravesarla; a los recursos pecuniarios; a los saberes; a los mecanismos y a la duración de los procesos de negociación cortesana sostenidos por los representantes del espacio local; y a la condición social diferenciada de los agentes implicados en dichos procesos. Desde esta perspectiva, entonces, para una corporación como el cabildo porteño, el fenómeno de la comunicación que habilitaba la representación política de sus intereses en la corte puede ser interpretado como una experiencia de las distancias en la que se condensan los rasgos singulares de una ciudad del Virreinato del Perú, apartada de las principales sedes de la administración pero que, sin embargo, desempeñaba un papel clave en la articulación mercantil de un extenso territorio interior con los mercados marítimos atlánticos.