1Lo primero que cabe subrayar, para entender las relaciones Iglesia-Estado en la España del Antiguo Régimen, es el carácter de religión única que suponía el catolicismo apostólico romano. No sólo de derecho, como era el caso en los demás países católicos, sino de hecho. En efecto, la España del Antiguo Régimen constituyó el único país de lo que fue la Cristiandad de la Edad Media donde se verificó el aforismo cujus regio, ejus religio. En Francia, pese a la revocación del Edicto de Nantes por Luis XIV, existen protestantes que los dragones de Luis XIV no llegaron ni a vencer, ni a convencer. El Edicto de Gracia firmado en 1785 por Luis XVI oficializará sus derechos a la diferencia1. Los judíos, expulsados de España en 1492, son tolerados (con mayor o menor benevolencia) en los demás reinos2. En Als acia, mediante un tributo especial; en el resto del territorio francés, se les considera como extranjeros. Pero como tales, pueden practicar su religión y vivir en comunidades. Por ejemplo: el famoso barrio del Espíritu Santo en Bayona3. Hasta el Papa los tolera en sus dominios tanto en Italia como en Aviñón4. En cuanto a los demás Estados italianos, sus juderías son tan célebres que incluso un médico de Felipe IV, Cardoso, logró pasarse a las de Venecia y Verona para poder practicar libremente la fe de sus antepasados5. Sólo en España se admite una única religión. Y no sólo en teoría, sino en práctica, y por supuesto me refiero a la existencia y a la actividad del Santo Oficio de la Inquisición.

2En tales condiciones, las relaciones Iglesia-Estado adquieren una extraordinaria importancia ya que la Iglesia puede revelarse como un auténtico Estado dentro del Estado o como mínimo un contrapoder impresionante. Pensemos en el proceso inquisitorial que se le hizo a Olavide en 1776 (o sea, en realidad, un proceso a la Ilustración, o en otras palabras a la política gubernamental)6, y en el hecho de que Carlos III tuvo que desterrar al Inquisidor Quintano Bonifaz por haber seguido las consignas de Roma, desobedeciendo las órdenes reales7; por fin, tenemos también el caso de Felipe V quien en 1706 tuvo que recurrir al Santo Oficio para intentar disuadir al clero austriófilo de aprovecharse de las confesiones para afirmar su ilegitimidad8.

3Para regular las relaciones Iglesia-Estado, los Borbones se inspirarán en el sistema francés y en el Concordato firmado en Bolonia en 1516 entre León X y Francisco I. Por consiguiente dos Concordatos fueron firmados entre Madrid y la Santa Sede: el primero en 1737 y el segundo en 1753. Nos limitaremos a subrayar las principales características del segundo (1753), remitiendo a quien le interese el tema, al trabajo del profesor Antonio Mestre publicado en el tomo XXIX de la todavía inacabada Historia de España de Menéndez Pidal9.

4Para ceñirnos a lo esencial, el Concordato de 1753 suponía el control del aparato eclesiástico por el Estado. Ni más, ni menos. Es decir por el sistema de presentación: el derecho del monarca para presentar al Papa el nombre de quien quería que fuera nombrado obispo. Insistimos en este punto: se trataba de presentación y no de nombramiento, lo cual podía originar conflictos como fue el caso, como veremos en el Trienio Liberal. Lo mismo pasaba con los canónigos: durante nueve meses (quedando los otros tres a disposición del Papado) el Rey designaba a los canónigos, salvo a los de oficio (lectoral, magistral, y tesorero, que se veían sometidos a oposiciones). De esta manera, el Gobierno controlaba las promociones del clero secular y por supuesto se aseguraba su perfecta docilidad. Ejemplo típico de este sistema: Ramón de Arce, que llegó a ser Inquisidor General y Patriarca de las Indias, que se destaca por su celo ilustrado (dentro de lo que cabe) y se ve ascendido, por voluntad regia (o sea, en determinadas circunstancias, la de Godoy) primero a canónigo de Segovia, lo que suponía una renta digamos mediana, pasando luego a Valencia (lo que económicamente hablando era toda una promoción), siendo nombrado luego arzobispo de Burgos (400.000 reales de renta anual) y después arzobispo de Zaragoza (550.000 reales)10. Así es que, gracias a este control de las carreras eclesiásticas realizado por el Gobierno durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, la Iglesia española se convirtió en un auténtico aparato de Estado (como podemos comprobar con la utilización del pulpito para difusión de informaciones y formación ideológica –y no sólo religiosa– de los fieles)11.

5Por supuesto, había alguna contrapartida. Fundamentalmente dos. La primera, de tipo jurídico: el fuero eclesiástico. Lo cual significa concretamente que el Estado renuncia a su derecho y deber de justicia en cuanto se refiere a eclesiásticos. Es un privilegio enorme: María Luisa Candau Chacón ha publicado en 1993 una parte de su tesis doctoral bajo el título Los delitos y las penas en el mundo eclesiástico sevillano. Para apreciar el privilegio que suponía el fuero eclesiástico, bastará con señalar que, según la profesora Candau, un 38% de los clérigos acusados de delitos o crímenes se libraron con una amonestación, incluso en casos de pendencias o adulterios, mientras que los mismos llevaban sistemáticamente a cualquiera a la cárcel12. La segunda contrapartida del control estatal sobre el clero era de tipo económico, con las famosas dispensas que había que solicitar de Roma... y que, por supuesto, había que pagar. Dos primos (hasta el cuarto grado) que querían casarse tenían que solicitar del propio Papa la bendita dispensa. Urquijo, en 1799, intentará aprovecharse de la vacante del Papado para transferir la competencia de dispensar a los obispos, provocando así el llamado «cisma de Urquijo» que no era tal13. Pero caerá pronto, y con el ascenso al papado de Pío VII, se volverá al sistema de las dispensas pontificias y a lo que los liberales calificarán durante el Trienio de «hemorragia financiera» a favor de Roma14.

6La Guerra de la Independencia vendrá a romper este esquema con un doble vacío de poder: vacío de poder político primero con las renuncias de Bayona y la consiguiente «anarquía» (según la terminología afrancesada) que ocasiona la creación de juntas regionales primero; y luego un vacío de poder religioso con la condición de prisionero a la que se ve reducido el papa Pío VII de 1809 à 1814. En tales circunstancias, la Iglesia Católica pierde su carácter de romana, y no existe de hecho una Iglesia Católica, Apostólica, Romana, sino iglesias católicas nacionales (y el prototipo de estas iglesias es la francesa, perfectamente controlada por el Estado imperial). Pero en España, ni siquiera va a existir una Iglesia española, sino que el clero va a dividirse en tres grupos ideológicos: por una parte un clero afrancesado15, por otra, un clero servil y otro liberal entre los patriotas16.

7Así es que durante la Guerra de la Independencia, no se puede hablar de relaciones Iglesia-Estado en el sentido propio de la palabra, sino de relaciones Estado-clero, con clara voluntad tanto del Gobierno afrancesado como de la Regencia de captar su benevolencia y utilizarlo con fines propagandísticos.

8Por lo que se refiere al Gobierno afrancesado, pese a la voluntad de individuos como Juan Antonio Llorente de reestructurar la Iglesia española según el modelo imperial, no hubo ningún cambio significativo, y el Gobierno siguió intentando mantener el control del aparato eclesiástico mediante promociones según el clásico sistema del Antiguo Régimen, lo cual explica el importante número de canónigos que no tuvieron más remedio que poner pies en polvorosa y tomar el camino del exilio después de la batalla de Vitoria17.

9En cambio, con las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 se va a reforzar la prepotencia de la Iglesia en las relaciones Iglesia-Estado: no sólo se mantiene el fuero eclesiástico (artículo 249 de la Constitución) sino que se expresa claramente en el artículo 12 que

La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohibe el ejercicio de cualquier otra.

10Y este concepto se va a reafirmar en el artículo 173 (que se refiere al juramento que ha de prestar el Rey):

N... (aquí su nombre), por la gracia de Dios y la Constitución española Rey de las Españas, juro por Dios y por los Santos Evangelios que defenderé y conservaré la religión católica, apostólica romana, sin permitir otra alguna en el reino.

11Y lo mismo tiene que jurar el Príncipe de Asturias (artículo 212) mientras que el artículo 366 hace obligatoria la enseñanza del catecismo. Pero todo ello es poco, cuando nos fijamos en el hecho de que todas las elecciones se hacen bajo los auspicios de la Iglesia, ya que (artículo 47 que se refiere a las juntas parroquiales) antes de la votación:

Hallándose juntos los ciudadanos que hayan concurrido, pasarán a la parroquia con su presidente, y en ella se celebrará una misa solemne de Espíritu Santo por el cura párroco, quien hará un discurso correspondiente a las circunstancias.

12Lo mismo pasará con las juntas de partido (artículo 71) y en las juntas de provincia (artículo 86) correspondiendo en este caso al obispo «o en su defecto al eclesiástico de mayor dignidad» pronunciar el discurso propio de las circunstancias18. En otras palabras, el Concordato de 1753 contemplaba la dependencia de la Iglesia con respecto del Estado. La Constitución de Cádiz contemplaba la dependencia del Estado con respecto de la Iglesia, lo cual tendrá las máximas consecuencias cuando se intente aplicar de verdad la Constitución, o sea durante el Trienio Liberal.

13Esto nos explica por qué en 1820, cuando Fernando VII se vio obligado a jurar la Constitución de 1812, no hubo ninguna reacción por parte del clero español. Todo lo contrario. Y sin embargo, a los pocos meses, gran parte de la Iglesia española y sobre todo la mayoría de los obispos predicaban abiertamente en contra del sistema liberal. ¿Qué había pasado? No vamos a ocultar los resultados de una política de reducción de los privilegios eclesiásticos que fue considerada por gran parte de la Iglesia española como anti-religiosa19. Pero mucho más importante me parece la acción política del Papado (concretamente del Secretario de Estado, Ercole Conzalvi) y el activismo de que hizo alarde el nuncio apostólico en Madrid, Mons. Giustiniani20. Efectivamente, apenas hubo jurado Fernando VII la Constitución de 1812, Mons. Giustiniani en su correspondencia con Ercole Conzalvi le ponía sobre aviso sobre el peligro revolucionario que suponía el texto constitucional y le indicaba las armas de las que podía valerse la Iglesia para combatirlo. Y estas armas, eran la propia Constitución y esencialmente, el famoso artículo 1221. Hercule Gonzalvi creó en Roma una Comisión para los asuntos de España y esta Comisión no tardó en dictaminar que los españoles no podían jurar la Constitución porque ésta contemplaba la libertad de imprenta22. Pero al mismo tiempo que Roma condenaba la Constitución española por impía, exigía por medio del Nuncio su estricta aplicación en cuanto se refería a la protección de la religión, llegando por ejemplo a pedir la creación de juntas diocesanas de censura previa de todo impreso23. Por otra parte, Roma se negó a confirmar los nombramientos de obispos presentados por el Gobierno y por supuesto adictos al régimen liberal (de un total de doce obispos preconizados tan sólo dos fueron confirmados)24. Así es que el Concordato que hasta ahora había permitido el control por el Estado del aparato eclesiástico se había convertido en un obstáculo insuperable para lograr este control. Y entre la exigencia de la estricta aplicación de la Constitución en lo religioso25 y las indignadas protestas cuando no conseguía sus fines por una parte, y la aplicación malévola del Concordato, por otra, el Nuncio consiguió captarse la adhesión de la mayoría de los fieles, adhesión que transparenta en la denominación que se dio al ejército ultra realista de la Seo de Urgel: Ejército de la Fe26. En las relaciones Iglesia-Estado, la Iglesia se había impuesto al Estado.

14Por supuesto, durante la década ominosa, se volvió al sistema anterior, y Roma no opuso ni la menor objeción al nombramiento de los obispos preconizados por Fernando VII quien pudo premiar a los clérigos que se habían opuesto con la mayor virulencia a los liberales27. El ejemplo más significativo fue el de Iguanzo y Ribero que en 1824 pasó directamente de la sede de Zamora (425.000 reales anuales de renta) a la de Toledo (la más pingüe de España, con más de 4 millones de reales de renta)28. Pero hay que destacar algo muy importante: creyendo premiar la fidelidad a su persona –en realidad premiaba Fernando VII la fidelidad a Roma– la Iglesia española, o mejor dicho, la jerarquía eclesiástica española que bajo Carlos III y Carlos IV había sido una jerarquía regalista, había pasado a ser (como lo será en adelante toda la Iglesia española) una Iglesia ultramontana.

15La famosa «alianza del Trono y del Altar» suponía en realidad una clara dependencia del Estado con respecto de la Iglesia, Y esta asimilación de la Iglesia con la reacción fernandina provocó entre las clases populares un violentísimo anticlericalismo que se traducirá después de la muerte del Soberano en las matanzas de frailes en Madrid (julio de 1834), en Barcelona y Reus (octubre de 1835) y el incendio de conventos en Barcelona, Murcia y Valencia29. En tal contexto, Roma y Madrid van a enfrentarse hasta la ruptura, que se produce en julio de 1835: por una parte, Roma (impulsada por Austria) no reconoce a Isabel II, pretendiendo no reconocer a un régimen que toleraba la irreligión; por su parte, el Gobierno de Madrid no reconoce el carácter de nuncio apostólico del embajador de Roma en Madrid, y practica una política de supresión de órdenes monacales y desamortización (Mendizábal), supresión de diezmos, política presentada por la Iglesia y que en realidad no es sino un nuevo planteamiento de la situación económica del clero que queda plasmada en el artículo II de la Constitución de 1837:

La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica, que profesan los españoles.

16Desde el 4 de julio de 1835 (fecha de la expulsión de España de la Compañía de Jesús), hasta 1845, las relaciones Iglesia-Estado sufren una crisis que traducen la ausencia de nuncio apostólico en Madrid y la negación de Roma de confirmar a los obispos preconizados por Madrid. Los motivos de desavenencia entre Madrid y Roma son fundamentalmente dos: la «sanación» de los bienes eclesiásticos o, dicho en otras palabras, la dotación del clero; y el reconocimiento de Isabel II. Y como en 1844 Austria admite por fin a Isabel y no presiona a Roma para oponerse a ella, se podrá llegar a un convenio firmado el 27 de abril de 1845: Roma acepta de hecho (aunque todavía no de derecho) al Gobierno de Isabel aceptando nombrar a cuatro obispos preconizados por Madrid, y Madrid se compromete a solucionar la situación económica del clero30. El nuevo texto constitucional de 1845 traduce este nuevo acercamiento entre Roma y Madrid, haciendo de nuevo de la religión católica, apostólica romana, no ya la religión que profesan los españoles, sino la religión de la Nación española:

La religión de la Nación española es la católica, apostólica romana. El Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros [artículo II].

17Esta nueva colaboración entre el Estado y la Iglesia se plasmará en el Concordato firmado entre Pío IX e Isabel II en 1851. Con respecto del Concordato de 1753, este nuevo texto supone una increíble pérdida de las prerrogativas estatales. El artículo I no es sino la reiteración del famoso artículo 12 de la Constitución de Cádiz:

La religión católica, apostólica, romana, que con exclusión de cualquiera otro culto continua siendo la única de la Nación española, se conservará siempre en los dominios de S. M. Católica con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la Ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados cánones.

18Pero los artículos 2, 3 y 4 contemplan el absoluto control de las consciencias y especialmente de la educación por el clero, la absoluta dependencia del poder civil frente al religioso (hasta en materia de censura) y en cambio la absoluta independencia del clero con respecto de este poder civil. Merece la pena leer estos tres artículos que al fin y al cabo representan una completa capitulación del Estado frente a la Iglesia:

Artículo 2. – En su consecuencia la instrucción en las universidades, colegios, seminarios y escuelas públicas o privadas de cualquiera clase será en todo conforme a la doctrina de la misma religión católica; y a este fin no se pondrá impedimento alguno a los obispos y a demás prelados diocesanos encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina de la fe y de las costumbres, y sobre la educación religiosa de la juventud en el ejercicio de este cargo, aun en las escuelas públicas.
Artículo 3. – Tampoco se pondrá impedimento alguno a dichos prelados ni a los demás sagrados ministros en el ejercicio de sus funciones, ni los molestará nadie bajo ningún pretexto en cuanto se refiere al cumplimiento de los deberes de su cargo; antes bien cuidarán todas las Autoridades del reino de guardarles y de que se les guarde el respeto y consideración debidos, según los divinos preceptos, y de que no se haga cosa alguna que pueda causarles desdoro o menosprecio, S. M. y su Real Gobierno dispensarán asimismo su poderoso patrocinio y apoyo a los Obispos en los casos que le pidan. Principalmente cuando hayan de oponerse a la malignidad de los hombres que intenten pervertir los ánimos de los fieles y corromper sus costumbres, o cuando hubiere de impedirse la publicación de libros malos y nocivos.
Artículo 4. – En todas las demás cosas que pertenecen al derecho y ejercicios de la autoridad eclesiástica y al Ministerio de Ordenes sagradas, los obispos y el clero dependiente de ellos gozarán de la plena libertad que establecen los sagrados cánones31.

19Esta auténtica renuncia del Estado fue puesta en tela de juicio durante el bienio progresista y la carta circular del Ministro de Justicia del 19 de agosto de 1854 vino a contradecir las disposiciones del Concordato, enviando la orden a los obispos de abstenerse de censurar en sus pastorales los impresos que podían desagradecerles o criticar al Gobierno y de cuidar que los párrocos hicieran lo mismo. Esta fue la primera de toda una serie de disposiciones gubernamentales que contravenían lo dispuesto en el Concordato. Y si tomamos en cuenta que en las Cortes Constituyentes de 1855, se habló claramente de la posibilidad de tolerar otros cultos que el católico y que se puso en obra otra desamortización (con Madoz), no nos extrañará nada la ruptura que se produjo entre Roma y Madrid el 14 de julio de 1855. Pero la vuelta de los moderados al poder tuvo entre otras consecuencias al igual que la nueva vigencia de la Constitución de 1845, una consolidación del Concordato de 1851, plasmada en el Convenio firmado entre Pío IX^e Isabel II el 25 de agosto de 1859. Para decirlo de una manera un poco brusca, este convenio era en realidad un tratado económico que venía a solucionar los problemas originados por la desamortización. Y era también una manera de reafirmar la vigencia del Concordato ya que en el artículo 21 y penúltimo se especificaba:

El presente convenio, adicional al solemne y vigente Concordato celebrado en 16 de marzo de 1851, se guardará en España perpetuamente como ley del Estado, del mismo modo que dicho Concordato32.

20Habrá que esperar a la Revolución de 1868 y a la nueva Constitución de 1869 para leer lo siguiente:

La Nación española y en su nombre las Cortes Constituyentes elegidas por el sufragio universal, deseando afianzar la justicia, la libertad y la seguridad y proveer al bien de cuantos vivan en España, decretan y sancionan la siguiente Constitución: [...]
Artículo 21. – La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la Religión católica.
El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado a todos los extranjeros residentes en España sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y del derecho.
Si algunos españoles prefirieren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior.

21Y en el artículo siguiente (27) se especificaba también:

Todos los españoles son admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad.
La obtención y desempeño de estos empleos y cargos, así como de la adquisición y ejercicio de los derechos civiles y políticos, son independientes de la religión que profesan los españoles.

22Por fin, la religión católica apostólica romana había dejado de ser religión de la Nación y los españoles tenían derecho a practicar otro culto. Pero la misma timidez de la formulación nos muestra cuánto había que seguir contando con la Iglesia. Pero esto ya es harina de otro costal.