1A partir de los fundamentales trabajos de D. Claudio Sánchez Albornoz, en los años cuarenta1, refrendados en su tesis nuclear por los más recientes de los profesores Claude y Diesner2, parece existir unanimidad internacional en adjetivar de protofeudal a la formación social y política encarnada por el Reino de Toledo a principios del siglo VIII. Dicho calificativo, en esencia, supone una sociedad y Estado hispanovisigodos organizados de forma bastante similar a la propia del Imperio carolingio de casi un siglo posterior. Fundamental para una tal afirmación habría sido el alto grado de sistematización al que se habría llegado a la hora de organizar la Administración visigoda según los cauces de una «jerarquía vasallática» (Lehns-hierarchie), que unía al soberano mediante lazos de fidelidad jurada con los miembros de la nobleza, monopolizadores de los altos cargos administrativos y beneficiados con la entrega condicional de bienes de titularidad pública, y la creciente patrimonialización de los derechos jurisdiccionales y fiscales derivados de sus cargos administrativos. Para algunos investigadores, una tal protofeudalización en la superestructura política habría tenido su perfecto correlato en la infraestructura socioeconómica o relaciones sociales de producción. De tal forma que en la esencial propiedad fundiaria se había llegado a un alto grado de sistematización y uniformidad, con el surgimiento de un campesinado unido por lazos de dependencia y fidelidad a la propiedad y con la muy autónoma posesión condicional, vitalicia y heredable, de un terruño de dicha propiedad. A mayor abundamiento esas típicas relaciones protofeudales habrían informado la misma estructura social y económica de la Iglesia visigoda y la misma cobertura ideológica de todo el sistema, en grandísima medida creación de la jerarquía eclesiástica3.

2Las siguientes páginas pretenden exponer críticamente todas estas afirmaciones con algún mayor detalle, enfatizando muy especialmente las similitudes y diferencias con la posterior realidad carolíngia. Al mismo tiempo trataremos de mostrar cómo la dinámica interna encerrada en dichas relaciones políticas y socioeconómicas de naturaleza protofeudal, en sí misma conducía inexorablemente a la ruina del Estado unitario y centralizado que durante algún tiempo había aspirado a ser el Reino visigodo de Toledo. Este último en gran medida habría sido el fruto de los esfuerzos militares y políticos de Leovigildo y Recaredo (569-601), bajo la inspiración directa del Estado protobizantino de Justiniano4. Precisamente este último será un segundo elemento comparativo, que nos mostrará ciertas semejanzas entre el protofeudalismo hispanovisigodo y el propio de. otras provincias externas de Bizancio en los siglos VII-VIII, tales como Egipto y los Exarcados de Cartago y Ravena.

3En primer lugar: generalización y uniformalización feudalizantes –ciertamente en el sentido dado al término por M. Bloch5– de las relaciones de propiedad y sociales de producción. La documentación legal y diplomática de la época visigoda presenta el predominio de la villa tardorromana como unidad básica en la ordenación del paisaje y propiedad rurales6. Sin embargo la gran movilidad que caracterizó a la gran propiedad, sobre todo a la laica, hizo muy general la existencia de fracciones (portiones) de una antigua villa propiedad de diversos individuos. Fraccionamiento de la propiedad que, por lo general, no habría llevado aparejada la destrucción de la unidad estructural y económica que constituía la antigua villa matriz. A ello obligaban tanto el dominante policultivo como la estrecha relación orgánica que solía existir entre tierras de labor, plantaciones o huertos, y los baldíos, pastizales y bosques. De tal forma que lo general era la existencia de auténticos copropietarios (consortes) de una misma villa; constituyendo las diversas porciones de ésta no tanto divisiones físicas de la misma como de la propiedad y de los derechos dominicales a ella inherentes: tales como rentas, esclavos, producción y utilización conjunta y proporcional de sus zonas baldías y pastizales etc. De tal forma que parece fue excepcional la partición real de los baldíos, pastizales y bosques7.

4Si en lo anterior no parece existir grandes diferencias entre el campo visigodo y el carolingio del siglo VIII, tampoco parece que las hubiera en lo relativo a la misma organización de esa unidad básica que fue la villa. Máxime cuando las últimas investigaciones sobre la villa carolingia, a partir del fundamental estudio de A. Verhulst de 1957, han tendido a señalar el carácter todavía regional de la típica villa bipartita que muestran los polípticos carolingios del IX pertenecientes a las grandes abadías de la Île-de-France8. De esta forma la típica villa visigoda de principios del siglo VIII seguía descomponiéndose en una especie de cotos cerrados de cierta extensión, directamente explotados por el propietario, y en una serie de unidades menores entregadas para su explotación autónoma a una serie de tenancieros con obligaciones diversas9. Lo cual se debía a una herencia tardorromana observable en todo el mundo mediterráneo de la época, incluso en el oriental bizantino10. Pero una tal bipartición no excluía una gran variedad de situaciones: desde la existencia de reservas aisladas a la de tenencias también separadas por completo de cualquier reserva señorial más o menos próxima. En todo caso en la villa hispanovisigoda, como en una buena parte de las carolingias, la reserva no se explotaba acudiendo principalmente a las prestaciones de trabajo de los tenancieros. Pues dichas prestaciones no parece que constituyesen la parte esencial de las obligaciones de aquellos hacia sus señores; y, de existir, consistían por lo general en obligaciones de acarreo de la cosecha a los graneros o lugares ad hoc señalados por el propietario (angariae)11. Pero, dicho esto, la otra gran verdad de la villa hispanovisigoda era su extremada diversidad organizativa. Hasta tal punto que a finales del siglo VII se detecta en el área galaica una mayor aportación del trabajo de los tenancieros para la explotación de la reserva señorial. Aunque la documentación a disposición nuestra lo limita a la gran propiedad eclesiástica y como forma de apropiación por los obispos de la fuerza de trabajo de los esclavos de la Iglesia en beneficio de sus propias explotaciones12.

5En lo referente al trabajo de las grandes reservas señoriales, en la España de principios del siglo VIII en grandísima medida éstas debían estar trabajadas por esclavos del propietario. El número de éstos podía llegar a cifras elevadas y comparables a los de las grandes abadías carolingias, como sería el caso conocido de la propiedad de la abadía mitrada de Dumio, en las proximidades de Braga13. En todo caso ninguna reserva podría llamarse así, que no contase con un mínimo de dos grupos familiares de esclavos14. Tales esclavos constituían con la propiedad una unidad indisoluble, transmitiéndose siempre ésta en compañía de aquellos, a los que se solía mencionar por su nombre en los diplomas correspondientes15.

6Al igual que en el Imperio Carolingio, el término villa tenía ya una significación ambigua, sirviendo tanto para señalar una granja aislada como un agrupamiento aldeano. Siendo predominante, a juzgar por los testimonios escritos y arqueológicos, el habitat rural agrupado en la España de la época16, el sentido de villa como aldea equivalía al predominio de la gran propiedad estructurada en unidades autónomas de producción o tenencias campesinas. Al igual que allende los Pirineos, y en tiempos algo posteriores, tales tenencias recibían nombres diversos, tal vez obedientes a su tamaño y aislamiento o antigua situación jurídica de su tenanciero (agella, colonica); aunque en la terminología jurídica se generalizaría el uso de la voz sors,17 al igual que en la legislación bizantina contemporánea18. Al igual que en la Francia carolingia, junto a estas denominaciones heredadas del Bajo Imperio también se usaba la palabra mansio, que incluía tanto a la vivienda campesina como a la tierra trabajada por sus posesores19; su etimología era la misma que la del posterior mansus ultra pirenaico. Si la diversidad reinaba en el tamaño y forma de las reservas, otro tanto podría decirse en lo relativo a las tenencias. Siguiendo viejas tradiciones romanas, la tenencia-tipo, fundamentalmente dedicada a la cerialicultura, tendría una extensión dependiente del numero de yuntas con que contase el tenanciero. Una ley antiqua fija un mínimo de seis hectáreas para el que poseyera sólo una yunta, lo que se corresponde bien con el término medio de las tenencias serviles registradas en los polípticos carolingios de las abadías de la Ile-de-France20. En caso de incluirse estructuralmente en una villa los tenancieros, genéricamente denominados mansores, tenían ciertos derechos comunitarios e interdependientes: utilización de bosques y prados en proporción directa a la extensión de sus tenencias, con o sin pago de un diezmo21. Algunos datos arqueológicos pueden hacer pensar también en la obligación por los tenancieros de utilizar ciertas maquinarias transformativas de gran coste – como prensas vinarias, molinos etc. – propiedad del dueño de la villa22. Muy variable debía ser también la estructura de las rentas pagadas por estos tenancieros. Además de las corveas antes indicadas de acarreo, lo más usual sería el pago de un diezmo sobre todos los frutos obtenidos, así como toda una serie de entregas consuetudinarias englobadas bajo el calificativo de exenia23, esto por lo que hace a los tenancieros de condición no servil, mientras los esclavos estarían sin duda sometidos a más duras condiciones. Denominadas en conjunto censuso cano24, dichas rentas eran anotadas minuciosamente por los encargados de tales conjuntos fundiarios o villae, que recibían el nombre de vilicus, actor o incluso maior loci, según tradiciones tardorromanas también presentes en el Imperio Carolingio25.

7La posición o condición jurídica de los tenancieros de la gran propiedad era muy variada, obedeciendo a orígenes históricos diferentes. Sin embargo la originalidad de la evolución social visigoda habría consistido en una muy fuerte tendencia a la uniformidad en una clase genérica de campesinado dependiente, con solo dos subgrupos, gentes de condición esclava y campesinos libres, pero bajo una relación de patrocinium respecto del dueño de la tenencia que poseían. Dicha relación llegaría a ser tan severa, afectando por completo a la libertad de movimientos y de disposición de sus bienes por parte del tenanciero encomendado, que la única diferencia de éste, respecto de sus congéneres esclavos residiría exclusivamente en un menor peso de la renta señorial. A diferencia de lo ocurrido allende los Pirineos, el espíritu sistemático de la legislación visigoda y el avanzado estado de protofeudalización social y política harían que tal simplificación jurídica, por completo innovadora frente a la tradición romanista, se reflejase totalmente en la legislación de finales del siglo VII. Pero hablemos de ambos procesos simplificadores un poco más detenidamente.

8La legislación recogida en el Líber Iudicum está llena de referencias a los esclavos26. Sin duda una gran mayoría de ellos eran los tenancieros de las mansiones insertas en las estructuras de la gran propiedad. A tal fin, tales esclavos tenían unas características muy diferentes de sus precedentes romano-clásicos: poseían un peculium, no sólo compuesto de bienes muebles y de instrumental agrícola, sino también de algún que otro inmueble; además tenían una cierta personalidad jurídica, siendo por completo responsables de sus actos27. Dichos esclavos tenían una novedosa doble dependencia, pues a la tradicional del dominus se unía la de la tierra que trabajaban, y con la que necesariamente se transmitía su propiedad28. Este último hecho asemejaba a los esclavos del protofeudalismo visigodo a los colonos del Bajo Imperio. Curiosamente los textos legales y literarios visigodos ignoran la existencia de colonos para finales del siglo VII, por más que éstos constituyeran una categoría jurídica predominante entre el campesinado tardorromano29. Una serie de textos literarios y legales – Salviano de Marsella, novella III de Valentiniano III, interpretationes alaricianas y los Fragmenta Gaudenziana – permiten documentar cómo a lo largo del siglo V y principios del VI, a favor de las turbulentas circunstancias político-militares, las varias categorías del colonato bajo imperial se habían englobado en la más dependiente de los tributarii y originarii, para ser éstos finalmente confundidos con los antiguos servi, afirmándose finalmente el carácter sinonímico de ambas expresiones30. Con ello la España visigoda habría alcanzado un grado de sistematización jurídica muy superior al de los países vecinos en el siglo VII31. Tal vez a ello pudo contribuir la noción visigoda de la Hausherrschaft germana, a lo que parece muy cercana a la esclavitud32. La conversión en esclavos de los antiguos colonos, además de representar el punto final de una evolución multisecular, se encuadró en una disminución de la barrera que tradicionalmente separaba a libres y esclavos en la legislación clasica. Junto con la frecuencia de la autoventa de uno mismo o de algún hijo, como esclavo, la legislación visigoda resucitó la esclavitud por deudas, o por la incapacidad de satisfacer una indemnización en virtud de un proceso civil o criminal. Y, junto con la normal consideración servil de los hijos de la unión entre libres y esclavos, el legislador visigodo también estipuló la pérdida de la ingenuidad para quien se uniera con una persona esclava33.

9Tras los esclavos, el segundo grupo en importancia dentro del conjunto de los mansores o tenancieros lo constituían gentes formalmente libres, pero bajo una estricta relación de patrocinium respecto del dueño de la mansio. La formación de este grupo de campesinos dependientes se logró a través de varios procesos convergentes que afectaron a gentes originariamente de condición jurídica y socioeconómica diferente: libertos, pequeños propietarios libres y precaristas.

10El deterioro de la pequeña explotación campesina libre había ciertamente comenzado en España con anterioridad a las invasiones del siglo V. Éstas y las nuevas condiciones políticas imperantes no hicieron más que favorecer y acelerar dicho proceso, de forma idéntica y en paralelo al de la conversión en esclavos de los antiguos colonos libres. Así desde principios del siglo V debió ser cada vez más normal que pequeños campesinos libres se acogiesen a una relación de patrocinio respecto de un poderoso, recibiendo posteriormente un lote de tierra para su cultivo, contra el pago de un census. Con mucha frecuencia dicho lote de tierra había sido la previa propiedad del encomendado, y que éste había cedido al poderoso al entrar bajo su patrocinio34. La Iglesia, con una tradición jurídica mayor y más burocratizada, desde muy pronto formalizó tales relaciones de dependencia bajo el contrato de precaria; de donde se extendería también a la gran propiedad laica35. Estas cesiones de tierras a encomendados per chartulam precariae tendieron a convertirse en vitalicias y heredables, con tal que el tenanciero entrase también en la misma relación de patrocinio que sus padres36. Una situación semejante era la ocupada por aquellos campesinos libres que ocupaban una tenencia contra el pago de un canon anual, mediante un contrato (placitum) estipulado a larga duración. Estas últimas cesiones debieron ser sobre todo frecuentes en caso de tenencias aisladas, de nueva roturación, para emigrantes, incluso para subtenencias37.

11Otro grupo muy importante de tales mansores lo constituían los libertos38. La imperante mentalidad eclesiástica no había hecho más que incrementar las manumisiones, siempre muy presentes en la esclavitud romana, sobre todo en el caso de la propiedad de la Iglesia y por testamento. Pero la nueva legislación de Ervigio habría eliminado la hasta entonces posibilidad de la manumisión lata, permitiendo sólo la que obligaba a que el liberto permaneciera bajo la estricta dependencia (in obsequio) de su antiguo dueño, convertido ahora en supatronus39 Égica y Witiza volverían a insistir en lo mismo, obligando también a que los descendientes de tales libertos permanecieran para siempre en dicha situación de dependencia40. Con anterioridad a dicha legislación civil, los Concilios III y IV de Toledo ya habían decretado lo mismo para los libertos de la Iglesia41. Derecho canónico que también habría dado un paso más en el acercamiento entre la situación de los libertos, y en general de todos aquellos situados bajo el patrocinium eclesiástico, y de los esclavos, al hacer trasmisible dicha condición a los que matrimoniasen con aquellos42.

12Esto último significaba ya una evidente confusión o igualación por la base, entre el estatuto del esclavo y el de los libertos y libres encomendados. En este mismo sentido se entiende también el que Chindasvinto y Recesvinto extendieran la especial reglamentación del derecho romano clásico para los delitos cometidos por esclavos sciente o iubente domino, a los libertos y libres que estuvieran en una relación de patrocinio, eximiendo a unos y a otros de responsabilidad directa43.

13Las razones que condujeron a una tal generalización del campesinado dependiente en la España de principios del siglo VIII fueron varias. Pero en ello no sólo influyeron causas negativas para el pequeño propietario y para el humilde colono; ni tampoco la nueva situación puede considerarse genéricamente óptima para la gran propiedad. Con la extensión de esta clase del campesinado dependiente, compuesta de tenancieros de estatuto jurídico vario, los propietarios renunciaban ciertamente a las hipotéticas mayores ganancias de una explotación directa, pero se aseguraban una mano de obra, no muy abundante en esta época, y evitaban el peligro de las grandes concentraciones de esclavos sin peculio en las reservas señoriales44. Al mismo tiempo, el carácter disperso de la inmensa mayoría de los grandes patrimonios laicos también imposibilitaba la explotación de todas las fincas de forma directa. Además podrían utilizar como soldados privados en unos tiempos turbulentos a algunos de los campesinos que entraban bajo su dependencia, y que eran especialmente aptos para dicha función. Por su parte, los humildes se aseguraban, al aceptar tal estatuto de dependencia, un trozo de tierra que trabajar y una evidente protección contra las turbulencias militares y la violencia fiscal del Estado.

14El Estado visigodo desde los tiempos de Eurico, cuando menos45, habría terminado por aceptar una modalidad del patrocinium tardorromano especialmente odiosa a los legisladores romanos del siglo IV: la prestación de un servicio armado por los encomendados en beneficio del patronus46. Un hecho de tan grande trascendencia social se explicaría no sólo por la mayor debilidad del poder real visigodo respecto del de los emperadores romanos, sino también porque la estructura sociopolítica del invasor godo se fundamentaba en los estrechos lazos de dependencia personal y económica engendrados en la Hausherrschaft germánica, en gran parte semejantes a los del contemporáneo patrocinio tardorromano.

15Algunos datos dispersos permiten sospechar que la «soberanía doméstica» imperante entre los Visigodos suponía, para los sometidos a la jurisdicción del Herr, una situación de extrema dependencia, hasta el punto de asemejarles más a los esclavos que a los libres de las nociones jurídicas romanas. Y ello incluso aunque este tipo de dependientes (Knecht) pudieran ser utilizados ampliamente como mesnadas privadas en los tiempos de la invasión y de la inmediata Landnahme en Aquitania y España47. Con independencia de éstos, la Hansherrschaft visigoda en manos de una poderosa nobleza incluía también un grupo de guerreros profesionales, de estatuto servil, pero cuya condición socioeconómica tras la Landnahme les asimiló más bien a la ingennitas romana: los saiones48. Por otro lado, la creciente interdependencia entre nobles germanos al frente de sus «séquitos armados» (Knechtsgefolgschaft y Gefolge) la aristocracia militar tardorromana49 había generalizado la utilización por sus miembros, con independencia de su origen étnico concreto, de séquitos de soldados de élite, generalmente a caballo, unidos por un especial juramento de fidelidad, contra la entrega de un beneficio económico; todo ello formalizado según el modelo del patrocinium antes analizado y la noción cristiana de la fides expresada en el juramento; estos soldados privados recibieron el nombre genérico de buccellarii50. La disolución progresiva del Estado romano-imperial en la Galia y en la Península ibérica, así como la confluencia entre la aristocracia militar de servicio y la senatorial terrateniente en esos mismos territorios a lo largo del siglo V, habrían extendido la presencia de tales mesnadas privadas entre los epígonos de dicha aristocracia senatorial occidental; por otro lado, este fenómeno era imprescindible, dada la creciente difusión de las prácticas autoprágicas en el seno de la gran propiedad fundiaria. Testimonios legales, literarios y arqueológicos prueban que una buena parte de la fuerza militar existente en el Reino visigodo de finales del siglo V y principios del VI lo constituían tales séquitos de bucelarios, a los que se había venido a pagar su fidele seruitium etpromptum obsequium mediante la entrega, a título beneficial y condicional, de una finca con su correspondiente fuerza de trabajo humana51. Concesiones beneficiales en la práctica vitalicias y aun heredables, de continuar la prestación militar por los herederos naturales o políticos del encomendado. Las consecuencias socioeconómicas que supuso la Landnahme gala e hispana para la nobleza visigoda habría subsumido en este tipo de bucelariato a sus tradicionales séquitos de sayones52.

16Todo parece indicar que la «realeza militar» (Heerkönigtum) fundada por Alarico I se basaba en buena medida en la existencia de tales séquitos armados emanados de la «soberanía doméstica» de la nobleza goda53. Entre tales séquitos destacaba sin duda el que se encontraba a disposición del propio Reiks54. La misma consolidación de dicha «realeza militar» en el linaje de los Baltos a lo largo del siglo V habla a favor de la importancia de tal séquito real, favorecido por el aporte eqüestre de los godos panonios de Ataúlfo55, y por las consecuencias de la Landnahme aquitana. Este último fenómeno, unido a las catástrofes militares sufridas por el linaje Balto con Alarico II (507), y por el Balto-Amalo con Amalarico (531), y a las consecuencias de la nueva e ibérica Landnahme goda tras el 507, habría también subsumido al séquito militar regio, de raigambre goda, en el bucelariato común a los epígonos senatoriales hispanos. De lo cual sería el mejor ejemplo la nueva base político-militar del pequeño Amalo peninsular que pudo ser Theudis56: nuevo Reiks visigodo confiado sobre todo en los dos mil bucelarios beneficiados a costa del patrimonio fundiario de su esposa hispanorromana57.

17El origen de la Monarquía visigoda en el Heerkönigtum germánico y en la importancia del séquito personal del soberano explicaría también otro elemento característico de la posterior formulación institucional de la unidad del Estado y de la legitimidad del poder real: el juramento de fidelidad de los súbditos al rey y de éste al pueblo. Como ha señalado con acierto D. Claude, ambos juramentos, también testimoniados entre los Ostrogodos, tendrían un origen anterior al asentamiento aquitano y se basarían en el carácter mutuo de las típicas relaciones clientelares (Gefolgschaftsverhältnisse) germánicas58. El primer tipo de juramento lo sería de lealtad y fidelidad a su señor por parte de los miembros del séquito de hombres libres (Gefolge) del rey godo. El segundo también lo sería de lealtad y fidelidad del señor, en este caso el rey visigodo, para con los miembros de dicho séquito militar.

18Pero, aunque la etnogénesis visigoda hundía sus raíces en hechos y formulaciones socioinstitucionales de raigambre germánica, no puede olvidarse que la nueva «realeza militar» fundada por Alarico I habría sufrido desde muy pronto un fuerte proceso de imperialización. Dejando a un lado las similitudes imperiales, sobre todo las de más marcado carácter militar, del mismo Heerkönigtum germano59, dicha imperialización se habría hecho sobre todo evidente en tiempos del predominio ostrogodo en la primera mitad del siglo VI. Aunque ya con anterioridad la Corte visigoda de Tolosa tenía más similitudes, pace Sidonio Apolinar60, con el Palatium imperial que con el Hall germano; y las funciones del mismo soberano para con la gran masa de sus súbditos provinciales eran las típicas magistraturales, herederas directas de las del Prefecto del Pretorio arlesiano y del magisterium utriusque milit iae per Gallias61. Dicha imperialización de la realeza visigoda habría comenzado con la asunción por el grande Teodorico de los elementos externos (ornamenta palatii, vestís regia) del poder imperial, y con su entronque con la misma dinastía imperial mediante la adopción del sobrenombre Flavio; todo ello completado con la construcción de estructuras administrativas centralizadas de tipo y tradición imperiales, para el regnum visigodo español. Imperialización ciertamente continuada por un monarca como Teudis, también un Amalo, y llevada a su paroxismo por Leovigildo (569-585). Imperialización leovigildiana según el modelo protobizantino de Justiniano, que se completaría con Recaredo y su conversión a la fe católica62.

19Pero, si Recaredo habría tratado de fortalecer el poder regio según cauces cesaropapistas protobizantinos, la historia visigoda posterior, y muy particularmente las accidentadas deposición de Suintila y elección de Sisenando (631)63, impondrían un último sello enormemente original en la concepción real visigoda. Este último sería sobre todo la obra de Isidoro de Sevilla y de la jerarquía eclesiástica y laica reunida en el Concilio IV de Toledo del 633-Sería entonces cuando se desarrollase la teoría isidoriana de la realeza visigoda entendida como un ministerium Dei, colocado bajo la tutela eclesiástica y sometida a una sanción celestial de su actuación; lo que se plasmó en el entronque directo de la monarquía visigoda con la davídica del Antiguo Testamento, protegiéndose al rey de los ataques de sus enemigos, como persona sagrada que era64. Si la superioridad sobre la Iglesia de Recaredo se plasmaba en su saludo como orthodoxus rex y nuevo Constantino revestido de funciones apostólicas, los reyes posteriores a Sisenando gozarían de una sacralización en sentido teocrático. Lo cual acabaría plasmándose en la ceremonia de la unción real, testimoniada con seguridad a partir de Wamba (672), con bastante anterioridad a la inaugurada por los príncipes de la casa de Heristal65.

20La unción regia venia así a culminar un proceso de cristianización de la realeza visigoda, de enorme trascendencia para la concepción de la monarquía en la Europa occidental posterior. Cristianización resuelta en un sentido teocrático, no obstante que se había iniciado con el proceso de imperialización y en un sentido cesaropapista típicamente protobizantino. Reflejo de esto último habría sido la ceremonia de la coronación de manos del metropolitano de Toledo; lo que Recaredo habría sido el primer monarca occidental en realizar a imitación del bizantino Marciano66.

21Pero la utilización del lenguaje cristiano para legitimar la unidad del Estado en torno al rey, al mismo tiempo que para definir de manera coercitiva las obligaciones de éste para con sus súbditos, ya se había iniciado con anterioridad al Concilio IV de Toledo, afectando a las mismas bases sociales e institucionales de la «realeza militar» germánica a la que nos referimos con anterioridad. Dichas bases las constituía el doble juramento de fidelidad, antes reseñado, entre el rey y su Gefolge. Como propio que era de hombres libres, y de un cierto status socioeconómico, dicho séquito regio tuvo que asimilarse en fecha temprana al bucelariato tardorromano a lo que también contribuía el ejemplo de los grandes magistri praesentales de origen germánico, espejo en el que sin duda se miraron los primeros reyes visigodos67. Al acomodarse dicho bucelariato a las pautas formales del patrocinium tardorromano, en el que la vieja fides romana se había llenado de contenido religioso por medio del juramento cristiano. Pero por otro lado, con el proceso de la conquista y asentamiento, los miembros del Gefolge real habrían adquirido importantes riquezas fundiarias a la manera de los epígonos senatoriales. De forma tal que unos y otros se habrían convertido en centros de séquitos armados de bucelarios y de relaciones de dependencia campesina (patrocinium y commendatio), como vimos anteriormente; expresándose ambas dependencias mediante el juramento cristiano de fidelidad al patronus y/o dominus. Fuertemente quebrantada el viejo Gefolge de los Baltos en el 507 y en el 531, apoyados soberanos como Teudis en las redes bucelariales de epígonos senatoriales hispanos, y confrontados a partir del 554 con la propaganda legitimista bizantina en el propio territorio peninsular, era obligado que se intentase buscar un nuevo vínculo de índole pública con todos sus súbditos libres por parte de soberanos como Leovigildo y Recaredo, empeñados en asentar una dinastía propia sobre todo el territorio peninsular.

22La constitución del antiguo juramento de fidelidad y lealtad de los miembros del Gefolge regio al soberano en vínculo esencial de unión entre el monarca visigodo y todos sus súbditos libres, con independencia de su origen étnico y condición social, sería así fruto de una iniciativa regia. Contando con el precedente de Teodorico el Amalo – pero limitado sólo a la persona del rey68, una tal iniciativa encaja muy bien en la política regia de finales del siglo VI, tendente a la utilización del nuevo lenguaje religioso para reforzar las prerrogativas y la personalidad regias. Sin embargo, cuando tenemos el primer testimonio escrito sobre la naturaleza de dicho juramento de fidelidad de todos los súbditos, en el 633 con motivo del Concilio IV de Toledo, éste ya tenía elementos de funcionalidad diversa. En ese momento el juramento, ya completamente cristianizado, establecía la obligación de todo leal súbdito (fidelis) de prestar al soberano «fiel y dispuesto servicio y entrega», salvaguardando con ello la vida y la estabilidad del monarca reinante, del reino (patria) y la nación (gens) de los Godos69. Estos dos últimos elementos del juramento sin duda no habían formado parte del viejo juramento surgido del Gefolge real visigodo70. Ambos obedecían ya a una concepción territorializada del Reino godo bajo moldes romano-imperiales, incluyéndose en la gens Gothorum ciertamente a todas las comunidades cívicas (populí) que convivían en el reino, con total independencia de su primitivo origen étnico71. Pero reconocida de antes la correpresentación de la nación por el rey y la nobleza, dicho añadido suponía así una cierta victoria de la nobleza72 sobre la monarquía. Limitación del poder regio en este poderoso instrumento cristiano de poder que era el juramento de fidelidad, que venía a coincidir en la coyuntura política con la sustitución de anteriores teorías cesaropapistas por otras claramente teocráticas, como vimos anteriormente.

23Como señalamos en su momento, el primitivo juramento de fidelidad del séquito regio se encontraba acompañado por el del rey para con aquel. Tampoco éste habría desaparecido, sino que por el contrario habría sufrido modificaciones muy significativas, empezando por su cristianización. Según se deduce del juramento prestado por Égica en el momento de subir al trono, este consistía en la promesa real de comportarse lealmente para con el pueblo (gens) y la patria de los Godos, lo que se concretaba en una administración estricta de la justicia en su acción de gobierno73. Se ha señalado, y con razón, que la permanencia, hasta el final del Reino visigodo, de este segundo juramento, a diferencia de lo que se observa en otros Reinos romano-germanos, sería una prueba más de la debilidad de la monarquía visigoda frente a la poderosa nobleza, laica y eclesiástica74. Y en este sentido se deberían interpretar los sucesivos añadidos que tuvo tal juramento real. Además de la concesión a la Iglesia que supuso en el 638 la promesa de velar en el futuro por la fe católica frente a los judíos75, más significativa sería la imposición a Recesvinto, en el 653, de la obligación regia de distinguir en el futuro nítidamente entre los bienes de la Corona y los suyos propios76. Todo ello muy en consonancia con el reconocimiento hecho poco antes por el enérgico Chindasvinto, de que el rey se encontraba sometido al imperio de la Ley, como el resto de los súbditos, y de la necesidad de contar con el voto favorable de los obispos y altos dignitarios palatinos para poder indultar al convicto de alta traición77. Años después, en el 683, el más débil Ervigio habría otorgado un auténtico Habeas corpus a la nobleza goda, al reconocerla sólo juzgable de alta traición por un tribunal de pares compuesto por el soberano, los obispos y los dignatarios palatinos78.

24Estas últimas limitaciones al poder real sucedidas en la segunda mitad del siglo VII sin duda eran producto de la especial evolución sociopolítica del Estado visigodo, antes bien que un resurgimiento de los viejos conceptos germanos del Landesverrat y del Widerstandsrecht, acerca de los que careceríamos de cualquier testimonio fiable. Concretamente serían el fruto y plasmación de una muy avanzada feudalización sociopolítica.

25Una misma explicación de feudalización sociopolítica tendrían posteriores añadidos al juramento general de fidelidad de los súbditos libres al soberano, la patria y el pueblo de los Godos. A partir del 638, dicho juramento se vería ampliado con el compromiso de salvaguardar la vida de la viuda y descendencia real, con la plena propiedad de los bienes heredados de su marido y padre respectivos, y la estabilidad de los bienes donados entregados a título beneficial (in stipendio) por el monarca difunto a sus leales servidores y colaboradores79. Tales añadidos eran el lógico corolario al afianzamiento del principio electivo en la sucesión real, establecido en el Concilio IV de Toledo del 63380; al tiempo que significaban el refrendo a una potente nobleza feudal hereditaria, sobre la que se hacía descansar la misma continuidad del Estado visigodo y la paz sociopolítica del mismo. Desde este punto de vista, la historia del juramento de fidelidad visigodo reflejaría una sistematización feudal del Estado toledano muchísimo mayor que la del posterior Imperio carolingio. También allí se vendrá en exigir a todos los súbditos libres y varones un juramento de fidelidad a partir del duodécimo año de reinado de Carlomagno81. Dicho juramento carolingio se establecerá, como su predecesor visigodo, como una extensión del preexistente y restringido que regía las relaciones señoriales de dependencia entre el encomendado y su patronus. Pero depositarios los Angiolfingos de las tradiciones hereditarias de los taumatúrgicos Merovingios, no se habrían visto en la necesidad de añadir al juramento la promesa de salvaguardar la vida y hacienda de los derechohabientes del soberano al fallecimiento de éste. Y confiada la nobleza dominante en el mantenimiento de la dinastía carolingia, tampoco se habría visto en la necesidad de hacer jurar a todos los súbditos la estabilidad de todos los beneficios obtenidos del poder regio por sus miembros en un momento determinado y a título hereditario82. De esta forma el reconocimiento del carácter más o menos patrimonial de los beneficios concedidos a los fideles regis visigodos por reyes como Quintila (636) y Ervigio (683)83, no tendría su contrapartida carolíngia hasta el Capitular de Quierzy-sur-Oise del 877, y en unas circunstancias muy coyunturales84. A mayor abundamiento el juramento general de fidelidad de los Carolingios supone un lazo de dependencia solamente con el monarca, único representante del Estado, a diferencia del visigodo en el que el rey comparte dicha posición con el territorio y el pueblo de los godos, según vimos anteriormente; por no hablar de la contrapartida real, representada por su juramento de lealtad.

26Sin embargo, las fundamentales definiciones constituyentes establecidas a partir del 633 y que hemos analizado con anterioridad – regulación de la elección real, patrimonialización de los beneficios de los fideles regis, corresponsabilidad legislativa y judicial de la alta nobleza con el rey, formulación teocrática de la función y persona del soberano, principalmente – no sólo suponen y fortalecen la feudalización del Estado visigodo, sino también un agudo conflicto entre el poder monárquico y la nobleza, laica y eclesiástica. Dicho conflicto reflejaba también la contradicción existente entre los intentos por imperializar la Monarquía visigoda a la manera de Justiniano, protagonizados por los reyes del último tercio del siglo VI y del primero del VII, y la realidad socioeconómica85.

27Del análisis, que hicimos al principio, de la evolución de las relaciones sociales de producción, se deduce cómo la sociedad visigoda a finales del siglo VII se encontraba polarizada en dos grandes clases sociales contrapuestas. Por un lado estaba la clase dominante formada por los grandes propietarios fundiarios, a la vez patronos de múltiples gentes in obsequio; por otro el amplísimo campesinado dependiente. Las estructuras socioeconómicas de dependencia afectaban además a la esencial supremacía de los vínculos de índole pública sobre los privados, propia de un Estado de tradición tardorromana. Y ello porque las tendencias autoprágicas propias de la gran propiedad tardorromana habían devenido en el Reino de Toledo de principios del siglo VIII en un sistema de inmunidades. Estas encuentran sus paralelos más cercanos en las concepciones autoprágicas bizantinas de los siglos VI y VII86; documentándose muy bien en lo tocante al poder jurisdiccional, en sus aspectos policíacos, judiciales y de coerción87, Ervigio llegará a reconocer el derecho de los grandes propietarios a juzgar y castigar, incluso con la pena capital, a las gentes bajo su dependencia88. Y en el 633, la Iglesia visigoda debió obtener muy probablemente la exención fiscal completa para todos los clérigos de condición libre y las tierras que poseyeran, salvo las de propiedad estatal usufructuadas cada vez en mayor número por los obispos89. Y ello dejando de lado la creciente patrimonialización de los derechos jurisdiccionales ejercidos por la nobleza por ostentar cargos públicos, sobre lo que volveremos a tratar más adelante.

28En correspondencia con esta realidad socioeconómica, la Monarquía visigoda había desarrollado nuevos vínculos, en sustitución de los públicos de abolengo romano. En relación con el amplio grupo del campesinado dependiente, excluidos los esclavos, el antes examinado juramento general de fidelidad habría terminado por constituirse en el principal vínculo de unión entre el soberano y sus súbditos. En cuyo contexto se explicaría una famosa ley de Égica . Este enérgico monarca, deseoso de imponer su supremacía a la nobleza, habría prohibido las vinculaciones entre personas por medio de un juramento, excluido el que les ligase con el rey. El incumplimiento de la ley sería considerado un delito de alta traición, como ruptura del juramento de fidelidad al soberano90.

29Paralelamente a dicha prohibición, Égica habría reglamentado minuciosamente el procedimiento para la prestación de dicho juramento de fidelidad al soberano91. Este sería tomado por escrito en el lugar de residencia de cada uno y por unos enviados del rey a tal fin, los llamados discussores iuramenti. Por el contrario todos aquellos que ostentasen algún cargo público, tanto laicos como eclesiásticos dignatarios del llamado officium palatinum tenían que prestar dicho juramento por escrito al advenimiento del soberano, personalmente e inpresentía principis. Una tal diferencia en la forma de prestar el juramento de fidelidad al nuevo monarca anuncia ciertamente la que establecerían posteriormente los carolingios, con los missi dominici tomando el juramento a los vasallos regios y a los ocupantes de honores y los condes haciendo lo propio con el resto de los hombres libres92. Y, sobre todo, la obligación para los dignatarios del Oficio palatino de prestar juramento en presencia del monarca tiene un paralelo literal en la Francia merovingia del siglo VII, en la llamada por Fustel de Coulanges «fidelidad cualificada», o juramento prestado in presentía regís por nobles ocupantes de cargos públicos93.

30Para algunos investigadores como P. W. Immink, dicha «fidelidad cualificada» merovingia acercaba el simple juramento de fidelidad de tradición tardorromana al más restrictivo propio de las clientelas germánicas94». ¿Podría pensarse en algo parecido para este juramento in presentía principis visigodo? La segura existencia de un Gefolge real visigodo en el siglo V y principios del VI, como tuvimos ocasión de señalar, y la perduración hasta finales del siglo VII del posible término técnico y ancestral para designar a sus miembros, gardingus95, abogarían por una respuesta positiva. Pero en todo caso lo que interesa resaltar aquí es que dicho juramento de fidelidad in presentía principis especifica la existencia de unos fideles regís en sentido estricto: gentes vinculadas al monarca por un juramento de fidelidad que constreñía más fuertemente a los así juramentados al fidelem et promptum servitium vel obsequium al soberano. Serían estos fideles regís restringidos a quienes una serie de textos conciliares de forma inequívoca, a partir del 633, señalan beneficiándose de una serie de bienes inmuebles concedidos por su rey y patrono, según una relación de causa-efecto inequívoca respecto de las obligaciones de servitium y obsequium antes indicadas96.

31Tales entregas fundiarias a sus fideles por parte de los reyes, en principio podían ser de dos tipos: donaciones en el sentido pleno de la palabra (resprofligala aut largitate principis adquisita, donata), o libradas en concepto de sueldo o paga por sus servicios (in stipendiis data)97. Las primeras serían desde un principio plena propiedad de los fideles regís, transmisibles por herencia o donación, y sólo enajenables por el soberano mediante confiscación por algún particular delito98. De las segundas, aunque los textos no son claros, parece oportuno afirmar con Sánchez Albornoz que su posesión estuviera condicionada al desempeño, por el beneficiario, de sus funciones y servicios, dada su condición de soldada (stipendium)99. A una tal visión inducen tanto la consideración de la oposición señalada por los textos entre unos y otros (donata / data), como los mismos precedentes y paralelos del stipendium eclesiástico visigodo100 y del beneficio bucelarial ya antes recordado. En todo caso, a partir del 636, unas tales diferencias de orígenes y definición jurídica dejarían de tener un valor práctico. Puesto que unos y otros bienes beneficiales estarían por igual condicionados al mantenimiento del juramento de «fidelidad cualificada» (in presentía regis), cuya ruptura permitía al soberano efectuar todo tipo de confiscaciones, al tiempo que las fundamentales sentencias de los Concilios V y VI de Toledo (a. 636 y 638) habrían igualado en su consideración plenamente patrimonial ambos tipos de beneficios101; ecuación que habría vuelto a reafirmar el débil Ervigio (a. 683)102, tras un vano nuevo intento de distinguirlos por parte del enérgico Chindasvinto103. Al realizarse una tal igualación patrimonializante, la diferencia, hasta entonces existente, entre beneficios por donación o causa stipendii, se trasladaría a la que debería haber entre ambos y aquellos bienes que el fidelis regis pudiera usufructuar en virtud de desempeñar un cargo administrativo. En teoría, estos últimos serían revocables al cesar dicho fidelis regis en el desempeño de dicho cargo por incompetencia (causa inutilitatis)104. Aunque tampoco esta última diferencia en la práctica de principios del siglo VIII parece que tuviera excesiva virtualidad, habiendo entrado este tercer tipo de beneficio condicional en vías de su patrimonialización feudal; a su respecto, haremos algunos apuntes más adelante.

32Según establecen los conocidos textos conciliares antes mencionados, la condición para ostentar unos y otros beneficios por parte de un fidelis regis era la prestación de un fidele et promptum seruitium vel obsequium. Según el contenido que se puede deducir para dicho juramento de fidelidad «ante la persona del rey», dicho servicio y entrega debería concretarse en la defensa de la estabilidad e incolumidad del país y pueblo de los Godos, del monarca reinante y de su familia105. Para el último tercio del siglo VII, las dos conocidas «leyes militares» de Wamba (673) y Ervigio (680) delimitan todavía más el contenido de dicho deber de fidelidad. Este consistiría en acudir a la defensa del territorio ante un ataque externo, y salvaguardar con las armas en la mano el orden establecido ante cualquier rebelión o tumulto interno. Dicha obligación afectaba específicamente a todos los dignatarios del Oficio Palatino – es decir todos aquellos con un cargo administrativo, y que eran a la vez fideles cualificados del soberano, desde los duques a los gardingos –, que se encontrasen situados a una distancia máxima de 100 millas del lugar del ataque. La obligación de éstos sería acudir a sofocar el peligro al frente de sus mesnadas privadas, compuestas por la décima parte de sus esclavos armados a sus expensas, y obligar a hacer otro tanto a las personas de condición libre que estuvieran sometidas a su jurisdicción, encuadrándolas en unidades militares bajo su mando. El incumplimiento de tales obligaciones suponía el quebrantamiento del juramento de fidelidad; siendo el castigo para los miembros del Oficio Palatino, fideles cualificados del rey, el destierro y la pérdida de todos sus beneficios y patrimonio personales106. Especificidad militar del servitium de estos vasallos reales visigodos y castigos por su incumplimiento prefiguran literalmente lo propio de sus congéneres carolingios de un siglo después.

33En virtud de este juramento de «fidelidad cualificada», los monarcas visigodos del siglo VII habrían tratado de vincular directamente, y mediante un lazo de unión en gran parte derivado de relaciones de dependencia de índole privada, a los miembros de la clase dirigente. De forma que este auténtico juramento del vasallaje regio avant la lettre, venía a constituirse en la contrapartida, para la clase dirigente visigoda, del juramento general de fidelidad, propio de los restantes grupos sociales de condición libre107. La racionalidad y elevadísima sistematización del procedimiento del juramento de «fidelidad cualificada» como fundamento de la unidad del Estado se debería al hecho de que en la segunda mitad del siglo VII la muy polarizada clase dominante de la sociedad visigoda había venido a coincidir prácticamente con el grupo dirigente que componía el Oficio Palatino, con todos sus miembros, unidos por un específico y cualificado juramento de fidelidad al soberano108. Tal fenómeno habría sido el resultante directo de causas socioeconómicas y políticas. Dada la particular estructura socioeconómica visigoda, los miembros de la clase dominante desde hacía tiempo se veían envueltos en una aguda confrontación, por conseguir mayores concentraciones de patrimonios y de lazos de dependencia personal de tipo señorial. Este factor socioeconómico se habría íntimamente relacionado con otro político, al constituirse la Monarquía, el poder regio, en la principal fuente de aumento del patrimonio fundiario y redes de dependencia señorial para dicha clase dominante, a la vez que origen de su misma destrucción. Por otro lado, mientras los patrimonios fundiarios de tipo tradicional de dicha clase dominante se encontraban sujetos a las leyes romanas de la herencia, siendo así susceptibles de obligada y periódica fragmentación109, algo muy diferente le ocurría al patrimonio procedente de los beneficios otorgados por el rey a sus fideles cualificados.

34Pues, al respecto, una importantísima ley de Ervigio, tras ratificar las fuertes limitaciones sobre la mejora propias de la tradición romana, señaló que tales patrimonios beneficiales podían ser transmitidos libremente, sin limitación alguna por su titular110. Así, sin contar con el fuerte drenaje que supuso para la gran propiedad laica su conversión en eclesiástica vía fundaciones piadosas, la dura confrontación política, con purgas periódicas en cada cambio dinástico e incluso real, en el seno de la clase dominante, las prácticas malthusianas propias de la misma, y los lógicos deseos de ésta de preservar sus patrimonios unidos, habrían jugado a favor de una drástica reducción de dicha clase dominante, confundiéndola totalmente con el grupo dirigente del Estado visigodo. De esta forma se ha solido afirmar, y con razón, que tras las brutales purgas de Chindasvinto a mediados del siglo VII, los llamados seniores Gothorum, maiores natu o loci, o potentes eran prácticamente los mismos que los primates, proceres o seniores officii palatini o aulae regiae. En su conjunto constituían con los obispos y dignatarios eclesiásticos ese colectivo dirigente del Estado, en cuyas manos estaba institucionalizada la elección real, y al que se denominaba a principios del siglo VIII de forma extraoficial y colectiva el senatus gentis Gothorum111.

35De esta forma, a finales del siglo VII, sólo la jerarquía eclesiástica visigoda habría pertenecido a la clase dirigente sin formalmente estar vinculada de manera personal al rey mediante un juramento de fidelidad cualificado. Sin duda ciertas consideraciones de orden teológico, muy bien expuestas en su día por Isidoro de Sevilla112, impedían dar un tal paso. Sin embargo, en la práctica, su situación al final no debía ser muy diversa. La propiedad eclesiástica se encontraba mejor protegida que la laica por razones diversas, constituyéndose así en un refugio atractivo para la nobleza laica, amenazada por las confiscaciones y las leyes de la herencia113. A evitar en lo posible esto último habrían estado destinadas ciertas leyes, en gran parte obra del enérgico Wamba, que limitaban en los obispos la libre disposición tanto del patrimonio tradicional de su sede, como del procedente de fundaciones piadosas hechas por ricos laicos114. Por otro lado la ley militar de Wamba igualó las obligaciones militares de la jerarquía eclesiástica al serintium a prestar por los vasallos reales miembros del Oficio Palatino115. Cuyo corolario necesario habría sido la reafirmación de la regalía para la ocupación de las sedes episcopales, lo que un monarca enérgico como Égica trataría de conseguir a toda costa116.

36Sin embargo, el enorme esfuerzo de racionalidad y sistematización feudalizantes que supuso el intento del Reino visigodo del siglo VII por asentar su unidad sobre el doble juramento de fidelidad, no dejaba de tener sus puntos oscuros y contradicciones. También en este sentido, en fin, la vivencia visigoda puede constituirse en un anticipo de lo que le aguardaba a su gemelo póstumo, el Estado feudal carolingio.

37Toda una serie de dificultades para el Estado y Monarquía visigodos procedía de lo extenso y profundo de las relaciones de dependencia de tipo señorial, que impregnaban toda la estructura socioeconómica, y de las contradicciones que estas últimas suponían para la sistemática del doble juramento de fidelidad. En su momento señalamos la importancia numérica de los esclavos en el conjunto de la nueva clase del campesinado dependiente visigodo. La no superación de la herencia romana que oponía radicalmente la servitudo117 a la ingenuitas, negando cualquier autonomía a los sometidos a la primera, dejaba a una porción muy considerable de la población visigoda fuera del nuevo vínculo de unión con la monarquía que suponía el juramento general de fidelidad. Por otro lado, la formación de dicha clase de campesinos dependientes, con una fuerte tendencia a la igualación por la base, no dejó de engendrar una apreciable protesta y conflictividad social inherente a todo el sistema, muy bien atestiguadas en la documentación de los últimos tiempos del Reino de Toledo118. Protesta y conflictividad, al tiempo que fuertes y muy extendidos lazos de dependencia señorial, se pudieron convertir en los mejores medios para que algunos miembros de la clase dirigente, más o menos marginados coyunturalmente, tratasen de subvertir el orden político existente119. En todo caso la condena, en el 653, del rusticarum plebium seditiosus tumultus como forma legítima de acceder al trono120 no deja de chocar con la obligación impuesta por las leyes militares de Wamba y Ervigio de que los grandes propietarios acudieran a defender al Estado y al régimen, acompañados por la décima parte de sus esclavos armados por ellos. Y sintomático es también que en esos mismos textos legales se confiese que muchos fideles cualificados del monarca estuvieran más interesados en la explotación de sus dominios señoriales que en desprotegerlos acudiendo con sus campesinos armados a defender el Estado121.

38En su momento, pudimos ver lo extendido de la encomendación campesina en el seno de la gran propiedad visigoda, tanto laica como eclesiástica. Por otro lado, también se señaló cómo remontaba al siglo V la encomendación de tipo beneficial con la obligación de realizar un servitium específicamente militar, con lo que los grandes propietarios godos y romanos habían constituido decisivas mesnadas privadas de bucelarios. Como en su día señaló Hans-J. Diesner, el bucelariato visigodo se constituyó en una potencial y muy importante fuente de redes vasalláticas avant la lettre122. Pues bien, no cabe duda que tales redes vasalláticas en el sentido pleno del término – es decir, la unión de la encomendación con la entrega de un beneficio fundiario, todo ello cimentado en un juramento de fidelidad del encomendado a su señor-, se encontraban plenamente desarrolladas en el Reino visigodo de la segunda mitad del siglo VII; lo cual significa una sistematización y generalización de las relaciones feudales en niveles intermedios adelantadas en casi un siglo a las propias del mundo carolingio. Dichas redes vasalláticas dependientes de la alta nobleza se documentan tanto en la laica como en la eclesiástica123. En esta última los concilios visigodos de la segunda mitad del siglo VII permiten observar una red de encomendaciones en cascada que iban desde los obispos metropolitanos a los presbíteros de las iglesias diocesanas, con anejas obligaciones de visitas anuales, y derecho de presentación o enfeudación del cargo eclesiástico. Encomendaciones eclesiásticas unidas normalmente a la entrega de un beneficio fundiario sobre el patrimonio de la Iglesia, y vinculadas a la solemne prestación de un juramento de fidelidad al nuevo obispo124. Y en lo que respecta a las redes vasalláticas de la nobleza laica, baste recordar la antes mencionada ley de Égica por la que se trató de prohibir los juramentos vinculativos entre hombres libres, considerándolos una ruptura del juramento general, y «cualificado» de fidelidad al monarca. Dichas relaciones vasalláticas privadas, el propio Égica reconoció que podían suponer un menoscabo de la jurisdicción real y del Estado125.

39El intento de Égica por eliminar tales redes vasalláticas al margen de las establecidas entre el soberano y los miembros principales del Oficio Palatino, con independencia de que llegase a cumplir sus objetivos, demuestra las dificultades del Estado visigodo, en su fase terminal, por articular una auténtica Lehnshierarchie. La negativa de un soberano enérgico como Égica a admitir la existencia de vinculaciones vasalláticas intermedias entre la alta nobleza palatina y el común de los súbditos, era por lo demás contradictoria. Lo era con el reconocimiento de amplísimas dependencias señoriales y con la misma aceptación de hecho de la usurpación patrimonializante, por parte de la nobleza laica y eclesiástica, de los derechos jurisdiccionales propios del ejercicio de los cargos públicos (honores) que una y otra monopolizaban. Sobre lo cual trataremos de inmediato. Frente a negativas como la de Égica , la única alternativa posible habría sido la constitución de una especie de nobleza de servicio (Dienstadel), de un marcado carácter ministerial, siguiendo para esto el modelo de la Administración central y de los bienes de la Corona del Estado protobizantino126. Un tal objetivo pudo haber perseguido Chindasvinto, utilizando para ello esclavos y libertos fiscales a los que no sólo habría encomendado la administración de las fincas propiedad de la Corona, sino también las funciones inferiores e intermedias de la Administración central u Oficio Palatino; incluso alguno de estos esclavos y libertos habría llegado a ocupar los altos puestos de dicho Oficio, normalmente desempeñados por miembros de la nobleza, fideles cualificados del monarca127. Pero un tal expediente habría finalmente fracasado, cuando la nobleza laica y eclesiástica impuso a un rey más débil, como Ervigio, en 683, la prohibición de encumbrar a un esclavo fiscal por encima de un hombre libre y de entregarle beneficialmente patrimonios confiscados a otros128.

40La feudalización patrimonializante, en beneficio de los nobles fideles cualificados del rey, de los altos puestos de la administración u honores en el Reino visigodo de principios del siglo VIII, sería otro síntoma más de su elevado y sistemático grado de feudalización. Los miembros más importantes del Oficio Palatino, como eran los condes y duques, tenían encomendada la administración de los bienes fiscales situados en sus distritos territoriales, así como de aquellos recursos de naturaleza fiscal – impuestos, prestaciones de trabajo o servicio etc. – con los que deberían hacer frente a los gastos administrativos, fundamentalmente de índole militar, a los que estaban obligados en razón de su cargo129. La evolución de la estructura hacendística del Reino de Toledo, que cada vez pasó a descansar más sobre el patrimonio inmobiliario de la Corona, hizo que las usurpaciones de tales funcionarios en la segunda mitad del siglo VII se trasladasen de las rentas tributarias, a ellos encomendadas, a las del patrimonio fundiario público situado bajo su jurisdicción inmediata130; de lo que sería fiel testimonio la actuación del joven huérfano Fructuoso, al considerar patrimonio familiar heredado unas tierras fiscales que en otro tiempo había administrado su padre en su condición de duque galaico131. Y tampoco debía resultar infrecuente que tales altos funcionarios se sirviesen de su poder gubernativo para utilizar en provecho propio la fuerza de trabajo de las gentes situadas bajo su jurisdicción, o para añadir a su patrimonio privado bienes requisados a dichas personas en virtud de su misma delegación gubernamental132. Prácticas ya testimoniadas a fines del VI, pero que un siglo después debían haberse generalizado en extremo. Una tal apreciable patrimonialización de los honores por parte de la nobleza visigoda explicaría muy bien la vivencia del conde o duque visigodo Teodomiro, que continuaría tras la invasión islámica gobernando su viejo distrito de Orihuela (Aurariola) casi a título patrimonial y hereditario133. Ante situaciones como las descritas, no parece que los reyes de principios del siglo VIII pudieran hacerse muchas ilusiones sobre su capacidad teórica de deponer a los altos funcionarios por su negligencia o mal intencionada administración de la cosa pública a ellos encomendada; seguramente no muchas más que las que se hicieran un siglo después, al respecto, los monarcas carolingios.

41De forma extremadamente coherente con la reducción de la nobleza laica a los miembros superiores del Oficio Palatino, con la identificación de éstos con los fideles cualificados del monarca, y con la radical especialización militar del servitium a prestar por éstos, se habría realizado una profunda y completa reorganización de la Administración por parte de Chindasvinto y su hijo Recesvinto; reflejo, en parte, de la cual habría sido el nuevo código legal que se conoce con el nombre de Liber Iudicum. Una tal reforma, que nosotros fuimos los primeros en detectar y analizar hace ya algunos años, consistiría fundamentalmente en una simplificación y militarización de los viejos esquemas administrativos heredados del Bajo Imperio y del Bizancio justinianeo. En esencia, consistió en la asunción, por los funcionarios y mandos militares, de las atribuciones y funciones encomendadas anteriormente a otros civiles, con la consiguiente desaparición de estos últimos. Así, en el escalón territorial superior, quedarían los duques provinciales, ocho a principios del siglo VIII, que a sus antiguas atribuciones militares unieron ahora las fiscales y judiciales propias de los antiguos gobernadores (rectores) provinciales. Para las funciones fiscales, dichos duques asumirían también antiguos cargos de naturaleza fiscal, especialmente relacionados con la administración del patrimonio fundiario de la Corona, fiel reflejo de la preponderancia de éste en el input de la Hacienda visigoda de la época: comités patrimonii, thesaurorum, cubicularioriim y scantiarum. Al nivel inferior del territorium o la civitas, continuaría con atribuciones militares, judiciales y fiscales el conde de la ciudad: expediente innovador de la romanidad tardía en Occidente, pero que ahora se vería libre de la compañía de otros funcionarios civiles de tradición municipal. Como agentes gubernativos inferiores, quedarían el vicario del conde y antiguos oficiales inferiores del ejército como el tiufado, el quingentenario y el centenario. Por otro lado, la elevada sistematización de esta militarización administrativa era el resultado de la extensión al Reino godo de soluciones administrativas semejantes a las que por entonces se estaban estableciendo en Egipto y los Exarcados bizantinos de África y Ravena. Pero todo ello con un radicalismo todavía mayor por parte visigoda, que prefigura en mucho la inmediata reforma Temática de Bizancio134.

42Coyunturalmente, las reformas administrativas ideadas por Chindasvinto trataban de reforzar el poder del monarca y de su familia. Pero, dada la realidad social del Reino visigodo, con una estrecha nobleza monopolizadora de los altos cargos administrativos, y el elevado grado de feudalización de la misma y del Estado, los resultados de dicha reforma a la postre habrían resultado contrarios. Cosa que ya experimentaría su propio hijo, el rey Recesvinto135. En efecto, concentró en unas pocas manos, las de los duques, un enorme poder, que terminaría por consolidarse en unas pocas familias, con redes de dependencia feudales en sus ducados. Todos los últimos reyes o usurpadores que no fueron hijos de reyes fueron anteriormente duques provinciales136. Cuando se produjo la invasión agarena del 711, la disgregación del poder central en manos de estos duques era tan grande que los invasores les llamaron virreyes de España137. De tal forma que a la marea invasora del Estado visigodo subsistirían, bien bajo soberanía islámica, carolíngia, o independientes al abrigo de los montes y poblaciones septentrionales, representantes de estas grandes familias ducales o condales. Poderes locales todos ellos basados en el dominio que venían ejerciendo desde hacía tiempo en unas mismas regiones, en las que se concentraban también sus propiedades fundiarias, en plena propiedad o como tierras beneficiales, y sus redes de dependencia personal de los habitantes de éstas hacia ellos. De esta forma, el camino hacia la disgregación del centralizado reino toledano en auténticos Principados territoriales feudales parecía ya completamente abierto a principios del siglo VIII. Tan sólo el accidente de la invasión del 711 sería capaz de impedirlo, aunque sólo momentáneamente si bien se mira138

43En una tal situación sociopolítica, y teniendo muy en cuenta la afirmación del carácter electivo de los reyes, no obstante los varios intentos prodinásticos del siglo VII visigodo, las contradicciones entre los intereses de los nobles, fideles cualificados del rey, y del monarca, y, en definitiva, entre los de los distintos nobles, sólo podían tener una solución institucional: la constitución de un supremo órgano político colegiado de todos los miembros de la nobleza y el rey, capaz de mantener el equilibrio y cohesión interna entre todos sus componentes. Orden político en el que la rígida reglamentación electiva del rey, como señalamos en su momento, y la inviolabilidad de los beneficios patrimonializados de los fideles regis cualificados habrían de constituir sus pilares básicos y esenciales.

44¿Constituyó tal órgano político una mera teoría, un pensamiento utópico? Dramáticamente sí; pero creemos firmemente que fue más de una vez entrevisto por alguna que otra mente eximia del siglo, por alguno de aquellos miembros más cultos, y políticamente más clarividentes, de la nobleza: el episcopado visigodo. De otra forma ¿cómo interpretar algunas manifestaciones programáticas de algún concilio – como, por ejemplo, las del IV de Toledo bajo la batuta de Isidoro139, – o el pensamiento de Julián toledano140? Pero si no se trata de una elucubración de nosotros los modernos, sí ciertamente de una utopía. De hecho, la mayoría de los nobles y de los reyes de la segunda mitad del siglo VII obraron primordialmente en pos de intereses personales y de facción, y por tanto, a la fuerza, entre sí opuestos. Y los Concilios, aquel instrumento que en algún momento estuvo a punto de convertirse en dicho supremo órgano colegiado141, muchas, muchísimas veces, no fueron sino instrumento de partido en manos del rey y de su facción nobiliaria142. E inexistente o caricaturizada tal instancia institucional, aquellos dos principios básicos se convertían en contraproducente persecución de una válida base electoral y, por tanto, compra de votos al conjuro de la contradictoria pareja confiscación/donación; en definitiva, atroz lucha por el trono entre los miembros de la alta nobleza. Por tanto, a falta de la solución pactista e institucional, el recurso a la ultima ratio fue cada vez más frecuente.

45¿Sería la rebelión, la contienda civil, una institución más del Estado visigodo? Pero la ultima ratio, y su enorme frecuencia, conllevaba un riesgo grande y creciente ante la tremenda agudización de las tensiones sociales. ¿No sería preferible renunciar a las posibles esperanzas de una personal supremacía política y conformarse con una prepotencia local en la seguridad de un status socioeconómico? Autonomismo e independencia localistas, sometimiento al califa o al príncipe carolingio, ambos complacientes para con los antiguos poderes locales y seguros mantenedores del orden socioeconómico antes imperante; tres aspectos – o mejor dicho, tres grados – de una misma salida a la dramática e inestable situación del Estado visigodo a finales del siglo VII y principios del VIII.