1Las presentes páginas1 requieren de una introducción que remite a cuestiones muy conocidas para los historiadores de las revoluciones hispánicas2, cuya necesidad viene dada por cuanto que no sólo enmarcan sino que además dotan de sentido las propuestas interpretativas que se van a desarrollar a continuación. Estas últimas tienen como objetivo principal servir a la lectura de los textos que dieron cuerpo a aquella explosión constitucional abierta tras 1808, la cual, a su vez, se presentó a sí misma como una suerte de reforma de las «Leyes fundamentales de la Monarquía»3. Como ocurriera en otras latitudes historiográficas4, las antiguas leyes de la monarquía católica han venido ocupando el interés de los estudiosos del periodo en las últimas décadas; sin embargo, la historiografía no ha llegado a establecer una convención, aunque sea mínima, sobre su real significado5. Es más, el pasaje que transita entre dichas leyes y las nuevas Constituciones hispánicas constituye uno de los elementos que más distancian a los historiadores, aun cuando en muchas ocasiones algunos no sean siquiera conscientes de la existencia de una problemática que afecta a la lectura que de las «otras» leyes constitucionales podamos hacer en la actualidad6.

2De lo que sí que son conscientes, sin embargo, es que 1808 asistió a una crisis que tuvo innumerables facetas que hoy se prestan a ser historiadas de forma autónoma7. Con todo, en los últimos tiempos se ha ido imponiendo la idea de que la crisis, cuando menos en un principio, respondió únicamente a causas políticas8. Una posible traducción en términos exclusivamente jurídicos de esta interpretación nos llevaría a afirmar que la quiebra de la Monarquía por ausencia de su titular creó un campo abonado en el que florecieron una serie de textos con vocación normativa que se llamaron a sí mismos Constituciones, lo cual, en buena medida, ponía entre paréntesis la existencia misma de una constitución de la Monarquía9. Desde Cundinamarca hasta Bolivia, pasando por supuesto por Cádiz, el orbe hispánico se llenó de ese tipo de textos, hasta entonces desconocidos, por más que los más informados supieran que en otras latitudes la Constitución escrita ya había sido inventada10. En todo caso, lo que interesa destacar es que aquella multitud de textos constitucionales pueden ser analizados desde una doble perspectiva. Así, de un lado, dichos textos pueden sin duda soportar un análisis en sí mismos, esto es, un estudio del proceso de su formación, discusión, redacción y aprobación; de otro, sin embargo, el estudio de su efectividad, o como se dijera por aquel entonces, de «su efectiva puesta en planta», resulta mucho más complejo por cuanto que no sólo requiere de investigaciones archivísticas sino sobre todo de una selección documental que ponga de relieve qué hubo de nuevo y de viejo en los ya constitucionalizados territorios de la antigua monarquía católica.

3Por su dificultad, dejaremos por ahora esta segunda perspectiva para centrarnos en la primera, arrancando con una primera propuesta interpretativa. Y es que, en mi opinión, todos los textos constitucionales que aparecieron en el Atlántico hispánico tras la quiebra de la Monarquía deberían estar dotados de un mismo valor para la historiografía, puesto que Cádiz «vale» tanto como Antioquía, Caracas o Apatzigán a la hora de entender estos textos como una singular expresión de un momento irrepetible del pensamiento jurídico-político hispánico. De nuevo, el lector me perdonará lo que de obvio tiene la anterior afirmación, pero expresiones como las siguientes suelen ser moneda de curso legal: «A pesar de sus buenas intenciones, la Constitución […] no resulta muy significativa porque se suspendió o, incluso, no llegó a entrar en vigor», «en realidad, la Constitución […] nunca se llegó a aplicar puesto que instituciones abolidas como fuera el tributo indígena siguieron sin embargo manteniéndose». Pero hay algo más: la multiplicación de Constituciones americanas se llegó a percibir como una suerte de fracaso respecto al cual sólo cabía levantar acta: así, como es bien sabido, la extraordinaria proliferación de Constituciones neogranadinas fue considerada como una manifestación de la tan famosa como denostada «patria boba»11.

4Sin duda, la historiografía se encuentra hoy en un momento diferente, como bien puede comprobarse en la espectacular recuperación del momento constituyente neogranadino12. No obstante, tampoco debe ocultarse el hecho de que muchas Constituciones hispánicas tuvieron más de afirmación de un determinado poder que de planificación del futuro de aquellas sociedades a las que estaban destinadas13, pero no por ello dejaron de ser una expresión, y no precisamente cualquiera, de una determinada percepción de la sociedad y el poder político. Es más: si llevamos al extremo la comparación, ¿cómo podría valorarse la famosa Constitución jacobina de 1793, la cual, como todo el mundo sabe, nunca llegó a entrar en vigor? En resumidas cuentas, lo que bien podría denominarse «test de la vigencia» puede llegar a desvirtuar el valor de fuente para la historia de las formas de pensar la sociedad y el poder político que tienen los textos constitucionales, con independencia de que su aplicación aporte innumerables conocimientos respecto a las sociedades en las que se supone «debería haber entrado en vigor» tal o cual constitución. Así las cosas, veamos ahora los aspectos más problemáticos de la relación que se entabló entre las leyes fundamentales de la Monarquía y los nuevos textos constitucionales.

I. — Historia versus Constitución. De los límites del voluntarismo político hispánico

5Como es sabido, la redacción de textos escritos que se denominaron a sí mismos Constitución supuso un antes y un después en la historia del constitucionalismo14. No viene al caso reproducir aquí la famosa polémica Burke vs. Paine que giró en torno a lo que podía, o mejor, debía denominarse Constitución15, o remitir al siempre socorrido artículo 16 de la Declaración francesa, para fundamentar los orígenes del moderno concepto de Constitución. Lo que interesa destacar, sin embargo, es que la redacción de las constituciones «escritas» en las antiguas colonias norteamericanas envió al baúl de los recuerdos a las famosas constituciones «descritas»16, cuyo exponente más significativo fue sin duda las diferentes versiones que de la Constitución británica escribieron, sobre todo, autores extranjeros como el francés Montesquieu, el suizo Delolme o el español duque de Almodóvar. Jesús Vallejo, a quien debemos esta eficaz terminología, ha puesto de relieve que estas últimas, esto es, las «descritas», planteaban entre otros el problema de aguantar tantas versiones de las mismas como autores estuvieran dispuestos a redactarlas, lo cual creaba, entre otras muchas cosas, inseguridad17. Pero lo que interesa destacar es que si bien las constituciones no escritas se identificaron con la historia constitucional —con independencia de que esta última no fuera precisamente historia sino algo bien distinto en términos políticos— las constituciones escritas, simplemente por serlo, entraron en violenta contradicción con la historia. En numerosas ocasiones esta dicotomía que gira en torno a la escritura se suele malinterpretar, sobre todo cuando nos servimos de ella al objeto de valorar la radicalidad de los cambios introducidos por el constitucionalismo18. Y es que, con independencia de la profundidad de estos últimos, no puede olvidarse que la Constitución escrita, que por definición fue hija legítima del poder constituyente, si a algo estuvo ligada es a lo que desde hoy podemos definir como voluntarismo político, siendo así que el contenido de las decisiones tomadas en su nombre en nada toca dicha naturaleza19.

6Un ejemplo bastará para ilustrar la anterior afirmación. Como es bien sabido, la Constitución gaditana «decidió» negar la condición de españoles a los originarios de África, siendo así que las Cortes Generales y Extraordinarias «pudieron» decidir lo contrario, como bien se pone de manifiesto en las discusiones generadas por el polémico artículo20. Claro está que se puede afirmar que haciendo esto, las Cortes elevaron a categoría constitucional una tradicional exclusión de tintes racistas21, que bien parece haber estado inspirada en los famosos cuadros clasificatorios de las castas tan conocidos en tiempos coloniales22. A todo ello debería añadirse además que importantes exclusiones —la mujer, los hijos, los sirvientes domésticos— ni siquiera se discutieron, siendo así que este pertinaz silencio no fue precisamente una característica exclusiva del constitucionalismo hispánico sino más bien todo lo contrario23; expresado con más claridad: el primer constitucionalismo «aguantó» muy bien el mantenimiento del poder doméstico encomendado a los padres de familia, con independencia de que sus ámbitos fueran distintos en unos lugares y en otros24.

7En definitiva, si la «solución» gaditana sobre las castas fue una decisión nacida en exclusiva de la voluntad política, lo que nos deberíamos preguntar es si hubo o no algo «indisponible», esto es, algo que quedara fuera del alcance del poder de las Asambleas, más o menos representativas, reunidas en los diferentes territorios hispánicos25. Ateniéndonos estrictamente a la historia de la versión gaditana del «constitucionalismo hispánico», la anterior cuestión puede ser contestada de forma bastante simple puesto que puede ponerse en relación con el famoso juramento prestado por los diputados una vez que se reunieron en la Isla de León. Recuerdo aquí cuál fue la fórmula utilizada:

¿Jurais la santa religión católica apostólica romana, si admitir alguna otra en estos reinos? ¿Jurais conservar en su integridad la Nación española y no omitir medio alguno para liberarla de sus injustos opresores? ¿Jurais conservar a nuestro amado Soberano, el Señor Don Fernando VII todos sus dominios, y en su defecto a sus legítimos sucesores y hacer cuantos esfuerzos sean posibles para sacarle del cautiverio y colocarle en el Trono? ¿Jurais desempeñar fiel y legalmente el encargo que la Nacion a puesto a vuestro cuidado, guardando las leyes de España sin perjuicio de alterar, moderar y variar aquellas que exigiese el bien de la Nación?26

8El juramento constitutivo de las Cortes fijó los límites del poder constituyente gaditano, no obstante lo cual no todos sus extremos soportan una misma valoración. Ya de entrada resulta evidente que la «guarda de las leyes de España» no limitaba su reforma, con independencia de que esta disposición alterase o llegase a alterar de raíz la naturaleza del antiguo legado normativo de la Monarquía. Es por ello que los los constituyentes gaditanos estuvieron «atados» por los demás juramentos, a saber, el mantenimiento de la religión católica, de la Monarquía como institución y de la Monarquía como espacio. Sin embargo, de todos es sabido que los dos últimos quebraron estrepitosamente en América: así, en primer lugar, el desbordamiento de los famosos «depósitos de soberanía»27 —con los que se justificó en un primer momento la reclamación de autonomía— abrió una particular senda que condujo no sólo al rechazo, sino incluso a la desacralización de la Monarquía28; en segundo, la «unidad» de cualesquiera territorios no fue considerada en ningún caso como un elemento indisponible29, sino más bien todo lo contrario: con independencia del protagonismo ciudadano —de Buenos Aires, de Quito, de Santafé30…—, fue justamente la consolidación de los diferentes territorios —esencialmente provinciales— el objetivo principal que pretendieron alcanzar las Cartas constitucionales americanas31.

9Así las cosas, y como ya se habrá podido adivinar, el único extremo que quedó fuera de la voluntad política de los hombres en todos los territorios hispánicos fue la religión católica32. No hace falta aburrir al lector con un listado interminable de artículos constitucionales en los que se afirmó la confesionalidad de cualesquiera formas políticas nacidas de las Constituciones hispánicas33, ya que la protección de «la verdadera religión» ocupó un lugar destacado en todas y cada una de ellas34. Al igual que hubiese sido considerada la principal tarea de la Monarquía —que por algo se tituló como católica— la defensa de la fe constituyó uno de los objetivos asegurados por las Constituciones hispánicas35, siendo así que muchos fueron los que sostuvieron que una —la religión— y otras —las Constituciones— eran perfectamente compatibles36.

10Con todo, debe hacerse hincapié en que la protección o defensa de la religión no sólo se expresó en términos de exclusividad de culto católico y prohibición de cualesquiera otros. Nadie debería dejarse engañar por el arrepentimiento de Agustín de Argüelles respecto a la intolerancia religiosa que consignó en su famosa obra aparecida en la década de los treinta de un ochocientos ya exclusivamente peninsular37. Y es que más allá de la defensa de la fe católica, el constitucionalismo hispánico, con el gaditano a la cabeza, se apoyó en una serie de dispositivos y prácticas institucionales que se elevaron a categoría política en todos y cada uno de los territorios de la Monarquía tras la crisis de la misma38. Resulta difícil, por no decir directamente imposible, dilucidar si tal apoyo se debió a convicción profunda o a mera necesidad; más, en todo caso, lo que resulta indiscutible es que el constitucionalismo gaditano entendió que los eclesiásticos eran «empleados públicos» y, como tales, sujetos a la misma responsabilidad que cualesquiera otros39. Así las cosas, no es casualidad que se encargara justamente a ellos la celebración de los más significativos actos constitucionales —el juramento constitucional40— o, en otro orden de cosas, la compleja tarea de realizar los censos necesarios para organizar las elecciones en su escalón más bajo, esto es, el parroquial41. La ausencia de medios humanos y materiales determinó que el continuismo invadiera esta opción institucional42, por lo que el enorme peso de la religión en el constitucionalismo hispánico desbordó el terreno de las creencias para radicarse en el seno de unos nuevos aparatos que, si hacemos caso a algunos, pretendieron alcanzar el signo de la estatalidad43. Ahora bien, de todos es sabido que, cuando menos en un principio, catolicidad y nacionalismo no marcharon precisamente de la mano44, por lo que la limitación religiosa al poder constituyente hispánico bien puede resumirse con una simple adjetivación, a saber: si algo definió la naturaleza de los diferentes textos constitucionales, fue precisamente su catolicidad45, lo que nos permite afirmar la existencia de una suerte de tercer modelo constitucional nacido de las famosas revoluciones atlánticas.

II. — Del lenguaje y de los lenguajes: historia y Constitución

11La anterior afirmación, sin embargo, contrasta no poco con el lenguaje político que fue utilizado a ambas orillas del Atlántico de 1808 en adelante. La historiografía ha puesto de relieve que dicho lenguaje se expresó fundamentalmente en términos historicistas, o, dicho de otro modo, en términos que no contradecían en lo esencial el antiguo discurso jurídico de la Monarquía. La valencia historicista del lenguaje constitucional hispánico tuvo, grosso modo, dos claras manifestaciones: en primer lugar, las nuevas propuestas, incluyendo entre ellas las propias Constituciones, se presentaron por regla general como una suerte de «reforma» de las leyes fundamentales de la Monarquía; en segundo, además, este planteamiento obligaba a utilizar o a reproducir lógicas argumentativas que desconocían por completo la fundamentación voluntarista de las decisiones normativas, fueran éstas cuales fueran. Los ejemplos se podrían multiplicar, por lo que basta simplemente remitir a la polémica novohispánica que terminó con el famoso golpe del sector peninsular que puso punto final a las propuestas reformistas novohispanas, abriendo en parte el camino a la «otra rebelión»46. En las últimas décadas la historiografía se ha tomado en serio el análisis del componente historicista, por no decir directamente tradicional, de los discursos políticos que ocuparon el espacio creado por la crisis de la Monarquía tanto en su versión gaditana, cuanto en las distintas americanas47. Atrás quedaron, pues, las interpretaciones que veían en la utilización de la historia por parte de los diferentes sectores radicales, o mejor, liberales, una suerte de estrategia ocultadora de sus verdaderas intenciones constituyentes, las cuales, en el concreto caso gaditano, tenían además una «connotación antifrancesa» muy necesaria cuando los ejércitos napoleónicos amenazaban con destruir hasta la raíz cualquier vestigio de la «libertad de la nación» encarnada en sus antiguas leyes. Pero una vez dicho esto ¿en qué se ha materializado este cambio de actitud historiográfica?

12La primera consecuencia de este cambio de percepción en la lectura ha sido comprobar que la idea de la antigua constitución, que en nuestros términos bien puede traducirse por constitución material, fue la dominante en primer momento de la crisis. Y es que excepción hecha de algunas propuestas radicales, la mayoría de quienes participaron en el debate sobre la regeneración de la Monarquía sostuvieron que aquélla pasaba bien por la «recuperación» de las libertades perdidas, bien por el fortalecimiento de las ya existentes. En este último sentido, el caso navarro resulta particularmente significativo48, aun cuando otros, cuales fueran por ejemplo el vasco49, el asturiano50 e, incluso, el americano51, no le fueron precisamente a la zaga. En todo caso, hacer cuadrar el binomio regeneración de la Monarquía/recuperación de las leyes fundamentales requería de mucha inventiva52, entre otras cosas porque estas últimas si por algo se caracterizaron fueron por su particularismo, opuesto por completo a la nueva idea de generalidad de la ley. Así pues, también la Monarquía pudo disponer de tantas constituciones como territorios estuvieran dispuestos a considerar que la tenían, por lo que a nadie puede extrañar que el muy particular Teresa de Mier reivindicara la propia para América53.

13Sin duda, tomarse en serio la fundamentación historicista del o de los discursos políticos hispánicos nos ha conducido, de una vez por todas, a dejar de forzar la historia. Sin embargo, algunos historiadores han ido más allá, intentando «reconstruir» el tránsito entre las inaprehensibles leyes fundamentales y las constituciones escritas, actuando para ello como si de los protagonistas del cambio se tratasen. En este exacto sentido, resulta paradigmático el estudio realizado por Francisco Tomás y Valiente, quien analizó con exhaustividad el ir y venir de los materiales utilizados por la comisión de Constitución a los efectos de redactar el proyecto que se presentaría a la discusión de las Generales y Extraordinarias reunidas en Cádiz. A pesar de que las Actas de otros constituyentes resultan por regla general mucho menos locuaces que el material gaditano, un examen similar podría abordarse en los distintos constituyentes americanos. Este tipo de operaciones responden, grosso modo, a la interrogante sobre cuánto derecho colonial se elevó a categoría constitucional en proyectos y Asambleas. Mas, con independencia del enorme valor que tienen o pueden tener este tipo de análisis, sin embargo se puede considerar que conducen al fracaso ya que reproducen las dificultades de los primitivos constituyentes: así, los historiadores de hoy se ven obligados a luchar contra los «listados» de leyes antiguas, que van desde el Fuero Juzgo a la Novísima Recopilación, pasando por la de Indias de 1680 y por tantos más, al igual que tuvieron que hacer los constituyentes antiguos54. Éstos, con rapidez, se dieron cuenta de lo imposible de la tarea, por lo que sólo fue posible recurrir «al espíritu» de las leyes antiguas, siendo así que dicho espíritu no sirve, por definición, para imponer limitaciones a la voluntad de la Asamblea por su falta de certeza55.

14Llegados a este punto, que conduce hoy al mismo callejón sin salida del pasado, la historiografía suele contentarse con dar cuenta del problema, añadiendo en ocasiones que los constituyentes hispánicos mezclaron conceptos de constitución, que confeccionaron productos híbridos, que nuevas y viejas formas convivieron… y que, además, todo ello presentó especiales características en los diferentes territorios que antaño formaron parte de la monarquía católica56. Sin duda, no les falta razón a quienes mantienen estas posturas, no obstante lo cual creo que hay una vía de análisis que delimita con mayor precisión la relación existente entre constitución material y constitución formal en el constitucionalismo hispánico nacido de la crisis de 1808, a saber: el estudio de los mecanismos diseñados en la propia normativa constitucional que tuvieron por objeto la resolución de los conflictos creados por el mantenimiento de un orden jurídico antiguo, en parte indisponible y basado en el privilegio57, y los nuevos órdenes de gobierno creados por las Constituciones.

III. — Antiguas leyes y nuevas Constituciones: una propuesta de análisis

15El punto de partida de la presente propuesta tiene mucho de afirmación apodíctica, a saber: la historia constitucional sólo sirve en aquellos lugares en los cuales dicha historia está viva, en el sentido de que es utilizada para gestionar un orden institucional. En el caso de la monarquía católica, los territorios con constitución viva se reducían casi exclusivamente al navarro y a las provincias vascas, con independencia de que en el resto de los territorios la uniformidad no fuera precisamente el elemento definidor de los mismos. Con todo, el discurso foral navarro y provincial vasco sostenía que estos territorios habían sido incorporados a la Corona de Castilla manteniendo sus derechos e instituciones, considerados por tanto previos a la incorporación; cierto es que hubo intentos a lo largo del xviii por parte de otros territorios —gallegos, asturianos y cántabros— para lograr una asimilación, pero no resultaron especialmente exitosos. En otro orden de cosas, los territorios aragoneses habían perdido sus particulares «constituciones» en la guerra de Sucesión, con independencia de que los famosos Decretos de Nueva Planta no tratasen por igual a Valencia o a Cataluña. Y ya para finalizar, la incorporación de las Indias a la Corona de Castilla fue accesoria, lo cual supuso que no se planteara la existencia de un derecho previo anterior58. Así las cosas, la imaginería constitucional hispánica resultaba no sólo muy limitada, sino esencialmente heterogénea, por lo que en definitiva sólo servía bien para alimentar la retórica regeneradora59, bien para reforzar el discurso foral60. Este último, sin embargo, no sólo se mantuvo durante mucho tiempo61, sino que incluso ha llegado hasta la actualidad por cuanto que en la disposición adicional primera de la Constitución de 1978 se afirmó:

La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía62.

16Esta situación tuvo importantes consecuencias a lo largo del setecientos. La Monarquía adoptó un lenguaje u otro dependiendo del reconocimiento que del derecho e instituciones propias hiciera, con independencia del sentido que finalmente adoptase en sus decisiones. Así, por ejemplo, en la polémica sobre el traslado de las Aduanas en la Navarra del xviii, que enfrentó al reino con el monarca, este último tuvo por fuerza que asumir la argumentación foralista, basada esencialmente en la naturaleza de pacto de la relación entre el reino y el monarca. Sin embargo, en la famosa reforma de las Intendencias americanas63, que desbordaba con mucho la problemática del traslado de las Aduanas, no hubo lugar para ningún discurso similar, con independencia de que, como bien es sabido, la gran obra de Gálvez no llegó a implantarse en numerosos lugares, siendo así que en estos últimos la justificación del fracaso se expresó en términos de conveniencia y no precisamente de derecho. Lo mismo podría decirse de la ocupación de cargos por naturales, ya que mientras que en las provincias vascas o en Navarra la cuestión ni siguiera llegó a plantearse, en América se convirtió en una de las grandes afrentas que alimentó el patriotismo criollo64. No es, pues, casualidad, que los ejemplos peninsulares alimentasen un particular «sueño criollo» del que José María Portillo ha dado cumplida cuenta65.

17En definitiva, a las alturas de 1808 existía una doble imaginería constitucional, una fuerte por cuanto que estaba viva, y otra débil que, en todo caso, estaba apoyada en los principios del derecho común compartidos a uno y otro lado del Atlántico que limitaban el supuesto absolutismo del Monarca66, no obstante lo cual debe hacerse hincapié en que ambas estaban basadas en la idea de cooperación y no de conflicto. En todo caso, la historia no pudo constituirse en límite para la Constitución por derecho propio, por lo que la incorporación de elementos tradicionales a las Constituciones fue un producto de la voluntad expresada en estas últimas, lo cual, a su vez, permitió mantener un tipo de argumentación constitucional de corte historicista.

18Es justamente desde esta perspectiva que se pueden analizar esos mecanismos de rechazo creados, o simplemente imaginados, por las primeras Constituciones hispánicas a los que antes hice referencia. Todas las Constituciones hispánicas mantuvieron la vigencia del orden normativo de la Monarquía, aun cuando, eso sí, añadieron un doble condicionamiento, a saber: en primer lugar, que dicho orden no contradijera los nuevos principios consignados en las nuevas Constituciones y, en segundo, que dicha vigencia se agotaría en tanto en cuanto se realizara la reforma de la legislación, la cual, en numerosas ocasiones, pasaba por la codificación. Ahora bien, ¿cómo podía determinarse que tal o cual disposición antigua contradecían tanto la letra como el espíritu de los nuevos preceptos constitucionales? Resumiendo mucho, puede afirmarse que todas las Constituciones hispánicas, con la gaditana a la cabeza, entendieron que la única forma de establecer el primado de una nueva era constitucional pasaba por el control de las personas, que no de los actos, de las diferentes autoridades públicas. Para alcanzar tal objetivo establecieron una serie de mecanismos e instituciones cuya aparente heterogeneidad no nos debe engañar: así, prácticamente todos los Senados creados por las primeras Constituciones americanas fueron una suerte de tribunales, siendo así que aun cuando al otro lado del Atlántico la Constitución gaditana no creó un Senado similar, estableció un procedimiento cuyos resultados eran similares, si no idénticos, a los americanos.

19El control de las autoridades públicas entendido como única forma de asegurar la vigencia de la Constitución frente a la historia, o, dicho de otra manera, las nuevas decisiones políticas frente a la tradición, se apoyó en una serie de elementos que resultaron ser prácticamente idénticos a uno y otro lado del Atlántico. Así, en primer lugar, los acusadores pudieron ser tanto individuales como colectivos, de la misma manera que todas las autoridades unipersonales o pluripersonales pudieron hacerlo. En segundo lugar, los acusados fueron personas físicas con autoridad, por cuanto que en ningún momento se planteó la creación de mecanismos de resolución de conflictos entre poderes. En tercer lugar, los actos denunciables, digámoslo así, inconstitucionales, fueron numerosísimos, ya que cualquier manifestación documental de una actividad de poder, fuese normativa o no, pudo ser sindicada al entenderse como una proyección de la persona del acusado: en este sentido, leyes, reglamentos, sentencias, autos de prisión, repartimiento de tasas, organización de elecciones… y un largo etcétera pudieron ser llevados ante la instancia correspondiente. Y, finalmente, en cuarto, el parámetro fue por regla general la Constitución, lo que supuso que tanto su inaplicación —p. ej. el mantenimiento del tributo—, su distorsión —cualesquiera infracción electoral—, los conflictos generados por su aplicación —entre nuevas y antiguas normas e instituciones como por ejemplo las prioridades honoríficas o el choque entre normativa preconstitucional y dictados constitucionales—, pudieron ser objeto de reclamos, los cuales, por cierto, no se diferenciaron mucho de los ya conocidos67.

20Pudiera parecer que el anterior cuadro procede poco más o menos de un manual de derecho constitucional actual; sin embargo, puede sintetizarse valorándolo así: el constitucionalismo hispánico reformuló los antiguos procedimientos de control de las autoridades públicas —residencias, pesquisas, visitas—, comprendiéndolos como los únicos mecanismos que aseguraban la separación o división de los poderes. No obstante, los antiguos procedimientos de control provenían de aquella cultura política en la que he afirmado primaba la idea de cooperación, por lo que la exigencia de responsabilidad se consideraba el último de los recursos. Por el contrario, el constitucionalismo hispánico convirtió los nuevos procedimientos en el primero de los remedios, formalizando así en términos jurídicos un campo tendencialmente conflictivo. No nos debe extrañar, pues, que cuestiones tales como el gobierno parlamentario o el establecimiento de una administración jerarquizada no cupiesen en este particular constitucionalismo: así, por ejemplo, la institucionalización que del juicio de residencia hizo la Constitución de Cundinamarca (y la mayoría de las neogranadinas) afectó también a los miembros de las legislaturas, destrozando así la libertad del legislativo; en otro orden de cosas, la Constitución gaditana entendió que el cumplimiento de cualesquiera órdenes ministeriales inconstitucionales responsabilizaba a toda la cadena de mando, y no sólo al secretario que las dictó, por lo que resultó completamente imposible «proteger» lo que andando el tiempo se denominará actos administrativos.

21El «modelo» constitucional que puede inferirse de los primeros textos hispánicos fracasó por el escaso tiempo en el que unos y otros estuvieron vigentes. Ahora bien, de haberse mantenido, hubiera entrado en un proceso progresivo de anulación de las antiguas leyes, y, por tanto, de los antiguos privilegios: los mecanismos de responsabilidad de las autoridades públicas permitían, en definitiva, la derogación de la historia. Sin embargo, dichos mecanismos no sólo tuvieron una naturaleza conflictiva, sino que además alimentaban la parálisis institucional en tanto en cuanto dejaban poco espacio a la gobernabilidad. Arriesgando, quizás, demasiado, bien puede afirmarse que las constituciones que vieron la luz inmediatamente después de la crisis de la Monarquía eran incapaces por sí mismas de crear Estado, siempre y cuando, claro está, que consideremos que la organización política de la monarquía católica no puede en ningún caso asimilarse a tal formación a menos que se descontextualice su lectura68.