1En este trabajo analizamos la evolución de una unidad administrativa media, la Real Contaduría General del Ejército y Hacienda de las islas Filipinas, con el doble objetivo de conocer mejor las vías por las que transitó el imperio español en un contexto de desconcierto e incertidumbres y de profundizar en el conocimiento de la adaptación de la administración colonial a la nueva realidad en uno de los pocos territorios que lograron sobrevivir a la descomposición de la monarquía española.

2La respuesta a la profunda crisis iniciada en 1808, que llevó a la separación de la mayoría de los territorios que habían formado parte de la monarquía española en un contexto de continuos vaivenes políticos, estuvo marcada, en general, por la falta de ideas y la fuerza de las inercias, pues a buena parte de la clase política española le costaba asumir que los cambios que se estaban produciendo eran definitivos. Con todo, y entre tanto se articulaban soluciones para la recuperación del control de las colonias sublevadas – que, como es sabido, no llegaron a lograr éxito alguno –, resultó obligado repensar el papel que debían desempeñar y el lugar que debían ocupar dentro del estado español los territorios que aún permanecían fieles a su soberanía. Entre ellas se encontraban, paradójicamente, las islas Filipinas, la más lejana y peor comunicada de todas las colonias, cuyo vínculo tradicional, a través de la costa pacífica americana, se acababa además de perder.

3En la práctica, en estos años no se llegó a armar una política y una administración para después del imperio en los tres enclaves insulares que la Corona logró mantener bajo su control. En ellos se desarrolló, en cambio, el sistema institucional erigido desde finales del siglo XVIII que, como señalara Fradera, daría lugar a un complejo equilibrio de poder articulado en torno a tres ejes, a saber, «el mando supremo militar, la Capitanía General-Gobernación; el aparato judicial, la Audiencia; y una poderosa dirección de hacienda, la Intendencia1».

4Esta dinámica enmarcó, precisamente, el ajuste de la gestión colonial de las islas Filipinas, cuya lenta evolución2 estudiamos en estas páginas a través del caso de la Real Contaduría, analizado entre 1810 y 1832. En aquel lejano archipiélago, el gobierno siguió una política errática, que podríamos calificar «de mínimos», puesto que, conforme avanzamos en el estudio de este período, nos encontramos de forma más clara con la falta de un proyecto colonial destinado, precisamente, a ordenar los escombros del imperio. Esta fue la pauta seguida en la Real Contaduría, donde resulta difícil encontrar una lógica política hasta la segunda restauración absolutista, cuando el gobierno, preocupado por la posibilidad de perder también el control de las Filipinas, apostó por un planteamiento conservador, basado en el refuerzo del componente peninsular en la administración colonial y en la primacía de la fidelidad al estado absoluto sobre la valía y el talento personal.

LA REAL CONTADURÍA GENERAL DEL EJÉRCITO Y HACIENDA DE LAS ISLAS FILIPINAS

5Gracias a la documentación conservada en la sección de Ultramar del Archivo General de Indias (Sevilla), es posible trazar un perfil inicial de la Contaduría, que se encargaba de la gestión de los dos pilares fundamentales de la administración del estado del Antiguo régimen, el militar y el fiscal.

6Su plantilla ideal estaba compuesta, en estos años, por una veintena de empleados. Los dos de mayor rango, el tesorero y el contador, tenían la categoría de ministros, y contaban con una dotación anual respetable, de 2 500 pesos. Por debajo de ellos, y ya con la categoría de oficiales, la plantilla se articulaba, de forma descendente, en siete niveles distintos, desde el de oficial mayor hasta el de oficial supernumerario. El oficial mayor gozaba, por su sueldo (1 500 pesos anuales), de una posición más cercana a la de los ministros que a la del resto de oficiales, que se organizaban entre cuatro primeros (con sueldo de 780 pesos anuales), un archivero (600 pesos), cuatro segundos (540 pesos), cuatro terceros (360 pesos), cinco supernumerarios (240 pesos) y un cajero (600 pesos)3.

7La Contaduría dependió, durante la mayor parte del período, de la Capitanía General de Filipinas, adscrita al virreinato de Nueva España hasta 1821. De hecho, era el Real Gobernador el que en aquellos años firmaba la calificación de las hojas de servicios de los dos ministros de la unidad. Al comenzar el período era gobernador Manuel González Aguilar, que ocuparía el cargo entre marzo de 1810 y septiembre de 1813, y le sucederían José de Gardoqui Jaraveitia (1813-1816), Mariano Fernández de Folgueras (1816-1822), Juan Antonio Martínez (1822-1825), Mariano Ricafort (1825-1830) y Pascual Enrile y Alcedo (1830-1835)4.

8Sin embargo, la Contaduría no siempre dependió del gobernador, puesto que durante algunos años estuvo encuadrada en la Intendencia que existió en Manila, si bien de manera discontinua, desde 18195. Conforme a su importancia, su sede se situaba en un lugar principal de la capital, puesto que se hallaba en el palacio del gobernador, y se accedía a ella por una de las dos puertas del mismo que daban a la plaza mayor de Manila6. En sus dependencias se encargaban de «la cuenta y razón de todos los ramos de mi Real Hacienda y para los de la guerra, Artillería y Fortificaciones7». Si a finales del siglo XVIII el ritmo de trabajo era más duro, con una jornada que discurría de siete y media a doce por la mañana y de tres y media a seis por la tarde8, conforme avanzó el nuevo siglo parece que la situación fue perdiendo rigidez, en la línea de lo recogido unos años más tarde en el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de las Islas Filipinas, que explicaba que las jornadas de trabajo en la capital, donde se concentraba la mayor parte de la población peninsular y criolla, transcurrían en un ambiente de llamativa relajación:

En los días de hacienda la mayor parte de los hombres salen como a las nueve de sus casas con sus cómodos trajes, el empleado para ir a su oficina y el negociante a sus asuntos. Los empleados militares viven principalmente en la ciudad, los civiles en los pueblos inmediatos, y para ir a sus oficinas los que no tienen carruaje, suelen ir en ciertas piraguas o barcas […]. Luego acostumbran desayunarse en la oficina, y a las dos de la tarde todos se retiran a sus casas para comer […]. Después de comer se suele dormir la siesta […]. Como a las cinco de la tarde acostumbran a levantarse y luego se acude generalmente al paseo de la Calzada o a la orilla del mar9.

EL PUNTO DE PARTIDA: LA CONTADURÍA A FINALES DE 1810

9La imagen de partida la forman las hojas de servicios correspondientes a 1810, que ofrecen los datos de la unidad a finales de diciembre de aquel año10.

10Un año antes, conocida la crisis abierta en la Península, las autoridades de las islas, con Mariano Fernández de Folgueras al frente como gobernador interino, se habían alineado con el bando «patriota» y habían reconocido como rey a Fernando VII11, una política que sería secundada por Manuel González Aguilar, gobernador titular desde marzo de 1810, bajo cuyo mandato fue reconocida la autoridad de las nuevas instancias de poder surgidas en la Península12. A finales de 1810 también tuvo lugar la elección del único diputado filipino titular para las Cortes de Cádiz, el acaudalado comerciante Ventura de los Reyes13. Los cambios que se estaban produciendo en la Península eran, por tanto, conocidos, si bien el peso de las inercias y el corto tiempo transcurrido impidieron que la nueva situación política alterara la composición de la Contaduría, que apenas cambió con respecto a 1808.

11En aquel momento se trataba de una unidad compuesta de veinte empleados de perfil medio, pues, por ejemplo, en la calificación que los responsables hacían de la aptitud, el talento, la conducta y la aplicación de los empleados, solo atribuyeron talento a siete de ellos. Es de notar que entre los reconocidos por su valía no se hallaban los titulares de los dos puestos principales, los ya citados de ministros contador y tesorero, que no estaban por tanto ocupados por individuos especialmente cualificados. Se trataba de Francisco de Arrillaga y Juan de las Cagigas, ambos de origen peninsular, que habían seguido una carrera administrativa plana, pues se habían incorporado a la Contaduría como meritorios y habían ascendido de escalón en escalón en un proceso que llevó 22 años a Arrillaga y 21 años a Cagigas.

12El resto de empleados también siguió, cada uno en su nivel, una carrera lenta y regular, y sólo se advierte un mayor dinamismo en la promoción de aquellos a quienes se le reconocía talento, como era el caso de Francisco Albaurre, que pasó de oficial tercero a oficial mayor en solo ocho años; de Francisco Bringas, que promocionó de oficial quinto en la Secretaría de Gobierno a oficial 1º en la Contaduría en siete años; o de Bernabé de Escalada, que también mostró una carrera meritoria, ascendiendo desde oficial 1º a Contador en ocho años. Menor proyección presentaron en cambio Ignacio Mª Zangróniz, oficial archivero y Carlos Monterde, oficial 2º, a quienes también se reconocía talento. De entre todos ellos, sólo Francisco Bringas parece que lograría adquirir un perfil público de primera fila, puesto que no sólo había sido alcalde de Ilocos, sino que llegaría a ser elegido diputado en las Cortes del Trienio14.

13De los veinte empleados, justo la mitad tenía origen peninsular, en tanto que ocho eran filipinos (el 40%) y los dos restantes americanos (el 10%). El equilibrio entre peninsulares y filipinos era, en todo caso, engañoso, puesto que los peninsulares ocupaban los tres puestos de mayor relevancia y responsabilidad (contador, tesorero y oficial mayor) y eran mayoría entre los oficiales primero, escala que contaba con dos peninsulares, un filipino y un americano; la proporción era inversa en los puestos menores (desde archivero hasta supernumerario), que contaban con minoría peninsular (cinco de trece), dominio filipino (siete) y la presencia testimonial de un solo americano15.

PRIMERA CALA. LA CONTADURÍA EN EL PRIMER PERÍODO CONSTITUCIONAL (1813): CAMBIO POLÍTICO Y CONTINUIDAD INSTITUCIONAL

14A mediados de 1813, de cuando datan los documentos conservados para este año16, todavía era gobernador Manuel González de Aguilar, bajo cuyo mandato no sólo se celebraron las primeras elecciones a Cortes, sino que también fue promulgada la Constitución española de 1812. Se trató de un mandato complicado, puesto que, como señalara Ruth de Llobet, el cambio institucional se produjo en un contexto de falta de conexión entre la Península y las Filipinas que acrecentó el retraso habitual en las comunicaciones – por ejemplo, en febrero de 1813 Gónzalez de Aguilar se quejaba de llevar casi tres años sin recibir correspondencia oficial de la Península – y esto generó un clima de tensión y protestas que puso en entredicho la legitimidad del poder que representaba el gobernador17.

15Recibido oficialmente a principios de 1813, el código gaditano no fue proclamado hasta el 17 de abril de aquel año, si bien parece que su solemne publicación ni logró frenar las tensiones, ni significó la recuperación de la autoridad del gobernador18. De todos modos, el nuevo marco institucional no afectó a la administración, al menos en el caso de la Contaduría, que apenas presentaba cambios en su organización con respecto a 1810. En efecto, en las hojas de servicio de 1813 solo se detectan dos nombres nuevos, que corresponden además a la escala más baja, la de supernumerarios. Sí que se produce un descenso del número de empleados, que pasa a ser de dieciséis, quedando vacantes seis puestos de oficial. Se mantiene, en cambio, el tono de escasa relevancia de los mismos, pues solo se atribuye talento a cuatro empleados, y solo uno de ellos, Francisco Albaurre, ocupaba un puesto de consideración, el de oficial mayor, en tanto que los dos puestos principales seguían ocupados por funcionarios que podríamos considerar «grises», los citados Arrillaga y Cagigas.

16De los dieciséis empleados, ocho tienen origen peninsular (50%), siete son filipinos (44%) y uno americano (6%). Como en 1810, el equilibrio entre peninsulares y filipinos resultaba engañoso, puesto que los tres cargos de mayor relevancia seguían dominados por los peninsulares, que en esta ocasión habían desaparecido de la escala de oficiales de 1ª, ahora integrados por un filipino y un americano; en tanto que en los puestos menores, desde archivero hasta supernumerario, se observaba un ligero dominio de los empleados de origen filipino (seis) sobre los de origen peninsular (cinco)19.

SEGUNDA CALA. LA CONTADURÍA BAJO EL ABSOLUTISMO RESTAURADO (1818): LA ADMINISTRACIÓN COLONIAL TOCA FONDO

17A finales de 1818, bajo el mandato del gobernador interino Mariano Fernández de Folgueras, teniente de rey de Manila20, la Contaduría seguía sin presentar grandes novedades con respecto a los años anteriores, y ello tanto a pesar de los cambios políticos vividos en la Península, donde había sido restaurado el absolutismo, como a pesar de los cada vez más evidentes problemas del gobierno español para controlar el proceso independentista iniciado años atrás en América.

18En este sentido, la ausencia de cambios en el archipiélago nos habla de la escasa incidencia que la dinámica política del resto de la Monarquía española tenía sobre el mismo, que parecía seguir su propio desarrollo. Así parecen confirmarlo tanto el continuismo que presentaba la composición de la Contaduría más allá de los cambios políticos de la metrópoli, como el hecho de que las Filipinas no siguieran el ejemplo americano y se mantuvieran fieles a la corona española. Esta última singularidad se explica en parte, como señala Díaz-Trechuelo, por la inexistencia de «una clase criolla con suficiente peso específico como para pensar en la separación de España», de ahí que Fernández de Folgueras pudiera informar, justo en diciembre de 1818, de la tranquilidad que gozaban las islas «sin que hasta ahora hayan padecido la más mínima alteración, a pesar de la rapidez con que cundió la semilla de la insurrección en otras partes de América»21.

19En este contexto de relativa tranquilidad, en la Contaduría se dibujaba, de nuevo, un horizonte de continuismo. De hecho, se repiten los nombres de 1813 con la excepción de una sola incorporación, otra vez en la escala de supernumerarios22. Sí que llama la atención el acusado descenso del número de empleados de la unidad, formada ahora por sólo once funcionarios, prácticamente la mitad que en 1810, como si la administración colonial tocara fondo, desatendida por un gobierno al borde la bancarrota, sin recursos financieros, militares y políticos con que afrontar la desintegración del imperio. Los puestos vacantes son, en consecuencia, muy numerosos, entre ellos algunos de cierta responsabilidad, pues estaban sin cubrir el de oficial mayor, tres de oficial 1º y el de oficial archivero.

20El tono de escasa excelencia de la plantilla se agudiza con respecto al pasado, puesto que en esta ocasión solo se atribuye talento – «mucho, con travesura», es la expresión concreta que utiliza Folguera en su calificación – a uno de los empleados, Bernabé de Escalada, que ejerce de contador interino, mientras que de tesorero continuaba Cagigas. Lo reseñable es el origen americano de Escalada, puesto que es la primera vez que un americano ocupa un puesto principal en la Contaduría.

21Por lo demás, y dado que han pasado cinco años, es normal que se produzcan ascensos y promociones, si bien se observan solo en la escala baja (uno de oficial 3º a 2º y tres de supernumerarios a oficial 3º). Eso sí, la existencia de vacantes en puestos de responsabilidad alteraría la proporción de procedencias a favor del componente filipino, que pasa a ser el mayoritario. De este modo, de los once empleados, solo tres tienen origen peninsular (27,3%), en tanto que siete son filipinos (63,6%) y uno americano (9,1%). Hay, no obstante, equilibrio en los cargos de mayor responsabilidad, ocupados por un peninsular y un americano, y el único oficial 1º es filipino; mientras que en los puestos menores (desde oficial segundo a supernumerarios), la proporción es favorable a los filipinos, con cinco empleados frente a los dos de origen peninsular23.

TERCERA CALA. LA CONTADURÍA EN EL SEGUNDO PERÍODO CONSTITUCIONAL (1822): LA HORA DE LOS AMERICANOS

22A diferencia de las calas anteriores, en los datos de 182224, transcurridos más de dos años del restablecimiento del régimen constitucional en España, y uno de su segunda jura en Manila25, sí que se advierten por primera vez cambios de consideración, si bien no parece que éstos estuvieran tan relacionados con el proceso de renovación política producido en la Península, sino que el factor determinante fue la asimilación de una serie de empleados de origen americano que, como veremos, resultó cuando menos controvertida.

23En concreto, hay siete nombres nuevos, lo que supone casi la mitad de una plantilla recuperada, que vuelve a estar compuesta de dieciséis empleados, como en 1813, con la novedad del puesto de oficial cajero, que no habíamos encontrado con anterioridad y que tampoco volverá a aparecer en las hojas de servicios posteriores. Esta vez las novedades afectan además a todas las escalas, incluidos los dos puestos principales. Se observa también una recuperación del tono de la plantilla, que ahora cuenta con cuatro empleados a los que se reconoce talento, entre ellos dos de los tres que ocupan los cargos principales, Manuel Barañao, tesorero de importante trayectoria, y Bernabé de Escalada, que regresa al puesto de oficial mayor.

24Otra cuestión a destacar es la confirmación de la alteración de la proporción de procedencias en perjuicio de los peninsulares y a favor de filipinos y americanos, tanto en el cómputo general, como en el caso particular de los cargos de mayor relevancia. En efecto, de los dieciséis empleados, solo tres tienen origen peninsular (18,8%), en tanto que diez han nacido en Filipinas (62,5%) y tres en América (18,8%)26. La nueva tendencia es especialmente notable en los cargos más importantes, en los que por primera no solo no hay peninsulares, sino que además son mayoritariamente ocupados por americanos. Se perfila entonces un escenario que enfrenta a los partidarios de reforzar la presencia española en el archipiélago, con los oficiales y empleados de origen americano. Los primeros estarían representados por el gobernador, Juan Antonio Martínez, que había llegado a las Filipinas en octubre de 1822 acompañado de un importante número de oficiales peninsulares, llamados, en teoría, a neutralizar las posibles veleidades independentistas de los oficiales de origen mexicano que predominaban entonces en los regimientos filipinos27 y que parece que, según reseña Díaz-Trechuelo, no recibieron bien a los nuevos compañeros, cuyas gorras les sirvieron para ser llamados despectivamente «los de las cachuchas28». Los segundos se agrupaban en cambio en torno a la Intendencia, de la que la Contaduría dependía en aquel momento, y que estaba dirigida desde 1819 por Luis de Urréjola y Leclerc de Bicourt, perteneciente a una conocida familia realista de Chile. Urréjola había sido elegido diputado suplente en el primer congreso nacional chileno de 1811, en el que también participó, como diputado propietario, su hermano Agustín. Se incorporó luego al ejército realista bajo el mando de Antonio Pareja, en el que protagonizó algunas acciones de relevancia hasta que partió al exilio29.

25La estancia de Urréjola en Filipinas coincide con una etapa de dominio americano en la administración del archipiélago de la que él fue en gran medida responsable. En el caso de la Contaduría contamos con el ejemplo de Manuel Barañao, cuya incorporación a la misma como ministro tesorero, que data de junio de 1820, cuando contaba con sólo 29 años, debió estar relacionada con la presencia de Urréjola en la Intendencia, puesto que Barañao no sólo conocía al Intendente, sino que, según Campos Harriet, le unía una «íntima amistad» con él30.

26La presencia americana tenía además un componente local muy acusado, pues una parte importante de los recién llegados procedía de Concepción (Chile). Así lo constata Lira Urquieta, que da cuenta de una carta de agosto de 1820 que atribuía a los diputados chilenos Luis de Urréjola y Manuel de Elizalde, ambos nacidos en Concepción y catalogados de «ardiente partidarios de España», la obtención de parte del rey de dos importantes cargos en Filipinas; al mismo tiempo, su hermano, el canónigo Agustín de Urréjola, sería nombrado obispo de Zebú, mientras que Manuel Barañao había sido enviado a Manila como oficial real: «Tenemos así que cuatro hijos de Concepción, fervientes realistas, abandonaron el país una vez consolidada la independencia y concluyeron sus días en las lejanas islas de las Filipinas»31.

27La situación trascendía, en todo caso, más allá de los ejemplos reseñados por Pedro Lira, y llegaría a alcanzar una dimensión que generaría gran inquietud entre aquellos que desconfiaban de la fidelidad de los americanos a la corona española. El testimonio de José Presas, llevado a la imprenta en 1828 en Burdeos, recogía esta doble realidad, esto es, de un lado, reseñaba la existencia de un amplio entramado de funcionarios americanos en Manila y, de otro lado, alertaba del peligro que, siempre en su opinión, estos representaban para la contención de las aspiraciones independentistas de algunos filipinos. No entendía, por tanto, que el gobierno de Madrid mantuviera los principales puestos en manos de americanos, y recordaba la reciente disposición del gobierno mejicano de separar de sus empleos y destinos a los españoles europeos:

La intendencia de Filipinas se halla en el día al cargo del chileno Don Luis de Urréjola y del oficial real de aquella tesorería, el americano Don Manuel Barañao. Americano fue el oidor Don José María Origel; americano es el oidor Don Mateo de la Portilla, y americanos son los dos fiscales de aquella real audiencia, Don Pedro Águila y Casa por lo civil, y Don Francisco de Entrambas Aguas por lo criminal; americanos muchos capitanes y oficiales; y para que nada les falte en el caso de querer emprender cualquier tentativa, hasta el secretario de la capitanía general Don Joaquín Oriondo, es americano32.

CUARTA CALA. LA CONTADURÍA Y LA SEGUNDA RESTAURACIÓN DEL ABSOLUTISMO (1825): LA «CONSTANTE LEALTAD» DEL ARCHIPIÉLAGO A LA CORONA

28A finales de 1825, transcurrido casi un cuarto de siglo desde el inicio de la crisis de independencia de la monarquía española, uno de los rasgos más definitorios del escenario político filipino era, como ya hemos indicado, la relativa falta de incidencia de la inestabilidad política característica del reinado de Fernando VII. En efecto, el archipiélago apenas se dejó contagiar ni por el ejemplo independentista, ni por las ideas liberales, como bien lo expresaba la Gaceta en mayo de 1826, cuando se congratulaba de que:

[…] la constante lealtad de los habitantes de las islas Filipinas no han podido contrastarla ni el funesto prurito de la independencia, generalizada por desgracia en las dos Américas españolas, ni el furor con que los revolucionarios y anarquistas de la Península presumieron poder minar el trono augusto de nuestro Católico Soberano el Sr. D. Fernando VII33.

29El restablecimiento oficial del absolutismo se había producido en Manila con el habitual retraso impuesto por la lejanía y las difíciles comunicaciones con Europa, de ahí que la restitución del gobierno realista no fuera efectiva hasta agosto de 1824, casi un año después de la toma de Cádiz y la «liberación» de Fernando VII por los Cien Mil Hijos de San Luis. Era todavía gobernador Juan Antonio Martínez, que en junio de 1823 había tenido que controlar uno de los escasos motines que habían desafiado la autoridad española en Manila, vinculado con la ya señalada tensión surgida por la presencia de los oficiales que habían llegado de la península precisamente con Martínez34.

30El monarca dejaría constancia del reconocimiento a la conducta de Martínez en la citada Gaceta de 9 de mayo de 1826, en la que también anunció la concesión a Manila del timbre de una corona real en su escudo «en significación de haber sido apoyada y sostenida [la Corona] en la inalterable fidelidad de los pueblos de Filipinas, a pesar de las turbulencias que han agitado a entrambos hemisferios35».

31En octubre de 1825, superada esta primera crisis, llegaría a las islas Mariano Ricafort Palacín, sustituto de Martínez al frente del gobierno36. Bajo su mandato, que se prolongó hasta 1830, la plantilla de la Contaduría mostraría los primeros efectos de la política de «peninsularización» iniciada por Martínez37. Si en 1822 la proporción de peninsulares se había reducido hasta poder ser contemplada como meramente testimonial, pues solo había tres empleados de origen europeo, y ocupaban además puesto menores (un oficial 1º y dos oficiales 3º); en 1825 se advierte una recuperación tanto en la relación global de empleados, en la que representaban un tercio de la plantilla, como en la importancia de los puestos ocupados, que volvían a ser de mayor consideración (el ministro contador, dos oficiales 1º, un oficial archivero y un oficial 3º). El resto de la plantilla estaba integrada por ocho empleados de origen filipino (53,3%) y dos americanos (13,3%), entre ellos el ministro tesorero, que continuaba siendo Manuel Barañao.

32Por lo demás, es de destacar la renovación de una cuarta parte de la plantilla, traducida en la incorporación de cuatro nombres nuevos, tres de ellos peninsulares; de igual modo, se observa una recuperación del tono de la misma, pues son cinco los empleados a los que se atribuye talento, entre ellos Manuel Barañao, tesorero de importante trayectoria, y dos oficiales de primera. No hay, sin embargo, tantos ascensos ni promociones como en 182238.

LA IMAGEN FINAL. LA CONTADURÍA AL TÉRMINO DE UNA ÉPOCA (1832): EL OCASO DE LOS AMERICANOS

33Al final del período parece que la tensión se ha resuelto a favor de los peninsulares. En los siete años transcurridos desde 1825 el interés del gobierno español por los territorios asiáticos se había incrementado en la misma proporción que el temor a perderlos. De este modo, si hasta el momento el contexto dominante había sido de relativa tranquilidad, dada la debilidad de la corriente independentista surgida en las Filipinas, justo a partir de 1825 comienzan a llegar a Madrid noticias inquietantes, que apuntan tanto al avance de las ideas independentistas entre los criollos, como al deseo de potencias exteriores de acabar con el dominio español del archipiélago.

34Los primeros problemas fueron detectados a mediados de 1825, cuando coincidieron la exposición reservada remitida por Juan Antonio Martínez, Capitán General de Filipinas, con las noticias enviadas al gobierno por Luis Fernández de Córdova, embajador en París. El primero mostraba su preocupación por «la conservación y tranquilidad de aquellas posesiones», y no sólo solicitaba la aprobación del gobierno de las medidas extraordinarias que se había visto obligado a adoptar, sino que además pedía tanto el envío de refuerzos y relevos militares, como la extinción del batallón mestizo del Real Príncipe, sospechoso de rebeldía desde 182239; en tanto que el segundo alertaba de la importancia del apoyo exterior a los conspiradores y avisaba, en concreto, que «los revolucionarios que se hallan en Londres tratan de sublevar las islas Filipinas y de separarlas de la madre patria40».

35Pese a que el gobierno accedió a las propuestas de Martínez, la situación se fue agravando hasta inquietar verdaderamente al gobierno en 1827. La amenaza llegaba entonces desde América, de ahí que una de las medidas más importantes acordadas por el Consejo de Ministros fuera la prohibición de emplear americanos en la administración colonial filipina. De esta manera, en la sesión del Consejo de Ministros celebrada el 18 de diciembre de 1827, el ministro de Marina leyó un expediente sobre «las fundadas sospechas que hay de que los chilenos tratan de enviar una expedición contra Filipinas y sobre la necesidad de remover una porción de empleados de aquellos dominios por la poca confianza que deben inspirar»; se estudiaron entonces otras exposiciones de contenido similar reunidas por el ministerio de Hacienda, y se decidió que, dada la gravedad del asunto, se reuniera un consejo al día siguiente para tratarlo en exclusiva41.

36En aquella nueva sesión, el Consejo apostó definitivamente por la separación de los americanos de los empleos en la administración filipina, fundando su decisión no sólo en los expedientes citados, que daban a entender que los «disidentes» iban a intentar apoderarse del archipiélago; sino también en «los informes dados por personas de carácter y fidedignas acerca de lo perjudicial que es en aquellas islas la permanencia de varios empleados, cuyo carácter, opiniones o ineptitud no pueden inspirar confianza». En consecuencia, acordó, de un lado, avisar al Capitán General de Filipinas del riesgo que corrían las islas y, de otro lado, separar de sus destinos, «con todo sigilo», a todos los chilenos y americanos empleados en el archipiélago, que tendrían que dirigirse a la Península42. Entre los integrantes de la relación de empleados a destituir se encontraban el Intendente, que aún debía ser Luis de Urréjola, y los dos oficiales reales de la Contaduría, Manuel Barañao (tesorero) y Juan Nepomuceno Miciano (contador), este último malagueño, si bien muy arraigado a las Filipinas, puesto que había ocupado el cargo de secretario del gobierno y capitanía general de las islas durante treinta y ocho años, desde octubre de 1787 hasta su nombramiento como ministro contador de la Real Contaduría en noviembre de 182543. Días más tarde, los recelos se extendieron hacia algunos filipinos, si bien entonces la solución arbitrada por el Comandante General de la Armada no fue tan drástica, y solo recomendó un redoble de la vigilancia de los sospechosos, a los que consideraba que «sería muy violento expatriar por ser hijos del país44».

37Los años finales de la década de los veinte terminaron de romper la relativa estabilidad mostrada hasta entonces por las islas Filipinas. Cambió entonces la percepción que el gobierno tenía de ellas, de modo que la complacencia que había llevado a reconocer su lealtad se tornó en miedo e inquietud. Las noticias de nuevas conspiraciones llegadas del Pacífico no contribuían, desde luego, a afrontar la situación con calma, lo que llevaría al gobierno a no contemplar otra opción que la ya ensayada con las posesiones antillanas, esto es, el envío de refuerzos militares. Así lo decidió el verano de 1829, cuando reaccionó a la lectura de los informes recibidos de Manila, que insistían en la amenaza americana, con el acuerdo de enviar nuevas tropas al archipiélago que velaran «sobre la conservación y la seguridad de aquellas preciosas posesiones contra las cuales se dirige todo el conato de revolucionarios especialmente americanos que desea privar a S. M. y a la España de esta preciosa parte dependiente de la Monarquía45».

38Las órdenes del gobierno tardaban, no obstante, en cumplirse, dado el retraso que envolvía las relaciones de la metrópoli con las posesiones asiáticas. En el caso de la separación de los funcionarios americanos, sabemos que acabaron por ejecutarse, ya que, al menos en lo que respecta a la Contaduría, ni Barañao, ni Miciano aparecen en las relaciones de 1832. Con todo, su ejecución no debió ser inmediata, dado que en febrero de 1830 el gobierno ordenó al Capitán General de Filipinas que vigilara la conducta de los empleados americanos, enviándolos a la Península «si diesen el menor recelo46»; mientras que el año siguiente el Capitán General escribía al gobierno para hacerle ver las dificultades que encontraba para obligar a los capitanes de buques mercantes a «admitir a su bordo a los individuos que por alguna causa deban venir bajo partida de registro, mayormente los comprendidos en la Real Orden reservada relativa a que se haga venir a todos los procedentes de las provincias rebeldes», problema que el Consejo de Ministros trató de solucionar acordando que fueran remitidos por buques de guerra47.

39En estas circunstancias, no ha de extrañar que el personal de la administración colonial experimentara un importante proceso de renovación. En el caso de la Contaduría, las hojas de servicio de 183248 recogen ocho nombres nuevos, lo que suponía casi la mitad de la plantilla, que constaba entonces de dieciocho empleados. La renovación sería general, pues afectó a todas las escalas, incluidos los puestos principales; se observaría además un número considerable de ascensos y promociones entre los empleados que continuaban en la unidad, circunstancia que podría explicarse tanto por las vacantes dejadas por los reemplazados, como por el tiempo transcurrido desde la última cata, siete años.

40Como era de esperar, la renovación, que tenía la intencionalidad política señalada, confirmaría la recuperación de la presencia peninsular, ahora dominante en todos los sectores. De este modo, de los dieciocho empleados, diez tenían origen peninsular (55,5%), siete eran filipinos (38,9%) y solo uno americano (5,5%). Los dos cargos de mayor relevancia, Salvador Azpiroz y Manuel Brodett estaban ocupados por peninsulares. El primero había sido nombrado tesorero por real despacho de 14 de abril de 1828, en tanto que el segundo había sido destinado a las Filipinas con sueldo de ministro de las reales cajas por real orden de 31 de julio de 1831, a la espera de hacerse cargo del primer puesto que vacase, ocupando el de contador desde el 17 de marzo de 1832. Con respecto a los no peninsulares, su presencia en los puestos de cierta relevancia se reducía a los de oficial mayor, ocupado por el filipino José María Basterrechea, y dos de los cuatro oficiales de primera, ocupados por Juan José de Monterroso, natural de Manila, y Manuel de Laya, natural de Lima, los tres con larga experiencia en la Contaduría49.

EL PERSONAL DE LA REAL CONTADURÍA EN LA TRANSICIÓN DEL ANTIGUO AL NUEVO RÉGIMEN (1810-1832)

41El análisis de la evolución de la Contaduría como unidad administrativa sensible a los continuos cambios políticos acontecidos en un tiempo tan complejo, puede ser enriquecido con el examen de una información que proporciona una imagen complementaria de la administración colonial en estos momentos de transición, esto es, con el acercamiento a los perfiles de los funcionarios trazados en las hojas de servicios tanto en la relación de empleos, encargos y comisiones, como en la calificación de la aptitud, el talento, la conducta y la aplicación que hacían sus superiores.

42Con este fin, hemos seleccionado una serie de empleados tanto de la escala de mando, como del resto de niveles de la plantilla. Entre estos últimos hemos centrado nuestra atención en dos arquetipos de empleados, distinguiendo la trayectoria de quienes destacaron por su proyección y talento, de la de quienes carecían de competencias extraordinarias, lo que no siempre cerró el paso a su promoción.

43Los primeros funcionarios que encontramos en puestos de mando son de origen peninsular. De un lado, Juan de las Cagigas, natural de Escalante (Santander), que en 1810 tenía 41 años y que ocupaba el puesto de ministro tesorero desde 1807; de otro lado, Francisco de Arrillaga, natural de Pasaje de San Sebastián (Guipúzcoa), que en 1810 tenía 64 años y que hacía doce que ejercía de ministro contador, puesto que ocuparía durante más de una década.

44Las hojas de servicios de ambos personajes destacan por la falta de elementos de relevancia que expliquen su ascenso más allá de la antigüedad, la buena conducta y la fidelidad. El primero de ellos presenta un perfil plano, pues había entrado de meritorio en la Contaduría en 1786, cuando debía tener 17 años, y fue subiendo en la propia unidad pasando por todos los puestos hasta alcanzar, con 38 años, el de mayor relevancia. Los tres gobernadores que lo calificaron corroboran esta impresión, pues tanto Manuel González Aguilar, como José de Gardoqui y Manuel Fernández de Folgueras lo presentan como de talento «corto» o «regular», una limitación que compensaba con buena conducta y aplicación, apartados en los que merecía mejor consideración. En cuanto a Arrillaga, sabemos algo más de su trayectoria, puesto que consta que tuvo una breve experiencia en el ejército, al que se incorporó como soldado en 1772, y en el que pronto ascendió a cabo y sargento; sin embargo, una vez en la Contaduría, su hoja de servicios sigue prácticamente la misma senda que la de Cagigas, esto es, incorporación como meritorio y promoción lenta hasta el puesto de mando, sin que sus superiores le reconozcan más que un talento «regular».

45Frente a la carrera administrativa de los anteriores, desarrollada por completo en la propia Contaduría, otros de los que ocuparon los puestos de mando responden a un perfil más político que administrativo, justificando su posición tanto por su trayectoria previa, como por su capacidad. Es el caso, por ejemplo, del bonaerense Manuel Barañao50, ministro tesorero de la Real Contaduría de Manila con solo 29 años, que no sólo contó con la consideración de su supuesto mentor, Luis Urréjola, sino también con la de Mariano Ricafort, representante del absolutismo restaurado. Ambos coincidieron en la buena calificación de las aptitudes de Barañao, a quien reconocieron «mucho» talento, «buena» conducta y una aplicación «sobresaliente», el primero en 1822 y el segundo en 1825.

46Si descendemos a los puestos de menor responsabilidad, encontramos una serie de empleados que representan la estabilidad y que dan continuidad a la línea administrativa de la Contaduría ajenos a los cambios que, por motivos políticos, afectan a los puestos de mayor relevancia. Entre ellos podemos distinguir, no obstante, a quienes solo aportan a su perfil la antigüedad, de quienes presentan una serie de cualidades que les facilitan su promoción y reconocimiento.

47En el primer grupo podemos situar a Juan José de Monterroso y Gregorio Luis Matienzo, ambos naturales de Manila, que desarrollaron toda su vida profesional en la Contaduría, a la que accedieron de meritorios y en la que nunca lograron alcanzar un puesto de relieve. En 1832 el primero de ellos, con ochenta años de edad y casi cincuenta de servicio, ocupaba el empleo de oficial 1º, en el que había encontrado su techo, pues había accedido al mismo en 1801; en tanto que el segundo, con cincuenta y dos años de edad y treinta y seis de servicio, era oficial archivero, puesto que había logrado en 1826. Es evidente que ambos habían alcanzado sus empleos por antigüedad y buena conducta, puesto que la calificación de su talento era clara: el de Monterroso, con la excepción de 1818, cuando le fue atribuido «poco», siempre fue calificado de «mediano»; más grave era el caso de Matienzo, cuyo talento fue calificado de «corto» en 1810 y 1813, «limitadísimo» en 1818 y «escaso» en 1822,1825 y 1832.

48En el segundo grupo cabe señalar la trayectoria de Bernabé de Escalada, cuya aptitud y talento, siempre bien valorada, no sólo le permitió promocionarse de un modo más rápido que sus compañeros, sino también alcanzar dos puestos de responsabilidad, el de oficial contador con carácter interino y el de oficial mayor como propietario. Natural de Buenos Aires, supo ganar la confianza de sus superiores, que pasaron de calificar su talento como meramente «bueno» en 1810 y 1813, a distinguirlo como «mucho, con travesura» en 1818 y como «sobresaliente» en 1822. Esta buena percepción de sus capacidades explica, sin duda, su rápida progresión, puesto que ingresó en la Contaduría en 1807 como oficial archivero y en solo diez años ya ocupaba el puesto de oficial mayor, el tercero en importancia de esta unidad. Es más, entre 1818 y 1821 ocupó de manera interina los dos puestos principales, primero el de ministro contador y luego el de ministro tesorero, e igualmente, según consta en su hoja de servicios de 1822, entre 1820 y 1821 cumplió en la Península «comisiones interesantes del Superior Gobierno e Intendencia General de estas Islas».

49Con todo, la proyección profesional no siempre estuvo relacionada con el talento, puesto que contamos con el caso de José María Basterrechea, que llegó a alcanzar una posición de privilegio en la Real Contaduría pese a presentar un perfil mucho más bajo que el de Escalada y más cercano, en cambio, al de Monterroso y Matienzo; si bien es cierto que su talento casi siempre fue ligeramente mejor valorado que el de aquellos – fue calificado de «mediano» en 1810 y 1813, de «regular» en 1818 y de «escaso» en 1822, para mejorar en 1825 y 1832, cuando el término «tiene» da a entender una mejor percepción de sus cualidades por parte de sus superiores. Lo cierto es que, pese a la baja valoración, Basterrechea, tras haber ingresado como meritorio en 1798, con apenas catorce años de edad, llegó a ser ministro contador interino en dos ocasiones, entre octubre de 1820 y noviembre de 1825 y entre octubre de 1831 y abril de 1832, y ocupó igualmente el puesto de oficial mayor, desde junio de 1826 con carácter interino y desde junio de 1830 como propietario, confirmado por real orden.

50En definitiva, los perfiles de los funcionarios incluidos en las hojas de servicios permiten esbozar, a falta de una línea política clara de racionalización de la burocracia imperial – que para el caso de las Filipinas X. Huetz de Lemps no constata hasta las décadas centrales del siglo XIX51 – , las pautas no escritas de la formación y promoción de la administración colonial española en la complicada coyuntura del paso del Antiguo al Nuevo Régimen.

GRÁFICO 1. — Evolución del origen de la plantilla de la Real Contaduría (1810-1832)

CUADRO 1. — Evolución de la plantilla de la Real Contaduría (1810-1832)52

CUADRO 2. — Evolución del origen de la plantilla de la Real Contaduría (1810-1832)