1Note portant sur l'auteur*

2La génesis, la evolución y delimitación de los territorios estatales del istmo bioceánico centroamericano arrancan en el momento de la ruptura colonial. Terrestres continentales, insulares o marítimas, las fronteras siguen reflejando relaciones de fuerzas económico-culturales, sociales e ideológicas, insertan los territorios en una ”geografía humana” de las continuidades y discontinuidades espaciales dominios de las actividades estatales o nacionales. Sin mencionar aquí el papel de las divisiones regionales prehispánicas (los arqueólogos, desde los años setenta, caracterizan los diversos asentamientos humanos en algunas partes del área en consideración), sin tratar de la gestación ni de la tipología de la frontera, de su función delimitadora de territorios o soberanías nacionales que ocupan medio millón de kilómetros cuadrados y se extienden a lo largo de 2,000 km un conjunto marcado por fenómenos históricos complejos superpuestos heredados a través del tiempo;1 lo que sí mencionaremos es la importancia en este contexto del derecho del mar2 y de unos mecanismos (fallo, opinión consultiva, providencia, arbitraje) promovidos por organismos internacionales,3 como la Corte Internacional de Justicia (cij)4 cuando de ordenamiento espacial se trate –especialmente de ordenamiento océano-marítimo. Desde 1989, el fenómeno de la mundialización proyecta un paisaje político cambiante con intersecciones movidas y, si durante milenios ”la tierra manda sobre el mar”, hoy en día, las extensiones oceánicas y marítimas evaluadas y categorizadas ”mandan sobre la tierra” al grado de ofrecernos una nueva figura planetaria que podría considerarse, con sus múltiples e inmensas provincias petrolíferas, como un sexto continente. Se está reactualizando una doctrina global de la potencia marítima.5 Las fronteras terrestres y marítimas contribuyen a establecer la configuración de unas ocho naciones costeras cuyos contornos –sujetos algunos a negociaciones– movilizan por la vía diplomática y jurídica, un conjunto de instrumentos estabilizadores específicos: los proporcionan los mencionados organismos, las convenciones bi/multilaterales, los compromisos concertados, los tratados de límites –firmados pero no siempre ratificados o trazados–, unas declaraciones estatales unilaterales y, directa o indirectamente, cierta actividad de la Fuerza Armada cuya calificación y sanción llegan a someterse al fallo de una autoridad jurídica internacional o regional. Recientemente, la oceanopolítica –noción en boga en el Cono Sur (Chile en 1990 emitió la tesis del ”Mar Presencial”)– analizó los cambios políticos del nuevo orden mundial: en este fin de siglo se resitúan los problemas geopolíticos oceánicos por una serie de fenómenos mutacionales: crecimiento de las formas de soberanías mediante la anexión de cuerpos de agua, tomándose en cuenta configuraciones geofísicas submarinas prometedoras de reservas energéticas; multiplicación de los microestados insulares (efectos de la descolonización); modificación de tipo geoestratégico (panoplias nucleares de las grandes potencias); cambio de orden geoestratégico y geopolítico: emergencia del mundo Pacífico, nuevo centro de un sistema económico mundial frente a un ámbito atlántico menguante. Antes de exponer unos aspectos del derechos del mar6 codificador de los espacios marinos y promotor del arreglo pacífico de unos problemas fronterizos –marcado el contexto por la tendencia expansionista norteamericana y, previamente, por la heterogénea gestión político-administrativa de los imperios occidentales con el lastre de las fronteras imperiales–, sin preguntarnos quién ”controla el derecho internacional público y sus normas de formulación y de aplicación”7 mencionemos unas conferencias internacionales que precedieron la dilatada elaboración de The Law of the Sea, un instrumento jurídico casi obsoleto, que va generando aspectos de la jurisprudencia relativos a fronteras marítimas. Desde los tiempos más remotos coexistían dos escenarios marítimos:8 la alta mar y el mar territorial (Nelken-Terner, 1994). Después de la Conferencia de La Haya en 1930 en que se dan atisbos a la noción de igualdad jurídica entre las naciones, subrayemos la importancia de la Primera Conferencia de las Naciones Unidas (onu) sobre el derecho del mar (Ginebra, 1958) consagrando por escrito situaciones anteriores de parcialización: (mar territorial y zona contigua; plataforma continental; alta mar y régimen de pesca en alta mar), y sobre todo, después de la Segunda Conferencia (Londres, 1960) que falla en conseguir un acuerdo generalizado sobre la extensión del mar territorial, la importancia decisiva de la Tercera Convención (Confemar), en 1973 y la de uno de sus productos: la Convemar adoptada en 1982 en Montego Bay (Jamaica). La Convemar entra en vigor el 16 de noviembre de 1994 después de haberse ”resuelto” el llamado ”escollo” de la Parte xi –la que tarde o temprano retomará importancia.9 Se había llevado a cabo una obra codificadora de los espacios marinos y oceánicos (cf. p. 6). Hace medio siglo, la declaración unilateral del presidente H. Truman (28 /IX/1945) relativa a la jurisdicción de su país sobre su plataforma continental puso fin a un silencio jurídico sobre el ordenamiento marítimo que privó durante cuatro siglos (desde las Bulas pontificales del siglo xv).

3En cuatro siglos pasamos de la noción de ”marsuperficie” a la de ”mar global”, generándose un nuevo aspecto del paisaje planetario y unas figuras jurídicas particulares. Entre 1945 y 1992, emitirán proclamaciones unilaterales relativas a los espacios marinos: México, en octubre de 1946; Costa Rica, en julio de 1948 y febrero de 1972; El Salvador, en septiembre de 1950; Honduras en enero de 1951; Nicaragua, en abril de 1965; Panamá, en febrero de 1967; Belice, en enero de 1992. Hay que subrayar que el derecho internacional se encuentra en una situación peculiar: es obligatoria su jurisdicción, como la de la cij, según la adhesión voluntaria de los Estados: en la Asamblea General del 21/X/1992, el presidente de la cij recalca que

es motivo de satisfacción la extensión continua de la jurisdicción obligatoria de la corte: el número de declaraciones mediante las cuales los Estados aceptan la jurisdicción obligatoria de la Corte aumentó notablemente, asimismo el númro de cancelación de las reservas relativas a las cláusulas atributivas de jurisdicción inscritas en los tratados (Cf. el caso ”Nicaragua/usa” en que Estados Unidos rechazó la competencia de la cij parte dispositiva 1, decisión del 27 de junio de 1986).10

4Sin eliminar el trasfondo consuetudinario de ciertas situaciones, en los casos de litigios tri o plurinacionales a nivel regional y a nivel internacional, la Convemar establece diez categorías marinas conformando una base de referencia convencional jurisprudencial: 1, Las aguas interiores. 2, El mar territorial. 3, Los estrechos utilizados para la navegación internacional. 4, La zona contigua. 5, La plataforma continental. 6, La zona económica exclusiva (zee). 7, La alta mar. 8, Las islas. 9, Los archipiélagos. 10, Los fondos marinos (con la ”parte xi”, que remite a la institución de la autoridad internacional de los fondos marinos).

5¿Cuál es el aporte del derecho internacional marítimo (dim) en la definición de las fronteras del istmo centroamericano, a sabiendas de que el carácter declarativo de las normas de la Convención permite que lo jurídico ceda terreno a lo político? a) Definir las zonas sobre las cuales el Estado ejerce su imperio o soberanía (lo que incluye la protección de los arrecifes coralinos); b) Definir el límite exterior hacia el mar abierto;11 c) Efectuar la delimitación entre estados/territorios de costas adyacentes (Gómez-Verduzco Robledo, 1989). Los resultados codificadores mencionados se presentan bajo tres rubros: 1. Definición y delimitación de los espacios marinos; 2. Regulación jurídica e institucional de los fondos marinos; 3. Preservación del medio marinosiendo el rubro de la preservación enriquecido por numerosos documentos y actividades de organizaciones regionales e internacionales.12 La Convención del Mar introduce el mínimo común denominador que pudo alcanzarse entre los Estados en cuanto a derechos, deberes y modalidades relativas a la delimitación y gestión del espacio marítimo, y abre acceso, mediante la Corte Internacional de Justicia, a la solución pacífica de controversias;13 la jurisprudencia de la Corte requiere que el arreglo judicial sea un sustituto de la solución amistosa del diferendo entre las partes14 y su intervención –introducida la instancia– puede ser vector de negociaciones diplomáticas y soluciones negociadas.

6Tensiones en el Istmo. Presentaremos dos situaciones: 1. En la zona del istmo se perfila como una cuestión de la soberanía de El Salvador su caso en la disputa contra Honduras para la posesión de lagunas, islas, islotes deshabitados en el Golfo de Fonseca. (cf. mapa). Ya en 1914, cuando la firma del tratado Chamorro-Bryan entre los representantes de Nicaragua y los de los Estados Unidos, El Salvador había presentado una opinión contradictoria al uso del Golfo, al acordar Nicaragua una concesión a los norteamericanos para instalar una base naval y construir un canal interoceánico, lo que violaba los derechos de los salvadoreños sobre el golfo y las islas. Más tarde (cf. nota 14), previamente al fallo, se presentaron unos alegatos sobre el estatuto de las aguas del Golfo (cf. infra), ”propiedad común de sus ribereños: el Salvador, Honduras y Nicaragua”, invocándose, en el transcurso de las instancias, elementos procesales de admisibilidad y de competencia de la cij. (El fondo de una de las controversias en el área, ”Caso relativo a las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua (Nicaragua contra los Estados Unidos”) será que las aguas del golfo facilitaban un ”supuesto tráfico de armas” entre sandinistas nicaragüenses y revolucionarios sal vadoreños. En la isla del Tigre, se habían instalado aparatos sofisticados de observación y de rastreo de movimientos, creando en esta zona una especie de frontera político-militar de la cual los países vecinos eran más testigos que participantes (Peña, 1989), sin que pudiera intervenir una definición limitante de los agravios por calificar).

La Corte resolvió que las circunstancias del caso requerían que indicara medidas provisionales, tal como se preveía en el art. 41 de su Estatuto, para resguardar los derechos alegados... sin que se prejuzgara la cuestión de su competencia para conocer del fondo del asunto.. (Providencia de 10 de mayo de 1984).15

7En la Providencia de 4 de octubre 1984, la Corte aplaza hasta una fase posterior de las actuaciones el examen de la cuestión de la admisibilidad de la solicitud de intervención de El Salvador ”que sería afectado” por su decisión –en este caso, los Estados Unidos alegaban que estaban ejerciendo el derecho de defensa colectiva, primordialmente en beneficio de El Salvador como justificación de su propio comportamiento respecto a Nicaragua, ya que este derecho estaba reconocido en la Carta de la onu (art. 51) y en la de la oea (art. 21). En esta medida el litigio era una controversia ”derivada” de ”Tratados multilaterales en los que eran parte los Estados Unidos, Nicaragua y el Salvador...” etcétera. El fallo de 27 de junio de 1986 de la cij condenará las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua de los Estados Unidos. 2. El 11 de diciembre de 1986, El Salvador y Honduras notifican a la Corte un compromiso que establecieron el 24 de mayo de 1986 para que fuera sometida a una sala de la Corte un diferendo fronterizo terrestre, insular y marítimo;16 en el aspecto ”terrestre” están en juego seis secciones continentales de la frontera –el sexto tiene un aspecto costero marítimo (cf. mapa). ”Interviniendo” la República de Nicaragua pedirá: a) proteger por cuantos medios jurídicos posibles sus derechos en el Golfo de Fonseca y en los espacios marítimos contiguos, b) intervenir en la instancia, con el propósito de informar la Corte de la naturaleza de sus derechos conservatorios, para que las conclusiones de la Corte no perjudiquen los derechos e intereses de Nicaragua que reconocerá el efecto obligatorio de la decisión por intervenir. Están en juego la situación de las aguas del Golfo, los espacios marítimos exteriores del mismo y las situaciones jurídicas derivadas. El diferendo sometido a la sala comporta tres elementos: uno, relativo a la frontera terrestre; otro, a la situación jurídica de las islas dentro del Golfo de Fonseca y un diferendo en cuanto a la situación jurídica de los espacios marítimos (dentro del Golfo y afuera). El Salvador, Honduras y Nicaragua nacieron de la fractura del imperio español, y nuevas fronteras internacionales se contemplan relativamente al principio Uti Possidetis Juris generalmente aplicado en la América española después del 15 de septiembre de 1821. Al desmembrarse la República Federal de Centroamérica (correspondiendo aproximadamente a la antigua Capitanía General de Guatemala o Reino de Guatemala), en 1839, los Estados se diversifican, y aparecen ciertos diferendos (insular, en 1854, terrrestre, en 1861, tensiones, conflictos armados, en 1969). En 1972, El Salvador y Honduras acuerdan las partes terrestres de sus fronteras –todavía sin delimitar– dejando seis sectores por solucionar y trazar. Un procedimiento de mediación para un Tratado General de Paz empieza en 1978 y sobre los sectores acordados, ambas partes, en 1980, firman y ratifican su acuerdo. Se crea una comisión mixta que tiene cinco años para delimitar la frontera en los seis sectores en litigio y queda ”la situación jurídica de las islas y de sus espacios marítimos” pendiente; si no concluía sus tareas, la Comisión tenía seis meses para firmar el compromiso de someter el problema a la cij: por lo tanto, la mencionada demanda del 24 de mayo de 1986. No trataremos aquí de las fronteras terrestres, pero veremos la situación jurídica de las islas (cf. nota 17). El Salvador pide soberanía sobre todas las islas con la excepción de Zacate Grande que es, tradicionalmente, de Honduras y las islas Farallones que pertenecen, tradicionalmente, a Nicaragua. Honduras pide que sólo se falle sobre las islas Meanguera y Meanguerita que reclama: las islas en litigio son las mencionadas por ambas partes, excluyendo Farallones, también está la isla del Tigre, de Honduras desde 1854 y que El Salvador reivindica con fines tácticos. Honduras se refiere al art. 26 del Tratado de Paz y lo que se debe de aplicar es el Uti Possidetis de 1821, mientras que El Salvador17 requiere la aplicación del derecho moderno de la adquisición de territorios considerando tanto los títulos históricos como el ejercicio de la ”efectividad colonial y efectividad poscolonial”. Reclama soberanía estatal sobre las islas. (En 1821, ninguna estaba sin dueño, y la sala buscará en la sucesión de la Corona Española a qué división administrativa –mal definida– pertenecían, cuál era la posición de los Estados, etcétera.

8Situación jurídica de los espacios marítimos18 o si la sala debe trazar una línea de delimitación marítima sea en el interior sea en el exterior del Golfo. El Salvador estima que la sala no tiene competencia para tal efecto mientras que Honduras busca una línea de definición dentro y fuera del Golfo. Tiene la sala que considerar ambas posiciones relativas al estatuto jurídico de las aguas del Golfo. Para El Salvador, las aguas están sometidas a un condominio a favor de los tres Estados ribereños y una delimitación sería poco prudente. Honduras estima que existe dentro del Golfo una comunidad de intereses que requiere de la delimitación jurídica... Se examina el ”sentido ordinario” de los términos (cf. la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados). Al presentar la demanda nada indicaba una intención común de obtener que la sala delimite: el texto examinado menciona: ”delimitar la línea de frontera” para la parte terrestre, pero sólo determinar la situación jurídica de las islas y espacios marítimos o sea la misma formulación que aparece en el art. 18, párrafo 2 del Tratado General de Paz: el conflicto sobre las islas no es de delimitación sino de soberanía (Honduras); ”determinar el régimen jurídico” es una fórmula neutra, utilizada para ambos espacios y tiene un sólo sentido. El ”efecto útil” para Honduras es que se resuelvan finalmente unos problemas antiguos y molestos (cf la sala: ”intención común de las partes”).

9Las aguas del Golfo: se examina el punto en relación ”a las normas del derecho internacional aplicable entre las partes, y, eventualmente, en relación con las disposiciones del tratado general de paz”; por sus características geográficas examinadas, las condiciones de navegaciones que permiten, la sala nota que las aguas por sus dimensiones son las de una bahía19 según la Convención del Derecho del mar (1982), y el derecho consuetudinario. De tener la bahía un solo dueño –Estado ribereño–, una línea cerrándola se podría trazar definiendo unas ”aguas interiores”. Se considera generalmente al Golfo de Fonseca como una ”bahía histórica” cuyas aguas son aguas históricas20 (o ”aguas interiores"). El derecho internacional no prevé un régimen único para las ”aguas históricas” o las ”bahías históricas”, solamente un régimen particular para cada caso concreto y reconocido de ”aguas históricas” (cij, Recueil 1982, p. 74). La sala analiza la historia particular del Golfo, el régimen particular que experimentaron las aguas... y si son varios los Estados ribereños derechohabientes –lo que se distingue del caso en que hay un solo dueño–. Descubierta en 1522, la bahía tenía un dueño, el español; los Estados ribereños actuales sucedieron a la Corona Española en 1821, el Uti Possidetis se aplica a tierras y aguas. La Corte de Justicia Centroamericana (cjc) ya se expresó en el caso de El Salvador/Nicaragua/Golfo el 9 de marzo de 1917 –un elemento a tomar en cuenta (cf. supra, Tratado de Chamorro-Bryan). Cada Estado había reconocido una faja marítima litoral de una legua (3 millas)21 con jurisdicción exclusiva y derecho de paso inocente22 y entre Honduras y Nicaragua existía un Tratado de 1900 delimitando una frontera marítima parcial que llegaba más acá de las aguas de la entrada principal de la bahía. Según la cjc, la bahía histórica poseía las características de un ”mar cerrado” (que no forma parte de la alta mar ni de las aguas internacionales) y presentaba un interés vital. En aquel entonces, las ”aguas territoriales” no se podían asimilar a ”un mar territorial”... en todo caso, el ”paso inocente” no está en contra de la situación del régimen de aguas históricas: el mar territorial sigue los sinuoso de la línea costera23 pero hay acuerdo en que es un ”mar cerrado”... la faja de una legua era exclusiva de cada estado y no relevaba de un común disfrute, eran esas aguas históricas una copropiedad (condominio de los tres estados), además no había frontera administrativa en 1821 ni en 1839 al dejar de existir la República Federal Centroamericana. Domina el argumento de la ”comunidad de intereses”. Para El Salvador, hay ”condominio”. Para Nicaragua no lo hay. La sentencia de la cjc de 1917 tiene el valor de decisión de una Corte competente. Según la sala, la línea (hipotética) trazada entre las Puntas de Amapala y Cosiguina no determina un Golfo interior ni uno exterior –contra la tesis de El Salvador. En 1917 no se planteaba la cuestión de la zee (zona económica exclusiva); lo que existía era una presencia tripartita a la altura de la línea que ”cerraba” el Golfo y como hay una situación de ”condominio” del Golfo, Honduras no sufría agravio. Es más allá de la línea que hay mares territoriales en el sentido moderno de la terminología jurídica, y los tres Estados tienen derecho a un mar territorial al exterior de la bahía excepto las 3 millas (faja marítima de El Salvador y de Nicaragua)... más allá de la línea de base era el alta mar y según el dm moderno, la plataforma continental pertenece al Estado ribereño que también tiene derecho a las 200 millas de la zee (Cf. supra, Convemar-6), al exterior de la línea de cierre del Golfo. Y se requerirá un acuerdo en base al derecho internacional para el trazo de dicha línea que constituye la ”línea de base del mar territorial”, para evaluar la plataforma continental y la zee. Las mediciones hacia el exterior se hacen a partir de un segmento de la línea de cierre extendiéndose sobre una distancia de 3 millas, a lo largo de la línea, a partir de Punta de Amapala y Punta Cosiguina. La decisión de la Corte no tiene efectos para Nicaragua. Finalmente, la Corte confirma en sus decisiones que la isla El Tigre es parte del territorio soberano de la República de Honduras; que las islas Meanguera y Meanguerita forman parte del territorio soberano de la República de El Salvador. El derecho sobre las aguas del Golfo de Fonseca pertenecen conjuntamente a los tres Estados del golfo mientras no se haya efectuado una delimitación de la zona marítima pertinente; la delimitación de las zonas marítimas pertinentes (o fronteras), se efectuará por vía de acuerdo entre las partes y con base en el derecho internacional.24

10Conclusión: En el caso de la primera situación presentada, la solución amistosa deseada (cf. págs. 6 y 9) no se pudo alcanzar: la cij interviene sobre el fondo. En el caso de la segunda situación, la cij funciona, en materia de delimitación fronteriza, como ”vector” de solución negociable.